Por Max Luján

Con el fin de ahorrar 57 millones de lempiras mensuales, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), despedirá a 2000 trabajadores de sus cargos, medida que llevará a todos estos hondureños a engrosar las estadísticas de desempleo en el país. La barrida obedece a una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), de sanear la estatal eléctrica, para llegar a un acuerdo con el gobierno de Juan Orlando Hernández y desembolsar los préstamos que tanto han codiciado el gobierno y su cúpula.

Corrupción y saqueo

La crisis financiera que hoy en día atraviesa la ENEE la podemos relacionar con el mal manejo y los actos de corrupción de las distintas administraciones que han dirigido a la institución. Uno de los casos que mantiene desangrándose a la estatal es el pago millonario por concepto de deuda a los generadores térmicos. Leonardo Deras, subgerente técnico de la ENEE, reconoce que “Todo el déficit de la ENEE es deuda de térmicas”. De igual forma, Miguel Aguilar, presidente del sindicato de trabajadores de la Enee (STENEE), aseveró que en octubre la mora con los térmicos fue de 750 millones de lempiras, lo que implica que la deuda en concepto de intereses incrementó a niveles alarmantes: “Lo más duro es que la deuda que no podemos pagar tiene un interés bastante alto y ese interés ya suma más de 2,000 millones de lempiras” (La Prensa 4/11/2014).

Todo este daño ha sido creado por un monopolio en el rubro energético, que pretende quedarse con el negocio de por vida y que los distintos gobiernos han contribuido a consolidarlo a través de licitaciones amañadas e innecesarias. Otro punto es la mora y robo de energía; el gobierno ha sido cómplice de no actuar de oficio contra las grandes empresas que hurtan energía a gran escala y otras empresas que deben sumas millonarias, pero no así contra el pueblo que a diario recibe los fuertes incrementos y son los que pagan los platos rotos al cortarles el suministro por una deuda de 50 Lempiras. A esto hay que agregar también el gasto millonario e innecesario por concepto de alquiler de edificios donde funcionan las oficinas administrativas, este gasto también beneficia a una pequeña cúpula que alquila los inmuebles a precios exorbitantes.

Privatización de la ENEE

La situación que vive actualmente el país es crítica y alarmante. Desde que ocurrió el golpe de Estado en el 2009, se instauró un proyecto entreguista y de saqueo de las instituciones emblemáticas del Estado. El presente gobierno y el anterior han sido incapaces de sacar de la crisis a HONDUTEL y ENEE; la primera está totalmente privatizada, a la segunda se le está aplicando los mismos pasos a HONDUTEL, y por los vientos que soplan, el gobierno de Juan Orlando Hernández se la entregará en bandeja de plata al sector privado, tal como ha concesionado a empresas privadas el mantenimiento de carreteras, aeropuertos, explotación de minas y el rubro del transporte público. Así lo demuestra el artículo 29 de la Ley de la Industria Eléctrica que instruye a la Junta Directiva de la ENEE para que “antes del 15 de julio de 2015, la institución se transforme en entidad y complete el proceso para escindirse en una empresa de generación, una de transmisión y operación del sistema y al menos una de distribución” (El heraldo 30/10/2014).

El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, Francisco Rivera, aseguró que los planes de rescate financiero de las empresas estatales ENEE y HONDUTEL resultaron siendo una “verdadera farsa”. Datos oficiales del gobierno dan cuenta de que en 2013 solo la ENEE y HONDUTEL le generaron pérdidas al Estado por alrededor de cuatro mil 750 millones de lempiras Unos cuatro mil millones de lempiras corresponden a la ENEE. En el caso de la estatal eléctrica, la empresa comenzó un proceso de rescate por medio de la implementación de fideicomisos con participación de capitales privados. En tanto, el sindicato de la institución ha denunciado que se pretende llevar a la ENEE a una sociedad anónima bajo la segmentación de los servicios (El heraldo, 31/10/2014).

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), ante la embestida del gobierno para privatizar cuanta institución se le ponga por enfrente, llama a luchar conjuntamente a todos los sectores organizados y no organizados para frenar todo acto que dañe los intereses del pueblo; defender las instituciones estatales y sumarse al apoyo solidario y total a los trabajadores de la Enee.

El diputado Edgardo Castro ha denunciado que LIBRE se ha entregado al gobierno de Juan Orlando Hernández

Por Sebastián Ernesto González

Los grupos de poder que controlan el bipartidismo en el país continúan su intenso juego con todas las cartas a favor para seguir siendo los dueños de Honduras y ofrecerla al mejor postor. Desde antes del golpe de estado del 2009 ya tenían trazado un plan a largo plazo, el cual han ido poniendo en práctica paulatinamente, haciendo ajustes cuando la realidad lo requiere. En este último mes, han iniciado una intensa campaña mediática en contra del Partido LIBRE –primera fuerza de oposición después de las elecciones generales del 2013- utilizando diputados periodistas como carne de cañón.

Los motivos que arguye ésta avanzada de periodistas-diputados y que los medios de comunicación golpistas utilizan para bajarle el apoyo popular a Libre son peleas por el control de dirección, viajes, empleos, becas, falta de liderazgo, cobro de impuesto, celos, envidia, marginamiento, la falta de rendición de cuentas a lo interno de LIBRE, etc.

En realidad estos motivos parecen pleitos de cuartería o de familia, pero en el trasfondo ocultan el verdadero carácter de los grupos zelayistas que conformaron y crearon Libre; así como ponen en evidencia la incapacidad de la izquierda oportunista dentro de Libre que creyó que vía elecciones tomarían el poder.

JOH mueve sus piezas a su antojo: el verdadero carácter de los periodistas-diputados

Desde el inicio del diálogo -durante el golpe de Estado- entre Zelaya y el sector golpista se evidenció que los dueños del país no tenían voluntad para ofrecer aperturas democráticas ni una sociedad más justa y equitativa. Fueron ejecutando eficazmente su estrategia, primero para que terminara Micheletti el período de gobierno de Zelaya, luego instalaron en el poder a Porfirio Lobo y con un escandaloso fraude impusieron a Juan Orlando Hernández. El Frente Nacional de Resistencia Popular, por el contrario, con su dirección burguesa y acuerpado por una izquierda oportunista, fue diluyéndose poco a poco desde adentro mismo hasta convertirse en lo que es ahora: un partido LIBRE sin brújula, sin dirección y lo que es peor, sin un programa de lucha a favor del pueblo hondureño.

La anarquía en LIBRE –deliberadamente por cierto- favorece el proyecto reeleccionista de JOH, quien emula a Daniel Ortega en Nicaragua, poco a poco logra sus propósitos de continuismo y de hegemonía del Partido Nacional en el poder. JOH controla todas las instituciones del Estado y con los problemas que se le salen de las manos, como en el caso de convertir las normales en universidades donde se inició una pugna entre la UNPN, el Ministro de Educación y finalmente metió la nariz la Rectora de la UNAH, entonces optó por detener la transformación por el año 2015, sin sumar a nadie en contra de “su poder”, y dejando en ascuas a miles de maestros y de aspirantes a estudiar magisterio.

Curiosamente, las denuncias de los periodistas-diputados de Libre se hacen cuando Zelaya no se encuentra en el país, encontrándose con permiso del Congreso Nacional en el extranjero en tratamiento médico.

El primero que entró en controversia fue el comunicador Eduardo Coto. Este diputado fue expulsado de Libre el 21 de enero por haber votado a favor del nacionalista Mauricio Oliva, como presidente del Congreso. El segundo fue Esdras Amado López -dueño del Canal 36 y sub coordinador de LIBRE-, quien el 18 de agosto anunció la conformación de un nuevo partido político al que le llamó “Nueva Ruta, Rumbo a una Transformación Auténtica”. En ese momento el diputado-periodista de Libre expresó “Yo no soy enemigo de los empresarios de este país. Yo soy fiel creyente de la libertad de empresa, que el país tiene que caminar por una reconciliación”.

El tercer periodista-diputado de LIBRE ha sido Edgardo Castro, quien esta semana acusó a la argolla de Libre de sucumbir ante JOH y el PN. Edgardo Castro dio sus declaraciones en el Canal 36, propiedad de Esdras Amado López.

Otro es el diputado por Choluteca, Héctor Padilla, quien expresó “El partido está careciendo de hombres con liderazgo y no podemos seguir a la deriva sin un liderazgo genuino... hoy estamos haciendo una manifestación por la Nueva Ruta de Esdras Amado López. En el caso mío, desde la campaña fui expulsado, sufrí la embestida dentro de mi propio partido…”.

Estos diputados-periodistas tienen un denominador común: son ex liberales que surgieron de movimientos internos de Libre liderados por zelayistas-liberales.

Aludiendo al respecto, el coordinador del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya, declaró “Es cierto que los celos y el odio en la política son más fuertes que en el amor, lo podemos ver en todos los partidos políticos y ahora ya iniciaron las luchas internas de corrientes en Libre que había logrado mantenerse unido con muy pocas deserciones Tú sabes que no es cierto, el Partido Nacional y las cúpulas del Partido Liberal no quieren tratos con Libre, sino desarticularlo y liquidarlo, y eso no conviene a la mayoría de los hondureños porque solo el hecho de existir ya de por sí es una denuncia al sistema de privilegios…” (Elheraldo.hn 04/11/2014).

Nasralla y diputados del PAC suben un pie al barco de JOH

El Congreso Nacional eligió esta semana al inspector general y subinspector adjunto de los Órganos Judiciales, al comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al superintendente de concesiones de Coalianza y la auditora interna del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Los puestos fueron negociados entre el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Anticorrupción. Las propuestas llevaban el visto bueno de JOH, y aunque en algunos casos se sometieron a audiencias públicas, estas nomás fueron para legitimar el proceso.

En lo que respecta a esta votación, nuevamente el Partido Libre se mostró dividido; los diputados Esdras Amado López, Denis Sánchez y Eleazar Juárez votaron a favor de la propuesta de JOH y resto que asistió votó en contra.

El fundador del Partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla, se sintió complacido por el nombramiento de Gustavo Manzanares como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y declaró “Ahora el Pac podrá vigilar de cerca el problema de la corrupción en el país…” Según Nasralla el Pac está “infiltrando” el gobierno de JOH (elheraldo.hn 07/11/2014).

Pero la elección también ocasionó controversia dentro del PAC. El diputado por el PAC, Rafael Virgilio Padilla, denunció “Desde la noche del miércoles, hemos comenzado a recibir amenazas, indicativos de peligro, sobre la decisión que hemos tomado en el Congreso Nacional, de no aceptar el pacto del Partido Anti Corrupción, para hacer gobernanza con el Partido Nacional…nosotros nos vamos a mantener firmes, resueltos y decididos en esa situación, porque estamos comprometidos en no hacer gobernabilidad con el Partido Nacional, nos queremos mantener como fieles a nuestra campaña y a el mandato que sentimos que tenemos de no hacer alianzas con el Partido Nacional.” (Teleprogreso 07/11/2014).

Lo anterior solo refleja que en el actual gobierno NO hay oposición alguna, y cuando la hay, es individual y sin obedecer a un programa de lucha. Las diferencias en LIBRE o en el PAC no llenarán las aspiraciones del pueblo.

El PSOCA siempre ha planteado y seguimos proponiendo el rescate del proyecto original del FNRP y su independencia de clase

En la Declaración del PSOCA del 21 de febrero del 2011 planteamos lo siguiente: “..(…) sabemos, por la experiencia histórica, que si el FNRP abandona la lucha cotidiana por la defensa de las conquistas sociales y laborales, perderá la enorme base social que lo sustenta. Quienes promueven a ciegas la participación del FNRP en el juego electoral, sin discutir previamente las condiciones de las próximas elecciones, y las alianzas electorales con las agrupaciones burguesas, buscan convertir al FNRP en un partido político más del régimen, en un partido que renunciaría a jugar su rol revolucionario y transformador, que está destinado a jugar y sobre el cual han puesto sus ilusiones las masas empobrecidas de Honduras…”.

El 24 de junio del 2011 nuevamente se planteó: Quienes propugnan por constituir el llamado Frente Amplio Electoral con corrientes burguesas, como son los Liberales en Resistencia, de cara a las elecciones del año 2013, han llegado al absurdo de anteponer las elecciones a la movilización popular. El FNRP es la conquista organizativa más importante del pueblo hondureño en las últimas décadas…Por ello, hoy más que nunca es necesario mantener el proyecto original del FNRP, como una organización unitaria, democrática, pluralista, de lucha, como el frente aglutinante de todas las fuerzas políticas que luchan verdaderamente por la democratización de Honduras en beneficio de los pobres. Quienes quieren convertir al FNRP en partido político se olvidan que la fuerza del FNRP reside en su diversidad y democracia interna, y que al transformarlo en partido político provocarían la inevitable ruptura de éste. Si esto llegase a ocurrir, el FNRP terminará siendo la base de apoyo electoral de fuerzas políticas burguesas, muy probablemente de los Liberales en Resistencia, pero ya no será jamás la alternativa obrera y popular para imponer la democratización de Honduras en beneficio de los pobres”.

Tramposamente se creó en las masas la ilusión de que mediante el Partido Libre se obtendría el poder, pero éste sucumbió desde antes de crearse, porque precisamente fue creado para diluir el movimiento de masas que venía en ascenso desde finales del siglo pasado.

Ante la estrategia de JOH de mantenerse en el poder con la venia del bipartidismo y de los partidos de “oposición”, al movimiento sindical, popular y político no le queda más alternativa que rescatar el proyecto original del FNRP, democrático, revolucionario y anti imperialista.

 JOH aspira a convertirse en el gran Bonaparte de Honduras

Por Justo Severo Izquierdo

Sin duda alguna que en estos últimos días el tema de la reelección presidencial ha generado una serie de reacciones a favor y otras en contra en el sector político hondureño. El tema de la reelección fue el trasfondo de la consulta popular que culminó con el golpe de estado del 2009, por su nivel controversial y por la intención de “Mel” en reformar los llamados artículos pétreos de la Carta Magna del 82, a través de la consulta popular en que se decidiría si se instalaba una “Cuarta Urna” en las elecciones generales para preguntar si se convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente. Rafael L. Callejas (ex presidente 1990-1994) ha planteado la posibilidad de reformar la ley para que exista una reelección alterna, mientras otra ala del Partido Nacional propone la reelección continua. El Partido Liberal presentó esta semana un proyecto de Ley donde se plantea una segunda vuelta electoral. La jugada del Partido Liberal es evidente, en una segunda vuelta electoral la oposición (que es la gran mayoría) votaría en contra del Partido Nacional.

Lo que ayer era malo ahora parece ser bueno

En 1982 se redacta una nueva constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente, con el motivo de entregar el gobierno a los civiles e impedir que se siguieran dando los regímenes dictatoriales como el de Tiburcio Carías Andino, quien ejerció el poder durante 16 años, y el de las dictaduras abiertamente militares que tomaron el control del país durante décadas.

La constitución del 82 procuró evitar ese problema prohibiendo la reelección y creando un sistema bipartidista que ejerciera el poder con una mayoría simple, el que ganaba la mayoría de votos, ganaba la presidencia. Hoy en día el panorama es otro; la crisis que provocó el golpe de Estado en el 2009, también provocó la crisis en el bipartidismo. Las estructuras de poder de los dos grandes partidos tradicionales, no han visto con buenos ojos el aparecimiento de nuevas fuerzas emergentes y la caída de popularidad y desencantamiento de sus bases por sus malos gobiernos. Esto los ha llevado a preparar estrategias que los consoliden en el poder.

En Honduras la burguesía acomoda los regímenes políticos de acuerdo a las necesidades del momento. Una gran parte de esta burguesía –ligada a la banca y a los medios de comunicación- pretende beneficiar al actual presidente Juan Orlando Hernández, al montar una campaña mediatizada del eficaz combate al narcotráfico y a personas involucradas en casos de corrupción de la administración pública. El proyecto por este sector de la burguesía es convertir a JOH en un Bonaparte hondureño, al estilo de Daniel Ortega en Nicaragua. Juan Orlando Hernández en este momento controla todas las instituciones del Estado, incluyendo la policía y las Fuerzas Armadas. A cambio ha favorecido a los militares aumentándoles el presupuesto y regresándoles espacios -como administrar instituciones- que habían pasado a la administración civil. El otro interés es de carácter político: asegurar la continuidad del presidente y del Partido Nacional en el poder.

Mientras se fortalece a los militares y la policía, la oposición esconde la cabeza

La creación de nuevos cuerpos militares desempeñando funciones policiales ha acrecentado la violación a derechos humanos de los pobladores, principalmente de la oposición. El andamiaje para hacer ver al gobierno de JOH y militares como los que salvaron a Honduras del narcotráfico y la delincuencia común, está montado.

Contradictoriamente, ante los planes reeleccionistas de JOH, no hay oposición, y cuando se dan indicios de haberla, es desorganizada y anárquica. En realidad no existe una fuerza opositora de los partidos emergentes que le haga contrapeso a los planes continuistas del Partido Nacional a través de JOH. Al contrario, algunos diputados del PAC negociaron esta semana con el PN algunos puestos en la administración pública, lo que evidencia que estos partidos emergentes terminan sucumbiendo ante el pastel que otorga el partido en el poder.

A construir la oposición en las calles

Cualquier intento de oposición sin movilizar a las bases es una ilusión. Por eso, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a todos los sindicatos, organizaciones sociales, populares, de campesinos, docentes, pueblo y organizaciones políticas a conformar un bloque común para que se movilice condenando la política neoliberal de Juan Orlando Hernández y sus acciones represivas en contra de los trabajadores. Solo esto detendrá su plan continuista.


Por Julián Bonilla

El gobernante nacionalista Juan Orlando Hernández logró introducir las reformas al código penal bajo el argumento de fortalecer la seguridad de los jueces y administradores de justicia, sector que ha sido blanco directo de distintas bandas de sicarios.

Sin embargo, la argumentación logra esconder muy bien la verdadera intención del gobierno, que está preparando las condiciones necesarias para reformar la constitución y asegurar la tan pretendida reelección.

No deja de llamar poderosamente la atención la rapidez con la cual los congresistas aprobaran el proyecto promovido por Juan Orlando Hernández durante la semana. Solo los quince diputados de Libre se abstuvieron del debate, lo cual permite entender las distintas contradicciones interburguesas con el sector que concentra el poder.

El bonapartismo de Juan Orlando

La organización burocrática del Estado se ha diseñado a partir de las distintas pretensiones del gobernante en turno, quien ha diseñado una política de asistencialismo con los sectores más marginales de la sociedad hondureña, para mantener a través del clientelismo su base social, y desde luego ganar nuevos adeptos.

Las reformas institucionales en el actual gobierno han sido aprobadas sin la más mínima oposición, dado que Juan Orlando controla el aparato estatal desde su gestión como Presidente del Congreso Nacional, situación que le permitió acentuarse en el poder y consolidar sus pretensiones de reelección.

La laceración de la institucionalidad democrática a partir del control y el bonapartismo de Juan Orlando no dejan de preocuparnos como socialistas revolucionarios y amplios defensores de la democracia. Estamos frente a un proceso promovido desde el propio régimen que permitirá al sector de la burguesía hondureña, ampliamente favorecida con las políticas de ajuste fiscal y el endeudamiento público, mantenerse en el poder bajo la figura del gobernante de turno.

El fortalecimiento de los organismos represores y las reformas penales permitirán contener a los distintos sectores que se opongan a las reformas introducidas desde el propio régimen. Las reformas introducidas protegen la figura del presidente, dado que el artículo 322 indica que “quien diere muerte al presidente de un poder del Estado y a los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o personas que por invitación participen de manera permanente en las sesiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, será sancionado con cuarenta años de reclusión a privación de por vida de la libertad”. En el artículo 323 quedó consignado que, además de los 40 años de prisión, la pena quedará incrementada en un cuarto a las personas que cometan los delitos en perjuicio del presidente del Poder Ejecutivo. Este apartado incluye el magnicidio, la conspiración y la extorsión. En lo que se refiere al artículo 324, dice que la conspiración para cometer alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores se sancionará con la pena de reclusión asignada al delito consumado disminuida en un cuarto; y la proposición, con la misma pena del delito consumado, disminuida en un tercio. Cuando la pena máxima señalada sea la de privación de libertad de por vida se entenderá que las disminuciones se deberán aplicar sobre cincuenta años.

El ataque de los carteles desde la institucionalidad del Estado

Este proceso de reformas ha ido acompañado de la más efectiva cacería de las principales cabecillas del narco hondureño. Existe toda una política por parte del Estado y sus instituciones para desvanecer el crimen organizado que trafica con cocaína y otras drogas, sobre todo, los sectores instituidos dentro del territorio nacional. Sin embargo, la verdadera intención es desarticular a los sectores que durante décadas manejaron el tránsito de drogas hacia México y los Estados Unidos para acentuar a los sectores vinculados con el propio Estado, y de esa manea lograr el control absoluto de los negocios ilícitos. En otras palabras, el gobierno de Juan Orlando promueve el combate contra el crimen organizado, pero lo hace con una intención de por medio; a nuestro parecer la verdadera intención es colocar a los sectores que él representa, desarticulando a través de fuertes operativos a la competencia.

Desde el Partido Socialista Centroamericano, hacemos un llamado a la clase obrera, campesinos y sectores populares a organizarse para emprender un proceso de fortalecimiento de las organizaciones sindicales, populares, patronales y de resistencia para hacerle frente a la embestida económica, política y jurídica del gobierno Juan Orlando Hernández. Solo la más amplia unidad hará retroceder los planes de ajuste de miseria y continuidad del actual Presidente de Honduras.

 

Por Sebastián Ernesto González

El día lunes 20 de octubre fue asesinado el conductor de bus Javier Antonio Ortega. Este crimen impulsó a dirigentes y compañeros del transporte urbano de Tegucigalpa a realizar una asamblea el martes, en la cual decidieron paralizarse el día miércoles desde las 6:00 de la mañana hasta horas de la tarde.

La movilización se dio en un momento en que ningún sector se encuentra en lucha, pero el constante asesinato de trabajadores del sector del transporte ha orillado a que se movilicen y exijan al gobierno de Juan Orlando mayores medidas de seguridad.

Según el informe del Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh), en los primeros seis meses del presente año se registraron 34 hechos violentos en autobuses que dejaron el saldo de 58 víctimas (elheraldo.hn 22/10/2014).

Los dueños del transporte reciben las ganancias y los trabajadores ponen los muertos

Grandes empresarios, políticos y funcionarios públicos son los dueños, en su gran mayoría, de las unidades de transporte; son pocos los ciudadanos que con mucho esfuerzo a través de préstamos adquieren una unidad para trabajar en el rubro.

El sector transporte ha sido un rubro de enormes ganancias para los grandes dueños de transporte De acuerdo a cifras oficiales, el Estado de Honduras eroga unos 400 millones de lempiras anuales en subsidios al transporte público (elheraldo.hn (26/08/2014).

Pero la mayor parte de ese dinero se lo queda los dueños de las unidades, mientras los conductores y ayudantes se las ingenian llevando excesivas cantidades de pasajeros en las unidades. Los pasajeros y pasajeras son los que terminan sufriendo la corrupta política del Estado en los entregados “subsidios”, donde al igual que sucedió con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, estos dineros son desviados a las cuentas particulares de personajes ligados a partidos políticos.

En julio del 2012 se dio una controversia entre el director de Soptravi y la IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública), en la cual el director de Soptravi se negaba a darle la información a la IAIP, y le solicitó a esta institución “que la información respecto a los subsidios que otorga el Gobierno a los transportistas se manejara en reserva” (Radioamerica.hn.11/12/2012).

El titular de la Dirección General de Transporte (DGT), Geovanny Dubón, manifestó que el trasfondo del paro del transporte es el subsidio porque el gobierno le debe a los empresarios cinco meses y éstos quieren que se les pague todo lo que piden (elheraldo.hn.22/10/2014).

El Estado debe garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores

Un acto delincuencial que azota a la ciudadanía es la extorsión. Se culpa a mareros y pandilleros del cobro del “impuesto de guerra”, sin embargo, este acto delictivo no hubiera alcanzado tales dimensiones de no haber sido impulsado desde las mismas instituciones del Estado ligadas a la seguridad. Son muy conocidos los casos en que policías se ven involucrados con actos delincuenciales, ligados o no con mareros y pandilleros. A tal grado que hace algunos meses el Ministro de Seguridad manifestó que era mejor que la posta ubicada en el Barrio la Granja -policías ligados a esta posta fueron los que asesinaron al hijo de la rectora de la Unah hace algunos años-, tenía que ser desmantelada.

Entonces, el alto índice de violencia que abate al país refleja el fracaso en política de seguridad del gobierno de JOH y sus antecesores. Los principales actores del aumento de la violencia han sido las mismas Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

El subsidio debe ser pagado directamente a los trabajadores y pasajeros

La medida adoptada por los transportistas golpeó a algunos rubros de la economía nacional y causó malestar en la población que utiliza el transporte público. Sin embargo, cualquier medida que exija parar la inseguridad en el país es correcta; pero se obtendrán mayores resultados si ésta es impulsada por trabajadores del transporte y pasajeros(as). Parte de las exigencias también debe ser que el subsidio no se les entregue a los grandes empresarios, sino que sea otorgado directamente a los usuarios y a los trabajadores. El Estado está obligado a garantizar la seguridad en las unidades de transporte, sin embargo, tanto usuarios como trabajadores deben asumir la protección ante los delincuentes.

Las organizaciones sindicales y sociales deben sumarse a condenar el alto grado de inseguridad que fue profundizado desde el mismo Estado.

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