Por Armando Tezucún

Tal como estaba programado, el 13 de abril el Congreso de la República juramentó a los magistrados electos a la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026. El acto fue totalmente anómalo, pues se llevó a cabo sin la participación de dos magistrados titulares y una suplente electos, debido a amparos provisionales e impugnaciones contra los procesos de elección en sus respectivos espacios de designación.

Los excluidos fueron Nester Vásquez y Claudia Paniagua, titular y suplente electos el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y más notoriamente, Gloria Porras, titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Porras ha sido magistrada titular de la CC durante dos períodos consecutivos y se ha destacado por ser parte del grupo de magistrados que ha emitido resoluciones contrarias a los intereses del bloque de políticos, funcionarios y empresarios involucrados en el manejo anómalo de los recursos del Estado. Este grupo destacó por defender a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de los continuos ataques de que fue objeto por parte del gobierno del expresidente Jimmy Morales. Entre los nuevos magistrados, Porras es la única reelecta del grupo anticorrupción, y sus oponentes orquestaron todo un plan para evitar a toda costa que asuma de nuevo su cargo.

La juramentación de Porras fue impedida por dos amparos. El primero tiene fecha del 9 de abril, aceptado por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Masaya, que había sido candidato a magistrado ante el CSU. El segundo fue interpuesto el 12 de abril ante la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales, quien también fue candidato ante el CSU.

El pleno de diputados juramentó entonces a siete magistrados, todos peones de los grupos corruptos que controlan el Estado: los titulares Dina Ochoa, Leyla Lemus y Roberto Molina Barreto; los suplentes Luis Rosales, Walter Jiménez, Rony López y Juan José Samayoa. En su discurso, el presidente del legislativo, Allan Rodríguez, se regodeó del triunfo de los poderes infames diciendo: “Ya no más inestabilidad constitucional, ya no más ingobernabilidad constitucional. Ya no más prevaricato, queremos resoluciones apegadas a la Constitución ya al orden jurídico. Ya no más abuso de poder, ya no más abuso de autoridad ni sesgo ni retorcimiento de la Constitución” (Prensa Libre 24/04/2021), lo que no quiere decir otra cosa que por fin lograron domar a una CC que les había causado problemas durante años.

En representación de los intereses de la burguesía, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se regocijó por la juramentación y posterior toma de posesión de los nuevos magistrados, expresando que ahora se generará “confianza y certeza jurídica en la ciudadanía, indispensables para un Estado de Derecho” y que ahora habrá “resoluciones objetivas y libres de presiones internas o externas” (La Hora 14/04/2021); el alborozo de la oligarquía es porque la anterior CC ordenó la suspensión de actividades de varias empresas extractivas por no proceder correctamente con las consultas comunitarias para avalar sus operaciones. A esto es lo que los industriales han llamado “falta de certeza jurídica”.

La ahora exmagistrada Porras declaró el día de la juramentación, “todo esto lo sabía porque es claro que hay una confabulación para no dejarme tomar posesión” (Prensa Libre 14/04/2021). Evidentemente la Junta Directiva del legislativo interpretó las cosas a su conveniencia, pues el mismo Congreso hace unos meses juramentó al exjuez y prófugo Mynor Moto cuando había sido electo por el Cang, existiendo varias impugnaciones en contra de su designación. 

De gira por Estados Unidos, Gloria Porras declaró que defenderá su elección: “Pelearé contra esta decisión porque fui legítimamente electa para el cargo por un tercer período, en reconocimiento a mi sólida trayectoria durante los primeros dos…” (La Hora 20/04/2021). Pero la situación no le es muy favorable, pues el 26 de abril la nueva CC, por unanimidad, confirmó los dos amparos provisionales que impidieron su elección, rechazando dos apelaciones en contra presentadas por el CSU.

La conclusión que los trabajadores, campesinos, indígenas y sectores populares debemos sacar del proceso de elección de magistrados a la CC es que es un proceso viciado, porque permite que la decisión la tomen grupos de intereses para su propio beneficio. Es el pueblo trabajador el que debe elegir las cortes, mediante su voto directo, secreto, libre y soberano. Y esto debe quedar estipulado por una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional que transforme el país en beneficio de los oprimidos y explotados.

Por Úrsula Coj

Ante los aumentos de casos de contagio por el virus del COVID-19 ocurridos en el marco de las vacaciones de semana santa, el gobierno de Alejandro Giammatei el pasado 15 de abril, impuso un nuevo estado de prevención por treinta días en todo el país, generando oposición de varios sectores sociales.

Estas medidas, caracterizadas por reactivas, muestran la negligencia del actual gobierno para atender la pandemia, en medio de un proceso lento de vacunación, y esconde su verdadera motivación, que es restringir las libertades democráticas, evitando protestas como las ocurridas a finales de noviembre del año pasado, ante el cada vez mayor descontento contra este gobierno.

Lo cierto es que la responsabilidad directa del aumento de casos -lo cual algunos consideran una tercera ola, siendo la primera a mitad del año pasado- es directamente de la gestión de Giammatei y de las autoridades a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Esto porque previo a las vacaciones de semana santa se generó toda una campaña promovida por los grandes grupos empresariales para asistir a sitios vacacionales y ante eso, el gobierno se limitó a decir, ridículamente a que iba a controlar los aforos en estos sitios a no más de cien personas en cada playa.

Así, previo a la semana santa, los hospitales del sistema público se fueron llenando, ocupando totalmente los espacios para atender coronavirus y usando otros destinados a distintas afecciones. La instancia civil Laboratorios de Datos menciona que la ocupación, sobre todo en casos graves, ha crecido en 74.70% al 15 de abril, mientras que en caso moderados se sitúa en 36.50 % y en casos leves ha bajado en 6.60%. Es decir, según estos datos, 394 camas están ocupadas en casos moderados y 364 en casos graves; siendo los hospitales con más ocupación el temporal del Parque de la Industria, situado en la Ciudad de Guatemala y el temporal de la ciudad de Quetzaltenango.

La situación se ha agravado al grado que ha generado en los últimos días, mas de 1500 casos diarios, subiendo exponencialmente desde marzo para abril, registrándose casi 30 muertes diarias y una capacidad de generación de testeos que ha aumentado considerablemente, realizándose mas de seis mil pruebas diarias.

El proceso de vacunación va lento, con retrasos en el mecanismo COVAX y anuncios de la compra de ocho millones de unidades de la vacuna Sputnik; la ministra de salud Amelia Flores anunció la semana pasada que la empresa rusa fabricante iba mandar en esa semana el cronograma de entregas, arribando el primer envío en la última semana de abril. En ese sentido, la fase dos donde son vacunados varios segmentos de la población, entre ellos los mayores de sesenta años no ha iniciado, pese a que esta comenzaría según las autoridades del MSPAS, a mediados de abril.

Es en ese marco que anunció el gobierno la restricción a las libertades y nuevas limitaciones de aforos y de horarios, las cuales tampoco son capaces de reducir el nivel de contagio y solo afectan desigualmente a distintos sectores. Los sectores que manifestaron su rechazo, realizando protestas en contra de las medidas, fueron los dueños y trabajadores de los restaurantes aglutinados en las Gremial de Restaurantes de la Cámara de Comercio y propietarios de locales en los mercados sobre todo del centro de la capital. Según los primeros, sufrieron perdidas por Q100 millones, debido a la menor afluencia a sus negocios.

A estas medidas, el vicepresidente Guillermo Castillo, que desde finales del año pasado muestra diferencias con Giammatei y otros miembros del gabinete, manifestó su rechazo, mostrándose amigable a los sectores empresariales que se opusieron a estas medidas. De igual manera el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas manifestó “que las medidas no buscan garantizar la salud de la población, más pareciera que están preocupados por el creciente malestar social, blindándose de las manifestaciones” (Prensa Libre, 17 de abril).

Esto, como mencionamos, es el fondo de estas medidas. Por tanto, consideramos el hecho real de aumento de casos se debe a la negligencia gubernamental y la voracidad empresarial. Lo cual implicaría que, si bien se debe reducir los aforos en lugares donde se concentra la población, como mercados, centros comerciales o súper mercados, no se aplique desigualmente Además que las empresas que necesitan presencia como las industrias, hagan turnos alternos sin reducción de salarios.

Hacemos un llamado a los sindicatos y a las organizaciones populares a la defensa de los puestos de trabajo y si bien los comercios pequeños son los mas afectados por estas medidas, los dueños no deben descargar sus pérdidas sobre sus trabajadores con despidos. Por eso consideramos vital exigir renta básica universal para toda la población.

Por Ricardo Patzán

El Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos, CALUSAC, está atravesando una grave situación. Fundado en 1975 como un programa cofinanciable, es decir que cuenta con fondos en el presupuesto de la USAC, pero cobra a sus alumnos por sus servicios, CALUSAC es el centro de idiomas más importante de la región; ha llegado a tener hasta 90 mil estudiantes al año, generando anualmente entre Q 16 y 20 millones, de los cuales traslada el 10% a los fondos generales de la universidad.

Sin embargo, en los últimos 14 años el equipo administrativo a cargo incurrió en malas prácticas, algunas bajo sospechas de corrupción, que dejaron a CALUSAC en números rojos, afectando no solo a los estudiantes, sino también a sus trabajadores. En el año 2017 la universidad decidió otorgar un incremento salarial del 8.33% a todos sus empleados; pero las y los trabajadores de CALUSAC, docentes en su mayoría, no fueron incluidos, aduciéndose que no había fondos. Los trabajadores iniciaron una investigación para averiguar qué pasaba con los recursos, y se descubrió que estaban siendo despilfarrados en compras anómalas de libros de textos, elevados contratos irregulares y otras anomalías; se descubrió, por ejemplo, el hecho inaudito que CALUSAC estaba pagando a la misma universidad el alquiler por el uso de aulas del edificio S-12, al inicio Q 60 mil y de último Q 170 mil anuales. 

Los compañeros y compañeras trabajadores acudieron al Consejo Superior Universitario (CSU) en busca de una solución, creándose una Comisión de Estudio Integral para resolver el problema, comisión que no incluyó a representantes de los trabajadores, sino hasta el final de su estudio el año pasado, ya cuando las decisiones habían sido tomadas. Para este momento se había formado una Comité Ad-hoc para la formación de un sindicato de trabajadores de CALUSAC.

La resolución de esta Comisión Integral no tomó en cuenta todos los ingresos reales que recibe CALUSAC, pues ni la tesorera ni la encargada de control académico del centro dieron datos fiables a la comisión, no se tomó en cuenta los ingresos que generan los Centros Regionales para CALUSAC, ni los ingresos generados por los exámenes de ubicación, que solo en enero de este año significaron más de medio millón de quetzales.

La solución de la Comisión Integral fue aumentar el costo de los cursos hasta en un 200% y establecer un cupo mínimo de 50 alumnos para que se pueda impartir un curso. Esto último significará la desaparición de los cursos de idiomas que no son inglés, pues los estudiantes no podrían estudiar dos idiomas, dando prioridad al inglés, además otros idiomas que no tienen tanta demanda no llegarían al cupo mínimo.

Al finalizar el trabajo de la Comisión Integral se conformó una Comisión Normalizadora, que es la que ahora toma todas las decisiones sin tomar en cuenta a los trabajadores, y que tomó otras medidas que les afectan directamente. El grupo de profesores de mayor antigüedad firma contratos cada seis meses; a los tienen menos de diez años los hacen firmar contratos cada dos meses, que es el tiempo de duración de los cursos. Este año la nueva comisión decidió que no había fondos para pagar la Semana Santa a los docentes, por lo que el contrato no cubrió los dos meses cabales. Además, no se les paga los meses de vacaciones de noviembre y diciembre ni el mes de enero, pues las clases inician en febrero.

Las compañeras y compañeros del sindicato en formación están claros de que la Comisión Normalizadora miente al afirmar que no hay fondos. En el primer bimestre de 2021 CALUSAC recaudó Q 5,659,281, quitando el 10% que se entrega a la USAC; eso alcanza para cubrir los gastos del primer cuatrimestre. Sus demandas son: la suspensión inmediata del aumento a las cuotas y cupos de los cursos; el pago de los contratos pendientes del primer bimestre a los docentes; exonerar al CALUSAC del aporte del 10% a la USAC durante dos años para poder recapitalizarse; que el CSU y la Comisión Normalizadora resuelvan el pliego petitorio presentado en 2020; la remoción inmediata de sus puestos de las encargadas de tesorería, control académico y divulgación y que se deduzcan sus responsabilidades por malas decisiones financieras evidenciadas en los estudios de auditoría; y el traslado de los docentes al presupuesto ordinario, con plazas fijas bajo el renglón 011.

Pensamos que esta última es una demanda central, para garantizar la estabilidad laboral, el derecho a prestaciones, jubilación, etc. no solamente para los compañeros de CALUSAC, sino para un sinnúmero de profesores y trabajadores por contratos temporales. Esta demanda es vital para unificar las luchas de las organizaciones sindicales de la USAC, que como institución debería ser la primera en garantizar los derechos laborales de sus trabajadores.

Por Leonardo Ixim

La negligente actitud del gobierno de Alejandro Giammattei y de las actuales autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), dirigidos por Amelia Flores, en el proceso de atención a la pandemia de COVID-19 y el proceso de vacunación afecta la salud de la población.

Los retrasos y desórdenes en el proceso de vacunación de parte del Estado tienen como contraparte el interés de los grupos empresariales, que buscan ser ellos los que implementen este proceso, con el consiguiente beneficio económico, y esperan ansiosos a que el gobierno reconozca su incapacidad y les otorgue vía libre para el lucrativo negocio de las vacunas.

La estrategia de vacunación incluye cuatro fases divididas en sub fases. La primera corresponde al personal de primera línea, así como al personal paramédico, de servicios funerarios y ancianos que residen en asilos. La segunda fase incluye ancianos mayores de 70 años, adultos con enfermedades crónicas y adultos entre 50 y 60 años. Las fases tres y cuatro va incluyendo otros sectores de la población y adultos mayores de 18 años.

El mismo MSPAS aceptó días antes del inicio de Semana Santa la existencia de una tercera ola, donde las camas destinadas para atender la enfermedad se llenaron en hospitales; en un primer momento fue en los hospitales de las ciudades de Chiquimula, Mazatenango y Quetzaltenango, para posteriormente en los hospitales del área metropolitana.

Según la instancia civil Laboratorio de Datos, la ocupación para fines de marzo se sitúo en un 162%, sobre todo en casos severos, señalando una disparidad de recursos, mientras que en algunos centros hospitalarios existe una sobre utilización de recursos, en otros se da una sub utilización de estos.

Durante el asueto las playas y otros centros vacacionales fueron copadas por vacacionistas, sin guardar el mínimo distanciamiento. Las autoridades del MSPAS sorprendentemente dispusieron que se permitiría solo 100 personas en estos sitios, algo totalmente fuera de lógica. Pero lo cierto es que la presión fue de los grandes grupos empresariales, para que el gobierno no dispusiera restricciones a estos lugares, que obviamente sufrirían concentración de personas y con ello, espacios para la transmisión del virus.

Las autoridades gubernamentales, como anticipando solamente el impacto sin ninguna capacidad de prevención, esperaba que los centros hospitalarios se llenaran después de Semana Santa. Pero según el Laboratorios de Datos la capacidad de testeo para determinar los porcentajes de antígenos se redujo, así como los casos detectados con el virus. Esto dio pie a pensar que ante las críticas no están revelando todos los datos reales, pese a que los primeros días posteriores a las vacaciones, varios hospitales se atiborraron con veraneantes deseosos de hacerse pruebas.

Por otro lado, durante la semana santa se anunció la habilitación de tres centros de vacunación en la capital, pues la misma ministra había anunciado que la fase dos de la Estrategia de Vacunación iniciaba el uno de abril, abarcando a los adultos mayores de 70 años y mayores de 50 con enfermedades crónicas. Rápidamente los centros se llenaron y el personal de salud no pudo hacer frente a la marea de personas y sin tomar en cuenta sus derechos.

Se genero así una situación caótica y así, la ministra Flores anunció que la segunda etapa no había iniciado, modificando sus propias declaraciones. Por su parte, el Sindicato de Empleados del Hospital de San Juan Dios, cuestionó la falta de capacidad de las autoridades para una tarea de esa magnitud, así como la sobre carga a los empleados; uno de los cuestionamientos fue que el proceso de registro era demasiado largo, por ejemplo.

Esta situación obligó a que las autoridades de salud anunciaran que la fase dos iniciaría antes del 15 de abril y habilitó un portal web para inscribirse; pero se ha cuestionado que a la mayoría que se inscribió, no ha tenido su notificación para recibir el número de turno y el aviso del día que le toca vacunarse.

Ante el atraso del mecanismo COVAX, el gobierno anunció que llegó a un acuerdo con el Centro Nacional de Investigación Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, para recibir la vacuna Sputnik 1, financiada por el fondo de inversiones Rusia Direct Investment Fund, de proporcionar 8 millones de dosis y lograr con eso la inmunización de la población.

Una campaña de vacunación para adultos debe contar con la logística para abrir centros en todo el país, priorizando las poblaciones de mas de 500 habitantes, subdividiendo los centros mas poblados con ese criterio. Para eso, los sindicatos trabajadores de la salud y organizaciones populares deben estar vigilantes de que se cumpla el acceso a la vacunación a toda la población y que los grupos de la burguesía no hagan fiesta con la salud de la clase trabajadora.