Por Eduardo Villalobos

En las últimas semanas, la sociedad costarricense se ha visto impactada por varios acontecimientos.

El primero de ellos es el creciente aumento de los casos de gripe AH1N1 en todas las zonas geográficas del país. Esto refleja como lo apuntamos antes, el deterioro del nivel de vida de los ticos y además la escasa inversión en salud. El caso Caja Fishel no es más que un reflejo de cómo se manejan los fondos públicos por las altas esferas. Prefieren invertir recursos en cosas que los beneficien a ellos y sus socios y los que pagamos los platos rotos somos los que cotizamos mes a mes al sistema de salud.

La Unión Médica apunta bien en el sentido que esta crisis sanitaria hace más urgente la contratación de médicos y profesionales en salud que ha venido disminuyendo año con año, dejando a la población en un abandono virtual, permitiendo el negocio de aquellos que lucran con la salud del pueblo como los hermanos Arias y su Clínica Católica o los de los hospitales privados como el CIMA y la Bíblica.

Otro caso es la  evasión de las grandes empresas. Cada cierto tiempo se dan a conocer casos. De  nuevo los clubes de futbol y los futbolistas reportan salarios menores con el fin de no cotizar el monto debido, mientras que los que tenemos salarios más bajos cotizamos lo estipulado por ley debido a que controlan hasta lo más mínimo de nuestros ingresos.

Para terminar, los salarios se enferman cada vez más. Ahora la dirigencia sindical nos dice, en forma velada y presentada como un logro, el porqué se negó a movilizar en contra del miserable ajuste por costo de vida. Los salarios de los profesionales y no profesionales del sector  público ahora se van a ver incrementados por los percentiles y la equiparación del 4,88% para los no profesionales. Pero como dice el refrán “lo comido por lo servido”, debido a que se devalúan tan pronto como llegan por que no contemplan el costo de vida. Es así de simple, a mayor base salarial, mayor  cantidad por el reajuste. Debemos señalar que quedan por fuera de todo esto la inmensa cantidad de trabajadores del sector privado.

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Por Eduardo Villalobos

El modelo democrático burgués de Costa Rica ha venido experimentando en los últimos años una recomposición de las instituciones del régimen, luego que durante varias administraciones habían permanecido en una parálisis.

Esto ha sido posible por una serie de factores, empezando por la decisión de la Sala Constitucional que falló, en forma muy cuestionada, a favor de la reelección presidencial. Se produjo un cambio constitucional sin consultar al pueblo ni a los diputados. Esto fue la primera muestra de la voluntad de este sector de la burguesía en recurrir a diferentes medios para, desde su óptica, hacer al país más gobernable.

Del Combo del ICE al Referéndum

Hace 9 años, el gobierno del ex presidente Miguel Ángel Rodríguez trató de aprobar un proyecto de varias leyes que buscaban la apertura del negocio de las telecomunicaciones y de la electricidad. Dicho proyecto fue bautizado por el movimiento popular como “Combo del ICE”.

Este proyecto se unió con un problema de los agricultores que fueron los primeros en salir a pelear a las calles, bloqueando carreteras. El movimiento levantó la simpatía popular y empalmó con la lucha contra el Combo del ICE.

Las movilizaciones se profundizaron y se extendieron a lo largo y ancho del país. El movimiento estudiantil fue parte de la vanguardia que surgió en esta coyuntura, jugando un papel destacado en las marchas y bloqueos en el centro de la capital y otras ciudades como Heredia y Cartago.

El amplio movimiento social fue finalmente desmontado poco a poco por las dirigencias sindicales y burguesas que coparon las movilizaciones llevándolas al ruedo de la institucionalidad, dentro de la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional.

La lucha contra el TLC tuvo varias etapas. La primera empezó con la dinámica de movilizaciones, más espaciadas, convocadas principalmente por el movimiento sindical.

Estas con una participación menor de instituciones que fueron la vanguardia en el sector en la lucha anterior como los trabajadores de las telecomunicaciones y electricidad. A estos el gobierno les fue dando una serie de pluses salariales que fueron minando su incorporación.

A la par de esto, dirigentes del Magisterio contuvieron la movilización, debido a que algunos de ellos como el ex presidente de la ANDE, Eduardo Rojas, manifestaba abiertamente su apoyo al proyecto y luego de ser reemplazado como presidente de la organización, pasó a formar parte de una  pro TLC.

Las marchas de nuevo se extendieron a lo largo del país en medio de paros de uno o dos días sin hacer llamado a huelga general. Cuando eso llegaba a la disyuntiva de la huelga general o seguir por el camino de los paros aislados, el gobierno de Arias sacó la propuesta del Referendo.

Este mecanismo del régimen democrático burgués, fue avalado por todas las direcciones y apuntan a poner todas sus energías en la trampa electoral establecida por el régimen.

Se formaron los Comités Patrióticos en todas las comunidades del país y la dirección del proceso pasó de los sectores sindicales a partidos burgueses como el Partido de Acción Ciudadana (PAC), dirigido por Ottón Solís, un ex liberacionista, exministro del primer gobierno de Arias. En esta carreta se montaron también otras figuras de la burguesía y de la academia como Mariano Figueres, hermano del expresidentes José María Figueres.

Estos comités se llenaron de activistas con la consigna de contrarrestar la campaña del gobierno y la Alianza pro TLC de las cámaras patronales y del gobierno. Sin embargo la movilización desapareció del panorama de la lucha, lo cual dejó a la clase trabajadora y el movimiento popular sin un arma propia.

El resultado esperado fue la derrota del “NO” lo que conllevó a la desaparición de muchos de esos comités y la desmoralización de cientos de activistas que sembraron sus esperanzas en el triunfo en el Referendo.

La gobernabilidad

Luego de este proceso, el fantasma de la ingobernabilidad empieza a desaparecer del panorama del gobierno. Las leyes de implementación del TLC son votadas una a una con la venia del PAC, que como ellos dijeron, acatan la voluntad popular expresada en las urnas.

Esto no implica que las contradicciones entre los diferentes sectores de la burguesía desaparecieron, sino que se expresaron de distintas formas. Los sonados caso de corrupción denunciados por la prensa de la burguesía sobre el manejo de fondos y la renuncia de ministros y figuras del gobierno, marcaron la tónica después del Referendo.

Sin embargo, esto no detuvo la recomposición del gobernante Partido de Liberación Nacional (PLN), después de estar envuelto en crisis internas. Varias de sus figuras salen y se mueven alrededor de proyectos electorales como la Alianza Patriótica, el partido político que reúne a los comités patrióticos y las mencionadas figuras encabezadas por Rolando Araya Monge, el ex candidato del PLN. Por su parte el PLN en su convención interna logró elegir a Laura Chinchilla, ex vicepresidenta y delfín de Arias.

En su discurso de aceptación de la candidatura,  Laura Chinchilla manifestó lo siguiente: “Don Oscar Arias, hace ya casi cuatro años, emprendió la tarea titánica de poner a caminar de nuevo a un país que estaba postrado. Es nuestro deber completar el trabajo que el inició y vamos a cumplir ese deber. Y vamos a emprender también tareas en las que el obstruccionismo de una oposición irresponsable y de un sinnúmero de trabajas burocráticas primero, y una crisis económica sin precedentes después, nos han impedido avanzar como hubiéramos querido hacerlo. En las próximas semanas y meses vamos a conversar muy intensamente sobre nuestros planes para el futuro, sobre todas y cada una de las tareas que vamos a emprender a partir del 1 de mayo de 2010 ” (Discurso de Laura Chinchilla en la Asamblea Nacional y Plenaria del PLN 26/07/09)

La continuidad tiene rostro de mujer, aún más con los candidatos a los principales puestos de diputaciones por San José como los ex ministros del actual gobierno: Viviana Martín, Guillermo Zúñiga de Hacienda y el negociador del TLC con los Estados Unidos Francisco Chacón.

Estas figuras claves en el actual gobierno, pasarán al Parlamento con el fin de tratar de  aprobar las leyes que hacen falta para culminar el proceso de la aprobación del TLC, como la flexibilización laboral, la municipalización de la educación y otros más que garanticen aumentar la explotación del pueblo costarricense.

Nuestra propuesta: superar la dispersión de la izquierda

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) vemos necesaria la constitución de una opción de izquierda clasista, que logre reunir a los mejores luchadores contra el TLC y las políticas del gobierno. Esta opción electoral es sólo un paso en la perspectiva de recomponer el movimiento sindical y popular para enfrentar los embates de la crisis económica.

Por eso llamamos que todas las organizaciones de izquierda clasista, a realizar una Asamblea para empezar a discutir democráticamente la necesidad de unir fuerzas dentro de un marco programático común. Estamos a tiempo para lograrlo.

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Por Eduardo Villalobos

La pandemia de gripe ha golpeado con fuerza a Costa Rica. El recuento de muertos sigue aumentando y la atención en clínicas y hospitales parece estar siendo desbordada.

Las autoridades hacen llamados para que la población adopte medidas preventivas, pero sin que el Estado y las empresas privadas tengan mayor responsabilidad.

Como un ejemplo para ilustrar lo anterior, la institución costarricense del agua, AYA, sigue adoptando los cortes de servicios en todos los puntos del país sin importar la condición o causas de la morosidad. El fin último de la empresa estatal es el lucro. Los trabajadores de muchas empresas deben aportar sus implementos de limpieza.

Por otro lado, muchos Equipos Básicos de Atención Integral de Salud, conocidos como EBAIS, están desprovistos de recursos materiales y humanos que le permitan atender la situación como se debe. El cierre o traslado de cierres así como las plantas físicas donde funcionan son de hacinamiento.

Situación en el campo educativo

El gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Salud, pospuso durante una semana la entrada a lecciones después del período de vacaciones de medio período.

Durante este tiempo, según el ente estatal, se estudiaría la situación y la posible propagación de la pandemia ente la población estudiantil y ligada al campo educativo.

Después de 3 días, el Ministerio de Salud y de Educación decidieron convocar a profesores y alumnos de nuevo a lecciones, amparados, según ellos, a los estudios realizados sobre el impacto de la enfermedad en los estratos etéreos.

Sin embargo, las autoridades no toman en cuenta varios aspectos entre ellos las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo en la mayor parte de las instituciones del país.

Se debe reseñar que asisten a lecciones cerca de un millón de estudiantes y cerca de 60 000 trabajadores de la educación. Muchos de esos niños y niñas son vulnerables debido a los padecimientos característicos como el asma, las infecciones respiratorias y otros que se dan en el contacto con los demás estudiantes.

El gobierno tira la brasa a las Juntas de Educación, que son las que administran los fondos de las escuelas y colegios. Pero en última instancia la responsabilidad final recae sobre el personal docente y administrativo que no se encuentra capacitado para asumir la responsabilidad en esta materia.

Pero, muchas de esas juntas se encuentran en crisis permanente debido a su condición de administrar fondos públicos. La conformación de las mismas se ve mediada por los consejos municipales y los personajes que las componen obedecen a los designios de los partidos en el poder. De ahí que la subutilización de las remesas o bien el reparto de las mismas en corruptelas dejan sin fondos a las instituciones educativas. Algunas de ellas son incapaces de girar los fondos para el pago de los servicios públicos por lo que se dan las suspensiones de los mismos.

Comunicado del MEP y Ministerio de Salud

El personal docente y administrativo no puede asumir la responsabilidad ni el manejo de la crisis por la pandemia. El MEP y el Ministerio de Salud en un comunicado de la oficina de prensa del MEP resumen sus medidas de la siguiente forma:

1. Identificar y tomar las medidas necesarias para garantizar que dentro del centro educativo no permanezcan personas con síntomas de resfrío o gripe.

2. Garantizar las buenas prácticas de higiene de los estudiantes, personal, tanto docente como administrativo y personas que acuden al centro educativo

3. Disponer en todos los baños de papel higiénico, jabón para manos, agua y papel toalla desechable.

4. Limpiar instalaciones, equipo y mobiliario con desinfectante común, alcohol de 70 grados o disolución de cloro comercial (3 gotas por litro de agua).

5. Mantener lugares de trabajo y aulas ventiladas.

6. Verificar que el personal docente y administrativo cumpla con estas responsabilidades

Únicamente la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, se ha manifestado en contra de estas medidas que como se ve hacen responsables al personal de la crisis. De igual manera, la ministra de Salud, Dra. María Luisa Ávila, amenaza con cárcel a aquellos que incumplan las mismas, de acuerdo con la ley general de salud. Las penas van de 15 días a un año.

Ante esta situación las organizaciones deben llamar a que los Ministerio de Salud y de Educación cumplan primero con las condiciones adecuadas de trabajo para enfrentar la crisis. Si estas no son proporcionadas se debe llamar a la población para que no envíen a sus hijos a los centros de enseñanza y evitar que se disemine el virus.

¡Que se posponga la entrada a clases hasta que el gobierno garantice las condiciones óptimas de salud de estudiantes, profesores y trabajadores del sector educativo!

El Plan Escudo, anunciado por el gobierno de Oscar Arias en enero de este año, ha vuelto a mostrar su verdadera cara.

Este impulsaba algunas medidas, que de acuerdo a la visión empresarial, buscaban solventar la crisis que en ese momento empezaba.

Dentro de ellas, la reducción de dos puntos porcentuales de las tasas de interés en los préstamos de vivienda en la Banca Estatal, la más fuerte del país, están tendiendo a hacer aguas.

El aumento en 2,75 puntos de la tasa básica pasiva, no hace más que encarecer los créditos que miles de familias costarricenses han hecho, fundamentalmente en el área de vivienda.

Como se puede ver, la intención sigue siendo la misma receta que aplican todos los gobiernos alrededor del mundo, descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

A pesar que todavía no se ha implementado el proyecto de ley concerniente a flexibilizar la jornada laboral, las organizaciones deben de empezar a preparar el terreno para dar esta lucha.

Como se ha visto con el asunto del aumento salarial de los empleados públicos y privados, al gobierno no le interesa resolver las necesidades nuestras. Si tienen que reducir nuestro nivel de vida lo hacen sin inmutarse.

En este sentido no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que el gobierno tome de nuevo la iniciativa y que aplique este nefasto plan, que en conjunto con las otras medidas buscar eliminar nuestras garantías laborales en función de aumentar las ganancias de los responsables de la crisis económica.

Por Eduardo Villalobos

El alza aprobada por los representantes patronales el pasado 13 de julio, representa prácticamente el congelamiento salarial para los casi 180 000 trabajadores del sector público. El 1,21% aprobado implica cerca de 1500 colones a 2000 colones mensuales a los empleados con el salario base más bajo.

Anteriormente ya había decretado casi de la misma forma un aumento de apenas un 3% para los trabajadores del sector privado, basados, según el gobierno y los patrones, que este no alentaría el desempleo. Cabe mencionar que según cálculos del gobierno en la encerrona realizada sobre empleo, desde agosto del 2008 hasta mayo 2009, cerca de 1,4 millones de cotizantes a la Caja del Seguro Social, perdieron ya sus empleos.(Diario Extra, 15 de julio del 2009)

La mayor parte de estos empleos se perdieron en las grandes compañías, cerca de 6,7% de los empleos perdidos ocurrieron en este tipo de empresas.

Es decir que para un buen entendedor, el aumento salarial no es un factor que incide, como dicen los patrones en la disminución del empleo. Este fenómeno tiene que ver con una receta que siguen a nivel mundial, derecargar el costo de la crisis en la espalda de los trabajadores y trabajadoras del mundo, disminuyendo sus ingresos o bien por vía del despido.

En años anteriores, la dirigencia sindical había abandonado la lucha por los reajustes salariales de los dos sectores, públicos y privados confiados en la negociación que se obtuvo con el gobierno. Esta negociación implicaba que los aumentos iban a ser iguales a la inflación, lo que no se determinó es el cálculo no sólo de la inflación, sino también de otros factores como el índice de precios al consumidor y otros que afectan nuestra economía doméstica.

Otros factores que inciden en el aumento del costo de vida

La canasta básica familiar es determinada por el Ministerio de Economía y deja por fuera productos, bienes y servicios que forman parte del consumo de las familias costarricenses.

El aumento progresivo de las tarifas de los servicios públicos, además de los aumentos de las tasas de interés para los préstamos ha hecho que nuestros ingresos se hayan visto afectados más allá del porcentaje calculado por el gobierno para definir los aumentos. Hoyel ingreso familiar se ha vista disminuido por el hecho de que las cuotas de préstamos tanto de consumo como de vivienda se encuentran más altas y esta tendencia está calculada por las autoridades para controlar el gasto. A pesar de la implementación del plan escudo, que disminuyó vía decreto las tasas de interés, no ha logrado detener el alza y hoy de nuevo se cierne la amenaza de la pérdida de los bienes.

El reflejo de esto se da cuando la morosidad en los bancos estatales como el Banco Nacional aumenta más allá de lo “normal”, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Esto sin tomar en cuenta el anuncio del aumento de la tasa básica en 0,75%, lo que encarece aún más los créditos.(La Nación, 16 de Julio de 2009)

Otro factor es el tipo de cambio que en nuestro país aumenta en forma diaria, devaluando al colón de la misma forma. Los mayoristas han presionado para que el tipo de cambio aumente como forma de aumentar el valor de las exportaciones y disminuir los costos, dentro de ellos el salario.

Las organizaciones sindicales ante el decreto de aumento salarial

Las organizaciones sindicales en su conjunto prepararon el terreno para que este decreto fuera un hecho consumado, hasta el momento.

La propuesta levantada fue de reconocer un 5% a un 6% de aumento, tomando en cuanta una vieja reivindicación que es que se salde la deuda salarial de las administraciones anteriores que fijaron siempre aumentos por debajo de la inflación.

Sin embargo, la justeza o no de los argumentos no se mide solamente por la solidez de los mismos, sino que deben ir acompañados de medidas de presión y de movilización que las acuerpen. Antes de la negociación, ninguna de las organizaciones alertó o llamó a las bases para preparar la defensa del 5%. Simplemente se dieron cita el lunes 13 de julio y ahí descubrieron el decreto. Es más en palabras del propio Viceministro de Trabajo, Eugenio Solano” “Lamentablemente el monto es bajo, pero la situación de la economía, en cuanto a recursos, para poder plantear un ajuste adicional es complicada. Escuchamos a los sindicatos casi que por una cuestión de cortesía”. (La Nación, 14 de julio de 2009).

Es decir, la cortesía de la que habla el señor Solano es el reflejo de la realidad de la Comisión de Salarios cuando se dejaa este como un mecanismo parlamentario de definición.

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, no hace más que lamentar el decreto de aumento y su presidenta, Beatriz Ferreto tan siquiera llama a movilizarse y simplemente sacar una moraleja, válida o no “A los representantes de los trabajadores les tiene que quedar como enseñanza que no deben precipitarse a firmar acuerdos sin un análisis exhaustivo”.(apse.or.cr)

La ANEP hace un llamado para que las bases definan en dos Asambleas una de filiales este lunes 20 y la otra para el 31 de julio, las medidas a seguir. Pero como mencionamos anteriormente las organizaciones fueron ilusionadas a la negociación, creyendo que el gobierno daría un mayor ajuste. El secretario general adjunto de la ANEP, Édgar Morales manifestó luego de la reunión” “Creíamos que el Gobierno aprovecharía la baja inflación para realizar un mejor ajuste, para mejorar la calidad de vida, pero prefirió seguir el camino de la concentración de la riqueza”.(La Nación 14 de julio de 2009).

la ANDE en su comunicado oficial, reclama en forma correcta varios puntos, como el reconocimiento de la deuda salarial y demanda un ajuste del 6%. Lo que omite el comunicado es con qué medidas vamos los trabajadores a garantizar la consecución de tales objetivos. El directorio no llama a una Asamblea de Presidentes de Base para definir medidas concretas.

Pareciera también que se busca obtener algunos pluses que puedan aplacar momentáneamente la situación. Esto se vería reflejado en los montos que se darían a los profesionales del título II, relacionados con el percentil 45 que entra en vigencia este mes de julio y todavía no está definido y depende del informe que presente Servicio Civil. Además, existen propuestas en el sentido de buscar un aumento del porcentaje de los aumentos anuales que en el caso de los trabajadores de la educación es de sólo un 1,94%, mientras que otras entidades gubernamentales llegan casi al 4%.

Las organizaciones deben convocar a un encuentro unitario para dar la lucha por el 6%

Ante esta situación queda demostrado que no podemos crear expectativas en el gobierno.

La única posibilidad de arrancar un mayor aumento es la de movilizar las fuerzas. Hay precedentes en el pasado que nos indican el camino, como cuando le arrancamos en una huelga unitaria un mayor aumento al gobierno de Calderón Fournier. Esta es una lucha impostergable que debemos dar los y las trabajadoras del país.

Es hora de que las centrales sindicales llamen a una Asamblea de trabajadores del sector público y llamemos a una Huelga Nacional por el aumento del 6%.

El movimiento popular en Honduras es la muestra de resistencia que debemos emular y garantizar un aumento digno para los 185,000 trabajadores del sector público y los compañeros del sector privado.

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