Por Armando Tezucún

El jueves 18 de noviembre el pleno de diputados del Congreso aprobó en tercera lectura, con 120 votos a favor, el presupuesto general del Estado para 2022. Esta es la primera vez en dos años que se logra aprobar un nuevo plan de gasto gubernamental, pues en noviembre de 2019 no hubo acuerdos entre las bancadas de diputados y el gobierno electo para aprobar el presupuesto 2020; y en 2020 el gobierno de Giammattei tuvo que recular ante las protestas masivas de la población y el descontento del empresariado, por un presupuesto 2021 aprobado con opacidad y sin discusión.

La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, controlada por el oficialismo, entregó el 15 de noviembre a la Junta Directiva del mismo el dictamen favorable el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022 para su discusión en el pleno del legislativo. La propuesta de esta comisión contemplaba un techo de Q 105,930 millones, un monto mayor a la propuesta que recibió el 2 de septiembre de parte del Ministerio de Finanzas, que era de Q 103,900 millones. Los recursos que adicionó la Comisión de Finanzas estarían destinados a programas de alimentación escolar, de atención al Covid-19, construcción de dos hospitales, aportes a organizaciones no gubernamentales y fortalecimiento de la gestión administrativa del Congreso.

Los cambios incorporados por el pleno de diputados

La bien aceitada maquinaria del oficialismo y sus aliados logró que la aprobación del proyecto de gastos fluyera sin inconvenientes; el 16 de noviembre pasó en primera lectura, el 17 en segunda y finalmente el 18 en tercera lectura y aprobación final por artículos.

Pero en la tercera sesión hubo también adiciones al gasto gubernamental 2022, que hicieron que ascendiera a Q 106,229,767 millones. Las enmiendas hechas se refieren, entre otros, a los siguientes temas: Q 70 millones para apoyo a las comadronas, quienes recibirán Q 3 mil cada una al año; al Ministerio de salud se le autorizó aumentar asignaciones presupuestarias a unidades ejecutoras mediante readecuaciones internas; a la Gran Cruzada por la Nutrición se le aumentaron Q 240 millones; fue modificada una asignación de Q 20 millones para el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos, en Quetzaltenango, para que sea utilizada en programas de funcionamiento de toda la universidad; a la Comisión Nacional de Prevención Contra la Tortura le fueron asignados Q 7 millones; el Ministerio de Agricultura recibió un aporte extra de Q 28 millones para apoyar proyectos en el departamento de Petén, en especial para el sector ganadero; y finalmente se ordenó al Ministerio de Salud para que haga los cambios en su presupuesto para trasladar a trabajadores en renglones temporales a contratos 011, una demanda que compañeros salubristas exigieron durante varios días en las afueras del Congreso.

Una victoria parcial para los trabajadores de salud  

Al menos desde el 10 de noviembre compañeras y compañeros del Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios (que aglutina a trabajadores de centros hospitalarios de la capital y del interior del país) iniciaron un plantón permanente en los alrededores de la sede del Congreso, para reclamar el traslado de 36 mil trabajadores que se encuentran bajo contratos temporales, al status de trabajadores permanentes; para ello los compañeros demandaban un incremento de Q 1,300 millones al presupuesto del Ministerio de Salud en 2022.

Esta enorme cantidad de trabajadores están arriesgando sus vidas en el combate al coronavirus y no gozan de estabilidad laboral, pues los hacen firmar contratos por 3 meses, no tienen derecho a aguinaldo, jubilación ni otras prestaciones de ley. Como declaró un compañero, les “hacen firmar un contrato que a los tres meses les cancelan ese dinero de lo que trabajaron, pero lo que es peor es que luego de esos tres meses deben firmar otro contrato; algunos son de un año, otros no. En esos abusos, ellos no tienen derecho a seguro social, a bono 14, aguinaldo ni vacaciones. Hay personal que lleva en esta situación durante varios años.” (Prensa Libre 11/11/2021).

A pesar de la presión de los compañeros, la alianza oficialista no adicionó fondos al Ministerio, solamente le ordenó que hiciera una readecuación presupuestaria para favorecer el traslado de trabajadores. De esta cuenta, el bloque de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza citó al ministro de salud Francisco Coma, para conocer la situación del traslado de plazas laborales. Coma expresó que para 2022 cuenta con Q 600 millones para los traslados, lo que beneficiaría a 5 mil o 6 mil trabajadores con plazas permanentes. El ministro declaró “Tenemos una estructura para migrar de los 16 mil puestos ya creados, un aproximado de entre el 30 o 35 por ciento de plazas, que equivale a 5 mil o 6 mil plazas a lo largo de 2022. Ha sido el movimiento más importante que se ha dado de personal en los últimos 20 años” (La Hora 18/11/2021).

Esto está lejos de la meta propuesta por el sindicato, pero es un primer logro. Los compañeros y compañeras tienen por delante la tarea de vigilar que el ministro cumpla su promesa, y que en el presupuesto 2023 se contemple el beneficio para más trabajadores.

La corrupción en los fondos para alcaldías

En la sesión del 18 de noviembre se hicieron presentes varios alcaldes de municipios del interior, ubicados en el palco del salón de sesiones, quienes aplaudían a los diputados que daban su aprobación al proyecto de presupuesto 2022. Desde semanas antes los funcionarios habían estado cabildeando con legisladores para pedir la aprobación del proyecto.

El interés de los jefes ediles radica en que el plan de gastos estipuló que los fondos no ejecutados por los Consejos Comunitarios de Desarrollo en 2021 podrán sumarse a los fondos asignados para 2022, y no pasarán al fondo común del Estado. Estos consejos, en su mayoría vinculados estrechamente a los alcaldes, tienen asignados fondos por Q 600 millones en 2021 para ejecución de proyectos, que a casi un mes de finalizar el año no han sido gastados en su totalidad. Sabemos que es ya tradición que los fondos destinados a obras en el interior, sobre todo en infraestructura, sean objeto de manejos corruptos, generando jugosos negocios entre diputados, gobernadores departamentales, empresas constructoras y alcaldes. La decisión de permitir a los consejos disponer de los fondos no ejecutados sumándolos a su presupuesto de 2022, seguramente toma en cuenta que éste será un año preelectoral, y serán utilizados con fines clientelares, con la vista fija en las elecciones de 2023.

Los diputados de oposición recordaron que para la reciente elección de Junta Directiva del Congreso 2022 el oficialismo hizo correr mucho dinero y promesas de negocios millonarios para sumar votos para su planilla. El incremento de los fondos para inversiones sumando los saldos de 2021 seguramente fue uno de los temas negociados. 

Ongs de cartón se benefician del presupuesto 2022

Al igual que otros años, una serie de organizaciones no gubernamentales de dudosa procedencia y vinculadas a funcionarios se han beneficiado recibiendo fondos del presupuesto del Estado.

Entre ellas destaca la Fundación Conguate, cuyo representante legal es Armando Rosales Izás, asesor del diputado del partido oficial Roberto Calderón, jefe de la Comisión de Educación del Congreso; Rosales gana Q 20 mil mensuales por su cargo de asesor. En los dos últimos años Conguate ha recibido Q 3 millones, casualmente para hacer inversiones para el Ministerio de Educación (Mineduc). En 2019 la fundación recibió Q 1 millón del Mineduc para instalar talleres de belleza, cocina y panadería en apoyo a migrantes, en el Instituto Centro de Usos Múltiples de Mixco. En 2020, en medio de la suspensión de clases por la pandemia, el ministerio firmó un nuevo convenio con Conguate por otro millón, para mejorar el equipo y mobiliario de los talleres de panadería y dibujo en el mismo lugar. En 2021 surgió otro convenio por la misma cantidad para acondicionar talleres de panadería, belleza y corte y confección en el Instituto Enrique Gómez Carrillo; pese a que los fondos ya fueron liquidados al Mineduc, el diario Prensa Libre no pudo encontrar las instalaciones de dichos talleres en una visita que hizo al instituto. Mientras el diputado Calderón se exhibe en actividades públicas con la ministra de educación Claudia Ruiz, Conguate recibirá Q 7 millones en 2022.

Conguate hacía parte de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en EE.UU., que llegó a tener más de cien organizaciones de migrantes que financiaban proyectos en Guatemala. Cuando Calderón formó la fundación y empezó a recibir fondos del Estado la mayoría de sus asociados se retiraron y la actual junta directiva se eligió sin el consentimiento de la comunidad de migrantes.

Otra ong fundada por funcionarios del gobierno para nutrirse de los fondos públicos es el Instituto de Justicia Ciudadana, a la cual se le asignaron Q 3 millones del presupuesto 2022. Su representante legal es Ragde Rivera Aquino, quien prestó servicios profesionales en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en 2020 y fue candidato a magistrado de la Corte de Apelaciones; en 2019 fue contratado por servicios profesionales en el Ministerio de Desarrollo Social y por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Este instituto tiene como única fuente de información pública una página de Facebook creada en 2015 que sólo tiene seis publicaciones, la más reciente de julio de 2016. Se identifica como una asociación no lucrativa que presta servicios gratuitos a personas en pobreza y pobreza extrema para plantear soluciones legales en beneficio de la sociedad. Esta vez fue el diario La Hora el que investigó la sede del instituto, para encontrar que no está ubicada en ese lugar. El medio consultó con la secretaría de Comunicación Social del Ministerio de Gobernación, pero su vocero contestó que nunca antes había escuchado sobre dicha ong.

Un caso más es la Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida, que en 2016 donó medicamentos vencidos al Ministerio de Salud, y que recibirá Q 25 millones en 2020. El diputado Carlos Barreda denunció en una ocasión que esta asociación está vinculada al exalcalde de Zacapa Arnoldo Vargas, quien estuvo preso 25 años en Estados Unidos por narcotráfico.

Dos asociaciones más fueron beneficiadas por cambios de último momento al presupuesto, a instancias de diputados de la alianza oficialista. Son la Asociación Fraternidad Misionera Nuestra Señora de la Asunción, que recibirá Q 1 millón, y la Asociación Vivan los Jóvenes, a la cual le tocan Q 2 millones. Ninguna de ellas tiene páginas actualizadas en redes sociales.

Paradójicamente, mientras la Corte de Constitucionalidad dio vía libre a las reformas a la Ley de Ongs que buscan frenar y controlar las actividades de asociaciones que buscan garantizar el cumplimiento de derechos democráticos, el gobierno y la alianza oficialista en el Congreso otorgan millones a organizaciones poco transparentes, que no son más que un jugoso negocio de diputados y funcionarios.

De nuevo los bonos del tesoro, el gran negocio de los bancos 

Según el ministro de Finanzas, el presupuesto 2022 estará financiado en su mayor parte por un incremento en la recaudación tributaria, con una proyección de ingresos por Q 74,368 millones. Sin embargo, está programada la colocación de bonos del tesoro por la cantidad de Q 16,936.1 millones, si bien la contratación de deuda externa asciende a solamente Q 2,451.5 millones.

Recordemos que, por la emergencia de la pandemia, el endeudamiento del gobierno de Giammattei en 2020 llegó al 33.4 % del Producto Interno Bruto, o Q 194,416,7 millones. El monto programado para el servicio de la deuda pública es de Q 15,312 millones, inferior a la deuda que se adquirirá en bonos del tesoro, que son una forma de endeudamiento público mucho más caro y opaco que los préstamos a entidades financieras internacionales. Pareciera que el gobierno quiere favorecer intencionalmente a los consorcios financieros, que son los que se benefician de la compra de bonos, pues para ellos es una inversión segura y rentable; incluso asociaciones empresariales como el Consejo Nacional Empresarial se han quejado de que los grandes bancos prefieren destinar sus recursos a la compra de bonos del Estado que a otorgar préstamos a las empresas.

Un presupuesto para favorecer a las estructuras de corrupción

Hay otros aspectos graves que denunciar del presupuesto aprobado por el Congreso, como los recortes a programas que benefician a las mujeres, como los fondos para el Grupo Guatemalteco de Mujeres que atiende a víctimas de violencia; programas del Ministerio de Salud para alimentación para mujeres embarazadas y lactantes, y atención a mujeres víctimas de violencia sexual; programas de desarrollo y educación para mujeres eliminados del Ministerio de Desarrollo Social; y cinco programas para mejoramiento de hogares de mujeres rurales eliminados del Ministerio de Agricultura. O como el seguro médico escolar, firmado por el Ministerio de Educación con aseguradoras privadas el año pasado, que vuelve a cobrar vigencia el próximo año por Q 300 millones, que fue una total pantomima que únicamente benefició a las empresas aseguradoras, que hacen parte de los grandes consorcios financieros.

El gobierno de Giammattei y sus secuaces en el Congreso han aprobado un presupuesto de gastos para el próximo año ajustado a las necesidades de los negocios corruptos de alcaldes, gobernadores departamentales, diputados, funcionarios ministeriales y empresarios de toda calaña. 

Rechazamos tajantemente este adefesio de presupuesto, y hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, de mujeres, jóvenes y populares a rechazarlo en las calles y carreteras, presionando al Congreso y al gobierno a que den marcha atrás.

Por Úrsula Coj

El pasado 15 y 16 de noviembre el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) realizó una serie de bloqueos en las principales carreteras del pais, que se agregan a un contexto de movilizaciones en los últimos meses.

Estos bloqueos afectan a los grupos concentrados del capital, al grado que las cámaras de Comercio, Industria y Agro, tradicionales representantes de la oligarquía monopólica, exigieron su rompimiento. Pero también el Consejo Nacional Empresarial -recientemente creado-, conformado por algunos sectores empresariales no oligárquicos y que ciertos sectores de la sociedad civil vieron con buenos ojos por su crítica al gobierno de Giammattei, se sumó y exigió que se aplicara la ley contra las acciones de Codeca. Entonces vemos cómo coinciden los distintos sectores de la burguesía, en pro de sus intereses.

Por otro lado, es cierto que resulta afectada buena parte de la clase trabajadora que se moviliza a sus centros de trabajo, donde los patrones les descuentan en la mayoría de casos si llegan tarde, a pesar del hecho de que por el congestionamiento de tráfico habitual pasa lo mismo, lo cual debería ser considerado como horas de trabajo y pagadas. Esta situación claramente genera molestias, al grado que en Tecpan, Chimaltenango, se dieron forcejos entre manifestantes y usuarios de las carreteras; por tanto, esto obliga a repensar cómo acomodar tal táctica de protesta para lograr cierta simpatía de la población, hasta que la población afectada se dé cuenta que la exigencia es contra de sus patrones.

El paro de CODECA tuvo una particularidad que lo diferencia de otros que realiza esta organización; es el hecho de que se pronunció correctamente contra el alto costo de la vida, como el encarecimiento de los bienes de consumo para la clase trabajadora y el estancamiento de los salarios.

Además, exigieron la desmilitarización del municipio de El Estor, tras el estado de sitio impuesto por el gobierno por la protesta de las comunidades mayas-quekchies contra la mina de capital ruso-suizo Compañía Guatemalteca de Níquel.

Asistimos a una constante de movilizaciones -aunque de sectores de vanguardia centrada en los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y algunos sindicatos combativos sobre todo de trabajadores públicos- que se vienen dando desde finales del año pasado. Recordemos que estamos a un año de las movilizaciones contra la aprobación del presupuesto de ingresos del Estado en 2020 que generó una fuerte represión y la quema de parte del edificio del Congreso de la República

En 2021 también se dieron una serie de movilizaciones con el denominado Paro Plurinacional, nuevamente protagonizado por segmentos organizados de los pueblos indígenas y campesinos.  CODECA también se movilizó, aunque por aparte, producto de las posiciones sectarias existentes en las organizaciones populares.  Esto debilita la organización de un amplio movimiento que se convierta en un verdadero desafío al poder oligárquico

Esto repercute en que la población trabajadora, aislada, sin ningún vinculo organizativo y sin ninguna tradición de lucha, no considere la importancia de la organización, la movilización y además asuma posiciones reaccionarias, obviamente bajo la presión de los patrones y del Estado. Estado que a su vez, con el gobierno actual, protege los intereses del gran capital nacional y transnacional, manejando estados de excepción y ciertas medidas coaccionadoras de los derechos humanos en el marco de la pandemia, aplica como en El Estor.

En ese sentido, la Policía Nacional Civil (PNC) logró desactivar uno de los piquetes, el primer día, el único en la capital, por medio de una táctica de valla humana, donde un sub comisionado supuestamente resultó golpeado; de igual forma reprimió al siguiente día a un grupo de estudiantes en las cercanías de la universidad pública el segundo día.

Por los hechos del primer día la PNC denunció cínicamente a la diputada por el Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (brazo electoral de CODECA) Vicenta Jerónimo, por agresión al sub comisionado. A esto se suma la denuncia también de la policía contra el diputado Aldo Dávila, electo por el partido Winaq, pero que actúa independientemente, supuestamente por abuso de autoridad tras gritarle a unos policías en una protesta; esto no es mas que una venganza de los sectores de poder por sus luchas en favor de la clase trabajadora

Movilizaciones con el contenido como las realizadas por CODECA, por la situación económica y en solidaridad con las luchas comunitarias es el camino. Urge, como hemos repetido en muchas ocasiones, el establecimiento de un Congreso Nacional de Luchas Populares, para movilizar conjuntamente a los sectores organizados del proletariado contra las políticas neoliberales de este gobierno.

Por Leonardo Ixim

Del cinco al ocho de noviembre se realizaron elecciones para renovar el Secretariado General de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), teniendo como trasfondo la ausencia del estudiantado en las aulas universitarias debido a las medidas para evitar la propagación de la pandemia.

Hay que tomar en cuenta que la elección de la AEU se circunscribe el campus central de la Ciudad de Guatemala. Sin embargo, si bien representa el segmento mayor del estudiantado de la USAC, la apertura de la nuevas sedes o centros departamentales ha motivado que en varias de estas se formen propias AEUs.

El mecanismo consiste en una elección directa para elegir al Secretariado General por medio de una planilla por medio de votación cerrada, es decir, quien gana se lleva cuatro secretarías (general, actas, adjunta y finanzas) y 19 cargos de comisiones de trabajo. Un anti democrático sistema donde no se aplica la proporcionalidad, que, si bien tuvo sentido en los momentos duros de la represión estatal, ahora es una rémora para una autentica representación.

A esto se suma que estas elecciones se realizaron en el contexto de pandemia y sin clases presenciales, lo cual se reflejó en los 903 votos efectivos, de un padrón de 105,235 estudiantes. Una salida fácil es echarle la culpa a la apatía del estudiante, un recurso de quienes no asumen sus fallas.

El proceso eleccionario estuvo a cargo del Consejo Electoral Estudiantil Universitario, órgano formado por el Secretariado General de la AEU saliente del grupo político Consciencia y por veedores de las planillas participantes. Estas fueron tres, Frente Convergente, la Revuelta Estudiantil y Amplitud.

Esta elección pone en evidencia la falencia de este órgano representativo, traducido en la forma de elegir el órgano ejecutivo de la AEU. Así, pese a la publicidad convocando al estudiantado a asistir a votar, que se centró sobre todo en redes sociales sin ningún apoyo de los medios de información de la propia U, la escasa participación es reflejo de que la AEU con sus órganos como el Secretariado General, el Consejo Consultivo y el Consejo Electoral, no tiene vinculación orgánica con el estudiantado.

Recordemos que en 2016 se realizó la recuperación formal del Secretariado General de la AEU, después de su cooptación de parte de grupos ligados al crimen organizado desde 1999, eligiendo a la primera secretaria general mujer Lenina García. En esta elección participaron casi 14,333 estudiantes, con la participación de una serie de fuerzas sociales vivas producto de movilizaciones anteriores dentro de la universidad y de los hechos de protesta al régimen político en 2015, participando 4 planillas.

Posteriormente, en 2018 hubo nuevamente elecciones donde participaron tres planillas, ganando el grupo Consciencia, continuador de Frente quien gano con García, teniendo como secretaria general Laura Aguiar, participando 7,252 estudiantes. La continuación de estos grupos es hoy Frente Convergente, que tiene la característica de ser un grupo con presencia y respaldo de organizaciones de la sociedad civil, bajo una visión limitada de reformas al actual Estado capitalista neo-colonial.  Este apoyo social no se tradujo en fortalecer la organicidad con el estudiantado.

Tal recuperación fue formal porque nunca se pudo lograr neutralizar a los grupos que cooptaron anteriormente a la AEU y  quienes se han atrincherado en la Huelga de Dolores, los cuales tienen apoyo de distintos segmentos de la burocracia universitaria y del Partido Unionista del ex presidente Arzú, el cual ha manejado a su antojo la administración edil capitalina. Estos participaron en la primera elección con una planilla y ahora bajo el mote de Amplitud.

Ahí esta lo peligroso de estar a espaldas del estudiantado, de no vincularse con el estudiantado,  por ejemplo en el marco de esta pandemia y la forma virtual de impartir clases, la presión docente bajo esa modalidad y los problemas para acusar a un internet ágil y barato.

Así según El Gafete citando datos preliminares  del Consejo Electoral, Amplitud alcanza 10 cuerpos electorales, La Revuelta Estudiantil 7 cuerpos y Frente Convergente solamente 4 cuerpos. Disputando segunda vuelta Amplitud y La Revuelta, este último formado por elementos salidos de otras agrupaciones.

La configuración de cuerpos electorales que corresponde a unidades académicas fue establecido tras la recuperación forma de AEU en 2016, tampoco siendo un método democrático. En otras ocasiones ya hemos planteado la necesidad de transformar la AEU y el método de voto directo,  por órganos delegativos a través de asambleas desde las unidades académicas y la necesidad de extender estos métodos a todos los campus  universitarios del pais.

El avance de Amplitud es un retroceso a los derechos estudiantiles pese a su discurso plural el cual no es mas que demagogia, el retroceso de Frente Convergente es lamentable y con ello de todas las ONGs que lo acuerparon. Nosotros hacemos un llamado de unidad para iniciar un proceso de reforma de la AEU que busque vincularse realmente con el sentir y las necesidades estudiantiles, porque es el único camino hacia la politización del estudiantado.

Por Armando Tezucún

El martes 2 de noviembre autoridades comunitarias indígenas y ancestrales de la región Norte del país anunciaron la realización de un paro indefinido (bloqueo de carreteras) en solidaridad con las comunidades de El Estor, Izabal, que se encuentran sufriendo represión bajo el Estado de Sitio decretado por el gobierno criminal de Alejandro Giammattei. El paro iniciaría el jueves 4 de noviembre a partir de las seis de la mañana.

Las autoridades anunciaron que a través de estas acciones pedirán al gobierno y al Congreso de la República la anulación inmediata del acuerdo que originó el Estado de Sitio, al Ministerio de Energía y Minas le pedirán la anulación del proceso de preconsulta a realizarse los días 4 y 5 de noviembre, pues está siendo manipulado por esbirros de le empresa minera CGN-PRONICO; además se solicitará que se incluya en el mismo a las 94 delegaciones de las comunidades de El Estor, Izabal, de los municipios de Panzós, Senahú y Cahabón, de Alta Verapaz.

Los dirigentes afirmaron “Hemos concluido que la situación en El Estor, en estos momentos es complicada, sin nuestro apoyo y solidaridad estaríamos dejando a nuestros hermanos y hermanas de ese territorio en manos de un Estado criminal, una empresa depredadora, para dejarlos libres a que persigan, asesinen y encarcelen a nuestros hermanos” (Prensa Comunitaria 02/11/2021). Además indicaron: “Nosotros los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizos de Guatemala nos compete actuar frente a la opresión del Estado de Guatemala de forma sistemática y permanente contra nuestros pueblos, como lo ocurrido contra el Pueblo Q´eqchi´ de El Estor, Izabal, que estaba en resistencia pacífica contra la violación de sus derechos al ser excluidos del proceso de la preconsulta, incumpliendo de esta manera la sentencia 697-2019 de la Corte de Constitucionalidad en relación a la Minería Fénix” (La Hora 03/11/2021). Los compañeros aseguraron que dejarían libre el paso a los vehículos de transporte de verduras, granos, animales y ambulancias, pues pertenecen a sus hermanos que trabajan en el campo.

El día de inicio de las protestas, el gobierno represivo una vez mas agredió a la población que pacíficamente mostraba su solidaridad con las comunidades de El Estor. El Alta Verapaz, un grupo de personas, algunos de ellos pertenecientes al Comité de Unidad Campesina (CUC) y al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), bloqueó la carretera principal en San Julián, Tactic. Hasta ese punto llegaron elementos antimotines y agentes de la Policía Nacional Civil, que desalojaron violentamente a las compañeras y compañeros que protestaban. Después del desalojo los manifestantes se dirigieron al centro de la población de Tactic, donde denunciaron que la policía capturó personas sin orden judicial y agredió a varias mujeres, apartándolas del camino a rastras.

Otros puntos bloqueados fueron la Ruta Balbatzul, Cobán, donde los participantes declararon: “la actividad fue convocada por la comunidad, las autoridades ancestrales también convocaron para solidarizarnos con El Estor, Izabal, que está sufriendo. Son compañeros, vecinos, son personas indígenas que están sufriendo. ¿Qué nos queda a nosotros? Unirnos y solidarizarnos con ellos, porque son hermanos que están sufriendo” (Prensa Comunitaria 04/11/2021. Fotografías, Prensa Comunitaria).

Otros lugares donde hubo protestas solidarias fueron la aldea San José Icbolay, Cobán, donde mediante carteles los pobladores pidieron la renuncia del presidente Giammattei y de los diputados que aprobaron el Estado de Sitio; aquí fue cerrado el puente Icbolay. También hubo acciones en Santa María Cahabón; en la Zona Reina, Uspantán, Quiché; y en el pueblo de Lachuá, Cobán.

Luego de que fuera decretado el Estado de Sitio en El Estor, más de 800 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el ejército, la armada y la Fuerza Aérea fueron destacados en la zona; a partir del 25 de octubre estas fuerzas represivas han allanado las casas de miembros del Consejo Ancestral Maya Q´eqchi´ y los hogares de periodistas que cubrieron las protestas de los días anteriores. Hasta el momento se han producido unas 17 capturas, pero ninguna de ellas relacionada con las protestas de los comunitarios. Las personas capturadas lo han sido por delitos comunes, como violencia intrafamiliar, estafa, portación ilegal de arma de fuego y hasta homicidio, pero bajo acusaciones que datan de meses o años atrás. Se dio el caso de la captura de Eduardo Bin Poou, quien tenía una orden de captura de 2017 que ya había sido ejecutada, recibiendo medidas sustitutivas y quedando sujeto a proceso; sin embargo, bajo el Estado de Sitio fue capturado de forma ilegal. El 30 de octubre fueron capturados tres líderes comunitarios de Chichipate, al sur de El Estor, con el pretexto de un conflicto por tierras con el finquero y pastor Carlos Ruiz; la comunidad realizó un bloqueo en la carretera exigiendo la libertad de sus compañeros

En la región hay una larga serie de denuncias de desalojos, agresiones, abusos y asesinatos por parte de la empresa minera, que datan de 2007, 2009 y 2017. Durante las recientes protestas que fueron reprimidas por el decreto del Estado de Sitio fueron agredidos los periodistas Carlos Choc, Baudilio Choc Mac, Juan Bautista Xol y Nelton Rivera González, de Prensa Comunitaria. Personas defensoras de derechos humanos y otros periodistas fueron víctimas de 14 allanamientos a sus viviendas entre el 24 y el 28 de octubre, por parte del ejército, la PNC, fiscalías del Ministerio Público y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Fueron violentadas las viviendas del periodista Juan Bautista Xil, Carlos Choc, de la defensora de derechos humanos Angélica Choc y su hijo el profesor Luis Adolfo Ich Choc, el defensor de derechos humanos German Chub Choc, y la defensora de derechos humanos Olga Marina Ché, integrante de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor (Prensa Comunitaria 05/11/2021).

Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, populares y de la sociedad civil para que sea creada una amplia coordinadora que realice acciones contundentes para exigir al gobierno criminal de Giammattei la suspensión del Estado de Sitio en El Estor, el cese inmediato de todo tipo de represión contra los comunitarios y el respeto de la decisión de la Corte de Constitucionalidad que suspendió las actividades de la empresa minera.