Por Guillermo De La Cruz

El 23 de mayo en horas de la tarde un numeroso contingente del cuerpo antimotines de la Policía Nacional Civil arremetió salvajemente contra compañeros pobladores que impedían el ingreso de maquinaria a la mina El Tambor, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, subsidiaria de la minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates.

Desde marzo de 2012 las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se han opuesto a este proyecto que dañará el medio ambiente del lugar, en especial los recursos hídricos. Ante el abuso de la minera y las autoridades estatales que sin consultar a la población permitieron el inicio de operaciones, las compañeras y compañeros instalaron un campamento de resistencia en la entrada de la mina para impedir su funcionamiento. Durante estos dos años los pobladores han sido objeto de ataques, entre los que destaca el atentado contra la dirigente Yolanda Oquelí, del cual salió con vida.

En horas de la madrugada del 23 se acercó a las instalaciones la maquinaria de la mina, y de inmediato los comunitarios se plantaron enfrente para impedir el paso. La respuesta fue la llegada de más de dos centenas de agentes equipados con escudos, cascos, bombas lacrimógenas y todo el equipo para reprimir. Alrededor de las dos de la tarde, ante la negativa de los compañeros a permitir el paso del equipo, los antimotines arremetieron contra el grupo sin importarles que hubiera niños, mujeres y ancianos. Los que pudieron se enfrentaron valientemente contra las fuerzas de la represión. El saldo fue de más de veinticinco heridos de consideración, entre ellos agentes represores, cuatro detenidos y numerosos afectados por los gases, que no ameritaron hospitalización, entre ellos niños.

La salvaje represión del gobierno no fue suficiente para amilanar a la población, y un buen grupo ha permanecido en resistencia en las cercanías de la entrada a la mina. Desde el día de los hechos numerosos grupos y organizaciones se han hecho presentes para manifestar su solidaridad con las compañeras y compañeros, incluyendo representantes del estudiantado de la Universidad de San Carlos. El 1 de junio partió hacia La Puya una gran Caravana de Solidaridad que llevó apoyo material y moral la comunidad en resistencia.

El día 26 por la madrugada, bajo la protección de 25 patrullas de la PNC, ingresaron a la mina cinco excavadoras sin que los pobladores pudieran oponerse. Uno de los compañeros declaró: “Nuestros derechos humanos han sido violentados al ingresar la maquinaria; hoy (ayer) los policías nos tiraban las patrullas encima para que pudieran entrar las maquinas, sin importarles que estuvieran presentes personas de la PDH” (Siglo XXI, 27/05/14).

En otro aspecto de la represión contra los compañeros en resistencia, el 27 de mayo los líderes comunitarios de La Puya, Fernando Castro, Gregorio Catalán, Eusebio Muralles y Francisco Carrillo fueron ligados a proceso y puestos bajo arresto domiciliario por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal. La acusación fue detención ilegal, coacción y amenazas contra cuatro trabajadores de la mina El Tambor, durante los acontecimientos de 2012 que condujeron al movimiento de resistencia. La compañera Yolanda Oquelí también estaba acusada, pero se le dictó falta de mérito.

Los compañeros han hecho el llamado al diálogo y el día 25 entregaron un escrito en Casa Presidencial solicitando al presidente Pérez Molina y sus ministros una reunión sin intermediarios, en vista de que los procesos de diálogo anteriores han sido infructuosos. “Esperamos que el Presidente tenga buena voluntad en atendernos, ya que el diálogo nunca fue roto por la población. No es una oposición, sino que defendemos la vida, lo que sucedió el viernes se hizo sin una orden de desalojo”, declaró Yolanda Oquelí refiriéndose a la violenta represión del día 23 (Siglo XXI, 26/05/14). El presidente aún no ha dado una respuesta.

El Partido Socialista Centroamericano llama a las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, indígenas y populares a formar un FRENTE ÚNICO CONTRA LA REPRESIÓN, que enfrente la escalada represiva del criminal gobierno de Pérez Molina y el Partido Patriota. En específico, demandamos la inmediata retirada de las tropas criminales que permanecen en la entrada de la Mina El Tambor, la liberación inmediata de los detenidos, la realización de una consulta popular cuyos resultados sean respetados, en la que la población opine sobre la permanencia de la minera. Rechazamos el juicio contra los cuatro líderes de La Puya y demandamos que se revoque el arresto domiciliario. Denunciamos al gobierno, que demuestra una vez más que defiende únicamente los intereses de los empresarios nacionales y extranjeros.

Por Marcial Rivera

Moral Burguesa

Cuando se habla de la imperativa transformación que debe sufrir la sociedad, se hace ver que el Estado, en tanto instrumento por excelencia para defender a la clase dominante, ha configurado a la sociedad con 'valores morales' que parecieran ser universales y aplicables a cualquier época de la humanidad y contexto económico, político, o religioso. Evidentemente estos 'valores' están hechos a la medida de los intereses de la burguesía, y reproducidos en las instituciones sociales por excelencia como la familia, la escuela, la iglesia. Tal como la mujer indígena Guatemalteca sufre de triple explotación (por mujer, por proletaria y por indígena), la población LGTBI es también parte de esta explotación, y además de opresión por parte del sistema, que en base a la moral burguesa niega el acceso a servicios básicos, por su orientación sexual y/o identidad de género.

Antecedentes

El 17 de Mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud expulsó de su listado de enfermedades mentales a la homosexualidad. Este año SOMOS, ODISCEA y otras organizaciones que representan a la diversidad sexual organizaron e impulsaron la III Caminata contra la homo-lesbo-bi-trans fobia, como un espacio de lucha, desde el que se que busca pugnar por el respeto y reconocimiento de la diversidad sexual por parte de la sociedad y del Estado; pero además la creación de instituciones jurídicas que tutelen los derechos de este trascendental sector de la población.

Importancia de la Lucha

Un logro por demás significativo ha sido la instalación de una Defensoría de la Diversidad Sexual en la PDH, que tiene como función verificar y darle seguimiento a casos específicos en materia de diversidad sexual. Esta oficina ha surgido como resultado precisamente de la lucha organizada de las distintas agrupaciones LGTBI. Por otro lado, este año se enarboló una reivindicación significativa para la población LGTBI, pero que a su vez trastoca los cimientos ultraconservadores que sostienen a la sociedad guatemalteca: la propuesta de modificación al Artículo 202 bis, del Código Penal de Guatemala, para que en el mismo se incluya la discriminación por 'Orientación Sexual e Identidad de Género'. Esta última frase, fue precisamente convertida en consigna: ¡No a la discriminación por orientación sexual e identidad de género!

En este orden de ideas debe plantearse que la reforma a este artículo debe convertirse en la principal bandera de lucha de las organizaciones LGTBI, que además de tener el respaldo de las organizaciones populares, deberá convertirse en el fundamento de la lucha por otros derechos como el matrimonio igualitario y las adopciones para hogares LGTBI. No obstante, en la actualidad existen otros problemas a enfrentar, como las dificultades para acceder a servicios básicos como salud, educación y trabajo; en los tres casos porque el Estado no reconoce la identidad de género de la población Trans, y las instituciones educativas niegan el derecho a la educación a la población LGTBI. Finalmente, la población LGTBI es parte de la ciudadanía, y el Estado debe darle ese reconocimiento no únicamente por aportar al erario público, sino además por su condición de ciudadanía. En tal sentido la inclusión no deberá ser únicamente en materia de salud, educación y trabajo, sino además desde el Ministerio Público y el Organismo Judicial y todas las instituciones del Estado, en los casos en los que la población LGTBI sea víctima de algún delito.

Hoja de Ruta

La lucha que se impulsa desde las organizaciones LGTBI está ineludiblemente ligada con la lucha por la democracia y en general por la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. En tal sentido, su lucha no debe verse como un fenómeno aislado, desunido de las luchas impulsadas desde las distintas trincheras de la sociedad, de manera que ni las organizaciones LGTBI deben caer en el ostracismo, ni que su lucha sea motivo de segregación. En tal sentido, las y los Socialistas Centroamericanos consideramos que las reivindicaciones específicas de la población LGTBI deberán ser incluidas dentro del programa revolucionario; bajo el capitalismo la emancipación de la subyugación sufrida por la población LGTBI no es posible, por la esclavitud que la misma representa. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), acompañará la lucha de las organizaciones LGTBI en sus reivindicaciones en materia de discriminación, y la lucha contra el patriarcado, sexismo y esclavitud sexual.

Por Úrsula Coj

El próximo 12 de junio se realizarán elecciones para renovar el Secretariado Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad San Carlos (Stusc). Este sindicato representa al sector trabajador -conformado por trabajadores de servicios y administrativos- dentro de la Universidad de San Carlos (USAC).

La historia de este sindicato está llena de heroísmo en defensa de los intereses de la clase trabajadora y ha sido víctima de terrorismo de estado; pero como todo el sindicalismo post-acuerdos de paz, mantiene posiciones gremialistas y economicistas, necesarias pero cerradas ante las problemáticas nacionales y sin proyecto político nacional.

Hace dos años saludábamos el triunfo de la saliente dirección por haber sido un duro golpe a fracciones oportunistas del sindicalismo universitario, sectores que tenían el Secretariado Ejecutivo y se caracterizaron por contemporizar con la administración neoliberal de Estuardo Gálvez. Por ejemplo el hecho de que se dio largas a la firma del pacto colectivo con la administración universitaria, que al final terminó firmando el secretariado actual.

La firma de dicho pacto, después de varios años de negociación, implicó un avance en las relaciones laborales, porque se regularizan entre dos partes, la patronal y los trabajadores. Pero pese a que se logra incorporar a una buena parte de trabajadores en planilla, todavía hay muchos que se encuentran en negro, es decir con pocas o nulas prestaciones, sobre todo en áreas de parqueo y mantenimiento Otro aspecto que quedó fuera es lo que se refiere a reajustes salariales; esta situación se debió a que el anterior secretariado, con su política de concesiones a la patronal, copó todas las instancias de negociación y no permitió que desde las bases discutieran a profundidad las limitaciones del pacto colectivo.

En estos dos años una característica positiva fue el uso de asambleas para la discusión de una serie de problemáticas, así como el apoyo a las iniciativas que salieron de las bases del sindicato, tal como se vio en la reciente toma del campus debido a la contratación de personal de las fuerzas represivas en la seguridad universitaria.

Por otro lado, una característica común de la saliente administración de Gálvez y que el próximo rector sin dura seguirá, son las amenazas de despido y contra la vida a miembros del sindicato por denuncias contra abusos de jefes de áreas Hay denuncias contra la prepotencia de jefes en parqueos, caja y en la Facultad de Farmacia. En todos estos casos se imputan situaciones relacionadas al desvío de dinero, apropiación de recursos materiales, abuso sexual a compañeras, etc. En el caso de farmacia, un estudiante fue suspendido por denunciar tales abusos, sin que haya un debido proceso. El común denominador de parte de las autoridades ha sido la prepotencia y el desinterés por iniciar acciones administrativas contra tales jefes.

Pero lo lamentable es la poca capacidad de movilización que tiene el actual secretariado pese algunas acciones, que contrasta con el apoyo que tuvo al ser electo. En ese sentido, en estas elecciones hay cuatro planillas, de las cuales dos provienen del secretariado ejecutivo, es decir la Planilla I que sigue representando los intereses auténticos de la clase trabajadora y que contra viento y marea trata de mantener un sindicalismo combativo; la Planilla II conformada por algunos miembros del actual secretariado que se dedicaron a contemporizar, a llegar acuerdos espurios con la administración de Gálvez y sorpresivamente cuenta con el apoyo del partido de izquierda reformista Urng.

La Planilla III es un reciclaje de los últimos secretariados a excepción del actual, caracterizados por su entreguismo a los intereses patronales; la Planilla IV que está vinculada al anterior secretario general, Mario Hernández, que ha sido el más entreguista, vinculado ahora al jefe de caja, señalado de todo tipo de abusos. En el plano de la discusión de la reforma universitaria, los representantes laborales puestos por esta fracción, han apoyado acríticamente las posturas de la burocracia universitaria.

Desde el PSOCA llamamos a todo el sector laboral a votar por la Planilla I, pero sobre todo a la movilización de todos las y los trabajadores, para discutir y tomar decisiones en lo que se refiere a la reforma universitaria y la participación en la toma de decisiones universitarias, una nueva discusión del pacto colectivo y la incorporación de todos las y los planilleros con mejoras salariales y prestaciones sociales, a la denuncia del abuso sexual y despido de los abusadores y obligar por medio de la movilización a las autoridades para despedir a los jefes abusadores de los derechos laborales.

Por Armando Tezucun

Del 19 al 22 de mayo grupos de maestros pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) se tomaron sedes departamentales del Ministerio de Educación protestando por diversos motivos. Las sedes ocupadas fueron las de Sacatepéquez, Retalhuleu, Santa Elena Petén, Quetzaltenango, Baja Verapaz, la departamental norte de la ciudad de Guatemala, Mazatenango, Totonicapán, Escuintla, Guastatoya y Chiquimula.

En cada ciudad las demandas eran parecidas: incumplimiento del pacto colectivo, salarios atrasados, recontratación de maestros, falta de desembolso de recursos para programas de apoyo, mejoramiento de la infraestructura de las escuelas, distribución de libros de texto, creación de nuevas plazas presupuestadas, que no se politice el otorgamiento de plazas por contrato, etc.

Pero la demanda central fue el rechazo a la fianza de fidelidad que deben depositar los directores de los centros educativos en tanto funcionarios públicos que tienen a su cargo bienes del Estado, y las multas impuestas a los mismos por la Contraloría General de Cuentas por haber incumplido con presentar en esa dependencia la declaración patrimonial anual, algo que igualmente deben hacer los funcionarios públicos.

Durante el curso de las acciones se puso de manifiesto la división que existe en el movimiento magisterial y el gran descontento que hay contra la dirigencia del STEG, encabezada por Joviel Acevedo. Si bien las demandas relacionadas con el pago y contratación de maestros, el mejoramiento de la infraestructura y la entrega de recursos son justas, muchos maestros estaban en desacuerdo con defender a los directores, pues conocen los frecuentes casos de malversación de fondos y desvío de los recursos en beneficio de los directores y sus allegados. A estos compañeros no les parece correcto que el STEG salga en defensa de directores corruptos.

Por otro lado, el Sindicato Autónomo Magisterial de Guatemala (SAMGUA), afirmó que fue una minoría de maestros la que realizó las acciones, y que todo era una medida acordada entre el gobierno y Joviel Acevedo para hacer ver la falta de fondos del Ministerio y presionar por préstamos y ampliaciones del presupuesto. El Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Servicio de Educación de Guatemala (SINTRADEGUA), que aglutina a los trabajadores administrativos del Ministerio de Educación y es contrario a la dirigencia del STEG, también adversó la toma de las departamentales, aduciendo que se atrasaría el trámite de diplomas, de salarios de maestros por contrato, conserjes y otros trabajadores.

El jueves 22 el STEG llegó a un acuerdo con el Mineduc, y según la ministra Cynthia del Águila se pedirá a la Contraloría General de Cuentas que revise las multas impuestas a los directores; no habrá procesos administrativos contra los maestros, pues las clases no fueron suspendidas y para las acciones se utilizó el permiso para actividades sindicales. Del resto de demandas la ministra no mencionó nada.

Después del acuerdo, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), al cual están afiliados los sindicatos de trabajadores administrativos del Mineduc, salió al ataque contra Joviel Acevedo y el STEG, defendiendo el derecho de la niñez a la educación contra una “falsa bandera de lucha sindical y la complicidad con el partido de gobierno…” (Comunicado del MSICG del 23 de mayo). Según la prensa burguesa, el MSCIG y el sindicato de trabajadores administrativos, llegaron al extremo de poner un amparo contra la ministra Del Águila por no accionar contra los sindicalistas que tomaron las direcciones departamentales y por permitir a 60 maestros sindicalistas dedicarse al trabajo sindical en horas laborales, contratando a otros para realizar su trabajo (Prensa Libre y Siglo XXI 27/05/14).

La lucha contra la camarilla corrupta y colaboracionista de Joviel Acevedo está tomando un rumbo equivocado. Es inadmisible solicitar al Mineduc, el enemigo común, que reprima a sindicalistas que estuvieron en paro, y menos que anule un derecho sindical que permite a los dirigentes realizar labores sindicales en horas de trabajo. Es claro que Acevedo está en contubernio con el gobierno, prueba de ello es que lo enviaron como representante de los trabajadores a una conferencia de la OIT. Pero es un enorme error exigir legalmente al enemigo que reprima a los sindicalistas rivales, pues se sienta un precedente nefasto y la acción amenaza con barrer derechos sindicales justos. SAMGUA ha tenido una actitud igualmente miope al atacar a los afiliados al STEG, en vez de tener un planteamiento serio para ganárse a las bases y liberarlas de la influencia corrupta de la camarilla de Acevedo.

El Partido Socialista Centroamericano plantea que se elabore un plan de lucha unitario para derrotar a la dirigencia del STEG, que incluya el pago puntual de salarios, la contratación de suficientes maestros, el mejoramiento de la infraestructura, el envío de material didáctico, recursos para alimentación y programas de apoyo, que los maestros bajo contrato pasen a planilla con el goce de prestaciones y los beneficios del escalafón, que no se politice el otorgamiento de plazas y que incluya las demandas de los trabajadores administrativos. También se debe exigir que los directores rindan cuentas, no al Mineduc, sino a los maestros, padres de familia y estudiantes. Una plataforma de esta naturaleza, desarrollada mediante métodos de lucha clasistas que enfrenten al gobierno, es la mejor forma de atraer a los miles de maestros que aún siguen a la dirigencia del STEG.