Por Olmedo Beluche
 
A la lucha del pueblo Ngäbe-Buglé, que ha conmovido al país por estos días, le viene a pelo la frase de José Martí: “Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con una fuerza terrible contra los que roban a los pueblos sus libertades, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados”. Esos miles de hombres y mujeres que salieron a la carretera a defender su tierra, nuestra tierra, han dado muestras sobradas de decoro, dignidad y valor. Detrás de ellos y junto a ellos va la dignidad del pueblo panameño Mártires como Jerónimo Rodríguez  Tugrí y Mauricio Méndez, decenas de heridos anónimos, de niñas agraviadas con valor para señalar a sus verdugos y, por encima de todos, el ejemplo de dignidad y decoro mostrado por la cacica Silvia Carrera; frente al comportamiento indecente de Ricardo Martinelli, José R. Mulino, Gustavo Pérez y Marilyn Vallarino.
 
La lucha del pueblo Ngäbe-Buglé contra las mineras e hidroeléctricas resume en sí misma, no solo el decoro del pueblo panameño, sino el conjunto de sus demandas sociales, económicas y democráticas. La lucha de los Ngäbes-Buglés es a un mismo tiempo: una lucha agraria, una lucha de la clase obrera, una lucha étnica, una lucha ecológica, una lucha por los derechos humanos, una lucha democrática, una lucha antiimperialista, una lucha anticapitalista.
 
La demanda de los Ngäbes-Buglés es una lucha que recoge las aspiraciones del campesino pobre, del pequeño parcelista, contra los abusos centenarios de terratenientes que, apoyados en funcionarios venales y leyes injustas, le ha ido arrebatando el derecho de vivir de la tierra que cultivan. Despojo legitimado por un Código Agrario y entidades como la ANATI, que permiten a una vaca dos hectáreas de tierras tituladas, pero que le niegan a un modesto campesino legalizar el pedacito de tierra que cultiva.  Despojo que ha empujado al campesino pobre desde los llanos en que habitaba hacia las montañas con tierras menos productivas, y que ahora pretende arrebatarle eso, para beneficio de los grupos empresariales que lucran de la minería y la producción eléctrica.
 
La lucha de los Ngäbes-Buglés también es una lucha obrera, pues ellos constituyen el grueso de la mano de obra agrícola de Panamá. Ellos demostraron su fuerza paralizando a Chiquita Brands en Changuinola y la zona hortícola de Volcán-Cerro Punta. Ellos son los peones mal pagados que laboran en la zafra de la caña de azúcar y del café, en el cultivo del banano, el arroz y la horticultura de las tierras altas. Este proletariado agrícola que labora de sol a sol para recoger los frutos de la tierra, recibe salarios miserables: mientras la mediana salarial nacional, en 2011, era de 464,90 dólares, la del sector agrícola apenas llegaba a 204,80, es decir, 44% por debajo de la mediana salarial nacional, y 29% por debajo de la Canasta Básica Alimenticia, estimada en ese momento en 287,50 dólares.
 
La lucha de los Ngäbes-Buglés también es una lucha contra la injusticia social de un sistema capitalista y modelo económico cada vez más inequitativo (el peor del continente americano), que los condena a vivir en la miseria más indigna. Ellos son los más pobres entre los pobres. El Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de toda esta injusticia, reconoce que la población indígena panameña vive en un 84,1% por debajo de la línea de pobreza, y que el 61,0% vive por debajo de la línea de pobreza extrema. Entre los Ngäbes-Buglés, los más pobres entre los pueblos indígenas panameños, estos datos sobrepasan el 90 y el 80 por ciento y la desnutrición infantil afecta al 62% de los niños y niñas. ¡Escandaloso!.
 
La lucha del pueblo Ngäbe-Buglé es también una lucha étnica contra 500 años de atropellos colonialistas e imperialistas. Ellos, al igual que los otros 7 grupos étnicos del país, son verdaderas naciones que ocupaban este istmo antes que llegaran los europeos, quienes han pretendido arrebatarles no sólo su tierra, sino el derecho a su lengua, a su cultura, a sus tradiciones, a sus formas de gobierno, a su organización social y familiar. Esa opresión nacional ha sido llevada a cabo bajo el manto de la religión y la “civilización” desde la llegada de los conquistadores españoles hasta el actual estado republicano controlado, por la oligarquía heredera de los encomenderos. Algunos “marxistas”, deformando a Mariátegui, han pretendido el reduccionismo economicista, al decir que “el problema del indio, se reduce a la propiedad de la tierra”. Es la tierra, pero también es la autodeterminación nacional. Por eso, contrario a las voces colonialistas que hoy se levantan contra los derechos comarcales, sugiriendo que se “independicen”, nosotros sostenemos que una nueva Constitución Política debe reconocer lo que se ha negado por cinco siglos: Panamá es un estado plurinacional y multiétnico, que reconoce y respeta esos derechos.
 
La lucha de los Ngäbe-Buglés es una lucha por los derechos humanos para todos: por el respeto a la vida y a una vida digna. Es un principio humano universal reconocer la igualdad de todos, por ende, el racismo descarado que reiteradamente han mostrado los funcionarios del actual gobierno (y los anteriores) debe ser repudiado y condenado (penalmente). El derecho a la vida significa el derecho a poder sostener tu familia, darles de comer, lo cual se viola si a quienes viven de la tierra se les arrebata para cavar minas, para anegar embalses. Los derechos humanos implican el derecho a opinar y a protestar, sin que las fuerzas policiales te disparen, hieran y asesinen. Es el derecho de las mujeres a participar, opinar y dirigir, derechos en los que el pueblo Ngäbe-Buglé ha mostrado avances significativos, mientras que Matinelli se ha mostrado como un vulgar machista frente a la dignidad de Silvia Carrera.
 
La lucha de los Ngäbe-Buglés es una lucha por la defensa de la naturaleza que embona con los movimientos ambientalistas y ecologistas que se desarrollan en todo el mundo, y en particular en América Latina, que denuncian cómo la voracidad irracional de la industria capitalista amenaza al planeta Tierra y a todos los seres humanos que lo habitamos. Ellos suman su voz a la de los millones que en todo el mundo están señalando que “bienestar” no es sinónimo de “mercado”, que “desarrollo humano” no es sinónimo de “crecimiento económico”, que no se puede sacrificar la vida humana concreta en función de la “ganancia” abstracta, que no hay dinero que reemplace una vida humana que se apaga, una especie que se extinga, un río que se contamine y una tierra que se esterilice.
 
La lucha de los Ngäbe-Buglé es una lucha antiimperialista porque son los intereses de trasnacionales mineras norteamericanas, canadienses y coreanas las que están deseosas de meterle el diente a Cerro Colorado, como han hecho en Petaquilla y van a hacer en Donoso. El gran negociado que lucra con la minería a cielo abierto en todo el mundo responde a un puñado de empresas transnacionales que especulan con las riquezas naturales de los países subdesarrollados. Incluso, detrás del negocio eléctrico se esconden los intereses de Estados Unidos, pues en el Plan Puebla – Panamá está proyectado que la producción de energía se redirija al norte con la interconexión.
 
La lucha de los Ngäbe-Buglés es también una lucha democrática, porque “democracia” significa “gobierno del pueblo”, es decir, es una lucha respecto a quién debe tomar las decisiones. La democracia no se trata de votar cada cinco años y que luego el gobierno electo haga lo que le da la gana, rompiendo sus promesas y sin consultar a los afectados. La democracia que los Ngäbes-Buglés, y todo nuestro pueblo aspira, es una democracia activa, participativa, en la que las decisiones trascendentales se discutan y se decidan por los afectados.  Lo que defiende Martinelli y sus ministros no es democracia, sino una oligarquía, el gobierno de una élite enriquecida que utiliza el control del gobierno para beneficio propio. Por eso el presidente ha convertido en algo de principios la construcción de la hidroeléctrica en el río Tabasará, porque allí están los intereses de sus socios Virzi y Btesh, no los intereses de los habitantes de la cuenca. Como decía el dirigente campesino Ricardo Barría, candidato del PST en 1984: ¡no hay democracia con hambre!
 
La lucha del pueblo Ngäbe-Buglé es una lucha anticapitalista porque confronta un sistema construido para salvaguardar “la propiedad privada” y el “derecho a la ganancia” por encima de la vida de las personas. Por eso, el mismo día que reprimían duramente al pueblo en San Félix, y asesinaban a Jerónimo, el pleno del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se reunía en la Presidencia para darle su espaldarazo a Martinelli. Por eso, los líderes de los partidos de la falsa “oposición”, como el PRD, el Panameñismo y el Partido Popular han sido cuidadosos en sus declaraciones, no han apoyado incondicionalmente la lucha de los Ngäbes y, por el contrario, se han puesto del lado del gobierno con las hidroeléctricas (que además ellos concesionaron). Se equivocan  quienes, con una miopía sectaria, pretenden poner en duda a la dirigencia de la Coordinadora de Lucha insinuando que tienen relaciones con el PRD. Aunque alguno de ellos esté afiliado a ese partido, su lucha ha rebasa y confronta a la política de las direcciones de los partidos empresariales, cuyas cabezas visibles se la pasaron haciendo llamados a la moderación a la dirigencia indígena. Además, el funcionamiento asambleario de la Coordinadora, no sólo la constituye en uno de los organismos populares más democráticos que existen en Panamá, también es una garantía contra quien pretenda traicionar.
 
El gobierno de Ricardo Martinelli, ha intentado infructuosamente dividir la opinión pública del pueblo panameño de la lucha de los Ngäbe-Buglé. Primero, tratando de hacerlos responsables de las consecuencias económicas del cierre de la Interamericana, mientras él se negaba a negociar y planeaba la represión. Ahora, Martinelli ha pretendido hacerse el “democrático” proponiendo que el tema hidroeléctrico sea decidido en un referéndum. Nosotros señalamos que sí queremos un referéndum, pero un REFERÉNDUM REVOCATORIO, en el que el pueblo panameño decidida si quiere seguir con los desmanes del presidente Martinelli hasta 2014.  Exijamos un referéndum entre Ricardo Martinelli y Silvia Carrera. Sin duda, ganaría la cacica que ha demostrado la democracia, la dignidad y el decoro de los que carece este gobierno.
 
Panamá, 16 de febrero de 2012.

Por Francisco Higüero Porras

En el año 2007, el gobierno panameño firmó la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), documento que establece el derecho de autodeterminación territorial y autonomía de las comunidades minoritarias autóctonas ligadas a una zona territorial determinada.

La comarca donde habita la etnia Ngäbe-Buglé, fue creada como tal en 1997, abarcando área es de 6.968 km2 en las tres provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Su  capital es Llano Tugrí (Buabidí). En ese territorio habitan unas 160.000 personas según los datos del año 2010.

La principal causa de la agitación de los indígenas inició cuando la Asamblea Legislativa comenzó a discutir el proyecto de Ley No 415, el cual en su artículo 5 contemplaba la cancelación de concesiones a empresas para el desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngöbe Buglé, áreas anexas, territorios y comunidades Ngöbe fuera de la comarca.

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Por Olmedo Beluche

Al menos un asesinado, el compañero Jerónimo Rodríguez Tugrí, podrían ser más, decenas de heridos, centenares de detenidos, la imposición no declarada del estado de sitio en la zona, incluyendo el corte de las comunicaciones, ha sido el costo impuesto por  el gobierno de Ricardo Martinelli para despejar la vía Interamericana, bloqueada en varios lugares durante seis días por miles de habitantes de la comarca Ngabe-Buglé, en la República de Panamá. La demanda que moviliza al pueblo Ngabe-Buglé, dirigido por un organismo asambleario, la Coordinadora de Lucha, cuyos principales dirigentes son Rogelio Montezuma y la cacique comarcal Silvia Carrera, consiste en exigir la prohibición de la explotación minera y la construcción de nuevas hidroeléctricas en su comarca.

500 años de lucha contra el saqueo minero

El pueblo Ngabe-Buglé viene luchando desde el momento mismo de la Conquista contra los colonizadores ávidos de sus riquezas minerales. Cronistas como el padre De las Casas narran que el propio Cristóbal Colón en su cuarto viaje llegó a la vertiente caribeña de las actuales provincias de Veraguas y Bocas del Toro, donde habitaban, y siguen habitando, los miembros de esta etnia. Los europeos se impresionaron por el oro que portaban y Colón decidió establecer la primera colonia en Tierra Firme, Santa María de Belén, a orillas de la desembocadura del río Belén o Yebrá, como le llamaban sus habitantes originarios. Ante la violencia del despojo que intentaron, incluso secuestrándolo, el mítico cacique Quibián se fugó y organizó una liga de tribus contra los españoles, destruyendo Belén e hiriendo al propio hermano del almirante, Bartolomé Colón, en 1503.

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Por Olmedo Beluche

El lunes 16 de enero de 2012, se declararon en huelga alrededor de 5,000 trabajadores que laboran en la ampliación del Canal de Panamá, que construyen dos nuevas esclusas para barcos postpanamax. La paralización ha sido total, tanto en el sector del Pacífico como en el Atlántico, y sumó a todas las categorías, desde ayudantes hasta capataces. El pliego de peticiones que motiva la huelga se sustenta en una serie de abusos cometidos por el consorcio “Grupo Unidos por el Canal”, encabezado por la transnacional española Sacyr y la principal  constructora panameña, del Grupo CUSA, propiedad de la familia del actual administrador del Canal de Panamá, Alemán Zubieta. La huelga, que se ha prolongado por una semana, es tan fuerte y golpea un sector clave de la economía que el Ministerio de Trabajo, tan propatronal y antiobrero en otros conflictos, ha sido cauteloso en sus declaraciones y ha evitado reprimir a los trabajadores.

Los huelguistas han denunciado todo tipo de atropellos, desde despidos injustificados hasta salarios discriminatorios para los panameños en beneficio de empleados extranjeros (españoles e italianos), lo que recuerda la doble escala salarial basada en el origen étnico (“gold roll” y “silver roll”) impuesta por el imperialismo norteamericano en la Zona del Canal, verdadero apartheid racista que existió durante la presencia colonialista norteamericana hasta 1977.

El problema central de las demandas obreras se concentra en una escala salarial decretada por el gobierno panameño para los trabajadores del canal a todas luces obsoleta (Decreto No. 3 del 4 de marzo de 1980), y que se ha quedado rezagada ante la galopante inflación de los últimos años, y los ajustes salariales logrados en los decretos de salario mínimo de 2009 y 2011, y la convención colectiva del Sindicato Único de la Construcción (SUNTRACS) con la patronal (CAPAC).

El Decreto 3 fija en un monto máximo de 2.90 dólares la hora de trabajo para la categoría inferior, mientras los trabajadores huelguistas y la dirigencia del SUNTRACS exigen un piso mínimo de 6.00 dólares la hora, y la ministra de trabajo ha propuesto un aumento que no exceda el 5% de la base salarial del referido decreto.

 

 El problema se ha vuelto complejo de resolver porque no sólo es obsoleto el Decreto 3, sino que ese decreto expresa el criterio segregacionista con que la burguesía y los gobiernos panameños han querido manejar lo concerniente al Canal de Panamá desde que revirtió a la soberanía nacional en el año 2,000. Desde la década del 90, poco después de la invasión norteamericana de 1989, el imperialismo yanqui le exigió a la burguesía panameña que, para transferir el canal como establecían los Tratados de 1977, debía establecerse un estatus jurídico especial, segregado de la jurisdicción del resto de la república. Como han denunciado muchos, es como si siguiera existiendo la Zona del Canal, sólo que administrada por “panameños” ( la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá – ACP, está compuesta por altos empresarios del sector bancario y de la construcción que cuentan con el aval norteamericano).

Es en estas circunstancias que, en 1994, el conjunto de la burguesía panameña y sus partidos políticos, con el aval del gobierno de Estados Unidos, imponen el Título XIV de la Constitución Política , que da al Canal de Panamá no un régimen de autonomía, sino de verdadera segregación respecto del resto de la nación. Entre otras cosas, el artículo 320 de la Constitución panameña estableció que el presupuesto de la ACP “NO formará parte del Presupuesto General de Estado”, que solamente será controlado a posteriori por la Contraloría y que no podrá ser modificado por la Asamblea Nacional. Es como si se hubiera creado otro Estado dentro del Estado panameño, lo mismo que la anterior Zonal del Canal, con la única diferencia es de que ahora los administran “panameños”.

Siguiendo esa lógica segregacionista, el artículo 322 de la Constitución Política estableció un régimen laboral “especial” para los trabajadores del Canal de Panamá, es decir, un régimen al margen de las leyes nacionales y del Código de Trabajo. Entre otras cosas que incluye ese artículo, está la prohibición de huelgas en el canal, lo cual constituye una violación de la propia Constitución, del derecho internacional y de los principios de la Organización Internacional del Trabajo. En base a ese artículo se han desarrollado toda una reglamentación interna de la ACP que choca con otros criterios jurídicos del país, entre ellos el Decreto de marras que motiva la huelga a que hacemos referencia.

 

Decimos que esta huelga tiene una trascendencia histórica porque le ha dado en la torre al esquema segregacionista que la burguesía panameña y el imperialismo yanqui han querido establecer para el Canal panameño y ha puesto al descubierto toda la mar de contradicciones legales y constitucionales que se cobijan bajo el esquema de la ACP.

Las contradicciones expresadas en el Decreto 3, son todavía más absurdas y ridículas ya que, si bien pudiera decirse que el Título Constitucional al que hemos hecho referencia, y las leyes y reglamentos que de él se han derivado, son aplicables a los trabajadores del Canal de Panamá, el hecho es que los trabajadores de la ampliación que laboran para el “Grupo Unidos por el Canal”, no son empleados de la ACP , sino de un consorcio privado que debiera estar regido por el Código de Trabajo y las leyes laborales panameñas, como la de salario mínimo.

Por ello constituyó un doble abuso desde el principio pretender que estos trabajadores estuvieran regidos por el Decreto 3 del 4 de marzo de 1980. Por ello han hecho bien estos obreros en declararse en huelga y exigir su ajuste salarial, tanto con la Convención Colectiva SUNTRACS-CAPAC, como con la ley que regula el salario mínimo en Panamá.

La “tapa del coco” de todos los abusos y canonjías, y que ha trabado las negociaciones para poner fin a la huelga, es que hoy se ha sabido (La Prensa , 21/1/12) de la existencia de una cláusula secreta entre el Grupo Unidos por el Canal y la ACP (cláusula 3.7 del contrato) que obliga al estado panameño a pagar el 100% de cualquier ajuste salarial de los trabajadores que vaya más allá del Decreto 3 de 1980. Esto es el colmo, el Estado panameño, sea por la vía del presupuesto general o de la ACP, tiene que cubrir de sus fondos el aumento salarial para garantizar los beneficios de los empresarios extranjeros y nacionales beneficiados con el negociado de la ampliación del Canal.

Cuando en 2006 empezó el debate sobre la ampliación del Canal de Panamá mediante un nuevo juego de esclusas para barcos postpanamax, quienes nos opusimos argumentamos dos cosas, que ahora se muestran certeras: primero, la obra no es urgente para el comercio mundial ya que el Canal está lejos de su máxima capacidad, por ello implica endeudar al país para beneficio de las navieras internacionales; dos, gastar al menos, 5,2000 millones en esa obra es transferir a beneficio de bancos y constructoras unos ingreso del Canal que debían servir para resolver los problemas sociales acumulados por el pueblo panameño.

La lucha genereacional por la soberanía era para que el pueblo panameño viva mejor, no una pequeña élite empresarial nacional y extranjera. Eso es lo que está pasando, los potentados del Grupo Unidos por el Canal se llevan para sí y para el extranjero las ganancias de la ampliación, mientras quieren pagarle migajas al trabajador panameño. Por eso también ha sido legítima e histórica esta huelga, que cuenta con el respaldo de todas las organizaciones populares y sindicales de Panamá.

Panamá, 21 de enero de 2012.

Por Olmedo Beluche

Entre el asombro y una sonrisa irónica, viendo cómo Martinelli investido de presidente le pisa los cayos a muchos que lo llevaron al poder, los cuales parecen impotentes ante el fruto de su creación, me decía ¿dónde he visto algo parecido? Ah! Y me acordé de este libro, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx.

Al igual que hoy pasa en Panamá, en la Francia de 1848 – 1851, las inconsecuencias y debilidades congénitas de las diversas clases sociales y sus partidos encumbraron al hombre que luego se rebeló contra todas ellas sometiéndolas de manera humillante.

Salvando las distancias, porque en Panamá no ha habido aún una revolución como la Febrero de 1848, aunque tuvimos nuestra gran huelga en defensa de la Caja de Seguro Social en 2005; ni tampoco ha habido un golpe de estado como el del 2 de Diciembre de 1851, tal vez porque no hace falta.

El gobierno de Ricardo Martinelli es hijo predilecto de los medios de comunicación, pero ahora se vuelve contra ellos penalizando a los periodistas y amenazando a los que se salen del redil. Martinelli es hijo del sistema político electoral, para ahora: someter dócilmente al Legislativo, al Judicial y al propio Tribunal Electoral; mientras doblega a alcaldes y diputados de “oposición”.

Martinelli le debe la presidencia en gran medida al ex presidente, y ex secretario general del PRD, Martín Torrijos quien en su soberbia puso a pelear entre sí a sus mejores candidatos (pero posibles competidores a futuro), para luego no sólo perder la dirección de su partido, sino verlo reducido a su mínima expresión.

Martinelli es el producto más consecuente de la oligarquía comercial financiera, beneficiaria de la zona de tránsito, para someterla con nuevos impuestos y apartarla de las grandes licitaciones a favor de sus allegados. Martinelli es fruto de la alianza con los “panameñistas”, quienes a diario recienten la afrenta impotentes. Martinelli es producto de la embajada norteamericana, en cuya sede se forjó la Alianza por el Cambio, para que ahora a los representantes del imperio les preocupe su acumulación de poder y el socavamiento de la “instituciones democráticas”.

 

Pero, sobre todo, Martinelli es producto del voto popular, de una clase trabajadora hastiada de 20 años de régimen seudo democrático que le ha hecho más pobres y que, ante la falta de propuestas de los movimientos sociales y la izquierda, depositó su esperanza en el dueño de los “ 99” . Para ahora recibir en pago Ley Chorizo, la Ley Carcelezo, el 7%, etc.

Parodiando a Marx podría decirse: “Esta misión contradictoria del hombre explica las contradicciones de su gobierno, el confuso tantear aquí y allá, que procura tan pronto atraerse como humillar, unas veces a esta y otras veces a aquella clase, poniéndolas a todas por igual en contra suya, y cuya inseguridad práctica forma un contraste altamente cómico con el estilo imperioso y categórico de sus actos de gobierno…Bonaparte quisiera aparecer como el bienhechor patriarcal de todas las clases. Pero no puede dar nada a una sin quitárselo a la otra...”.

La mayoría de las clases “altas” panameñas soportan el actual de estado cosas porque temen por encima de todo que, como se atisbó en Changuinola, ante el fracaso de la derecha lo que se avizora es la concreción de un proyecto político de izquierdas, antineoliberal y democrático que pueda arruinarles el “negocio”. Es decir, son víctimas de sus propios temores. Las alternativas son dos: o se consuma definitivamente el 18 Brumario de Ricardo Martinelli o se convoca una Asamblea Constituyente.

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