Por Armando Tezucún

La crisis financiera del gobierno de Otto Pérez Molina es, en última instancia, producto del fracaso del modelo neoliberal, de los tratados de libre comercio que reducen los aranceles e impuestos, de la apertura al capital extranjero que es atraído con el señuelo de las exenciones fiscales y de otras medidas que debilitan al Estado y reducen sus funciones. Esta grave crisis adquirió un giro dramático a finales del mes de julio e inicios de agosto.

El 23 de julio el cuerpo de médicos del Hospital Roosevelt, unos de los dos más grandes del país ubicados en la capital, suspendió las consultas externas y las cirugías menores. La medida fue tomada en acuerdo con la Junta Directiva de ese centro, debido al crítico desabastecimiento de varios suministros y la escasez total de productos básicos como hilos de sutura, agujas, jeringas, hojas de bisturí, tubos orotranqueales y anestésicos entre otros. La situación obligó a las autoridades a priorizar los insumos para atender emergencias. La atención a la población en el Hospital Roosevelt se reinició el 4 de agosto, luego de que se cancelara una deuda pendiente con los proveedores y se logró un abastecimiento del 72% de material médico-quirúrgico, 89% de productos de laboratorio y 85% de medicinas. Esto alcanzaría para atender a los pacientes durante los próximos dos meses (Siglo XXI 5/08/14). El Hospital dejó de atender en esos días a unas tres mil personas

Hay otro aspecto del problema de la salud que afectará a gran cantidad de personas del interior. Como parte del cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 1996, surgió el Programa de Extensión de Cobertura, que trataría de que los servicios básicos llegaran a las personas en el área rural. Este programa estaba administrado por organizaciones no gubernamentales, y luego de seis años el Ministerio de Salud tomaría la responsabilidad del servicio. Sin embargo, la transición nunca se dio y el programa siguió en manos de ongs. Sin embargo, el programa continúa teniendo una importancia vital para la atención en salud de la población del interior, pues brinda el servicio en los lugares donde el Ministerio de Salud no tiene capacidad de llegar.

A finales de julio el gobierno anunció que luego de una evaluación, prescindirá de 18 oenegés que prestan el servicio, rescindiendo 220 contratos con ellas. Según Abilio López, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensión de Cobertura de Servicios Básicos de Salud (Conec), la medida dejará sin servicios de salud a dos millones y medio de personas en el interior del país, y perderán su trabajo cerca de 37,500 laborantes. Además, estos centros son parte importante de los programas de combate a la desnutrición, que carecerían de seguimiento y monitoreo. Las autoridades del Ministerio de Salud reconocieron que la medida se debe a la baja tributación y a la escasez de fondos.

Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti han acusado a las oenegés de incumplir con lo acordado en los convenios: “Se ha hecho un estudio de todas las oenegés, de los servicios que están prestando; se ha llegado al campo a ver si tiene los insumos que dicen que deben tener y no estaban comprando los medicamentos; otras oenegés no tenían el personal o sencillamente se encontró cerrado el lugar”, dijo el presidente (Siglo XXI 30/07/14). Sin embargo, también reconoció que por falta de recursos su gobierno no podrá cumplir con lo prometido en el tema de salud (ver Prensa Libre 30/07/14 Provincia es la más afectada por recortes en salud). Pero Abilio López, de Conec rechazó estas aseveraciones diciendo que no se hizo ningún estudio y que el gobierno les debe dinero “Es un tema político, no nos quieren pagar una deuda de Q 160 millones; se tienen 67 oenegés, de las cuales funcionan 16 y a 18 les cancelaron el contrato” (Siglo XXI 30/07/14).

Los trabajadores del programa de extensión de cobertura realizaron protestas a fines de julio exigiendo al Ministerio de Educación que renueve los contratos, que aumente el presupuesto y que se les pague los meses de sueldo adeudados. Las movilizaciones se dieron en Quetzaltenango, Santa Cruz del Quiché, Retalhuleu, Chimaltenango y Jalapa.

Denunciamos la desfachatez del gobierno, que pretende cubrir su incapacidad y falta de voluntad culpando a las oenegés. Para empezar, es el Ministerio de Salud quien tiene la obligación de dar cobertura total a las necesidades de la población, sin recurrir a otras entidades. Llamamos a los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, trabajadores de las oenegés, sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas, estudiantiles y populares a iniciar un amplio y fuerte movimiento unitario que exija al gobierno, por todos los medios, que asigne suficientes recursos al área de salud, de modo que todos los hospitales, centros y puestos de salud sean abastecidos al 100%, los trabajadores remunerados y que las necesidades de la población sean totalmente atendidas.

Marcha de protesta de habitantes del asentamiento Linda Vista

Por Marcial Rivera

Guatemala, país de la eterna tiranía... Esa patria del criollo a la que Severo Martínez supo describir en su crítica hacia Luis Cardoza y Aragón en 'La Recordación Florida'. Esta patria que en el devenir de la historia y en la conjugación del verbo 'haber' en los 3 tiempos, ha estado, está y estará al servicio de quienes detentan el poder fáctico y el poder económico.

Y los problemas estructurales, que siguen sin encontrar solución, no porque no la exista o porque sea imposible de implementar o llevarse a cabo. El tema que nos ocupa consiste fundamentalmente en tener voluntad política; no obstante, esto está lejos de materializarse, quienes gobiernan lo hacen creyendo que los ciento ocho mil kilómetros cuadrados de territorio 'nacional' son una especie de hacienda y ellos los señores capataces que disponen a su antojo de la misma.

La ecuación es simple, y no falla: Población Indiferente+Un gobierno cleptócrata, y el resultado el clima de ingobernabilidad democrática, y de volcar la actividad gubernamental en pro de los grupos oligárquicos.

Ley de la Vivienda

En apariencia, la lucha librada por las comunidades organizadas en torno a la aprobación de la Ley de Vivienda resolvería el problema, y establecería una hoja de ruta que le diera solución al problema de la falta de vivienda; obviamente el tema se encuentra en total abandono en el marco del presente gobierno, puesto en función del empresariado. Habrá que recordar los plantones que se llevaron a cabo en 2011 y el asentamiento 38-69, que se estableció frente al Congreso de la República, como medida de presión para que se aprobara la Ley de Vivienda. La misma fue aprobada a principios de 2012, no obstante habrá que recordar que se aprobó sin fondos y sin un marco operativo concreto para la ejecución de la misma.

La ley establece en su Artículo 1 "Objeto: La presente Ley tiene por objeto regular y fomentar las acciones del Estado, desarrollando coherentemente el sector vivienda, sus servicios y equipamiento social. Para ello se establecerán las bases institucionales, técnicas, sociales y financieras, que permitan a la familia guatemalteca el acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable, con equipamiento y servicios".

Problema sin resolverse

Probablemente el hecho de que la misma fue aprobada sin el apartado relativo al financiamiento de la misma trajo como consecuencia que a nivel operativo sea imposible de llevar a cumplimiento, y éste es el punto de inflexión en el tema de la vivienda. La última semana de julio los medios de comunicación informaron sobre una noticia que era casi inminente: el desalojo de la comunidad Linda Vista, en el Anillo Periférico; el asentamiento se encuentra a inmediaciones del Puente El Incienso que conecta a la zona 3 con la zona 7. Dicho desalojo se realizó el 30 de julio.

Sobre el asentamiento hay que apuntar varias cosas: en principio, el terreno sobre el cual se edificó el asentamiento es del Estado, concesionado a la empresa EEGSA para la edificación de torres de electrificación; y en consecuencia el terreno adyacente es parte del usufructo. En el lugar se instalaron más de 150 familias desde 2012. Previo a este desalojo, ya se habían interpuesto distintos recursos legales para retardar el proceso; sin embargo los mismos no tuvieron cabida y finalmente se dio el desalojo, aprobado por el juez José Luis Patán Piché; quien según denunciaron los pobladores del asentamiento actuó de forma prepotente.

Posterior al desalojo, en el terreno que alguna vez se erigió la Comunidad Linda Vista solo se visualizaban los postes de energía eléctrica que la misma empresa que pidió el desalojo otorgó a los pobladores para que tuvieran el servicio y sacaran provecho de los mismos. Ahora ya construyeron paredes en los límites de la misma, para impedir que los pobladores regresen.

¡Exijamos vivienda digna!

Es evidente que el desalojo de la comunidad Linda Vista es una muestra por antonomasia de la falta de voluntad política del gobierno patriota, en cuanto a resolver los grandes problemas estructurales que tiene Guatemala. El Partido Socialista Centroamericano, exige al gobierno patriota el inmediato funcionamiento de la Ley de Vivienda; la implementación de la ley debe ser un proceso debe ser dirigido y supervisado por los pobladores de los grandes asentamientos que se erigen en la Ciudad de Guatemala y su periferia; la vivienda digna es un derecho humano y la población debe tener acceso a ella.

Por Marcial Rivera

El problema de la migración de infantes a territorio Estadounidense continúa. Desde distintos tanques de pensamiento se ha dado tratamiento al tema, así como potenciales soluciones al problema, el cual se magnificó con el pasar de los días.

Problema en Estados Unidos

El problema de la migración infantil se ha convertido en un tópico de tratamiento federal en el buró político en Estados Unidos. Desde el presidente Obama, el congreso y otros sectores de la vida política de Estados Unidos, se han hecho distintos pronunciamientos en torno al tema, que tiene implicaciones a nivel del triángulo norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Bien puede afirmarse que nos encontramos frente a un arcoíris de los mismos, desde los posicionamientos que apuntan a soluciones humanas para el problema de la migración de menores no acompañados, así como de manifiestos de la derecha radical, la más relevante hecha por Sarah Pallin, del Tea Party, quien comparó a los inmigrantes ilegales con terroristas islámicos.

El 8 de julio arribó a territorio Guatemalteco una comisión de alto nivel, conducida por Jeh Johson, Secretario de Seguridad Nacional Estadounidense. La lógica imperial es la misma: el control de fronteras entre México y Estados Unidos, como punto de partida para el tratamiento del problema migratorio, y la propuesta de replicar los resultados logrados hacia Honduras y El Salvador. Secundariamente se tocó otros temas como el mejoramiento del clima de inversiones, con la finalidad de que esto repercuta en detener la inmigración indocumentada. Al respecto, el Secretario Johson acotaba “Los niños no acompañados, de ser detenidos en la frontera, se convierten en prioridad para su repatriación, sin importar su edad. A menos que un niño o un adulto pueda optar a ciertos beneficios de ayuda humanitaria, todos los demás, como prioridad, deben ser devueltos a su país” (Prensa Libre, 09/07/2014).

¿Posibles Soluciones?

Por otro lado se plantea la idea de combatir y detener a los coyotes que de forma impune operan en función de llevar inmigrantes hacia territorio estadounidense, y que forman parte de redes internacionales de tráfico de personas, lo cual estaría en el marco de modificar la Legislación Penal, para incrementar las penas hasta por 12 años. Esta solución hace sinergia con lo planteado por la jefa del ministerio público Thelma Aldana y la Vicepresidenta Roxana Bladetti, quienes han planteado el incremento de penas a familiares que promuevan la migración de menores hacia Estados Unidos, además del apoyo estadounidense a las autoridades guatemaltecas en materia de resguardo de las fronteras entre Guatemala y México, bajo el cobijo del delito de asociaciones ilícitas.

Posiciones divergentes

Mientras del lado de los países afectados se plantean soluciones que apuntan mayoritariamente al tratamiento humanitario del problema, en Estados Unidos más bien se considera que el tratamiento debe ser el cumplimiento de la ley, y el endurecimiento de las medidas que se aplican para con los menores migrantes. En el caso del gobernador de Texas Rick Perry, consideró solicitarle a Obama el envío de efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera, para apoyar a la Patrulla Fronteriza; sobre esto ya existen antecedentes, durante los gobiernos de Bush y de Obama.

¿Hoja de ruta?

La reunión programada para el 25 de julio arrojó los resultados que ya se vaticinaban, las deportaciones de menores continuarán. Al momento más de setenta mil niños han sido detenidos y Obama ha solicitado a los presidentes Centroamericanos que colaboren en el sentido de detener la inmigración ilegal, tanto a nivel de fronteras como desde otras formas posibles.

Desde el seno del Partido Socialista Centroamericano consideramos que dado que el problema en sí mismo es centroamericano, la solución planteada, en lo esencial, debe ser centroamericana. La reforma migratoria debe ser integral, popular, participativa e incluyente de los distintos sectores involucrados en el tema; esta lucha debe ser abanderada por las organizaciones de inmigrantes en Estados Unidos, y también por otros actores importantes. La reforma migratoria integral a su vez constituiría un alivio para miles de inmigrantes indocumentados en dicha nación, también deben plantearse soluciones de fondo, pues los inmigrantes huyen de la violencia, la criminalidad y las condiciones de marginalidad a que el sistema económico les ha acorralado. El mismo país que durante décadas se encargó de financiar y patrocinar sanguinarias dictaduras y ‘guerras de baja intensidad’ ahora debe impulsar condiciones de dignidad e igualdad para aquellos a quienes se encargó de llevar a la pobreza.

Por Armando Tezucún

La Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, iniciativa 4644, fue presentada al Congreso de la República por el presidente Otto Pérez Molina el 14 de enero de 2013. Sin embargo, la ley no ha sido aún aprobada por el Legislativo; antes bien, ha generado polémica, discusiones y divergencias entre las bancadas de diputados, entre diferentes grupos del empresariado y hasta en el seno del gobierno.

El propósito de esta discutida ley es ampliar los beneficios fiscales que fueron otorgados a partir de 1989 por medio de la Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89) y la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) a las empresas. Ambos decretos exoneraban a las empresas beneficiadas del pago del impuesto sobre la renta y la devolución del Iva durante 10 años. Estas leyes quedarán sin efecto al finalizar el próximo año, límite establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para proceder a eliminar las subvenciones a las industrias exportadoras. Inicialmente la OMC había acordado que para el año 2005 se eliminaría, junto con el sistema de cuotas textiles, los sistemas de incentivos a las exportaciones, dando posteriormente una prórroga de 10 años para la eliminación de estos subsidios, es decir en 2015. Vale decir que las empresas maquileras, muchas de ellas empresas coreanas que aprovecharon que Guatemala no tenía cuotas de exportación de textiles hacia Estados Unidos, con frecuencia simularon cierre de operaciones después de 10 años, creando nuevas empresas para gozar de otros 10 años de subsidios.

¿Qué dice la Iniciativa 4644?

En la presentación que el Ministerio de Economía hace al proyecto de ley, se menciona la creación de dos mecanismos de generación de nuevas inversiones: las Zonas de desarrollo económico y las unidades de desarrollo económico. Luego dice: “Entre estos beneficios que se proponen en la iniciativa se encuentran el crédito fiscal del Impuesto Sobre la Renta por la inversión en activos fijos, generación de empleo o capacitación que realicen los beneficiarios de la ley, por un periodo de veinte años…El Impuesto de Solidaridad se exenciona por el mismo plazo por ser acreditable al Impuesto Sobre la Renta.”

“Los demás incentivos relativos a la exención por la compra, permuta o transferencia de dominio, o el arrendamiento de inmuebles y el crédito fiscal del 50 por ciento sobre el Impuesto Único sobre Inmuebles, por las inversiones en infraestructura que realicen los beneficiarios en los municipios donde se establezcan; se otorgan por un plazo de diez años…”

“La exención de los derechos arancelarios a la importación y la exención del impuesto al valor agregado en las importaciones de maquinaria, materias primas, insumos y materiales que utilicen en los procesos productivos de bienes y servicios, se establecen a plazo indefinido, ya que se trata de operaciones que se realizan en regímenes aduaneros especiales, y por lo tanto no se produce el hecho generador de tales tributos.”

Estos son básicamente los beneficios que tendrán las empresas que se acojan a la ley (la iniciativa incluye una lista de 20 actividades económicas que no pueden acogerse a la misma).

La oposición de la SAT

En marzo de este año la Superintendencia de Administración Tributaria pidió a los diputados del Congreso que revisaran la iniciativa de ley 4644, debido a las exenciones de impuestos que contempla, el Estado dejaría de recibir Q 1,295.5 millones por los beneficios que tendrían 1,014 contribuyentes de maquilas y zonas francas. La SAT considera que a mediano plazo 40,055 contribuyentes serían elegibles para los beneficios fiscales, de los cuales 380 optarían por migrar a los nuevos beneficios, generando una pérdida de Q 2,721.2 en impuestos, dando un total de Q 4,016.7 que el Estado dejaría de recaudar (Siglo XXI 10/07/14).

El Directorio de la SAT instaló mesas técnicas para analizar la iniciativa de ley, dando como resultado seis enmiendas, cuyo número aumentó a 30 reformas que han sido discutidas por la Comisión de Economía del Congreso. Para el 15 de julio la SAT y el Ministerio de Finanzas finalizaron una nueva revisión que decidió agregar un mecanismo informático obligatorio para que las empresas informen sobre sus controles de exportación, importación y ventas locales; además definieron mecanismos legales para suspender los beneficios a las empresas que incumplan o que sean utilizadas de forma incorrecta (Prensa Libre 16/07/14). Con esto el gobierno dio por finalizada la revisión del proyecto y dejó en manos del Congreso su aprobación.

El FMI da su opinión

Durante la visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional para la revisión del Artículo IV en Guatemala, los mismo señalaron su preocupación por la disminución de los ingresos fiscales del Estado y el efecto que tendría la iniciativa 46 44 sobre la recaudación: “a la misión también le preocupa el proyecto de ley para la competitividad (Ley de Inversión y Empleo), en la que exenciones de impuestos y otros tratamientos especiales incluidos en la propuesta actual podrían amenazar los ingresos fiscales”. Lorenzo Figliouli, jefe de la misión del FMI, subrayó en conferencia de prensa que: “Si se acogen todas las empresas nuevas y más dinámicas a la nueva ley, por definición lo que va a quedar como recaudación serían las menos dinámicas y menos progresivas de la economía… además, que las empresas que ahora contribuyen, de una forma u otra buscarían como transitar al régimen privilegiado aduciendo que son nuevas.” (El Periódico 8/07/14). El FMI recomendó fortalecer la administración tributaria, reducir el gasto tributario y reajustar las tasas del IVA para que estén en línea con las de la región.

La polémica en el seno de la burguesía

La iniciativa 46 44 en especial ha enfrentado en opiniones contrarias a sectores de la burguesía, específicamente a los industriales, maquileros y exportadores que demandan la aprobación urgente de la ley, y los comerciantes, que la adversan.

Según declaraciones de Fernando López, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, el propósito de la ley es crear empleos, y las exenciones de impuestos se verán compensadas con las 30 enmiendas que se han hecho y por el hecho de que las empresas que se acojan a la ley deberán hacerlo a través de una comercializadora que sí estará sujeta al pago de impuestos (Siglo XXI 6/07/14).

Fanny Estrada, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores declaró que el principal objetivo de la iniciativa es “Retener empleos es uno de los grandes propósitos. Que no se nos vaya nadie más de esos 544 mil trabajos que generan estos sectores. Además, crear por lo menos 100 mil plazas más con esa atracción de nuevas empresas.” Sostuvo que la oposición de la Cámara de Comercio de Guatemala a la iniciativa es por “…la modificación al Artículo 20, que establece que en la Unidades Económicas de Inversiones (UDI) no podrán operar comercializadoras y centros logísticos. La CCG había presentado su propia ley, la cual no pasó, y de allí depende es descontento; el comercio no es una actividad productiva, por lo tanto no le aplica.” (El Periódico 18/07/14).

Por su parte, Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, explica su oposición a la ley: “No es posible que actualmente estemos pensando en que la única forma de generar desarrollo en Guatemala es creando privilegios para determinadas actividades como industriales, agrícolas y de servicios, que llegan, según esta iniciativa de ley, hasta más de 60 años que van a exonerar del pago de impuesto sobre la renta (ISR) y otros impuestos establecidos en el país. Guatemala lo que realmente requiere en lugar de la generación de estos parches en la legislación es cambiar estructuralmente una Reforma Fiscal, que simplifique, que tenga tarifas que sean competitivas a escala mundial y acorde a nuestra realidad económica y social, y que las normas también sean iguales para todos, que es un principio importante.” (Siglo XXI 6/07/14).

Nuestra postura

El gobierno y la burguesía exportadora y maquilera hipócritamente se hacen pasar por benefactores de los trabajadores al defender la Iniciativa 46 44 diciendo que permitirá retener miles de empleos y crear otros miles más. Bien sabemos que el capital se mueve hacia donde les sea garantizado el máximo de ganancias; ese es el único criterio, y por eso el gobierno trata de atraer inversionistas ofreciendo que no gastarán en impuestos. A pesar de que la iniciativa de ley pone como condición a las empresas beneficiarias el respeto de las leyes laborales del país, las maquilas y exportadoras tienen una siniestra tradición de violación de los derechos laborales, negación del derecho de sindicalización y prestaciones laborales, pésimas condiciones de trabajo; además son beneficiadas con un salario mínimo legal inferior al que prevalece en las demás empresas. No es casualidad que junto a la aprobación de esta ley la burguesía y el gobierno impulsen también la conformación de circunscripciones económicas especiales, en las que el atractivo principal serán los salarios inferiores al mínimo de ley.

Por ahora la mayoría de bancadas del Congreso son contrarias a la aprobación de la ley, pero es debido a que será el gobierno que quede electo en 2015 el que sufrirá la merma de sus ingresos cuando la ley entre en vigencia en 2016. La opción que están levantando es que mejor se modifique la ley de maquilas 29-89 para cumplir con las exigencias de la OMC.

Consideramos que la exención de impuestos a las empresas lo único que hará será desfinanciar más al Estado y dar una justificación para que los gobiernos no inviertan en educación, salud y demás necesidades básicas de la población trabajadora. Demandamos el cese de todas la exenciones de impuestos; impuestos directos a las ganancias de los bancos y financieras; incremento de las regalías e impuestos que pagan las industrias extractivas y mineras; una reestructura fiscal que haga que los que ganan más paguen más.