Por  José René Tamariz

El gobierno de Carlos Alvarado en su desesperación para conseguir financiamiento ha recurrido al Fondo Monetario Internacional (FMI). Dentro de los diferentes organismos financieros internacionales, el FMI es lo peor fuente para financiarse, ya que impone condiciones leoninas para otorgar préstamos. El gobierno solicito a ese organismo un primer crédito por $508 millones mediante el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y, posteriormente, está pidiendo un préstamo stand-by hasta por $2.250 millones que se otorgarían, por partes, en el curso de tres años.

Según el ex ministro de hacienda, Rodrigo Chaves “El ajuste va a ser más fuerte ahora, a qué plazos se logre la sostenibilidad de la deuda, si al 2030 o 2025, eso se puede discutir con el Fondo, pero el ajuste va ser fuerte, sino no nos podrán prestar”. (La Nación, 20 de junio de 2020). En realidad, el ajuste salvaje propuesto por el FMI constituye un “combo de ajuste estructural” (CAE) que hundirá en mayor miseria a muchos sectores y en pobreza a nuevos sectores como a los trabajadores del sector público. Veamos la combinación de medidas que propone el FMI.

• Tasas impositivas a consumo más altas. Por ejemplo, pasar el IVA del 13% al 15%.
• Impuestos especiales sobre la gasolina y diésel.
• Impuestos ambientales. No especifican.
• Impuestos a la propiedad. No especifican
• Reducción de los salarios mediante el congelamiento de los aumentos salariales en el sector público o un recorte nominal en los salarios de las escalas más altas. Recorte nominal significa rebajar esos salarios.
• Rápida reforma al servicio civil porque éste tiene un peso del 35% en el gasto público. En otras palabras, lo anterior podría conllevar no solo a la reducción de los salarios, sino también a eventuales despidos en el sector público.
• Venta de activos del Estado. Aquí no solo sería el planteamiento de vender FANAL y BICSA, sino vender empresas de peso como el ICE, el BCR y el INS.
• Cumplimiento estricto de la regla fiscal

El gobierno de Carlos Alvarado ha venido mintiendo constantemente a la ciudadanía sobre los eventuales préstamos que le otorgaría el FMI. Primero dijo que ese organismo no impondría condiciones, sino que eran “metas”, lo cual era absolutamente falso. Después emitió un decreto congelando los salarios de los trabajadores del sector público por cuatro años en supuesta “solidaridad” de los empleados públicos hacia los trabajadores que habían perdido sus trabajos, suspendidos temporalmente de sus puestos laborales o con jornadas reducidas. Sin embargo, eso era una mentira ya que, sin que el FMI, le otorgara los créditos, estaba cumpliendo uno de los puntos exigidos por el FMI para darle los préstamos. Asimismo, la última versión del proyecto de ley de empleo público va en la dirección de cumplir uno de los dictados de ese organismo de realizar una reforma rápida y profunda del régimen de servicio civil porque este consume el 35% del gasto público.

Por otra parte, es importante destacar que, pese a la disminución de los precios internacionales del petróleo, el gobierno envío un proyecto de ley que aprobó la Asamblea Legislativa para mantener intacto y aumentar el impuesto a los precios de la gasolina para financiar, por solidaridad, el bono proteger para miles de personas afectadas por la pandemia. No obstante, lo anterior, ahora sabemos que esa reforma de ley va en la dirección de las medidas que el FMI ha exigido para prestar los millones de dólares. En otras palabras, este gobierno no tiene ninguna “originalidad”, sino que hace y promueve proyectos ley en función de las exigencias que le ha hecho ese organismo internacional, así como también emite decretos en cumplimiento del mandato del FMI.

De otro lado, la eventual venta de las más grandes empresas del Estado y del país (ICE, INS y BCR), tanto por patrimonio y ganancias, aprovechándose de la situación de crisis sanitaria, constituiría la más alta traición a los intereses nacionales. Es como vender las gallinas de los huevos de oro. Eso conllevaría al encarecimiento de varios servicios públicos, así como la pérdida de millones de recursos para las arcas del Estado. Eso no se debe permitir jamás.

El encuentro sindical del 25 de junio que están impulsando diversas organizaciones sindicales deben discutir y votar un plan de lucha en contra del “combo de ajuste estructural” del FMI, así como contra todas las medidas anti obreras y antipopulares que impulsa e implementa el gobierno de Carlos Alvarado y los neoliberales de la Asamblea Legislativa. Ese plan de acción debe impulsar movilizaciones callejeras, tomando en cuenta el distanciamiento social y el uso de mascarillas, y concluir en una huelga general que impida la aplicación del ajuste salvaje del FMI y del gobierno de Alvarado en contra de los trabajadores, sectores populares y clases medias. ¡No al Combo de Ajuste Estructural del FMI y del Gobierno de Alvarado!

Por José René Tamariz

La producción y cosecha de la producción agrícola y ganadera en Costa Rica es totalmente dependiente de la mano de obra migrante, principalmente, nicaragüense y, secundariamente, panameña en cuanto al café.  Igual sucede en el sector de la construcción.

Debemos ser claros. Si no hay oferta no hay demanda. En los sectores productivos agropecuarios y de construcción se aplican las leyes del mercado las cuales les encantan a los empresarios, neoliberales y gobierno. Sin embargo, son unos tipos con doble moral. Cuando la situación se les complica por la covid 19, San Carlos, comienzan a echarle la culpa a los migrantes ilegales, al ministerio de salud, a la policía y otros entes.

No se puede andar con medias tintas. Los empresarios agropecuarios les encanta contratar a migrantes ilegales porque pagan salarios más bajos y cero cargas sociales. Entonces, su plusvalía por la explotación de esa mano de obra se duplica o triplica. Veamos algunos datos que sirven para aclarar todas las manifestaciones xenofobicas.

En San Carlos, epicentro de la pandemia de la covid 19, las cinco principales actividades agrícolas son: ganadería, piña, yuca, naranja y caña de azúcar.

La actividad ganadera de producción de leche y de carne utiliza 224.398 hectáreas en el año 2020. La producción de piña era de 521,2 hectáreas en el año 1984, pasó a 10.448,8 hectáreas en el año 2014 y saltó a 17.862 hectáreas en el 2020; la producción de yuca, fue de 1.356,3 hectáreas en el año 1984, aumentó a 3.671,6 en el año 2014 y se incrementó a 10.290 hectáreas en el año 2020; la producción de caña de azúcar, era de 4.020,6 hectáreas en el año 1984, se incrementó a 5.849,4 hectáreas y pasó a 7.936 hectáreas. La producción de naranja se ubica en cuarto lugar en el año 2020 con 9.635 hectáreas. No obtuve datos de otros años.

¿Quiénes realizan el proceso de la producción de esas cinco principales cosechas agrícolas de san Carlos? Entre el 60% y 80% de la mano de obra es nicaragüense. Los empresarios y la escoria de intermediarios están acostumbrados a contratar mano de obra semi esclava para el proceso de la producción de esas cosechas. No existe mano de obra nacional que trabaje en esas labores. En la producción y explotación de esas producciones agrícolas existen empresarios nacionales y transnacionales y la mafia de los intermediarios involucrados. Esas actividades productivas generan miles de millones de dólares. Si no se realizan, sencillamente habría una bancarrota económica y social en toda la zona norte.

La producción de piña es una actividad que se realiza todo el año; la ganadera igual; la yuca está actualmente en plena cosecha; la naranja y caña de azúcar se realizan en otra época (noviembre a marzo).

Veamos otro ejemplo que clarifica otra situación. La cosecha de cafe requiere de 74.000 recolectores. Apenas se han inscrito unos 485 nacionales para esa actividad. Normalmente, esa recolección la realizan indígenas panameños y nicaragüenses. Si ellos no lo hacen se perdería miles de millones de dólares. Estas situaciones normales se han complicado con la crisis sanitaria y se han comenzado a visibilizar las condiciones de existencia en que tienen sumidos los empresarios e intermediarios a grandes contingentes de trabajadores semiesclavos. La solución a toda esa infamia es que los patrones garanticen las condiciones salariales básicas de existencia y el Estado brinde los servicios básicos de salud, agua potable, electricidad y acceso a una vivienda digna a esa gran masa de trabajadores que sostienen la economía fundamental de las zonas agrícolas.

Medidas ilegales y arbitrarias contra los trabajadores

La Procuraduría General de la República (PGR), representante legal del Estado, le ordenó al gobierno de Alvarado que deberá pagar el reajuste salarial del año 2020. Esto deberá hacerlo, aunque sea en el año 2021. ¿Por qué? Porque las medidas arbitrarias e ilegales tomadas por Carlos Alvarado y su equipo de "asesores" son rayana de la estupidez e ignorancia del orden legal. Todo bajo el pretexto de la pandemia. Veamos las perlas de la estupidez.

El año pasado Alvarado firmó un decreto otorgando un miserable reajuste salarial de 7.500 colones para los profesionales y de 9.000 colones para los no profesionales. Sin embargo, recientemente, en medio de la pandemia, Carlos Alvarado, volvió a firmar otro decreto que suspendía o eliminaba el pago de ese reajuste salarial. Entonces, la PGR le dice a Carlos Alvarado que no puede emitir un decreto sobre otro decreto alrededor del reajuste salarial. Que para hacer eso, primero debía hacer un decreto que derogue el primer decreto del alza salarial y, después, emitir el otro.

Además, ya ese reajuste salarial según la PGR se ha convertido en un "patrimonio de cada funcionario público" y, por ende, no puede ser expropiado o robado, más exactamente. Entonces, nos encontramos frente a un gobierno que actúa violentando las normas legales que hasta su propio abogado tiene que corregirle. En otras palabras, realiza actos ilegales y arbitrarios contra los trabajadores del sector público.

Pero el asunto no para allí. Ahora, el flamante y rastrero ministro de la hacienda, Elián Villegas, le solicita a la PGR que "reconsidere" y cambie su pronunciamiento. En otras palabras, le sugiere a la PGR que violente el estado de derecho. ¡Habrase visto hasta dónde llega este gobierno violador del estado de derecho!

Y la dirigencia sindical de APSE y su séquito de abogados encabezados por Ileana Vega ¿Que hicieron frente a esa arbitrariedad del gobierno? Decir que estaban en "contra". Nada más. ¡Nada de luchar e incluso de dar la pelea “legal”, pero es obvio que son una versión parecida al gobierno!

Por José René Tamariz.

Sin duda alguna, debido a la gran cantidad de casos diarios detectados de la covid 19, la zona norte se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Costa Rica. Los responsables del manejo de la pandemia todavía no se han atrevido a afirmar de que haya transmisión comunitaria en la zona norte. Han señalado que esa situación se acerca a ese tipo de transmisión. Sin embargo, dados los brotes más grandes de contagios y transmisión en esa zona es para determinar que, por lo menos, esa zona se encuentra en fase 4 de la pandemia.

Ahora, es necesario e importante destacar que la zona norte se ha convertido en epicentro y foco de transmisión comunitaria debido a las condiciones de trabajo que existen en las empresas empacadoras, plantaciones agrícolas de piña, yuca y otras, así como la pobreza, gente sin seguro social, sin electricidad y sin agua. En fin, condiciones materiales deplorables e insalubres que facilitaron la transmisión rápida, grande y comunitaria del virus SARS CoV2.

Por otro lado, para dejar claro si esa situación se debe  o no a la población migrante nicaragüense citó a la doctora Guiselle Guzmán Saborío, jefa del área de salud colectiva de la CCSS que señaló "Encontramos gente de Peñas Blancas de San Ramón con mucha relación con Cariari, en Pococí de Limon, porque van de un lugar a otro. Aquí el tema no es de nacionalidad. Hay que quitar esa idea falsa de que solo es población nicaragüense". (La Nación, 9 de junio de 2020).

De otro lado, se debe ser claro. Esas situaciones miserables e insalubres en que viven viven miles de trabajadores en las empresas, sean de manufacturas, agrícolas y otras son el producto de la sobreexplotación laboral, míseros salarios y degradantes condiciones laborales a que son sometidos por los empresarios y las lacras llamadas intermediarios. Esta escoria de intermediarios recluta a los trabajadores y se los ofrecen, como esclavos modernos, a menores salarios a los empresarios, a su vez los intermediarios del dinero que cobran por cada trabajador le "pagan" a ellos la mitad de los que les entregan a estos ladrones.

Es importante destacar que el ministerio de trabajo que el ministerio de trabajo es cómplice de los empresarios e intermediarios, ya que permiten y toleran la superexplotacion y el robo de los salarios que realizan contra los trabajadores. Debido a que esa zona se ha convertido en epicentro de la pandemia y de transmisión comunitaria de la covid 19, esas condiciones de miseria, pobreza, explotación inmisericorde e insalubres han salido a luz pública más claramente.

Por otra parte, frente al llamado del ministro de salud, Daniel Salas, de que los empresarios asuman sus responsabilidades por esa situación de contagios en sus empresas y la posibilidad de cerrar sus negocios si no acatan las disposiciones, la unión costarricense de cámaras y asociaciones de la empresa privada UCCAEP, la cámara costarricenses de la construcción  (CCC) y otras pegaron el grito al cielo porque ese ministro se atrevió a amenazarlos con cerrarles sus sagrados negocios. La UCCAEP en un comunicado que sacó al respecto señaló que "no es de recibo la llamada de atención" de Salas. He aquí una contradicción. Los empresarios no están dispuestos a aceptar cierres de sus negocios frente a la pandemia.

El gobierno de Alvarado frente a esa situación de pandemia en la zona norte debe de prohibir la existencia de los intermediarios en todas las plantaciones agrícolas del país. A los empresarios que hagan contratos con los intermediarios deben ser multados y sus negocios cerrados por un tiempo. Asimismo a los empresarios se le debe exigir y obligar a pagar los  salarios de ley y también decretar un incremento de los salarios de esos sectores para que mejoren sus condiciones de vida. El Estado debe garantizar de inmediato el acceso a la electricidad y el agua potable en las zonas donde no haya.

Asimismo, aquellas empresas o plantaciones agrícolas en que hayan contagios deben ser cerradas de inmediato y sus trabajadores deben ser enviados a cuarentena con sus salarios completos. En las empresas que no haya contagios se les debe exigir el cumplimiento de todas las medidas de salud y protección a sus trabajadores. La implementación de esas medidas deben ser supervisadas por el ministerio de salud, ya que los empresarios burlan las medidas. A su vez, el ministerio de salud debe realizar un testeo masivo para determinar la cantidad de infectados y dar atención y tratamiento a los afectados.

Por José René tamariz

Es un abuso de poder el decreto firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, de congelar los reajustes salariales por cuatro largos años (2021, 2022, 2023 y 2024). Es importante señalar que, con la eliminación del reajuste salarial del año 2020, ese congelamiento sería por un quinquenio (2020-2024). En una barbaridad y atropello que no debemos aceptar ni permitir de forma pasiva.

Es un decretazo y hecho inédito y sin precedentes. En primer lugar, no existe aún la estadística de que la deuda pública ya llegó a la relación 60%/PIB. En segundo lugar, no se puede determinar a priori que dentro de cuatro años esa relación se mantenga. En tercer lugar, lo señalado por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es arbitrario en el sentido de que "No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales..." cuando el porcentaje de la deuda pública sea equivalente al 60% del PIB.

Por otra parte, el gobierno en forma de ocurrencias ha venido proponiendo una y otra medida que no le funcionado: primero planteó un impuesto "solidario" a partir de los salarios de 500 mil colones. Eso fue un gran fiasco. Después de ese fracaso, replanteó ese proyecto para gravar los salarios a partir de un millón de colones. Este tampoco ha prosperado en la Asamblea Legislativa. Tercero, planteó mediante un proyecto de ley no pagar la anualidad del año 2020. Ese proyecto fue un rotundo fracaso. Frente a ese estrepitoso fracaso, planteó un parche de ese proyecto al solicitar al Congreso la eliminación de las anualidades de los años 2021 y 2022. Este remiendo al proyecto original fracasado, al parecer, no cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados.

Entonces, frente a todos esos fracasos de sus ocurrencias, Carlos Alvarado, decidió emitir un decretazo perjudicando los salarios de los trabajadores del sector, incluso por dos años más allá de su mandato que termina en el año 2022. Esto refleja el carácter profundamente anti-obrero del gobierno de Carlos Alvarado. Al mismo tiempo, da ese manotazo contra los trabajadores del sector público para congraciarse con las cámaras empresariales que demandan la arremetida contra los salarios del sector público, como "política" para enfrentar la crisis sanitaria por la COVID-19.

Por otro lado, la ofensiva contra los trabajadores del sector público se produce también en las empresas del Estado que se encuentran en competencia. Recientemente, la burócrata, Irene Cañas, presidenta del ICE que está de paso por esa institución se cree que es dueña de ella. Esta tipa, creyéndose la dueña del ICE, frente al reclamo de los trabajadores que exigen un reajuste salarial, de forma altanera dijo que "... Hazel Cepeda, en varias ocasiones les ha dicho que más bien agradezcan que aún tengamos jornadas completas de trabajo...". Los trabajadores no tienen nada que "agradecer" a esa manada de burócratas parasitarios. Los trabajadores venden su fuerza de trabajo y sencillamente, por esa mercancía, el ICE les paga.

Esta burócrata es una insolente y anti obrera. Ella es la que debe agradecer por tener ese puesto que no tiene capacidad para dirigir. Los trabajadores son los que sostienen esa gran institución. Más bien, han sido todos los burócratas inútiles y corruptos, puestos por los diferentes gobiernos, los que desde adentro boicotean y destruyen esa empresa para que las transnacionales se queden con ese gran negocio rentable.

Además, hay que ser claro. En esta pandemia, el sector de telecomunicaciones ha sido ganador, ya que la gente confinada en sus casas está consumiendo más Internet. Entonces, si la empresa gana más debe pagar más a sus trabajadores.

Hacemos un llamado a todas las dirigencias sindicales, en especial a la APSE, ANDE, Frente Interno del ICE y demás organizaciones sindicales, a unir sus fuerzas para lanzar un movimiento de protesta contra el gobierno y ese decreto abusivo y exigir un reajuste salarial que compense el incremento del IPC. ¡Todos a la Calle a Luchar contra el Congelamiento Salarial por 4 Años y por un Reajuste Salarial Digno!

Las Propuestas del presidente del Banco Central

Rodrigo Cubero, agente del FMI y presidente de Banco Central, en sendas entrevistas dadas al periódico "La Nación" delineó lo que debe ser el rumbo del país y las propuestas o recetas que el gobierno debe ejecutar. ¿Cuáles son las propuestas de Cubero?

Cubero plantea:

1) Aumentar el impuesto al valor agregado (IVA). ¿En cuánto propone aumentarlo? No lo dijo, pero probablemente sea al 15%. Cubero sostiene que no es posible incrementar el impuesto a la renta, sino que el más viable es el IVA, es decir, seguir exprimiendo a los trabajadores y demás sectores populares mediante el impuesto al consumo. Es importante destacar que el nuevo ministro de hacienda, así como otros altos funcionarios el gobierno de Alvarado han negado un eventual incremento de impuesto, sin embargo, el préstamo por más de $500 millones que el gobierno está negociando con el FMI, al parecer, entre las condiciones que ese organismo internacional impondrá a Costa Rica para otorgarle ese préstamo será el aumento del impuesto al valor agregado.

2) Venta de activos del Estado. El sostiene "que el país tiene la posibilidad de ver otras opciones de ventas de activos más adelante que podrían también ayudar a entrarle al problema de la sostenibilidad de las finanzas públicas en sentido amplio". Y para que no quede dudas a que activos se refiere más después señala "... yo creo que tendríamos que ir más allá de Bicsa y más allá de Fanal...". ¿Qué es ir más allá de Banco Internacional de Costa Rica y Fábrica Nacional de Licores? Está claro: vender el ICE, el INS, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. En otras palabras, vender las joyas de la abuela que son el pastel apetecido de los empresarios nacionales y transnacionales.

3) Reforma estructural del Estado. Eliminar las instituciones que tienen duplicidades de funciones, así como seguir reduciendo los salarios.

4) Reducir las cargas sociales. Esto significa que, según Cubero, "... somos muy costosos en el empleo y factor trabajo y de que así tenemos que entrarle al tema de cómo financiar la seguridad social, de un modelo alternativo". O sea, en otras palabras, en este país es muy caro la mano de obra y seguridad social. Entonces, los salarios deben disminuir y, por ende, las cargas de seguridad social. En otras palabras, se plantea desmontar la seguridad social actual para adecuarla a los intereses de los empresarios.

5) Por otra parte, el presidente del Banco Central está de acuerdo con la contraloría general de la república de reducir el presupuesto de educación que, según ellos, es muy alto porque la población está envejeciendo y, cada vez, hay menos población joven.

Entonces el gobierno de Alvarado, aprovechando la pandemia de la covid-19, lleva a una super arremetida contra los trabajadores y demás sectores populares, así como a cambios profundos en la reconfiguración del Estado. Veamos las medidas que nos llevan en esa dirección:

1) Desmontaje del sistema de salarios y de empleo, mediante la eventual aprobación de la ley de empleo público. 2) Congelamiento de los salarios de los trabajadores del sector público por largos 5 años que, con el aumento continuo de la inflación, significará una disminución significativa de los salarios reales y una reducción brutal de los niveles de consumo. 3) Disminución de los salarios mínimos en el sector privado, ya que el factor “empleo y trabajo” es “muy costoso”. 4) Reducción de las cargas sociales de la CCSS para favorecer a los empresarios; incremento del IVA del 13% al 15% o más. 5) Venta de las empresas del Estado, probablemente, las más rentables como los bancos públicos y de las telecomunicaciones. 6) Cierre de múltiples instituciones del Estado. 7) Disminución del presupuesto a la educación pública, mediante la rebaja del 8% del PIB a 6% o 5%.

Para rematar ese tétrico panorama, el gobierno de Alvarado está llevando al país a niveles de endeudamiento público exorbitantes. La cantidad de préstamos a diferentes organismo internacionales es grande lo que compromete e hipoteca el futuro y desarrollo de la Nación: préstamo por $500 millones con el banco mundial, $380 millones con el banco de desarrollo de América Latina (CAF), otro de $50 millones con el CAF, $250 millones con el banco centroamericano de integración económica (BCIE), $250 millones con el banco interamericano de desarrollo (BID), otro préstamo con el BID por $245 millones y otro préstamo con el FMI por $508 millones.