Por Úrsula Pop

El lunes 23 de junio, una semana después de las movilizaciones de los comunitarios de San Juan Sacatepéquez, la capital y diversos puntos del país fueron de nuevo escenario de bloqueos, marchas y manifestaciones de protesta. El Consejo de Pueblos Mayas de Occidente convocó a las movilizaciones, que se llevaron a cabo en 29 puntos del país, ubicados en Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Retalhuleu, Quiché, El Progreso, Zacapa, Suchitepéquez y Jutiapa.

Las demandas planteadas por las compañeras y compañeros son las que los pueblos indígenas vienen planteando desde hace años, y que los sucesivos gobiernos burgueses una y otra vez han evitado, diluyendo los temas en infructuosas mesas de diálogo o rechazándolos tajantemente por medio de resoluciones; la represión ha sido con harta frecuencia la respuesta que han recibido las comunidades campesinas e indígenas. El reclamo es el respeto de sus tierras, territorios y bienes naturales, y el derecho a ser consultados y tomados en cuenta antes de que se otorguen licencias para proyectos de explotación minera o hidroeléctrica. Protestaron también por la proliferación de monocultivos en sus territorios. A estos reclamos se suma la problemática de la energía eléctrica, que desde que su distribución fue privatizada por el gobierno de Álvaro Arzú, el servicio se ha vuelto pésimo y los cobros se han disparado; primero fue la nefasta Unión Fenosa, y ahora el lucrativo negocio quedó en manos de la empresa Energuate. Una compañera de la marcha declaró: “Manifestamos porque el gobierno no nos cumple y porque estamos en una vil pobreza. Los productores de electricidad nos han oprimido con altos costos y es dinero que el pueblo no tiene” (Siglo XXI 24/06/14). En las protestas también participaron comunitarios de la resistencia de La Puya contra la mina El Tambor.

A las acciones realizadas por el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente se sumó en la capital una serie de marchas de trabajadores de la salud convocadas por el Frente Nacional de Lucha, al que pertenece el principal sindicato de salubristas. Estos compañeros partieron de cuatro puntos de la ciudad: la zona 18, la Calzada Aguilar Batres zona 12, la Calzada Roosevelt zona 11 y carretera a El Salvador zona 15. Los alrededor de dos mil manifestantes convergieron en la zona 1 capitalina y culminaron la actividad en la Casa Presidencial, donde entregaron un memorial con pliego de peticiones. Otros trabajadores de la salud estuvieron también presentes en algunos bloqueos del interior. El reclamo principal de los sindicalistas es el cumplimiento del pacto colectivo firmado con el gobierno de Pérez Molina en octubre del año pasado. Ante la evidente debacle del sistema hospitalario nacional y el recurrente incumplimiento en el pago de sueldos, los compañeros salubristas finalmente efectuaron una acción centralizada y conjunta, después de numerosos paros y conflictos parciales que se han sucedido durante todo el año.

Pero el FNL no solamente reclamó la solución de los problemas del sector salud. Sus dirigentes demandaron la nacionalización de la energía eléctrica, se solidarizaron con las comunidades que luchan contra empresas extractivas e hidroeléctricas y exigieron al gobierno la convocatoria a un diálogo nacional urgente en el que se discuta sobre política fiscal, energía eléctrica, conflictividad agraria, transporte público, explotación de los recursos naturales, salud, educación y seguridad pública. Dora Ruano, dirigente del FNL, declaró “Sugerimos que el Gobierno aborde los temas que consideramos que son los que más agobian a la población”, y el secretario general Luis Lara dijo “Esperamos que atienda y convoque lo más pronto posible a este diálogo y esperamos recibir notificaciones lo antes posible”… “Lastimosamente, el presidente solo ha escuchado las necesidades del poder económico y se ha olvidado de las necesidades de los obreros, indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes”. Según Lara el FNL dio al gobierno plazo hasta el 1 de julio para responder e instalar el diálogo, de lo contrario realizarán nuevas acciones (Prensa Libre 24/06/14).

Es alentador ver después de muchos meses, una acción de sectores diversos que hacen suyas las demandas de otros compañeros en lucha. Sobre todo si proviene del FNL, pues los halagos que dirigió, y la camaradería con que trató Luis Lara, secretario general del FNL, al presidente Pérez Molina después de la firma del pacto colectivo el año pasado dejaron muy mal sabor de boca y generaron desconfianza en las demás organizaciones sindicales y gremiales. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar esta vez los dirigentes del FNL? Ellos tienen la palabra, el movimiento sindical, campesino y popular estará atento a sus actuaciones.

Pérez Molina propugna por un régimen político mas fuerte para enfrentar la crisis

Por Marcial Rivera

A mediados del mes de abril de este año, el presidente Pérez Molina empezó a coquetear con la idea de que se permita la reelección presidencial, prohibida por la actual Constitución de la República. El tema no pasó a más, pero a finales de mayo, el mandatario y su Partido Patriota plantearon el problema desde otra óptica, lazando la idea de prolongar el período presidencial, tema que igualmente prohíbe la Carta Magna.

El 'Serranazo' en 1993 y el octubre negro en 2003 han sido dos de los principales acontecimientos que han empañado la incipiente democracia burguesa guatemalteca, alterando el primero la sucesión presidencial mediante un autogolpe y en el segundo se intentó imponer la ilegal candidatura presidencial del exdictador Efraín Ríos Montt .

En enero de 2012 tomó posesión el general Otto Fernando Pérez Molina, quien se convirtió en el primer militar en retiro en ostentar la primera magistratura de este país centroamericano, en tiempos de 'paz'. Desde este mismo espacio se ha caracterizado el gobierno de Pérez Molina a partir de las acciones llevadas a cabo desde el gobierno central y dirigidas a sectores específicos de la sociedad, de manera que se puede inferir inequívocamente que el gobierno del Partido Patriota ha sido reacio al diálogo, a respetar los resultados de las distintas consultas comunitarias -sobre todo en temas como los mega proyectos, empresas mineras e hidroeléctricas- y desvergonzadamente pro empresarial.

La reelección a nivel regional

América Latina ha tenido un nivel de aversión durante algún tiempo al tema de la reelección presidencial, fundamentalmente porque las distintas décadas de sanguinarias y voraces dictaduras militares, fueron dando lugar a la necesidad de bregar por la alternancia en el ejercicio del poder político, expresada en las demandas de los distintos sectores de la sociedad y plasmada en las Constituciones que actualmente tienen vigencia en los distintos Estados.

En Centroamérica fundamentalmente, el proceso de reacción democrática dio paso a la aprobación de nuevas constituciones y a Estados gobernados por civiles que desde su mística y nueva posición estuvieron del lado de la clase dominante, pero bajo una óptica menos sanguinaria y en apariencia más democrática, y con mayores niveles de apertura político-ideológica. Pero los casos de Venezuela, Ecuador, y otros Estados han servido para repensar el tema de la reelección presidencial desde otras ópticas, fundamentalmente porque puede darse la reelección presidencial sin necesidad de que esto se convierta en dictadura o en un escenario antidemocrático, desde la óptica formal. Aunque el mismo desgaste sufrido por estos gobiernos es evidente. Se han dado algunas movilizaciones por reivindicaciones específicas, aprovechadas por el imperialismo estadounidense para desestabilizar regímenes nacionalistas burgueses; de manera que algunos intermedios de inestabilidad política y falta de gobernabilidad democrática se han hecho patentes en este sentido.

Trastocar el sistema político

Lo cierto es que este es el primer intento serio de trastocar el régimen político en Guatemala desde el autogolpe de Jorge Serrano Elías. La tendencia en la región es apuntar al fortalecimiento de los regímenes y lograr gobiernos fuertes, que permitan a las oligarquías en el poder la estabilidad política necesaria para enfrentar la grave crisis que atraviesan los países centroamericanos. Las intenciones de Pérez Molina de cambiar las características del sistema presidencial son un primer indicio en Guatemala de esta tendencia, aunque no ha logrado eco en las élites. Ni la prolongación del periodo presidencial, ni la modificación a las cláusulas pétreas en materia de reelección repercuten en mayores horizontes de democracia o justicia social.

Pérez Molina, afirmaba el 16 de mayo de este año según Prensa Libre "Me parece el peor de los sistemas que podamos tener", al referirse a las limitaciones de tiempo en cuanto al impedimento que puede existir para el cumplimiento de promesas de campaña. Distintos sectores, entre ellos el Partido LIDER (principal partido de oposición) han mostrado algún nivel de apertura para debatir sobre el tema de la reelección presidencial, aunque evidentemente esto va en contra del artículo 187 de la Constitución guatemalteca, que plantea que no se debe dar la prolongación del periodo presidencial o la reelección del presidente.

Sin embargo, en Nicaragua ya se vivió una reforma constitucional que ha dado lugar a la posibilidad de la reelección del actual mandatario Daniel Ortega Saavedra; además Honduras vive un proceso de discusión política y un intento de estabilización de la sociedad a través implementar un régimen fuerte.

Los grupos oligárquicos

Habrá que recordar también el papel fundamental que juegan los grupos oligárquicos en las decisiones políticas que afectan a la vida democrática del país. Ellos han maniobrado para construir un sistema tributario que les beneficie enormemente, y no tengan que pagar las cantidades y porcentajes de impuestos que deberían pagar. El gobierno presidido por el Partido Patriota es pro-empresarial y afín a los intereses oligárquicos, haciendo la salvedad de que como todo grupo que hace gobierno, tiene preferencias por ciertos sectores en los negocios del Estado. De tal forma que tanto la reelección como la prolongación del periodo presidencial en teoría beneficiaría al empresariado en el sentido de que el Estado se pondría en función de generar mayores niveles de inversión, impulsar las reformas que ayuden a temas como la flexibilidad laboral, reducir los niveles de tributación, y reducir los costos que en ‘términos burocráticos’ representa invertir en Guatemala. Pero el CACIF y las distintas gremiales empresariales no han tomado un posicionamiento unificado en este tema, más bien han sido evasivas, pues se han limitado a manifestar que debe respetarse la Constitución aun cuando saben que en alguna medida el tema de la reelección presidencial les beneficiará bajo el punto de vista que quiera verse.

En este orden de ideas, el coordinador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos IPNUSAC, Edgar Gutiérrez consideraba al preguntársele “¿Qué intereses podría haber detrás de esta idea?: Además del Presidente, los diputados se ahorran una campaña inmediata, tienen dos años más de gestión, sacando leyes a la medida de los intereses de cada sector. Los alcaldes mayor obra y de manejo presupuestario. Y los magistrados, cinco años más…Yo tengo la hipótesis de que el presidente tiene el respaldo de una parte del sector privado que necesita que siga ahí para que sus inversiones se cristalicen. Creo que son principalmente inversiones en el área energética, explotación de recursos naturales.” (El Periódico, entrevista 9/06/204).

A pesar de lo anterior, debe apuntarse que sobre el tema de reelección y/o prolongación del periodo presidencial existen posicionamientos encontrados, Gustavo Berganza sostiene que “Al parecer, dentro del sector privado organizado podía contarse, si no con el apoyo explícito de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), principal sostenedora del actual régimen, por lo menos con el ofrecimiento de no torpedearlo de entrada. Al fin y al cabo, en algo debían de corresponderle a este régimen que les permite semejante derecho de picaporte” (Berganza, Gustavo. Contrapoder, 30/05/2014). Esto resulta interesante, básicamente porque el tema de reelección presidencial ha propiciado que se den posiciones encontradas desde las distintas gremiales empresariales y los ha enfrentado entre sí.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, en una entrevista a El Periódico el 10 de Junio, sostenía al cuestionársele: “¿Qué intereses podrían haber detrás de la iniciativa? Lo ignoro. Cuatro años es un tiempo suficiente. Lo que hace falta es darle continuidad a los proyectos de un Gobierno a otro, y tomar con seriedad, responsabilidad, disciplina y estrategia los planes de desarrollo y los problemas más sentidos que tenemos que resolver como la miseria, la pobreza, seguridad, generación de empleo y desarrollo. Si se analizan en el transcurso del tiempo, en muchos de ellos hemos retrocedido. Cada vez que cambia un periodo presidencial, en lugar de dar continuidad a los proyectos, muchas veces los dejan por temas partidarios.” 

No debe dejar de mencionarse que de forma extraoficial se sabe que sectores de la oficialidad del ejército han advertido al presidente que se abstenga de seguir con este proceso. No solo ya se han dado diversas reacciones manifestando aversión hacia el tema de la prolongación o reelección presidencial, sino que también se han dado algunos pasos en materia legal; desde Plataforma Ciudadana se hizo un emplazamiento de carácter penal contra el presidente por el tema.

El Partido Socialista Centroamericano invita a laizquierda guatemalteca y centroamericana a debatir sobre este importante tema, analizando el desenvolvimiento de los hechos. Pensamos que este es un primer intento de crear un régimen más fuerte que permita a las élites superar la crisis del sistema; no es un intento de golpe de Estado que dé paso a una dictadura militar: ni el imperialismo ni la oligarquía se proponen regresar al pasado. La discusión está planteada. Lo cierto es que los medios de comunicación, las gremiales empresariales y la sociedad civil organizada, han mostrado su animadversión hacia el proyecto, el general Pérez Molina ha sido aislado en este punto; le toca dejar a un lado su propuesta sobre el tema y concentrarse en adecentar su mandato.

Ex ministra de finanzas María Castro y el presidente Pérez Molina

Por Úrsula Pop

Por segundo año consecutivo el gobierno de Otto Pérez Molina se encuentra en una grave crisis financiera. El presupuesto gubernamental 2014 sería cubierto por una meta de recaudación fiscal de Q 51,500 millones, a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la colocación de bonos por cerca de Q 8,000 millones y una serie de préstamos contratados con entidades financieras internacionales.

La alarma empezó a sonar en abril, cuando la SAT anunció que los ingresos fiscales en el primer trimestre del año estaban en Q 669.3 millones por debajo de la meta planteada. En ese momento se dijo que la recaudación en el Impuesto Sobre la Renta tuvo un crecimiento insuficiente, el IVA sobre importaciones disminuyó debido al bajo crecimiento de las compras al extranjero. Otros tributos que tuvieron una caída fueron los impuestos a timbres fiscales y papel sellado, al tabaco, a la distribución de bebidas, al cemento y a la circulación de vehículos.

Al finalizar abril la brecha fiscal se redujo a Q 498 millones; la meta para el cuatrimestre era de Q 17,495 millones y se recaudó Q 16,996 millones. Sin embargo, a inicios de junio la SAT reportó que en el mes de mayo la brecha volvió a crecer, llegando a Q 613 millones (Prensa Libre 12/06/14).

El tema del endeudamiento ha causado una gran polémica, pues aunque el gobierno sostiene que la deuda se encuentra en un nivel aceptable, numerosos analistas advierten que el país se acerca peligrosamente al límite recomendado. Según el Banco de Guatemala, la deuda interna del país para el mes de abril asciende a Q 55,790 millones, y la externa a US$ 7,026 millones (El Periódico 27/05/14). Este año el gobierno colocó Q 8,335.2 millones en bonos del tesoro, y tiene programado contratar préstamos en el extranjero por US$ 870 millones. Los organismos internacionales recomiendan una deuda de no más del 2.5% de los ingresos fiscales; con el endeudamiento contemplado la deuda ascenderá a Q 115 mil millones y la recaudación en impuestos se calcula que será de Q 49 mil millones, lo que da un porcentaje de 2.35%, muy cerca del límite recomendado (Siglo XXI 02/06/14).

No obstante, el 27 de mayo el Congreso, con una amplia mayoría de 147 diputados, aprobó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por US$ 280 millones para la ampliación de la carretera de Escuintla a El Salvador. Hay otros préstamos pendientes con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, pero en estos casos el visto de bueno de los Estados Unidos está condicionado por la Ley de Asignaciones Consolidadas, que demandan del Estado guatemalteco una solución a la demanda de resarcimiento de las comunidades que fueron afectadas y masacradas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, y por la solución de adopciones ilegales de niños.

El panorama se presenta muy oscuro para el gobierno. La reforma fiscal que entró en vigencia en 2013, fue afectada por numerosos recursos de inconstitucionalidad presentados por el empresariado, lo que hizo que el incremento en la recaudación, que se esperaba fuera de Q4,500 millones, se redujera a Q 3 mil millones. El viceministro de Administración Financiera Edwin Martínez admitió que hay un desfinanciamiento de Q 4,500 millones, entre la recaudación faltante y préstamos no aprobados (El Periódico 12/06/14).

En este contexto se produjo la renuncia de la ministra de finanzas María Castro. Oficialmente la causa fue una oferta laboral en organismos internacionales, pero se rumora que fue despedida por no haber incluido en la aprobación del préstamo con el BCIE la necesaria ampliación presupuestaria por Q 550 millones para poder ejecutar el gasto y por las dificultades financieras por las que atraviesa el gobierno.

La crisis fiscal del gobierno se debe en parte al bajo desempeño de la economía (importaciones, exportaciones) y al fracaso de la reforma fiscal, que fue atacada por los empresarios que se niegan a pagar más impuestos. Contradictoriamente, la Ley de Inversión y Empleo que se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso, basa la atracción de inversiones en la exoneración de impuestos a las empresas. La baja recaudación de impuestos afecta en primer lugar la inversión del Estado en salud, educación y vivienda, es decir las necesidades más apremiantes de la población trabajadora. El gobierno debe eliminar los privilegios fiscales que gozan numerosas empresas nacionales y extranjeras, aumentar el monto de las regalías que deben pagar las empresas mineras, y aplicar impuestos directos a las ganancias de los bancos y empresas financieras. El gasto público debe ser fiscalizado por las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares.

 Organizaciones indígenas accionaron contra la Ley de Telecomunicaciones

Por Edgar Miguel Kan

Es innegable la avanzada de las telecomunicaciones como necesidad construida, y a su vez como herramienta de lucha de los colectivos sociales para la comunicación, propias de la inventiva de los hombres y mujeres del mundo. Sin embargo, como todo avance de la humanidad debe entenderse como el producto de la enajenación que se hace al pueblo oprimido y que la inventiva es propia de quienes la trabajan a diario. Lo anterior hace que en la región y en el mundo se considere ¿para qué y para quién se utilizan estos avances, en especial el espacio radioeléctrico?

En Guatemala la Ley General de Telecomunicaciones, es una ley antigua, que no atiende a la evolución política ni a la inventiva que en materia del espacio radioeléctrico se tiene, por lo que se han realizado una serie de modificaciones mediante nuevas leyes.

Estas modificaciones las realizó el Congreso de la República. Es a través de éste que se construyen las leyes -los instrumentos de dominación- y que atiende a los intereses económicos de la burguesía, en este caso, de las grandes corporaciones que se dedican a la telecomunicación como lo son: Tigo, Claro, Telefónica, entre otros conglomerados de capital opresor.

Las modificaciones y ampliaciones a la Ley de Telecomunicaciones han sido ajustes que el gran capital del sector realiza para perfeccionar las formas de opresión. El ejemplo más sonado ha sido la reciente Ley de Terminales Móviles, la cual, bajo pretexto de control en las cárceles ha generado una serie de usos de explotación que afecta principalmente a la sociedad, pero también a grupos de interés burgués.

La ley desarrolla tres áreas en las que normará el uso, instalación y manejo de las señales de telecomunicación y datos, así como las funciones de la autoridad estatal que regirá.

Restringe señal en las cárceles

Obliga a que las empresas bloqueen la señal en los centros carcelarios, de la mano con la estructura penitenciaria para monitorear dicha acción, imponiendo a las empresas sanciones por el retraso del funcionamiento de los bloqueadores. Esto genera una alianza y seguimiento entre las empresas y el Estado, legitimando lo ya sabido, que las empresas y quienes administran la cárcel permiten que las acciones delictivas se desarrollen, lo que hace del crimen un nuevo mercado.

Establece arbitrios generales

Se desarrollan varios arbitrios de costos risibles para los monstruos de las telecomunicaciones, entre ellos, la instalación de antenas en bienes públicos, en bienes privados, pago a la municipalidad por poste y, por la instalación de cables por metros cuadrados.

Concentración del poder político y administrativo

La ley genera un control total de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) para otorgar permisos sobre instalación de antenas, cables, fibra óptica, postes o transmisión inalámbrica en cualquier tipo de propiedad (pública y privada). Es omnipotente el poder que se le da a la SIT, incluso al punto de disponer sobre la fauna y flora que estorbe a los cables y postes; así como de imponer espacios para la instalación de infraestructura en donde considere conveniente.

Dentro de la misma burguesía se generó oposiciones a la ley, pues afecta los intereses de grupos de esta clase. Estas luchas entre cúpulas burguesas se dan como consecuencia de la búsqueda de control sobre mercado y repartición de ganancias, no por la necesidad de utilizar el espacio radioeléctrico y su beneficio para el pueblo.

Se plantearon diversas acciones en contra de la ley, entre ellos: el Consejo de Ancianos, Ancianas y principales del Pueblo Maya Kaqchikel de San Andrés Itzapa, Chimaltenango; la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas; la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam); el abogado Rigoberto Aguilar López; la Municipalidad de Guatemala; el Movimiento Cívico Nacional; el Consejo Nacional de Áreas Protegidas; la Cámara de Industria de Guatemala.

La Corte de Constitucionalidad (CC) tras un estira y encoje con los grandes capitales de la telecomunicaciones determinó:

Que se suspende por inconstitucionales los artículos que hacen referencia a los requisitos que la empresa debe solicitar a la SIT para el uso de bienes públicos o privados con el objetivo de instalar infraestructura.

Retirar los beneficios a las empresas de telecomunicaciones y la SIT en las que faculta la autorización para remover la vegetación que sea necesaria, que estorbe los cables, postes, entre otros; usar bienes de terceros para colocar o instalar infraestructura de transmisión de datos, sin que sea necesario exhibir el contrato respectivo.

Desde el PSOCA consideramos que el espacio radioeléctrico es de todas y todos, que es un valor intangible de la humanidad y que permite la comunicación. Es necesario democratizar el espacio radioeléctrico para el servicio del pueblo y no de intereses capitalistas corporativos. La suspensión de la CC, disminuye el abuso de la SIT y las empresas, más no se acerca al fondo.

URGE LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO.