Por José René Tamariz

El deterioro económico, social y político de Costa Rica es creciente y acelerado. La desaceleración económica va en aumento, casi de forma generalizada, en todos los sectores de las actividades económicas, excepto, en las zonas francas para la exportación. El cierre y quiebra de miles de MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) va en aumento. Asimismo, el desempleo estructural y crónico, lejos de disminuir, crece año con año, lo mismo sucede con el crecimiento de la informalidad. Asimismo, miles de personas han perdido sus casas por desempleo o bajos salarios. En realidad, la situación económica-social configura un cuadro de degradación social, pauperización creciente y de profunda crisis económica y social.

Por otro lado, a nivel político la situación es de un profundo proceso de reacción política y contrarreforma laboral, caracterizado por graves retrocesos, antidemocráticos y autoritarios, en derechos fundamentales como el derecho a la huelga, la organización sindical, el empleo y los salarios en el sector público. El gobierno Alvarado-Piza en contubernio con los neoliberales de la Asamblea Legislativa (PLN, PAC y PUSC), pretenden, mediante la aprobación de sendos y diferentes proyectos antisindicales y antiobrero, cercenar y eliminar derechos y libertades democráticas de los trabajadores y sectores populares. La eventual aprobación de los proyectos de leyes, tales como, la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” y la “Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales”, representarían un golpe mortal a las posibilidades de realizar huelgas y protesta social. En el sector educación sería prohibido hacer huelgas, ya que será convertido en “servicio esencial”, en donde de forma “manifiesta” queda prohibido realizar huelga, igual pasaría en 78 servicios públicos. De hecho, ya se prohibió el derecho a realizar huelga en los comedores escolares, al ser aprobado recientemente, el proyecto que declara “servicio esencial” ese sector. Esto fue aprobado con el voto del diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta.

El ciclo económico: ascenso, descenso y crisis económica

El sistema económico capitalista tiene una lógica interna que conduce, cada cierto tiempo, a desajustes estructurales de la producción frente a la demanda, lo cual conduce a periodos de crecimientos, decrecimientos y crisis. El actual ciclo económico que algunos economistas ubican a partir del año 2015 y otros en el 2016 se encuentra en su fase grave y severa de contracción económica. Según la economista, Roxana Morales “… no se podría afirmar que la fase de desaceleración actual está por concluir, menos aun considerando el alto nivel de desempleo, que el desequilibrio de las finanzas públicas no está pronto a resolverse y la incertidumbre sobre el entorno internacional”. (Semanario Universidad, 22 de mayo de 2019). Veamos algunos datos que demuestran esta prolongada fase de desaceleración económica.

Todos los reportes e indicadores de las actividades económicas reflejan una caída generalizada. En el sector industria, el alimentario cayó un -11% y el sector metalmecánico un -12%; el sector agrícola tuvo una caída del -15% en el primer cuatrimestre de 2019, bajando las ventas de banano en -4%, de piña un -9% y melón un -13%; el sector comercio, ha tenido una desaceleración continua de 2 años y 2 meses, es decir, desde finales del año 2016!! Todas estas cifras coinciden con el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos años. En el 2017 el crecimiento del PIB fue del 3,2%, en el 2018 fue del 2,7%. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento del PIB en Costa Rica será del 2,9% en el 2019 y 2,8% en el 2020, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que el PIB en el año 2019 apenas crecerá al 2,7%, previsión aún más baja que la realizada por el FMI. 

Entonces, todo parece indicar que la fase descendente o de contracción del ciclo económico tiende a profundizarse y, por ende, a prolongarse por dos años más de bajísimo crecimiento económico, convirtiéndose en uno de los descensos económicos mayores en el tiempo desde el año 1976. En realidad, nos encontramos frente a una crisis económica. El mejor reflejo de esto es caída espectacular y prolongada del sector comercio, sector donde se ha producido una reducción de las compras de bienes de consumo y otros, producto del altísimo desempleo, altísima informalidad y caída de los ingresos en el sector privado. Según, Yolanda Fernández Ocho, presidenta de la cámara de comercio “El sector registró, a febrero, 26 meses continuos de desaceleración. Uno de los principales factores ha sido la disminución del consumo de los hogares, a consecuencia de un menor ingreso y un alto nivel de endeudamiento…”. (La Nación, 24 de mayo de 2019).

Además de existir una caída de la demanda de bienes de consumo, ésta tendencia tiende a profundizarse con la entrada en vigencia el 1 de julio de 2019 de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ya que los precios de los productos de la canasta básica pagarán 1% más por el IVA, también muchos productos que fueron sacados de la canasta básica se incrementarán un 13% más con el IVA, igual pasará con múltiples servicios básicos y no básicos que tendrán que pagar un 13% más del IVA. Esa política del combo fiscal profundizara la fase recesiva de la economía nacional, agudizando la crisis económica.

Crisis social:  desempleo, informalidad y caída de los ingresos

El problema del desempleo estructural y crónico se ha convertido en un grave problema. El problema de su crecimiento casi continua, con bajas excepciones, se ha vuelto permanente. La tasa de desempleo desde el 2011 hasta el 2019, es decir, en nueve años ha tenido un promedio de 10,24%. Veamos la serie de la desocupación de los últimos nueve años en números.

Tasa de Desempleo

Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Porcentaje

10,5%

9,8%

8,3%

9,7%

9,6%

9,5%

9,4%

12%

13,4%

 

En el año 2019, la desocupación llegó a su más alto porcentajes de las últimas décadas, ubicándose en el 13,4%!! Ni siquiera en la más grave crisis económica que tuvo Costa Rica en la época de los años 80, el desempleo llegó a semejante porcentaje. En aquella época “El desempleo en los 4 años siguientes se duplicó, quiere decir que se pasó de 4,4% de julio 79 a un 9,4% en julio de 1982”. (Garita, Gabriela, Ureña Lisette y González Kattia: Crisis en Costa Rica en los años 80. Maestría en Administración de Negocios, UNED, 2006).

Por otra parte, la informalidad, hermana gemela del desempleo, también se encuentra de forma continua en crecimiento. En el año 2018, el 45% de la población económicamente activa (PEA) se encontraba en la informalidad, mientras que en el 2019 subió al 46,1%, lo cual en números absolutos representa más de un millón de personas. Este millón de personas viven en condiciones precarias, ya que el 41% de ellas reciben de ingresos, menos de del salario mínimo, no tienen acceso al crédito, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo y otras prestaciones sociales, miles no tienen seguro social, ni seguro de accidentes, ni acceso a otros servicios básicos esenciales, no tienen acceso al crédito y un largo etcétera. Si sumamos los porcentajes de desempleo e informalidad, tenemos una cifra de 59,5%, es decir, casi sesenta por ciento de la población económicamente activa en condiciones deplorables y degradación social.

Sin duda alguna, entonces, nos encontramos con una situación social, profundizada en los últimos años, por la grave contracción económica del ciclo económico, pero que tienen un origen más de fondo y profundo asociado al modelo económico de desarrollo instalado e impuesto, denominado “promoción de las exportaciones”. Este modelo no solo está agotado, sino que está también en crisis, ya que han conllevado miles de trabajadores al desempleo, informalidad y pauperización creciente.

Agotamiento y crisis del modelo promoción de las exportaciones (PE)

Desde el 18 Informe del Estado de la Nación se planteó que “En el 2011 se evidenció un agotamiento -señalado desde hace varios años- de las políticas de promoción de las exportaciones basadas en exoneraciones y subsidios como estrategia general para el desarrollo del país. Continuar con esta como única apuesta alcanza para generar crecimiento económico y crear enclaves de modernidad en sectores y territorios específicos. No alcanza, sin embargo, para resolver los problemas estratégicos que enfrenta Costa Rica, cuya naturaleza y complejidad desbordan las posibilidades de las políticas de apertura”. (Resumen del 18 Informe del Estado de la Nación). Ahora, este modelo, además de agotado se encuentra en crisis, ya que ni siquiera “crecimiento económico” garantiza, ya que más bien existe un profundo decrecimiento económico.

Por otro lado, este modelo, producto de las masivas exoneraciones y subsidios que se le otorgan a las zonas francas y otros regímenes bajo su amparo, es el responsable del creciente déficit fiscal y, por ende, del creciente endeudamiento interno y externo del país. A su vez, la llamada vieja economía, integrada por las actividades económicas para el mercado interno, se encuentra en una profunda crisis, ya que la industria es obsoleta, además que no reciben el apoyo financiero, técnico y otros necesarios para poder desarrollarse. Este modelo necesita ser cambiado y reemplazado por un modelo que sirva al desarrollo nacional, erigido sobre bases económicas, sociales y políticas nuevas.


Por José René Tamariz

El día 22 de mayo fue aprobado en la comisión especial dictaminadora de la Asamblea Legislativa, el texto sustitutivo del proyecto de “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, expediente 21.049. Dicho texto sustitutivo es más reaccionario, antisindical y antiobrero que el propio proyecto de ley.  Profundiza los ataques contra los derechos fundamentales de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

¿Por qué es aún más reaccionario? Porque introduce elementos más regresivos, debido a que de forma taxativa plantea en el artículo 371 que “… Serán ilegales las huelgas políticas cualquier índole o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo incumplimiento laborales imputables al patrono”. Si este texto sustitutivo del expediente 21.049 es aprobado no se podrán hacer huelgas contra políticas fiscales y económicas gubernamentales en contra los trabajadores públicos como fue el caso del combo fiscal. Asimismo, no se podrían hacer huelgas contra planes fiscales futuros, contra el proyecto de empleo público, contra el proyecto de unificación de pensiones y otros.

Por otro lado, el artículo 375 bis señala que “La huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo que no se requiere del trámite de calificación previsto en este Código. En este caso el patrono solicitará al Juzgado emitir una orden dirigida a los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus labores. Con la solicitud se aportará la prueba correspondiente para acreditar la condición de servicio esencial”. Más adelante, se plantea que “La orden judicial que ordene la reincorporación a labores en servicios esenciales, se emitirá sin conceder audiencia previa”. Entonces, no hay posibilidad de ningún tipo de hacer huelga en los denominado servicios esenciales y como éstos se ampliarán a 78 servicios públicos, entonces, prácticamente el derecho a la huelga se elimina en el sector público, como ya existe, en los hechos, en el sector privado. Con este texto regresamos a los albores del capitalismo en donde no existía el derecho a la huelga.

¿Por qué es más antisindical? Porque extiende y amplifica los criterios para declarar que una huelga no es pacífica, sino que es violenta, puesto que el artículo 371 sostiene que “No se considerará pacífica la huelga que conlleve bloqueos en vías públicas o que impidan el acceso a las instalaciones públicas o de servicios públicos, la realización de sabotajes sobre bienes públicos, la perpetración de conductas que comportan un ilícito penal, o que imposibiliten el derecho a laborar de los trabajadores que no se encuentren en huelga”. Estas prohibiciones significarían que las manifestaciones masivas que “bloqueen” vías públicas no serían pacíficas y, por ende, serán declaradas ilegales; las concentraciones masivas que impidan el “acceso” a instalaciones públicas o servicios públicos, también serán declaradas ilegales; asimismo, si se les impide trabajar a los esquiroles y rompehuelgas, el movimiento huelguístico sería declarado no pacífico y, por ende, la huelga también será ilegal y otras “conductas” que se consideren un “ilícito penal”, también conllevaría a declarar no pacifico e ilegal el movimiento.

Además, el articulo 350 amplía los criterios para disolver a los sindicatos, ya que plantea que “A instancia del respectivo Ministerio los Tribunales de Trabajo ordenarán la disolución de los sindicatos siempre que se le pruebe en juicio …f) Que organizan o incitan a sus afiliados a realizar bloqueos en vías públicas o en el acceso a instalaciones públicas o de servicios públicos, así como a realizar sabotajes sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal. Cualquier autoridad pública que tenga conocimiento de estas conductas deberá poner la denuncia ante la oficina del Ministerio Público más cercana”.

Como se puede observar, los supuestos “bloqueos” a vías públicas y acceso a instalaciones públicas y servicios públicos, “sabotajes” o “conductas” de algún “ilícito” serán penadas doblemente, con declaración de ilegalidad de la huelga como también con la disolución de los sindicatos que “organicen” e “inciten” a sus afiliados a realizar esas “acciones”.

¿Por qué es más antiobrero? Sencillamente porque le prohíbe y elimina a los trabajadores, tanto del sector público como privado, derechos fundamentales como la realización de la huelga para la defensa de sus derechos económicos y sociales y, también, extiende la posibilidad de la destrucción o disolución de sus organizaciones sindicales, lo cual los deja indefensos y desarmados en contra de los ataques virulentos de los patronos y de las políticas de los gobiernos de turno.

Las/os dirigentes de los sindicatos, confederaciones y bloques sindicales deben convocar de inmediato a una huelga general para defender el derecho a la huelga y a la organización sindical, sino lo hacen serían cómplices de la eventual aprobación de ese nefasto texto y proyecto de ley contra los trabajadores y los sindicatos. Detener e impedir que se apruebe ese proyecto es vital para la continuidad de la existencia del derecho a la huelga y de las organizaciones sindicales.


Por José René Tamariz

El gobierno de Carlos Alvarado cumplió un año el 8 de mayo de haber tomado posesión y el poder. Según el “Semanario Universidad” el principal “logro” de ese gobierno “fue detener la pérdida de confianza en la economía de Costa Rica” y, supuestamente, “Simultáneamente, se detuvo la ralentización del crecimiento económico…”. (Semanario Universidad 8 de mayo de 2019). En realidad, la “confianza” no se ha logrado ya que los organismos financieros como el FMI exigen más medidas fiscales e igual lo plantean las calificadoras de riesgos. Por otra parte, el raquítico incremento interanual del 1,7% del índice mensual de la actividad económica (IMAE) no significa ni refleja que la economía crezca lo suficiente para resolver los graves problemas económicos y sociales que enfrentan la población.

Sin embargo, la situación económica y social en el país es grave para miles de familias, producto de las políticas económicas y fiscales del gobierno y de las pandillas neoliberales del PLN, PAC y PUSC de la Asamblea Legislativa que han llevado a la quiebra y, por ende, a la ruina, miseria y hambre a millones de personas. Veamos los datos fríos y descarnados.

1) En el año 2018 cerraron, o sea quebraron, 56.530 microempresas de los hogares. Si en cada microempresa había unos 4 trabajadores, entonces aproximadamente 226.120 personas quedó sin trabajo y, por tanto, en la ruina y pobreza.

2) A finales del año 2018 la tasa de desempleo subió al 12%, en cifra absoluta 294.000 personas sin trabajo, arruinados y en la pobreza.

3) En el año 2019 la informalidad aumentó al 46,1%, llegando a un millón las personas que trabajan en el sector informal. Es gente que puede o no puede ganar nada en un día o varios días. En otras palabras, gente que vive en condiciones precarias, arruinada y en pobreza.

4) Miles de familias perdieron sus casas entre febrero de 2018 y febrero de 2019. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo o bien porque sus ingresos han bajado tanto que no pueden pagar sus cuotas a los bancos. Estos terminan quitándoles sus casas de habitación, enviándolos a la calle, miseria y pobreza.

5) El costo de la vida, con la vigencia del plan fiscal en julio de 2019, se va a incrementar de forma significativa, ya que todos los productos de la canasta básica se incrementarán en 1%; el agua y la luz aumentarán en 13% si sobrepasan de ciertos límites de consumo. Asimismo, los alimentos que fueron sacados de la canasta básica tendrán un al del 13%. Por tanto, la población comenzará a experimentar la reducción de su capacidad de compra.

En realidad, la situación se ha convertido en asfixiante y desesperante para miles de familia. No se aguanta más. Debemos llamar a la insubordinación a los trabajadores, sectores populares y clases medias contra el gobierno Alvarado-Piza y la pandilla neoliberal de la Asamblea Legislativa.

Acuerdo Para Controlar Directorio Legislativo

El acuerdo PLN-PAC-PRN para asumir el control del directorio de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, es por lado, centralmente contra los trabajadores, tanto para reducir sus salarios y poder facilitar los despidos de los empleados públicos, así como para prohibir y eliminar derechos fundamentales como la huelga. Por el otro lado, para favorecer a los empresarios. Veamos.

Esos proyectos, entre otros, que acordaron aprobar son:

* Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. En pocas palabras, prohibición del derecho a la huelga.

* Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales. Ampliar la prohibición de la huelga a 79 servicios, incluyendo educación, combustibles y otros.

* Ley de Reforma al Empleo Público. Imposición del salario único y flexibilización de los despidos en el sector público, ya que si los trabajadores obtienen una nota de evaluación de 70 por dos años consecutivos serían despedidos.

* Flexibilización de las jornadas de trabajo. Ampliación de la jornada de 8 horas a 12 horas para sobre explotar más a los trabajadores del sector privado.

* Educación dual. Conseguir mano de obra más barata, explotando a jóvenes "estudiantes-aprendices" en las empresas con miserables ayudas económicas y becas.

Las Falacias de Carlos Alvarado

El flamante presidente de la República, Carlos Alvarado, neófito en conocimientos de economía, sostiene en una entrevista que:

"El Estado estuvo a punto de quebrar (antes de la reforma fiscal); entonces la entrevista sería, ¿don Carlos cómo le fue en su reunión con la misión de rescate del Fondo Monetario?, ¿qué va hacer para pagar los cinco meses de retrasos que tienen todos los maestros y la planilla púbica?, ¿cómo va a trabajar el 30% de pobreza que se disparó y el 40% de desempleo dada la crisis?" (La Nación, 03 de mayo de 2019).

En primer lugar, es una equivocación conceptual y una falsedad plantear que "El Estado estuvo a punto de quebrar". En realidad, los Estados no quiebran ya que estos no son una empresa que si quiebran. A lo que se podría llegar, si crece y crece el déficit fiscal, es a una eventual "crisis fiscal". Sin embargo, ni siquiera a esa situación se habría llegado si no se hubiera aprobado el combo fiscal.

En segundo lugar, se nota que Carlos Alvarado es un ignorante de la historia económica del país. Pretende con sus falacias engañar a los tontos e ignorantes. Ni siquiera en la grave crisis económica que se produjo en los años 80, nada comparable a la situación actual, se produjo un incremento semejante de la pobreza y el desempleo que el supone se habría producidos si no se aprobaba su combo fiscal.

En aquella gravísima crisis la pobreza pasó del 22% en 1981 al 25% en 1992. Un incremento porcentual del 3% en una década! Es imposible y una mentira monumental que la pobreza, si no se aprobaba el combo fiscal, se disparara del 22% actual al 30%%, es decir, ocho puntos porcentuales (8%) en un año!

En esa época de grave crisis, la fuerza laboral en una década (1981-1992) disminuyó tres puntos porcentuales, pasando del 100% al 97%. Es absolutamente una mentira astronómica de Carlos Alvarado que, si no se hubiera aprobado el combo fiscal, el desempleo hubiera aumentado del 12% actual al 40%!! Es decir, 22% en un año!!

Tantas mentiras y falacias dichas en un párrafo reflejan que este personaje de presidente de la República es un tipo poco serio y, además, lo más grave, que no tiene conocimientos ni de historia económica, ni de conocimientos económicos y, en general, de cómo dirigir un país.

Por José René Tamariz

¿Quiénes quiebran en Costa Rica?

La situación económica y social en el país es grave para miles de familias. Las políticas gubernamentales del PLN y PAC y de las pandillas neoliberales de la Asamblea Legislativa han llevado a la quiebra y, por ende, a la ruina, miseria y hambre a millones de personas. Veamos los datos fríos y descarnados.

1) En el año 2018 cerraron, o sea quebraron, 56.530 microempresas de los hogares. Si en cada microempresa hay unos 4 trabajadores, entonces aproximadamente unas 226.120 personas quedó sin trabajo y, por tanto, en la ruina y pobreza.

2) A finales del año 2018 la tasa de desempleo subió al 12%, en cifra absoluta 294.000 personas sin trabajo, arruinados y en la pobreza.

3) En el año 2018-2019 la informalidad aumentó casi al 50%, llegando casi a un millón las personas que trabajan en el sector informal. Es gente que puede o no puede ganar nada en un día o varios días. En otras palabras gente que vive en condiciones precarias, arruinada y en pobreza.

4) Miles de familias han perdieron sus casas entre febrero de 2018 y febrero de 2019. ¿Po qué? Porque no tienen trabajo o bien porque sus ingresos han bajado tanto que no pueden pagar sus cuotas a los bancos. Estos terminan quitándoles sus casas de habitación, enviándolos a la calle, miseria y pobreza.

En realidad, la situación se han convertido en asfixiante y desesperante para miles de familia. No se aguanta más. Debemos llamar a la insubordinación a los trabajadores, sectores populares y clases medias contra el gobierno Alvarado-Piza y la pandilla neoliberal de la Asamblea Legislativa.

La Doble Personalidad del PUSC: DoctorJekyll y Mister Hyde al Estilo Tico.

Estos neoliberales del PUSC consideran que el pueblo y la gente es idiota. Son gobierno y "oposición" de forma simultánea, lo cual es imposible. Se acuestan con el PAC y parasitan de los puestos en los ministerios y otras instituciones estatales. Maman hasta más no poder las tetas dell Estado.

Rechazaron, en apariencia, hacer alianza con el PAC para el directorio legislativo, pero acordaron hacer alianza con el PAC en las elecciones municipales en San José,  Cartago, Heredia y otros cantones y provincias.

Además, controlan el gabinete gubernamental a nivel económico e incluso la política económica del gobierno la determina y decide el PUSC. Ellos son, en complicidad con el PAC, los autores intelectuales de las criminales políticas contra el pueblo trabajador.

Estos neoliberales anti pueblo y anti trabajador pretenden engañar a la gente humilde sobre su doble cara y personalidad. La gente debe rechazarlos en las elecciones tanto al PUSC, como al PAC y al PLN. Estos partidos necesitan desaparecer de la escena política.


Por José René Tamariz

Existe una política consciente, organizada y premeditada de los capitalistas y sus siervos, los partidos políticos (PAC, PLN, PUSC), así como de sus medios de comunicación (La Nación y otros) para destruir y saquear a las grandes empresas e instituciones estatales (bancos estatales, JAPDEVA, ICE, RECOPE, CCSS y otras). Esa política destructiva y saqueadora se realiza tanto desde adentro como desde afuera de las empresas e instituciones.

¿Por qué sucede eso? Sencillamente porque esas empresas e instituciones estatales ocupan los primeros lugares del ranking de las 500 grandes empresas del país, tanto desde el punto de vista de sus ingresos, patrimonio y empleo. Por ejemplo, la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) tuvo el primer lugar de las 500 grandes empresas; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el segundo lugar; el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus subsidiarias el tercer lugar; el Instituto Nacional de Seguros (INS) el sexto lugar; el Banco Nacional el séptimo lugar; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) el duodécimo lugar y el Banco de Costa Rica (BCR) el décimo tercer lugar. (EKA. La Revista Empresarial. Número 323. Diciembre 2012 -enero 2013). Entonces, los empresarios, sus sirvientes políticos y sus medios de comunicación desean y añoran quedarse con esos grandes negocios para seguirse enriqueciendo a manos llenas. Veamos algunos casos actuales.

Los casos del BANCO ANGLO y BANCRÉDITO.

De Cinco, Van Dos. El gobierno de José María Figueres en septiembre de 1994 cerró el Banco Anglo, el banco más viejo que existía en Costa Rica. La quiebra y saqueo de este banco se produjo a manos de sus altos mandos, colocados en esos puestos por los partidos PLN y PUSC. Este banco fue saqueado por la alta gerencia en contubernio con empresarios estafadores de origen chileno. Por otra parte, es importantes señalar que Figueres asumió el poder con el eje de reducir la cantidad de bancos del Estado y, los saqueadores, le brindaron la oportunidad para cerrar el Banco Anglo. La “comisión especial” formada por Figueres que recomendó el cierre de ese banco estuvo integrada, entre otros, por los conocidos personajes políticos Ottón Solís, Leonardo Garnier y otros.

En el año 2018 el gobierno del PAC, dirigido por Luis Guillermo Solís, cerró el Banco de Crédito Agrícola de Cartago, mejor conocido como BANCREDITO. La quiebra y saqueo de este banco fue acelerada por malos créditos, sin respaldo, otorgada por la alta gerencia a empresas privadas. Ente esas empresas se encontraban: el grupo de Juan Carlos Bolaños (JCB), la empresa comercial Casa Blanca, la Corporación Yanber de Samuel Yankelewitz y otras. Hasta el momento no existen responsables ni mucho menos ningún funcionario del extinto banco procesado por la quiebra y saqueo de esa institución estatal. De los cinco bancos estatales y públicos que existían, ahora solo quedan tres: Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular.

El caso JAPDEVA.

La entrada en operación de la Terminal de Carga APM Terminals de capital holandés, la cual obtuvo una concesión de 33 años para operar y explotar los servicios de carga y descarga en la provincia de Limón, ha provocado una ola de despidos en diferentes empresas transnacionales y nacionales: Chiquita Brands despidió 172 trabajadores, Dole corrió a 238 empleados, Servinave despidió a 60  y otros 107  trabajadores fueron lanzados a la calle por empresas ANFO, Cadesa, Aseservis, Chequeos Múltiples S.A y otras. Asimismo, también se encuentra en peligro de quiebra la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). El funcionamiento de ese mega puerto ha representado la pérdida del 70% de la carga y descarga que antes realizaba JAPDEVA. Prácticamente esta institución se ha quedado sin oficio y trabajo.  Unos 1200 empleados de esa empresa pública están en peligro de ser despedidos.

El gobierno Alvarado-Piza para intentar evitar un estallido social en Limón, ha maniobrado, formando una mesa de diálogo provincial denominada “Mesa Caribe”. El gobierno, para apagar el incendio social, ha prometido destinar unos 8.141 millones de colones para atender el grave problema de la desocupación en Limón. Asimismo, ha acordado con el sindicato SINTRAJAP construir un puesto de atraque 5-7 para atender buques más grandes, así como construir proyectos turísticos. Sin embargo, todos esos proyectos son de largo plazo que no lograrán resolver el grave problema inmediato del desempleo. Por otra parte, la quiebra de JAPDEVA es inminente, no logra resolverlo ni salvarla esos proyectos apaga fuegos del gobierno Alvarado-Piza.

La destrucción social que se desarrolla actualmente contra la población de Limón es criminal y grandes proporciones. No es contra un grupo de trabajadores o una empresa, sino que contra toda una provincia y sus pobladores. Es por ello, que este caso, adquiere características destructivas contra un pueblo entero. El artículo 2 de la ley orgánica de JAPDEVA plantea que ésta “Promoverá el desarrollo socio-económico integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica…”. Por tanto, el reemplazo y sustitución de las principales funciones de JAPDEVA, por una concesión a la empresa holandesa APM Terminals, constituye un ataque y destrucción social contra el pueblo de Limón.   

Por otra parte, el acaparamiento y absorción del negocio de carga y descarga en Limón a manos de la empresa holandesa y, por ende, el desplazamiento y la eliminación de la competencia de JAPDEVA en dicho negocio, constituye la conformación de hecho de un monopolio privado, el cual esta prohibido por la Constitución Política.  El articulo 46 de ésta sostiene que “Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria”. Entonces, se deben emprender acciones legales para evitar el monopolio comercial de APM Terminals, así como las acciones de movilización y lucha del pueblo de Limón y de sus organizaciones de trabajadores para enfrentar el desempleo masivo y la degradación social a la que están siendo sometidos por el gobierno tripartito del PAC-PLN-PUSC.

El caso ICE.

El debilitamiento e intento de destrucción del ICE viene desde la aprobación del TLC con los Estados Unidos, mediante referéndum, en el año 2007. El ICE ha perdido, desde la apertura de las telecomunicaciones, aproximadamente como el 50% del sector de telefonía móvil. Sin embargo, ha logrado sobrevivir a la competencia de las empresas privadas de las telecomunicaciones, tales como, Claro, Movistar y otras más pequeñas.

No obstante, lo anterior, al interior del ICE, los personeros puestos en la junta directiva del ICE por los gobiernos del PLN, PAC y PUSC han tenido como política debilitarlo y saquearlo, desde adentro, mediante diversos mecanismos y políticas. Una de esas políticas ha sido la imposición al ICE de compra de energía eléctrica a empresas productoras de energía. La compra de energía a generadoras privadas aumentó de 59 mil millones de colones en el año 2013 a 122 mil millones en el año 2017, es decir, un incremento del 206%. Esas compras representaron el 34% de los costos operativos del ICE. Un gasto y costo innecesario. En realidad, esa compra de semejante cantidad no es necesaria, ya que el ICE tiene la capacidad instalada suficiente para suplir el 100 % de energía eléctrica al país. Producto de este saqueo sistemático en contra del ICE y su administración ineficiente y fraudulenta a manos de los personajes de la junta directiva puestos a dedo por los gobiernos del PLN-PAC-PUSC, ahora la auditora sostiene que el ICE se encuentra en una situación de “riesgo de sostenibilidad”. El operativo de los empresarios y neoliberales para destruir y saquear el ICE marcha viento en popa. Sin embargo, el ICE es demasiado grande y fuerte como para eliminarlo como lo hicieron con el Banco Anglo y Bancrédito.

Por otro lado, el saqueo desde adentro del ICE se manifiesta también a través de la compra, realizada en el año 2013, innecesaria y en estado de ruina de la empresa Cable Visión, una empresa que compró el ICE por $12,3 millones de dólares y que, además, tuvo que invertir en ella 238 millones de colones más. Los cinco estudios realizados sobre esa operación de compra-venta indican que directivos del ICE, que probablemente promovieron, impulsaron y realizaron esa estafa de compra, son familiares de los ex dueños que le vendieron esa cablera en ruina. 

El órgano político que mejor describe el operativo de los capitalistas y de los neoliberales para destruir las empresas nacionales es el diario La Nación. En un editorial del 18 de marzo de 2019, este periódico de la oligarquía sostiene que “El caso de Japdeva no es único en el país. También enfrentaron situaciones adversas otras figuras creadas bajo el modelo de “Estado empresario”, como el Banco Anglo Costarricense, su similar Banco Crédito Agrícola de Cartago y muchas empresas del grupo Codesa. El Consejo Nacional de Producción, Radiográfica Costarricense y, recientemente, hasta el Instituto Costarricense de Electricidad dan señales de problemas. El Estado costarricense, cuyas finanzas son muy precarias, no tiene por función sostener empresas destructoras de riqueza”. Ese editorial de La Nación plantea y refleja de forma clara los objetivos propuestos por el capital y sus medios de comunicación contra las empresas públicas o patrimonio nacional.

Para los capitalistas, sus sirvientes políticos (PLN-PAC-PUSC) y sus medios de comunicación, empresas que han dado y llevado grandes logros como la electrificación a lo largo de todo el territorio nacional, la salud, el empleo y otros beneficios, son “empresas destructoras de riqueza”. Entonces, como son ese tipo de empresas, hay que destruirla y eliminarlas. De ahí, que ese operativo de destrucción se viene desarrollando de forma sistemática y acelerada. Por tanto, es necesario y urgente enfrentar esta ofensiva capitalista, neoliberal, en contra de las empresas nacionales y los trabajadores públicos en general.

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