Por Ricardo Patzán

Durante los cerca de 16 meses de pandemia del virus Covid-19 en Guatemala los patronos han destacado por cometer toda clase de abusos en contra de sus trabajadores, como despidos injustificados, recortes de salarios, suspensiones temporales de contratos e irrespeto de las condiciones de trabajo. Durante el mes de junio las organizaciones sindicales de dos empresas han denunciado medidas represivas y antiobreras por parte de las patronales.

El primer caso es del Sindicato de Trabajadores de la empresa Bremen (SITRABREMEN), dedicada a la producción de embutidos. Uno de los propietarios de la empresa es Francisco Arredondo, quien fuera ministro de salud pública durante la gestión del expresidente Otto Pérez Molina. Los compañeros sindicalistas han denunciado las maniobras de los dueños para causar su despido; esto lo han hecho mediante la creación artificial de situaciones en las que aparentemente los trabajadores no se presentan a sus labores. Por ejemplo, tratan de que se retiren de la empresa sin marcar sus horarios de entrada y salida, prohíben la entrada a sus puestos de trabajo, les han pedido que se presenten a supuestas capacitaciones a las 5 de la mañana prohibiendo luego su ingreso.

El motivo de estos ardides es no cumplir con el pacto de condiciones de trabajo firmado con el sindicato, y buscar el despido de los dirigentes sindicales. Cabe recordar que el 1 de septiembre de 2017 el compañero Tomás Francisco Ochoa, secretario de conflictos de SITRABREMEN fue asesinado en las cercanías de las instalaciones de la empresa por guardaespaldas de Arredondo. Los compañeros sindicalistas responsabilizaron de los abusos y represiones a Arredondo y a los gerentes y funcionarios Carlos Tajada, Walter Fuentes, Carlos Lux, Andrea Baldes, María Andre, Estuardo Ramírez y Víctor Rogelio López. (Con información del medio independiente El Gafete).

Otro caso es el denunciado por el Sindicato de Trabajadores del Grupo Frito Lay Compañía Limitada (SITRAFRITOLAY). Los compañeros del sindicato denunciaron, por medio de un comunicado, violaciones al pacto colectivo, la libertad de expresión y organización de los sindicalizados de parte de la empresa. La empresa es una subsidiaria de la empresa multinacional PepsiCo en Guatemala, cuya franquicia la ostenta la poderosa Corporación Castillo Hermanos, uno de los principales grupos de la oligarquía guatemalteca.

Entre las acciones de hostigamiento que realiza la patronal están: amenazas de amonestar a los compañeros que intentan hacer valer sus derechos; la empresa limita la comunicación entre los trabajadores y trabajadoras; promueve la tercerización laboral, contratando personal de otras empresas con el objetivo de impedir la sindicalización; supresión de puestos de trabajo; otorga beneficios económicos a algunos trabajadores para minar la unidad entre ellos; contrario a lo estipulado en el pacto colectivo, la empresa hace cambios arbitrarios en  los uniformes de trabajo, quitándoles las bolsas; la patronal retrasa la entrega de zapatos de trabajo, algo que también está estipulado en el pacto colectivo; represalias contra el sindicato, irrespetando las leyes laborales al despedir injustificadamente a los trabajadores que hacen valer sus derechos; 

El 14 de junio compañeros de SITRAFRITOLAY realizaron un plantón frente a la sede de la empresa y colocaron mantas denunciando la situación. Ya en el mes de marzo los compañeros habían denunciado todas estas anomalías. (Con información y fotografía de Prensa Comunitaria)

La Corporación Castillo Hermanos tiene una larga tradición de represión en contra de sus trabajadores. Solamente recordemos que entre 2007 y 2009, un grupo de obreros de una de sus empresas, Agua Pura Salvavidas – Distribuidora del Petén, trató de formar un sindicato, SITRAPETÉN, y fueron inmediatamente despedidos. Los compañeros erigieron en protesta un campamento en la Plaza de la Constitución de la capital, hasta que fueron violentamente desalojados por la Policía Nacional Civil.  

Por Úrsula Coj

La lucha por la tierra y el territorio en Guatemala ha sido parte del clamor de los pueblos indígenas y de la clase campesina por el reconocimiento de sus derechos, que el Estado neo-colonial ha conculcado en función de un proceso de acumulación capitalista, favoreciendo a diversas fracciones oligarcas y burguesas de la clase dominante.

La defensa de la tierra ha sido histórica. Podemos retomar el tiempo largo, desde la colonización, donde la corona se cuidó de dejar reservorios (pueblos de indios y tierras comunales) de tierra para fines relacionados a tributos y trabajo para los hacendados. Pero esto se dio con mayor intensidad desde el despojo de las tierras comunales durante la reforma liberal de finales del siglo XIX, en función del cultivo y la exportación de café, momento en que Guatemala se inscribió en la nueva división internacional del trabajo capitalista.

Durante el gobierno de Árbenz en 1952 se trató de subsanar esta situación de despojo realizando una reforma agraria con características democráticas, pero la contrarrevolución de 1954 retornó la tierra a la mayoría de finqueros y al monopolio de exportación bananera, aplicando políticas de terror a quienes osaron obtener tierra. Posteriormente los gobiernos militares, para disminuir la presión por la demanda de tierra, trataron de promover un programa de colonización territorios despoblados en el norte del país sin tocar la concentraron de la tierra. Y a partir de la firma de los Acuerdos de Paz se buscó entregar tierra a grupos campesinos por medio de la compra-venta de tierra de propietarios privados y estatales, de igual forma sin tocar los intereses de los grandes propietarios de cultivos extensivos.

La lucha por el territorio ha sido una demanda estructurada más recientemente, aunque con una visión integral influida desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, de su derecho a la autodeterminación y al disfrute de los bienes naturales. Esto por la apropiación realizada por diversos proyectos de extracción de recursos naturales, sobre todo minería, petróleo e hidroeléctricos. A raíz de eso, las comunidades indígenas, pero también mestizas, se organizaron a partir de 2004 contra este nuevo despojo, por medio de consultas enmarcadas en su legítimo derecho a la organización y al manejo de su territorio.

En ese sentido, una nueva afrenta se acaba de realizar con el desalojo de 35 familias campesinas Maya Q`ekchi`s en la Finca agropecuaria Canaán Sociedad Anónima, en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, movilizando a tres mil agentes de la Policía Nacional Civil. Durante el desalojo, elementos de la policía, pese a no realizar ninguna detención, actuaron destruyendo las propiedades personales de las familias allí asentadas (Prensa Comunitaria 16/06/2021).

No se tiene información sobre si las familias estaban negociando la titularidad de esta finca; pero la acción del juzgado que impartió la orden de desalojo muestra cómo los jueces asumen la defensa de los intereses de la burguesía. Recordemos que también en ese municipio las comunidades campesinas y de pescadores del lago Izabal, tienen una lucha contra la minera Compañía Guatemalteca de Níquel de origen ruso-suizo, que desde hace décadas -primero fue una empresa de capital canadiense- explota níquel y otros minerales importantes.

Por otro lado, está la situación del maestro y líder comunitario Bernardo Caal Xol, en el departamento de Alta Verapaz, detenido bajo cargos falsos de agresión, por el hecho de coordinar la resistencia contra la hidroeléctrica Oxec S.A., que opera sobre los ríos Cahabón y Ox-eek, cuya propiedad es del grupo Energy Resources Capital. Esta empresa, junto a la firma NETZONE S.A., contratista de la primera, ha logrado que el sistema de justicia criminalice y encarcele a este líder. Atrás de estas empresas esta Florentino Pérez, dueño del club Real Madrid de España.

Así, el pasado cuatro de junio se realizó una gran movilización hacia la cabecera de ese departamento, Cobán, desde el municipio de Cahabón, Chamelco, y desde las denominadas vertientes de Santa Cruz al sur y Chisec desde el norte. Esta manifestación de repudio protagonizada por las comunidades mayas contra el poder estatal asentado en Cobán, se realizó mientras que Caal participaba en una audiencia pública por su caso, en la Ciudad Capital.

Como PSOCA exigimos la liberación inmediata de Bernardo Caal y de todos los líderes comunitarios presos y la restitución de tierras usurpadas históricamente a la población campesina. Pero la solución de fondo es una reforma agraria realizada por los trabajadores, campesinos y los pueblos mayas e indígenas, que reconozca a las comunidades como titulares de sus territorios.

Por Armando Tezucún

El desfile de funcionarios de Estados Unidos que visitan el Triángulo Norte de Centroamérica para impulsar la política de la administración Biden hacia la región no se detiene. La presencia más reciente en el área la tuvimos con la administradora de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), Samantha Power. La burócrata realizó un periplo por Honduras, El Salvador y Guatemala entre el 13 y el 17 de junio, una semana después de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a nuestro país.

¿Quién es Samantha Power?

Power es una académica y diplomática que tuvo una participación destacada en la administración de Barak Obama (2009 – 2017). Anteriormente a ello fue periodista y corresponsal en zonas conflictivas, con títulos universitarios en historia y derecho. Ganó un premio Pulitzer en 2003, y otros reconocimientos, entre ellos el de la revista Foreing Policy como una de las cien mejores pensadoras globales.

Fue directora sénior de Asuntos Multilaterales  y Derechos Humanos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos entre 2008 y 2013, siendo una persona clave en la decisión de la intervención imperialista durante la guerra civil en Libia en 2011, que culminó con el derrocamiento de Muamar El Gadafi; también tuvo el cargo de embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas entre 2013 y 2017, negociando sanciones impuestas a Corea del Norte y participando en las medidas que bloquearon las fuentes de financiamiento del grupo extremista ISIS.

Por otro lado, propuso medidas para garantizar la libertad religiosa, la prevención del tráfico ilegal de personas, los derechos de la comunidad LGBT, sobre todo en algunos países del continente africano. Al finalizar el gobierno de Obama, Power regresó a la docencia en la Universidad de Harvard.

Ahora está a cargo de la USAID, entidad que canalizará e implementará el grueso de la ayuda que el gobierno de Joseph Biden aportará al área para frenar la imparable ola migratoria hacia los Estados Unidos.

Power en Guatemala

Con el bagaje y la experiencia que hemos mencionado, Power arribó a Guatemala el 15 de junio, y durante dos días se reunió con el presidente Giammattei, la fiscal general Consuelo Porras, funcionarios de justicia y beneficiarios de los planes de asistencia impulsados por la agencia que dirige.

Siguiendo la tónica de las visitas de Harris y Zúñiga, la visitante enfatizó la necesidad de luchar contra la corrupción y mantener la independencia de las cortes de justicia y los fiscales. En estos temas mantuvo el tono prudente y moderado de sus predecesores, aunque lo suficientemente firme para que Giammattei y su gobierno se den por enterados de qué es lo que demanda el amo del norte.

En realidad, la actitud de ambos gobiernos puede describirse más bien de mutua tolerancia. Estados Unidos está urgido de contar con un gobierno aliado para impulsar su política anti migratoria en el área; con un irreverente Bukele en El Salvador y un Juan Orlando Hernández con nexos con el narcotráfico en Honduras, el mal menor es el gobierno guatemalteco. Éste escucha las críticas mordiéndose la lengua y con la cabeza agachada, mientras aprovecha algunos beneficios que le granjea su sumisión y procura hacer lo mínimo para remediar la corrupción y la impunidad que campean en el país (ver Kamala Harris en Guatemala: una visita por descarte, no por mérito, Plaza Pública 05/06/2021).

Apoyo al combate a la corrupción

Power hizo ver al presidente Giammattei la preocupación de la USAID y sus socios por la próxima vigencia de las reformas a la ley de Ongs: “Tuvimos la oportunidad de plantear no solo nuestras preocupaciones por la ley de oenegés y sus efectos…ninguno de nosotros sabemos cómo se va a implementar”; el mandatario contestó que aún no se ha puesto en vigor la ley, y “Ya veremos cuáles son los reglamentos y su normativa” (Prensa Libre 17/06/2021).

La enviada de la administración Biden anunció un apoyo de US$ 19 millones, de los cuales, más de US$ 12 millones serían para programas de lucha contra la corrupción e impunidad, incluyendo el fortalecimiento de la vigilancia de los sistemas financieros y de la sociedad civil que vela por la transparencia. Otros US$ 5 millones serán para programas de educación en colegios y universidades y más de US$ 2 millones para fomentar la participación de jóvenes y pueblos indígenas en la toma de decisiones.

Power aseguró que hay empresas estadounidenses interesadas en invertir en Guatemala, pero “estas empresas desean un estado de derecho y un buen gobierno” …  “Es fundamental que dé (Giammattei) prioridad a la lucha contra la corrupción y garantice que las ONG y la sociedad civil puedan operar libremente a raíz de la nueva ley que impone requisitos de presentación de informes” (La Hora 16/06/2021). Enfatizó también su apoyo al fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), señalando la importancia de su actuación independiente.

El impulso a la pequeña y mediana empresa

Como un punto central de las acciones a ser implementadas, Power presentó el programa Innovación para el Desarrollo y el Emprendimiento en Guatemala (Gedi), que contará con un fondo de US$ 37 millones. Este plan coincide con el anuncio de la vicepresidente Harris de incrementar el apoyo a los pequeños y medianos empresarios con el propósito de generar más empleo y desarrollar el país.

La iniciativa se basa en la alianza entre inversores privados, organizaciones civiles y la Usaid. Sin embargo, la mayor parte de los fondos provendrá de empresarios privados, básicamente en la forma de préstamos, por un monto de US$ 30 millones, y la agencia gringa aportará solamente US$ 7 millones. La embajada estadounidense proporcionó a Power el dato de que cada año 150 mil jóvenes se incorporan a la población económicamente activa en Guatemala, pero el sistema económico solo general 30 mil empleos anuales. Ante eso, la funcionaria expresó: “La brecha del mercado laboral es muy grande. Por lo tanto, los emprendedores representan un motor importante de la economía de Guatemala, porque son quienes poseen el potencial de generar nuevas ideas y de crear nuevos empleos” (Prensa Libre 16/06/2021).

Así, el Gedi tiene como propósito el acceso de las pequeñas y medianas empresas a financiamiento y asistencia técnica. Se dará preferencia a negocios orientados a la agricultura y la energía renovable, fomentando la resiliencia al cambio climático, el acceso a energías renovables, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el desencadenamiento de la innovación. En el acto de lanzamiento del programa fueron presentados pequeños negocios que crecieron gracias al apoyo de Usaid, en las áreas de venta de bicicletas, producción de café, salud digital, certificación de calidad de productos, artículos y juguetes para perros, elaboración de artículos de cuero y fabricación de snacks a base de maíz. Power afirmó “Los negocios pequeños y medianos tienen una función muy importante en la economía guatemalteca porque ofrecen bienes y servicios cruciales y más del 80%, según entiendo, del empleo en Guatemala. Esto permite a los guatemaltecos triunfar” (La Hora 15/06/2021); o como afirmara el embajador gringo Popp, “Las pequeñas y medianas empresarios (sic) son el corazón para crear empleos y crecimiento económico” (Idem).

¿Los pequeños y medianos negocios son la solución?

No es casualidad que los representantes del imperialismo presenten como la gran solución para frenar la migración la creación de pequeñas y medianos negocios, es decir el fortalecimiento de la pequeña burguesía, utilizando como justificación una serie de falacias.

Obviamente tienen que hacerse de la vista gorda frente a la realidad de que la miseria y la precariedad que empuja a los trabajadores a buscar mejor vida en el extranjero, es provocada por un sistema económico capitalista peculiar. Este sistema se fue forjando desde finales del siglo XIX, con el apoyo, aval, complicidad y asociación de las empresas, multinacionales y gobiernos de Estados Unidos (republicanos y demócratas). Las familias oligárquicas guatemaltecas han afianzado su poder amparadas por sucesivas componendas con el imperialismo, incluyendo el respaldo a los gobiernos militares en la guerra interna que dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos.

La economía guatemalteca está controlada por ocho o diez familias que administran grandes grupos corporativos, y por multinacionales que monopolizan sectores vitales, como las comunicaciones o energía. Estos grandes conglomerados invierten en los negocios que les reportan mayores ganancias, sin importarles las necesidades de la población. De esta manera han creado enormes empresas que utilizan poca mano de obra, como las extensas plantaciones de palma africana, uno de los negocios más lucrativos de la oligarquía; el negocio del azúcar es otro de ellos, que genera miles de empleos en la temporada de zafra, con salarios miserables, sin ninguna protección social, y en condiciones deplorables. Al igual que en la época de corte del café, estos trabajos son temporales, y el resto del año estos semiproletarios deben regresar a sus pequeños terrenos, a una vida de extrema pobreza, mientras las mejores tierras son acaparadas por las grandes empresas de mega-cultivos de agroexportación.

Samantha Power, la Usaid y la administración Biden vuelven el rostro hacia otro lado ante esta realidad, pues no pueden romper sus acuerdos con la oligarquía guatemalteca y las multinacionales. Prefieren agarrarse de la falacia de que los negocios pequeños y medianos “permiten a los guatemaltecos triunfar”.

Sin servicios básicos gratuitos y de calidad, los trabajadores informales no pueden tener una vida digna

Obligada a encontrar soluciones que dejen intactos los negocios de la oligarquía y las multinacionales, Power toma el dato de que el 80% de la población económicamente activa vive de la economía informal, como algo positivo, para ensalzar las bondades de la pequeña y mediana empresa. La burócrata gringa ignora a propósito que una gran parte de esos trabajadores informales se sostiene precariamente de micronegocios, de ventas pequeñas de alimentos, y variedad de artículos que comercian en las calles de las ciudades, en los mercados y en los buses del transporte colectivos. Otra parte de estos trabajadores informales son en realidad asalariados de pequeñas empresas cuyos dueños no se inscriben en el sistema de seguridad social; es muy probable que los negocios impulsados por la Usaid estén en esta categoría, y los famosos empleos que se crearán de esta forma sean empleos precarios que no gocen de protección social ni del salario mínimo de ley.

Y este es un punto vital. Es una realidad que el proletariado, entendido como trabajadores asalariados que trabajan en empresas capitalistas, es una minoría en Guatemala, aproximadamente un 25 o 20% de la población económicamente activa, si nos atenemos a los que están formalmente inscritos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss). El porcentaje se incrementa si tomamos en cuenta a los trabajadores agrícolas temporales y trabajadores de empresas no inscritas al Igss, que por lo general no gozan del salario mínimo de ley ni de prestaciones sociales.

Guatemala es en realidad un país donde predomina la pequeña burguesía, en su mayoría pauperizada y empobrecida. Para mejorar realmente las vidas de los trabajadores informales, a quienes ni la oligarquía ni las multinacionales son capaces de proveer empleos decentes, el Estado debe garantizarles una serie de servicios básicos que de otra manera no son capaces de obtener. Pero resulta que los mismos poderosos grupos empresariales que controlan el país han conformado un Estado débil, sin recursos, porque sistemáticamente se han negado a pagar suficientes impuestos. De allí que, tal como hemos presenciado en la actual pandemia de Covid-19, el Estado guatemalteco es incapaz de proveer a la población de servicios eficientes y gratuitos de salud, ni un sistema educativo de calidad, ni vivienda decente y asequible, no digamos un servicio de energía eléctrica eficiente (actualmente en manos de multinacionales), ni acceso al agua potable; la lista puede continuar indefinidamente, incluyendo la falta de prestaciones de vejez, por maternidad, por accidentes o invalidez, o seguro de desempleo. En otras palabras, el 75 u 80% de la población guatemalteca está librada a su suerte todos los aspectos que hemos mencionado, que constituyen realmente un derecho para que los seres humanos tengamos una vida digna. No sorprende entonces que la población prefiera aventurarse en un viaje incierto y riesgoso para buscar mejor vida en Estados Unidos. 

Por un programa democrático revolucionario que incluya a la pequeña burguesía empobrecida

Los socialistas revolucionarios no podemos ignorar el potencial revolucionario es este enorme contingente no proletario cuyo nivel de vida ha sido sistemáticamente deteriorado por el capitalismo peculiar que impera en Guatemala y la región centroamericana. Esta pequeña burguesía es un aliado esencial en el proceso de profundas transformaciones que conducirá al socialismo; y tiene un fuerte componente indígena, con sus propias reivindicaciones. Para ganar a este aliado debemos presentar un programa de lucha democrático revolucionario que incluya sus demandas más sentidas. Este programa deberá contemplar una dinámica de transformaciones anticapitalistas, que aseguren el papel protagónico del Estado, un nuevo Estado que represente la participación consciente de las y los trabajadores, y los sectores pobres de la población en la toma de decisiones.    

Por Ricardo Patzán

Como un segundo acto de la reciente ofensiva diplomática de la administración Biden hacia la región centroamericana, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitó Guatemala el 6 y 7 de junio. El encuentro del secretario de Estado Antony Blinken con los cancilleres de la región en Costa Rica el 1 y 2 de junio sirvió de antesala al viaje de Harris; la creciente importancia que han adquirido los países centroamericanos para Estados Unidos, debido al agudo problema migratorio, se vio reflejado en el hecho de que es el primer viaje al extranjero realizado por la vicemandataria.

En medio de un fuerte operativo de seguridad desplegado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, Harris arribó al Aeropuerto La Aurora en el atardecer del día 6. Al día siguiente, luego de actos protocolarios, tuvo un encuentro con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei a las nueve de la mañana, para brindar una declaración conjunta a las 11:00 horas. Por la tarde se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil; y por la noche partió hacia México a reunirse con las autoridades de ese país, de nuevo para tratar la problemática migratoria.

Los acuerdos firmados con el gobierno

El punto central de la visita de Harris a Guatemala fue la firma de varios acuerdos de cooperación con el gobierno de Giammattei, en torno a temas de las condiciones económicas, gobernabilidad y seguridad que influyen en la migración de ciudadanos hacia Estados Unidos.

Uno de los acuerdos es la conformación de una Fuerza de Tarea contra la Corrupción, que contaría con el apoyo de los Departamentos de Justicia y Estado de Estados Unidos; estas entidades crearían un equipo de trabajo contra la corrupción que incluiría a fiscales y especialistas, quienes ayudarían en la investigación de casos de corrupción que tengan nexos con Estados Unidos, Guatemala y la región centroamericana. Se pondría a disposición del Ministerio Público y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) asesores legales que ayuden al desarrollo de capacidades, formación y tutoría.

Se creará también un Fuerza de Tarea contra la Trata de Personas, de nuevo con el apoyo de los Departamentos de Justicia y de Estado, creando un equipo regional para identificar, desarticular y prevenir las operaciones de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Por último, se firmó un acuerdo para el apoyo a la generación de oportunidades económicas a mujeres indígenas, pequeños emprendedores y empresas, construcción de viviendas en áreas con altos niveles de migración, agroindustria y préstamos a pequeñas y medianas empresas. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) aportará fondos por casi US$ 50 millones para estos proyectos, y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC), de Estados Unidos, aportará otros US$ 40 millones, esperándose que empresas privadas también inviertan.

El enfoque mezquino de Biden y Harris para enfrentar la pobreza

La USAID presentó a Harris, durante su estancia, a tres mujeres indígenas que han recibido apoyo para desarrollar pequeñas empresas de producción y procesamiento de chocolate, café y amaranto. Este tipo de enfoque micro, por beneficioso que sea a nivel individual, jamás va a solucionar el problema general de pobreza y miseria que empuja a los guatemaltecos a migrar, que es un problema estructural, en el que un pequeño grupo de corporaciones nacionales e internacionales acaparan la mayor parte de los recursos y la riqueza del país. Ni Harris, ni Biden ni la USAID van a enfrentar jamás a estos grupos poderosos, porque ellos mismos representan también, en última instancia, los intereses de las multinacionales que controlan la economía de Estados Unidos.

La vicemandataria y Giammattei comparten esta visión engañosa, que no es más que un espejismo que crea falsas ilusiones en la población. Harris declaró: “El presidente y yo compartimos esa creencia firme de que nuestra responsabilidad y nuestra capacidad es insuflarle un poco de esperanza a la gente.” (Prensa Libre 08/06/2021).     

Otro pilar de este plan es la atracción de inversión extranjera. “También voy a seguir trabajando con ejecutivos de todas partes del mundo para alentar que se hagan inversiones en Guatemala…” dijo Harris (Idem). La vicepresidenta ya se reunió con una docena de empresas, previo a su llegada a Guatemala, para invitarlas a invertir; entre ellos están Microsoft, Bancolombia, Mastercard y Nespresso. Y el ministro guatemalteco de economía, Antonio Malouf, ya adelantó que se les otorgará beneficios fiscales a los inversores.

Por su parte, el gobierno guatemalteco presentó a Harris una propuesta para generar 2.5 millones de empleos en diez años, para frenar la migración. El plan se basa en la atracción de inversión extranjera, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y la mejora del comercio exterior del país; también contempla la promoción de misiones comerciales, el desarrollo de capacidades productivas en la juventud, el fortalecimiento de cadenas agroindustriales y la simplificación de trámites para las empresas. El Ministerio de Economía informó que las inversiones extranjeras se encauzarían a industrias farmacéuticas, insumos médicos, aparatos electrónicos y Bpos (subcontratación a proveedores de servicios) y se trataría de fortalecer la agroindustria, alimentos, químicos, plásticos, hule, vestuario y textiles, sectores en que el país no se desempeña de manera destacada a nivel mundial (Prensa Libre 08/06/2021).

Aunque no se reveló más detalles del plan, estos puntos no difieren mucho de otros planes presentados por las organizaciones empresariales, que se basan en la flexibilización de las condiciones laborales, como el trabajo a tiempo parcial, los salarios diferenciados y las exenciones de impuestos a las empresas, factores que a la larga no van a reducir los niveles de pobreza, que afectan al 59% de la población guatemalteca.

El tema de la corrupción

Durante con su encuentro con ongs y grupos de la sociedad civil (en su mayoría los mismos con los que se reunió virtualmente en abril), la vicepresidenta abordó el tema de la corrupción. “Este momento es para hablar con la verdad sobre este asunto y abordarlo en todas sus manifestaciones.” (Prensa Libre 08/06/2021).

Harris aseguró que “Nuestra prioridad debe ser la lucha contra la corrupción porque esta erosiona la confianza de las personas en su gobierno y pone en peligro la capacidad de cualquier país de aprovechar al máximo sus recursos naturales para apoyar a sus ciudadanos. Nuestra meta principal es ayudar a los guatemaltecos a sentirse esperanzados quedándose en casa” (Prensa Libre 08/06/2021). 

Se refirió a que tiene claro que la impunidad favorece a las personas que gozan del poder y desfavorece a quienes no lo tienen, “Los Estados Unidos entonces seguirán planteando sus inquietudes sobre las amenazas a la independencia del poder judicial, la prensa y la sociedad civil en Guatemala” (Idem). Resaltó la importancia de respaldar a la FECI y a su jefe, que ha sido objeto de ataques; algunos de los participantes destacaron que Harris indicó que le hizo ver al presidente Giammattei que la independencia judicial y el respaldo a la FECI son importantes para abrir la cartera comercial de empresas guatemaltecas, y se mostró preocupada por las reformas a la Ley de Ongs.

Uno de los acompañantes de Harris, Juan González, asistente especial del presidente Biden, en una entrevista a un medio se refirió al tema de las reformas a la Ley de Ongs, y expresó que el presidente Giammattei le aseguró a Harris que su propósito no es controlar las ongs, sino estandarizar la información sobre quién está dándoles fondos sin tener que restringirlas o frenarlas, “…ese fue el compromiso que nos dio y esperamos que así sea” (Prensa Libre 08/06/2021). También dijo que él y el enviado especial Ricardo Zúñiga se reunieron por aparte con la fiscal general y con las organizaciones empresariales, pero de estas reuniones no se ha divulgado noticias.

La solución está en manos de las y los trabajadores

Sabemos que algunas ongs, grupos de derechos humanos, organizaciones campesinas/indígenas y sindicatos lamentablemente se han tragado el cuento de que el origen de todos los males en Guatemala es la corrupción. Incluso, algunos de estos grupos se tomaron la molestia de dirigirle cartas abiertas a la vicepresidenta Harris y otros se apostaron en las calles que ella habría de recorrer con mensajes sobre la verdadera situación en Guatemala, como si se tratara de la santa madre que viene a solucionarnos los problemas. Esta actitud es comprensible, en vista de la pasividad general de la población ante el avance que han tenido los grupos de poder corruptos en el control absoluto de las instituciones del Estado y los ataques a jueces y funcionarios que se han atrevido a enfrentárseles; la escasa concurrencia a la protesta convocada para el sábado 5 de junio es muestra de ello.

Debemos estar claros de que el problema de nuestro país no es la corrupción en sí; ésta es más bien un elemento en el engranaje que hace funcionar un sistema injusto de distribución de la tierra, los negocios, las fábricas y las empresas, que pertenecen a una élite multimillonaria; sistema cuyo origen viene al menos desde el siglo XIX. Ni Biden ni Harris se van a enfrentar a esas élites para solucionar la pobreza de los guatemaltecos.

Es tarea de las y los trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes y mujeres asumir la lucha contra la corrupción, la pobreza y por los derechos democráticos; esta lucha lleva implícita una dinámica anticapitalista.