Por Olmedo Beluche
La invasión norteamericana a Panamá, la madrugada del 20 de diciembre de 1989, fue la culminación y desenlace de un proceso de crisis política, económica y social que se originó varios años antes. La década de 1980 estuvo marcada, en Panamá, por las crecientes luchas obreras y populares que se enfrentaron a los distintos gobiernos del régimen militar, a sus planes económicos, a su origen antidemocrático y a sus medidas represivas.
Las movilizaciones populares arreciaron y terminaron por liquidar la base social de sustentación del régimen militar, que en 1984, mediante un pacto entre la embajada de Estados Unidos y la cúpula militar, impuso en la Presidencia de la República al ex vicepresidente del Banco Mundial, Nicolás Ardito Barletta. La intención de imponer el gobierno de Ardito Barletta era la de llevar a cabo un plan de “democratización” controlado para aplicar las medidas económicas fondomonetaristas dictadas por los intereses financieros del imperialismo norteamericano.
Sin embargo, los trabajadores y las masas populares panameñas destrozaron con sus luchas este pacto (Reagan - Noriega). Entre 1984 y 1987 se produjeron múltiples huelgas y movilizaciones contra los planes fondomonetaristas de Ardito Barletta y su sucesor Eric A. Delvalle.
En ese período los trabajadores del sector privado, dirigidos por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), realizaron dos huelgas generales, la última de diez días de duración. Los trabajadores del sector público realizaron siete paros nacionales dirigidos por la FENASEP. Los gremios médicos y magisteriales llevaron a cabo al menos dos paros nacionales dirigidos por la Coordinadora Civilista Nacional (COCINA), uno de los cuales infringió la primera derrota al plan fondomonetarista al lograr la derogación de la Ley 46 en octubre de 1984. Esto sin contar con las huelgas sectoriales o por empresas e instituciones por motivos específicos, las protestas barriales y las movilizaciones directamente políticas como las que se produjeron a raíz del asesinato de Hugo Spadafora.
Este fue el clima de luchas sociales reinante durante el régimen encabezado por el general Manuel A. Noriega. A estas protestas populares se sumaron las contradicciones por el poder a lo interno del sector civil militar del régimen y las maquinaciones de la Alianza Democrática de Oposición. La combinación de todos estos factores estuvo presente en el momento del estallido popular que siguió a las declaraciones del coronel Roberto Díaz Herrera en junio de 1987.
Las movilizaciones populares de junio, julio y agosto de ese año marcan el punto más bajo de credibilidad para el régimen político imperante. Credibilidad que Noriega y su régimen no volverían a recobrar. El régimen había hecho crisis y el imperialismo, la burguesía panameña y los militares divergían sobre quién debía pagar los platos rotos. Era necesario un recambio para estabilizar la situación y evitar que una verdadera e incontrolable revolución popular barriera el régimen. La clase dominante panameña, así como cada vez más el gobierno norteamericano, exigían la salida de Noriega para salvar la situación. Noriega no estaba de acuerdo.
La Cruzada Civilista organizada por los sectores empresariales pro imperialistas al calor de esas movilizaciones buscaba, y lo logró, constituirse en la dirección política del descontento de las masas que era en gran medida espontáneo, o dirigido por sindicatos y gremios que se quedaban en los reclamos económicos sin plantearse la organización de una alternativa política de carácter popular en oposición al régimen militar.
La Cruzada Civilista y después la ADO - Civilista, se constituyeron en las fichas de recambio que el imperialismo quería para el desgastado régimen de Noriega. La Cruzada se propuso erigirse en dirección política de las masas para luego impregnarlas de sus métodos de “lucha” inocuos (rezos, pañuelos, caravanas y paros empresariales), y finalmente llevarlas a la desmovilización bajo la convicción de que de afuera vendría la “solución” a los problemas del pueblo panameño. Que los principales dirigentes sindicales y populares del país aparecieran respaldando al impopular régimen de Noriega, así como el hecho de que no surgiera una oposición masiva al régimen desde la izquierda, ayudó a los propósitos de la Cruzada Civilista y al imperialismo norteamericano.
El régimen de Noriega respondió a las presiones políticas del imperialismo, a sus sanciones económicas y a sus amenazas militares arreciando la represión a las libertades democráticas internas, haciendo recaer sobre los trabajadores el peso de la crisis económica y no tocando ni un centavo a las transnacionales yanquis y a sus socios panameños que aupaban la intervención norteamericana. Todo esto llevó a que, por primera vez desde 1903, un sector importante de las capas medias y altas apoyaron abiertamente la intervención militar norteamericana. De esta manera se resquebrajó la tradición de décadas de rechazo rotundo de la mayoría de los panameños a la presencia norteamericana en nuestro país.
Este preámbulo histórico, cuyos elementos centrales deben ser materia de un análisis más detenido en futuras investigaciones, ha sido necesario para que se comprenda el clima político reinante en diciembre de 1989 que posibilita la sangrienta invasión norteamericana y se entienda por qué algunos sectores del país, lejos de combatir al ejército invasor, lo reciben con los brazos abiertos.
Este preámbulo también sirve para comprender el comportamiento inconsecuente de la cúpula militar norieguista. La dirección de las FDP no alertó a la población. Por el contrario, escondió desde días antes armas de alto calibre, únicas capaces de enfrentar exitosamente a la aviación y a los tanques enemigos (como los llamados “RPG”). Se negó a entregar armas a muchos miembros de los Batallones de la Dignidad y civiles que se acercaron a los cuarteles. Finalmente, salvo honrosas excepciones, acabó entregándose sin disparar un solo tiro.
Pero esta dramática situación política y militar, que presagiaba la victoria de la invasión norteamericana, engrandece la figura de aquellos cientos y miles de hombres y mujeres panameños que esa madrugada y los días subsiguientes empuñaron un arma para defender la patria agredida. Estas circunstancias otorgan el carácter de héroes nacionales a aquellos soldados y suboficiales de las Fuerzas de Defensa, a aquellos combatientes de los Batallones de la Dignidad y a aquellos civiles que murieron defendiendo nuestro inalienable derecho a ser un país soberano e independiente.
El año de 1989 estuvo completamente marcado por la agudización de la crisis política interna y por el aumento descarado de las maniobras militares norteamericanas en áreas no designadas para ese efecto por los tratados Torrijos-Carter.
Estos acontecimientos se sucedieron de manera vertiginosa: La anulación de las elecciones del 7 de mayo; el envío de dos mil nuevos soldados norteamericanos a las bases acantonadas en Panamá; el fallido intento de mediación de la OEA; la instalación del gobierno provisional del presidente Francisco Rodríguez; el no reconocimiento diplomático de Estados Unidos; el intento golpista del 3 de octubre, con su saldo de muertos; el Senado otorgó plenos poderes a George Bush para actuar en Panamá; nuevas sanciones contra el gobierno y empresas privadas panameñas anunciadas el 19 de octubre por Washington; la aprobación de las llamadas “leyes de guerra”; el aumento de las maniobras militares norteamericanas en áreas civiles panameñas y los primeros enfrentamientos “verbales” de los Batallones de la Dignidad con los marines; el anuncio de mayores sanciones a partir de 1990 con el no reconocimiento del nuevo administrador del Canal propuesto por Panamá y la prohibición de arribo de buques de bandera panameña a puertos norteamericanos.
Los cinco días anteriores a la invasión los hechos se suceden con mayor velocidad aún: El día 15 de diciembre la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos designan al general Manuel A. Noriega como jefe de Gobierno para "conducir al país mientras persista el estado de guerra que sufre la República de Panamá, como consecuencia de la constante y despiadada agresión desarrollada por Estados Unidos de Norteamérica”. Otra resolución “declara a la República de Panamá en estado de guerra, mientras dure la agresión desatada contra el pueblo panameño por el gobierno de Estados Unidos de América...(Los acuerdos de la Asamblea de Representantes no tenían fuerza de ley. Más bien reflejaban el sentir de un sector cercano al gobierno de turno).
Al día siguiente, sábado 16, a las 9 de la noche, un vehículo conducido por soldados norteamericanos vestidos de civil rompe las barreras de los retenes ubicados frente al Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa de Panamá y abren fuego. Los soldados panameños apostados en el lugar, devuelven el fuego hiriendo de muerte al teniente Robert Paz Fisher. El domingo 18, a las 11:30 a.m., un infante de marina dispara contra el cabo César Tejada en el área de Curundú frente a las oficinas del MIVI, hiriéndolo en el brazo izquierdo.
El día 19 transcurrió bajo una calma aparente. La población se dedicó a sus actividades normales, comentando los incidentes ocurridos y sin saber lo que les esperaba. Pese a que a algunos funcionarios, especialmente de las Fuerzas de Defensa, como en Sanidad Militar, se les había recomendado acumular comida y no hacer los gastos suntuarios acostumbrados para Navidad, lo cierto es que la mayoría de los panameños dudaba que una invasión se fuera a producir. Al caer la noche los noticieros televisivos estadounidenses, que se reciben por cable en Panamá, reportaban un inusual movimiento de aviones hacia Panamá.
Las agencias de prensa empezaron a pedir confirmación a sus reporteros en Panamá. Aproximadamente a las 9:00 p.m. el poblado de Veracruz empieza a notar el arribo constante y masivo de aviones a la base de Howard. Ya a esa hora se encontraban apostados a lo largo de la Avenida de los Mártires soldados panameños, conocidos como los “Macho de Monte”. Poco antes de la medianoche era atacada la estación de las Fuerzas de Defensa de Balboa (frente al YMCA) y las patrullas de la policía canalera eran neutralizadas, luego fueron atacadas las oficinas del DENI y de la Dirección de Tránsito. A las 12:45 a.m. empezaba el bombardeo aéreo al Cuartel Central y en el barrio de El Chorrillo.
