Nasralla, Villeda y Mel Zelaya

Por Sebastián Ernesto González

Nuevamente ha surgido el escándalo “el carretillazo” a la palestra pública; curiosamente surge al mismo tiempo que se dan reuniones entre partidos de la oposición para una eventual unidad en el Congreso Nacional.

El exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, admitió “…que recibió los 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH)…También se entregaron otros diez millones que fueron retirados del Banco Central por el coronel Edgardo Mejía Murillo, jefe de la Guardia de Honor Presidencial…” (ELHERALDO, 14/08/2014). Flores Lanza confesó esto en uno de los canales bastiones del régimen y del sector golpista, no lo hizo en “Radio Globo” ni en “Globo TV”, medios de comunicación que se convirtieron en los aliados permanentes del FNRP.

Fiscalía y Tribunal Superior de Cuentas a la carga

El fiscal general Óscar Chinchilla manifestó que“El Ministerio Público, por un imperativo constitucional, está en la obligación de investigar cualquier denuncia que se realiza por los ciudadanos o que nosotros tengamos conocimiento de oficio”. Y añadió que “una unidad especial realizará la investigación.” (Laprensa.hn, 13/08/2014).general Óscar Chinchilla manifestó que una unidad especial realizará la investigación.

La Magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi de Anchecta declaró que “… fueron más de 300 millones, incluyendo 230 millones de lempiras que eran para compra directa de materiales para la Secretaría de Seguridad”. Según la Magistrada, el Consejo de Ministros, mediante Decreto Ejecutivo 006-2009, del 6 de mayo de 2009 asignó 230 millones destinados a la contratación directa de materiales, suministros y bienes de la Secretaría de Seguridad. Pero los fondos se destinaron para la Cuarta Urna, incluyendo los 50.9 millones del “carretillazo”, ya que también se sacaron diez millones más para los gastos del día (LT, 17/08/2014).

Según declaraciones de uno y otro lado, el dinero fue recibido por diferentes funcionarios entre ministros, directores y sub directores de instituciones autónomas, etc. El dinero estaba aprobado para financiar la logística del día 28 de junio, en que se realizaría la encuesta sobre la instalación de una cuarta urna para las elecciones de noviembre de 2009.

La declaración hecha por Flores Lanza a removido un “excusado” sobre el destino que tuvo el dinero de “el carretillazo”, tema que la oligarquía y burguesía explotó tanto para desprestigiar el proyecto original del FNRP, la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero después de 5 años, el escándalo sale nuevamente ante la posibilidad de una alianza de los partidos de oposición en el Congreso Nacional. Lo curioso en todo este asunto es, ¿Por qué Flores Lanza dio las declaraciones en el programa Frente a Frente, de Renato Álvarez, director del programa TN-5, de la cadena de medios de comunicación de Rafael Ferrari, el principal bastión de los medios de comunicación golpista y afines al régimen de JOH? Mientras E.F.L. habla de 40 millones de lempiras que repartió entre funcionarios de la administración zelayista, cuyo destino final nunca se supo, se hace poca alusión a los 230 millones que la Magistrada Daysi de Anchecta declara que se aprobaron para la Secretaría de Seguridad.

Liberales y Nacionalistas han saqueado el erario público

No hay ninguna duda de que tanto liberales como nacionalistas han dilapidado los fondos públicos. Así lo refleja la severa crisis que paga la clase trabajadora 5 años después del golpe de estado; le han pasado la enorme factura del costo de mantener la oligarquía y burguesía en el poder. Son innumerables los casos de corrupción que funcionarios de los dos partidos tradicionales han cometido. Entre los últimos se tienen el escándalo del IHSS y el del Injupemp; seguro que al final solo meterán preso a algún empleado de baja categoría, mientras los cerebros que maquinan para saquear el erario siguen libres.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) planteamos que cualquier unidad entre la oposición al régimen de JOH, debe ser para ir a luchar a las calles contra los paquetazos fiscales, la derogación de las leyes nocivas a la clase trabajadora y contra la venta a pedazos del país. Los temas de corrupción que los resuelvan los burgueses en las instituciones burguesas. Los pobres: A unirnos y movilizarnos por la recuperación de lo perdido.

El gobierno de JOH negocia un Acuerdo con el FMI

Por Maximiliano Fuentes

El gobierno de Juan Orlando Hernández ha logrado asestar duros golpes a las grandes conquistas de los trabajadores de Honduras. De igual manera, ha reducido el aparato estatal eliminando importantes secretarias de Estado. Por si lo anterior fuera poco, de forma reciente el Congreso Nacional ha aprobado el nuevo presupuesto de la república, donde se ha reducido de forma significativa el presupuesto en áreas fundamentales, como son: educación y salud.

Implicaciones de la reducción

Las implicaciones de la reducción del presupuesto del Estado son varias, para iniciar se dejará de tener la misma cobertura en materia de salud y educación, que por cierto ya era bastante deficiente. De acuerdo a la Secretaría de Finanzas, el presupuesto de 2014 es de 183,635 millones de lempiras. Con los ajustes programados la cifra quedaría reducida a entre 161 mil millones (10% menos) y 166 mil millones de lempiras (7% menos).

Bajo este ajuste, el sector de desarrollo social operaría con un estimado de 63 mil millones de lempiras, el rubro de Gobernabilidad y Descentralización quedaría en 6,300 millones de lempiras, el área de Desarrollo Económico quedaría con 4,600 millones, Defensa y Seguridad operaría con un monto de 7,600 millones de lempiras, mientras que el sector de Infraestructura Productiva tendría un monto de 35,600 millones de lempiras.

Los efectos del recorte presupuestario se expandirán a todas las instituciones del Estado; por ejemplo, al Registro Nacional de las Personas le espera un fuerte recorte presupuestario de 30 millones de lempiras en el ejercicio fiscal 2015.

“Con el recorte anunciado, en el RNP tendremos problemas serios de funcionamiento ya que básicamente quedaremos operando en cuatro renglones: pagos de energía eléctrica, telefonía, alquileres y mantenimiento de sistema de identificación”.

De igual forma, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, manifestó que el recorte presupuestario del 2015 al Hospital Escuela Universitario, equivale a 206 millones de lempiras. Cifras del Hospital Escuela Universitario proyectan que el recorte presupuestario implica una reducción de 22 % en la compra de medicamentos, 60 % en insumos médicos y 99 % en material de radiología, así como un 19 % en la adquisición de alimentos para los pacientes, la reducción en un 40% de personal auxiliar y un recorte de 48 % en pruebas de laboratorios.

Reducción a nivel de los ingresos

Por si fuera poco, la reducción del presupuesto en las diferentes secretarias de Estado, así como en las diferentes instituciones no solo tendrá un impacto a nivel de las operaciones realizadas, sino también a nivel de los salarios de los trabajadores. En los últimos dos gobiernos ha existido una firme política para no aumentar los ingresos de los trabajadores; es más, bajo el convenio de las centrales obreras se ha logrado congelar los salarios. En el caso del magisterio nacional, éste no ha recibido aumentos en los últimos años de gobierno.

Es de hacer notar que los ingresos se han visto fuertemente afectados por la inflación galopante producto del aumento constante de los carburantes y la introducción del nuevo impuesto sobre ventas. Los techos salariales se han mantenido y el costo de la vida ha aumentado de forma estrepitosa por las medidas fiscales adoptadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Si los trabajadores del Estado albergábamos alguna esperanza de aumento salarial en nuestros ingresos a partir del próximo año, con los recortes presupuestarios aprobados de forma reciente, no podrá ser efectivo.

Congelamientos salariales y nuevos impuestos

El gobierno de Juan Orlando Hernández ha logrado congelar los salarios de los trabajadores estatales y reducir su capacidad adquisitiva como resultado de la depreciación de la moneda ante la nueva tasa cambiaria y la introducción de nuevos impuestos, que han encarecido de forma vertiginosa la vida. Frente a este hostil panorama económico, el régimen ha aprobado más impuestos, esta vez para el sector cultural. Con los nuevos impuestos, los artistas e intelectuales deberán tributar al Estado por exponer sus obras, por realizar foros y conferencias, así como presentaciones musicales.

Frente a los planes de ajuste y de miseria del actual gobierno, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), hace un llamado a las organizaciones obreras, sindicales, gremiales, patronales a convocar una jornada de movilizaciones en contra de las medidas que ponen en detrimento la calidad de vida del pueblo trabajador. Solo la movilización popular y la más amplia unidad podrá frenar la embestida económica del actual gobierno.

Por Max Luján

La zona del Bajo Aguán siempre ha sido un territorio marcado por el conflicto de tierras protagonizado por cooperativas y empresas asociativas campesinas, que casi de manera permanente se han enfrentado a terratenientes y militares por la defensa de sus tierras.

Este problema agrario ha generado uno de los episodios más sangrientos en la historia del movimiento campesino hondureño. Desde el 2009 se han contabilizado cientos de casos lamentables, entre ellos: muertes a gran escala, heridos, detenidos, torturados, persecución a líderes campesinos y toda clase de violaciones a los derechos humanos.

Las consecuencias nefastas de la Ley de Modernización Agrícola

En 1992, en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, se aprueba bajo decreto No. 31-92, la Ley de Modernización Agrícola; ley que introduce el libre mercado en tierras que desde 1962 fueron destinadas a la reforma agraria.

Dos años después se modifica esta ley en su artículo No. 70, mediante Decreto 27-94, el cual establece que una vez “Cancelado el valor de las tierras adjudicadas, el beneficiario podrá disponer libremente de su propiedad cuando el comprador reúna los requisitos para ser beneficiario de la Reforma Agraria. En el caso de Cooperativas y Empresas

Asociativas Campesinas y otras asociaciones societarias reconocidas por la Ley, se requerirá de la aprobación previa del Instituto Nacional Agrario”.

La ambigüedad en la que cae la interpretación de esta ley, abre la brecha para que terratenientes y modernas empresas agro exportadoras se apropien de miles de hectáreas de tierras fértiles, aptas para diversos cultivos en el Bajo Aguán, algunas adquiridas de manera legal y otras de manera ilegal y fraudulenta por parte de estos sectores. Por otro lado, las amenazas a los campesinos que defendían la posesión de la tierra, los sobornos a dirigentes campesinos, el desaliento de muchos cooperativistas por la inequidad del modelo de producción, el cual entregaba beneficios desiguales a dirigentes y socios, obligó a muchos campesinos, por la vía de la compra-venta, a entregar estas tierras a las grandes empresas nacionales y transnacionales dedicadas al negocio de la agricultura para la exportación.

El rubro de la palma africana ha sido explotado por estas empresas agro exportadoras durante los últimos 20 años. La producción de palma es el mayor atractivo de estas empresas, ya que genera enormes ganancias a través de la fabricación de aceite para el consumo humano y la elaboración de biodiesel. Por lo tanto, su estrategia consiste en apoderarse del mayor número de hectáreas para seguir produciendo y exportando, sin medir las consecuencias que esto genera en el campesinado: pobreza; crisis alimentaria en el país por desplazar a otros cultivos de suma importancia; daño a la biodiversidad, debido a que la palma no es nativa de esta región y su adaptación ha generado daño a otros ecosistemas.

Continúan las detenciones y desalojos

Unas 450 familias fueron desalojadas por la fuerza este 15 de agosto por al menos 240 elementos de  la  Policía Nacional  y miembros de la operación Xatruch III. Las familias habían recuperado de manera pacífica la Finca Paso Aguán. En la operación se desalojó a bala viva, a fuerza de toletazos y gases lacrimógenos a cientos de niños, mujeres, jóvenes y ancianos. En el desalojo, cuatro personas fueron detenidas, entre ellos dos adultos mayores.

A esto se suma la represión ejecutada por el ejército y policía a estas mismas familias el 5 de junio, cuando hirieron de gravedad a dos campesinos. El 19 de este mes, ElObservatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán (OPDHA) denuncia las agresiones de militares y guardias de seguridad  perpetradas  en las casas de habitación de líderes y lideresas del Movimiento Campesino Gregorio Chávez en la comunidad de Panamá.

El Partido Socialista Centroamericano PSOCA llama a todos los sectores para unirse y frenar todo ataque en contra del movimiento campesino, desbaratar todo plan de entrega y explotación del territorio nacional, luchar por una verdadera reforma agraria para que la tierra sea entregada de manera democrática a los campesinos, al mismo tiempo que se les capacite y tecnifique, que el gobierno les proporcione insumos y préstamos a bajos intereses que permitan incentivar la producción. ¡Abajo la persecución, hostigamiento y fallos ilegales en contra de dirigentes campesinos! ¡Por la desmilitarización del territorio del Bajo Aguán!

¿Salvador Nasralla del PAC, Mauricio Villeda del PL y Mel Zelaya de LIBRE, se unirán para negociar con JOH o para transformar a Honduras?

Por Carlos Alberto Fúnez

El antidemocrático sistema electoral hondureño afianzó en el poder en los últimos 32 años al bipartidismo, conformado por el Partido Liberal y el Partido Nacional. Entre ellos se reparte el pastel cada 4 años, al pueblo solo le queda aguantar los garrotazos. El golpe de Estado del 2009 le permitió al Partido Nacional imponerse fraudulentamente, obviamente con la complicidad del Partido Liberal. Antes del golpe, el candidato del PL aventajaba por más del 15 % al del PN.

Se dio el golpe y el PL quedó dividido en dos facciones; una liderada por la ultraderecha y la otra por el zelayismo, que pasó a formar parte del Frente Nacional de Resistencia Popular. Así de fácil, el PN, que nunca había ganado dos elecciones consecutivas lo hizo con las circunstancias ya conocidas.

JOH le pisa los callos a las fracciones liberales

Esta última semana ha tenido como novedad la reunión entre alcaldes del PL y de Libre; al respecto, el presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Mauricio Villeda, señaló “hemos tocado los asuntos sensibles en este momento, como la falta de ayuda de la administración central a las municipalidades…” (LP 05/08/2014).

“La unidad puede ayudarnos a tomar decisiones, si sumamos los votos de Libre y el Partido Liberal en Comayagua somos mayoría”. Según el líder político, la propuesta se llevará al Congreso Nacional para crear una oposición en la que ambos partidos unidos son la mayoría. Con la unidad se pondría en jaque al gobierno (LT 05/08/2014).

Mientras el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, informó “Necesitamos unir la oposición para poner en jaque a este gobierno que está abusando del poder… no se trata de una alianza electoral, es solo de oposición para impulsar proyectos a favor de la ciudadanía.”

El líder del Partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla, expuso que “Honduras ocupa una verdadera oposición con una alianza que no sea de tipo ideológico. En este momento se ocupa una alianza que pueda combatir el modo autoritario con el que está actuando este gobierno”.

Algo que nunca se debe perder es la memoria histórica, sin embargo, las alianzas pueden ser coyunturales dependiendo del propósito; en este momento los tres coordinadores en sus declaraciones coinciden en una alianza para hacer oposición a ciertas políticas autoritarias del régimen. Pero cualquier alianza de oposición debe evidenciarse de dos formas: la primera en los hechos, sin seguir aprobando leyes lesivas a los trabajadores y derogando todas aquellas que han eliminado derechos y conquistas, como en el caso del magisterio. La segunda forma es llamando a la movilización general para detener a este régimen y su política represiva, que en muchos casos se fundamenta en leyes que apoyaron los diputados del PL.

Plantear una alianza para construir una oposición desde la cúpula no es más que una maniobra más para ganar adeptos, consolidar el bipartidismo y sembrar esperanzas de ilusiones en vez de llevar al pueblo a luchar por lo que le han quitado.

Señores: sean consecuentes con su discurso

Sin duda alguna que la base de la clase trabajadora y los sectores populares anhelan revertir el resultado fraudulento de las últimas elecciones que permitió la reelección del Partido Nacional. Pero no se trata de luchar por la unidad de la oposición en sí misma, sino de qué tipo de acciones se pueden desarrollar para quebrarle el espinazo al proyecto bonapartista de JOH. Cualquier unidad de acción de la oposición pasa por juntar votos para convocar inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente, libre, democrática y soberana.

Esta lucha por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente está ligada a la solución de problemas centrales inmediatos como la urgente derogación de todas las leyes aprobadas después del golpe de Estado para eliminar las conquistas de los trabajadores, la congelación de precios de los carburantes, energía y productos de la canasta básica, y el aumento general de salarios conforme suba el costo de la vida, por la eliminación de leyes que condenan y castigan la protesta social.

Esta Asamblea Nacional Constituyente debe plantear una salida al problema de la violencia; no se puede combatir a las maras y la descomposición social que carcome a Honduras, creando más destacamentos de policías que al final son reclutados por el crimen organizado. Exigimos menos discursos demagógicos y más respuestas reales a las necesidades de las masas trabajadoras. En la lucha callejera, y no en el Congreso Nacional, es donde se resolverán los problemas y donde acabaremos con el proyecto bonapartista de JOH.