Por José René Tamariz

La manada de neoliberales, incluyo al poder ejecutivo, el poder legislativo, las diferentes cámaras empresariales, tecnócratas de INCAE y otros centros de investigación al servicio del capital, está alborozada por la invitación girada por la OCDE a Costa Rica para ingresar a ese organismo internacional.

Muchos altos funcionarios del gobierno consideran ese ingreso como la pomada canaria para superar los graves problemas estructurales del funcionamiento del Estado y del país. Sin embargo, la realidad y los grandes desafíos y problemas ponen a prueba a las instituciones y organismos sean nacionales o internacionales. Por ejemplo, la Unión Europea (UE) se demostró inservible para ayudar a sus países miembros para enfrentar la pandemia del COVID-19, ahí están los trágicos casos de Italia y España, miembros de la UE y también de la OCDE.

Pregunta ¿Cuál ha sido la política de la OCDE para que sus miembros enfrenten de forma exitosa la enfermedad COVID-19? ¡No se conoce! ¡Se escondieron! Como diría Marx los hechos son tozudos. Más bien el manejo y enfrentamiento de esa enfermedad por parte de los países miembros de la OCDE ha sido desastrosa. El sistema de salud de Italia está destruido y, por ello, fue incapaz de atender correctamente la pandemia. El caso de Estados Unidos es peor. Entonces, los miembros destacados de la OCDE no dieron la talla para enfrentar el "desafío global" de la pandemia. Ahí están los casos de los países europeos, los Estados Unidos, así como Chile y México en Latinoamérica.

La ilusionista, parecida a las películas del mismo nombre, ministra de comercio exterior, Dyalá Jiménez, plantea que con el ingreso a la OCDE "Hacia afuera nos va a hacer un país más atractivo para invertir, un país con más renombre en los foros internacionales, un país con una voz en un foro importante, en un foro de peso, donde se discuten los desafíos más grandes de la humanidad, globales; y un país que tiene sello de calidad de ser una nación que respeta el estado de derecho, que respeta el medio ambiente, que forja políticas para el bienestar de los ciudadanos y un país muy serio". (La Nación, 16 de mayo de 2020). Y agrega, para que no haya duda, que "Y en lo interno, va a significar que el país va a ir mejorando cada vez más la manera en que funcionan las instituciones del Estado, la educación, la salud, el medio ambiente, las finanzas". (Ídem).

En América Latina los países miembros de la OCDE son Chile, Colombia y México. En Chile el sistema de salud es un desastre, así como el sistema de pensiones y otros problemas de desigualdad social, igual sucede en Colombia y México. Esos países no han mejorado en nada con su pertenencia a la OCDE.

Entonces todas esas "grandezas" enumeradas por la ministra de comercio exterior que alcanzará Costa Rica con su membresía a ese organismo internacional son fantasías que solo existen en la mente de los neoliberales. En realidad, esa institución lo que va a hacer es imponer medidas y contrarreformas para desmantelar los vestigios que aún quedan del estado social. En otras palabras, se va a profundizar ese proceso de desmantelación, por ello están alegres todos los neoliberales.

Estos tipos/as recién llegados al poder del Estado, por ejemplo, Carlos Alvarado, Pilar Garrido, Dyalá Jimenez, Geannina Dinarte y otros sujetos, se sienten que han tocado el cielo y la gloria. Sin embargo, son unos simples siervos y empleados del capital nacional y transnacional. Ellos deben obedecer, de una u otra forma, a los intereses de esos capitales, aunque intenten ocultarlo. Pobres diablos, son esclavos de sus amos nacionales y extranjeros, pero ellos creen que son los "grandes dirigentes nacionales". ¡Pura ilusión!

Por José René Tamariz

La crisis sanitaria y la crisis económica internacional, profundizada por la primera, ha sacado a luz pública y evidenciado las incapacidades de los gobiernos y el sistema capitalista e imperialista de gestionar y resolver la pandemia. Las diversas situaciones son aterradoras en las naciones desarrolladas: países europeos y los Estados Unidos, así como también en países subdesarrollados como Ecuador. Estos gobiernos y sistemas han fracasado y están en una bancarrota política, ética y moral, ya que debido sus incapacidades y previsión miles de personas están muriendo. Merecen ser echados y desaparecer.

Los sistemas de salud de esas diversas naciones han colapsado; los respiradores y otros materiales sanitarios para enfrentar la enfermedad COVID-19 son insuficientes, en algunos países, frente a esa escasez, el personal de salud usa hasta bolsas plásticas para protegerse; las morgues están llenas y no dan abasto de recepcionar los muertos; cadáveres en las casas y calles; posibilidad de enterrar cadáveres en parques como en Nueva York.

A su vez, esta enfermedad y crisis sanitaria ha provocado la quiebra masiva y generalizada de miles de empresas. Lo anterior, ha generado millones de trabajadores desempleados y, a su vez, el aumento de la pobreza y desigualdad y con ellas, millones de personas no cuentan con los ingresos mínimos o básicos para comer y alimentarse.

Por otra parte, en medio de la pandemia y la grave crisis sanitaria, se ha demostrado que el sector privado y la privatización de sectores claves de la economía y de servicios estratégicos no son opciones. Que más bien es urgente renacionalizar la producción de medicamentos y farmacias, hospitales, clínicas, equipos médicos y sanitario, así como la producción y distribución de alimentos y otros sectores productivos y de servicios. Esto nos recuerda y llama a luchar con más fuerzas, ahora y pasada la pandemia, por una sociedad socialista. El sistema capitalista e imperialista solo sirve para gestionar guerras injustas, pero no crisis sanitaria, ni económica y social.

Gravedad de la situación

Sin duda alguna, el panorama y situación es aún más grave. Esta crisis sanitaria y depresión económica planetaria es inédita en la historia del capitalismo mundial y de la humanidad.

Es una parálisis de la producción de bienes y servicios a escala mundial; un confinamiento de la población histórico nunca antes visto en el mundo; una detención de las cadenas de producción mundial; una especie de desglobalizacion impuesta por la peste covid-19; una crisis de la institucionalidad capitalista e imperialista; el juez y policía mundial, el imperialismo yanqui, está arrodillado por el SARS Cov2, ya que no tiene ni siquiera la capacidad de salvar a su población, mucho menos de salvar a sus siervos, los gobiernos cipayos de los países subdesarrollados; la institucionalidad de la ficticia Unión Europea ha demostrado que es una quimera, ha sido incapaz de ayudar a los países miembros colapsado por la peste, ahí están los casos patéticos de Italia y España, es un sálvese quien pueda.

¿Cómo combatir la crisis en Costa Rica?

La Contraloría General de la República, órgano auxiliar de la jauría neoliberal de la Asamblea Legislativa, de forma oportunista, aprovechándose de la crisis sanitaria y económica, plantea que "Si bien este financiamiento que ya estaba programado gestionar para el 2020 constituye un alivio temporal en el tema del financiamiento, sigue siendo necesario realizar un ajuste estructural para lograr alcanzar un equilibrio en la operación del Gobierno". (La Nación, 9 de abril de 2020). No se vale, ni se debe permitir utilizar la enfermedad del covid-19, la muerte de algunas personas, el desempleo de miles de trabajadores, así como la reducción de los salarios de otros miles y el hambre de muchos miles, para meter de contrabando un "ajuste estructural" del Estado y de la economía.

En Costa Rica existe sectores poderosos y ricos que deben financiar esta emergencia sanitaria y crisis económica, no se debe recargar sobre los sectores laborales y populares semejantes cargas. Veamos las fuentes de financiamiento fresco de donde se pueden obtener recursos financieros suficientes para esos fines.

1. Según la CEPAL, "Costa Rica no dispone de investigaciones que analicen cómo la inclusión de la riqueza de los grupos más adinerados dentro de las estadísticas aumenta aún más los niveles de desigualdad de la sociedad. No obstante, lo anterior, el estudio The World Ultra Wealth Report 2013, publicado por la firma Wealth X, de Singapur, brinda pistas al respecto. En el documento se menciona que el país pasó de tener 85 personas que concentran un capital de más de 30 millones de dólares en 2012 a 100 en 2013. Juntas, esas personas acumulan 14.000 millones de dólares, una tercera parte del PIB de Costa Rica, calculado en 45.000 millones de dólares (Wealth X, 2013)". (Cepal: El enfoque de brechas estructurales. Análisis del caso de Costa Rica. Chile, Santiago, 2016). A semejantes riquezas, el gobierno le podría imponer un impuesto del 20% y obtener la cantidad de $2.400 millones de dólares.

2. Suspender de inmediato las masivas y gigantescas exoneraciones fiscales de las zonas francas que rondan los $600 millones de dólares anuales.

3. Gravar con un impuesto adicional a la renta a las empresas ganadoras de la crisis sanitaria y económica. Son muchas. Entre esas empresas podemos citar las siguientes: Cadenas de supermercados Walmart (Walmart, Más x Menos, Maxi pali y Pali) son el sector privilegiado de aumento de sus ganancias; cadena de supermercados Peri mercado, Súper Compro y Sareto); cadena de supermercados Automercados, supermercados Vindi; cadena de supermercados Mega super; todas de supermercados de chinos (súper fácil y otros); cadenas de farmacias (Fischel y la Bomba, cadena de farmacias de Walmart, farmacia Farm Value, farmacias Sucre y otras); empresas de alimentos y bebidas; empresas de bebidas alcohólicas; empresas de producción de productos de higiene personal y del hogar; clínicas y hospitales privados; las grandes empresas de contribuyentes y las grandes empresas territoriales.

4. Imponer una moratoria temporal del pago del capital e intereses de la deuda interna y externa. Este año se deben pagar por ambos conceptos la cantidad de 2 billones de colones. El 78,2% de esa deuda es interna y el 21,8% es deuda externa.

5) Reducir los salarios altísimos de todos los altos funcionarios del gobierno para que ese dinero sea utilizado para el fondo de ayuda a los trabajadores que fueron suspendidos y reducido sus jornadas y sus salarios.

¿Es Viable la Educación virtual o a Distancia en el MEP?

El Ministerio de Educación Pública (MEP) desde el 17 de marzo suspendió las lecciones en todo el sistema educativo, enviando a todo su personal al confinamiento por la pandemia, evitando de esa forma la propagación masiva del contagio en los centros de educativos. El MEP está impulsado actualmente un proceso de capacitación virtual para los docentes, la cual se pretende se replique mediante la educación a distancia o virtual con los estudiantes. Sin embargo, este proceso para el cual no estaba preparado el MEP ha tenido un conjunto de problemas. Veamos.

Frente a ese proceso, existen muchos compañeros/as dentro del MEP que no han podido ingresar a la plataforma para acceder a dicha capacitaciones. La plataforma colapsó ya que eran miles de personas que querían ingresar. Por otra parte, el MEP daba unas informaciones y otras informaciones que, muchas veces, eran contradictorias entre sí. informaciones.

Por otra parte, frente a la pregunta de una periodista el director regional de InspirED, Michael Parrales, especialista en tecnología con más de 15 años de experiencia en educación señaló lo siguiente:

"¿Cuán preparado está el sistema educativo costarricense para implementar una educación en línea, en medio de esta emergencia?

-Los tres puntos fundamentales para determinar si un país está preparado para implementar una educación en línea son: docentes y directores sumamente capacitados para llevar adelante de forma óptima la educación en este formato, currículo adaptable a la educación en línea y acceso a recursos tecnológicos como dispositivos e Internet". (La Nación, 13 de abril de 2020).

Sin duda alguna, el MEP no cuenta con los "tres puntos fundamentales" para hacer posible la educación en línea. Sencillamente porque nunca se preparó para realizar e implementar ese tipo de formato educativo. Es evidente que no cuenta ni con educadores ni directores "sumamente capacitados". Por otra parte, el currículo del MEP no es "adaptable" a la educación en línea. Habría que hacer una profunda reforma en el currículo para adaptarlo al formato virtual. De último, miles de estudiantes no tienen acceso a dispositivos (teléfono inteligente, tabletas y computadoras de última generación), así como a conexión a internet de fibra óptica, la cual es la más rápida y eficiente.

Los cursos de capacitación que el MEP pretende realizar entre sus miles de educadores es un paliativo que no resuelve el problema de fondo. Las fallas en su implementación en la semana del 13 al 17 de abril han sido manifiestas y contundentes. Demuestran que estas cuestiones fundamentales de ciencia y tecnología no se pueden improvisar en unos días. Se requiere de años para su preparación y ejecución.

En cuanto a la educación a distancia a la cual también aspira el MEP implementar en esta emergencia no se puede improvisar. Según el rector de la UNED para poder realizar esa modalidad de educación se requiere de dos aspectos fundamentales: educadores formados y entrenados en ese tipo de educación y contar con una infraestructura tecnológica que la haga posibles. Además de los recursos tecnológicos y conexión a internet por parte de los estudiantes.

Entonces, ¿qué hacer? Personalmente considero que el MEP hacia el futuro debe desarrollar un proceso intensivo de capacitación en educación virtual a docentes y directores. Ese debe ser un proceso permanente.

Asimismo, debe dotar a los docentes de computadoras de última generación para que no tengan problemas de descargas y funcionamiento en el proceso educativo.

Solicitar al ICE que los docentes tengan prioridad para que, en sus hogares, se le instale conexión a internet, vía fibra óptica. Asimismo, se debe proveer a los colegios y escuelas de conexión a internet rápida para entrenar a estudiantes en su uso.

Proceder a hacer una reforma curricular para adaptar el currículo a las diversas modalidades educativas: presencial, a distancia y virtual. Es obvio, que eso requiere de tiempo y no de improvisación.

Por José René Tamariz

La peste del COVID-19 en todo el mundo ha provocado modificaciones en la vida cotidiana y en general de las personas. A su vez, esta enfermedad pandémica está conllevando a una profunda recesión económica mundial tanto por el lado de la oferta como de la demanda de productos y servicios. Prácticamente se ha iniciado una quiebra del capitalismo e imperialismo mundial.

En Costa Rica, los efectos y consecuencias en el terreno económico, laboral y salud comienzan a sentirse de forma durísima. Costa Rica ha entrado en crisis económica. Cientos de empresas están cerrando operaciones y enviando al desempleo a miles trabajadores. Asimismo, se ha aprobado en la Asamblea Legislativa un proyecto anti obrero que permite reducir la jornada laboral y, por ende, de disminuir los salarios desde un 50% hasta un 75%. En pocas palabras, la crisis económica generada por la enfermedad COVID-19, el gobierno en contubernio con los diputados neoliberales y los capitalistas, la están descargando y haciendo pagar a los trabajadores.

Por tanto, se necesita un plan alternativo frente a esta situación e invertir los padecimientos de las consecuencias de esa pandemia.

En primer lugar, para enfrentar la emergencia y enfermedad del COVID-19, el ministerio de salud y la CCSS, deben asumir el control y administración de todas las clínicas y hospitales privados (CIMA, Hospital Católica, Clínica Bíblica y otros) para poner todas esas infraestructuras al servicio de atender la emergencia y los enfermos del COVID-19.

En segundo lugar, las empresas que cierren deben de pagarles los salarios completos a sus trabajadores para afrontar pagos y compra de alimentos. Los patronos deben financiar esos pagos de sus ganancias acumuladas. Ahora, si es una pequeña empresa que no puede pagar, entonces el INS o el gobierno deben de pagarles a los trabajadores un seguro de desempleo que sea equivalente a sus salarios. Si los empresarios se niegan, los trabajadores deben asumir, de facto, el control obrero de esas empresas.

En tercer lugar, dado que, producto de la emergencia y enfermedad COVID-19, la población está, principalmente, abasteciéndose de alimentos y productos de higiene el Estado, a través del CNP, debe asumir el control de la distribución y venta, a bajos precios, de todos los alimentos y productos de higiene. Las personas o familias que no puedan comprar, por desempleo o cierre de empresas, informalidad u otras causas el Estado debe proveerles de forma gratuita de esos bienes.

En cuarto lugar, las farmacias que también especulan con los precios de las medicinas deben ser controladas. Se les debe exigir, de inmediato, bajar los precios. Si no acatan la disposición dichas farmacias deben pasar al control del ministerio de salud y la CCSS para su distribución y venta a bajo costo.

En quinto lugar, a todos los diputados se les debe reducir sus dietas en un 75%, igual se debe hacer con los miembros de las juntas de los bancos y otras instituciones públicas descentralizadas, también a todos los gerentes, magistrados y demás jerarcas que tengan salarios jugosos y esos dineros deben utilizarse para financiar a los desempleados con salarios y comida.

En sexto lugar, para enfrentar de una mejor manera y con recursos financieros la crisis provocada por la enfermedad del COVID-19, el gobierno debe decretar una moratoria del pago, tanto del capital como de los intereses, de la deuda interna y externa. También se deben eliminar las gigantescas exoneraciones que tienen las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas.

En séptimo lugar, considerando que esta crisis económica está golpeando a unos sectores económicos y de trabajadores (hoteles, restaurantes, bares, turismo y otros), mientras que otros se están enriqueciendo aún más (supermercados, farmacias y otras), por tanto, se les debe imponer un aumento en la tasa de los impuestos de la renta a esas empresas que son las ganadoras de la crisis y emergencia nacional. Todos esos dineros recaudados y obtenidos de estas medidas deben ser utilizados para financiar a todos los desempleados y demás sectores empobrecidos

De último, la población debe organizarse en sus comunidades, tomando todas las medidas de salud correspondientes, haciendo reuniones con mascarillas y otros productos de higiene, pero para ejecutar estas medidas. Debemos pararles las manos a los desenfrenados diputados neoliberales, al gobierno de Carlos Alvarado y a los empresarios que aprueben, a su gusto y antojos, leyes contra los trabajadores.

¡QUE LA CAJA DE ANDE NO COBRE LAS CUOTAS DE LOS PRESTAMOS EL TIEMPO QUE DURE LA EMERGENCIA DEL COVID-19!

Las ganancias de caja de ANDE del año 2019 fueron de 70.930 millones de colones, mientras que las ganancias del Banco Nacional y Banco de Costa Rica juntos ascendieron 60.776 millones de colones. A su vez, en ese mismo año las ganancias del BAC, el mayor y principal banco privado, fueron de 56.038 millones de colones. Es inaudito que el BAC, principal banco privado, posponga el pago por dos meses, sin pago de intereses, a sus clientes de crédito personal, hipotecarios, tarjetahabiente y otros, mientras los directivos de caja de ANDE, representantes de las organizaciones sindicales (ANDE, APSE y SEC) se hacen los ciegos, sordos y rusos frente a sus "accionistas" y NO toman medidas para aliviar la situación de sus “accionistas”. Actualmente, miles de trabajadores de la educación los necesitan porque el MEP no está pagando los recargos de lecciones interinas y las lecciones de planeamiento. A miles de trabajadores de la educación se les está pagando mal o no se les está pagando.

Los accionistas debemos pedir la destitución inmediata de esos directivos por incapaces e insensibles con los problemas provocados por la pandemia. No representan a los accionistas. Para que sirven semejantes ganancias de caja de ANDE que, por arriba de todos los bancos del Estado juntos y del mayor privado, es de los "accionistas", si no sirven para rebajar las cargas en esta situación grave de la enfermedad del COVID-19.

VILLALTA VOTÓ A FAVOR DEL PROYECTO ANTIOBRERO DEL GOBIERNO DE REDUCIR LOS SALARIOS DESDE UN 50% HASTA UN  75%

El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó el 21 de marzo, la anti obrera ley que autoriza reducir las jornadas de trabajo y, por ende, se reducirán los salarios desde un 50% hasta un 75%.   

Sin embargo, lo más grave del proceso de aprobación de esa nefasta ley es que el diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, que se reclama de “izquierda y socialista”, haya votado a favor de esa pérfida ley contra los trabajadores. A Villalta le ha hecho mucho daño no trabajar y estar en esa chanchera llamada Congreso. Su política y votación lo ubica al lado del enemigo de los trabajadores: los capitalistas. El Frente Amplio merece desaparecer.

¿Cómo irán hacer los trabajadores si se le reducen sus salarios hasta un 75% con la aprobación de esa nefasta ley de flexibilización laboral para pagar sus facturas de agua, luz, Internet, alquileres de casas, compra de alimentos y los productos de higiene que se han incrementado con la emergencia?

Sencillamente, esa ley del gobierno de Carlos Alvarado es anti obrero y hambreador, envía a la miseria, hambre e indigencia a miles de trabajadores y sus familias. Por tanto, las organizaciones sindicales del sector privado y público deben unirse para oponerse y exitir que esa nefasta ley, aprobada vía exprés, se aplique. La crisis producida por la pandemia del COVID-19 debe ser financiada y pagada por los empresarios con sus ganancias acumuladas, así como por el gobierno dando un seguro de desempleo. 

¿Vienen huelgas?

Los 35 diputados neoliberales que votaron y aprobaron, en segundo debate, la ley antihuelga y antisindical, se rieron de oreja a oreja porque creyeron que con esa prohibición mataron la realización de las huelgas en Costa Rica. Sin embargo, en este caso se aplica el adagio popular que dice "El que ríe de último ríe mejor".

Es bien conocido que en Costa Rica la mayoría, casi absoluta de las huelgas, fueron y han sido ilegales y prohibidas. Solo algunas huelgas contadas con los dedos de las manos fueron legales. Es más, algunas fueron legales contra la reforma procesal laboral (RPL). Entonces, en cierto modo, la historia y regresividad de las leyes sobre las huelgas han retrocedido y dado un salto hacia atrás. La rueda de la historia retrocedió.

Con la aprobación de esa ley antihuelga y antisindical se ha producido un retroceso y golpe a la democracia. El giro antidemocrático de los partidos políticos neoliberales es profundo ya que, mediante la prohibición de las huelgas, pretenden impedir las protestas sociales contra sus proyectos neoliberales (reformas de los regímenes de pensiones, reformas al empleo público y otros).

Sin embargo, ni las más feroces dictaduras militares en el mundo han impedido con la represión y muertes las huelgas y protestas sociales, mucho menos una ley antidemocrática. De fondo y contenido, los neoliberales están conduciendo a los trabajadores y la población a la utilización de métodos de lucha más directos, fuertes y violentos. De ahí que lo que para ellos es ahora risa y victoria, se les va a convertir en llanto y derrota.

Con la pandemia del coronavirus, se abre un nuevo periodo histórico en el país para el movimiento sindical y obrero, veremos huelga en muchos sectores por la defensa del empleo y el salario..

Por José René Tamariz

La publicación del decreto sobre la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) el día 17 de febrero produjo un gran escandalo político que ha abierto una crisis institucional de grandes dimensiones del gobierno de Carlos Alvarado. Ese decreto fue firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el exministro de la presidencia, Víctor Morales y Luis Daniel Soto, viceministro de planificación. Dicho decreto constituía una violación a la confidencialidad de las personas, ya que planteaba que esa Unidad podía acceder a “información de carácter confidencial con que cuenten las instituciones públicas”. Esa posible invasión a la privacidad de los ciudadanos encendió una fuerte denuncia y repudio generalizado contra el gobierno de Alvarado por parte de todos los sectores sociales y políticos. Fue tan fuerte y grande el escandalo que el gobierno tuvo que correr a derogar el decreto el 21 de febrero. A su vez, esa crisis política abierta ha conducido a la renuncia y caída del ministro de la presidencia, Víctor Morales, viceministros y otros altos funcionarios del gobierno.

La situación se ha tornado cada vez más grave, al grado tal que el día viernes 28 de febrero a las 8 de la mañana 45 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), junto con la fiscala general, Emilia Navas y cinco magistrados de la Sala tercera allanaron casa presidencial, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y 4 casas de habitación de algunos imputados en la investigación del caso UPAD. La fiscalía general decomisó computadoras y teléfonos celulares al presidente y demás funcionarios involucrados en dicho caso.

Según declaraciones de los funcionarios imputados, tanto a la prensa como en la comparecencia en la Asamblea Legislativa, nunca los analistas y técnico de esa extinta unidad tuvieron acceso a escuchas telefónicas, mensajería, tarjetas de créditos y otros datos confidenciales. Sin embargo, el decreto estaba redactado de forma tal que esos analistas podían acceder a información confidencial de las personas. Por otra parte, desde antes de la publicación del decreto de creación formal, la UPAD trabajaba de forma secreta y encubierta. Lo más probable es que la UPAD estuviera trabajando de forma coordinada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), organismo que por mucho tiempo ha actuado como una policía política. El rol de espionaje político de la UPAD quedó demostrado cuando identificaron, cruzando diversas fuentes de datos, a los docentes que salieron del país durante la huelga contra el combo fiscal del año 2018, lo cual provocó el despido de varios educadores.

Por otra parte, el exministro de la presidencia, Víctor Morales, en su comparecencia al plenario de la Asamblea Legislativa declaró que “De mi parte hubo una omisión de lectura, pausada y reposada. Si lo hubiera hecho no estaríamos en la discusión en que estamos, porque yo habría advertido sobre las eventuales interpretaciones”. En apariencia, lo mismo le pasó al presidente de la República y el viceministro de planificación. De esas declaraciones, de ser ciertas, de los firmantes de ese fatídico decreto se podrían inferir dos graves problemas, por un lado, pone en evidencia que, en casa presidencial, los decretos o leyes que se firman no son bien leídos o no saben leer y se firman sin sopesar las consecuencias de los mismos o, por el otro, de que si se tenía claridad de lo que se firmaba y ahora, de forma cínica, se trata de justificar diciendo que no se leyó bien el decreto.

Para hacerle frente a la crisis política e institucional que se abrió con el escándalo del caso UPAD, el presidente de la República, Carlos Alvarado, se ha lanzado a los brazos de los mas rancios personajes del neoliberalismo bipartidista del PLN y PUSC para que lo saquen de esa grave crisis. Prácticamente, Alvarado está entregando totalmente el gobierno a las mafias de esos partidos, responsables de la gran deuda pública, el gigantesco déficit fiscal y otros graves problemas estructurales que enfrenta el país. Nombró al actual ministro de obras públicas y transportes, Rodolfo Méndez Mata, miembro destacado del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), como coordinador de una comisión encargada de elaborar un plan para “fortalecer la gobernanza de casa presidencial”. Por su parte, Rodolfo Méndez, declaró recientemente que, para elaborar ese plan de gobernanza y de reordenamiento de casa presidencial, va a consultar a los exministros de la presidencia del PLN y PUSC, Rodrigo Arias y Rolando Laclé, respectivamente. En pocas palabras, serán estos personajes neoliberales del viejo y podrido bipartidismo los que plantearán la forma de “reordenar” el funcionamiento de casa presidencial, así como trazar los lineamientos de como “fortalecer la gobernanza”. Es el acabose del gobierno del PAC.

Toda esta situación demuestra de forma clara y categórica que Carlos Alvarado no estaba -ni está- capacitado para gobernar. Por otro lado, también refleja la decadencia e incapacidad del Partido Acción Ciudadana (PAC) para “corregir” los graves errores de dirección de su gobierno.  Rodolfo Laclé, que ayudará a Méndez diseñar el plan de la forma en como debe gobernar Carlos Alvarado, declaró que “Mi posición es que el gobierno debe de hacer una reorganización importante. Yo creo que este gobierno tuvo éxito cuando comenzó con un gobierno de unidad nacional, algo que se ha ido perdiendo, pero debería de volverse a pensar en esa posibilidad”. (La Nación, 8 de marzo). Según esas declaraciones de Laclé, la reorganización de casa presidencial debe pasar, entre otras medidas no anunciadas, por incluir a más personajes y figuras de los mafiosos partidos, PLN y PUSC. En otras palabras, fortalecer el cogobierno entre el PC-PLN-PUSC.

De últimos es importante señalar y destacar que no existen disculpas ni justificaciones para que renuncien algunos ministros, viceministros y altos funcionarios del gobierno, mientras el principal responsable, Carlos Alvarado, de firmar ese decreto de espionaje e invasor de la privacidad de los ciudadanos no pague por sus graves errores y torpeza política, si es que existen, tales errores y torpeza. De lo anterior, se desprende la exigencia de demandar la renuncia inmediata de Carlos Alvarado y de su gobierno. Esa demanda se hace más urgente, además, por todo el desastre ocasionado por este gobierno hacia las personas: galopante y masivo desempleo, aumento exagerado de la informalidad, mayor encarecimiento de las medicinas, servicios públicos y bienes de consumo. También por haber aumentado la deuda pública, incremento del déficit fiscal y el débil crecimiento económico.

Tasa de Usura, Tasa Activa y Pasiva, Secreto Bancario y Otros Robos del Capital

Al final, la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios dictaminó el denominado proyecto de usura que establece una tasa de interés en colones del 39% anual y de 31.35% en dólares, o sea, una tasa mensual del 3.25% y 2.61% respectivamente. A su vez, esa tasa máxima de interés en colones quedó diferenciada: un 55% para microcréditos que no superen los 675.000 colones porque son, supuestamente, más riesgosa.

El capital financiero terminó imponiendo los límites de las tasas de interés. Esas tasas de intereses son cercanas a las ya existentes en los bancos. Por ejemplo, el BAC cobra una tasa de interés anual para tarjetas de crédito del 44%, es decir un 3.7% mensual. A su vez, la tasa de interés del 55% para los microcréditos, prácticamente, constituye un robo descarado para los sectores que quieren acceder a esos tipos de créditos

Por otro lado, ¿cómo se determinó de forma "técnica" esos límites? Pues con una metodología jalada de los pelos y maniobras para robar a la ciudadanía.

Tomaron la actual tasa de interés activa promedio ponderada del 13.2 más un número diferenciador denominado "spread" que es del 12.8 para los créditos generales y de 13.8 para microcréditos. Luego, a ese antojadizo "spread" del 12.8 se le suma la tasa de interés activa del 13.2, produciendo un total de 26 que después se multiplica por 1.5 lo cual arroja un total de 39%. Por puras maniobras de garroteras, sale por arte del robo dicha tasa de usura.

Ahora, veamos el comportamiento gansteril y usurero del capital financiero. Disminuyeron el 20 de febrero la tasa de interés pasiva del 6.65% al 4.95%, pero mantienen igual la tasa de interés activa en 13.2%. Es decir, existe una diferencia de 8.25%. Así, de forma fácil le pagan menos a los ahorrantes, mientras mantienen la misma tasa de interés utilizando el dinero de esos ahorrantes para seguir cobrando los mismos intereses. Doble ganancias: pagan menos intereses a los ahorrantes y siguen igual con sus garroterras a sus deudores.

Además, mantienen igual esa tasa de interés porque disminuirla le reduce sus exorbitantes ganancias, también le habría producido un menor límite de la tasa de intereses con el nuevo proyecto. Todas esas triquiñuelas suceden a pesar de que el Banco Central ha disminuido una y otra vez sus tasas de políticas monetarias y el encaje bancario del 15% al 12% lo cual le liberó al capital financiero, aproximadamente, unos 380.000 millones de colones. En pocas palabras, el capital recibe concesiones y hace lo que quiere en este país y no pasa nada.

De último, dado que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, se atrevió a plantear el levantamiento del sacrosanto "secreto bancario" para combatir la evasión fiscal, los capitalistas en general han lanzado una furibunda campaña contra ese planteamiento, llegando al extremo de decir que eso va contra la reactivación económica, la inversión extranjera y otros demonios creados por la mente perversas de usureros y explotadores. En el fondo y contenido, los diversos sectores de capitalistas están en contra de combatir la evasión y elusión fiscal, ya que todos ellos, aunque se declaren "honestos" , son evasores y defraudadores fiscales.