Por Armando Tezucún
La semana del 10 a 14 de noviembre organizaciones de campesinos, pobladores y de trabajadores de la salud salieron a las carreteras y calles de las ciudades a protestar y exigir sus demandas al gobierno. En el caso de los campesinos, los bloqueos y protestas fueron continuación de las movilizaciones iniciadas en agosto por la derogación de la Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales, que culminaron con un triunfo al lograr eliminar dicha ley. A mediados de septiembre los compañeros de nuevo tomaron carreteras e hicieron marchas en la capital exigiendo la aprobación de unas leyes y la derogación de otras. El 18 de septiembre, en el Congreso algunos diputados apoyaron a los campesinos proponiendo la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, pero el intento fracasó debido a que la Junta Directiva rompió el quórum. Los partidos burgueses en el parlamento aprovecharon para desviar las protestas proponiendo una mesa de diálogo para discutir reformas a dicha ley, pendientes desde 2012, con el resultado de que los jefes de bloques dejaron plantados a los representantes campesinos el 22 y 24 de septiembre.
En referencia al desaire hecho por los diputados a los campesinos, el dirigente Aparicio Pérez declaró: “Es una falta de respeto y una payasada lo que hacen estos partidos políticos en el Legislativo, ya que solo responden a los intereses de los ricos y de las grandes empresas nacionales y las transnacionales” (Prensa Libre 12/11/14).
A partir del 11 de noviembre los compañeros retomaron las protestas exigiendo la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, la Ley de Radios Comunitarias, la Ley de Monumentos Sagrados; además la derogación de la Ley de Túmulos y la Ley de Telecomunicaciones, y la no aprobación de la Ley de Inversión y Empleo.
En el caso de los trabajadores de la salud, desde el 6 de noviembre los paros en los centros hospitalarios y de salud se extendieron por todo el país. Los compañeros exigen el pago de sueldos atrasados a casi 18 mil trabajadores y el abastecimiento de medicinas, insumos y equipo a los hospitales, que se encuentran dramáticamente desabastecidos.
La Ley de Desarrollo Rural Integral
Una de las principales leyes cuya aprobación demandan los campesinos es la Ley de Desarrollo Rural Integral, que ingresó al Congreso en mayo de 2005. Esta es una ley no confiscatoria, realizable dentro del marco de la economía de mercado y que en realidad no atenta contra los latifundios. Sin embargo, ha sido adversada encarnizadamente por la oligarquía y sus representantes en el Congreso. La ley recibió un dictamen favorable en el año 2009, pero ha permanecido engavetada desde entonces. En marzo de 2012 las organizaciones campesinas realizaron una multitudinaria marcha para demandar la aprobación de la ley, y otras exigencias, pero después de infructuosas reuniones, el gobierno logró que la movilización quedara en nada. En noviembre de ese año, bajo la presión de fuertes movilizaciones campesinas, el gobierno trató de presentar la ley ante el pleno del Congreso, pero una vez más los diputados la enviaron a discusión. En septiembre de este año los diputados engañaron de nuevo a los campesinos haciéndoles creer que la aprobarían.
Inician las movilizaciones
El lunes 10 de noviembre trabajadores de la salud y el Frente Nacional de Lucha empezaron los bloqueos en la carretera a El Salvador en el cruce a Cuilapa, Santa Rosa, mientras continuaba el cierre de las consultas externas en varios hospitales. En Huehuetenango los compañeros realizaron una marcha de protesta. Luis Lara, dirigente del principal sindicato de salud declaró: “Estamos pidiendo al Congreso que despolitice el problema de la salud y que lo vea con una mirada de solidaridad, porque no se puede jugar con el hambre de los trabajadores y tampoco se puede jugar con la vida de los niños y las mujeres” (Diario La Hora 12/11/14).
A partir del martes 11, cientos de compañeros pertenecientes a las organizaciones indígenas y campesinas iniciaron los bloqueos de carreteras en al menos 21 puntos, que se sumaron a los realizados por compañeros de salud. A la vez, en la capital representantes de varias organizaciones, entre las cuales destacan el Comité de Unidad Campesina, el Comité Campesino del Altiplano, el Consejo de Autoridades Ancestrales, compañeros de la resistencia de La Puya, y la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej, con el apoyo de otros grupos y estudiantes universitarios (alrededor de 200 personas), organizaron un plantón frente al Congreso de la República, exigiendo entrevistarse con los diputados para plantearles las demandas en torno a las leyes mencionadas. Los compañeros mantuvieron el plantón día y noche frente al Congreso hasta el jueves 13.
En algunos lugares la población agregó otras demandas a las planteadas por los campesinos y trabajadores de salud, como en Totonicapán, donde se protestó contra los cobros elevados por el servicio de energía eléctrica que realiza la empresa Energuate, además de que se manifestó la oposición a la instalación de torres de cableado eléctrico. En San Cristóbal Totonicapán y San Jerónimo, Baja Verapaz, se sumaron a los bloqueos y protestas campesinos pertenecientes al programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal, exigiendo al gobierno el pago de incentivos forestales por Q 21 millones, que adeuda a unos 18 mil beneficiarios de todo el país.
La burguesía exige al gobierno represión
Ese mismo martes, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) planteó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que ésta ordenara el desalojo de los bloqueos. La CC otorgó el amparo a los empresarios y ordenó al Ministerio de Gobernación y a la PNC liberar las carreteras. El presidente del Cacif, Hermann Girón argumentó: "Lo que más preocupa es que en los pasos bloqueados participan entre 15 y 20 personas, obstruyen el paso de cientos y miles de personas en las carreteras del país, afectan la oportunidad no tanto de los grandes empresarios, sino de los pequeños empresarios y agricultores" y “Creemos que bloqueos extendidos como los que han anunciado algunos líderes irresponsablemente son un gran daño para la sociedad, principalmente para los pequeños y medianos empresarios y agricultores” (Prensa Libre 12/11/14). Como siempre, los capitalistas se escudaron tras la cantaleta de que las protestas ponen en peligro empleos: “Nos preocupan los miles de empleos que se ponen en riesgo con estas acciones”, dijo hipócritamente Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, y “Lo que más nos preocupa son los empleos que están en riesgo con el bloqueo de carreteras”, gimió Hermann Girón (Prensa Libre 14/11/14).
Al empezar la intervención de la policía, en algunos lugares se dieron enfrentamientos, en especial en el Km. 51 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, El Progreso, y Santa María Xalapán, Jalapa, con el resultado de cinco policías heridos de bala y uno atacado con un machete. Los compañeros campesinos, conociendo los métodos violentos que usa la PNC, decidieron llegar a los bloqueos preparados para enfrentarlos. Para el miércoles 12 los agentes represivos habían desalojado 7 puntos de bloqueo, aunque las acciones de protesta continuaban en al menos nueve lugares. A pesar de los desalojos, los compañeros volvían a ocupar los lugares. Según las informaciones de los diarios, las acciones de desalojo dieron como resultado 8 policías heridos, un campesino fallecido (Luis Alfredo Vásquez Cruz) y 16 manifestantes detenidos.
La dirigencia magisterial se presenta al Congreso
Mientras campesinos, pobladores y trabajadores de la salud se continuaban movilizando, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), Joviel Acevedo, llegó al Congreso a reunirse con los jefes de bloque, a quienes demandó la aprobación de los bonos del tesoro por Q 4 mil millones y el presupuesto del gobierno para 2015. Acevedo amenazó con sumarse a las protestas si los diputados no aprueban ambas cosas: “Nosotros venimos a proponer, responsablemente, antes de que el magisterio salga a manifestaciones, a solicitar que aumenten el presupuesto, así como proponer al Congreso, porque al fin de cuentas ellos son los que aprueban las leyes, que se mejore la estrategia de recaudación fiscal, porque hay crisis en todo el Estado, y una de ellas es el magisterio”, y exigió “Q 15 mil millones para el Ministerio de Educación” en el presupuesto 2015 (Siglo XXI 12/11/14). Sin embargo, pese que Acevedo prácticamente intercedió por el gobierno ante los diputados, éstos no se inmutaron y continúan su negativa a aprobar los bonos.
El jueves 13 los trabajadores de salud y el Frente Nacional de Lucha realizaron una multitudinaria marcha partiendo de la sede del Ministerio de Salud hasta llegar al Congreso, donde coincidieron con las organizaciones campesinas que mantenían su plantón. El dirigente de salud Luis Lara declaró que exigirían a los diputados la aprobación de los Q 4 mil millones en bonos que solicita el gobierno, y una ampliación presupuestaria de Q 212 millones en el área de salud, para que se soluciones la crisis en los hospitales y se pague los sueldos atrasados a los trabajadores.
El Congreso ignora a los campesinos
En el Congreso las demandas de las organizaciones campesinas en torno a las leyes no lograron respaldo. Según dirigentes, algunas bancadas minoritarias como Winak, Urng, Encuentro Por Guatemala y algunos diputados de la Une los respaldan, pero el resto de bancadas muestra un rechazo, velado o abierto, en especial a la Ley de Desarrollo Rural Integral. En cambio, los jefes de bloques parlamentarios recibieron a los representantes de los trabajadores de salud.
Al finalizar el día 13 de noviembre, las organizaciones campesinas decidieron suspender las acciones de bloqueos y el plantón frente al Congreso, a pesar de que no lograron ser escuchados.
Tanto el Frente Nacional de Lucha como las organizaciones campesinas, por aparte, anunciaron que realizarán asambleas para decidir las acciones que realizarán a continuación.
Las autoridades de salud reaccionan
El Ministerio de Salud anunció que el 12 de noviembre empezó el pago de salarios atrasados a los trabajadores, utilizando Q 107 millones trasladados por el Ministerio de Finanzas, pero un ritmo extremadamente lento y no a la totalidad de empleados. De igual manera anunció acuerdos con las empresas farmacéuticas para que reanuden el abastecimiento de insumos, como resultado de una reunión encabezada por la vicepresidenta Baldetti. Según el acuerdo alcanzado, de una deuda de Q 557 millones, el gobierno realizará dos pagos durante el mes de noviembre, que sumarán Q 100 millones; sin embargo, el total de la deuda será cancelado hasta en el primer cuatrimestre de 2015. El director de la gremial de Farmacéuticos dijo que después de los primeros pagos podrían empezar a proveer medicamentos y materiales, pues por el momento no cuentan con recursos.
El Sindicato ha dicho que no abandonará las acciones de protesta hasta que se satisfagan las demandas por completo. El 18 de noviembre, 500 trabajadores de la salud de Huehuetenango salieron de nuevo a protestar exigiendo el pago de 8 meses de salarios atrasados y el abastecimiento de medicinas e insumos. Las consultas externas continúan carradas en 7 hospitales del país.
Replantear la lucha campesina
En cambio, las organizaciones campesinas se han topado con una negativa total. No se trata de una postura racista de parte de los diputados, como piensan algunos compañeros dirigentes campesinos. Como hemos señalado desde 2012, el gobierno ha logrado algunos acuerdos con los principales sindicatos de educación y salud, porque las demandas de estos sectores dependen del presupuesto del propio gobierno y el Estado es el patrono de los maestros y salubristas. Sin embargo, las demandas de los campesinos tienen que ver con aspectos estructurales sensibles para la oligarquía y la gran burguesía (acceso a la tierra, avance despiadado de los cultivos de agroexportación y agroindustrias, construcción de hidroeléctricas y minas); y en estos puntos las clases dominantes guatemaltecas no están dispuestas a ceder ni un milímetro.
Serán necesarias nuevas movilizaciones, buscando una nueva forma de plantear las demandas, quizá una ley a la vez, para lograr una unidad semejante a la que se logró contra la “Ley Monsanto”. Hace falta incorporar a otras organizaciones campesinas que también tienen peso, y generar mayor solidaridad de parte de otros sectores, como el movimiento estudiantil universitario, y los mismos trabajadores de la salud.
