Por Olmedo Beluche

Para empezar, dos afirmaciones axiomáticas sobre el 9 de Enero de 1964, que sin embargo se las pasa por alto constantemente: uno, ese día hubo una verdadera revolución popular antiimperialista en Panamá y, dos, fue nuestra verdadera gesta por la independencia nacional del siglo XX.

El 9 de Enero no fue una protesta más en la larga lista de movilizaciones populares panameñas contra la presencia norteamericana. Por su masividad, combatividad y heroísmo popular fue una revolución, en todo el sentido legítimo de la palabra, y constituyó un verdadero salto adelante hacia la independencia nacional del tutelaje colonial. Fue un acontecimiento a partir del cual hubo un antes y un después. Por eso fue una revolución popular antiimperialista y descolonizadora.

Si comparamos el 9 de Enero con el 3 de Noviembre de 1903, fecha que la oligarquía gobernante nos ha presentado como el día de la independencia, vemos las diferencias que resaltan con claridad y desenmascaran aquella conspiración de una élite con intereses foráneos por la que imperialismo yanqui nos separó de Colombia, no para hacernos libres y soberanos, sino para apropiarse del territorio, el canal y convertirnos en protectorado.

Mientras el 3 de Noviembre de 1903 se fraguó un acuerdo entre un puñadito de oligarcas panameños, los accionistas de una compañía francesa tramposa, grandes capitalistas de Wall Street y el gobierno imperialista de Teodoro Roosevelt; el 9 de Enero fue un acontecimiento espontáneo en que el pueblo panameño, compuesto en su mayoría por obreros asalariados y sus hijos, la vanguardia estudiantil forjada en la FEP, acudió en masa cuando se enteró de la afrenta a la bandera y a los institutores.

Mientras el 3 de Noviembre se impuso la fuerza militar norteamericana con una invasión de al menos 10 acorazados y miles de marines; el 9 de Enero, el pueblo panameño, pese a la falta de armas, puso el pecho a la metralla derrotando moralmente a la fuerza de ocupación.

Mientras el 3 de Noviembre el pueblo panameño fue un espectador pasivo de unos hechos que dirigían otros desde las élites; el 9 de Enero entre 40 y 60 mil personas rodearon la Presidencia dela República exigiendo armas al gobierno, el cual, para no entregarlas, se vio obligado a romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, algo impensable para un oligarca como Roberto Chiari.

Mientras el 3 de Noviembre no es más que una burda intervención militar extranjera para convertirnos en colonia, que los libros de texto y la propaganda han tratado de ocultar; el 9 de Enero es un acto refulgente de soberanía popular.

Mientras el 3 de Noviembre ha tenido que ser cubierto con un manto de falacias históricas, para hacer parecer a nuestros ancestros como anticolombianos y a Colombia como un supuesto imperio explotador; el 9 de Enero es fruto de la diáfana lucha generacional contra las consecuencias del 3 de noviembre, el Tratado Hay Bunau Varilla, las bases militares y la Zona del Canal.  Lucha que pasó por gestas como el Movimiento Inquilinario de 1925, el Movimiento Antibases de 1947, la Siembre de Banderas y la Operación Soberanía en los años 50.

Mientras el 3 de Noviembre nos heredó falsos héroes pintados de próceres que vivieron la comodidad de ser los dueños del país y murieron en sus camas; el 9 de Enero lo parió la heroicidad de todo un pueblo que no temió morir, que entregó la vida de una veintena de los suyos, que sacrificó los cuerpos de más de 500 heridos capitaneados por jóvenes valientes, algunos que cayeron al fragor de la lucha, como Ascanio Arosemena; otros que fueron asesinados posteriormente como Juan Navas y Floyd Britton.

Mientras el 3 de Noviembre nos enajenó la soberanía y los beneficios de nuestro principal recurso, con el Tratado Hay Bunau Varilla, que se firmó no por casualidad 15 días después; el 9 de Enero creo las condiciones para que Estados Unidos aceptaran sentarse a negociar un nuevo tratado que derogara la perpetuidad, las bases militares y traspasara la administración del canal a nuestra república.

Mientras los apologistas del 3 de Noviembre procuran infundir un seudo nacionalismo plagado de chauvinismo y anticolombianismo y exaltación por la intervención norteamericana que “nos salvó” (dicen); el 9 de Enero es producto de un acendrado antiimperialismo de rasgos bolivarianos fraguado en la conciencia de nuestros obreros y estudiantes por acontecimientos como el golpe de estado contra Jacobo Arbenz, fraguado por la United Fruit, el golpe contra Perón dirigido por el embajador norteamericano y la gloriosa Revolución Cubana.

Mientras el 3 de Noviembre produjo instituciones débiles y corruptas controladas por una docena de familias; el 9 de Enero produjo el atisbo de lo que será la democracia obrera y popular, cuando decenas de miles se autoorganizaron en los llamados Comités de Defensa de la Soberanía, unos para llevar heridos al hospital, otros para donar sangre, otros para buscar armas, otros para combatir.

Mientras el 3 de Noviembre dio por fruto un país pauperizado a partir de 1914, cuando se inauguró el canal, con una zona con la que no se podía comerciar y una anualidad tan ridícula que los gobiernos con algo de dignidad la rechazaron; el fruto del 9 de Enero es un país con un canal y unas áreas revertidas que han catapultado el crecimiento económico y aportado decenas de miles de millones al fisco. Si no aporta más y si está administrado el canal por una élite oligárquica, es producto de otro acontecimiento que no analizaremos aquí: la invasión del 20 de Diciembre de 1989, a la que le debeos esta pseudodemocracia corrupta, estos planes económicos neoliberales y los acuerdos de seguridad que violan la soberanía.

En esta conmemoración de la Gesta Heroica del 9 de Enero de 1964, miramos hacia ella no en actitud de mera contemplación, sino para comprender, aprender y actuar conforme a los principios, la determinación y el valor que movió a nuestros verdaderos próceres: los Mártires del 9 de Enero.

Con ellos y su ejemplo, seguimos luchando por soberanía, por independencia, por democracia y sobre todo firmes con el grito de guerra: ¡BASES NO!

Hace 29 años el ejército de Estados Unidos invadió Panamá. Fue la más sanguinaria de las más de cien agresiones militares que esa potencia militar ha efectuado en nuestros Istmo. Más de 20 mil personas perdieron sus hogares, sobre todo en El Chorrillo. Hubo más de 2000 heridos según la Cruz Roja. Se arrestaron más de 5000 prisioneros políticos que fueron llevados a un campo de concentración en Nuevo Emperador.

¿Cuántos muertos hubo? Aún no se sabe con certeza. Pero hay una lista con nombres y apellidos de más de 500 personas, de los cuales la mitad eran civiles desarmados, pero algunos testigos aseguran que pudieron ser más de mil asesinados. El Polo Ciudadano exige a la comisión investigadora “20 de Diciembre” que informe pronto y de manera fehaciente la cantidad de muertos causados por la invasión.

¿Toda esta violencia y violación de los derechos humanos más elementales, para qué? ¿Para “traernos la democracia”? ¿Para “llevarse al dictador Noriega”? MENTIRA. Mentira, decimos desde el Polo Ciudadano. Mentira, pudieron llevarse al dictador el 3 de octubre del 89, cuando se los ofreció esposado Moisés Giroldi, y no quisieron.

El verdadero objetivo de la invasión ordenada por el criminal de guerra recientemente fallecido, George H. Bush, fue el de imponerle a Panamá un régimen político corrupto, antidemocrático y oligárquico, pero obediente a las imposiciones que emanan de Washington. Un régimen corrupto que nos ha gobernado por casi tres décadas, pactado entre Estados Unidos y sus lacayos nacionales: el Panameñismo, el PRD, el Partido Popular, el MOLIRENA y ahora Cambio Democrático. Pactos acordados desde la ex Zona del Canal y la embajada gringa en Panamá.

Un régimen corrupto y antidemocrático en el cual se han alternado en el poder los mismos partidos y los mismos políticos para saquear las arcas del Estado panameño, mientras nos imponen a las clases trabajadoras austeridad, reformas neoliberales, deterioro de los servicios públicos como salud, educación, recolección de basura, destrucción de la agricultura y la industria nacionales.

Por esa razón, que no se equivoque la juventud del siglo XXI: la invasión no fue n hecho traumático que sufrió una generación pasada. La invasión y sus consecuencias sigue pasando todos los días. Los jóvenes de hoy sufren las consecuencias de la invasión del 20 de Diciembre de 1989 cuando son gobernados por políticos ladrones; cuando no encuentran empleo; cuando sólo les queda el trabajo precarizado; cuando reciben una educación en condiciones lamentables; cuando los servicios de salud son deficientes.

Por esas razones seguimos exigiendo justicia. Y gritamos:

20 de Diciembre, DUELO NACIONAL. PROHIBIDO OLVIDAR.

Panamá, 19 de diciembre de 2018.

Polo Ciudadano

Por Olmedo Beluche

De acuerdo al Banco Mundial, nuestro país está entre los 6 más desiguales de Latinoamérica, y entre los 10 más desiguales del mundo. En Panamá, en 2015, el 10% de las familias más ricas tenían ingresos 37 veces superiores al 10% de las familias más pobres. Esto nos habla de la injusticia social y el alto grado de desigualdad que padece nuestro pueblo.

Según cifras oficiales, estimadas a la baja con métodos estadísticos cuestionables, en Panamá cerca del 10% de la población, 400 mil personas, no tiene ingresos suficientes para comer adecuadamente. Y un 23%, alrededor del millón de connacionales, no puede pagarse el conjunto de las otras necesidades vitales, además de comer. A lo cual hay que agregar el colapso de los servicios públicos para comprender el sufrimiento que se padece.

En esta “Dubai de Centroamérica”, resulta que hay decenas de miles de jubilados con pensiones inferiores a B/. 500 que claman por una compensación frente al creciente aumento de los precios de la canasta básica y de las medicinas, muchas de las cuales deben comprarse en farmacias privadas, dada la crisis de medicamentos de la Caja de Seguro Social.

En este marco un grupo de jubilados logró que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley 621 que otorga unos ajustes a las jubilaciones, que oscilan entre B/. 60 para pensiones menores a B/. 500, de B/ 45 para los que ganan entre B/. 501 y 1,000, y de B/. 35 para aquellos que reciben entre B/. 1,001 y 1,500.

Este aumento debería pagarse con un impuesto del 7% a las remesas de dinero que se envían al exterior, 5% de impuesto a las ganancias de casino y tragamonedas, y la asignación del 20% del impuesto que ya se paga al consumo de cervezas.

En esta Dubai de la injusticia y la disparidad social, los sectores empresariales encabezados por la Cámara de Comercio y la APEDE pegaron su grito al cielo, oponiéndose tajantemente a cualquier aumento de impuestos. La excusa como siempre es que la economía se vendría a pique. Traducido al lenguaje panameño: no les importa si las jubilaciones de estos viejos pobres les alcanzan o no para comer, no me aumentes los impuestos a los que más ganan.

Ahora que se conmemoran 50 años del golpe de estado de 1968, hay que recordar que una de las causas fue la crisis institucional abierta por los empresarios vinculados al “chiarismo” porque no querían al candidato David Samudio y su reforma fiscal. Hoy, como entonces, sigue habiendo un “Club de Exonerados” que se niegan a compartir algo de sus pingües beneficios con el pueblo panameño. Casi todo el sector punta de la economía, el “logístico”, goza de exoneraciones fiscales, y el resto pagan poco comparados con los asalariados.

Otra medida similarmente egoísta, ha sido la aprobación de la Ley 51 de  10 de octubre de 2018, por la cual se restringe el gasto público hacia los próximos años, y se limita el aporte del canal a los fondos nacionales al 2.5% del PIB, ordenando que la mitad de cualquier excedente que pueda haber a futuro en esos ingresos vaya al Fondo de Ahorro Panamá, para beneficio de los banqueros que lo administran, y sacrifico de tantas necesidades sociales.

Se requiere la construcción de una propuesta política nueva que ponga a los seres humanos primero que al mercado y la ganancia; que anteponga la deuda social histórica que nuestra oligarquía tiene con el pauperizado pueblo panameño; para lo cual hay que hacer justicia fiscal, haciendo que paguen impuestos progresivos en función del ingreso todos, que se acaben las exoneraciones fiscales, una forma solapada y legal de corrupción.

Por Emilio Young

Panamá es quizá el país más estable de la región centroamericana. Los datos macro económicos muestran cierta estabilidad económica y política, aunque en el último periodo hay fuertes síntomas de deterioro fiscal.

En este marco, cuando los buenos negocios se vuelven escasos y complicados, se ha venido desarrollando un fuerte conflicto entre diferentes alas de la burguesía, especialmente bajo el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), y que se ha prolongado bajo el actual gobierno de Juan Carlos Varela.

La crisis del régimen

Después de la invasión norteamericana a Panamá en 1989, que derrocó al gobierno del general Manuel Antonio Noriega, se instauró una democracia burguesa neocolonial basada en el difícil juego político entre dos grandes fuerzas: el Panameñismo (partido fundado por Arnulfo Arias), representante de la oligarquía y la burguesía tradicional, por un lado, y el torrijista Partido Revolucionario Democrático (PRD), que representaba a la oficialidad de la Guardia Nacional (GN), a la clase media y sectores populares, pero que venía de sufrir la paliza de la invasión.

En un periodo de 20 años (1989-2009) en que el Panameñismo y el PRD se alternaron en el gobierno, se produjo un rechazo masivo a ambos partidos. En el año 2009 el empresario Ricardo Martinelli, uno de los más ricos de Panamá, con la bandera de lucha contra la corrupción y al frente del Partido Cambio Democrático (CD), encabezó una alianza electoral que le permitió conquistar la presidencia de la República.

El fracasado proyecto bonapartista de Martinelli

Sin lugar a dudas, en su momento Martinelli reflejaba las aspiraciones políticas de un nuevo sector burgués, que logró manipular hábilmente el rechazo de la población al bipartidismo que en los hechos se había instaurado, y que necesitaba tomar el poder para consolidarse económicamente. Una vez en el poder se aceleraron las contradicciones entre Martinelli y los otros sectores de la burguesía, por el manejo de los recursos del Estado.

Este enfrentamiento tuvo diversas etapas. Sectores del Panameñismo participaron en la alianza electoral junto a Martinelli, entre ellos se encontraba Juan Carlos Varela, quien provenía del Panameñismo y llegó a ser ministro de relaciones exteriores pero fue destituido abruptamente en 2011, cuando Martinelli se opuso a que fuera candidato presidencial en las elecciones del 2014.

Martinelli impulsó un proyecto bonapartista, pretendió instaurar un régimen fuerte, que permitiera la consolidación económica de su sector, pero en este proceso se topó con la oposición de un importante sector del Panameñismo y del propio PRD, quienes tenían copadas las instituciones del Estado. Muchas de las leyes impulsadas por Martinelli terminaron siendo derogadas, por los conflictos sociales que generaba.

En diferentes oportunidades, Martinelli intentó abordar el tema de la reelección presidencial, pero no pudo avanzar. En el año 2013, en relación a la reelección se quejaba: "Panamá todavía no está lista para eso. En Panamá debemos madurar esta democracia, porque aquí hay mucho recelo y mucha intranquilidad de muchas personas, y el sistema no está hecho para que un partido repita (en el poder)… Voy a seguir involucrado en política, lógicamente, y como presidente de CD, que va a ser una fuerza preponderante, al tener aún mucho que aportar." (Telemetro, 27/02/2013).

Martinelli no logró imponer un régimen bonapartista, como lo hizo el general Omar Torrijos, debido a la constante lucha de masas bajo su gobierno, y por supuesto a la feroz oposición de otros sectores de la burguesía.

Clientelismo y corrupción generalizada

En medio de este conflicto interburgués, Martinelli desde el gobierno impulsó programas de asistencia social con el objetivo de consolidar la base electoral del nuevo partido CD. Mientras Martinelli tiraba migajas a la mesa de los pobres, tuvo una ambiciosa política de saqueo de las finanzas del Estado para consolidarse él como empresario y fortalecer un nuevo sector burgués.

Al final del gobierno de Martinelli comenzaron a estallar los escándalos políticos y las denuncias de corrupción generalizada a todos los niveles. Prácticamente todo el gabinete de Martinelli participaba en los oscuros negocios y en el saqueo del erario público.

Forcejeo por la Asamblea Nacional

Juan Carlos Varela ganó las elecciones presidenciales del 4 de mayo del 2014, con la alianza “El Pueblo es Primero”, pero obtuvo solamente 13 diputados, mientras que CD y sus aliados obtuvieron 32 diputados. El PRD, a pesar de su crisis, obtuvo 25 diputados. Con esa correlación de fuerzas, el poder ejecutivo no tenía control sobre la Asamblea Nacional.

El primer gran forcejeo se produjo con la impugnación de 20 diputados. De los 71 diputados de la Asamblea Nacional solo 51 pudieron tomar sus cargos, porque el resto fueron impugnados, lo que obligó al Tribunal Electoral (TE) a convocar en diciembre del 2014 a nuevas elecciones en 4 circuitos plurinominales. Al final, la Asamblea Nacional queda conformada así: Cambio Democrático 25 diputados; Partido Panameñista 16 diputados; el PRD 26 diputados; Partido Molirena 2 diputados; Partido Popular 1 diputado y 1 diputado Independiente. Ninguna fuerza tenía el control mayoritario. Martinelli siguió siendo una fuerza decisiva, que el gobierno de Varela debía tomar obligatoriamente en cuenta.

El “gobierno paralelo” y el pacto de gobernabilidad

Antes de entregar la presidencia, Martinelli aprobó un conjunto de leyes y el nombramiento de altos funcionarios en las instituciones del Estado, dejando montado un “gobierno paralelo”.

Varela solicitó la renuncia de estos funcionarios, pero solamente dos funcionarios renunciaron, el resto se mantuvo desafiante y fieles a su patrón Martinelli, quien había dejado un blindaje para evitar las represalias en su contra.

A los 45 días de haber asumido la presidencia, Juan Carlos Varela derogó, mediante el Decreto Ejecutivo No. 472, los 19 decretos ejecutivos que Martinelli firmó, entre ellos los 355 indultos a ex altos funcionarios.

El Decreto Ejecutivo No. 472 en sus partes medulares expresa que “El Estado panameño está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la indefensión de las víctimas y sus familiares”.

Pero Varela no quiso negociar con Martinelli, y más bien giró hacia el PRD estableciendo un pacto de gobernabilidad que permitió desmontar el gobierno paralelo, elegir nuevos funcionarios y reorganizar las instituciones del Estado, a partir de una serie de leyes aprobadas por la nueva coalición mayoritaria dentro de la Asamblea Nacional.

Conflicto al rojo vivo.

El conflicto entre estas corrientes burguesas está personificado en el enfrentamiento entre el actual presidente Juan Carlos Varela, y el ex presidente Ricardo Martinelli, quien lamenta la enemistad de su antiguo aliado: "Juan Carlos Varela era mi amigo inseparable; éramos uña y mugre...hablábamos de todo. Yo le contaba mis problemas personales, él me contaba los suyos", ejemplarizó el expresidente para demostrar la cercanía que había entre ambas figuras políticas (Critica 19/1/2015).

Aparentemente estamos ante un conflicto de personalidades, pero no es así. Estos personajes representan grupos de poder que están chocando desde tiempo atrás, pero ahora el enfrentamiento está llegando al punto que la Corte Suprema de Justicia autorizó el desafuero del expresidente Martinelli, quien huyó del país y se mantiene en el extranjero, a la espera de los acontecimientos.

Martinelli y sus ministros están siendo acusados de corrupción, a algunos ya se las ha procesado, a otros también se les levantó el fuero electoral, incluido José Domingo Arias, candidato presidencial de CD en las pasadas elecciones.

Este conflicto fue subiendo de intensidad. Martinelli buscó refugio en el PARLACEN, una institución que había atacado furiosamente, pero no encontró apoyo. Rafael Espada, diputado guatemalteco y vicepresidente del PARLACEN, dijo: "Si el Congreso panameño no da inmunidad a sus diputados, el Parlacen tampoco. Porque el Parlacen reconoce lo que dice el sistema panameño. Lo digo porque la gente cree que viene a protegerse de lo que hizo en el pasado y eso es falso, nadie viene acá (al Parlacen) a protegerse de lo que ha hecho. Inmunidad no es impunidad"(ACAN-EFE 30/01/2015).

La lucha contra la corrupción

La maquinaria judicial, nuevamente bajo el control de la alianza Panameñismo-PRD, ha comenzado una serie de juicios contra casi todo el gabinete de Martinelli, incluido él mismo. De los 9 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en reunión extraordinaria resolvieron abrir el proceso de investigación a Martinelli, 5 fueron nombrados por el exmandatario.

Los casos más sonados de esta corrupción generalizada son las coimas de 33 millones de dólares por la compra de radares y helicópteros de lujo a la empresa italiana FINMECCANICA, y los fraudes cometidos en la compra de alimentos deshidratados hasta por un monto de hasta 45 millones de dólares.

Martinelli se ha defendido argumentando que “(...) no necesito del erario público, soy el empresario más grande de Panamá y el que más impuestos paga. Vine al Estado a servir y no a servirme del Estado. Van a inventarse un proceso, a fabricar pruebas contra mí y van a violarme todos los derechos." (Europa Press, 10/2/2015).

Pero los hechos y las pruebas demuestran lo contrario. En este pleito inter burgués, el talón de Aquiles de Martinelli son las múltiples denuncias de corrupción. Esta pasada de cuentas, tiene el objetivo estratégico no de luchar contra la corrupción (algo intrínseco a todas las fracciones de la burguesía y del sistema capitalista), sino de arrancar a los diputados de CD del férreo control de Martinelli.

¿Qué hacer?

No hay duda que Martinelli y su grupo se enriquecieron aún más con los fondos del Estado. Pero tampoco podemos perder de vista que las pasadas de cuentas son los métodos que utiliza la burguesía, cuando se acaban las negociaciones. Y a veces también las pasadas de cuentas se utilizan para obligar a la otra fracción a negociar.

Los sectores democráticos y de izquierda que se han movilizado recientemente, lo hacen sinceramente para fortalecer la lucha contra la corrupción. A ellos les decimos que el único mecanismo de lucha contra la corrupción es la aplicación del control de los trabajadores sobre la producción y sobre las instituciones del Estado.