Por Olmedo Beluche

El 20 de enero de 2014 se cumple el plazo impuesto por el consorcio Grupo Unidos Por el Canal (GUPC), encabezados por la española Sacyr, para suspender las obras de la ampliación del Canal de Panamá si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no se compromete a pagarles 1.600 millones de dólares de sobrecostos, que equivalen al 50% de lo pactado originalmente. Amenaza que ya ha sido cumplida en gran medida, ya que se informa que las obras se desarrollan a un tercio de su capacidad y que más del 70% de la fuerza laboral ha sido despedida.

El interés nacional de Panamá obliga a la Junta Directiva de la ACP a tomar medidas urgentes, que debieron tomarse desde el 1 de enero cuando se hizo pública la amenaza de GUPC: decretar la expropiación de las empresas en cuestión y nacionalizar las obras de construcción del tercer juego de esclusas. Cualquier dilación o salida intermedia sólo significará mayor daño a la economía panameña y un drenaje de fondos del canal hacia los bolsillos de un grupo empresarial que actúa al filo de la ley.

Jorge Quijano, actual administrador de la ACP, se ha tomado la molestia de explicar en detalle el conflicto con GUPC a los gremios empresariales como la Cámara de Comercio y la Asociación de Ejecutivos de Empresa (APEDE), pero manteniendo en la oscuridad al resto de la nación panameña, en particular a los gremios y organizaciones de la clase trabajadora. Esta actitud no es de extrañar, pues la Junta Directiva de la ACP está controlada y responde a los intereses de grupos empresariales y partidos políticos de la burguesía, estando los sectores populares carentes de cualquier representación en ella.

Por intermedio del presidente de la Cámara de Comercio se conoce que Quijano informó que el problema de Sacyr es que se encuentra "sin flujo de caja", "sin liquidez", es decir, está descapitalizada. De lo que pareciera colegirse que si la ACP le tira una toalla se resuelve el problema de la liquidez, el problema sería establecer el tamaño de la toalla.

Los panameños que saben sumar y restar se preguntan ¿Cómo es esto posible? Si la ACP le ha adelantado 2.831 millones de dólares de los 3.118 millones pactados en el contrato de 2009 (¿en cuantos negocios te pagan por adelanto?). O sea, GUPC ha recibido a la fecha 76.4% de los fondos comprometidos, pero sólo ha garantizado el 65% de las obras en la nuevas esclusas. Otros cálculos, como el del abogado Sidney Sitton, establecen que ya ha sido pagada por la ACP a GUPC la TOTALIDAD de la obra a punta de adelantos. Aún así, a la fecha, GUPC debe a subcontratistas, al menos, 238 millones de dólares, pero piden 1.600 millones más para terminar. Como decimos en Panamá: ¡Qué huevo!

Lo que está sucediendo es que Sacyr ha utilizado sus ingresos de la ampliación canal para tapar los enormes déficits que han llevado a la empresa al borde la quiebra. Por eso es que está descapitalizada. Déficit de Sacyr que llegaba a los 20.000 millones de dólares en 2008, antes del contrato con ACP y que la Junta Directiva del canal no podía ignorar cuando les concedió el contrato.

Y, digámoslo, porque seguro está relacionado: antes que la empresa panameña Constructora Urbana S.A. (CUSA), de la familia (lejana dice él) del entonces administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta, liderara la creación de GUPC.

El presidente de Sacyr hasta 2011, Luis del Rivero, es un típico financista de esos que la crisis de 2007-2008 ha puesto en evidencia: un sinvergüenza involucrado en toda clase de jugarretas financieras, todas fallidas, pero costosas, no para él, sino para la empresa y sus accionistas: intentos por copar la directiva de BBVA, de adueñarse de la francesa Eiffage y de Repsol ("Así, así, así gana Sacyr", Javier G. Cuesta, El Mundo, 2/1/2013).

En 2011, Luis del Rivero fue sacado de la directiva de Sacyr al ser imputado por pagar 200 mil euros en sobornos al financista del Partido Popular (partido de Mariano Rajoy, primer ministro actual), Luis Bárcenas (preso actualmente) para obtener un contrato para una filial en Toledo. ¿Algo tendrá que ver esto en el interés de la ministra de Fomento española para apersonarse hasta Panamá para defender los intereses de Sacyr?

En fin, que se está tratando con una pandilla de sinvergüenzas, el que lo dude que mire la cara y los actos de Manuel Manrique, buen amigo de Luis del Rivero y actual director de Sacyr, además aparente amigazo del actual ministro de Turismo panameño a quien atendió en un viaje misterioso a Madrid poco antes de tomar posesión Ricardo Martinelli.

Que empresarios internacionales pretendan "hacer su agosto" a costa del Canal de Panamá no es nada nuevo, y viene sucediendo desde el siglo XIX, cuando empezaron las obras del llamado "Canal Francés", con el robo de fondos de miles de accionistas franceses por los administrativos de la Compañía Universal (que vinieron a "hacer su Panamá") y que derivó en la cárcel para el hijo de Fenand de Lesseps y otros.

Para no mencionar el negociado posterior, dirigido por el abogado neoyorkino William N. Cromwell por el que un poderoso grupo empresarial hizo un buen negocio con la separación de Panamá de Colombia y la imposición del Tratado Hay Bunau Varilla. Ni qué decir de los beneficios obtenidos por EE UU con el canal mientras Panamá recibía una cifra risible.

Por esa razón, desde el Movimiento Popular Unificado (MPU) hemos propuesto los siguiente:

1. No dar ninguna confianza a la Junta Directiva de la ACP ni a su administrador porque no representan los genuinos intereses de nuestro pueblo y porque han actuado de espaldas al país incluso en la aprobación del contrato de marras con GUPC;

2. No pagar un centavo más a GUPC y exigir la nacionalización de las obras y la expropiación de los bienes de Sacyr y sus socios a la vez que el pago de la garantía depositada en una aseguradora europea;

3. Que la ACP continúe las obras con asesoría de ingenieros expertos nacionales e internacionales;

4. Exigir una Comisión Independiente con representación de los sectores populares que estudie lo sucedido, establezca si hubo dolo y defina el curso de acción;

5. Modificar el Título Constitucional que rige a la ACP para que su Junta Directiva esté bajo control obrero y nacional y no responda intereses pecuniarios de la oligarquía panameña.

Profesor Juan jované

Por Juan Jované

Hola compañer@s, como pudieron ver, hoy el Tribunal Electoral hizo público nombres de los candidatos independientes de forma oficial, a través de su boletín, violentando la ley sin contemplación, por lo siguiente:

1. En días pasados impugnamos algunas candidaturas “independientes” por los procesos irregulares de compilación de firmas: esta impugnación el TE aún no la resuelve como señala la ley.

2. A la solicitud de copia de todos los paquetes de firmas de los candidatos “independientes”, no respondieron con una copia simple faltando menos de hora y media reloj para cerrar las oficinas de TE. Esto nos recuerda en el periodo electoral 2009 que faltando un par de días para realizarse las elecciones fue que la Corte Suprema falló a favor de las candidaturas independientes, dejándonos por fuera del proceso electoral. Como ahora, es evidente que lo hicieron intencionalmente.

3. Sobre la advertencia de inconstitucionalidad que presentamos al TE, para que esta la tramitara y la pasara a la Corte Suprema, como señala el procedimiento, ni siquiera hicieron caso y no tramitaron el recurso legal como señala la ley.

4. Contrario a seguir la ley y la institucionalidad, el magistrado Valdez Escoferi emitió opinión contra nuestras acciones legales, estando impedido como Magistrado, a dar opiniones.

5. Violentando la institucionalidad abierta e impunemente en el TE procedieron en el día de hoy a publicar la lista de candidatos “independientes” oficial, reiterando su violación a la ley.

6. En consecuencia de lo actuado en el TE, procederemos a presentar querella penal contra Director Nacional de Organización Electoral, Osman Valdez, como uno lo responsables de tanto abuso contra las instituciones electorales y la ley panameña, e igualmente interpondremos otras acciones legales local e internacionalmente.

Los panameños honestos y demócratas son testigos del abuso del que hemos sido víctimas en nuestro derecho a la participación electoral por el modelo politiquero corrupto de la partidocracia presidencialista. Y para todos, con los últimos hechos, no queda duda que esos “independientes” nacieron de estrategias electoreras montadas por la partidocracia para bloquear nuestra participación y de paso desprestigiar la recién nacida institución de la candidatura independiente y crear otras situaciones en sus peleas parasitarias por el control del Estado. Y les digo, no en tono de broma, aunque nosotros hubiéramos aportado 2 millones de firmas, ténganlo por seguro que ellos hubieran aportado 4 millones, sacándolas quien sabe de dónde y en tiempo mágico. No les extrañe nada.

Todos estos hechos han venido acompañados en estos días de campañas tendenciosas por redes sociales contra nuestro movimiento y nuestra persona, y hasta los hemos logrado clasificar:

En Panamá la gente no quiere el comunismo (argumento principalmente del sector de fanatico enfermizo del CD)

Durante el tiempo de Torrijo se puso de extremista y Torrijos lo sacó de asesor (argumento del PRDismo neoliberal más aberrante -jamás fuimos asesor de Torrijos-)

Él fue el que compró el jarabe que mató a la gente en el Seguro (de los sectores panameñistas más retrógrados que nos expulsaron de la CSS porque no queríamos dejar que la usaran como caja menuda)

Que somos reformistas y aliados de Torrijistas (de los sectores que siempre se pintan de radicales y siempre terminan absorbidos por la lógica desarrollista del sistema).

Lo hechos que hemos visto, hacen un muestreo de lo que será el proceso electoral 2014, marcado por el fraude y el enfrentamiento entre pueblo contra pueblo, siguiendo los fanatismo inspirado por las élites de los bandos oligárquicos en pugna por el control del pastel del Estado.

Es importante, compañer@s, no dejarnos confundir por el espejismo de la falsa “defensa de la Democracia”. Cada vez que algunos de los personajes de la Partidocracia, creados por marketing TV, dicen “defendamos la democracia” en relación a la pugna con el Martinellismo, realmente están diciendo: Martinelli no estás quitando los negocios, no aceptas el pacto de alternancia en el poder. Nosotros también queremos del pastel del Estado.” Esto es un discurso vacío, porque la única forma de defender la Democracia es Profundizándola como hemos dicho ya. Por eso aquella muerta alianza entre partidos hablaba solo de una constituyente paralela, es decir, controlada por el poder corrupto para que nazca una constitución continuista de la autocracia y la corrupción.

¿Que hacer?

Frente a todo este mar de abuso a nuestros Derechos Humanos, y la situación que se nos viene, muchos compañeros nos dicen- profe, nos han dejado sin candidato electoral. Y preguntan ¿Y nos quedaremos de brazos cruzados?

Les tengo que decir que nosotros en lo inmediato continuaremos con jornadas de acciones legales y presión, y llevaremos adelante nuestro mensaje propositivo hasta las últimas consecuencias. Pero no debemos sentirnos derrotados, sino todo lo contrario, este reciente hecho confirma que el Monstruo nos tiene mucho miedo y que no estaba apendejado, por ello hay que reforzar nuestra actividad ahora más que nunca.

Compañer@s, el hacer no ya no tiene secretos, el movimiento social popular alternativo, prepositivo, que predica la alegría de lo que somos, profesionales, obreros, artistas, docentes, estudiantes... ya está aquí, y está construyendo, creando comunidad, construyendo red de organización y comunicación. Ya los grupos como el Kolectivo y muchos otros lo están haciendo. Construir pensamiento y comunidad critica, no vamos a derrotar al monstruo sino juntos, en comunidad. Se equivoca el que cree que llegamos hasta aquí por una candidatura electoral, nosotros no queremos ser gobierno, somos más que eso, somos un movimiento para refundar la nación panameña. El movimiento es lo importante. Nada hacemos si tenemos un gobierno y no tenemos una nación en comunidad, está ya la estamos construyendo.

Llegado diciembre, finaliza el plazo legal de la comisión tripartita (trabajadores, empleadores y gobierno) que fija el salario mínimo. Como es usual, la comisión cesa sus funciones sin acuerdo, puesto que los gremios empresariales se han negado a aprobar ningún aumento del salario mínimo, ya que en esta ocasión no han formulado ninguna propuesta concreta. Los empresarios saben que, al no haber acuerdo, le tocará al gobierno fijar el ajuste y confían en el "gobierno empresarial" de Martinelli para que defienda sus intereses, aunque éste dará un pequeño aumento que usará en su campaña electoral.

La dirigencia sindical (CONATO-CONUSI), ha solicitado un aumento entre el 50 y el 60 por ciento respecto al salario mínimo actual, pero dejó pasar el año de negociación sin movilizar a la clase trabajadora por un salario justo y sin imponer un debate sobre el tema ante la opinión pública, contrario a lo que se hacía en las décadas del 70 y 80. De manera que la pasividad de la dirigencia sindical también favorece que el gobierno decida unilateralmente el monto a ajustar y lo presente como si fuera una dádiva suya con ribetes electoreros.

Lo peor es que, sin haberse aprobado ningún aumento todavía, los empresarios aprovechan para subir los precios de antemano y para confundir a los trabajadores achacando falsamente la culpa de los aumentos de precios al aumento de los salarios, cuando la realidad es al revés.

La relación salario y costo de la canasta básica

Para hacerse un criterio correcto sobre este tema, lo primero que los trabajadores debemos tener claro es que nuestra Fuerza de Trabajo (capacidad física e intelectual para producir) ha sido convertida en una mercancía por el capitalismo. La Fuerza de Trabajo se vende como cualquier mercancía en lo que se llama "mercado de trabajo" y el salario expresa el precio de esa mercancía.

Los precios de las mercancías están determinados por dos factores: costo de producción y ley de oferta/demanda. El costo de producción de la mercancía denominada Fuerza de Trabajo está medido en un indicador denominado Canasta Básica, es decir, el costo de las mercancías imprescindibles para producir fuerza de trabajo con capacidad física y mental de trabajar. La Canasta Básica a su vez se divide en dos: Canasta Básica de Alimentos (CBA), costo de alimentos necesarios para sostener la vida; y Canasta Básica General (CBG), o costo de las otras necesidades básicas como casa, transporte, luz, teléfono, vestido, salud, educación, etc.

Cada mes, el Ministerio de Economía controla el precio promedio de una canasta de alimentos para establecer la CBA y establece la CBG sobre el criterio (sugerido por CEPAL) de multiplicar por dos la primera (aunque esta es una arbitrariedad porque debiera salir de la suma del costo real de los servicios y bienes que consumimos). También hay controversia por la lista de alimentos que han sido incluidos o excluidos del control de la CBA porque para muchos no expresa el verdadero costo de los alimentos en Panamá.

El costo de producir Fuerza de Trabajo o costo de la Canasta Básica Gneral (CBG) debiera ser el piso del Salario Mínimo legal, porque eso sería pagar el valor real de lo que cuesta producir esta mercancía. En realidad, empleadores y gobierno tienden a ignorar la CBG a la hora de fijar el salario mínimo y sólo lo referencian con la Canasta Básica Alimenticia (CBA), como si la única necesidad del trabajador fuera comer. Pero también varias categorías o tipos de empleo son pagados por debajo de la CBA, por ejemplo, los trabajadores agrícolas.

Los salarios máximos, en la lógica capitalista deben estar en relación con la Ley de Oferta/Demanda, según la cual una mercancía baja o sube de precio según la demanda y la oferta que existe de la misma. En este momento en Panamá, los salarios deberían tender a ser altos si se toma en cuenta que existe una gran demanda de trabajadores por el alto crecimiento económico que hay, especialmente en la construcción (donde están los mejores salarios). Pero el gran bolsón (40% de la fuerza de trabajo) de personas en la informalidad son usadas como una oferta extra y artificial para mantener los salarios controlados o bajos.

¿Cuál debería ser el piso del salario mínimo actual?

El salario mínimo depende del criterio que se use. A nuestro juicio debiera ser equivalente al costo de la Canasta Básica General (CBG), que incluye alimentos y otras necesidades básicas vitales. Las otras necesidades debieran calcularse con la suma del promedio de precios de la vivienda, transporte, vestido, etc. Por esa razón la dirigencia sindical CONATO-CONUSI ha propuesto que debiera corresponder a un monto entre 700 y 750 balboas.Pero si usamos el criterio habitual del Ministerio de Economía, partiendo que la CBA en noviembre de 2013 estaba en B/. 333.40 y lo multiplicamos por 2, tenemos que el costo de la vida es, al menos, de B/. 666.80. Eso cuesta producir fuerza de trabajo en Panamá, entre 666.80 y 750.00 balboas, y debiera ser el límite inferior del salario mínimo.

Ante este argumento, gobierno y empresarios alegan que la CBA es calculada para una familia (dos adultos y dos niños en promedio, pero las familias pobres no encajan en ese esquema) y que en una familia al menos dos trabajan, por ello defienden el otro criterio, basar el salario mínimo no en la CBG, sino en la CBA.El hecho es que, a noviembre de 2013, el costo de la Canasta Básica Alimenticia ha sido estimada por el Ministerio de Economía en B/. 333.40. Por ende, siguiendo la lógica empresarial, no debería haber ningún salario mínimo inferior al costo de la CBA, es decir, el salario mínimo más bajo debe ser igual a B/. 333.40.

Lamentablemente la dirigencia sindical (CONATO-CONUSI) ha hecho una propuesta genérica que en la práctica va a dejar por debajo del costo del CBA a varias categorías laborales, especialmente en el interior del país, donde falsamente se aduce que el costo de la vida es más barato, pero que en realidad es al revés, la Canasta Básica es más cara en las provincias que en la capital. Al pagar por debajo de su valor real el costo de producir fuerza de trabajo (el costo de la vida) lo que hace el gobierno es subsidiar las ganancias del sector empresarial. Subsidio que pagamos directamente los trabajadores al dejar de cobrar trabajo que, en la lógica capitalista, debieran pagarnos. Esto es lo que se llama "dumping social".

No sólo necesitamos salario mínimo, requerimos un aumento general de salarios

El ajuste del salario mínimo, por mínimo que sea, beneficia tan sólo al 35% de la fuerza de trabajo (200 mil asalariados), el resto gana más que el mínimo pero también se ve afectado por la inflación y aumento de los precios, principalmente los alimentos. Según datos aportados por Samuel Rivera de la CGTP (La Prensa 4/12/13), la inflación acumulada en el rubro alimentos en los últimos cuatro años ha sido del 42%, mientras que la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores ha sido del 30%.

Según ese razonamiento, corresponde exigir un Aumento General de Sueldos para todos los trabajadores de, al menos, 42%!! Como mecanismo de compensación del poder adquisitivo perdido por la inflación. La última vez que se decretó un aumento general de sueldos fue en la década de 1980. Junto a este aumento concreto para el momento actual, el movimiento sindical debe exigir que se haga realidad la propuesta de FENASEP de hace varios años de una Ley de Indexación periódica de los salarios en función del aumento de los precios o, como llaman otros, escala móvil de salarios.

El sector empresarial, cada vez que se menciona el tema de los aumentos de sueldo, gusta escudarse en la excusa de que éstos deben estar condicionados a la "productividad" del trabajador, es decir, a la tasa de explotación de la fuerza de trabajo o cuanta plusvalía producen los trabajadores medida contra sus salarios, conviene citar el análisis del economista Rubén Lachman para demostrar que en Panamá hay suficiente productividad: "La cosa está tan buena que en los últimos diez años la brecha entre lo que reciben los asalariados y la ganancia de los inversores es tal que por cada Dólar de salario, el empresario recibe 2.4 Dólares. En Estados Unidos, por cada Dólar de salario, el empresario sólo recibe 60 centavos".

Hay que exigir la congelación de precios de la Canasta Básica

Como la lucha por el salario es parte de la lucha de clases general, en la que cada una pelea por el tamaño del pedazo del pastel que le toca, los empresarios buscan anular cualquier ajuste del salario mínimo, por pequeño que sea, con aumentos arbitrarios de los precios para aumentar sus ganancias. Es decir, lo que ceden con una mano, nos lo quitan con la otra. Para evitar esa trampa, la dirigencia sindical debe acompañar la exigencia de aumento de salarios con la exigencia del control de precios en general, de la Canasta Básica en particular, y mucho más especialmente de la Canasta Básica de Alimentos. No acompañar ambas demandas (aumento de salarios y control de precios) es formular una propuesta incompleta que, a la larga sólo favorece a los empleadores.

¡Por un aumento justo del salario mínimo equivalente a la Canasta Básica!

¡Por un aumento general de sueldos que compense la inflación!

¡Por la congelación y control de precios de la Canasta Básica!

Movimiento Popular Unificado

Coordinación Nacional del MPU.

Panamá, 7 de diciembre de 2013.

Por Emilio Young

La huelga del sector salud ya cumplió más de un mes. La huelga médica, dirigida por la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), fue el detonante. Los gremios médicos protestan contra la apresurada Ley No. 69, el nuevo Código de la Salud, que el gobierno de Martinelli impuso con su mayoría parlamentaria dentro de la Asamblea Legislativa, la que permite la contratación de personal médico extranjero en detrimento de las conquistas obtenidas por los médicos panameños.

Huelga general del sector salud

Pero poco a poco se fueron sumando los otros gremios del sector salud. En los hechos hay una huelga general, todos los gremios de la salud están en huelga: médicos, enfermeras, técnicos y empleados. Como pocas veces, se ha logrado una unidad de todos los gremios en la lucha. Por el grado de complejidad de las labores a desarrollar y por los ingresos salariales diferentes, tradicionalmente el sector salud se ha dividido en diversas organizaciones que no siempre han coincidido en la necesidad de reclamar de manera conjunta. La actual huelga del sector salud es una honrosa excepción, un verdadero ejemplo para todos los trabajadores centroamericanos, especialmente para el sector salud que ha protagonizado luchas en El Salvador y Honduras.

La lucha contra la Ley No. 69

La planteó primero la necesidad de vetar la Ley No. 69 pero después que esta entró en vigencia, ha planteado su derogación. Los otros gremios aprovecharon la coyuntura y plantearon sus propias reivindicaciones, creando una unidad de acción, enormemente progresiva.

El gobierno de Martinelli ha tratado de ganarse a la opinión pública, argumentando que la contratación de personal médico extranjero es para llenar vacantes en las provincias, un problema real. Incluso, para desarticular el paro médico, llegó a declarar de manera unilateral que aumentaría el salario a los médicos de provincia, pero la propuesta fue rechazada por los huelguistas. Con esta maniobra, Martinelli pretendió dividir al gremio médico, ofreciendo una zanahoria a los médicos de provincia.

En un momento determinado, el gobierno de Martinelli ofreció satisfacer las demandas de los médicos vía reglamentación de la Ley No. 69, pero los gremios no aceptaron el caramelo envenenado. El Reglamento puede ser cambiado en cualquier momento, mientras la ley No. 69 continua vigente.

Propuesta de reforma

Los diputados del gobernante partido Cambio Democrático (CD) introdujeron un proyecto de reforma que consiste en tomar en cuenta a los sindicatos del sector salud para contratar al personal extranjero. Pero la maniobra del gobierno ya está en marcha. Con intermediación de la Iglesia Católica, como ha ocurrido en los anteriores paros médicos, ya se han iniciado los primeros contactos y negociaciones entre el Ministerio de Salud (MINSA) y los gremios en huelga.

Domingo Moreno, presidente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), declaró recientemente que están estudiando la propuesta de reforma: “La idea es confrontar las dos posiciones para redactar un documento que pueda estar a la altura de la Ley 69 (…) Nosotros estamos trabajando, pero seguimos viendo la derogatoria de la Ley 69 como la fórmula para finalizar el paro” (La Prensa, 22/10/2013).

Los gremios en lucha han elaborado su propia propuesta de reforma a la Ley No. 69, lo que es una posición correcta. Los médicos insisten en que se pueda contratar a personal extranjero siempre y cuando se compruebe esa necesidad, y que a dichas convocatorias de especialistas no asistan médicos panameños ni haya personal en proceso de graduarse en los seis meses próximos a la contratación. Con ello se pretende que no se utilice el personar extranjero como futuros esquiroles contra los gremios del sector salud.

Cualquier negociación legislativa es válida, siempre y cuando refleje los intereses globales de los diferentes gremios y se mantenga la movilización y el paro general del sector salud.

El peligro de la división

El peligro que encierra la propuesta de negociar en la Asamblea Legislativa una posible reformar a la Ley No. 69, es que el gobierno de Martinelli ceda ante la justa presión de los médicos, pero que el resto de los gremios en lucha (técnicos, enfermeras y empleados) no logren ver satisfechas sus demandas.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los gremios en lucha a cerrar filas, a mantenerse unidos, cualquier negociación debe ser pública, y debe satisfacer las reivindicaciones planteadas, lo que permitirá en el fututo que ante cualquier otra lucha todos los gremios del sector salud levanten unidos las banderas comunes.