Por José René Tamariz

El grave problema de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es histórico, puesto que ha sido una cuestión recurrente a lo largo de la historia de esa institución, casi desde su fundación. Según algunas investigaciones históricas “… la aplicación de la reforma de 1971 se resolvió en una situación paradójica dentro de la cual la deuda acumulada por el Estado con los seguros sociales asumió proporciones astronómicas… Pese a los deseos del Gobierno de Figueres de pagar esta deuda mediante una emisión de bonos, resultó evidente, por enésima vez, que era necesario hacer algo en cuanto al papel del Estado en la financiación de los seguros sociales…”. (Rosenberg, Mark: Las Luchas por el Seguro Social en Costa Rica. Editorial Costa Rica, 1983, página178 y 179). En aquel momento, se incrementó la cuota de los seguros sociales al sector patronal y se redujo, de forma proporcional la del Estado.

Las Maniobras para No Pagar la Deuda Estatal con la CCSS

En el año 1949 la deuda acumulada del Estado con los seguros sociales era de 475,000 colones; para el año 1959, una década después, dicha deuda había ascendido a 23,873,000 colones; en el año 1969, esa deuda se había incrementado a la cantidad de 223,277,000 colones y para el año 1974, dicha deuda subió a la cifra de 397,408,000 colones. Cuarenta nueve años después, es decir 2023, la deuda del Estado con la CCSS asciende a la cifra astronómica de 3,3 billones de colones. El 82.74% de esa deuda corresponde al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el 17.26% es del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Prácticamente, todas las administraciones del Estado, desde los años 40 hasta la actualidad, le han adeudado una millonaria cantidad de dinero a la CCSS. Ninguna administración ha honrado o pagado de forma total sus obligaciones con la seguridad social. Más bien, la actual administración de Rodrigo Chaves se ha caracterizado no sólo por no querer pagar dicha deuda, sino que, incluso, la ha llegado a desconocer y más bien la ha incrementado, de forma gigantesca y dramática. El descaro de la administración Chaves ha llegado a niveles desfachatez, ya que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda sostiene que el monto de esa deuda “conciliado” es apenas, una cifra ridícula, de ₡54.982 millones. 

Es importante destacar que la administración Chaves ha incrementado la deuda del Estado con la CCSS en un monto de ₡580.397 millones, o sea en un 20.98%, en el periodo de un año (agosto de 2022 a agosto de 2023). De acuerdo con el expresidente de la CCSS, Álvaro Ramos, destituido por Chaves en septiembre de 2022 “No pagar ni reconocer a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la billonaria deuda, así como paralizar el portafolio de inversiones de esta institución, son dos maniobras que el Gobierno utiliza para “mejorar” sus finanzas, pero a un costo social “enorme”. (Semanario Universidad. Semana del 25 al 31 de octubre de 2023).

La política del gobierno de Rodrigo Chaves de “no pagar ni reconocer” la gigantesca y billonaria deuda del Estado con la CCSS, además de perjudicar el derecho a la salud y de la vida de miles o millones de personas, ya que muchas personas mueren por falta de una atención oportunas en los diversos servicios de salud, también es violatoria al artículo 73 de la Constitución Política que literalmente estipula que “Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

No Podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales…”. (Constitución Política de la República de Costa Rica. Investigaciones Jurídicas S.A, 2004, página 22).  

Algunas Consecuencias del No Pago de la Deuda Estatal a la CCSS

1. Gran Lista de personas en espera de servicios médicos. Actualmente, las personas en lista de espera ascienden a más de un millón, la cual se divide en los siguientes servicios médicos: 602.457 pacientes en espera de algún procedimiento diagnóstico (ultrasonido, mamografía, gastroscopía, colonoscopia y ecocardiograma); 280.621 personas en consulta externa (urología, ortopedia y oftalmología) y 177.021 pacientes de área quirúrgica (cirugía general, ortopedia y oftalmología). Los días de espera para recibir un determinado servicio de salud en la CCSS puede oscilar desde 21 a 1053 días o más.

2. Miles de pacientes muertos en espera de cirugía. Sólo en siete meses del año 2023, unas 2.000 personas murieron esperando que se le realizarán una cirugía. Ellos fueron eliminados de las listas de espera. Según un informe médico, esos muertos eran pacientes que esperaban un procedimiento quirúrgico desde el año 2015. Sin embargo, esa lista de personas que murieron esperando tener algún tipo de cirugía asciende miles de personas más en el curso de muchos años.

3. Privatización, en los hechos, de los servicios de salud. Miles de personas, haciendo muchos sacrificios, al no recibir los servicios médicos en las distintas áreas mencionadas de la CCSS son expulsadas del seguro social publico y van a pagar los servicios de salud privados. Veamos algunos ejemplos. Unas 4.107 pacientes fueron sacadas de las listas de espera debido a que se fueron a centros médicos privados a realizarse una intervención quirúrgica, asimismo existen miles de personas que van a las diferentes clínicas y hospitales del sector privado de salud a hacer consultas externas y procedimientos diagnósticos en el sector privado de la salud.

El denominado mecanismo de “copago”, parte de la llamada “Ruta de la Salud” del gobierno de Chaves y de la CCSS para reducir los tiempos de espera en la atención de las diversas áreas de salud y mejorar el servicio, se inscribe en el proceso de tercerización o privatización de servicios que, hasta el momento sólo han estado en manos del sector público de salud. Nos referimos a que las cirugías y exámenes diagnósticos serían realizados por instituciones privadas de salud y sus costos serían pagados una parte por la CCSS y la otra por los pacientes. Según el presidente de la Unión Médica Nacional (UMN), Edwin Solano “Esa ruta de la salud no es más que la crónica de una privatización anunciada. Desde hace rato venimos hablando de que se quiere privatizar la salud de este país, que hay organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional que quieren que a Costa Rica le suceda lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Chile, que hoy tienen en las calles a todos los ciudadanos porque privatizaron la salud”. (Semanario Universidad. Semana del 15 al 21 de noviembre de 2023).

Por otra parte, una encuesta realizada por la CCSS ha determinado que los servicios médicos privados, tanto en el área quirúrgica como de procedimientos diagnósticos, tienen un costo mucho mayor que los de la CCSS, ya que sus precios pueden oscilar entre un 129% hasta un 286% más alto que los públicos. Aún no se conoce que porcentaje de un servicio médico deberá pagar el paciente y la CCSS. No obstante, con ese mecanismo privatizador de la salud de “copago”, la mayoría de las personas no podrán ni tendrán la capacidad económica de pagar esos servicios de salud, provocando un mayor deterioro de la salud entre la población y más muertes de pacientes.

4. Paralización del Portafolio Institucional de Inversiones. El no pago de la deuda del Estado con la CCSS, así como tampoco el no pago del capital principal de la deuda pública que mantiene con esa institución, impiden que la Caja pueda construir la infraestructura hospitalaria necesaria para la atención de miles de pacientes, tales como el hospital de Cartago, hospital de Limón, diversos centros de salud o EBAIS y compra de equipos médicos, ya que varios hospitales están saturados.

5. Fuga de Especialistas de la CCSS. De acuerdo con datos periodísticos en los dos últimos años (2021 y 2022) más de 208 médicos especialistas abandonaron su trabajo en algún hospital o centro de salud de la CCSS para ir a trabajar al sector privado de salud o al Instituto Nacional de Seguro (INS) debido a que sus salarios se han depreciado en relación con los del sector privado o bien por los horarios inflexibles de la CCSS.

6. Eventual Disminución del Monto de Pensión Mínima del IVM. Al respecto la información que se conoce es que “Según cálculos de la CCSS, para febrero del 2023, la deuda acumulada del Gobierno en el pago de las cuotas estatales al IVM era de ₡531.000 millones y se espera que, para finales de año, se eleve a unos ₡600.000 millones”. (La Nación, 9 de octubre de 2023). Actualmente, la pensión mínima del IVM es de ₡153.192 por mes, siendo percibida por el 46% de los pensionados de dicho régimen. La propuesta de la CCSS es reducir ese monto de pensión a ₡140.865 para los nuevos pensionados, es decir una reducción absoluta de ₡12.327 y del 8,04%. Según el gerente de pensiones de la CCSS esa propuesta de reducción para las nuevas pensiones mínimas se debe a que “el Estado se había comprometido a financiar el subsidio a este grupo de jubilados. Sin embargo, señaló que los atrasos en el pago del Gobierno afectan las finanzas del IVM…”. (La Nación, 20 de noviembre de 2023). 

Exijamos el Pago de la Deuda del Estado con la CCSS

El movimiento sindical, ya sean sindicatos independientes, federaciones, confederaciones y bloques sindicales deben realizar un Encuentro Sindical Unitario para discutir la grave situación que atraviesa la CCSS en sus diversas áreas de atención de salud producto del NO pago de la deuda estatal con dicha institución. Asimismo, ese Encuentro Sindical debe votar un Plan de Lucha que contemple las diferentes acciones necesarias para exigir al Gobierno de Rodrigo Chaves la implementación de un plan de pago en conjunto con las autoridades de la CCSS que cubra y atienda las necesidades para ir resolviendo los problemas más apremiantes de esa institución.

Los problemas y situaciones de salud de la población son graves y apremiantes, en muchas ocasiones mortales, requiriendo de soluciones urgentes y de emergencias. El NO pago de la deuda Estatal con la CCSS es una política criminal, ya que ha provocado y seguirá produciendo la muerte de miles de pacientes que se encuentran en las gigantescas listas de los diversos servicios médicos pendientes por muchos años. Proponemos que se convoque a una gran movilización nacional, como primer paso, para exigir al Gobierno de Chaves el pago inmediato de una parte de esa astronómica deuda estatal con la CCSS.

¡NO AL COPAGO DE LOS SERVICIOS DE SALUD! ¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD!

Por José René Tamariz

Para el 25 de octubre diversas organizaciones sindicales, estudiantiles, productivas y sociales están convocando a una gran marcha y protesta nacional en contra del gobierno de Rodrigo Chaves. La movilización partirá desde distintos lugares, finalizando en Casa Presidencial. Las diferentes organizaciones, dependiendo de sus sectores, se movilizarán por sus distintas demandas e intereses. Los sindicatos magisteriales como la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y Sindicato de Educadores Costarricense (SEC) están convocando por las siguientes demandas:

• Por el 8% del PIB para la educación en 2024.
• Por la aprobación de la reforma a le Ley 9999.
• En contra de los proyectos de pensiones que amenazan al magisterio.

Algunas organizaciones sindicales del sector salud, entre las cuales se encuentra el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAES), están llamando a la marcha nacional por diferentes propuestas, tales como:

• Por la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
• Por la defensa de la Autonomía Constitucional de la CCSS
• Por la detención de la fuga de médicos especialistas
• Por la solución definitiva de las largas listas de espera de atención médica
• Construcción de nuevos EBAIS y fortalecimientos de los actuales.

El sector agropecuario costarricense está convocando a esa movilización por las siguientes reivindicaciones gremiales:

• No al bloque de la Alianza del Pacífico
• SÍ a la Comisión Especial Mixta en la Asamblea Legislativa
• No a la Ruta del Arroz
• No a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro
• No a la Canasta Básica Importada
• SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario
• SÍ a la Defensa del PAI, un Mercado Seguro para la Producción Nacional
• Sí a la Soberanía y Seguridad Alimentaria

Por su parte las organizaciones estudiantiles de las diversas universidades públicas (UCR, TEC, UNED, UNA y UTN) están convocando a esa protesta nacional para luchar:

• Contra las políticas que DESTRUYEN el Estado Social de Derecho

Mientras todas estas organizaciones que representan distintos sectores sociales están convocando a la Gran Marcha y Protesta Nacional, la burocracia sindical de la directiva de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), encabezada por Ana Doris González, y sus acólitos del Consejo Nacional votaron el 7 de octubre en contra de participar en la movilización del 25 de octubre.

En los hechos, con esa posición política, la burocracia sindical de la directiva nacional de APSE y sus cómplices del Consejo Nacional, se ubican en el bando y acera del enemigo, patronal del MEP y del gobierno de Chaves. Lo anterior demuestra la política de colaboración que existe por parte de la burocracia sindical de APSE con las políticas y las autoridades del gobierno.

Por tanto, hacemos un llamado a toda la base apsina a desobedecer y romper con la política de desmovilización de la burocracia sindical de APSE y participar, de forma activa, en la Gran Marcha Nacional del 25 de octubre.

!Ni un Paso Atrás!

Por José René Tamariz

Recientemente, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR realizó una encuesta sobre el gobierno de Rodrigo de Chaves, la situación del país y otros aspectos de importancia. Esa investigación ha dado a conocer después de 16 meses de gobierno de Chaves el proceso de desgaste en el apoyo político y social entre la población costarricense, ya sea hacia el gobierno como a la figura del presidente de la República. De acuerdo con el Semanario Universidad “El movimiento político que lidera Rodrigo Chaves encara su primera prueba electoral en un momento de reducción sostenida del respaldo popular que ha caracterizado la gestión presidencial desde mayo de 2022”. (Semanario Universidad. Semana del 20 al 26 de setiembre). Veamos lo que plantea esa encuesta.

Disminución del Apoyo al Gobierno

El apoyo popular del gobierno de Chaves pasó del 71% en agosto del año 2022 al 53% en septiembre del 2023, es decir, una disminución del 25,3%. Por su parte, el rechazo hacia el gobierno saltó, en esa misma fecha, de un 9% hasta un 24%, o sea, un aumento del 166,7%. Entre cada una de las encuestas realizadas por ese centro de investigación se han producido pérdidas constantes de apoyo político y popular hacia el gobierno de Chaves, así como el incremento de las opiniones negativas hacia él. La valoración positiva o apoyo popular del presidente Rodrigo Chaves pasó del 79% en agosto de 2022 al 57% en setiembre del año 2023, perdiendo 22 puntos porcentuales en un año y la negativa brincó, en el mismo período, del 10% al 23%, o sea, una pérdida de 13 puntos porcentuales. De otro lado, es importante señalar que el apoyo a Chaves se produce entre los hombres del grupo etario de 35 a 54 años y con educación secundaria.

Por otro lado, es muy importante mencionar que Rodrigo Chaves obtuvo su mayor apoyo político en las provincias costeras y más pobres como Limón, Puntarenas y Guanacaste. Sin embargo, a 16 meses de su gestión gubernamental las personas en esas provincias son las que le dan menos apoyo al gobierno de Chaves, sumada a la principal provincia que es San José. Según ese estudio “… Los limonenses pasaron de ser la población de más apoyo a Chaves a ser la de menor índice…”. (Ídem). Asimismo, es notorio que, de cada 100 personas, 30 ya no apoyan a Chaves y el 61,5% no confían (25,5% no tienen ninguna confianza y 36,0% tienen poca confianza) que el gobierno sea capaz de resolver los principales problemas. Todos esos datos demuestran que la “luna de miel” de la ciudadanía con Rodrigo Chaves y su gobierno terminó y, simultáneamente, dan cuentan del proceso de ruptura de un gran segmento de la población con el presidente y su gobierno.

Los Principales Problemas del País

La opinión de la ciudadanía es que los principales problemas del país son: 1) la inseguridad y delincuencia. 2) la corrupción. 3) el desempleo. Según esa investigación “El 69,5% de los encuestados dijo que el criterio sobre la seguridad pública ha empeorado en el último año…”. (Ídem). Para el jueves 21 de setiembre se reportaban 655 asesinatos, llegando a superar los 654 homicidios de todo el año 2022. Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) declaró, recientemente, que “A hoy estamos en un promedio de 4,2 homicidios por día en Costa Rica, hace un año exactamente estábamos en menos de 1,5 por día, como decía es exponencial, hay que aplanar la curva porque si no esto va a seguir y seguir”. (crhoy.com 19 de setiembre de 2023). Lo anterior, representaría una tasa de homicidios entre el 16 o 17 asesinatos por cada 100 mil habitantes, superando la tasa de crimen del 12,6% que se produjo en el año 2022.

De acuerdo con las estadísticas y períodos históricos, faltan los meses (octubre, noviembre y diciembre) más sangrientos de los años. Es muy importante destacar que entre las provincias en donde más han aumentado los asesinatos como San José (163 homicidios), Limón (159 asesinatos), Puntarenas (106 crímenes) y Guanacaste (67 homicidios) que se encuentra en quinto lugar es en donde recibe menos apoyo el gobierno de Rodrigo Chaves. La tasa de asesinatos en Limón es más de 33 por cada 100 mil habitantes, ya que su población es mucho menor que la provincia de San José.

Existe una correlación entre el principal problema (inseguridad y delincuencia) del país con otros factores como los altos niveles de pobreza y desempleo, reconocido por la ciudadanía en las provincias en donde el gobierno de Chaves perdió la mayor parte de apoyo político y social. La población en general y, en particular en las provincias antes mencionadas, no viven de promesas sino de la realidad, la ciudadanía que vive en carne propia ese flagelo se ha dado cuenta que el gobierno de Rodrigo Chaves ha sido incapaz de resolver ese principal y grave problema, lo cual los ha llevado a la ruptura con ese gobierno y Chaves. Según, Randall Zúñiga, director del OIJ, en las zonas de mayor exclusión educativa (zonas rurales), desempleo y pobreza “Tenemos una pequeña bomba de tiempo ahí, porque hay personas que no tienen las posibilidades reales de tener un buen empleo. (…) no solamente porque no hay empresas que quieren ir ahí, sino porque no hay mano de obra calificada”. (crhoy.com. 18 de septiembre de 2023).

Entonces, existe un proceso de desencanto acelerado hacia el gobierno y su principal figura política: el presidente de la República. En realidad, debemos plantearlo claramente, las políticas de Rodrigo Chaves para enfrentar el narcotráfico y a las bandas delincuenciales han fracasado.

Crisis del Sistema de Partidos Políticos

El sistema de partidos políticos en Costa Rica enfrenta, desde hace varios años, una profunda crisis sistémica. Primero, se produjo la derrota contundente del viejo bipartidismo entre el PLN y PUSC, los cuales gobernaron el país, alternándose el poder cada cierto período, entre los años 1982 y 2014. El bipartidismo es derrotado y entra en crisis cuando el emergente Partido Acción Ciudadana (PAC), encabezado por el candidato Luis Guillermo Solís, gana las elecciones en la segunda ronda electoral en abril de 2014. En el siguiente período 2018-2022, vuelve a ganar el PAC las elecciones presidenciales, encabezado por Carlos Alvarado, en segunda ronda. En las últimas elecciones para el período 2022-2026, gana las elecciones un nuevo partido, PPSD, encabezado por el político advenedizo, Rodrigo Chaves.

El PUSC tiene en su haber 5 derrotas electorales consecutivas, mientras que el PLN carga con 3 derrotas electorales continuas. Los partidos del extinto bipartidismo han quedado reducidos a la “oposición” permanente y al colaboracionismo con los partidos de turno. Es importante recordar que el PLN ha sido un bastión y sostén del sistema y orden capitalista nacional. Sin embargo, las tres derrotas continuas del PLN de las elecciones y estar 12 años sin el control del aparato del Estado, lo han llevado a una profunda crisis política y diáspora. Primero, renuncio Laura Chinchilla, expresidenta de ese partido en el período 2010-2014 y después renunciaron otros connotados miembros de esa agrupación como Claudio Alpízar y el abogado constitucionalista, Fernando Zamora. En caso de tener una cuarta derrota continua el PLN podría arribar a una crisis terminal o bien quedar reducido a un partido más de oposición permanente, tal como le sucede al PUSC. 

Al morir el bipartidismo, surgió en Costa Rica el denominado multipartidismo que, cada cierto tiempo, ha venido cambiando de piel como los reptiles o bien desapareciendo como algunas especies de animales en extinción. En el camino de la extinción han quedado varios partidos políticos, tales como el Movimiento Libertario (ML), el partido Accesibilidad sin Exclusión, el Partido Acción Ciudadana (PAC) que no sacó ni un diputado en la última elección y que gobernó por dos períodos consecutivos.

Por otra parte, según la investigación del CIEP “En relación con el sistema de partidos, la población vuelve a mostrar un fuerte distanciamiento, pues 78,6% dice que no simpatiza con ninguna agrupación. Esto deja en la incertidumbre la posibilidad de un trasvase significativo entre el apoyo a Chaves y el respaldo a algunas de las agrupaciones que lo exaltan”. (Semanario Universidad. Semana del 20 al 26 de setiembre). El porcentaje restante, en cuanto a los apoyo o simpatías de la población hacia los partidos políticos, se distribuye de la siguiente manera: 7% para el PLN, 5% hacia el PPSD (oficialista, pero distanciado de Chaves) y 10% para “otros” partidos políticos. Esto refleja, la altísima volatilidad de los ciudadanos en sus apoyos a los partidos políticos, así como en los procesos electorales municipales del año 2024 y elecciones generales del 2026.

De las tres agrupaciones que se reclaman “chavistas” o “rodriguistas”, sólo el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) fue reconocido por un 13% de los encuestados, mientras que al partido Aquí Manda Costa Rica (AMCR), dirigido por un asesor cercano a Chaves, apenas un 0,4% de los encuestados lo reconoció e igual sucede con el Partido Pueblo Soberano (PPS), que solamente fue reconocido por un 0,5% de la encuesta. Todo lo anterior hace indicar que en el proceso de las elecciones municipales que inicia en el mes de octubre de 2023 y concluye en febrero de 2024, el chavismo costarricense con sus tres agrupamientos tiene un fuerte desafío por abrirse, ganar espacio y municipalidades, como una antesala del próximo proceso electoral nacional de 2026. El futuro del chavismo costarricense no está garantizado. Podría tener varios escenarios: fortalecerse en las elecciones municipales, asunto dudoso por el desgaste político de ese movimiento político; correr la suerte de los múltiples partidos políticos que se han extinguido o bien quedar reducido a un rol de oposición.

De último, el futuro de los demás partidos políticos que son parte de la Asamblea Legislativa se juega, en parte, en las próximas elecciones municipales. Es muy probable que, en el proceso electoral municipal, producto de la alta volatilidad electoral y la baja simpatía hacia los partidos nacionales, varios partidos políticos cantonales salgan fortalecidos y puedan acceder al control de varias municipalidades.  

Por José René Tamariz

Costa Rica ha sido uno de los países de Centroamérica y Latinoamérica que, históricamente, se había caracterizado por procurar y garantizar un buen estado de bienestar social a sus ciudadanos. Ese derecho se logró y constitucionalizó en 1949, producto del conflicto político-militar que vivió el país en esa época. El artículo 50 de la Constitución Política señala que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Sin embargo, los gobiernos de turno en los últimos años, producto de la aplicación de sus diversas políticas neoliberales, han provocado un deterioro y disminución constante de ese estado social de derecho, poniendo en peligro su existencia. El gobierno de Rodrigo Chaves, un político advenedizo, neoliberal confeso y agente de organismos financieros internacionales, está llevando hasta el extremo sus políticas de austeridad en el terreno del gasto social, poniendo en peligro la sobrevivencia ese estado de bienestar social.

Rodrigo Chaves y sus serviles ministros a los cuales trata tanto de forma privada y pública como sus empleados, llevan a cabo un furibundo ataque generalizado contra las instituciones emblemáticas que representan ese estado social de derecho, desafiando y violando abiertamente las distintas formas de autonomías de las cuales gozan esas instituciones. Veamos algunos ejemplos ilustrativos.

Los Ataques a la CCSS

En esa arremetida se pueden enumerar los siguientes hechos. La destitución de toda la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el nombramiento de nuevos miembros, sin consultar a los diversos sectores sociales y sin elección por parte de ellos de sus representantes en dicha junta; el estribillo permanente de que la “Caja está quebrada” que tiene el claro objetivo de avanzar en más privatización de los servicios de salud; el plan de la gerencia médica de la CCSS para “… implementar un mecanismo de copago para que los asegurados paguen por consultas externas y procedimientos quirúrgicos en clínicas y hospitales privados y luego la Caja les reintegre el 60% de ese costo, con el fin de reducir las listas de espera” (Semanario Universidad. Semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2023).

Por otra parte, tanto Rodrigo Chaves como Marta Esquivel, actual presidenta de la CCSS, se oponen a pagar la billonaria deuda que tiene el Estado con esa institución. Esa flamante presidenta ha señalado que “Queda claro que la legislación actual del modelo de servicios de salud es financieramente insostenible”. No obstante, la denominada “Opinión técnica” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la CCSS se contraponen con lo planteado por Esquivel y el gobierno.

La Arremetida contra las Universidades Públicas

El ataque virulento de Chaves y sus diversos ministros (Educación, Hacienda y Planificación) en contra del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y, en especial hacia la Universidad de Costa Rica (UCR) es significativo de esa campaña contra el estado social. Por otra parte, Rodrigo Chaves, en su reciente gira por los Estados Unidos, frente a la nueva inversión por $1.200 millones de la multinacional Intel en Costa Rica, de forma despectiva señaló que “Intel no nos ha preguntado cuántos sociólogos, antropólogos van a producir las universidades de Costa Rica. No. Preguntan cuánta ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas e inglés”. (Semanario Universidad. 31 de agosto de 2023). Y más adelante declaró que “Y tenemos ahora a la Universidad de Costa Rica, llevándose la tajada del león del FEES para financiar esas carreras por las que nadie pregunta”. (Ídem).

Cuestionamiento del 8% del PIB para la Educación

Rodrigo Chaves en diversas ocasiones ha declarado que la reforma constitucional del articulo 78 de la Constitución Política que elevó el presupuesto para la educación del 6% al 8% del PIB fue “una medida populista”. Haciendo de ventrílocuo de Rodrigo Chaves, la flamante ministra de educación, Katharina Müller, entre descabelladas declaraciones sobre educación, planteó “¿Quién inventó el 8%? ¿De dónde surgió el 8%? ¿Dónde está la base científica que respalde el 8%?”. (La Nación, 06 de septiembre de 2023). Ese planteamiento de la ministra Müller fue discutido y superado cuando se realizó la reforma constitucional del 8% en el seno de la Asamblea Legislativa en el año 2011, hace 12 años! Esa es una política que pretende hacer retroceder la rueda de la historia al pasado y, por ende, reaccionaria.

De acuerdo con el último Informe del Estado de la Educación 2023 “Uno de los principales retrocesos experimentado en los últimos cinco años es la reducción en la Inversión Social Pública (ISP) en educación. Se trata, en este caso, de un retroceso absoluto, que compromete significativamente el potencial de crecimiento económico y desarrollo futuro, por cuanto limita la formación de recursos humanos de alta calidad y la capacidad para sostener los avances de los últimos años… ese debilitamiento de la inversión educativa impacta fuertemente las políticas sociales selectivas como los incentivos económicos para estudiar (becas) o cuasi monetarios (alimentación complementaria)”. (Resumen Estado de la Educasión 2023, página 50). Nota: la palabra “educasión” es propia de ese informe para hacer un llamado de atención sobre la profundidad de la crisis actual de la educación. 

Año tras año la inversión en educación ha venido disminuyendo, producto de las políticas neoliberales de austeridad. Veamos. En el año 2022 la inversión en educación disminuyó a 5,9% del PIB; en el año 2023, cayó al 5,46% del PIB y en el presupuesto nacional para el año 2024 se estipula otra caída de esa inversión al 5,22% del PIB. De otro lado, el Informe de la Educación señala que “Los análisis realizados para este informe muestran que la inversión total y por habitante en términos reales mostro importantes contracciones en el período 2017-2022. La inversión per cápita cayó en un 11,8% en dicho período…”. (Ídem).

Para rematar la política del gobierno de Chaves en cuanto al presupuesto de la educación, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, propuso la rancia posición neoliberal de vender los activos del Estado para invertir más en educación.

La Caída de la Inversión en Vivienda Social

Para el año 2022 unas 148.287 familias no tenían vivienda digna, es decir carecían del todo de vivienda o bien vivían en viviendas en mal estado. A lo anterior se le suma las precarias y terribles condiciones en que habitan miles de personas tanto en los denominados “precarios” y “cuarterías” de tétricas y deprimentes condiciones. Un reciente estudio sobre asentamientos informales señala que “En Costa Rica, centenares de familias habitan, trabajan y viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Se estima que en nuestro país existen más de 700 asentamientos informales, conocidos popularmente como precarios, barrios marginales y tugurios. De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), en la Gran Área Metropolitana (GAM) hay un total de 296 asentamientos humanos informales que acogen a más de 132 000 personas. Es decir, esta zona urbana engloba el 40% de este tipo de establecimientos e en al país”. (Revista Ciencias Más Tecnología. N° 87. junio 2023. UCR). Nota: la GAM incluye a las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

La entrega de bonos de vivienda que constituye un apoyo económico para las familias pobres para construir sus viviendas, especialmente en la zona rural, ha caído drásticamente en los últimos años. De acuerdo con diversas informaciones periodísticas “…Los bonos de vivienda de interés social experimentaron, entre el año 2021 y el 2022, una caída del 27%, es decir, fueron entregadas 3.000 soluciones de casas menos”. (Semanario Universidad. Semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2023). Esa caída en la entrega de bonos para construir vivienda de bien social se debe a una disminución del presupuesto por parte del gobierno en ese rubro.

La disminución del presupuesto para el sector vivienda de interés social y, por ende, la fuerte caída en la entrega de bonos tiene diversas repercusiones en cadena, tanto a nivel de la recuperación económica como en el incremento de del desempleo. De acuerdo con informaciones periodísticas “… el efecto de los recortes desde el 2020 al 2023 (en cuatro años) se traduce en 6.815 viviendas menos, 289.637 metros cuadrados sin construir y la pérdida de 26.067 empleos”. (La Nación, 19 de junio de 2023). Sin duda alguna, esa política de austeridad, severa restricción al gasto social y público, lejos de promover la reactivación económica conllevan a la ralentización o recesión económica.

Según el economista Joseph Stiglitz “Los peores mitos son que la austeridad trae consigo la recuperación económica y que un mayor gasto del gobierno no lo hace…”. (Stiglitz, Joseph: El precio de la desigualdad. Editorial Santillana. México, 2012). Más adelante, ese economista sostiene que “… La historia demuestra que la austeridad casi nunca ha resultado, y la teoría explica por qué eso debería sorprendernos. Las recesiones las provoca la falta de demanda -la demanda total es menor de lo que la economía es capaz de producir-. Cuando el gobierno recorta el gasto, la demanda se reduce aún más y aumenta el desempleo”. (Ídem).

Aunque las cifras oficiales indican que el desempleo disminuyo al 9,6%, sin embargo, la verdad es que esa cifra se redujo porque miles de personas dejaron de buscar trabajo porque se cansaron o desalentaron al no encontrarlo. Por otra parte, debemos decir lo que no dicen ni los medios de comunicación y el gobierno: el narcotráfico y sus diversas actividades delictivas están empleando una cantidad importante de mano de obra. Según el ministro de seguridad, Mario Zamora, existen en el país alrededor de uno 3.000 sicarios. A eso hay que agregar a todos los vendedores, los trabajadores de logística, administradores, contadores y personal de otras tareas.

¿Hacia la Desaparición del Estado Social de Derecho?

Los grandes y permanentes recortes, años tras año, del gasto público y social está produciendo graves estragos sobre los diferentes sectores sociales: salud, educación, vivienda y otros. Eso tiene una gran afectación sobre la recuperación económica, el empleo, el congelamiento salarial y otros rubros. De lograr consumar su proyecto político, Rodrigo Chaves, podría llegar a consumar la cuasi extinción del estado social en Costa Rica. Sin duda, la obra de Chaves es una continuación y profundización de las administraciones anteriores. Pero, Chaves está llevando esa política de desmontaje del estado social al paroxismo. Al final, el proyecto de Chaves es tomarse la mayor parte de las municipalidades en las próximas elecciones municipales del año 2024. Y, a partir de ahí, disputar las próximas elecciones nacionales, para ser mayoría en la Asamblea Legislativa que le permita hacer reformas constitucionales que elimine ese estado social y controlar los demás poderes de la República. Esa la tendencia política general de Centroamérica.