Por José René Tamariz

Esta invitación de la OIT al sindicato APSE y otras fuerzas sindicales a un supuesto "diálogo" es una maniobra política conjunta del gobierno Alvarado-Piza y los funcionarios de esa organización para desactivar, desmontar y desinflar el gigantesco movimiento de resistencia a nivel nacional contra este gobierno neoliberal, patronal y represivo.

Este gobierno está jaqueado y contra las cuerdas por los diferentes frentes de luchas a nivel nacional, alzamientos populares que no se esperaba:  cortes de rutas por todos lados y carreteras,  huelga y protesta estudiantil en cientos de colegios a nivel nacional, pidiendo entre otras reivindicaciones, la cabeza del ministro de educación Edgar Mora, tortuguismo y bloqueos de transportistas exigiendo la no aplicación del IVA en sus sectores, huelga y marchas de los sindicatos APSE y ANDE exigiendo la NO aprobación de los proyectos que prohíben la huelga y convierten a la educación en "servicio esencial" y otros proyectos anti obreros, lucha de cooperativistas y muchos otros sectores sociales.

No caigamos nuevamente en la trampa de falsas negociaciones y vacilón del gobierno ahora con el apoyo de la OIT.

Exigimos a la directiva de APSE poner como condición sine qua non de todo "diálogo" y "negociación" con este gobierno tramposo, la suspensión inmediata de todo trámite en la Asamblea Legislativa de los proyectos de "Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos",  "Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales" y "Ley de reforma al empleo público". Asimismo, demandar el archivo definitivo de esos nefastos proyectos. Estos proyectos antihuelgas y anti trabajador son innegociables. No hay otro camino.

¡Ninguna Tregua al Gobierno Tramposo de Alvarado-Piza!

Este gobierno ha utilizado muy hábilmente la maniobra del "dialogo" y "negociación" para engañar a su contraparte, sean dirigentes sindicales, dirigentes transportistas, dirigentes de taxis rojos, dirigentes estudiantiles y dirigentes de diferentes sectores sociales.

Esa es su especialidad: el engaño y matrafula. Dar la impresión pública que "dialoga" y "negocia", pero en el fondo lo que hace es ganar tiempo para desgastar, al contrario, desmovilizar y desinflar las situaciones explosivas. Esas mañas y artilugios ya los conocemos. Las aplicó con éxito durante la huelga contra el combo fiscal: resultado el combo fiscal fue aprobado.

No caigamos nuevamente en esas tramposas quimeras de "diálogo" y "negociaciones" falsas.   Con este gobierno hay que negociar en caliente, arrodillarlo y obligar que, de forma inmediata retroceda y acepte las demandas. Si les dan tiempo y oxígeno nos va a bailar. Ninguna confianza en el diálogo y negociación con el gobierno Alvarado-Piza. ¡¡Aprendamos de la experiencia compañeros!!

¡El Diálogo del Gobierno Alvarado-Piza es la Represión! ¡Solidaridad Inmediata con Traileros y Transportistas! ¡No a la Represión!
El gobierno del "diálogo" y "escucha de la ciudadanía" ha enviado tropas de fuerzas policiales antimotines para reprimir a los traileros y transportistas que protestan contra el IVA, APM terminales y otros graves problemas que enfrentan.
Impidamos el paso de las fuerzas policiales para que no repriman al pueblo trabajador humilde. Salgamos todos a las carreteras en solidaridad a estos sectores que van a ser reprimidos por el "demócrata" Alvarado-Piza!


Por José René Tamariz

La huelga y movilización de miles de estudiantes en más de 150 colegios a lo largo de todo el territorio nacional tienen varios aspectos centrales: 1. La solidaridad interestudiantil con los estudiantes del liceo Cuatro Bocas que fueron reprimidos por fuerzas policiales. 2. Protesta en contra de algunas políticas inconsultas y burocráticas, tales como las pruebas FARO y educación dual, de las autoridades del MEP. 3. Graves problemas de infraestructura, instituciones educativas insalubres, colegios y escuelas deterioradas, estudiantes que reciben clases en cuchitriles, mientras el MEP pretende comprar drones e invertir cientos de millones en consultorías para las pruebas FARO. 4. Una ineficiente e inepta conducción del MEP por parte del ministro de educación Edgar Mora.

En relación al asunto de los llamados "baños neutros", consigna o eje del sector conservador, constituye más bien un distractor para desviar la atención de los problemas centrales y crear confusión. Muchos jóvenes han hecho suyo ese planteamiento más bien por falta de información y, muy importante, porque en el MEP se imponen, desde los escritorios, líneas, directrices, efemérides y políticas de todo tipo, sin hacer la más mínima consultar a la comunidad educativa, estudiantes y trabajadores de la educación.

No es cierto que, de forma consciente y clara, los estudiantes se opongan a los "baños neutros", aspecto no central de la cuestión educativa, sino que no han sido discutidos siquiera en las aulas ni se han realizado discusiones de aclaración en las aulas. Tampoco es cierto que los estudiantes estén en contra de la comunidad LGBTI.

No obstante, ese es un aspecto secundario. Lo central es los estudiantes no se consideran que son tomados en las decisiones centrales de los problemas educativos, así como que no se les resuelven sus problemas y necesidades apremiantes. Es por ello que exigen que se vaya el ministro Edgar Mora, eje y consigna central del movimiento de lucha de los estudiantes de secundaria.

Hacemos nuestra la demanda estudiantil: ¡Fuera Edgar Mora del MEP! ¡No a las pruebas FARO! ¡NO a la Educación Dual! ¡Solución Inmediata a los Problemas de Infraestructura de Colegios y Escuelas! ¡Construcción de nuevos Colegios y Escuelas y Reparación Urgente de las que se puedan Reparar!


Por José René Tamariz

Frente al largo proceso de desaceleración económica continuo y persistente, la alta tasa de desempleo, el alto porcentaje de informalidad, la quiebra de miles de micro, pequeñas y medianas empresas y otros graves problemas que agobian, los diferentes sectores económicos y sociales y personajes neoliberales plantean sus propuestas de salida y solución.

Las diversas cámaras empresariales agrupadas en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) han realizado sus propuestas y peticiones al gobierno para “reactivar” la deprimida economía. Las peticiones de estas cámaras patronales son como una carta al niño dios. Aprovechando la situación de contracción económica prolongada que existe, los capitalistas de todos los sectores plantean y solicitan la reducción y eliminación de cargas sociales. Por ejemplo, han demandado: disminuir la base mínima contributiva a la caja costarricense de seguro social (CCSS); reducir el encaje mínimo legal (EML) en colones del Banco Central del 15% al 7,5%; subir la tasa de mora en los bancos del 3% al 5%; reducir las tasas de interés activa; disminuir las comisiones ($175 millones) que el comercio les paga a los bancos por el uso de las tarjetas; “flexibilizar” las jornadas de trabajo, pasando de 8 horas a 12 horas diarias y otras de carácter de tramitomanía.

Otros neoliberales trasnochados como Juan Carlos Hidalgo plantean reducir el impuesto sobre la renta desde el 30% hasta el 20% y aprobar la ley de empleo público con un carácter estrictamente fiscalista.

¿Qué ha concedido el gobierno? El gobierno giró una directriz para disminuir los márgenes de intermediación, diferencia entre la tasa activa y pasiva, en los bancos públicos. En el banco nacional (BN) ese porcentaje pasaría del 5,79% al 4,79% en el año 2022 y en el banco de Costa Rica (BCR) sería del 5,4% al 4,4%. Por su parte el Banco Central (BCCR) ha disminuido dos veces su tasa de política monetaria (TPM) desde un 5,25% al 4,75% y, recientemente, redujo el porcentaje del encaje mínimo legal del 15% al 12%, liberando 381 000 millones de colones.

¿Reactivación económica, trasformación productiva o cambio de modelo económico?

Todos los sectores económicos, sociales, políticos, académicos e intelectuales de todo tipo escriben y plantean sus propuestas para “reactivar la economía”: cámaras empresariales, sindicatos, partidos políticos neoliberales, economistas de universidades e independientes y neoliberales confesos. Mientras todos ellos plantean sus propias “recetas” para la reactivación económica, lo cierto es que más bien, los sectores económicos entran en recesión económica, tal es el caso del sector agropecuario el cual tiene nueve meses de estar en proceso recesivo. El sector comercio tiene casi 30 meses de desaceleración económica. Por tanto, lo más probable es que el proceso recesivo se generalice a otras actividades económicas con la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) en el mes de julio.

El gobierno Alvarado-Piza y el Banco Central (BCCR) han tomado una serie de medidas de políticas monetarias, mencionadas anteriormente, para supuestamente “estimular” el crédito, la inversión y reactivar la economía que se encuentra en una fuerte fase de contracción económica. Sin embargo, esas políticas monetarias para impulsar la reactivación económica no sólo son insuficientes y limitadas, sino que reflejan que este gobierno y las autoridades del Banco Central no entienden las causas y origen de este persistente y prolongado ciclo contractivo de la economía. En realidad, esas medidas monetarias, baja tasas de intereses, reducción del encaje mínimo legal y otras, no van a producir ninguna reactivación económica. La situación es clara. El 62% de los empresarios agrupados en la UCCAEP han planteado que, dada la situación de desaceleración económica, no realizarán inversiones porque no quieren arriesgarse tomando créditos que después no podrán pagar porque sencillamente la demanda está fuertemente deprimida, con tendencia a profundizarse aún más. En otras palabras, la actividad de inversión se encuentra fuertemente frenada. Es decir, que por más dinero que pongan en el mercado, bajo diferentes políticas monetarias, no surtirán efectos para impulsar la reactivación económica.

Respecto a esa situación, recientemente, el sociólogo y miembro del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullell, planteó que en Costa Rica lo que se requiere es “impulsar una transformación productiva”. (La Nación, 6 de junio de 2019). Según él, la “… Transformación productiva implica una cuestión más compleja: conseguir mayor dinamismo apostando por el desarrollo de nuevos sectores de actividad económica”. (Ídem). Aunque no señala cuales serían esos “nuevos sectores de actividad económica”, sin embargo, plantea una discusión importante e interesante, ya que evidentemente sin cambios estructurales significativos a nivel de la estructura económica y productiva del país, no se resolverán problemas estructurales como los altos porcentajes de desempleo e informalidad, así como la desigualdad social y otros graves problemas sociales. Al final, este sociólogo plantea la necesidad de “Reactivar y transformar”.

Por otra parte, existen diversos estudios y diagnósticos que han señalado y planteado en donde se encuentran las graves limitaciones y problemas de Costa Rica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que “… Actualmente el país cuenta con una economía dual en la que coexisten, por una parte, unos sectores altamente productivos y competitivos, integrados a la economía internacional y que funcionan principalmente en el centro del país y, por otra, algunos sectores que presentan importantes rezagos de productividad y competitividad, ubicados en las zonas periféricas. Estos últimos están muy poco o nada vinculados a eslabones de alto valor agregado dentro de cadenas globales de valor y, en muchos casos, presentan altos niveles de informalidad, situación que se refleja en las diferencias del índice de competitividad cantonal”. (CEPAL: El enfoque de brechas estructurales. Análisis del Caso de Costa Rica)

Ese estudio señala que existe una ineficiente estructura productiva, producto de la alta concentración geográfica de la actividad económica en la gran área metropolitana (GAM), heterogeneidad de la estructura productiva, falta de tecnología en algunos sectores lo cual no permite un aumento de la productividad, la concentración de la inversión extranjera directa en sectores como servicios e inmobiliario, no así en la industria, agricultura o comercio que son los que producen los mayores niveles de empleo en el país.

Es cierto que a nivel inmediato el país requiere una reactivación económica, pero se debe combinar con un cambio de fondo del modelo de “desarrollo” actual de “promoción de las exportaciones”. Este modelo, integrado principalmente por las empresas de zonas francas, no garantiza mucho empleo, apenas genera 82 000 empleos directos, y además poco aporta al fisco, ya que no paga impuestos y gran parte de sus ganancias las transfiere a sus casas matrices. Por tanto, se requiere cambiar y modernizar la estructura productiva del país, la industria nacional, de la agricultura nacional, el comercio, el transporte y otras actividades económicas. Por ende, se debe construir un nuevo modelo de desarrollo nacional que debe estar vinculado directa y fuertemente a nivel centroamericano. No se puede tener una visión estrecha de desarrollo en el estrecho marco nacional.

Entonces, para lograr una reactivación económica a corto, mediano y largo plazo se deben resolver problemas estructurales e implementar, entre otras, las siguientes medidas:

  1. Para reducir drásticamente el alto desempleo e informalidad se debe formular e impulsar un Plan de Obras Públicas que le garantice trabajo a los sectores desempleados de bajo nivel educativo, el cual es el más golpeado por la desocupación. Este plan puede incluir la construcción de carreteras, escuelas y colegios deteriorados o que están en lugares insalubres, eliminación de los tugurios por vivienda digna y social, construcción de hospitales modernos y otras obras de construcción que estén identificadas por las instituciones a cargos. La capacitación de los sectores desempleados propuesta por el gobierno de Alvarado no resuelve el desempleo, ya que la gente necesita el empleo de forma inmediata no a futuro.
  2. La demanda se encuentra fuertemente deprimida y reducida por el altísimo desempleo e informalidad y la incertidumbre de la situación de desaceleración económica. Por tanto, se requiere medidas para estimular el consumo. Por tanto, se propone impulsar una política de salarios mínimos reales crecientes, es decir, ya que estos salarios se han mantenido congelados por mucho tiempo. A su vez, debemos luchar para que no se aplique el IVA a los productos de la canasta básica, servicios básicos como agua, luz, salud y educación. Combatir el proyecto de ley de empleo público porque reduce aún más los salarios en el sector público, ya de por si reducidos con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
  3. Cambiar la matriz productiva del país. Esto requiere impulsar la industrialización, incorporando nuevas tecnologías y métodos de trabajo en la industria nacional, tales como industrializar los productos agrícolas, industrializar la agricultura con equipos y maquinarias modernos. Crear y desarrollar polos productivos en las regiones donde existe mucho desempleo.
  4. Cambiar la matriz energética, impulsando el desarrollo de proyectos de producción de energía solar, geotérmica y otras. Estas tendrían dos objetivos centrales, reducir el gasto millonario en compra de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, descarbonizar la economía, evitando o reduciendo sensiblemente la contaminación ambiental, contribuyendo con la atenuación del cambio climático.
  5. Desarrollar e impulsar un tren centroamericano veloz a través del cual se puedan transportar las mercancías en toda América Central e incluso, hasta México. Este proyecto podría ser financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El desarrollo e impulso de este tipo de proyecto, no solo garantizará trabajo en todos los países de Centroamérica, sino también que permitirá que el trafico en las carreteras disminuya y haya fluidez en los intercambios comerciales, así como el desarrollo social en ciertas zonas de los países centroamericano
  6. Condonación de las deudas con los bancos que tienen los micros, pequeños y medianos empresarios de diferentes actividades económicas, por problemas de cambio climático, de reducción de los precios internacionales, falta de tecnificación y modernización de los sectores.
  7. Moratoria del pago de la deuda externa e interna privada, intereses y capital, para utilizar esos dineros en la reactivación económica. Que algunas empresas e instituciones estatales le condonen la deuda pública interna al gobierno, tales como el INS, los bancos públicos como el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR) y que esos dineros sean utilizados en el desarrollo del plan de obras pública y otros procesos de modernización de la estructura del país.
  8. Combate a la alta evasión de impuesto, mediante diversos mecanismos, ya sean tecnológicos, confiscatorios e incluso la cárcel a los evasores.
  9. Eliminación de las grandes exoneraciones fiscales a las empresas de zonas francas, pues, solamente 19 empresas de 331 pagan impuesto, es decir, apenas un 3,4% y eso solo corresponde al 50% de impuesto de renta de ellas.
  10. Impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en la cual se discuta y apruebe un nuevo modelo de desarrollo económico y social, es decir, cambiar las bases de la Nación.


Por José René Tamariz

Actualmente, a nivel político, nos enfrentamos a un profundo proceso de reacción política y contrarreforma laboral. La pandilla neoliberal representada por el gobierno Alvarado-Piza y los diputados neoliberales del PLN, PAC y PUSC pretenden, mediante la aprobación y aplicación de sendos proyectos retrógrados, impedir cualquier movimiento de oposición y lucha por parte de las organizaciones sindicales y sociales contra sus políticas económicas neoliberales que, conllevan la reconfiguración institucional y estatal.

La reacción política se caracteriza por graves retrocesos e intentos de implementación, aprobación de proyectos regresivos, antidemocráticos y autoritarios, en derechos fundamentales como el derecho a la huelga y la organización sindical. La eventual aprobación de los proyectos de leyes, tales como, la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” y la “Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales”, representarían un golpe mortal a las posibilidades de realizar huelgas políticas (contra políticas públicas como reformas fiscales, empleo público, régimen único de pensiones y otros) y la protesta social.

Asimismo, el primer proyecto conlleva a la disolución de las organizaciones sindicales. Además, con el segundo proyecto, en el sector educación sería prohibido hacer huelgas, incluso, por problemas de incumplimiento laboral y salarial por parte de la patronal, ya que será convertido en “servicio esencial”, en donde de forma “manifiesta” queda prohibido realizar huelga. Igual pasaría con la ampliación de “servicios esenciales” a 78 servicios públicos. De hecho, ya fue aprobada la prohibición para hacer huelga en los comedores escolares. Prácticamente, eso sería un retroceso al siglo XVIII o XIX.  En realidad, ambos proyectos representan el recorte y eliminación de derechos y libertades democráticas en pleno siglo XXI.

El proceso de contrarreforma laboral se aplica -aplicaría- en el sistema del empleo y los salarios en el sector público, mediante la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y el proyecto de Ley de empleo público. Este último proyecto impondría la aplicación del salario único para todos los nuevos empleados, sin ningún tipo de incentivos o pluses salariales, solo tendrían salario base. También ese proyecto flexibiliza y facilita los despidos en el sector público, bajo diferentes mecanismos, ya sea por dos notas consecutivas de 70 en dos años, reorganización de ministerios e instituciones públicas y otros mecanismos. De hecho, con ambos procesos de reacción política y contrarreforma laboral, se estaría homologando a los trabajadores del sector público con los del sector privado, pero hacia la baja, cercenamiento y eliminación en cuanto a derechos, libertades, empleo y salarios.

Por tanto, para evitar que, estos dos procesos gemelos, reacción política y contrarreforma laboral, se concluyan es necesario y urgente enfrentarlos y detenerlos mediante la movilización, lucha y huelgas. Detener e impedir la aprobación de esos retrógrados y regresivos proyectos es fundamental para conservar derechos fundamentales como el derecho a la huelga, a la organización sindical, a la protesta social y las libertades democráticas.

Por todas estas razones, llamamos a todos las/os compañeros apsinos a hacer y tomar conciencia de la grave situación en que nos encontramos los trabajadores de la educación y del sector público. Por ende, los invitamos y llamamos a sumarse de forma activa al movimiento de huelga intermitente impulsada y desarrollada por el sindicato APSE. ¡Ahora es el momento de defender nuestros derechos, mañana será demasiado tarde!

Por otra parte, es fundamental para el triunfo de este movimiento incorporar, de forma democrática y participativa, a todos los demás sectores sindicales (BUSSCO, Patria Justa, ANDE, SEC y otros sindicatos), así como organizaciones estudiantiles, populares y otras. Es determinante movilizar a sectores populares para fortalecer la lucha, principalmente, contra el aumento de los productos de la canasta básica, servicios básicos y no básicos. Adelante, compañeros y compañeras. ¡Vamos todos a la movilización y huelga!


Por Giovanni Beluche V.
En Costa Rica existe un plan concertado por las fuerzas políticas presentes en los tres poderes del Estado, para empobrecer a la población, eliminar derechos laborales y conquistas sociales que fueron alcanzadas mediante luchas históricas y que constituyeron la base del Estado de Bienestar a la tica que otrora caracterizó al país. Estas conquistas sociales evitaron que en décadas pasadas Costa Rica se sumiera en las guerras civiles que sufrieron todos los países de la región.
Los espacios de diálogo social han desaparecido y el Poder Ejecutivo adopta una postura cada vez más autoritaria. Basta recordar la negativa del gobierno de Carlos Alvarado, para siquiera considerar la propuesta alternativa al Plan Fiscal que presentó el Bloque Social y Sindical previo a la huelga de 2018. El Poder Ejecutivo funciona como resorte automático de las cámaras patronales y sostiene una red de cuido de los corruptos y evasores, que les garantiza una vergonzosa impunidad y hasta premia sus desaciertos con nombramientos rimbombantes en el BID y otros organismos internacionales.
En el Congreso se legisla como Robin Hood pero al revés, le quitan a los pobres y a la clase media para darle a los ricos. Basta ver el Plan Fiscal aprobado a fines de 2018, que castiga con más impuestos a la canasta básica, pero exonera a grandes corporaciones. Ni se diga la famosa amnistía tributaria, que acaba de premiar a millonarios evasores con la condonación de sus deudas al fisco, lo que constituye una verdadera burla al pueblo costarricense que cada día ve mermada su capacidad para cubrir sus necesidades básicas.
La Sala Constitucional arremete contra la autonomía de las universidades públicas, “legislando” en materia de cesantía contra lo acordado por las partes mediante convención colectiva en una de las universidades, sentando un precedente nefasto que tiende a convertir a nuestras casas de estudios superiores en instituciones manejadas al antojo del Poder Ejecutivo. Si no hacemos nada la autonomía universitaria será un detalle anecdótico para contarle a las futuras generaciones.
La locura por la privatización y empobrecimiento de las mayorías, refleja un odio de clases contra la el imaginario de la equidad social. La entrada en vigencia del Plan Fiscal en todos sus extremos implicará el cierre de micros y pequeñas empresas, que no soportarán el encarecimiento de sus costos de operación, crecerá más el desempleo y la violencia social. La demencia de la clase política en el poder es tan absurda que quieren reactivar la economía, pero deterioran la capacidad de consumo de las mayorías. Las capas medias, otrora la base de la “paz social”, ven cómo sus ingresos reales caen en picada. 
El campesinado sigue desapareciendo, la pulpería de barrio compitiendo contra gigantes como Walmart, la feria del agricultor a pagar impuestos, los pueblos indígenas sufren el despojo de sus tierras al buen estilo de la conquista española. El Estado y los diputados contemplando de forma cómplice como las personas afectadas por el nemagón se están muriendo uno a uno, etc. ¡No se auguran buenos tiempos!
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en manos de los partidos PAC, PUSC, PLN, evangélicos y otros minoritarios están dispuestos a modificar la Constitución y las leyes que sean necesarias para que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) financie a las universidades privadas (esto ya lo pidió la ULACIT). Algunas de estas empresas universitarias, dicho sea de paso, aparecen entre las grandes corporaciones que durante más de diez años han declarado cero utilidades, protegidas por la red de cuido de los gobiernos que se han turnado en el poder.
Las corporaciones del llamado cuarto poder, los grandes medios de comunicación, furibundos críticos de lo que acontece en otros países, son cómplices de las políticas de empobrecimiento. Carentes de periodismo investigativo y de objetividad, llenan las pantallas y la radio de distractores baratos, espectáculos ridículos, chinamos, fútbol de poca monta, noticieros amañados, apasionados por mostrar crímenes y accidentes fatales, como para que naturalicemos la violencia. 
Todo esto recién empieza, ahora se viene la Educación Dual, con un proyecto de ley que le regala mano de obra gratuita a las empresas, evade los derechos laborales de las y los jóvenes y les paga un estipendio desde las maltrechas finanzas del MEP. Las escuelas se caen a pedazos, pero las y los diputados pretenden que con nuestros impuestos financiemos los costos de la mano de obra de los empresarios. También se viene la ley de empleo público, con la que buscan igualar las condiciones laborales de los funcionarios estatales con las miserables remuneraciones de la mayoría del sector privado. A los pluses salariales les llaman “privilegios”, pero exonerar de impuestos a grandes corporaciones, pagar pensiones vitalicias a ex presidentes y ex diputados, condonar deudas a empresas millonarias, subsidiar con fondos públicos el asfalto a grandes consorcios constructivos no son privilegios.
Quienes detentan el poder y sus adláteres están jugando con fuego, están metiendo candela a una olla de presión que habrá de explotar por algún lado. Ojalá no nos pase como a Honduras donde ante la ausencia de futuro las familias emigran hacia lo desconocido, apenas con lo que llevan puesto. Aquí las y los diputados previenen de posibles estallidos sociales prohibiendo el derecho a huelga y algo propio de las dictaduras, vedando la huelga política. ¡Así critican a Ortega y a Maduro!
La esperanza es que el movimiento popular organizado se recomponga, que la ciudadanía que hace unos meses criticó la huelga, ahora descubra que había razón de oponerse al paquetazo fiscal, que las dirigencias sindicales promuevan la reflexión y planes de acción desde las bases, de la mano con las comunidades. Ojalá en las universidades el movimiento estudiantil recupere su independencia política y los sindicatos universitarios estén a la altura de los desafíos que implica la defensa de los derechos laborales.

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