Por Olmedo Beluche

En un país de cuyo nombre todos nos acordamos, no ha mucho tiempo que hubo unas elecciones en las que muchos simplistas, más simples que Sancho Panza, creyeron  que votando por los candidatos millonarios tendrían un gobierno honesto pues, supuestamente, “un rico para qué va a robar, si ya lo tiene todo”. Bueno, en realidad en esas elecciones todos los candidatos eran millonarios, aunque unos lo eran más que otros. Pero muchos creyeron sinceramente que era mejor elegir a los millonarios de siempre que a los arribistas o nuevos millonarios. No había pasado mucho tiempo desde aquel aparente dichoso día “cívico” cuando la ciudadanía espantada ve salir pus por todos lados del cuerpo putrefacto y corrupto del Estado, y que aquellos a quienes se les había autorizado a sólo meter las patas (traseras), están metiendo las cuatro.

No vamos a hablar de licitaciones amañadas, ni de contrataciones directas, ni del regalo a ICA por el Corredor Sur, ni de las preferencias por Odebrecht (a la que llamaban “coimera” cuando eran oposición los actuales gobernantes), ni de obras faraónicas, ni del endeudamiento exagerado que ya nos traerá bastantes cefaleas. No. Vamos a focalizarnos en una institución recién creada, con el argumento de resolver una de las mayores injusticias sociales del país, y que ha sido la fuente de los escándalos más increíbles, que ni a la imaginación de un García Márquez hubiera podido novelar: la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI).

Ya las alarmas habían empezado a sonar hacía meses, cuando algunos altos funcionarios recibieron por la vía del “fast track”, a precios de regalo, sus títulos sobre algunas hectáreas considerables, mientras decenas de miles de pequeños campesinos aún esperan pacientemente el reconocimiento de sus derechos sobre tierras que han trabajado por generaciones. En pocos meses se emitieron 80 títulos, de gente adinerada o políticos oficialistas, mientras 4,000 familias esperan su turno.

Todo fue “legal”, se hizo “justicia”, respondieron los jefes de la ANATI, con el apoyo del gabinete en pleno, ante los cuestionamientos de los medios. Pero como ya se sabe, estamos en el continente de lo “real maravilloso”, y un buen día se filtró la noticia de que también se había hecho “justicia” a un humilde florista que usufructuaba un terrenito ubicado en pleno corazón de los más granado de Paitilla, frente al mar, rodeado de hermosos rascacielos, en el único pedacito libre donde termina el otrora “malecón”, hoy llamado “Cinta Costera”. Suerte de florista.

Parece que el hombre era florista, pero no tonto, porque en menos de veinticuatro horas traspasó a una sociedad anónima sus otrora “derechos posesorios” devenidos en “títulos de propiedad”. Según los funcionarios de esa institución, se había hecho un acto de profunda justicia social al entregar, de manera completamente gratuita al “florista” un terreno cuyo valor catastral oscila entre 11 y 40 millones de dólares. Si de algo sabe un “gobierno empresarial” es cómo se hacen los buenos negocios, porque resultó que la sociedad anónima parecía relacionada con un bufete de abogados perteneciente a dos prominentes multimillonarios, quienes por obra y gracia de Dios son, a un mismo tiempo, miembros del “opositor” PRD  y amigos y socios del señor presidente.

Ya se entiende por qué la creación de la ANATI y la definición de bajo qué paraguas institucional quedaba, Ministerio de Economía o de la Presidencia, fue el primer conflicto serio entre el ministro panameñista, Alberto Vallarino, y el de Cambio Democrático, Papadimitriu. Mucho antes que el tema de la “segunda vuelta”, ésta fue la primera crisis de la “Alianza”. Después de todo, decían las abuelas que: “el que reparte y reparte…”. Y este tema, se dice, fue el que en verdad llevó a la ruptura definitiva, aunque el vicepresidente Varela no quiere dar los detalles. En respuesta al malogrado asunto del florista, Martinelli les enrostró a sus ex aliados otro negocito sobre un terreno en Chilibre comprado por el Estado a más del doble de su valor para construir un hospital.

Gracias a la ANATI y a la “política social” de este gobierno empiezan a aparecer como hongos felices propietarios de tierras por todo el país, algunos reclamando pedazos de reservas naturales, otros a quienes pobres miserables les habían “usurpado” su propiedad por décadas y que ahora con la ley y la policía en las manos les están echando, en Bocas del Toro o en María Chiquita, hermosa playa colonense. La verdad es que la ANATI y su antecesora, la ley de tierras junto a playas e islas, dictada por el gobierno de Martín Torrijos, no tienen como finalidad resolver el problema de las 132,446 explotaciones agropecuarias sin títulos (56% del total, según el Censo de 2001).

Contrario a lo que alega el Sr. Surse Pierpoint (La Prensa 26/9/2011), y los alucinados de la Fundación Libertad,  los actos de la ANATI no obedecen a una conspiración “comunista” (¿del gobierno empresarial?), sino a un objetivo bien capitalista: apropiarse en beneficio privado de todas las áreas costeras del país. Pruebas al canto revisar la lista de ilustres empresarios beneficiados por la ANATI, desde el gerente de COPA al de CUSA.

Lo que menos le interesa a los empresarios metidos a políticos, oficialistas y “opositores”, es el problema del agro panameño, que ha perdido un tercio de la tierra cultivable, en menos de diez años, por falta de apoyo a los productores. El modelo de acumulación que han diseñado no tiene el desarrollo agrícola como puntal, sino un esquema de especulación inmobiliaria y turismo de gran poder adquisitivo.

Históricamente en Panamá los capitalistas no han tenido como fuente de riqueza la producción agroindustrial, salvo excepciones como el azúcar, el banano o el café. Los empresarios panameños se han dedicado al comercio o al rentismo, incluso a la depredación de la propiedad pública como fuente de acumulación. Con la construcción del Canal se hicieron casatenientes, es decir, vivir del alquiler de los cuartos “de la gente pobre” (como decía el poeta). Ahora en plena globalización neoliberal, han procedido a vender a capitales extranjeros las pocas fábricas que había, dedicándose a vivir de los depósitos a plazo fijo, la especulación financiera y al negocio inmobiliario para extranjeros pudientes, a través de los rascacielos que nos ocultan la Bahía de Panamá, o de casas de veraneo y hoteles en todas nuestras costas. Esas son las tierras que quieren titular, no la de los pobres campesinos.

El dilema agrícola en América Latina data de la época colonial y el despojo de miles de hectáreas de tierra que sufrieron las poblaciones indígenas a manos de los encomenderos. El resultado ha sido una maldición de doble sentido que nos clava en el subdesarrollo: el binomio latifundio-minifundio, según estableció Celso Furtado en un famoso estudio de la década de 1960. Furtado probó con números en la mano que tanto el latifundio como el minifundio son improductivos  y condenan a la ineficiencia al sector agrícola y pecuario. Los primeros porque la mera posesión de tierras, más que su productividad,  eran símbolo de status social en las mentes medievales de las oligarquías criollas. Los otros porque su pequeñez les impide competir en el mercado y tener acceso al crédito y la mecanización.

Omar Jaén Suárez, data la consolidación del latifundio en Panamá en lo que el denomina “el siglo XVIII panameño”, momento en que se cierran las Ferias de Portobelo y la economía comercial del Istmo decae hasta la extensión, forzando a prominentes familias a trasladarse hacia Coclé, Veraguas y Chiriquí, para vivir en haciendas ganaderas. Stanley Heckadon ha demostrado cómo ese esquema ganadero, una hectárea por cada vaca, no sólo es ineficiente, sino que forzó a la destrucción de nuestros bosques, en una lógica infernal en que el campesino pobre es expulsado de sus tierras por los ganaderos, forzado a talar y quemar sobre terrenos boscosos, ampliando la frontera agrícola con el método de la roza, que en poco tiempo hace improductiva la tierra, para venderla o cederla nuevamente a los ganaderos y seguir más allá en el monte en busca de su sobrevivencia, o emigrar a la ciudad.

En nuestro país, como en casi toda Latinoamérica, los únicos que han poseído títulos de propiedad sobre la tierra han sido los ricachones terratenientes. El actual sistema binario, de “títulos de propiedad” para los ricos y “títulos posesorios” para los pobres, surgió en la década de 1960, como una iniciativa impulsada desde Estados Unidos por la Alianza para el Progreso, como una respuesta a la Revolución Cubana, procurando evitar sublevaciones campesinas que derivaran en revoluciones socialistas. Entonces se procedió a una especie de engaño, darle títulos al campesino pobre sobre la tierra en que vivía y trabajaba, pero un título devaluado, el llamado “titulo posesorio” que otorga Reforma Agraria, que no tiene valor de mercado y contra el cual no puede acceder al crédito. De esta forma se aplacaba la sed de tierra del campesino pobre con un papel, pero no se accede a la equidad jurídica, y se garantiza la paz espiritual de los oligarcas.

El pequeño campesino no pudiendo pasar de una economía de subsistencia, queda forzado a laborar estacional u ocasionalmente como peones con bajos salarios en las grandes fincas o en las agroindustrias como en la zafra del azúcar, del café u otras. El hecho es que nuestra agricultura, que nació deforme y enana, agoniza cada día. Ya en el Censo Agropecuario de 2001, cuyos datos deben ser escalofriantes en el de este año, se consignaba la decadencia de la producción: caída de la producción (respecto de 1991) de 19.4% en el maíz, 26% del frijol, 34% del tomate. Parece que ahora el arroz va por igual camino. Sólo a la caña de azúcar le va bien, no sólo por el guaro con que se ahogan las penas, sino por lo de los biocombustibles y su exportación a EE UU.

Con el país en manos de los dueños de supermercados, cada día importamos más alimentos en detrimento de la producción nacional. Con el Tratado de Libre Comercio (alias TPC), la agricultura se deteriorará más todavía, si cabe, gracias a que los productos agrícolas norteamericanos, subsidiados por su gobierno, entrarán libremente al mercado nacional.

La renuncia de los dos responsables de la ANATI sólo busca echarle tierra (expresión apropiada a este caso) al escándalo. No va a resolver el problema de fondo: la producción agrícola, la seguridad alimentaria, ni la vida de un millón de panameños que dependen del sector rural. Para resolver eso se requiere otro gobierno, que no responda a los intereses de los millonarios y que cambie el modelo económico del país. Mientras el florista y sus amigos cantan: “¡Vamos bien!”

Por Olmedo Beluche

Intentando sacar partido de la crisis de la Alianza por el “Cambio” y la forma poco diplomática de  como el presidente Ricardo Martinelli echó de su gabinete a Juan C. Varela, diputados y aspirantes a serlo del Partido Panameñista y del PRD, pretenden investirse de un ropaje “democrático” del que carecen por completo. Frente a las maneras toscas de Martinelli, la supuesta “oposición” saca a relucir todo el cinismo y la hipocresía de que pueden hacer gala para, con cara de perritos apaleados, presentarse como supuestos defensores de la institucionalidad, la democracia, la alternancia en el poder, etc. Aunque los más inteligentes electores ya les conocen su verdadero pelaje, no por gusto se han repartido “la papa” por 20 años, siempre hay gente a la que se puede engañar de nuevo con vistas a los comicios de 2014.

Haciendo de abogados del diablo (que siempre tiene bastantes), preguntémonos: ¿Acaso Martinelli inventó el actual régimen presidencialista y su ilimitada concentración de poder? ¿Martinelli se sacó de la manga el “derecho” de designar conforme a su voluntad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Es el primer presidente que controla a su antojo la Asamblea Legislativa y compra la sumisión de los diputados con dinero público? ¿El partido oficialista, “Cambio” “Democrático”, es el primero que desde el control del Ejecutivo obliga a los funcionarios públicos a inscribirse so pena de despido? ¿Por primera vez vemos en Panamá que las empresas “amigas” de los detentadores del poder son las beneficiarias directas de las obras públicas y de las licitaciones amañadas? ¿Es el primero que se sirve de los organismos de seguridad para perseguir periodistas y amedrentar opositores?

Las respuestas a todas esas preguntas es: NO. Es no, porque todos esos “vicios” están consagrados en una Constitución Política, en el Código Electoral y otras leyes orgánicas, y de todo tipo, de claro carácter antidemocrático que consagran el poder presidencialista para beneficio de la élite que nos gobierna desde hace 20 años y más allá. Esa Constitución y esas leyes fueron escritas, consensuadas y sostenidas por los partidos que ahora muerden el polvo en “oposición”, pero que hasta 2009 las usaron sin empacho.

En el juicio de la historia, pues no creo que haya otro (al menos con el actual sistema de “justicia”), Martinelli bien puede alegar como atenuante a las responsabilidades que se le endilguen que él sólo llevó hasta sus últimas consecuencias lo que ya era un sistema político antidemocrático y corrupto hasta la médula. Martinelli, como buen tendero, no posee las maneras refinadas del cinismo político que otros han aprendido en décadas de uso de las instituciones públicas para beneficio propio. Con sus gestos hoscos y sus maneras burdas, Martinelli simplemente ha puesto en evidencia lo que ya era la institucionalidad. No ha inventado nada nuevo, sólo ha desenmascarado el engaño de nuestra “democracia”.

Esos partidos se quejan  por la “segunda vuelta”, pues saben que es una maniobra que irá seguida de la propuesta de reelección presidencial inmediata de Ricardo Martinelli (idea que tampoco es nueva y que ya intentó Pérez Balladares y manoseó Martín Torrijos) les alejará por cinco años más de las “dichas” del poder. Pero con el cinismo que les es característico, PRD y Panameñistas, en asocio con el CD, tumbaron en la Comisión de Gobierno de la Asamblea las pocas y tímidas reformas electorales presentadas por la Comisión Nacional de Reformas Electores que podían debilitar su monopolio del poder público.

Mientras distraían a los periodistas rasgándose las vestiduras contra la “segunda vuelta”, ahí mismo, los diputados del PRD y el Panameñismo, en ese mismo paquete legislativo anularon el control público sobre las donaciones privadas a las campañas electorales; le cerraron la puerta a la inscripción de nuevas alternativas políticas manteniendo el tope de 4% de firmas (64,000), la más alta del continente, para inscribir un partido político; anularon el mandato constitucional, reconocido por la Corte en 2009, de permitir candidaturas de libre postulación a la Presidencia al exigirle lo mismo que a un partido político (64,000 firmas) pero con sólo tres meses de inscripción. Además de otras triquiñuelas.

Es evidente que  el presidente Ricardo Martinelli comparte las responsabilidades de su crisis política,  con  las dirigencias del Panameñismo  y el PRD, aunque estos  intenten aparentar lo contrario. La única esperanza de que esta situación cambie es que el pueblo panameño se indigne de verdad y  remeza el árbol para que caigan  todos esos mangos podridos, e imponga una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la República.

Por Olmedo Beluche

Aunque muchos sectores políticos, de oposición y oficialismo, de la “sociedad civil” y los medios de comunicación pretenden mirar para otro lado, para poder seguir engañándose, y engañando, con la falacia de que estamos en un régimen “democrático”, los pasos que el presidente Martinelli y su partido están dando son inexorables y firmes en un solo sentido: su reelección presidencial en 2014. La ruptura del acuerdo sobre la alternabilidad en la presidencial del Órgano Legislativo entre los partidos de la “Alianza”, que Cambio Democrático se chupe al MOLIRENA y a Unión Patriótica, que lance masivas inscripciones para convertirse en el partido con más adherentes, que a raja tabla imponga la segunda vuelta, que siga comprando diputados del PRD y el Panameñismo para asegurarse la mayoría absoluta en la Asamblea, todos son pasos en un solo sentido: la reelección de Martinellli.

El último capítulo en esta “Crónica de una reelección anunciada” ha sido el rechazo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de los pocos y tímidos cambios en el Código Electoral que pudieran democratizar las reglas del juego para que otros actores políticos puedan participar de los comicios. Con la complicidad de los diputados del PRD y el Panameñismo, para alegría del CD, dicha comisión rechazó reformas consensuadas por delegados de ellos mismos en la Comisión de Reformas Electorales (CNRE): la paridad entre hombre y mujeres en las postulaciones, el tope al financiamiento privado de las campañas electorales y la rebaja de la cuota de adherentes para inscribir nuevos partidos políticos.

Es evidente que una apertura democrática, por mínima que fuese, pone en riesgo no sólo el control de los órganos de gobierno por los “políticos de siempre”, sino que podría dificultar la reelección del actual presidente en 2014. Porque todo ello va asociado al tema de la segunda vuelta, ya que la única seguridad de Martinelli es una competencia entre tres: CD, Panameñismo y PRD. Bajo el supuesto de que en la segunda vuelta la disputa se dé entre el CD y el PRD, tendría fácilmente asegurada la victoria porque supone que los panameñistas tendrían que apoyarlo. Por ello, lo que más teme el oficialismo es la aparición de un candidato nuevo, particularmente si es independiente, que recoja el descontento y el repudio de la ciudadanía con el sistema político corrupto que tenemos. En esa circunstancia, un cuarto candidato independiente podría barrer con la situación actual y sería la amenaza que más teme Martinelli.

Tanto al PRD como al Panameñismo, en especial a Juan Carlos Varela, que aspiraba a ganar las próximas elecciones, les cae a pelo la sentencia de Maquiavelo en El Príncipe: “De todo ello se extrae una regla general que nunca, o a lo sumo raramente, falla: quien propicia el poder de otro, labra su propia ruina”. Al PRD se le aplica porque lleva dos años penando, que pueden ser diez como mínimo, gracias a que Martín Torrijos y Samuel Lewis debilitaron a su propio partido para cargarse dos competidores internos (Balbina y J.C. Navarro). Al panameñismo porque pudiendo mantenerse independiente y aspirar en 2014, por presiones de la embajada norteamericana si vio obligado a aceptar la vicepresidencia y constituir la “Alianza”. Alianza en la el panameñismo sufre el maltrato doméstico cada día, pero no se atreve al divorcio, porque los gringos así se lo piden y porque la “Doctrina Panameñista” es historia, y lo única doctrina que inspira a los actuales políticos son los billetes verdes. Ya lo dijo Chello Gálvez, si se van sufrirán el mismo destino de la Democracia Cristiana con Guillermo Endara.

Se engañan los sectores que de buena fe han caído, como caperucitas en la trampa del lobo, al ir a la Comisión de Reformas Constitucionales nombrada de a dedo, creyendo que si ahí no se aprueba la reelección inmediata, la Asamblea va a respetar ese acuerdo. ¿Cuál acuerdo ha respetado la Asamblea? Una vez que CD tenga la mayoría absoluta de diputados, sólo faltan tres, el proyecto Constitucional que irá a referéndum será el que más convenga al grupo dominante. Y, para asegurarse el respaldo popular, la reelección va a ir casada con unos caramelitos, como “Cien a los Setenta”, la “Beca dizque Universal”, el PRODEC, etc. No soy adivino, ya está cantado.

Los sectores populares, los gremios, los sindicatos, la “sociedad civil” honesta, los indígenas, tienen que hacer conciencia de esta realidad para tomar las medidas adecuadas, si no quieren seguir sufriendo otro lustro de medidas antipopulares. La única manera de romper el esquema antidemocrático montado por Martinelli, con la aquiescencia del PRD y el Panameñismo, es la constitución de un gran Frente Popular, unitario, amplio y democrático, que se proponga conquistar en las calles los espacios de participación que le niega la oligarquía enquistada en el poder y el Código Electoral amañado.