Por Marcos Galicia 

“Los que luchan por la vida nunca mueren, decimos nosotros en las organizaciones. El recuerdo de los muertos los hace vivir entre los vivos, dicen por ahí, o algo así, no lo recuerdo muy bien” Carta de Misael Sen, defensor del Río Nahualate, quien escribe desde la prisión.

En la costa sur de Guatemala viven comunidades indígenas y campesinas asediadas por monocultivos de caña de azúcar propiedad de grandes empresas agroexportadoras. Estas industrias operan como carteles al margen de la ley, violando los derechos humanos con el consentimiento del Estado. Pero para que la maquinaria de los ingenios funcione, se necesita de la producción constante de energía y debido a la cantidad de ríos en la costa, las hidroeléctricas han sido una opción viable, y que también se publicita como una “energía verde” o “amigable con el medio ambiente” pese a que destruye los ecosistemas y, en este caso como muchos otros, destruye el tejido social.

“¿Cuál es el sentido de la vida? Buscar el bien común por encima de todos nuestros intereses personales” dice Misael en una de las muchas cartas que escribe en la cárcel. Misael fue encarcelado injustamente junto a otros dos defensores del territorio: Nicolás Pacach y Eliseo Sapón. ¿La razón? Se les acusa del delito de robo agravado durante una manifestación en dónde comunidades campesinas protestaban en contra de la construcción de una hidroeléctrica, que bajo engaños les había prometido el servicio de luz, promesa que resultó falsa en complicidad con la municipalidad.

“Les extraño a todxs, mamá, papá y ustedes carnales y carnalas y los sobrinos/as y bueno, tenemos que pensar en la muerte no como el fin, sino como el inicio de algo”. Los tres defensores siguen injustamente presos por el ansia de dinero de la Hidroeléctrica Santa Teresa S.A, que, por cierto, incumplió con la consulta previa e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-. 

Tuve la oportunidad de visitar a Misael en la cárcel gracias a las organizaciones basadas en la fe (en este caso, la iglesia evangélica). Dicha cárcel estaba controlada por una de las pandillas más grandes y sanguinarias de Guatemala. Misael relata cómo es llevar la vida ahí dentro: seguir las órdenes de arriba y pagar la extorsión a tiempo. Pese a que las condiciones de la infraestructura son muy deplorables y la comida es la misma, día tras día, Misael no ha perdido el sentido del humor y la valentía de que pronto saldrán del injusto encarcelamiento.

La condena es de 6 años inconmutables, pero los abogados de la empresa y la finca “El Edén” (lugar donde opera la hidroeléctrica) siguen buscando la manera de aumentar la condena a 12 años. Ya llevan más de un año privados de libertad, pero no pierden la esperanza de que haya justicia para ellos y sus comunidades, pues la hidroeléctrica sigue su curso. Y vale la pena recordar que Misael fue militante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG- que fue el resultado político de las guerrillas tras los acuerdos de paz en 1996. Por ello exigimos a la URNG que también demuestre su solidaridad y apoyo a Misael, quien dedicó años de militancia política en años recientes, ¿En dónde están?

La familia de Misael ha sufrido el rechazo de miembros de la comunidad, pero el principal problema que han padecido desde que comenzó la persecución en contra de Misael ha sido el costo económico que esto conlleva. Pagar transporte, abogados, papeles y alimentación fuera del hogar han sido solo unos de los gastos que su apretada economía ha sufrido. 

Misael se dedica a la carpintería dentro de la cárcel, eso le ayuda a mantener su mente ocupada. También necesita de dinero para poder comprar artículos de primera necesidad y otro tipo de alimentación dentro de la cárcel. Fui el único miembro de la iglesia al que permitieron entrar para orar por él, sentí miedo, pues nunca había entrado a una cárcel de ese tipo. Y con respecto a la espiritualidad, Misael comenta lo siguiente:

“¿Cómo está mi espiritualidad? Vivo el día a día sin miedo a encontrarme con la muerte, cuando me toque trascender (...) siempre agradezco estar vivo y no pierdo la esperanza de un mañana mejor, libre”. Por ello nuevamente hacemos un llamado a organizaciones campesinas, sindicatos y asociaciones universitarias a articularnos para la defensa de los derechos humanos y comenzar una lucha frontal y sin temor en contra del capitalismo y el imperialismo estadounidense, que se ha servido de nuestros bienes naturales y que ha esclavizado a nuestros pueblos para seguir haciendo más dinero, dinero que nos llevó a la crisis ambiental y que está dañando a nuestros hermanos y hermanas.

Por Leonardo Ixim

En la actualidad dos casos se llevan en Guatemala por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes ligado a genocidio contra la población civil de parte del ejercito a inicios de la década de los ochenta del siglo pasado en los tribunales de justicia.

Durante la guerra interna sobre todo después de 1981 el ejercito lanza una feroz represión contra las comunidades indígenas del occidente de Guatemala, a partir de los denominados planes de campaña que adquieren un sentido integrado  con el golpe de Estado de marzo de 1982,  estructurando el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo,  como forma de derrotar la movilización popular que se había trasladado de las ciudades y de la agroexportación en la costa sur,  donde tenia un papel central la clase obrera  hacia las comunidades indígenas del occidente.

Así ras  fuerte represión estatal organizada por el ejercito y las extintas Policía Nacional, Militar Ambulante y Guardia de Hacienda, todas sujetas al primero,  en los ámbitos urbanos y  la costa sur, a finales de los setenta del siglo pasado; la resistencia se mantiene a inicios de la década de los 80s,  en las comunidades rurales mayas y  nuevamente el ejercito lanza una  represión militar salvaje con los  planes de campaña.  En esos territorios existen organizaciones ancestrales que se habían vinculados a las fuerzas insurgentes en su momento.

El proceso de apertura democrática implico la desmovilizan de las fuerzas populares revolucionarias y la aceptación del nuevo marco de legalidad burguesa, coronándose con los Acuerdos de Paz. En ese sentido muchos sectores de la sociedad que habían sido golpeados por la represión estatal durante la guerra interna, tuvieron expectativas y esperanzas de exigir justicia en los tribunales nacionales, a partir de sentencias y resoluciones de la Corte y Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respectivamente, contra el Estado de Guatemala por graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Se fue estructurando socialmente entonces, una exigencia de justicia transicional, con algunos juicios que se abrieron a nivel nacional, estableciendo con eso una categoría, la de victimas, funcional para avanzar en los procesos penales, pero despolitizando a los sujetos que sufrieron la represión estatal y que expresaban un proyecto político, social y de clase, contra el orden dominante y el papel. En ese sentido, el culmen de este proceso fue el juicio contra los ex militares Efraín Ríos Montt  presidente de facto en 1982 y su ministro de defensa en ese momento Mauricio Rodríguez Sanches, declarados culpables por genocidio contra el pueblo Maya-Ixil, por un tribunal de mayor riesgo, en 2013.

Pero días después la Corte de Constitucionalidad declaro que la sentencia de dicho tribunal no estaba apegada a derecho y obligo retroceder el proceso penal a etapas iniciales y allí se fue estacando. Esto tras un alineamiento de los poderes fácticos, empresariales, civiles y de ex militares, ante el temor que la justicia los alcanzara por sus implicaciones en crímenes contra la población que consideraban el enemigo interno. 

Es importante que esa coyuntura estuvo marcada por una movilización de organizaciones denominadas de victimas sobre todo de población de origen maya que sufrió las masacres del ejercito y de otros sectores sociales sobrevivientes de la represión en los 80s.

Sin embargo los procesos penales que se están llevando acabo, los cuales profundizaremos en una segunda parte, contra Benedicto Lucas García ex jefe del Estado Mayor en el gobierno de su hermando, el también ex militar y ya fallecido Romero Lucas García, por intenciones genocidas contra la población ixil en el departamento de Quiche,  en 1981, previo al golpe de Estado que impuso a Rios Montt; y el caso Creompaz también contra Benedicto Lucas y otros militares, por desaparición forzada a 565 personas ubicado en Coban, Alta Verapaz.

Ademas de toda una suerte de medidas dilatorias que pone la defensa y de la complicidad de jueces y elementos del sistema de justicia parte, estamos en un momento de poca o nula movilización por el derecho a la justicia de los sobrevivientes de la represión estatal.

Por Armando Tezucún

El día 17 de noviembre, agentes del Ministerio Público (MP) llevaron a cabo sendos allanamientos en dos viviendas. Una de ellas era la casa de habitación del exministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado. Éste se encontraba en su vivienda al momento del operativo, acompañado de otras funcionarias del gobierno, integrantes del Movimiento Semilla al igual que el exministro. Según declaraciones de personas presentes, los agentes del MP no encontraron indicios de actos ilícitos, aun así, incautaron un teléfono, una laptop y dos pasaportes pertenecientes al exministro. Según fuentes del MP la acción se habría llevado a cabo dando seguimiento a una denuncia por posible delito de lavado de dinero; de acuerdo la diputada Andrea Reyes, del Movimiento Semilla, estaría ligada al Caso Corrupción Semilla, fabricado por el MP para anular la personería jurídica del partido de gobierno y perseguir legalmente a cuanto funcionario del actual gobierno pueda.

Dos días antes, el 15, Alvarado había presentado ante el presidente Arévalo su renuncia a la jefatura del CIV, con lo que perdió su inmunidad; al parecer, el MP estaba esperando la menor oportunidad para caer sobre el exministro. Luego de seis meses en el cargo, Alvarado renunció a la cartera debido a discrepancias con el presidente sobre cómo dirigir el CIV.

Los primeros cinco meses del año, este ministerio fue dirigido por Jazmín de la Vega, quien fue destituida por haber hecho pagos a ciertas empresas constructoras fuera del plan elaborado por la presidencia. Estas dificultades en el CIV se derivan de que este ministerio por años ha sido uno de los principales reductos de manejo corrupto de los fondos del Estado, en torno a la construcción y reparación de infraestructura. Con una economía acaparada por las grandes corporaciones familiares de la oligarquía, los capitalistas de mediana envergadura, y los capitales emergentes, no tienen más recurso que emprender negocios con el Estado, generando redes con alcaldes, diputados, líderes comunitarios vinculados a organismos que manejan fondos de inversión pública y funcionarios ministeriales, para asegurarse que los contratos de obras beneficien a sus empresas.

El exministro Alvarado lo resumió en una entrevista: “Lo que hace el Ministerio de Comunicaciones no es obra pública, es corrupción … En Guatemala la obra pública solo pasa si hay corrupción. Es la forma de mover ese motor, la gasolina es el dinero, pero el aceite es la corrupción, es la que hace que el que el dinero fluya, que la obra pase. Entonces, si hay coimas suceden las cosas, se pueden asignar los contratos fácilmente.” (Prensa Libre 18/11/2024).

Como reacción a los allanamientos del MP, el presidente Arévalo llevó a cabo una conferencia de prensa, en la que rechazó las acciones arbitrarias del MP como un hecho deleznable, en especial la retención de documentos personales, declarando su total apoyo a Alvarado. Anunció que citará con carácter de urgencia a la jefa del MP, Consuelo Porras, para que explique el rol que ha tenido el MP para instrumentalizar la justicia y la limitación de la libertad de expresión, y que explique la falta de resultados en más de 170 denuncias de casos de corrupción presentadas por el gobierno. Además, anunció la implementación de un procedimiento por el cual la policía no acate órdenes ilegales que puedan emanar del MP.

En respuesta a las declaraciones del presidente, el MP advirtió que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil están obligados a colaborar con las investigaciones es esa entidad, y en caso de incumplimiento, los responsables enfrentarán sanciones administrativas y penales. La fiscal general Porras invitó al presidente a una reunión para el jueves 21, para discutir los temas abordados en la conferencia de prensa, la cual fue rechazada por la presidencia. Arévalo informó que la invitación a Porras será realizada en el marco de la Ley Orgánica del MP, y será hecha oportunamente.

La nueva bravata del presidente Arévalo contra la fiscal general tiene todas las trazas de que terminará en un callejón sin salida, pues, en términos legales, el mandatario está con las manos atadas. Las estructuras corruptas que la fiscal Porras representa y defiende sólo podrán ser derrotadas por un amplio movimiento popular que, desde las fábricas, campos, centros de trabajo y comunidades reclame la renuncia de los funcionarios corruptos. Ese era el sentido de las extensas movilizaciones de octubre del año pasado, pero éstas fueron traicionadas por el pacto que Arévalo hizo con empresarios, dirigentes indígenas y la embajada gringa. Es necesario que las dirigencias sindicales, indígenas y populares rompan de una vez con las esperanzas que tienen con el gobierno, e inicien un fuerte movimiento independiente para echar definitivamente a los corruptos.

Por Marcos Galicia

Este artículo va dedicado al estudiantado organizado de Centroamérica, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, que en estos momentos históricos de represión imperialista resiste con valentía frente a la persecución y la criminalización.

La USAC ha atravesado por periodos oscuros en donde se ha derramado la sangre de estudiantes, trabajadores y docentes que acompañaron las luchas obreras, campesinas y populares del país. Desde la firma de la paz, se puso fin a una guerra civil que duró décadas, y la USAC ha sido objetivo de agresiones imperialistas que buscan opacar todo intento de organización revolucionaria.

Después de décadas de torturas, secuestros y terrorismo en contra de los sectores organizados de la USAC, se logró la desarticulación de cualquier oleada revolucionaria, como la ocurrida en los años 50. La gran tarea de la USAC de facilitar el acceso a la educación superior (gratuita y laica) a los sectores empobrecidos nos exige lograr la unidad de todos los sectores organizados apuntando a la articulación o a un frente común.

En años recientes se logró recuperar la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) que es la gremial de estudiantes más grande del país, dedicada a la defensa de los derechos estudiantiles y la promoción de los derechos humanos a través de luchas populares. Se logró recuperar de la cooptación de grupos criminales que utilizaban la capucha para encubrir su identidad.

El movimiento de encapuchados surge para resguardar la identidad de quienes luchaban en contra de la corrupción y la represión de las dictaduras durante el siglo pasado. Sin embargo, terminada la guerra, la capucha se convirtió en sinónimo de corrupción, por parte de grupos que dejaron de lado las luchas populares en la tradicional “Huelga de Dolores” y que utilizaron el anonimato para enriquecerse ilícitamente.

Este mismo movimiento de encapuchados fue utilizado por Walter Mazariegos Biolis para imponerse como rector de la USAC en un proceso electoral fraudulento, y esto con el aval del expresidente Alejandro Giammattei y la fiscal del Ministerio Público Consuelo Porras. Todo esto ocurrió poco después de terminada la pandemia de COVID-19, que forzó a la universidad a operar en clases virtuales y que dio paso a la desorganización de movimientos estudiantiles, situación aprovechada por las mafias para enquistarse en la USAC.

Desde la pandemia se han estancado varios procesos electorales, lo que dio lugar a un periodo de cleptocracia y captura de la democracia universitaria en donde se retrocedió en la lucha anticorrupción a lo interno de la USAC. Esto resultó en la derrota de los pocos sectores organizados que eventualmente fueron criminalizados, dando lugar a que hoy muchos luchadores y defensores de derechos humanos se encuentran tras las rejas o en el exilio.

En este proceso de exigir elecciones hemos sufrido retrocesos y derrotas, pero no nos damos por vencidos. Recientemente, la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC) tuvo elecciones para elegir al Comité Ejecutivo de su Asociación de Estudiantes. Esta fue mi primera participación para un cargo público ad honorem. Y doy fe que la articulación de estudiantes de distintas carreras y jornadas fue clave para una reñida contienda electoral en donde ganamos frente a una planilla conformada, en su mayoría, por encapuchados.

La contienda electoral fue manchada por campañas negras en nuestra contra, compra de votos y acarreo. ¿A dónde íbamos a denunciar estas malas prácticas? Si las instituciones administrativas fueron cooptadas por Mazariegos. Tuvimos que confiar en nuestras fuerzas y luchar por ganar la confianza de un estudiantado que venía de clases virtuales sin organización estudiantil.

Sin embargo, a pesar de las adversidades, ganamos. Esa victoria es dedicada a un pueblo que clama por justicia, a un estudiantado que exige sus derechos. Debemos cumplir lo prometido en campaña y sabemos que no será un proceso fácil en medio de un ambiente tan hostil. Se acercan las elecciones para la AEU y para renovar al Consejo Superior Universitario (CSU, máxima autoridad en la USAC). Hacemos un llamado a todas las organizaciones, que coincidan en la necesidad de recuperar la única universidad pública del país, para unificar esfuerzos para la defensa de los derechos humanos.