Por Armando Tezucún

El lunes 18 de enero tuvo lugar la segunda vuelta de la elección de nuevo representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

En septiembre del año pasado falleció el magistrado titular electo por el CANG, Bonerge Mejía, y luego de retardar la elección de su sustituto, la directiva del colegio de juristas finalmente convocó a primera vuelta el 4 de enero. El nuevo magistrado completará el período de Mejía, que vence en abril próximo, cuando asumirá un nuevo cuerpo de magistrados.

Ese día, entre cinco candidatos, los colegiados escogieron para los dos primeros lugares al exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez y al juez Mynor Moto Morataya. Cabe mencionar que las elecciones al interior del CANG, sea para sus instancias de dirección o de representantes ante otros organismos del Estado, han degenerado en una verdadera farsa que involucra compra de votos, comilonas, financiamiento anónimo a los candidatos, gastos exagerados en las campañas (el juez Moto pagó boletos aéreos para hacer campaña en el interior) y toda serie de movidas anómalas. La razón se deriva del sistema de comisiones de postulación para elegir magistrados de las cortes de justicia del país, del que hace parte el CANG, que convirtió con el paso de los años a este cuerpo colegiado en presa de mafias corruptas que representan toda clase de intereses oscuros, que buscan cooptar esta instancia para colocar a sus propios representantes en los puestos de administración de justicia.

La segunda vuelta se programó para el 11 de enero. Pero desde finales de diciembre el Ministerio Público (MP) había objetado la participación de Gálvez y Mota en la elección, por tener serias denuncias en su contra y carecer de capacidad, idoneidad y honradez. En el caso del juez Moto, el MP presentó solicitudes para retirarle la inmunidad por estar involucrado en el caso llamado Comisiones Paralelas 2020, que investiga el tráfico de influencias en la elección de magistrados a las Cortes de Apelación y Corte Suprema de Justicia; además se presentó la misma solicitud por incumplimiento de deberes y retardo a la justicia por haber retrasado acciones penales mientras fungía como juez en el caso de la construcción del desastroso Libramiento de Chimaltenango, favoreciendo a los acusados. El exrector Gálvez, según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, está involucrado en la aprobación de proyectos de obra gris sobrevalorados mientras fungía como rector de la USAC, además de haber contactado a involucrados en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Pronto fueron presentados amparos contra la votación programada para el 11, por la falta de requisitos de ambos candidatos. El Juzgado Sexto Civil recibió la solicitud y suspendió provisionalmente el proceso de elección. Otro amparo fue presentado ante la CC para revocar la decisión del juzgado, y el día 15, el pleno de magistrados de la CC, presidido por el recién nombrado titular Roberto Molina Barreto, dio con lugar la apelación, ordenando al Tribunal Electoral del CANG realizar la elección en un plazo de 24 horas. 

La votación se llevó a cabo el lunes 18, resultando ganador el juez tercero penal Moto, el cual de inmediato declaró sus intenciones de postularse a la magistratura para el período 2021-2026. Nuevamente fueron presentados recursos de apelación contra la elección de Moto, que para el 20 de enero sumaban tres, que deben ser resueltos por la Asamblea de Colegios Profesionales. Mientras no se resuelvan las impugnaciones, Moto no podrá asumir el cargo.

La elección de Moto significa el reforzamiento del bloque de magistrados de la CC que son aliados del gobierno y de los grupos corruptos que buscan impunidad. Este bloque ya había ganado un integrante con la reciente elección de Molina Barreto por parte de la Corte Suprema de Justicia, quedando ahora 6 magistrados que favorecen los intereses oscuros y cuatro que más o menos han tomado decisiones contrarias a esos intereses.

Numerosas organizaciones sindicales, campesinas y populares, han respaldado en los últimos años a los magistrados de la CC que revirtieron decisiones cuestionables del Congreso de la República o de la presidencia. El cambio en la correlación de fuerzas a lo interno de la CC, que probablemente continuará con la nueva magistratura a elegirse en abril, nos debe abrir los ojos y hacer rechazar el sistema podrido de elección de estos funcionarios. Es el pueblo trabajador el que soberanamente debe elegir por voto directo a los magistrados, que deben poder ser removidos en cualquier momento si son sorprendidos en irregularidades. Esto es parte del verdadero sistema democrático que descansa en la voluntad de las y los trabajadores, por el que debemos luchar y que debe ser validado por una Asamblea Nacional Constituyente popular y plurinacional.

La negociación de los Acuerdos de Paz entre 1991 y 1996 y la firma de la paz en 1996, entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Estado de Guatemala, presidido por el gobierno de Álvaro Arzú, generó mucha expectativa porque en el contenido discutido en las negociaciones, se planteaba la construcción de una sociedad democrática, con justicia social y la desmilitarización del Estado; por lo menos a grandes rasgos.

Las fuerzas de izquierda iban a poder participar libremente en la disputa por el poder político; ahora sin la tutela militar en el control Estatal, sobre todo tras el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil. Se pensó que acuerdos como el Socioeconómico y sobre Situación Agraria y el de Identidad y de los Pueblos Indígenas, podrían generar las bases de una nueva sociedad.

Sin embargo, hay que retomar el tema un poco de más atrás: todo el proceso de apertura democrática y recambio constitucional con la promulgación de la Constitución Política de 1985, la creación de un órgano electoral “independiente” con el Tribunal Supremo Electoral para evitar los gigantescos fraudes promovidos por el llamado generalato, medidas que se tomaron igualmente en Honduras y El Salvador, tenían un fin. Ese fin, en palabras del marxista argentino Nahuel Moreno, se llamó reacción democrática, que consistió en un fino proyecto político impulsado por el imperialismo, con el fin de apaciguar toda la energía y movilización revolucionaria -y allí no nos referimos a la lucha armada guerrillera, sino a la estrategia de derrocar a la oligarquía y a su ejército- por medio de modificaciones al régimen político y de reformas de remozamiento al Estado, hacia un sistema democrático, aunque formal.

Este proyecto, que fue impulsado por una facción del ejército que se hizo dominante y en un primer momento por la Democracia Cristiana, a los cuales se agregaron a regañadientes fracciones de la oligarquía, buscó en un primer momento la desmovilización sin condiciones de la insurgencia. Esta obviamente se negó y posteriormente, con los gobiernos de Serrano Elías, De León Carpio y Arzú Irigoyen, se logró su incorporación a este nuevo marco constitucional.

Si bien se argumenta que el contenido de los Acuerdos de Paz, fue lo que mas se logró negociar, sobre todo en temas como la posesión y la propiedad de la tierra y que mucho de lo negociado en los acuerdos fue consensuado, otra parte fue impuesta por la correlación de fuerzas en las negociaciones. Desde nuestra óptica la parte insurgente tenía una debilidad producto de dos factores relacionados.

Uno fue, que ésta ya no ejercía una clara dirección en parte del movimiento social y para inicios de los noventa se había devaluado el programa democrático revolucionario emitido en 1982 por la URNG en su creación, así como el hecho que la fuente, que era las demandas populares, regresaba a unos horizontes economicistas y gremiales. A la par que los grupos de poder y la burguesía, lograban aplicar un proyecto neoliberal de privatizaciones, precarización laboral y de afianzamiento del modelo extractivista, de despojo de los recursos naturales.

La otra causa desde nuestro parecer, fue que la estrategia político-militar guerrillerista de la guerra popular revolucionaria, no tuvo el implante necesario en la población, y en muchos momentos esta estrategia ahogó la organización genuina desde las bases; por ende, después de una larga y heroica lucha armada, lo único que quedaba era la firma de la paz y la incorporación al marco creado por la política de reacción democrática, cuyo objetivo fue precisamente desmovilizar las fuerzas revolucionarias en toda Centroamérica

Con la firma de la paz se crea una serie de instancias gubernamentales, así como programas y políticas para implementarlas, pero la derrota en 1999 de la consulta popular que buscaba crear reformas constitucionales contenidas en los Acuerdos de Paz, fue un balde de agua fría. Además, a esa visión miope electoralista de la izquierda y su fragmentación, por un lado y por el otro, al gremialismo de las organizaciones sociales, se le agregó una onegización que partió las posibilidades de una unidad programática común; con onegización nos referimos, al hecho de trabajar solamente condicionados por los factores administrativos de los proyectos y sus financiamientos.

Con la conformación de esta institucionalidad, a pesar de no haber introducido en la Constitución Política buena parte de los contenidos de los Acuerdos de Paz, se pensó que se iba a impulsar y cumplir los distintos programas. Pero nuevamente, no todo lo acordado se cumplió y es mas, la Agenda Política de la Paz, un documento publicado en 2016 por la Secretaría de la Paz, da cuenta de esto, de cómo ha faltado una cantidad de legislación para su cumplimiento. Así también, el mismo status jurídico de las instancias de la paz, como secretarías presidenciales, genera equívocos y sus resoluciones se vuelven carentes de fuerza legal.

Pero como es sabido de todos, muchas de estas instituciones gubernamentales fueron socavadas por dentro, por las fuerzas retrógradas de los grupos de burguesía, que no quieren ni un mínimo avance como eran los Acuerdos de Paz. Se pensó nuevamente que se lograría su cumplimiento, a partir de la promulgación de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz en 2006, donde estos se volvían compromisos de Estado y la creación del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), como un ente multisectorial que impulsara los compromisos relacionados a los acuerdos.

Pero el carácter poco representativo del CNAP; la presencia de fuerzas conservadoras, sobre todo de los partidos políticos derechistas; la opacidad directiva de SEPAZ en su funcionamiento sobre todo en el tema financiero, lo ha vuelto poco operativo y hasta superficial. Así, el manejo clientelar por parte de todos los gobiernos, de programas como el resarcimiento, la clara acción de debilitamiento de estas instancias, por lo menos desde el gobierno del Partido Patriota; a esto se suma ahora el cierre bajo la pantalla de creación de una nueva instancia, como es la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos.

Por ende, ante este cierre, que implica la consolidación de un Estado cada vez mas autoritario, consideramos que no podemos caer en una defensa de un Estado que pese a esas reformas y algunos espacios “democráticos”, no representa a las clases populares. Se necesita determinar qué elementos de los Acuerdos de Paz sirven para un proyecto revolucionario y cuales son una rémora del modelo neoliberal, así como qué instancias permiten esto aun dentro de este tipo de Estado.

Pero lo mas importante, es crear condiciones para un órgano de poder popular, por medio de una Asamblea Constituyente con carácter originaria, que represente el sentir y conformada a partir de la organización de las y los trabajadores y de los pueblos garífuna, mestizo, maya y xinca.

Por Ricardo Patzán

El bloque oligárquico burgués que actúa en alianza con exmilitares y políticos corruptos se ha ensañado en las últimas semanas contra su nuevo enemigo a nivel legal, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI. Esta fiscalía fue establecida junto al acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2006, e inicialmente tenía como finalidad investigar los casos de alto impacto designados por la CICIG Y el Ministerio Público (MP). Al finalizar el mandato de la CICIG En septiembre de 2019, el MP conservó la FECI, creando un plan para su funcionamiento, conservando 82 integrantes que acompañaron las investigaciones de la CICIG y prometiendo la incorporación de otros 60 analistas e investigadores; al frente de la misma continuó el fiscal Juan Francisco Sandoval.

En el transcurso de los meses, la FECI ocupó el lugar de la CICIG en la investigación de casos de corrupción, dando seguimiento a los casos iniciados por ésta y abriendo nuevos casos que involucraban a políticos y empresarios corruptos. No es de extrañar que pronto iniciaran ataques contra la fiscalía y el fiscal Sandoval.

Hacia octubre del presente año se multiplicaron las denuncias contra la FECI, impulsadas por personajes corruptos involucrados en las investigaciones. Entre ellos están el exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, investigado por lavado de dinero y financiamiento ilícito para la campaña del expresidente Otto Pérez Molina; el exsecretario privado de la presidencia entre 2008 y 2012 Gustavo Alejos, individuo acusado de múltiples casos de corrupción, además de la manipulación de la elección de magistrados a las cortes de justicia; además, la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo y su presidente Ricardo Méndez Ruiz, presentaron múltiples quejas por estar sujetos a investigación por filtración de información relacionada al caso por el que está procesado el exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

En total se han acumulado nueve denuncias administrativas contra el fiscal Sandoval, y los fiscales Carlos Vides, Carlos de León y Virginia La Parra. Desde el 4 de septiembre la fiscal general María Consuelo Porras decidió dar curso a las investigaciones en contra de los fiscales de la FECI, que podrían resultar en su destitución.

En este caso, como dice el dicho, lo patos les tiran a las escopetas; el MP tuvo que aclarar que no hay intención de debilitar a la FECI, “las denuncias por faltas administrativas se reciben y son enviadas a Supervisión General, no son iniciadas de forma arbitraria por la Fiscal General” (El Periódico 08/10/2020). A pesar de esta declaración, la jefa del MP instruyó a las unidades administrativas agotar el procedimiento y contratar o designar un fiscal especial para dar seguimiento a los casos.

Este fiscal especial resultó ser Karin Orellana Pinto, quien fue asesora del Ministerio de Comunicaciones en tiempos del exministro Luis Benito, acusado por la FECI por lavado de activos y actualmente prófugo. Además, tiene un contrato vigente con el FAPU (Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana), una unidad de la municipalidad capitalina que está bajo investigación de la FECI por malversación de fondos para la campaña electoral de Partido Unionista. Al ser puestos en evidencia los antecedentes de Orellana, la fiscal general Porras tuvo que retroceder en el nombramiento, solo para que días después se supiera que era pareja del narco extraditable Luis Erasmo Martínez Díaz, capturado el 11 de diciembre cuando paseaba en compañía de Orellana.

Las amenazas contra la FECI y el fiscal Sandoval persisten. Mientras, éste anotó un punto a su favor en la opinión pública cuando, en el estilo de la CICIG, el 11 de diciembre en conferencia de prensa anunció un nuevo caso de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas contra el exministro durante el gobierno de Otto Pérez, Erick Archila, quien recibió sobornos millonarios de cuatro empresas.

Los ataques contra la FECI han puesto a la población en contra de la fiscal general Porras, y en las protestas y manifestaciones se empieza a pedir su renuncia, a la vez que se expresa la simpatía por el fiscal Sandoval. La lucha contra los corruptos es legítima y justa, pero no debemos hacernos ilusiones de que el actual sistema democrático, tal como está diseñado, va a resolver los urgentes problemas del pueblo y los trabajadores. La verdadera solución no está en manos de funcionarios que hacen parte del andamiaje del Estado burgués, por más honestos que sean. Son las organizaciones populares, indígenas y sindicales las que deberán poner fin a la corrupción, transformando la precaria y excluyente democracia burguesa guatemalteca por medio de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.

Por Armando Tezucún

Como resultado de las negociaciones entre los grupos oligárquicos y el gobierno de Alejandro Giammattei, el viernes 4 de diciembre, en una conferencia de prensa, el mandatario y el vicepresidente Guillermo Castillo anunciaron el cese de sus diferencias y un trabajo en unidad. Desde el primer semestre del año, ambos funcionarios tuvieron una serie de divergencias en temas como el uso de fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para programas de asistencia a la población, la no invitación al vicepresidente a las reuniones del Consejo de Ministros, y la aprobación del presupuesto 2021. El punto álgido de estas discrepancias se dio cuando Castillo sugirió a Giammattei la renuncia conjunta de ambos, en vista del creciente descontento popular con las actuaciones del gobierno y el Congreso.

El vicemandatario afirmó: “…lo que nos conviene más como país es seguir definiendo esa ruta que necesitamos para resolver los más grandes problemas. Hoy queremos mandar este mensaje de unidad con el señor presidente” (Prensa Libre 5/12 /2020). Castillo ha sido un peón de los grupos oligárquicos corporativos, y como tal fue clave en el conflicto interburgués generado por la aprobación del presupuesto de gastos del Estado para 2021 por el bloque de diputados oficialistas y sus aliados, que favorecía los negocios de grupos empresariales emergentes.

Se desconoce los acuerdos en las alturas tomados por los grupos de poder burgués, y la conferencia de prensa convocada por el binomio presidencial fue igualmente hermética, pues no se permitió preguntas de los periodistas ni se aclararon detalles sobre lo pactado.

Algunas de las medidas anunciadas por Giammattei y Castillo tienen la clara intención de hacer algunas concesiones a las demandas que ha reclamado la población durante tres semanas de movilizaciones. Una de ellas es la desintegración del Centro de Gobierno, dirigido por el protegido del presidente Miguel Martínez, a partir del 31 de diciembre.

Después de la salvaje represión de la policía contra la población el sábado 21 de diciembre, se convirtió en una exigencia de las manifestaciones la destitución del ministro de gobernación Gendri Reyes y del director de la Policía Nacional Civil José Tzubán. Al respecto ambos funcionarios fueron ambiguos. En el caso de Reyes, esperarán las conclusiones de una investigación que realiza el Ministerio Público sobre los acontecimientos del 21 y el 28; sobre Tzubán no dijeron nada. Tratando de dar gato por liebre, Giammattei dijo que pedirá la renuncia de todos los ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios para someterlos a una evaluación, insinuando que en este proceso se pediría la renuncia de Reyes; pero esta es una medida que es costumbre que los presidentes tomen al finalizar cada año.

En cuanto al presupuesto, además de la consulta que ya se hizo a los organismos que representan a los grupos oligárquicos, se anunció la formación de una comisión presidida por Castillo, como coordinador del Gabinete Económico, que evaluará las reformas necesarias para que los recursos se enfoquen a la reactivación económica y la reconstrucción del país luego del desastre causado por las tormentas Eta e Iota. Además, anunciaron la creación de un gabinete específico que se encargará de la reconstrucción de las comunidades afectadas por los fenómenos naturales, coordinado por el vicepresidente e integrado por los ministerios que tengan a su cargo responsabilidades relacionadas (La Hora 4/12/2020).

Giammattei anunció un proceso de diálogo para el próximo año: “…sin duda alguna el poder establecer mecanismos de diálogo y concertación será la base fundamental de las acciones que encaminaremos a partir de la primera semana de enero del año entrante y para lo cual serán establecidos algunos conversatorios…que sean amplios, participativos, pero que no sean solo en la capital sino en el interior del país, para que no haya un guatemalteco o representante de la sociedad civil que se quede sin dar su opinión” (Idem).

Estos acuerdos tienen el beneplácito del imperialismo gringo, a través del funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak, quien los calificó de “…importantes para reiniciar un diálogo nacional, recuperarse de Eta e Iota y promover reformas para promover la prosperidad y la democracia en Guatemala” (La Hora 4/12/2020).

El arreglo de las diferencias interburguesas y las magras concesiones hechas por el gobierno pueden macar el inicio del descenso en el nivel de las movilizaciones populares. El sábado 5 ya se pudo observar una menor presencia de personas, tanto en la capital como en ciudades del interior. No debemos dejar que estos cantos de sirena nos aparten de nuestras justas demandas. Todavía están planteadas protestas los días 9 y 10 de diciembre. Éstas marcarán la tendencia.