Por María Armas

La violencia contra las mujeres siempre ha sido latente en el país, especialmente en las niñas, quienes son vulnerables y sujetas a abuso, violencia física, sexual y psicológica, mayormente en el seno de su hogar, por familiares, hermanos, padres o personas cercanas a la familia.

En una cultura donde poco se habla de sexualidad, sobre todo porque la educación pública niega la educación sexual, no es difícil pensar que sea uno de los 15 países con más violencia de género en el mundo, según fuentes internacionales como “El Economista”, en 2018 y 2020.

El ministro de gobernación Gendri Reyes, en declaraciones oficiales propuso endurecer las penas vigentes en el país, cuando asegura que el número de menores de edad desaparecidas va a la baja. Es más cómodo para las autoridades del gobierno alargar penas que no han sido efectivas, ni erradican, ni contribuyen al desarrollo de las mujeres en el marco de la seguridad; y es que se carece de un sistema de protección para la niñez y las mujeres. Las autoridades no toman medidas claras y preventivas con políticas públicas desde la perspectiva de género que puedan atacar todas las formas de violencia femicida que afecta a las mujeres, desde la desigualdad social, económica, racial, cultural y religiosa.

Actualmente se tiene como medida de apoyo la activación de las alertas Alba-Kenneth, pero esto no es una medida que funcione o responda a la inseguridad que viven las niñas, niños y mujeres en el país; su aporte directo ha sido en contribuir a mejorar el proceso de difusión de la desaparición de la víctima, con un 88% de menores que han sido encontrados en las primeras 72 horas de desaparecidas.

El año pasado se reportaron más de 4 mil embarazos en niñas menores de 14 años. El confinamiento obligatorio en el país debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, nuevamente dejó en estado de vulnerabilidad a la niñez, que ve destrozados sus sueños. Como siempre en Guatemala las decisiones del gobierno no fueron acompañadas de políticas o un sistema de apoyo para erradicar o mitigar la violencia, por el contrario, la precariedad económica, perturbación e incertidumbre que se vivió a nivel nacional, por la ineficiencia del presidente Alejandro Giammattei Falla para manejar la pandemia, lejos de apoyar a la población, dejó aún más vulnerables a las mujeres.

Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), el 75% por de las agresiones sexuales son cometidas a menores de edad, un alarmante 39% en niñas de 10 a 14 años, 18% de 15 a 17 años, 12% de 5 a 9 años y un abrumante 5% en niñas de 1 a 4 años. Los departamentos con mayor índice de violencia a menores de edad son Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Chimaltenango, Petén, Alta Verapaz, Santa Rosa, San Marcos y Huehuetenango.

Existe una la ola de violencia que es visibilizada actualmente por las redes sociales en Guatemala, con el hashtag #Tengomiedo, el cual es una iniciativa de mujeres que están fuera del sector feminista, pero que han sido sensibilizadas por los recientes casos de las niñas que fueron asesinadas de formas violentas como Sharon Figueroa, de 8 años, y Hillary Arredondo, de apenas 3 años de edad. Estos casos y el impacto social que lograron gracias a las redes sociales hacen necesaria la presión contra el gobierno actual para implementar un verdadero sistema de protección a la niñez. Se hace necesario el análisis del “Tengo miedo” en una cultura machista que nos impone y nos convierte en sumisas, cuando mayormente el riesgo se vive en casa; es importante empoderarnos y crear alianzas entre nosotras que no nos inviten al miedo, que nos llamen a la denuncia y el apoyo sororario entre todas, el miedo es un sentimiento válido y de resistencia, que solo nos sirve si accionamos contra él.

El pasado sábado 13 de febrero se realizó una protesta con manifestantes poco usuales en el país, abanderadas por niñas y adolescentes en bicicletas, quienes demandaron a las autoridades fortalecer las políticas de seguridad para frenar la violencia y repunte del 2021; menores de edad con pancartas acompañadas de sus familias en total indignación, quienes caminaron hasta la plaza de la constitución, donde fueron recibidas por un cordón humano de policías para impedir que estas se acercaran al palacio nacional.

Como mujeres, madres y trabajadoras tenemos la necesidad de articularnos y pedir un cambio de sistema de protección para la niñez y las mujeres, no podemos seguir siendo una estadística que coloque a Guatemala en el ranking de los peores lugares del mundo para ser mujer.

Por Ricardo Patzán

La protesta política más importante hasta el momento del año 2021 se dio el jueves 18 de febrero, cuando el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) convocó a sus integrantes a una marcha en Centro Histórico de la ciudad capital. Ese día varios miles de manifestantes, en su gran mayoría indígenas y campesinos procedentes del interior del país, partieron de cuatro puntos para converger en la Plaza de la Constitución.

La protesta fue directamente contra el gobierno: “Este gobierno en su primer año ha demostrado un total fracaso, negligencia, incapacidad e indiferencia ante la violencia, la desnutrición y el empobrecimiento del que ha sido víctima la población guatemalteca”, según palabras de Elizabeth Florián, coordinadora de CODECA urbana (Prensa Libre 17/02/2021). Se demandó la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la Fiscal General María Consuelo Porras.

La manifestación pasó frente al edificio del Congreso de la República, donde fue entregado a la diputada Vicenta Jerónimo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), un proyecto de ley para la recuperación de los bienes y servicios privatizados por los gobiernos neoliberales desde 1986, especialmente la energía eléctrica y las comunicaciones.

Al pasar por el Ministerio Público, los manifestantes presentaron sus demandas, rechazando la criminalización de su lucha y el asesinato de varios de sus líderes, exigiendo que se agilicen las investigaciones. Aquí les recibieron el secretario contra la corrupción y el titular de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción. Además, visitaron el Tribunal Supremo Electoral, donde denunciaron fraude en las elecciones generales de 2019, solicitando que los próximos procesos sean transparentes. CODECA también rechazó la corrupción, demandó la depuración del Congreso y como punto central demandó la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente Popular Plurinacional. Entre los oradores se destacó Thelma Cabrera, candidata del MLP, brazo político de CODECA, en las elecciones de 2019.

La acción de CODECA despertó simpatías entre elementos progresistas y de izquierda. Ciertamente este movimiento campesino e indígena representa un sector de avanzada en las luchas populares y muchas de sus consignas son absolutamente válidas; nuestro partido comparte, entre otras, la demanda de nacionalizar los servicios esenciales que fueron privatizados por los gobiernos neoliberales, y la consigna de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, que centralice todas las aspiraciones democráticas y sociales del pueblo guatemalteco.

Pero cabe preguntar por qué este importante movimiento no estuvo presente en las movilizaciones urbanas que se dieron en noviembre y diciembre pasados. Algunos simpatizantes de CODECA han descalificado estas protestas como organizadas por el empresariado organizado en el CACIF. Ciertamente, al mismo tiempo se dio un conflicto de intereses entre grupos de la burguesía en torno al presupuesto 2021, que fue prontamente arreglado; y algunos personajes de la farándula ligados al empresariado llamaron a manifestar en las plazas. Pero el 21 de noviembre alrededor de 10 mil personas expresaron su descontento en las plazas de las principales ciudades; este es un sector urbano nada despreciable que salió a expresar su descontento exigiendo la mejora del sistema democrático, y CODECA, como expresión social, pudo haber acompañado las acciones en las calles profundizando su contenido con demandas de contenido social, imprimiendo una dinámica de radicalización. No haberlo hecho no hace pensar en una falta de una visión unitaria de parte de sus dirigentes, que impide aglutinar sectores sociales tras un programa de lucha progresista y democrático.  

En realidad, CODECA no tiene un proyecto anticapitalista. El punto 9 del programa del MLP dice: “El MLP propone la democratización del capitalismo local mediante un impulso sistemático a la micro, pequeña, mediana y gran empresa no-oligárquica, la igualdad de oportunidades, el estímulo de la libre competencia y el estricto control de monopolios. Asimismo, propone formas alternativas de productividad, como el cooperativismo productivo y otras formas comunitarias de economía cooperativa”.  Este punto de vista está a un paso de considerar válidas las alianzas con burguesías “democráticas” o “progresistas” y sus partidos políticos, como ya admiten otros partidos de izquierda reformista.

Las compañeras y compañeros de CODECA representan un importante sector del campesinado indígena. Les invitamos fraternalmente a considerar una política mas abierta hacia las capas medias ladinas urbanas, y a discutir una nueva perspectiva programática que enmarque las reivindicaciones del pequeño empresariado empobrecido rural y urbano en un proyecto anticapitalista que conduzca a la construcción del socialismo.

Por Armando Tezucún

La saga del abogado Mynor Moto Morataya ha adquirido características de tragicomedia, en un país donde el funcionamiento del capitalismo requiere del tráfico de influencias y actos de corrupción a todos los niveles del aparato estatal.

Como recordarán nuestros lectores, el 18 de enero Moto resultó electo magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para finalizar el período del fallecido Bonerge Mejía. Sin embargo, no pudo tomar posesión de su cargo de inmediato, debido a al menos siete impugnaciones presentadas, que debían ser resueltas por la Asamblea de Colegios Profesionales.

Sobre el ahora exjuez Moto pesan dos demandas para suspender su inmunidad y numerosos recursos legales. El funcionario está involucrado en el caso Comisiones Paralelas 2020 del Ministerio Público, en el que varios personajes son acusados de tráfico de influencias para manipular las elecciones de magistrados a las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia; en este caso, los implicados utilizaron el juzgado a cargo del entonces juez Moto para intentar obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso y protegerse. El otro caso tiene que ver con la obra llamada Libramiento de Chimaltenango, que resultó un fiasco pues a las primeras lluvias sufrió numerosos derrumbes y hasta la fecha no logra ser reparada; esta vez Moto no autorizó una orden de captura contra el exministro de Comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales, José Luis Benito, y dejó libres por falta de pruebas a al menos siete implicados.

El Congreso juramenta Moto como magistrado de la CC

El 26 de enero, en horas de la noche, 82 diputados de la alianza oficialista en el Congreso juramentaron a Mynor Moto como magistrado titular de la CC, a pesar de los recursos judiciales y apelaciones que aún estaban por resolver. Fue la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil la que ordenó a la Junta Directiva del CANG que en cuatro horas enviara al Congreso y a la CC las certificaciones con los resultados de la elección del 18 de enero.

A pesar de que el CANG notificó al Congreso que aún había impugnaciones por resolver, la Junta Directiva de éste ignoró la advertencia. En ese momento varios abogados acudieron a la CC a presentar amparos y apelaciones para impedir la juramentación de Moto, pero el notificador de la CC que acudió al legislativo con los recursos tuvo que esperar horas para ser recibido, mientras el oficialismo juramentaba a Moto como magistrado.

La CC se niega a dar posesión del cargo a Moto

La Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) presentó el mismo 26 un recurso de apelación contra el fallo de la Sala de Apelaciones que permitió la juramentación de Moto en el Congreso. En el transcurso de dos días ya sumaban siete apelaciones, cuatro amparos y un ocurso presentados contra la juramentación del juez Moto por los diputados oficialistas. Es la Corte de Constitucionalidad la que deberá resolver todas estas acciones legales para dilucidar la situación del flamante magistrado.

Hasta el viernes 29, Moto se había presentado tres veces a la sede de la CC para tomar posesión al cargo de magistrado titular. Ese día fue finalmente recibido en la Secretaría General de la Corte, donde se le informó que no podrá tomar posesión del puesto hasta que sean resueltas las 11 impugnaciones planteadas ante la CC.

El “magistrado electo” se queda sin inmunidad

Confiado en su juramentación por el Congreso, y entusiasmado por la sonrisa que le brindaba la buena suerte, Mynor Moto renunció de forma voluntaria a su cargo como juez el 26 de enero, entregando los enseres y el equipo de cómputo al secretario del juzgado. El hasta entonces juez dejó su cargo bajo dos modalidades, una licencia sin goce de salario, y la excedencia, que es una situación en la que el juez deja de prestar el servicio sin renunciar a la condición de miembro de la carrera judicial, no percibe sueldo, pero puede regresar eventualmente a su puesto. La situación de excedencia solicitada por Moto se extiende hasta el 13 de abril, cuando finaliza el cargo que ocuparía como magistrado titular en la CC.

La conclusión lógica es que, al haber renunciado a su cargo, no ejercer como juez de su judicatura, y no haber tomado posesión como magistrado de la CC, el abogado Moto es un ciudadano común y perdió el derecho de antejuicio.

Pero él se aferra a que, aunque ya no es juez, es magistrado electo, y por tanto goza de inmunidad. En esto cuenta con el respaldo del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), que sostiene que la excedencia solicitada por Moto será concedida a partir del momento en que tome posesión como magistrado de la CC; mientras, continúa como juez, pues no han nombrado a su sustituto, y por tanto cuenta con inmunidad. El 2 de febrero el CCJ cambió su versión y en un informe aseguró que Mynor Moto es magistrado titular de la CC desde el 26 de enero, cuando fue juramentado por el Congreso, y por tanto conserva el derecho de antejuicio.

A pesar del respaldo brindado por sus compinches del CCJ, el 1 de febrero el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Ericka Aifán, giró orden de captura contra Mynor Moto por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia, en el caso de Comisiones Paralelas 2020. De inmediato el MP realizó un allanamiento en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal en busca del acusado, y otras cinco diligencias el 2 de febrero. Además, el frustrado magistrado fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por la jueza Aifán, y su paradero se desconoce hasta el momento.

En la ya usual guerra de recursos legales, la ong Acción Ciudadana y otras organizaciones presentaron ante el MP una denuncia contra Mynor Moto y los 82 diputados que lo juramentaron como magistrado de la CC; además denunciaron a los tres magistrados de la sala de apelaciones que ordenó al Congreso realizar la juramentación. Como consecuencia, el 4 de febrero la CC, por voto mayoritario, dejó en suspenso provisional la juramentación de Moto, poniendo en pausa las actuaciones o disposiciones que se hayan asumido para su juramentación como magistrado.

El imperialismo gringo ejerce presión

Los reveses sufridos por el abogado Mynor Moto en su afán de llegar a la CC como magistrado no serían comprensibles sin tomar en cuenta la intervención de la embajada de Estados Unidos. La nueva orientación de la administración Biden se ha hecho sentir. El 27 de enero, en una actividad con empresarios, el embajador gringo William Popp hizo énfasis en la necesidad del Estado de Derecho y la gobernanza para el desarrollo económico. Y se refirió a la elección de cortes: “Nos encontramos específicamente en este momento una situación decisiva para la gobernanza, que es la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, que es muy importante y va a definir el futuro de muchas cosas en términos de la seguridad jurídica, y todos, el sector privado y ciudadanos, deben apoyar el proceso que está abierto y pueda conseguir a elegir a una Corte digna e independiente para los próximos cinco años” (Prensa Libre 27/01/2021)

Ese mismo día un alto funcionario del Departamento de Estado declaró: “Nuestro nuevo gobierno está siguiendo de cerca los acontecimientos más recientes que involucran el intento del Congreso de Guatemala de nombrar a una persona con recursos legales pendientes en su contra como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Nos preocupa profundamente que esta acción amenace el Estado de Derecho en Guatemala al debilitar la integridad de su más alta Corte”; en el mismo sentido se expresó la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado del Hemisferio Occidental Julia Chung (El Periódico 28/01/2021). El día siguiente, el portavoz del Departamento de Estado Ned Price emitió una declaración similar en su cuenta de Twitter.

Adicionalmente las embajadas del Grupo de Donantes G-13 (España, Alemania, Canadá, EE. UU., Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Unión Europea, OEA, Naciones Unidas) instaron, en un comunicado, a que la elección de magistrados a la CC sea transparente y con candidatos idóneos (Prensa Libre, 29/01/2021). Otro alto funcionario de la administración Biden, Juan Sebastián González, director de Asuntos Hemisféricos para la región en el Consejo de Seguridad Nacional, manifestó su rechazo a la elección de Moto en términos similares.

La recién estrenada administración Biden y el G-13 intervienen en el caso Moto bajo la falsa premisa de que son los actos de corrupción en los gobiernos los que obstaculizan el desarrollo económico del país y el bienestar de la población. Este es un supuesto falso, sostenido también por numerosas ongs financiadas por ellos, pues pasa por alto la existencia de un modelo capitalista excluyente, que promueve los bajos salarios, una baja tributación por parte de las empresas, las inversiones en áreas que generan pocos empleos, el acaparamiento de tierras y la destrucción del medio ambiente. Como dijimos al inicio, el tipo de capitalismo que impera en Guatemala tiene como un elemento inherente el manoseo de las instituciones estatales para beneficiar los negocios de los empresarios.

Como vemos en el caso Moto, la lucha contra los corruptos se desenvuelve en el ámbito de intrincadas batallas legales cuyo resultado depende, en última instancia, de la honestidad y honradez de los funcionarios en los organismos de justicia. Como todo andamiaje del Estado burgués, el sistema de justicia es fácil presa de los intereses de las estructuras criminales. Por ello proponemos que todos los funcionarios de las cortes sean electos mediante el voto directo, secreto y democrático de la población, y que los electores puedan sacarlos de sus cargos en cualquier momento.

Por Ricardo Patzán

Los días diez y diecisiete de septiembre de 2020, los edificios de Rectoría y Dirección General de Administración (DIGA) del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) fueron tomados por estudiantes pertenecientes a varios colectivos universitarios. El motivo de la acción fue la oposición a las modificaciones que estaba por aprobar el Congreso de la República al Decreto 3-2019, que avalaba un préstamo de US$ 120 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a inversiones en la Usac; estos cambios al decreto en cuestión implicaban un nuevo destino de los fondos, beneficiando intereses de la burocracia universitaria vinculada al Consejo Superior Universitario (CSU) y en especial al rector Murphy Paiz.

Después de cinco meses de ocupación de los edificios, la toma se encuentra en una encrucijada. Las modificaciones al Decreto 3-2019 no prosperaron en el legislativo, y el tema salió definitivamente de la agenda de discusión de los diputados. Esto dejó sin materia la acción de los estudiantes, quedando como única justificación la negociación de la entrega de edificios sin que se den represalias contra los universitarios que retienen los edificios. Al respecto, el CSU y el rector Paiz han dado largas intencionalmente a las mesas de diálogos instaladas desde septiembre, iniciando procesos disciplinarios carentes de fundamento legal y desarrollando campañas de difamación contra los compañeros estudiantes. 

El ataque más reciente lo realizaron las autoridades a finales de enero, a través de un comunicado en el que culpan a los estudiantes de fallas en el sistema informático del Campus, dañado el 29 de enero por fuertes vientos. Según el CSU, los estudiantes negaron el ingreso a los edificios a los técnicos que llegaban a reparar los servidores, pero la verdad es que los técnicos sí pudieron entrar a hacer las reparaciones necesarias, al igual que se permitió entrar anteriormente a trabajadores para realizar trámites referentes a la emisión títulos para estudiantes graduados.

El 1 de febrero el Colectivo Estudiantil Universitario (CEU) divulgó un comunicado dando a conocer el retiro de sus miembros de los edificios tomados, dejando como opción personal el continuar brindando asesoría a quienes siguen siendo parte del proceso de toma.  

Las tomas de edificios o instalaciones universitarias como parte de las luchas estudiantiles son una acción táctica que debe tener corta duración; principalmente porque corren el riesgo de aislarse de las bases estudiantiles en cuyo nombre se realiza la acción, pues mientras un pequeño grupo de avanzada permanece en el interior, el grueso del estudiantado es obligado a marcharse a sus casas. Esta situación la vivimos en la toma del campus en 2010, en la del edificio de Rectoría en 2013 y nuevamente en la toma del campus en 2019. Y la experiencia es que las autoridades universitarias siempre logran organizar los cursos y actividades al margen y a pesar de la acción de protesta de los estudiantes que ocupan los edificios e instalaciones, lo que les da amplio margen de maniobra para derrotar la toma por cansancio.

La actual toma de edificios se dio en el marco excepcional de dispersión del estudiantado a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19, que los obligó a continuar sus cursos de forma virtual en sus hogares. Esto hacía aún más imperante la solución rápida de la toma, o que fuera una acción tipo escaramuza sumamente limitada en el tiempo. Pero resultó lo contrario; luego de 5 meses el aislamiento con respecto de las bases es total.

Las y los compañeros en los edificios ni siquiera pueden responder ya por la integridad de los bienes contenidos en su interior, pues en dos ocasiones han ingresado agentes del Ministerio Público. Una el 30 de diciembre en que la Fiscalía Especial contra la Impunidad realizó un allanamiento en relación con la investigación de un caso de corrupción en que está implicado el exrector Estuardo Gálvez; y otro llevado a cabo por la Fiscalía de Distrito Metropolitano el 15 de enero, tras una denuncia de las autoridades de la Usac para el reconocimiento e inspección del estado de los sistemas informáticos y registros universitarios que se encuentran en los edificios.

Invitamos a las compañeras y compañeros que mantienen la toma a discutir el abandono de la misma en las mejores condiciones posibles. La situación actual del estudiantado sancarlista es precaria y hay muchas dificultades para seguir los cursos en línea; la lucha debe continuar, pero tomando las medidas para garantizar la participación real y efectiva de las bases estudiantiles, como realizar reuniones y foros virtuales y pequeñas reuniones presenciales. Estas bases son la verdadera razón de ser de los colectivos estudiantiles, y su participación es esencial.