Por Olmedo Beluche
El afán del gobierno panameño para ponerse al servicio de los intereses más reaccionarios e imperialistas del mundo no tiene límites. Desde 2009, cuando asumió el poder Ricardo Martinelli se han sucedido tomas de postura, declaraciones y ridículas metidas de pata sin cesar. Ahora resulta que Panamá, por orientación del presidente colombiano Juan M. Santos, se inmiscuye en un diferendo que acaba de resolver un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que ha delimitado las fronteras marítimas entre Nicaragua y Colombia.
Martinelli pretende servir de punta de lanza a la política colombiana que no quiere reconocer el fallo del tribunal internacional emitido a fines de 2012. En una entrevista televisiva (Telemetro 11/9/13), Martinelli alega haber conversado con Santos "con referencia a unas extensiones, unas pretensiones de extensiones territoriales que tenía el gobierno nicaragüense que desafortunadamente además de incluir a Colombia y Costa Rica, incluían a Panamá".
En ese mismo programa, Martinelli, dejó entrever que su postura frente al asunto de los nuevos límites marítimos de Nicaragua establecidos por La Haya, tiene relación con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Colombia, que busca beneficiar a los exportadores de zapatos y textiles de Zona Libre de Colón castigados con una tarifa proteccionista colombiana. Martinelli dio a entender que Santos condicionó la firma del TLC a la firma de "una carta de protesta contra los nicas" que promueve Colombia, con Costa Rica y Panamá para presentársela al secretario general de la ONU. Un toma y daca.
La política exterior panameña se arrastra por el mundo
Sin medir consecuencias, ni mucho menos el peso específico de Panamá en el mundo, ni su papel supuestamente "neutral" por razón del canal, el móvil de la política exterior de este gobierno ha sido actuar como perrito faldero emitiendo ladridos y esperando a cambio una sobadita en la cabeza y oír el "buen chico".
No cabe esperar mucha comprensión de las sutilezas de las relaciones diplomáticas en el mundo por parte de un grupo de arribistas ignorantes que sólo piensan en plata. Estuvieron entre los primeros, con el ex canciller J. C. Varela a la cabeza, que legitimaron el golpe de estado en Honduras, en 2009. Para congraciarse con los sionistas Martinelli se pronunció por una Jerusalén israelita, desconociendo al pueblo palestino. Peor aún, junto colonias como Micronesia, fue de los pocos países que se negaron a reconocer la representación de Palestina en la ONU. Martinelli metió la pata al opinar en un diferendo entre China y Japón por unas islas.
Recientemente, por orden de Estados Unidos, detuvo un barco coreano "sospechoso de contrabando de drogas", las cuales nunca se encontraron, pero si varias toneladas de azúcar y un arsenal que Cuba enviaba a Corea para su mantenimiento y devolución (al decir de Cuba). Pese a que el móvil de la detención no se probó, el gobierno panameño actuando como supuesto gendarme internacional mantiene retenida a la tripulación, al barco y su carga, yendo más allá de lo prudente, que habría sido negar su paso por el canal y devolverlo a aguas internacionales.
¿En qué consiste el conflicto colombo nicaragüense?
Desde el punto de vista geográfico no hay margen para el conflicto, pues cualquiera que mire un mapa puede apreciar que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina están prácticamente en la plataforma continental de Nicaragua. La razón del diferendo es histórica: originalmente, en razón de la geografía, el archipiélago hizo parte de la Capitanía General de Guatemala (a la que pertenecía la actual Centroamérica), desde 1544. Pero las islas al igual que la costa caribeña de Centroamérica empezó a ser objeto de incursiones y colonización por ingleses y escoceses, desde 1629.
El imperio español tuvo a lo largo del tiempo diversas estrategias para preservar su control del avance inglés, una de ellas fue que en 1803, Carlos IV, decidió pasar la administración de este archipiélago, y de toda la costa caribeña conocida como de "Los Mosquistos" (desde el Cabo Gracias a Dios hasta el río Chagres en Panamá) al virreinato de la Nueva Granada, el cual, a través del puerto de Cartagena garantizaba el comercio y el control militar. Una interpretación, la que defiende Nicaragua, asegura que esta decisión no implicaba segregar esta zona a la Capitanía de Guatemala, sino una decisión administrativa para resolver un problema coyuntural.
Alcanzada la independencia de España, las Provincias Unidas de América Central reclamaron la Costa de los Mosquitos y el archipiélago de San Andrés, pero la Gran Colombia alegó que las islas soberanamente se habían adscrito a la Constitución de Cúcuta de 1822 pasando a ser parte del estado bolivariano. Durante el siglo XIX, la federación centroamericana y Nicaragua (después) tomaron control de la Costa de los Mosquitos pero el archipiélago siguió en poder de Colombia.
En 1928 se firmó el Tratado Esguerra - Bárcenas, ratificado mediante el Protocolo de 1930, por el cual Colombia reconoció la soberanía nicaragüense sobre la Costa de los Mosquitos (Cabo Gracias a Dios hasta el río San Juan) y las islas de Mangle Grande y Chico, a su vez Nicaragua reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés. El tratado expresamente no incluyó los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana y no fijó límites marinos con precisión.
En base a los vacíos del tratado de 1928, Colombia de modo unilateral, en la década de 1960, intentó fijar como límite marítimo entre ambos países el meridiano 82, al occidente de las islas. Con lo cual la controversia quedó reavivada, hasta que en febrero de 1980, el gobierno nicaragüense surgido de la Revolución de 1979, repudió por completo el tratado de 1928 por haber sido impuesto en un momento en que Nicaragua estaba invadida por Estados Unidos, no pudiendo defender sus derechos legítimos.
En diciembre de 2001, el gobierno de Nicaragua formalizó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reclamando la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y repudiando el Tratado de 1928. Colombia, por su parte, en 2003, presentó objeciones formales a la demanda ante la CIJ, reclamando el archipiélago y los límites en el meridiano 82.
En diciembre de 2007, la CIJ se pronunció sobre las objeciones colombianas, diciendo: 1. Se declara incompetente para considerar controversia de soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina por estar zanjada esa materia en el Tratado de 1928, al que considera legítimo; 2. Pero establece que, fuera de esas tres islas el Tratado de 1928, no aclara los límites marítimos de ambos países, ni la soberanía sobre otros islotes del área, por lo que se declara competente para fijarlos de acuerdo a lo reclamado por Nicaragua.
Finalmente, el 19 de noviembre de 2012, la CIJ se pronuncia sobre el litigio: 1. Corriendo en algunos sitios el límite del meridiano 82 al mediano 81, 80 y 79; 2. reconociendo la soberanía nicaragüense hasta las 200 millas náuticas, salvo en la aguas que rodean las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los otros 7 cayos en que Colombia conserva la soberanía hasta las 12 millas náuticas alrededor de las islas.
La decisión de la CIJ deja en claro que se refiere a la fijación de límites entre los dos países litigantes, que admite recursos de reconsideración por alguno de los dos, a la vez que deja abierta la necesidad de que Nicaragua renegocie sus nuevos límites con Jamaica y Panamá, con los que antes no tenía, y con Costa Rica y Honduras, en la zonas que antes habían sido negociadas con Colombia y que ahora son nicas.
El gobierno colombiano no quiere aceptar el fallo de la CIJ
Desde que se conoció el fallo de la Corte Internacional, el gobierno y la burguesía colombianos se han negado a aceptarlo alegando una afectación de su soberanía del 50% sobre lo que consideraban su territorio sobre el mar Caribe. Una ola de seudopatriotismo y nacionalismo invadió los medios de comunicación de ese país e incluso se ha considerado seriamente repudiar la pertenencia de Colombia al sistema de la CIJ.
Por supuesto, la estrategia frente al fallo también implica aliarse con los países limítrofes con Nicaragua para crear una situación de desasosiego que impida a aquel país ejercer su soberanía sobre el área delimitada. De ahí la conversación de Santos con Martinelli y, seguramente, con Laura Chinchilla de Costa Rica, y los gobiernos de Honduras y Jamaica. La controversia además viene aderezada con las diferencias políticas, mientras el gobierno de Colombia es cabeza de la derecha continental, el de Daniel Ortega es parte del proyecto bolivariano del ALBA.
Panamá y las fiebres patrióticas de Martinelli
A la burguesía comercial panameña la patria y la soberanía nunca le ha importado mucho, pues es el dinero que hace sonar sus cajas registradoras el único Dios por el que sienten amor verdadero. Panamá fue parte integrante de Colombia hasta 1903 cuando, Estados Unidos deseoso de construir un canal bajo su pleno control soberano, se alió con algunos comerciantes locales para proclamar la "independencia" de Colombia e imponer el Tratado Hay - Bunau Varilla.
Panamá se convirtió así en un "protectorado" (colonia) de Estados Unidos, con Zona del Canal, bases militares e incluso conteo de votos por parte del interventor colonial (gobernador de la Zona). Tan es así que, para zanjar el tema del conflicto surgido con Colombia por "la toma de Panamá", fue un diplomático norteamericano quien negoció el primer tratado limítrofe ente ambos países.
El 5 de agosto de 1914, diez días antes de inaugurarse el Canal de Panamá, el funcionario norteamericano Thaddeus Austin Thompson y el canciller colombiano Francisco José Urrutia firmaron el tratado (Urrutia-Thompson) por el cual Colombia reconoce a la república de Panamá y fija sus límites de acuerdo a una ley de 1855, a cambio de 25 millones de dólares (misma cantidad que exigía el gobierno de ese país por el tratado del canal antes de la separación). Se dice que Estados Unidos aprovechó la crisis de las exportaciones cafeteras por la I Guerra Mundial para imponer el reconocimiento y beneficios para sus empresas petroleras y bananeras, a cambio del dinero.
Los límites fijados en este tratado fueron ratificados por Panamá en 1924 (Tratado Victoria-Vélez) y en un canje de notas de 1932, inclusive por el Tratado de Montería firmado por Omar Torrijos a fines de los 70, cuando entró en vigencia el Tratado Torrijos-Carter de 1977. El hecho es que Panamá, nunca disputo límites terrestres ni marítimos con Colombia, que debieron ser el precedente legítimo si es que en verdad hubiera un conflicto de límites ahora en nuestra nueva frontera con Nicaragua a partir del referido fallo de la CIJ.
Pero aún, luego del traspaso a Panamá del canal y el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas, en el años 2000, por la aplicación del Tratado de 1977, el gobierno panameño firmó acuerdos de seguridad con Estados Unidos cediendo la custodia de nuestro mar territorial y espacio aéreo a los Estados Unidos, entre ellos el Tratado Salas-Becker de 2002, firmado violando la constitución y las leyes nacionales.
Como se puede apreciar por lo dicho, a lo que se podrían agregar otras muchas consideraciones, no es el patriotismo lo que inspira al gobierno panameño, la filosofía que ha inspirado a nuestra clase dominante se resume en la frase: "la soberanía no se come".
Los "aires de guerra" que inspiran las expresiones de Martinelli provienen de cosas más prosaicas: 1. La afinidad política con Santos en la extrema derecha latinoamericana; 2. Los favores políticos concretos que Álvaro Uribe hizo a Martinelli en su campaña de 2009; 3. Los crecientes nexos comerciales y económicos entre la burguesía colombiana y altos funcionarios panameños; 4. La penetración creciente de capitales colombianos que se han adueñado de casi toda la industria nacional y parte del negocio inmobiliario; 5. Hay temor real en algunos sectores de que Nicaragua concrete su canal con apoyo de los chinos. En broma y en serio se dice acá que poco a poco estamos volviendo a ser un Departamento de Colombia.
¿Qué posición debe defender el movimiento obrero y popular panameño?
En primer lugar no ser tontos útiles ni carne de cañón de los intereses crematísticos de las burguesías panameña y colombiana. Lamentablemente, algunos dirigentes políticos de izquierda en Panamá trastabillan dándole credibilidad a Martinelli. Ojo, que el nacionalismo es progresivo si enfrenta al imperialismo y al colonialismo, pero se convierte en un veneno cuando se usa para enfrentar a los pueblos.
Si, como establece el propio fallo de noviembre de 2012 de la CIJ, Nicaragua debe negociar con Panamá la nueva frontera marítima, procedamos a la negociación exigiendo lo justo sin inventar demandas absurdas que nunca se plantearon a Colombia. Tomémosle la palabra al presidente Daniel Ortega, quien respondiendo a Martinelli ha dicho que "debe privar el derecho, ya que imponerse a través de la fuerza de las armas sería regresar a la época de las cavernas" y que ha llamado al gobierno colombiano a un diálogo "para poner en práctica armoniosa la sentencia de La Haya" (La Prensa, Managua, 12/9/13).
Las burguesías latinoamericanas acicateadas por el imperialismo yanqui nos han dividido, toca a nuestros pueblos, a la clase trabajadora, a revolucionarios y socialistas derribar las fronteras y bregar por la unidad bolivariana.
