Por Leonardo Ixim

La embestida neoliberal contra los derechos laborales es imparable, pese a que la pareja gobernante maneja un discurso de respeto a los compromisos acordados en pactos colectivos con sindicatos de la administración pública.

Los trabajadores deben tener claro que estos pactos son producto de las luchas y no obsequios del Estado y las patronales. Tales pactos tienen una serie de beneficios en lo que se refiere a mejoras salariales, prestaciones sociales, mejora de las condiciones de trabajo, etc. Pero hay elementos perniciosos, como los privilegios que reciben algunas dirigencias sindicales tanto del sector público y en menor medida en el privado, que se vuelven ostentosos privilegios que se alejan del espíritu de los pactos colectivos, neutralizando muchas veces la combatividad de las direcciones sindicales.

Tal situación es usada por parte de gran capital oligárquico y sus medios de información, como Prensa Libre y otros, publicando reportajes que atacan los derechos colectivos de los trabajadores, usando como pretexto el hecho real de estos privilegios que ocasionan onerosos gastos monetarios de los dineros públicos. Sin embargo se callan ante los grandes salarios de los funcionarios del Estado o las magnificas ganancias empresariales, sobre todo de los grandes monopolios y bancos.

A partir de estas quejas la oligarquía presionó al presidente Otto Pérez, quien envió un memorándum a las dependencias gubernamentales en el que prohíbe las renegociaciones o negociaciones de nuevos pactos colectivos. Esto implica mayor austeridad y vulneración de los derechos laborales, más cuando la canasta básica sigue subiendo. La prohibición se suma a otras iniciativas legales como las “circunscripciones económicas” o “el trabajo por horas” donde se afecta entre otras cosas la negociación colectiva, siempre en función de abaratar la mano de obra para atraer más inversiones.

Para agregar leña al fuego, se encuentra en el Congreso de la República, la iniciativa de ley 4703 que reforma el decreto ley de 1441 de 2001, donde se regula procedimientos en materia de conflictos laborales. Tal reforma vuelve aun más engorrosos los trámites para la resolución de estos conflictos, pese a que en sus considerandos, se declara alejada de todo formalismo tan común en la práctica procesal legal burguesa.

Pero el elemento preocupante para el sindicalismo que está relacionado a la burocratización de los procedimientos, se encuentra en el hecho de que se otorga potestades para resolver conflictos laborales a los juzgados en la materia, judicializando así las problemáticas laborales. De esa forma se eliminan las potestades para tomar decisiones que pueda tener la Inspectoría General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, volviéndola solamente una instancia técnica.

En los últimos años, la política de las centrales sindicales en general, ha sido fortalecer la capacidad del ministerio, centrando su estrategia en la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero como lamenta el Movimiento Popular Sindical Autónomo Guatemalteco (MPSAG) conformado por CGTG, CUSG, MTC y Unsitragua, la “diplomacia demagógica” del gobierno y de la patronal en la OIT ha neutralizado posibles sanciones al Estado.

Sin embargo la presión del MPSAG ha obligado a la OIT a mandar en los próximos días una delegación, cuya demanda principal es el establecimiento de la Comisión de Encuestas encargada de investigar y sancionar a Estados que consienten y violan derechos laborales; esto debido a que Guatemala es uno de los países en Latinoamérica donde más violaciones se dan al grado que, al igual que Colombia, los asesinatos y amedrentamiento a sindicalistas están al orden del día.

Sobre la iniciativa 4703, el MPSAG centra su demanda en no quitarle potestades a la Inspectoría General de Trabajo, pues considera que tal instancia es menos propensa a recibir presiones de las patronales que los juzgados. Además señala que los jueces ni siquiera hacen cumplir sentencias que benefician a los trabajadores, pues se eligen abogados por medio del sistema viciado que responde a las distintas facciones burguesas de las Comisiones de Postulación.

Desde el PSOCA, consideramos que la acciones de denuncia y condena en los foros internacionales puede ser correcta, si va acompañada de la movilización y lucha junto a la solidaridad sindical internacional. Es fundamental que las bases de los sindicatos, federaciones y centrales, presionen a sus liderazgos para que no se duerman en tales instancias nacionales o internacionales, que se combata también los vicios de “aristocracia obrera” en el sindicalismo y no olvidar que en última instancia la OIT, los juzgados o el Ministerio de Trabajo, son organismos que reflejan los intereses mundiales del imperialismo y las burguesías

Por Úrsula Pop

El gobierno de Otto Pérez Molina continúa la represión contra los líderes populares. El 26 de junio del año en curso, en el municipio de Chiantla, Huehuetenango, un grupo de cinco individuos vestidos de particular detuvieron, en una acción que solo puede ser calificada de secuestro, a los compañeros dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) Mauro Vay Gonón, Blanca Julia Ajtum Mejía y Mariano García Carrillo. Cuando llegaron agentes de la Policía Nacional Civil, en vez de capturar a los secuestradores, condujeron a los compañeros a la subestación de policía y luego a la cárcel. El 27 de junio el Juez de Primera Instancia Penal dictó prisión preventiva contra los dirigentes de Codeca, argumentando que se trataba de una denuncia contra ellos de parte de la empresa Energuate, que controla la distribución de energía eléctrica en la región.

La detención ilegal, pues fue hecha sin orden de captura, fue por el cobro por conexiones ilegales de energía eléctrica que supuestamente hacían los compañeros. En realidad lo que no gusta a la empresa y al gobierno es que los compañeros han liderado las protestas de la población contra el pésimo servicio y los cobros injustos que hacen los empresarios, herederos de la nefasta Unión Fenosa, y que han levantado la justa demanda de nacionalización del servicio de distribución y producción de la energía eléctrica. Posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango impuso a los compañeros una fianza de Q1 millón, cantidad que a todas luces resulta imposible de pagar.

El miércoles 9 de julio, Codeca organizó una protesta a nivel nacional demandando la liberación de los compañeros. En la capital cientos de campesinos de 17 departamentos marcharon primero hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia y después a la del Ministerio Público, donde exigieron una investigación objetiva. Las protestas también se realizaron en Suchitepéquez, Cobán, Petén y Salamá.

El Psoca se suma a la exigencia de liberación de los compañeros injustamente detenidos. Demandamos, junto a los compañeros campesinos y comunitarios, la nacionalización de la producción y distribución de la energía eléctrica, bajo control de los sindicatos y organizaciones campesinas y populares.

Por Marcial Rivera

Actualmente la celebración más importante en el tema de diversidad sexual tiene lugar en San Francisco, California. Si bien es cierto se caracteriza por ser un evento colorido, artístico y de reivindicación de identidad sexual, también tiene un elemento político. En Guatemala la marcha se celebró el 28 de junio.

El 17 de mayo del corriente año, en ocasión de la marcha mundial contra la homofobia, se planteó la demanda de la modificación al artículo 202 bis del Código Penal, para que en el mismo se incluya la discriminación por orientación sexual de identidad de género, de manera que se hace imperativo retomar la consigna.

Desde el Partido Socialista Centroamericano, se han emitido pronunciamientos concretos sobre el tema de las reivindicaciones de los pueblos indígenas en cuanto a la tierra y la defensa del territorio, sobre la lucha en el tema de la carrera del magisterio, y otros frentes de lucha impulsados desde el seno de la clase trabajadora. En este orden de ideas, se considera que todas y cada una de las luchas están ineludiblemente ligadas unas a otras. El proceso de resistencia en La Puya –por ejemplo- está ineludiblemente ligado a la lucha reivindicativa de la población LGTBI.

Se hace imperativa la creación de instituciones jurídicas que tutelen los derechos de la población LGTBI, en el sentido del disfrute pleno de la afectividad humana y orientación sexual. Concretamente deberá impulsarse la reivindicación de otros derechos como el matrimonio igualitario, adopciones igualitarias y a vivir plenamente la identidad de género, sin que esto se convierta en un nicho de discriminación.

Es evidente que la opresión sufrida por este sector de la población, así como la explotación a la que se somete a la población desde el capitalismo, no será superada únicamente a base de reformas legales y de creación de instituciones jurídicas. Estos últimos pueden -eventualmente- convertirse en un medio para llegar al fin ulterior de acabar con el capitalismo, al mismo tiempo que se acaba con la discriminación, opresión y explotación hacia la población LGTBI. La refundación del Estado por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, debe incluir a la población LGTBI que es trascendental para la vida política del país.

El presidente Otto Perez anuncia su intención de destituir al directorio de la SAT

Por Armando Tezucún

La propuesta de los responsables de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en el sentido de contratar una empresa argentina para ayudar a elevar la recaudación fiscal, ha causado un enorme revuelo y un gran rechazo a todo nivel. Se hace evidente que con esta contratación la SAT estaría reconociendo su fracaso en cumplir con las funciones para la que fue creada, además de que se estaría tercerizando el servicio de recaudación de impuestos, convirtiéndolo en un negocio privado. De por sí la SAT recibe para su funcionamiento un 2% de los impuestos que recauda, y además los contribuyentes tendrían que financiar el pago de la empresa contratada.

El 12 de junio el directorio de la SAT conoció y aprobó el dictamen 45-2014, que autoriza la contratación de una consultoría internacional en procedimientos de recaudación, para modernizar los métodos del cobro de impuestos. Esto en vista de que desde el año pasado no se han alcanzado las metas de recaudación pactadas entre la SAT y el gobierno. Al mes de mayo había un déficit de Q 613 en la recaudación proyectada para los primeros cinco meses del año.

El gobierno de Pérez Molina dispuso el 29 de mayo hacer una ampliación presupuestaria por Q80 millones para la SAT, para que organice una licitación internacional para la contratación de la empresa. Según directivos de la SAT, se ofrece a la empresa beneficiada una comisión de entre un 15 y 30% del excedente de lo recaudado.

Pérez Molina y los responsables de la SAT y finanzas han defendido la necesidad y la legalidad de la contratación, diciendo que se necesita cubrir Q 2,976 millones del presupuesto recaudando impuestos mediante medidas administrativas. Los funcionarios argumentaron que se hará una licitación en base a los artículos 4 y 35 de la Ley Orgánica de la SAT, y al reglamento de contratación de servicios, diciendo además que no se trata de una delegación de servicios, sino de una consultoría para recaudar más impuestos. Pérez Molina declaró: “La empresa ganadora se comprometería a hacer toda la inversión en aduanas, con equipo, y no le costará ni un solo centavo al Estado. Así que si se le llegara a pagar  algo a esa empresa es sobre dinero que hoy no se está recaudando” (Prensa Libre 18/06/14).

La historia de la licitación se cayó cuando diputados de la UNE, en reunión con miembros del directorio de la SAT y directivos del sindicato de trabajadores de la SAT revelaron que desde agosto de 2012 funcionarios de esa institución viajaron a Córdoba, Argentina y contactaron a Kolektor, la empresa que asesora al gobierno de esta ciudad en materia de recaudación de impuestos. Los diputados informaron que Hermann Karsten, director de Kolektor, visitó Guatemala en tres ocasiones este año para reunirse con funcionarios de la SAT, institución que le facilitó vehículos y pagó el espacio de un hotel para realizar las reuniones (Prensa Libre 24/06/14).

Ante la evidencia de que hay una movida oscura detrás de todo el tema, el 20 de junio el directorio de la SAT dio marcha atrás en la autorización de contratar la asesoría, debido “a la tergiversación de la información, lo cual podría convertirse en un desgaste innecesario para la SAT” (El Periódico 21/06/13). Los directores consideran que es preferible tomar medidas, mediante mesas técnicas, para modernizar la institución.

El Presidente Pérez Molina reaccionó furioso y amenazó con destituir al directorio de la SAT por haber dado marcha atrás: “Ya habían aprobado el proyecto, y ocho días después se echan para atrás”… “Lo que hubo fue una presión, y es por los que no quieren pagar impuestos o por los que están acostumbrados a evadir impuestos. Lo que se hacía era una licitación transparente, para fortalecer los mecanismos que utiliza la SAT”. Ordenó a sus funcionarios investigar la ley para ver si puede cambiar a los directores.

En realidad, la crisis de la recaudación fiscal obedece en gran parte a la enorme corrupción al interior de la propia SAT, que afecta la recaudación en aduanas y el combate al contrabando. El empresariado contribuye evadiendo el pago de IVA y el ISR, además del sabotaje a la reforma fiscal vía recursos de inconstitucionalidad.

Más allá del despido inmediato de todos los funcionarios involucrados en el turbio negocio con Kolektor, las organizaciones campesinas, sindicales, indígenas y populares deben exigir al gobierno que elimine las exenciones de impuestos a las empresas que gozan ese privilegio, el aumento a las regalías de las empresas mineras, la aplicación de impuestos directos a las ganancias de las empresas e impuestos sobre los ingresos de los capitalistas. Estas organizaciones deben fiscalizar el gasto del gobierno, para garantizar que se invierta en las necesidades del pueblo.