Por José René Tamariz

En los últimos cuatro años (2019-2022) en Costa Rica ha aumentado de forma acelerada la cantidad de los homicidios debido al incremento de la actividad del narcotráfico y, por ende, de los grandes y mini carteles delictivos de las drogas. Actualmente, Costa Rica se encuentran a nivel de la región centroamericana en la tercera posición en cuanto a la cantidad y tasa de asesinatos. Un nivel y record histórico y peligroso tratándose del país que en alguna época se consideró uno de los países más seguros del área de América Central.  Veamos.

En Honduras se registró 3.397 muertes para una tasa de crimen de 35,79 homicidios por cada cien mil habitantes, la más grande de Centroamérica; Guatemala tuvo 4.274 asesinatos y una tasa de crimines del 17,33 por cada 100.000 habitantes; para el año 2022 el número de asesinatos en Costa Rica llegó a 656 y la tasa de homicidios se ubicó en el 12,56 por cada 100.000 habitantes y en El Salvador que, en algún momento se encontraba en la primera posición de asesinatos, tuvo 496 muertes y una tasa de 7,8 homicidios por cada cien mil habitantes. De Nicaragua, no existen estadísticas y datos confiables.

Además de lo anterior, según las informaciones periodísticas el país se ha convertido en líder del continente americano en el crecimiento de los crímenes, al grado tal que “…. Costa Rica alcanzó un liderazgo inusitado en la región que reporta más homicidios en el mundo. Durante la década del 2012 al 2022, fue el país que encabezó el crecimiento en la tasa de homicidios en el continente americano, con un 48%, por encima de Estados Unidos con 38%, Haití con 34%, Jamaica con 25% y México con 23,8%”. (Semanario Universidad, 18 de enero de 2023). Esa situación crítica y dramática de la situación de inseguridad en Costa Rica era impensable en décadas anteriores. En esa década llamada “siniestra” por los medios de comunicación, mientras la población creció apenas el 10% los homicidios crecieron en un 60%.

La situación de la criminalidad es tan grave en el país que el gobierno de los Estados Unidos, recientemente, aconsejó a sus ciudadanos a tener cuidado cuando visiten Costa Rica porque se exponen al crimen. Según un comunicado “La embajada de los EE.UU. en Costa Rica informa a sus ciudadanos estadounidenses sobre los crecientes niveles de delincuencia, en particular los delitos violentos, en Costa Rica y específicamente en San José”. (Periódico La República, 2 de marzo de 2023). Esa alerta del gobierno de los Estados Unidos tiene probables consecuencias sobre la visitación y el turismo estadounidense en el país, el cuál sin duda alguna, es el que genera la mayor cantidad de divisas para esa actividad económica y la Nación. Al mismo tiempo, esa alerta del gobierno estadounidense tiene efecto dominó sobre una mala imagen de la situación de Costa Rica que, eventualmente, podría disminuir el turismo de otros países europeos.

A Mayor Pobreza Mayor Criminalidad

De acuerdo con un informe del Colegio de Ciencias Económicas “Los cantones con las mayores tasas de homicidios en el 2022 también son algunos de los más empobrecidos del país… algunas cifras cantonales de asesinatos quintuplican la tasa de homicidios del país, luego de que el año anterior fuera el más violento en la historia local… (La Nación, 2 de febrero de 2023). Por ejemplo, puerto Limón se encuentra en primer lugar de los asesinatos con una tasa de 62,85 por cada cien mil habitantes. Los cantones de Matina, Garabito y Guácimo se encuentran ubicados entre el 60 y menos de muertes por cada cien mil habitantes, mientras que el cantón y puerto de Puntarenas se ubicó en 30,58 por cada 100 mil habitantes.

Ese mismo informe plantea que “en términos generales aquellos cantones donde las personas cuentan con menores oportunidades educativas y laborales (principalmente determinantes del desarrollo humano) son presa fácil del crimen organizado”. (Ídem). Debido a esas condiciones materiales de pobreza y menores oportunidades de estudio y trabajo, miles de jóvenes se han enrolado en las filas del narcotráfico y se han convertido en los gatilleros y sicarios de los carteles del crimen organizado. Desde ese punto de vista, los gobiernos de turno son los responsables directos de esa grave y deplorable situación de una gran parte de la juventud costarricense e incuso, de cientos de familias que por necesidad se han transformado en narco-familias por sus condiciones de miseria y ruina en que han vivido.

Una gran mayoría de la población joven en Costa Rica no tiene futuro de poder mejorar sus condiciones de vida, ya que el desempleo en vez de disminuir aumenta. La desocupación pasó del 11,7% al 11,8% para un total de 287 mil personas desempleadas. Actualmente, “…Costa Rica tiene el más alto indicador de América Latina de desempleo juvenil”. (Semanario Universidad, 7 de diciembre de 2022).  Asimismo, unos 1,6 millones de personas no busca trabajo porque sencillamente se desalentaron o se cansaron, de forma infructuosa, por más de un año de buscar trabajo sin encontrarlo.  

De otro lado, como parte de las cifras sociales dramáticas y graves del país el flagelo de la informalidad laboral continúa creciendo en Costa Rica. De acuerdo con informes periodísticos “… Se estima que, de la población ocupada, cerca de 947 mil personas están en el sector de la informalidad, de las cuales 570.000 corresponden a hombres y 379.000 a mujeres; esto significa empleo de baja calidad, sin protección social, donde no se garantizan los derechos laborales y mucho menos la posibilidad de contar con una pensión digna a futuro”. (Ídem).

Por otra parte, es importante mencionar la grave contradicción que existe entre el nivel de combate al narcotráfico que es el más bajo en el año 2022 y los niveles de gran incremento de la ola de violencia. Según el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) “… la cantidad de personas detenidas por actividad vinculadas a las drogas en el 2022 fue de 722… Se trata de la menor cantidad en la década”. (Semanario Universidad, 8 de febrero de 2023)

Costa Rica: De la “Suiza Centroamericana” a la “Costa Pobre” Centroamericana

En décadas pasadas Costa Rica era vista en el resto de los países de América Central como la “Suiza Centroamericana”. En un artículo de la BBC del año 2015 en un artículo intitulado “Por qué Costa Rica está dejando de ser la “Suiza Centroamericana” se decía que “… aunque poco tiene que ver con el históricamente país europeo, Costa Rica a veces parece estar a años luz del Triángulo Norte de América Central, una zona que alberga a algunos de los países más violentos del mundo”. Los países del triángulo del norte centroamericano son Guatemala, El Salvador y Honduras”. Sin embargo, Costa Rica como se informó anteriormente es actualmente junto a Guatemala y Honduras el tercer país centroamericano más violento de la región centroamericana, desplazando a El Salvador. Ahora, Costa Rica se ha constituido en un “sui generis” y nuevo triángulo norte-sur del crimen organizado y del narcotráfico.

Pero, además del incremento de la tasa de homicidios en Costa Rica también se han deteriorado de forma grave varios indicadores socio-económicos, tales como el desempleo, la informalidad, el trabajo con formas de esclavitud, los altos niveles de inflación y la disminución constante de la capacidad de compra de los ciudadanos. El crecimiento económico en el país es desigual, mientras el régimen de zonas francas o especial crecieron un 11% interanual, las empresas del régimen definitivo o economía interna que constituye el sector mayoritario con un 85% del parque empresarial y que emplea a más del 90% de las personas ocupadas se encuentra en proceso de estancamiento y cuasi recesión económica, ya que existe una caída pronunciada del consumo nacional.

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, ha señalado que “… El gran problema de nuestro país es el deterioro social… creo que es una situación que no se le puede dar mayor atraso, es una bomba de tiempo la situación social y es un tema que hay que ponerle mucho cuidado…”. (La Nación, 27 de diciembre de 2022).

¿Cuál es la Posible Salida?

Aunque el gobierno de Chaves se ha sacudido de ser responsable de los altos niveles de la criminalidad y de la situación social y económica del país, la realidad es que durante su gestión gubernamental (mayo 2022 a marzo 2023) el crimen se ha aumentado, así como también el deterioro social y económico de los ciudadanos costarricense. El gobierno y los órganos policiales pretenden combatir la criminalidad y el narcotráfico solamente mediante la represión, sin embargo, la solución a esos graves problemas sociales pasa por tener e implementar una política social y económica que le garantice trabajo a todos los desempleados, así como posibilidades de estudio a miles de jóvenes que han sido expulsados por el sistema educativo.

Para lo anterior, demandamos el impulso y organización de un gran plan de obras pública que le dé trabajo a los miles de desocupados. Ese plan que puede consistir en la construcción de nuevas carreteras, hospitales y clínicas, escuelas y colegios, programas de vivienda de bien social para la población que viven en inmensos precarios y otras obras públicas. El financiamiento de ese plan de obras públicas se podría realizar con los gigantescos fondos del régimen obligatorio de pensión complementaria (ROP). Eso contribuiría a que esos fondos no sigan teniendo grandes pérdidas tanto a nivel nacional como internacional. El mercado costarricense está inundado de dólares que ha llevado a una apreciación de la moneda nacional. Esa inundación de dólares es, en gran parte, debido al gigantesco lavado de dólares a manos del narcotráfico. Por tanto, se debería tomar y confiscar esos grandes fondos de la narcoactividad para financiar ese plan de obras públicas, así como el mejoramiento de los servicios de salud, educación y ayuda social a las familias pobres para disminuir los niveles del narcotráfico y el crimen organizado.

Por José René Tamariz

En Costa Rica existen dos tipos de regímenes de pensiones: los básicos y el obligatorio complementario. Entre los regímenes básicos se encuentran el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS; el de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) y de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional (RCC), cuyo gestor es la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA); el del Poder Judicial administrado por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones y de Cargo al Presupuesto Nacional que dirige la Dirección Nacional de Pensiones. El régimen obligatorio de pensiones (ROP) es administrado por las denominadas Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) que está integrada por seis: la OPC del Banco Nacional, la OPC del Banco de Costa Rica, la OPC del Banco Popular, la OPC del Banco de América Central (BAC), la OPC de Vida Plena del Magisterio Nacional y la OPC de la CCSS.

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS

Creado en el año 1947 y actualmente cotizan a ese régimen 1.7 millones de trabajadores, unos 74 mil patronos y el Estado. Los primeros aportan el 4,17% de sus salarios, los empresarios el 5,42% de los salarios de sus empleados y el Estado aporta el 1,57% de todos los cotizantes. El requisito para pensionarse es tener 65 años y 300 cuotas aportadas, aunque todavía está vigente la posibilidad de retiro anticipado que será eliminado con las reformas que entran a regir en enero del año 2024.

Para finales del año 2022 existían 330.670 mil pensionados. El 64% de esos pensionados reciben un monto miserable por pensión, menor a los ₵200.000, lo cual significa que viven en la miseria, la pobreza y degradación social. El fondo de reserva del IVM ronda los ₵3 billones de colones cuando debería estar en unos ₵58 billones si los gobiernos de turno hubieran pagado y honrado puntualmente las deudas que arrastran por décadas con ese régimen de pensiones.

Con las reformas draconianas, antidemocrática y anti obrera que se aprobaron a finales del año 2021 y que entraran a regir en enero del año 2024, la situación de miles de nuevos pensionados será peor y degradante que la actual. Veamos.

En primer lugar, se eliminarán las pensiones anticipadas tanto para hombres como mujeres. Con esa draconiana reforma, las mujeres se van a pensionar a los 63 años y no a los 59 años y 11 meses (450 cuotas), mientras que los hombres se pensionaran a los 65 años y no los 62 años y 11 meses (462 cuotas). Por ende, aquellos trabajadores que tenían expectativas de pensionarse a los 60 y 63 años no lo podrán hacer.

La segunda reforma anti obrera consiste en que, actualmente, la pensión se calcula con base en el promedio de los 240 mejores salarios o 20 años y con la reforma se deberá calcular con base en los 300 últimos mejores salarios de 25 años. Lo anterior significa que el cálculo disminuye porque se tomaran en cuenta salarios más bajos de cinco años más. Además, la cuantía del 1% adicional por cada año trabajado pasará de otorgarse de 20 años a 25, lo cual representará una pérdida para los nuevos pensionados entre un 5% y 7% del monto de sus pensiones. Sin embargo, el monto de la reducción de las nuevas pensiones va a ser mayor para miles de trabajadores a los cuales se les redujo sus salarios hasta en un 75% por efectos de la pandemia, el congelamiento salarial de muchos años y la inflación galopante que existe actualmente.

Propuestas y Lucha Por las Pensiones del IVM

El movimiento sindical (federaciones, sindicatos y bloques sindicales) y social debe presentar un plan de lucha para enfrentar y evitar que las reformas draconianas, anti obrera y antidemocrática del régimen de pensión del IVM se hagan efectivas en enero del año 2024. Asimismo, se deben hacer propuestas para mejorar la pensión de miles de trabajadores que viven en la pobreza y miseria. Se propone:

1. Exigir que el monto mínimo de las pensiones debe ser el 80% del salario mínimo establecido por ley.

2. Destinar el 3% del IVA a las pensiones y del impuesto a los combustibles.

3. Imponer un tributo a las empresas de comida chatarra, gaseosas y licores para financiar las pensiones.

4. Impuesto a las zonas francas para destinar un porcentaje a las pensiones.

5. Incrementar el número de cotizantes del IVM mediante la afiliación de miles de trabajadores informales y el aumento de nuevos trabajadores a través la implementación de un plan de obras públicas que le dé trabajo a los desempleados. Para el financiamiento de ese plan de obras públicas se podría utilizar el gigantesco fondo del régimen obligatorio de pensiones (ROP) en vez de tenerlos en el extranjero.

 El RTR y el RCC del Magisterio Nacional

El régimen transitorio de reparto (RTR) del magisterio nacional tiene 45.378 pensionados y 3.572 trabajadores en servicio. Los pensionados reciben el 80% del salario de referencia  que es el promedio de los mejores 32 salarios de los últimos 60 meses. El requisito para pensionarse es haber cotizado 400 cuotas. Es importante señalar que ese régimen ya está cerrado. Este régimen es a cargo del presupuesto nacional, ya que el Estado nunca creo el fondo para su sostenimiento, sino que las cotizaciones fueron consumidas para otros fines. Lo anterior constituyó una gran estafa del Estado en contra de los trabajadores de la educación.

El régimen de capitalización colectiva (RCC) cubre a los trabajadores de la educación que ingresaron a laborara a partir del 15 de julio del año 1992. El requisito para jubilarse con ese régimen es tener 55 años y 1 mes con 396 cuotas (33 años de servicios) y hasta 65 años con 180 cuotas. En este régimen existe una tabla para pensionarse que contempla varias opciones. El monto de la pensión es del 60% del salario de referencia, el cual es el promedio de los últimos 240 salarios reportados a valor presente más el 0,1% de dicho salario por cuota adicional después de los 20 años. Es importante destacar que, producto de la derrota de la gran huelga de educación del año 1995 que duró cinco semanas, el monto de las pensiones en el magisterio nacional pasó del 80% del salario de referencia a 60% del nuevo salario de referencia que se mencionó anteriormente.

El RCC tiene actualmente 105.676 trabajadores de la educación en servicio, tanto del sector público como privado y apenas 4.167 pensionados. El fondo de reserva del RCC es aproximadamente de ₵4,3 billones a setiembre del año 2022. Por todo lo anterior, debemos mencionar que el RCC es un régimen relativamente nuevo y sano financieramente. Asimismo, debido a que tiene pocos trabajadores pensionados no tiene mucha presión por el pago de pensiones como lo tiene el IVM. Sin embargo, se hace necesario mencionar que, en los próximos años, en unos cinco o diez años, se pensionaran miles de trabajadores de la educación con ese régimen y, entonces, el régimen tendrá nuevas presiones para financiar a miles de nuevos pensionados. De último, es importante señala que la reforma a la ley del RCC que permite invertir en el extranjero hasta el 20% del fondo billonario podría generar futuras pérdidas futuras en el mercado internacional, ya que como se sabe los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias han tenido grandes pérdidas. La inversión realizada por JUPEMA en el extranjero el año pasado, en medio de posibilidades de una recesión internacional, lejos de tener ganancias para los cotizantes y pensionados podría ser desastroso.

Por José René Tamariz

El pago del componente salarial de zonaje fue anunciado con bombos y platillos por los burócratas sindicales de APSE, ANDE y SEC, supuestamente, para miles de trabajadores de la educación. Como las burocracias sindicales no ha realizado ninguna lucha que logre algún beneficio para sus afiliados desde hace muchos años, presentaban como un gran logro y “lucha” de ellos la obtención del zonaje para una gran parte de los empleados de la educación.

En un comunicado de prensa del 25 de octubre, los burócratas sindicales del sindicato APSE anunciaban que “La Junta Paritaria de Relaciones Laborales, en sesión de hoy martes 25 de octubre, recibió el informe de la Viceministra Administrativa del Ministerio de Educación Pública, Sofía Ramírez, respecto al pago del componente del zonaje a los trabajadores de la educación. Tal y como quedó en actas “en cumplimiento de la normativa vigente en la legislación vigente y la III Convención Colectiva, el MEP efectuará este pago durante el mes de diciembre de 2022, reconociendo las sumas correspondientes desde el 7 de abril de 2022 hasta el 31 de diciembre de este año, mediante la herramienta de pagos adeudados del sistema Integra, lo que implica una planilla extraordinaria en diciembre”. (Comunicado de APSE del 25 de octubre de 2022).

Por su parte los burócratas sindicales del sindicato ANDE en un comunicado sostenían que el supuesto pago de zonaje constituía “… el resultado de una ardua lucha, que se llevó a cabo durante varios meses, en el seno de la Junta Paritaria, donde ANDE exigió que se procediera con el pago, dado que contaba con los recursos”. (Comunicado de ANDE del 01 de noviembre de 2022).

¿Qué es el Componente Salarial Denominado Zonaje?

Según el articulo 28 de la III Convención Colectiva de Trabajo del Ministerio de Educación Pública (MEP) “Para los efectos de la presente Convención Colectiva, se entenderá por Zonaje, el componente salarial que se pagará a los servidores del Ministerio de Educación Pública, que laboren en centros educativos ubicados en zonas calificadas como vulnerables, inseguros y/o riesgosas o insalubres, el cual será revisado cada cinco años de acuerdo a los parámetros que fueron establecidos para tal efecto y serán de conocimiento previo de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales para su valoración. El presente artículo no crea un nuevo beneficio o incentivo, sino la transformación de uno ya existente (IDS) en zonaje (Entendido como la compensación adicional que reciban los y las servidoras en centros educativos ubicados en zonas calificadas como vulnerables, inseguras y/o riesgosas o insalubres), respetando lo dispuesto por la Ley N° 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, respecto a su nominalización y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, inciso B) parágrafo 3 del Convenio Centroamericano  sobre Unificación Básica de la Educación”. (III Convención Colectiva del MEP, página 38 y 39).

Es importante destacar que, mediante negociación entre las autoridades del MEP y las burocracias sindicales, el antiguo componente denominado Índice de Desarrollo Social (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y que se pagaba en el mes de junio de cada año a los trabajadores de la educación que laboraban en distritos de nivel bajo y muy bajo de desarrollo fue transformado en zonaje.

Asimismo, es necesario señalar que, dependiendo del grupo profesional del docente, el IDS se pagaba desde un 30% hasta un 90% del salario cuando se laboraba en un “nivel bajo” de IDS y desde un 40% hasta un 100% del salario cuando se trabajaba en un “nivel muy bajo” de IDS. Por otra parte, es imprescindible plantear que el IDS no se pagaba a los trabajadores del Título I del MEP, tales como conserjes, guardas, secretarias y otros trabajadores puros del sector administrativo, así como tampoco a docentes que laboraban en distritos de otros niveles de desarrollo. Sin embargo, con la transformación del IDS en zonaje se procuraba que ese pago se ampliara tanto a otros docentes como a trabajadores del Título I de la educación.

¿Por Qué el Gobierno-MEP no Pagó el Zonaje Acordado en la Junta Paritaria?

La nueva metodología para pagar el zonaje tomó en cuenta dos componentes: 1) las variables del IDS los cuales tienen un valor del 80% (económico, seguridad, salud, educación y participación electoral). 2) Ubicación del centro educativo, tales como zona urbana, zona predominantemente urbana, zona predominantemente rural, zona rural, zonas prioritarias (zona indígena, ubicación en isla y ubicación en un distrito que haya pertenecido al programa de escuelas de atención prioritarias).

De acuerdo con la información disponible el zonaje, inicialmente acordado entre el MEP y las burocracias sindicales, se iba a pagar a unos 51.000 trabajadores de la educación que incluía a docentes con un pago del 100%, administrativos docentes con un pago del 50%, técnicos docentes con un pago del 50% y administrativos y servicios con un pago del 25%. Hasta el año 2018 ese componente salarial se les pagaba a alrededor de 30.000 empleados de la educación, mientras que con la nueva metodología se pretendía pagar a unos 51.000 trabajadores lo cual representaba un 60% de la planilla del MEP. Asimismo, el monto total que el Gobierno-MEP iba a desembolsar para pagar ese componente salarial era de aproximadamente ₵30.000 millones. Pero, al final en el mes de diciembre, solamente se les pagó el zonaje a los trabajadores que anteriormente recibían la retribución por el Índice de Menor Desarrollo (IDS) de zonas de nivel bajo y muy bajo. ¿Por qué se produjo ese cambio?

El Gobierno de Chaves-MEP Maniobran para no Pagar el Zonaje

Mientras las autoridades del MEP distraían y engañaban a los burócratas sindicales de APSE, ANDE y SEC sobre el pago del zonaje para el 19 de diciembre, en Casa Presidencial en contubernio con las altas autoridades de ese ministerio se movían y conspiraban para no pagar ese componente salarial. Cuando el zonaje, posteriormente, no se pagó se dieron diversas versiones, tales como que Rodrigo Chaves no había firmado el decreto presidencial para hacer efectivo dicho pago. Los burócratas sindicales que, de forma permanente los vacilan en el MEP plantearon en un comunicado que “Sobre el tema del pago zonaje, el MEP informó que la planilla extraordinaria ya se encuentra lista, así como la parametrización a nivel del sistema Integra II que se elaborará para este pago. A la fecha, solamente queda pendiente la firma del respectivo decreto del Presidente de la República”. (Comunicado de APSE, 7 de diciembre de 2022). Después, los mismos burócratas sindicales, dijeron que no era necesario ese decreto, pero la realidad era otra.

La supuesta firma del Presidente de la República era un vil engaño en el que creyeron los burócratas sindicales. El 6 de diciembre, la ministra de la Presidencia por orden de Chaves, realizó una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre si “¿es viable ampliar la cobertura del plus, ya sea por una modificación en los supuestos de aplicación o por incluir explícitamente nuevos grupos de personas funcionarias a las que se les puede otorgar, las cuales no estaban cubiertas anteriormente por el ámbito de aplicación del plus?”. (Pronunciamiento de la PGR, 14 de diciembre de 2022).

Como parte de sus conclusiones la PGR, y, para no extender demasiado el presente texto, citaremos el punto dos de dichas conclusiones en la cual esa Procuraduría sostiene, de forma general y sin citar el zonaje, que no se puede pagar ese plus salarial a los nuevos trabajadores de la educación. En ese pronunciamiento se plantea que “Y siendo que “crear”, en su acepción común, refiere a la producción de algo nuevo o de la nada, producir algo que antes no existía, a nuestro parecer se corre el riesgo de infringir la reserva legal instaurada en el artículo 55 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, adicionado  por la citada Ley N° 9635, cuando por modificación de normas jurídicas preexistentes o infra legales, se cambien sustancialmente los supuestos de hecho o beneficios de determinados pluses, incentivos o complementos salariales precedentes, pues en esos casos, según sea la magnitud del cambio operado, podrían estarse creando  beneficios salariales hasta ahora inexistentes, en abierta contravención del principio de reserva legal…”. (Ídem). 

Entonces, según el criterio de la PGR que es abstracto y genérico, el cual no es vinculante, la extensión del pago del zonaje a nuevos docentes y a los trabajadores del Título I a los cuales no se les pagaba el IDS, “crea” nuevos beneficios o pluses salariales, violando la reserva legal de la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (mejor conocida como combo fiscal).

Al respecto existen diversas interpretaciones sobre si la inclusión de nuevos beneficiarios en el pago de un plus salarial ya existente es violatoria o no del artículo 55 de la Ley de Salarios de la Administración Pública o de la Ley 9645. Por ejemplo, la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil considera que la “… la inclusión de nuevos beneficiarios en sobresueldos ya existentes… no contraria lo dispuesto en el artículo 55 indicado supra, por cuanto no se está en presencia de la creación de un nuevo plus, sino de la modificación de un plus ya existente”. (Ídem, citado por el pronunciamiento de la PGR).

En realidad, la Asesoría Jurídica de Servicio Civil tiene razón en su planteamiento. El componente salarial denominado zonaje, anteriormente llamado Índice de Desarrollo Social (IDS), no constituye la “creación” de un “nuevo plus salarial”, sino solamente una ampliación o modificación de dicho beneficio para incluir a otros sectores de la educación que no eran cubiertos. Es más, el presupuesto asignado para el pago de zonaje era el mismo que se pagaría con el IDS a solamente 30 mil trabajadores de la educación.

Las burocracias sindicales de APSE, ANDE y SEC en contubernio con las autoridades del MEP decidieron, sin consultar a sus bases de forma democrática, redistribuir entre los viejos y nuevos beneficiarios, para un total de 51 mil trabajadores, de ese plus salarial el mismo monto presupuestario, sin que eso representará una mayor erogación de dineros en salarios por parte del MEP. Por tanto, el componente salarial del zonaje se debió pagar a todos los trabajadores incluidos en la Convención Colectiva del Ministerio de Educación Pública (MEP). ¿Pero, al final qué pasó?

Que en la reunión extraordinaria de la comisión paritaria (MEP y sindicatos) del día 21 diciembre las autoridades del MEP acogieron el criterio de la PGR y decidieron solamente pagar el zonaje a los viejos beneficiarios del antiguo IDS, quedando fuera miles de educadores y trabajadores del Título I. Al final el MEP solamente pagó la cantidad ₵4.990 millones cuando se debían pagar unos ₵30.000 millones. En síntesis, con esa jugada del Gobierno-MEP, al dejar fuera del pago de zonaje a miles de trabajadores de la educación, se ahorró unos ₵25.000 millones. ¿Cuál fue la posición de las burocracias sindicales?

Tanto la ANDE como el SEC, junto a las autoridades del MEP, firmaron el acuerdo de solamente pagar el componente salarial del zonaje a los antiguos beneficiarios y no a los nuevos. Los burócratas sindicales de la APSE no firmaron dicho acuerdo y protestaron por esa decisión. Obviamente, la burocracia sindical de APSE se trató de cuidar en salud porque sabía que le iban a llover las críticas de las bases sindicales, ya que crearon muchas expectativas en dicho pago salarial que al fin no se concretó. Miles de trabajadores fueron burlados y engañados. ¿Pero, que hizo o que va a hacer la burocracia sindical de APSE para enfrentar ese no pago del zonaje por parte del Gobierno-MEP?

Como siempre la posición de la burocracia de la APSE es pura oposición en el papel “rechaza el acuerdo de mayoría” de la Junta Paritaria; que se “condena la mala fe e indignidad de ese acuerdo”; que se van “emprender acciones legales y judiciales contra el gobierno” y que se “analicen posibles acciones de movilización para el año 2023”. Esta chachara se hizo aprobar en la sesión del 14 de enero del Consejo Nacional de la APSE. Ese Consejo Nacional votó en contra de convocar a una Asamblea Nacional para discutir esa situación del zonaje y de realizar cualquier movilización en contra del Gobierno-MEP. En realidad, el punto de “analiza posibles acciones de movilización” es una mentira más de los burócratas sindicales de APSE, ya que no están dispuesto a molestar e incomodar el Gobierno-MEP con alguna movilización.

En verdad, la burocracia sindical de la APSE lo que hace es sacrificar los intereses de los trabajadores y sus bases, con tal de seguir manteniendo sus buenas relaciones y entrega a las autoridades gubernamentales y del Ministerio de Educación. Al final, los burócratas sindicales de APSE son unos traidores de sus bases y de los trabajadores de la educación. Son igual que los burócratas de ANDE y SEC, pero con poses falsas de “supuesta oposición”.

Por José René Tamariz

Rodrigo Chaves, poco a poco, ha venido pisoteando y golpeando, ya sea mediante decretos presidenciales, proyectos de ley, acuerdos del Consejo de Gobierno y golpes bajos, la institucionalidad, la Constitución Política y las reglas del juego democrático, características de la democracia en Costa Rica. Cuando pierde un pulso político o una pelea, contragolpea pegando uno o varios manotazos, aunque rompa y se salte olímpicamente la constitucionalidad y orden institucional, imponiendo en los hechos un tipo de gobierno diferente a todos los anteriores. Esas son características de su régimen “bonapartista”, personal, que quiere imponer, rompiendo con las tradiciones democráticas del régimen burgués costarricense. ¿Hasta dónde llegará?

El Sistema de Pesos y Contrapesos Bajo Ataque

Desde que asumió el poder, firmó un decreto que eliminaba la vacunación obligatoria contra el Covid-19. Eso no era de su competencia, sino de la comisión de vacunación. Tuvo que retroceder. En el mes de junio, acudió a la Fiscalía, sin ser citado, para conocer cinco causas penales que tiene en ese órgano, aumentadas en 16 para el mes de octubre. En el mismo mes fue invitado, por cortesía, a una sesión de la Corte Plena, en la cual despotricó contra los magistrados, pareciendo que era el jefe de ese poder del Estado. En el mes de julio, atacó duramente a los diputados de la Asamblea Legislativa, acusándolos de “jugar chapitas” en relación con el tema del proyecto de ley de préstamo de 6.000 millones de eurobonos. Posteriormente, denunció públicamente, nombre por nombre, a varios diputados que proponían autorizar ese préstamo por partes, distribuido en tres años. Y, así sucesivamente ha estado chocando con diversos poderes del Estado e instituciones autónomas.

Todo lo anterior denota que no está dispuesto a respetar el sistema de pesos y contrapesos de la democracia costarricense. En muchas de sus políticas y decisiones excede sus funciones y potestades, arrastrando a la mayoría de sus ministros a hacer lo mismo. ¿Hasta dónde llegará Chaves? Está por verse.

Sin embargo, la tradición democrática costarricense muy arraigada en los diversos poderes del Estado, la institucionalidad y sociedad se le convierte en muro de contención difícil de saltarse totalmente. Al no tener el control de la Asamblea Legislativa, ni del poder judicial ni de la Sala Constitucional las pretensiones autoritarias de Chaves se le dificultan.  Por otra parte, veamos algunos de esos ejemplos e intentos recientes de ruptura de la institucionalidad a manos de Rodrigo Chaves.

El Descabezamiento de la Junta Directiva de la CCSS

El día 7 de diciembre, el Consejo de Gobierno encabezado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, destituyó a cinco directivos de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), bajo el argumento que aprobaron el pago de un reajuste salarial aprobado en el año 2019, pero que no se hizo efectivo en el 2020 porque fue suspendido por la pandemia del Covid-19. Dicho pago salarial debe ser, por tanto, retroactivo desde el año 2020 al 2022. Los cinco directivos destituidos son: Carlos Salazar, representante del poder Ejecutivo; Jorge Hernández, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); Maritza Rodríguez, representante del Movimiento Solidarista; José Luis Loría, representante del movimiento cooperativista y Martha Rodríguez, representante del movimiento sindical.

Es necesario señalar que Rodrigo Chaves al no poder frenar el pago de ese reajuste salarial decidió pegar un severo golpe a la autonomía de la CCSS, destituyendo a cinco directivos que habían votado a favor de pagar ese incremento salarial. Por otra parte, es importante destacar que la Junta Directiva de la CCSS está integrada por nueve miembros, tres representantes del poder Ejecutivo, dentro de los cuales se encuentra el/la presidenta de; tres representantes del sector patronal y tres representantes del sector laboral. Debemos aclarar que no estamos asumiendo la defensa de los miembros directivos destituidos, sino que solamente hacemos el análisis del proceso político de ataque a la autonomía institucional de la CCSS y, por ende, la defensa de ella.

En los hechos, Rodrigo Chaves y su Consejo de Gobierno, descabezó y destruyó la Junta Directiva de la CCSS al destituir a cinco de sus miembros, ya que esa estructura direccional no ha podido funcionar porque no tiene el quórum necesario. De acuerdo con informaciones periodísticas “La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no sesionó este jueves por falto de cuórum. Se hizo una nueva convocatoria para hoy viernes, a las 10 a.m.… En la sesión ordinaria programada para este jueves estaban pendientes de discutir temas de trascendencia, como la propuesta de reglamento para el uso de vehículos de la institución, la estrategia de atención de la necesidad de especialistas en hospitales públicos y el pronunciamiento sobre varios proyectos de ley”. (La Nación, 9 de diciembre de 2022).

Como se puede observar la decisión de destituir, de un solo golpe, a cinco directivos de las CCSS tiene serias implicaciones y repercusiones en el ámbito de la salud para la población costarricense, ya que al no poder sesionar su junta directiva no se pueden resolver diversos problemas en el sistema nacional de salud. En otras palabras, la destitución de los cinco miembros de la Junta Directiva de la CCSS puede conllevar a la parálisis en el funcionamiento de las distintas instituciones de salud, como hospitales, clínicas y otras dependencias sensibles. Por ende, Chaves y su Consejo de Gobierno le están ocasionando daños al sector salud y a la población que necesita esos servicios.

De otro lado, aunque en apariencia es legal esa destitución, sin embargo, va en sentido contrario a lo establecido por el artículo ocho de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el cual señala que “Los miembros de la Junta Directiva desempeñan sus funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo y serán por lo mismo, los únicos responsables de su gestión. Por igual razón, pesará sobre ellos cualquier responsabilidad legal que pueda atribuírseles. Serán inamovibles durante su período de su cometido, salvo que llegue a declararse en su contra alguna responsabilidad legal o que caigan dentro de las previsiones de los artículos 7°, inciso b) y 9°”. (Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. N° 17 del 22 de octubre de 1943). El inciso b) del artículo siete menciona cuatro puntos relativos a prohibiciones para ser miembro de la Junta Directiva de la CCSS. Y el artículo nueve menciona las causales para poder cesar de ser miembro de esa estructura directiva. En realidad, ninguna de esas razones señaladas en los artículos 7 y 9 son aplicables para haber destituido a los cinco miembros de esa Junta Directiva.

La aprobación del pago de reajuste salarial de 7.500 colones a la base de los salarios de los trabajadores de la salud es legal, ya que fue aprobado por el gobierno de turno, mediante decreto presidencial, pero suspendido por la pandemia, pero como ese decreto de la pandemia fue derogado por Rodrigo Chaves, por tanto, el pago de ese reajuste salarial se activó y, como corresponde legalmente, ya está siendo pagado a los empleados de la CCSS.

Entonces, ¿cuáles son las verdaderas razones de Chaves para destituir a los cinco miembros de la Junta Directiva de la CCSS? De acuerdo con nuestro análisis, existen, entre otras, tres posibles razones.

La primera, es que el pago de ese reajuste salarial retroactivo desde el año 2020 hasta la fecha para los trabajadores del sector salud, puede ser un mal ejemplo para los demás empleados del sector público que podría motivarlos a salir a demandar el pago de ese incremento salarial para ellos. La segunda razón, es que Rodrigo Chaves al destituir a 5 directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, no dio un "golpe de Estado", como aseguran algunos, sino que le ha dado un duro manotazo a la autonomía institucional de la CCSS. Es un claro mensaje para las instituciones autónomas de que, si sus directivos, no se pliegan a sus posiciones, simple y sencillamente, van a correr la misma suerte. En tercer lugar, el manoseo y destrucción de la autonomía institucional de la CCSS, en el fondo, va dirigida en el sentido de asumir el control de esa institución autónoma y, por ende, profundizar la privatización de los servicios de la salud.

Por otra parte, tanto Chaves como el Consejo de Gobierno, están violentando el orden institucional y constitucional, ya que se han extralimitado en el ejercicio de sus funciones. Ni la Constitución Política ni la ley de la CCSS autoriza a Chaves y al Consejo de Gobierno poder destituir a miembros electos por los sectores social y empresarial, solamente puede destituir a los electos por el poder Ejecutivo. Este es el ABC de la institucionalidad y constitucionalidad del país. Desconocer e intentar pasar por encima ese ABC ubica a Chaves y al Consejo de Gobierno al margen de la ley y, por ende, ese acto ilegal merece la desobediencia y resistencia civil en las calles.

El Intento de Destruir la Autonomía Universitaria

El 5 de octubre en sesión de Consejo de Gobierno fue anunciado con bombos y platillos el proyecto de Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (Expediente N° 23.380). Ese proyecto político tiene un objetivo claro y preciso: eliminar la autonomía universitaria. Ese proyecto intervencionista pretende crear un tal “Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal” para la toma de decisiones que estaría conformado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cuatro representantes del poder Ejecutivo (Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Simple y sencillamente, la inclusión de esos cuatro representantes del gobierno en ese nuevo órgano representaría, no sólo la injerencia directa del gobierno en la política educativa superior sino la destrucción del corazón de las universidades públicas, su autonomía universitaria.

Ese proyecto contra la autonomía universitaria pretende condicionar las carreras universitarias a las demandas del mercado y al empleo; decidir sobre los planes de trabajo; proyectos de investigación; contenidos de los cursos de las carreras universitarias; creación o eliminación de cursos; creación y eliminación de carreras universitarias; sobre el fondo especial de la educación superior y otras áreas. El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, va aún más lejos en los objetivos ocultos de ese nefasto proyecto, al señalar que “Esto nos puede llevar a que el día de mañana se tomen decisiones de que hay que cerrar también la UCR, porque es contraria al pensamiento del Gobierno. Ese tipo de implicaciones están intrínsecas con este este proyecto de ley”. (Semanario Universidad, 12 de octubre de 2022). 

Debemos sostener que ni las más brutales dictaduras militares de América Latina, como, por ejemplo, la dinastía de la familia Somoza en Nicaragua, se atrevieron a realizar semejante injerencia e intervencionismo sobre las universidades públicas. Es cierto que las bombardeaban, pero nunca plantearon crear una estructura organizativa dentro de las casas superior de educación que les permitiera capacidad en la toma de decisión de su administración y gobierno autónomo. La aprobación de semejante proyecto sería la desaparición de las universidades públicas. Es la pretensión, en el fondo, de ese proyecto de ley.

¿Cuál es el Camino y Salida?

Los sindicatos de la salud en unidad en unidad con las organizaciones estudiantiles, así como otras fuerzas sindicales deben de convocar a Asambleas Abiertas Conjuntas de sus bases para discutir y votar un plan de lucha y acción que enfrente la arremetida del gobierno de Chaves en contra de la autonomía de la CCSS y de las universidades públicas. Ese plan de lucha debe incluir una gran movilización en contra de violación a la autonomía de la CCSS y las universidades estatales, así como otras acciones callejeras, incluida la huelga general. ¡La CCSS y la autonomía universitaria no se defienden con palabras sino con la acción inmediata en las calles!