
PANAMÁ.- La lucha Ngäbe-Buglé recoge todas las luchas de la nación panameña

Por Francisco Higüero Porras
En el año 2007, el gobierno panameño firmó la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), documento que establece el derecho de autodeterminación territorial y autonomía de las comunidades minoritarias autóctonas ligadas a una zona territorial determinada.
La comarca donde habita la etnia Ngäbe-Buglé, fue creada como tal en 1997, abarcando área es de 6.968 km2 en las tres provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Su capital es Llano Tugrí (Buabidí). En ese territorio habitan unas 160.000 personas según los datos del año 2010.
La principal causa de la agitación de los indígenas inició cuando la Asamblea Legislativa comenzó a discutir el proyecto de Ley No 415, el cual en su artículo 5 contemplaba la cancelación de concesiones a empresas para el desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngöbe Buglé, áreas anexas, territorios y comunidades Ngöbe fuera de la comarca.
Por Olmedo Beluche
Al menos un asesinado, el compañero Jerónimo Rodríguez Tugrí, podrían ser más, decenas de heridos, centenares de detenidos, la imposición no declarada del estado de sitio en la zona, incluyendo el corte de las comunicaciones, ha sido el costo impuesto por el gobierno de Ricardo Martinelli para despejar la vía Interamericana, bloqueada en varios lugares durante seis días por miles de habitantes de la comarca Ngabe-Buglé, en la República de Panamá. La demanda que moviliza al pueblo Ngabe-Buglé, dirigido por un organismo asambleario, la Coordinadora de Lucha, cuyos principales dirigentes son Rogelio Montezuma y la cacique comarcal Silvia Carrera, consiste en exigir la prohibición de la explotación minera y la construcción de nuevas hidroeléctricas en su comarca.
500 años de lucha contra el saqueo minero
El pueblo Ngabe-Buglé viene luchando desde el momento mismo de la Conquista contra los colonizadores ávidos de sus riquezas minerales. Cronistas como el padre De las Casas narran que el propio Cristóbal Colón en su cuarto viaje llegó a la vertiente caribeña de las actuales provincias de Veraguas y Bocas del Toro, donde habitaban, y siguen habitando, los miembros de esta etnia. Los europeos se impresionaron por el oro que portaban y Colón decidió establecer la primera colonia en Tierra Firme, Santa María de Belén, a orillas de la desembocadura del río Belén o Yebrá, como le llamaban sus habitantes originarios. Ante la violencia del despojo que intentaron, incluso secuestrándolo, el mítico cacique Quibián se fugó y organizó una liga de tribus contra los españoles, destruyendo Belén e hiriendo al propio hermano del almirante, Bartolomé Colón, en 1503.
Por Olmedo Beluche
El lunes 16 de enero de 2012, se declararon en huelga alrededor de 5,000 trabajadores que laboran en la ampliación del Canal de Panamá, que construyen dos nuevas esclusas para barcos postpanamax. La paralización ha sido total, tanto en el sector del Pacífico como en el Atlántico, y sumó a todas las categorías, desde ayudantes hasta capataces. El pliego de peticiones que motiva la huelga se sustenta en una serie de abusos cometidos por el consorcio “Grupo Unidos por el Canal”, encabezado por la transnacional española Sacyr y la principal constructora panameña, del Grupo CUSA, propiedad de la familia del actual administrador del Canal de Panamá, Alemán Zubieta. La huelga, que se ha prolongado por una semana, es tan fuerte y golpea un sector clave de la economía que el Ministerio de Trabajo, tan propatronal y antiobrero en otros conflictos, ha sido cauteloso en sus declaraciones y ha evitado reprimir a los trabajadores.
Los huelguistas han denunciado todo tipo de atropellos, desde despidos injustificados hasta salarios discriminatorios para los panameños en beneficio de empleados extranjeros (españoles e italianos), lo que recuerda la doble escala salarial basada en el origen étnico (“gold roll” y “silver roll”) impuesta por el imperialismo norteamericano en la Zona del Canal, verdadero apartheid racista que existió durante la presencia colonialista norteamericana hasta 1977.
El problema central de las demandas obreras se concentra en una escala salarial decretada por el gobierno panameño para los trabajadores del canal a todas luces obsoleta (Decreto No. 3 del 4 de marzo de 1980), y que se ha quedado rezagada ante la galopante inflación de los últimos años, y los ajustes salariales logrados en los decretos de salario mínimo de 2009 y 2011, y la convención colectiva del Sindicato Único de la Construcción (SUNTRACS) con la patronal (CAPAC).
El Decreto 3 fija en un monto máximo de 2.90 dólares la hora de trabajo para la categoría inferior, mientras los trabajadores huelguistas y la dirigencia del SUNTRACS exigen un piso mínimo de 6.00 dólares la hora, y la ministra de trabajo ha propuesto un aumento que no exceda el 5% de la base salarial del referido decreto.
El problema se ha vuelto complejo de resolver porque no sólo es obsoleto el Decreto 3, sino que ese decreto expresa el criterio segregacionista con que la burguesía y los gobiernos panameños han querido manejar lo concerniente al Canal de Panamá desde que revirtió a la soberanía nacional en el año 2,000. Desde la década del 90, poco después de la invasión norteamericana de 1989, el imperialismo yanqui le exigió a la burguesía panameña que, para transferir el canal como establecían los Tratados de 1977, debía establecerse un estatus jurídico especial, segregado de la jurisdicción del resto de la república. Como han denunciado muchos, es como si siguiera existiendo la Zona del Canal, sólo que administrada por “panameños” ( la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá – ACP, está compuesta por altos empresarios del sector bancario y de la construcción que cuentan con el aval norteamericano).
Es en estas circunstancias que, en 1994, el conjunto de la burguesía panameña y sus partidos políticos, con el aval del gobierno de Estados Unidos, imponen el Título XIV de la Constitución Política , que da al Canal de Panamá no un régimen de autonomía, sino de verdadera segregación respecto del resto de la nación. Entre otras cosas, el artículo 320 de la Constitución panameña estableció que el presupuesto de la ACP “NO formará parte del Presupuesto General de Estado”, que solamente será controlado a posteriori por la Contraloría y que no podrá ser modificado por la Asamblea Nacional. Es como si se hubiera creado otro Estado dentro del Estado panameño, lo mismo que la anterior Zonal del Canal, con la única diferencia es de que ahora los administran “panameños”.
Siguiendo esa lógica segregacionista, el artículo 322 de la Constitución Política estableció un régimen laboral “especial” para los trabajadores del Canal de Panamá, es decir, un régimen al margen de las leyes nacionales y del Código de Trabajo. Entre otras cosas que incluye ese artículo, está la prohibición de huelgas en el canal, lo cual constituye una violación de la propia Constitución, del derecho internacional y de los principios de la Organización Internacional del Trabajo. En base a ese artículo se han desarrollado toda una reglamentación interna de la ACP que choca con otros criterios jurídicos del país, entre ellos el Decreto de marras que motiva la huelga a que hacemos referencia.
Decimos que esta huelga tiene una trascendencia histórica porque le ha dado en la torre al esquema segregacionista que la burguesía panameña y el imperialismo yanqui han querido establecer para el Canal panameño y ha puesto al descubierto toda la mar de contradicciones legales y constitucionales que se cobijan bajo el esquema de la ACP.
Las contradicciones expresadas en el Decreto 3, son todavía más absurdas y ridículas ya que, si bien pudiera decirse que el Título Constitucional al que hemos hecho referencia, y las leyes y reglamentos que de él se han derivado, son aplicables a los trabajadores del Canal de Panamá, el hecho es que los trabajadores de la ampliación que laboran para el “Grupo Unidos por el Canal”, no son empleados de la ACP , sino de un consorcio privado que debiera estar regido por el Código de Trabajo y las leyes laborales panameñas, como la de salario mínimo.
Por ello constituyó un doble abuso desde el principio pretender que estos trabajadores estuvieran regidos por el Decreto 3 del 4 de marzo de 1980. Por ello han hecho bien estos obreros en declararse en huelga y exigir su ajuste salarial, tanto con la Convención Colectiva SUNTRACS-CAPAC, como con la ley que regula el salario mínimo en Panamá.
La “tapa del coco” de todos los abusos y canonjías, y que ha trabado las negociaciones para poner fin a la huelga, es que hoy se ha sabido (La Prensa , 21/1/12) de la existencia de una cláusula secreta entre el Grupo Unidos por el Canal y la ACP (cláusula 3.7 del contrato) que obliga al estado panameño a pagar el 100% de cualquier ajuste salarial de los trabajadores que vaya más allá del Decreto 3 de 1980. Esto es el colmo, el Estado panameño, sea por la vía del presupuesto general o de la ACP, tiene que cubrir de sus fondos el aumento salarial para garantizar los beneficios de los empresarios extranjeros y nacionales beneficiados con el negociado de la ampliación del Canal.
Cuando en 2006 empezó el debate sobre la ampliación del Canal de Panamá mediante un nuevo juego de esclusas para barcos postpanamax, quienes nos opusimos argumentamos dos cosas, que ahora se muestran certeras: primero, la obra no es urgente para el comercio mundial ya que el Canal está lejos de su máxima capacidad, por ello implica endeudar al país para beneficio de las navieras internacionales; dos, gastar al menos, 5,2000 millones en esa obra es transferir a beneficio de bancos y constructoras unos ingreso del Canal que debían servir para resolver los problemas sociales acumulados por el pueblo panameño.
La lucha genereacional por la soberanía era para que el pueblo panameño viva mejor, no una pequeña élite empresarial nacional y extranjera. Eso es lo que está pasando, los potentados del Grupo Unidos por el Canal se llevan para sí y para el extranjero las ganancias de la ampliación, mientras quieren pagarle migajas al trabajador panameño. Por eso también ha sido legítima e histórica esta huelga, que cuenta con el respaldo de todas las organizaciones populares y sindicales de Panamá.
Panamá, 21 de enero de 2012.
Por Olmedo Beluche
Entre el asombro y una sonrisa irónica, viendo cómo Martinelli investido de presidente le pisa los cayos a muchos que lo llevaron al poder, los cuales parecen impotentes ante el fruto de su creación, me decía ¿dónde he visto algo parecido? Ah! Y me acordé de este libro, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx.
Al igual que hoy pasa en Panamá, en la Francia de 1848 – 1851, las inconsecuencias y debilidades congénitas de las diversas clases sociales y sus partidos encumbraron al hombre que luego se rebeló contra todas ellas sometiéndolas de manera humillante.
Salvando las distancias, porque en Panamá no ha habido aún una revolución como la Febrero de 1848, aunque tuvimos nuestra gran huelga en defensa de la Caja de Seguro Social en 2005; ni tampoco ha habido un golpe de estado como el del 2 de Diciembre de 1851, tal vez porque no hace falta.
El gobierno de Ricardo Martinelli es hijo predilecto de los medios de comunicación, pero ahora se vuelve contra ellos penalizando a los periodistas y amenazando a los que se salen del redil. Martinelli es hijo del sistema político electoral, para ahora: someter dócilmente al Legislativo, al Judicial y al propio Tribunal Electoral; mientras doblega a alcaldes y diputados de “oposición”.
Martinelli le debe la presidencia en gran medida al ex presidente, y ex secretario general del PRD, Martín Torrijos quien en su soberbia puso a pelear entre sí a sus mejores candidatos (pero posibles competidores a futuro), para luego no sólo perder la dirección de su partido, sino verlo reducido a su mínima expresión.
Martinelli es el producto más consecuente de la oligarquía comercial financiera, beneficiaria de la zona de tránsito, para someterla con nuevos impuestos y apartarla de las grandes licitaciones a favor de sus allegados. Martinelli es fruto de la alianza con los “panameñistas”, quienes a diario recienten la afrenta impotentes. Martinelli es producto de la embajada norteamericana, en cuya sede se forjó la Alianza por el Cambio, para que ahora a los representantes del imperio les preocupe su acumulación de poder y el socavamiento de la “instituciones democráticas”.
Pero, sobre todo, Martinelli es producto del voto popular, de una clase trabajadora hastiada de 20 años de régimen seudo democrático que le ha hecho más pobres y que, ante la falta de propuestas de los movimientos sociales y la izquierda, depositó su esperanza en el dueño de los “ 99” . Para ahora recibir en pago Ley Chorizo, la Ley Carcelezo, el 7%, etc.
Parodiando a Marx podría decirse: “Esta misión contradictoria del hombre explica las contradicciones de su gobierno, el confuso tantear aquí y allá, que procura tan pronto atraerse como humillar, unas veces a esta y otras veces a aquella clase, poniéndolas a todas por igual en contra suya, y cuya inseguridad práctica forma un contraste altamente cómico con el estilo imperioso y categórico de sus actos de gobierno…Bonaparte quisiera aparecer como el bienhechor patriarcal de todas las clases. Pero no puede dar nada a una sin quitárselo a la otra...”.
La mayoría de las clases “altas” panameñas soportan el actual de estado cosas porque temen por encima de todo que, como se atisbó en Changuinola, ante el fracaso de la derecha lo que se avizora es la concreción de un proyecto político de izquierdas, antineoliberal y democrático que pueda arruinarles el “negocio”. Es decir, son víctimas de sus propios temores. Las alternativas son dos: o se consuma definitivamente el 18 Brumario de Ricardo Martinelli o se convoca una Asamblea Constituyente.