Por Leonardo Ixim

Después de que el presidente de la república decretó Estado de Calamidad en 16 de los 22 departamentos del país, que sufren los efectos de la sequía causada sobre todo por el cambio climático que está sufriendo nuestro planeta, consideramos importante plantear unas breves reflexiones sobre esta problemática.

Los departamentos afectados son: Jutiapa, Chiquimula, El Progreso, Zacapa, Santa Rosa, Quiche, Baja Verapaz, Sololá, Chimaltenango, Quiché, Guatemala, Suchitepéquez, Retalhuleu, Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos. Como se ve, este Estado de Calamidad afecta a una gran parte del territorio guatemalteco y se vuelve una medida de último minuto para atender un problema que cada vez era más inminente.

Tales departamentos incluyen el conocido corredor seco, territorio que históricamente ha sido azotado por sequías, situado en el oriente y nororiente, región que sufre los efectos de fenómenos cíclicos como El Niño. Pero con el cambio climático provocado por la emisión de gases invernadero, especialmente por las potencias imperialistas, la extensión de la zona de sequías a departamentos del centro, occidente y sur occidente, se vuelve un problema para agricultores y consumidores, en cuanto a la seguridad y el derecho a la alimentación.

En términos regionales la sequía ha afectado a Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y se puede hablar de un corredor seco mesoamericano. Las estrategias de atención de parte de los gobiernos son reactivas y nacionales, mientras que esta es una problemática que afecta a la región.

Junto a esto tenemos el problema de la escasez de agua, pues a la vez que se va extendiendo la zona de sequías, el vital líquido se vuelve cada vez más inaccesible para la población. Por ejemplo, ya desde hace unos años en la capital muchas colonias tienen deficiencias en el abastecimiento de agua potable para consumo en hogares; de igual forma en departamentos del sur y sur occidente, donde las plantaciones de caña y en menor medida palma colonizan los territorios, los pobladores se quejan de que estos mega cultivos desvían ríos para su uso.

Entre los departamentos más afectados se encuentra el sur oriental Jutiapa, donde 60 mil familias han sido afectadas (Prensa Libre 8-09-14). En El Progreso, en el nororiente, se reportan 18 mil 700 familias afectadas; y en los municipios de Jocotán y Camotán, en el nororiental Chiquimula, regiones que ya han sido afectada por hambrunas, la población pide ayuda a largo plazo y obras serias (Idem).

En total, en palabras del mismo presidente, serán 275 mil familias afectadas (Siglo XXI 11-09-14). La medida tomada por ejecutivo cuenta con un fondo de US$ 23 millones para reaccionar, es decir entregar alimentos a las familias que han sido afectadas por el desastre; desastre que sabemos no es natural, sino que responde a la vulnerabilidad socio ambiental de familias que sufren pobreza y dependen del cultivo precario de granos básicos, y que al ser afectadas por fenómenos como éste, son afectadas por hambrunas.

Organismos gubernamentales como la Secretaria de Seguridad Alimentaria (Sesan), que tendría entre sus finalidades generar una política de prevención garantizando el derecho a la alimentación, se ha limitado a entregar alimentos. Sin duda un Estado oligárquico como este, sin ningún tipo de planificación en sus acciones, será recurrente en sus formas de actuar, sin que los derechos humanos de la población sea su prioridad.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta para agosto un aumento en el precio del frijol y el maíz -productos básicos de la dieta del pueblo- siendo el segundo más alto del año, ubicando la inflación en un 3.70 %; el incremento del maíz correspondió al 0.13 % y el del frijol a 0.05 % (Prensa Libre 9-9-14). Pese a que el aumento es cíclico, dándose casi siempre en el segundo semestre año, el tema de la sequía ha encarecido estos productos.

El movimiento campesino, indígena y popular debe reclamar al gobierno la instalación de sistemas de regadíos y de absorción del agua de lluvia, que garanticen el acceso del vital líquido. Esto iría de la mano de una lucha por regular los usos que se le da al agua, sobre todo como dijimos arriba, con respecto a la apropiación ilegal de ese recurso de parte de las grandes empresas agroindustriales, que además contaminan ríos y lagos. Se debe también exigir al gobierno que implemente políticas para el control de precios de productos de consumo popular. A mediano plazo es indispensable la lucha por una reforma agraria que garantice el acceso a la tierra y a los recursos técnicos y financiamiento que reduzcan la vulnerabilidad socio ambiental del campesinado.

Los jueces y magistrados deben ser electos y destituidos directamente por el pueblo

Por Edgar Miguel Kan

Guatemala se encuentra en un proceso de selección de las más altas autoridades judiciales en el país, al que poca atención se ha dado desde los movimientos sociales, olvidando irresponsablemente que el Poder Judicial es la máxima expresión de violencia represiva legitimada por el Estado. Esto se manifiesta en la cotidianeidad de las luchas sociales, pues la conflictividad que se genera a partir del despojo social realizado por los empresarios, patronos, explotadores, terratenientes y el Estado mismo, desemboca en una decisión judicial que legitima la usurpación violenta hecha al pueblo necesitado de justicia (los hombres, las mujeres, las y los trabajadores, los y las campesinas, los pueblos indígenas).

Demandar y denunciar esto debe ser un eje de lucha primordial para cualquier movimiento organizado, para cualquier partido que reivindique un verdadero fin popular. De lo contrario estaríamos ante una retórica voraz propia del sistema capitalista, que: Aliena, mediante la incapacidad de participación; despoja, el sentir popular de la justicia a través de sus estructuras corporativas (gremios colegiados, universidades, etc.) y; asimila, pues la estructura se encuentra dada y por lo tanto no se puede cambiar.

Para cambiar esta constante situación de opresión que vivimos en el Estado capitalista, debemos empezar por el conocimiento real de las estructuras que se utilizan para oprimirnos, en este caso la estructura judicial que falazmente tratan de imponer como justicia. La justicia es un valor social que todas y todos los proletarios explotados intuimos, pues siempre hemos sido despojados de una situación de igualdad y nos oprimen para que pensemos que es justo ser explotados. Desde nuestra experiencia milenaria de hambre, pobreza, sufrimiento y explotación, sabemos bien qué no es justo y qué si lo es, por lo que permitir que sean estructuras corporativas las que decidan sobre nuestro futuro, sobre nuestra necesidad de igualdad, sobre nuestro empleo, sobre nuestros conflictos, es una retórica de dominación que utiliza el sistema para doblegarnos.

Situación actual en Guatemala

Se convocó a la estructura corporativa denominada comisiones de postulación, que como hemos reiterado en esta trinchera informativa, no es más que el modelo legal establecido por la constitución del Estado guatemalteco para que representantes de las universidades, en igual número del colegio de abogados, y de magistrados de salas elijan a los representantes de la Corte Suprema de Justicia (máximas autoridades del poder judicial).

Este modelo ha sido ampliamente discutido, sobre todo por la falta de transparencia en la selección, exclusiva participación de élites corporativas, convirtiendo lo judicial en algo exclusivo de los abogados y en consecuencia apartando la necesidad social, favoreciendo los intereses que mueven a las élites.

Este proceso, como los anteriores, ha sido marcado por una serie de recursos legales que abordan desde la falta técnica para elegir a las personas más idóneas y capaces, hasta el evidente tráfico de influencia, nepotismo y secretismo propio del mundo corporativo. Incluso el 11 de agosto la Corte de Constitucionalidad retrotrae el proceso para que se enmiende el procedimiento, que como sabemos es inoperante para la necesidad de justicia.

Poder Popular

La actual forma de elección de los funcionarios judiciales es el reflejo de un modelo caduco propio de una relación de dominación histórica. Esta relación en Centro América es la cotidianeidad de las élites económicas y corporativas. Sólo mediante la real representación popular podrá controlarse la arbitrariedad corporativa de los abogados sobre la justicia.

En la patria centroamericana no es nuevo un modelo popular y representativo en el Poder Judicial. Para lograr romper con la legitimación violenta del capitalismo y del pensamiento colonial de los abogados, es menester hacer de las Cortes espacios de Justicia y no de vericuetos legales.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), demandamos un cese a la faena histórica que el gremio jurídico ha tenido de la Justicia, y exigimos un control popular sobre el poder judicial mediante una participación extensiva de toda la población en la elección de representantes populares que atiendan a la necesidad y exigencia de justicia que el pueblo centroamericano aclama, para consolidar una República Socialista.

Entierro de tres campesinos asesinados por la PNC en Alta Verapaz

Por Chahim Luxemburgo y Marcial Rivera

No es nuevo…

La conflictividad social en el área de Alta Verapaz es histórica. En los últimos años los problemas por la tierra, el territorio, y los recursos naturales ha tenido momentos álgidos, pues la instalación  de  megaproyectos ha aumentado, con la siembra de palma africana para la producción de agrocombustibles, y la creación de proyectos hidroeléctricos. Esto ha provocado una reconfiguración de la tenencia y uso de la tierra y el territorio, debido a la cual, las comunidades q´eqchi´s han quedado sumidas en mayor pobreza, y  hambre.

Hay que destacar que el problema viene desde hace dos años más o menos, y que precisamente no es la primera vez que en un proceso de represión de la Comunidad Santa Rita, resultan personas asesinadas; las distintas consultas comunitarias realizadas no solo no han sido respetadas, sino que además se han propiciado acuerdos y negociaciones entre la Hidroeléctrica y el gobierno. El 31 de Julio se firmó un 'Convenio de Cooperación' entre la Municipalidad de Cobán y la Hidroeléctrica Santa Rita, el cual 'beneficiaría a 7 mil habitantes'; en la zona, también hay un destacamento militar que se colocó en el lugar ‘a petición de la población’. Por otro lado, hasta antes del 14 de agosto, cuando se llevó a cabo un brutal y sanguinario proceso de represión contra los pobladores de la Comunidad Monte Olivo, algunas de las familias que habitaban en dicho lugar se retiraron de ahí, precisamente por temor a que se diera algún hecho de violencia contra sus pobladores.

¿Cristo al servicio de quién?

El conflicto en la comunidad Monte Olivo no es un conflicto en contra del desarrollo. Las comunidades q´eqchi´s se encuentran defendiendo su legítimo derecho a una vida digna, y a decidir sobre el destino de sus territorios.  Ante esto, el Estado, haciendo uso de todas sus fuerzas ha llevado a cabo una severa campaña represiva para amedrentar la organización de esta comunidad, y defender los intereses de empresas privadas como la Hidro Santa Rita y Energuate.  La movilización de fuerzas de la Policía Nacional Civil de todas las regiones del país invadió el territorio de Cobán para  desalojar a esta comunidad que se mantenía en resistencia pacífica contra la construcción de la Hidroeléctrica Santa Rita. La Policía Nacional Civil fue  desplegada desde todos los puntos del país para resguardar el ingreso de la maquinaria de la Hidro Santa Cruz, para liberar a ocho policías retenidos por los comunitarias que presionaban contra la captura de dos dirigentes de Codeca y para desalojar a pobladores que ocupaban una finca del sector ¿Al servicio de quién se encuentran las fuerzas públicas del capital privado o del pueblo? La respuesta es evidente, pues durante los acontecimientos fueron asesinados tres personas, 47 capturados, y muchas mujeres, hombres, niños/as heridos.

A pesar de la violencia a la que es objeto la comunidad, ésta se mantiene organizada, pues durante varios días se realizaron acciones para solicitar la liberación de los líderes y lideresas comunitarios; el cese de la represión estatal; el retiro del ejército y la policía; el retiro de las órdenes de capturas y el cese de despojo al territorio. Sin embargo, la estrategia de las autoridades gubernamentales ha sido continuar con la represión, el terror, y una campaña mediática de desprestigio de la Comunidad Monte Olivo, del Comité de Unidad Campesino, y los grupos y organizaciones sociales que le han apoyado.

¿Qué hacer?

Desde el Partido Socialista Centroamericano, se considera que si bien es cierto los recursos naturales debe ser aprovechados para las distintas actividades humanas, estos recursos deben estar puestos en función de las mayorías desposeídas; en consecuencia a corto plazo el Ministerio Público deberá deducir responsabilidades en el tema de las ejecuciones extrajudiciales en perjuicio de los pobladores, con el acompañamiento de representantes de las comunidades afectadas. A pesar de esto, es sobradamente sabido que las autoridades tienen poca voluntad política para resolver este problema; ni la mediación de la PDH, ni otro tipo de solicitudes directas han funcionado; la discusión sobre la estrategia de lucha por la nacionalización de la producción y distribución de la energía eléctrica bajo control de las comunidades campesinas e indígenas y las organizaciones de trabajadores, es algo que debe hilvanarse inmediatamente, y cuyos protagonistas deben ser las comunidades que sufren estos vejámenes, pero lo más importante: Es una batalla que no debe postergarse más.

Por Armando Tezucún

El 10 de junio recién pasado 82 diputados del Congreso de la República aprobaron el decreto 19-2014, Ley Para la Protección de Obtenciones Vegetales, que amparándose en la firma por parte de Guatemala del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, como parte de los compromisos adquiridos en el DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos), garantiza la protección del derecho de los obtentores de variedades vegetales como un derecho de propiedad intelectual. El decreto fue firmado el 24 de junio por el presidente Pérez Molina y publicado en el diario oficial el 26 de octubre.

Esta ley abre las puertas para que las transnacionales agroquímicas registren como su propiedad las variedades transgénicas que ellas producen, variedades que permiten el uso de grandes cantidades de pesticidas y herbicidas altamente tóxicos, que precisamente es el principal negocio de estas grandes corporaciones. La producción de transgénicos es una técnica altamente inexacta y la ciencia es aún incapaz de determinar su impacto genético sobre el medio ambiente y los seres humanos; esto hace que su cultivo a gran escala sea en realidad un enorme campo de experimentación. Por lo pronto el cultivo de transgénicos en otros países está produciendo un enorme daño ecológico, la concentración acelerada de la propiedad sobre la tierra, la desaparición de miles de pequeños y medianos agricultores y su ruina debido a los derechos de propiedad de las transnacionales sobre las semillas.

Pero el decreto 19-2014 también permite la apropiación de variedades que no sean “nuevas” (artículo 52 de la ley), es decir que las transnacionales podrán registrar a su nombre las variedades vegetales alimenticias que durante siglos han producido los campesinos guatemaltecos. Esta ley se aplicaría al inicio a 15 géneros o especies vegetales que serán enumeradas en un reglamento que aún no existe, pero después de 10 años será aplicable a cualquier variedad vegetal.

Por tanto, las semillas criollas de maíz, frijol, hierbas, calabazas, café, cacao, etc., podrían ser privatizadas poniendo en peligro la seguridad alimentaria del país. El artículo 50 de la ley detalla las sanciones penales en términos de cárcel y multas contra quienes atenten contra los derechos de propiedad, sembrando, comercializando, transportando, etc., las variedades vegetales protegidas. El problema se agrava porque en el caso de los cultivos transgénicos, éstos se propagan libremente por la acción de insectos y el viento, mezclándose y contaminando a las variedades naturales. Esto ha hecho a los campesinos de otros países víctimas de demandas por parte de las corporaciones, que provocan su ruina económica.

La ley fue elaborada sin consultar a instancias técnicas como el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), que ha producido gran cantidad de especies híbridas, ni a los pueblos indígenas y campesinos que basan su existencia y cultura en los cultivos tradicionales. Ni siquiera el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación fue consultado.

En vista de la protesta de organizaciones campesinas e indígenas, universidades, institutos técnicos y organizaciones de derechos humanos, diputados del Congreso, tratando de enmendar su error, propusieron el 21 de agosto que se derogue el artículo 50 de la ley, que ataca penalmente a quienes no tengan registradas sus variedades vegetales; el artículo 52, que permite registrar variedades que no son producto de manipulación genética, y proponen que el decreto entre en vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial, no 90. Los diputados del partido Líder propusieron la derogatoria de todo el decreto.

El decreto 19-2014 es una de las consecuencias de la firma del DR-CAFTA, y es casi seguro que el país no pueda evitar tener una ley similar. Proponemos una reforma a la ley que blinde y proteja a los campesinos guatemaltecos: 1) Que se prohíba el registro de variedades transgénicas, considerando como nuevas variedades únicamente las producidas por procesos naturales de hibridación; 2) que las variedades nuevas y las criollas tradicionales sean registradas por asociaciones y comunidades campesinas e indígenas, prohibiendo el registro de las mismas a nombre de las corporaciones transnacionales y/o sus representantes en Guatemala; 3) que se legalicen viveros de las comunidades indígenas que produzcan semillas naturales y que no sea obligatorio comprar las semillas certificadas de las transnacionales; 4) que las sanciones contempladas en el artículo 50 sean aplicables únicamente a las grandes corporaciones transnacionales y/o sus representantes en el país, endureciendo las penas.

Sometemos esta propuesta a consideración de las organizaciones indígenas, campesinas, de derechos humanos, a las instituciones técnicas y profesionales que estén dispuestos a defender la economía campesina y la seguridad alimentaria guatemalteca frente a los grandes monstruos transnacionales de agroquímicos.