Por Eduardo Villalobos

Cuando se da la renuncia de la ministra de Transportes y Obras Públicas, Karla Gonzalez,  lo que sale a la luz, lejos de todos los problemas de infraestructura, es el enorme negocio de los miembros del gobierno.

El personaje de Karla González viene de la administración del ex presidente Pacheco y fue la artífice del acuerdo de la administración del aeropuerto Juan Santamaría por la empresa Alterra Partners, lo que  significó un gran fraude con los fondos públicos y otros empréstitos que se hicieron. Los incumplimientos del contrato fueron múltiples pero aún así, la empresa quedó a cargo hasta mediados de este año, cuando ya la situación se hizo insostenible.

No es casual que la ex ministra de Justicia de la misma administración, Mónica Naggel, fuera la representante de la empresa. En cuerpo entero se nota que una vez que estos personajes terminan sus labores en la “función pública” pasan a la esfera privada para administrar los negocios que labraron en ese lapso.

Pero esto no es lo más grave, la esfera de corrupción tiene sus manos manchadas de sangre, de hambre, frustración y frío de miles de familias costarricenses y centroamericanas que viven en nuestro suelo.

Corrupción a más no poder

Durante años la sub ejecución de presupuestos ha venido a alimentar la caja chica del Estado para sus propios proyectos, amén de los enormes “chorizos” con los empréstitos del BCIE y otros más debidamente cubiertos por consultorías que alimentan una fauna voraz de corruptos ligados a los partidos tradicionales y de los denominados “emergentes” como el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Movimiento Libertario (ML).

Hay que recordar el caso de personajes como el de Epsy Campbell  como consultora de los proyectos del BCIE y de Jorge Hidalgo en la misma situación. Es decir en pocas palabras todos se tapan con la misma cobija.

Mientras esto sucede, los trabajadores y el pueblo sufren las consecuencias. Las familias de Pavas y de otros sectores ven como su derecho a una vivienda digna se esfuma por la falta de créditos blandos, los estudiantes  deben seguir abandonando las aulas para buscar trabajo por la falta de subsidios para continuar con sus estudios, los peatones y conductores sufren el deterioro de carreteras y el ahogamiento de las ciudades por la falta de inversión y de mantenimiento.

Cuando un proyecto se realiza es porque existe un afán de lucro de alguna empresa ligada a estos insignes personajes.

Los bulevares de la avenida central de San José, están adoquinados por la empresa de la ex esposa del alcalde de San José y ex precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya. En el mismo sentido, la construcción de la carretera a Caldera, que fue anunciada con bombos y platillos, no ha resultado más que un gran negocio para la empresa encargada para su reparación y construcción. El cobro de peaje ha sido demostrado como excesivo y desproporcionado en comparación con la inversión realizada. La empresa se ha garantizado una mina de oro durante varias décadas.

La situación emblemática de esta tragedia, ha sido el deterioro de los puentes, los que han llevado luto a varias decenas de familias, por el derrumbe del puente de Turrubares. Pero estas situaciones han podido ser evitables, debido a que la prioridad de los de arriba ha sido garantizar sus negocios y no el desarrollo y mantenimiento de las obras para la mayoría de la población.

Debe haber un juicio político y penal para la administración Arias

Esta administración ha llegado a concentrar en sus manos un enorme poder para garantizar los intereses económicos de los que representa y de sus miembros.

La lista de escándalos ha sido grande, pero los castigos han sido escasos. Las renuncias pretender tapar  el escándalo pero las heridas y el desfalco sigue impune.

Ante esto, debemos ser los trabajadores y el pueblo quienes tomemos la palabra y exijamos el  fin de la impunidad de los “choriceros” del gobierno y sus aliados.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a las organizaciones sindicales,  los partidos de izquierda, los organismos de derechos humanos y de lucha contra la corrupción para que demandemos a estos personajes que se han enriquecido aceleradamente con la sangre y tragedia de nuestro pueblo.

Silvia Herrero

Por Andrés Gutiérrez

En estas elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) se presentaban cuatro opciones al estudiantado. Es importante observar brevemente cada uno de las cuatro propuestas para poder realizar un análisis certero de la situación en la Universidad.

Leer más…COSTA RICA.- Despues de las elecciones de la FEUCR, es necesario un cambio de la izquierda...

Por Eduardo Villalobos

En los últimos días, la ministra de Hacienda, Jenny Phillips, ha realizado el anuncio del problema para poder cumplir con las obligaciones para pagar los salarios y aguinaldos de los trabajadores del sector público.

Esto lejos de ser un asunto que “asusta a la gente” que como lo dijo el ministro de la presidencia Rodrigo Arias, revela una clara intención de la burguesía del país para hacer pagar la crisis a los sectores de los trabajadores.

En un primer momento el gobierno realizó vía decreto un aumento miserable que no cubre la devaluación, la inflación y el creciente costo de los servicios y alimentos.

Las dirigencias sindicales apostaron a tapar el sol con un dedo esperando que el gobierno cumpliera con el aumento para los sectores profesionales y no profesionales, por medio de la equiparación salarial.

Pero esta fiesta se aguó, cuando de nuevo el gobierno no giró los retroactivos al 80% de los trabajadores. En una reunión se comprometieron a saldar esta deuda la próxima quincena pagadera el 13 de octubre.

Pero lo más asombroso es que de nuevo reina la pasividad de la dirigencia sindical, que no ha llamado a las bases a que se manifiesten y a preparar nuestras propias medidas de presión para protestar por este incumplimiento.

Los trabajadores no podemos estar a la expectativa de que se nos giren nuestros salarios. Lo correcto es que ya estemos presionando para que el gobierno deje de mantener la incertidumbre.

Los recursos que han dejado de percibir por la crisis no son más que excusas, amén de otras salidas falsas como aumentar los impuestos para el conjunto de la población.

No debemos olvidar el viejo refrán que dice  “unos se comen la piña y a otros les duele la panza”. Los empresarios se han comido la piña de las exoneraciones fiscales, los regímenes de zona franca y otros más privilegios para los de arriba y ahora a los que dependemos de un salario y pagamos queramos o no queramos todos los impuestos, nos quieren pasar la factura.

Debemos exigir que los empresarios y las compañías transnacionales que se han llenado los bolsillos con el sudor de nuestras frentes paguen los recursos para que los salarios, los programas sociales y el presupuesto de la salud y la educación no se vean mermados.

Pero esto exige lucha, no lo podemos lograr en la pasividad. En este sentido, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a que las organizaciones sindicales y gremiales de los empleados públicos  de Costa Rica para que organicen desde ya una asamblea conjunta para votar un plan de lucha y enfrentar no solo la amenaza de no pago de los salarios y el aguinaldo sino que también el recorte presupuestario en la educación, vivienda, becas y otros más. Esto también puede servir para preparar la lucha que no se ha dado por la defensa del salario y en contra de los raquíticos aumentos salariales de los últimos tiempos.

LOS VARIOS ROSTROS DE LA SOCIALDEMOCRACIA TICA:

LA MISMA MONA CON EL MISMO RABO

Por Manuel Villalobos

En el desarrollo de la democracia burguesa costarricense, la cantidad de partidos políticos ha sido variable en los distintos procesos electorales y evidentemente en la composición de la Asamblea Legislativa.

En la época donde se empezó a dar la reconversión productiva, durante los años 80’s y en medio de la revolución centroamericana, la burguesía tica optó por organizarse en dos partidos: Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).

El ajuste del Estado y los partidos burgueses

La implementación de los PAES (programas de ajuste estructural), implicó un acuerdo nacional entre los partidos mayoritarios y la burocracia sindical. El corolario de esta situación fue el denominado pacto Figueres–Calderón, realizado entre los hijos de los expresidentes que entraron en conflicto durante la guerra de 1948.

El Estado fue transformado con base en varios ejes: la privatización de la banca, la reconversión productiva, el desmantelamiento y asfixia presupuestaria de varios sectores como la salud y la  educación, entre otros.

Pero este acuerdo no ha sido lineal y uniforme. Las contradicciones en cuanto al nuevo reparto de los negocios estatales y privados ha generado enfrentamientos fuertes donde en coyunturas ha coincidido con los intereses de los trabajadores.

El primer intento de privatización de las telecomunicaciones, en el año 2000 durante el gobierno del PUSC, hizo que sectores burgueses se opusieran, lo mismo que la dirigencia sindical. La movilización fue masiva, hasta la firma del acuerdo de posposición del debate de  las leyes de telecomunicaciones.

Durante este espacio se dan escándalos sobre corrupción, fundamentalmente de figuras ligadas con la Unidad. El expresidentes Calderón Fournier cae en una red de tráfico de influencias, para la aprobación de un préstamo y la posterior compra y venta de equipo médico inapropiado para los hospitales de la Caja de Seguro Social. El expresidentes Rodríguez Echeverría, es ligado también a tráfico de influencias, esta vez en licitaciones de  telecomunicaciones, con la empresa ALCATEL.

Esta pugna se expresa en su primer momento en el seno de los partidos burgueses. El Partido Liberación Nacional entró en una crisis tendencial que lo llevó a perder dos procesos electorales continuos. Estas elecciones presentaron una tendencia al alza de indecisos y el margen entre el ganador y su inmediato competidor se redujo a una mínima diferencia.

El Partido Acción Ciudadana  (PAC) es el primero en emerger con un discurso primero moralista, de cero tolerancia a la corrupción y por otro lado de corte nacionalista, anti- neoliberal. Esta combinación logra captar a un electorado principalmente pequeño burgués urbano y eligen una bancada parlamentaria de peso.

En la presente administración, el número de parlamentarios subió, convirtiéndose en la fuerza más grande de oposición. Esto no fue obstáculo, para que el gobierno, en conjunto con los escasos diputados del PUSC, el Movimiento libertario y otros partidos minoritarios aprobara el conjunto de las leyes de implementación del TLC.

El PLN logra por medio de la Sala Constitucional que se apruebe la reelección presidencial. Este procedimiento es viciado por que la Sala no tiene la potestad de cambiar la Constitución. Este hecho empieza a crear fisuras cada vez más grandes entre los sectores. Los hermanos Arias emergen como el más fuerte y logra copar todos los puestos de mando y crear una estructura tanto dentro del gobierno como fuera de él para asegurar el control.

El punto máximo de esta pugna se expresa en el proceso de negociación, discusión y aprobación del TLC. Esta lucha logra catalizar otras fracciones que se mezclaron en la lucha callejera contra el tratado y participaron en los comités patrióticos.

El resultado es la fundación de la Alianza Patriótica (AP), que en la convención eligió a Rolando Araya, excandidato del PLN, como su postulante.

Su discurso populista, es un discurso hueco, puesto que durante los períodos que estuvieron en el poder acataron al pie de la letra los designios de los organismos financieros internacionales.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los activistas y dirigentes del NO a no dejarse confundir con estos partidos, que son parte de lo mismo y como vimos en la lucha contra el TLC, son enemigos de la movilización independiente de los trabajadores y sus reivindicaciones.

 

 

¡¡QUE LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y TRABAJADORES DECIDAN SOBRE LAS NEGOCIACIONES!!

¡¡NO A LOS ACUERDOS DEL CONARE-GOBIERNO!!

cristinabarboza

Por Eduardo Villalobos

La discusión acerca del 8% del producto interno bruto para la educación, es un asunto que rebasa el aspecto presupuestario y se transforma en político.

El derecho a la educación es un aspecto que en la sociedad costarricense se encuentra establecido, primero en la Constitución Política  de dos formas diferentes. La primera hace referencia a que es libre y obligatoria hasta el Tercer Ciclo de la Enseñanza General Básica. Por otro lado también se garantiza el financiamiento de las universidades. Además el aumento del presupuesto educativo hasta el 8% no se ha dado, por una razón muy sencilla, la educación es una prioridad relativa para la burguesía en la medida que garantice sus intereses como clase.

Leer más…COSTA RICA.- Por el 8% del PIB para la educación pública

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