Por José René Tamariz

El sábado 5 de noviembre se realizó el Consejo Nacional del sindicato APSE, supuesto órgano político de la organización sindical. En esa sesión la compañera Heidy Valencia Espinoza y el compañero Diego Vásquez Loría, coordinadores de la regional 07 y 02 respectivamente, propusieron la moción que aparece más abajo. Dice la moción:

“En el sentido de que el Consejo Nacional de APSE convoque a una Asamblea de Presidentes de Bases para discutir la situación sobre el congelamiento salarial permanente y el aumento continuo y generalizado de los precios de los productos y servicios básicos que han conducido a una gran depreciación de los salarios, así como al deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación. Asimismo, esa Asamblea debe votar un plan de lucha para exigir al gobierno un justo y digno reajuste salarial. Se propone que esa Asamblea de Presidentes sea convocada el viernes 11 de noviembre”.

El resultado de la votación de esa moción en el seno del Consejo Nacional fue el siguiente:

41 votos en contra.

19 votos a favor.

1 voto de abstención.

Como se puede leer la moción tenía como objetivo que las bases de APSE, mediante sus miles de presidentes de bases, discutieran el grave y sempiterno problema del congelamiento salarial que nos han impuesto los gobiernos de turno, así como el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación debido a la galopante y generalizada inflación y al congelamiento salarial. Al final, se buscaba votar un plan de lucha que, mediante la movilización callejera, le exigiera al gobierno de Rodrigo Chaves un inmediato reajuste salarial que compense la inflación.

Sin embargo, como se pueden leer los resultados de la votación, la mayoría de los miembros de dicho Consejo Nacional, encabezado por la burócrata sindical, Ana Doris González, experta en la desmovilización de las bases del sindicato, se opusieron rotundamente a que esa instancia democrática de la organización sindical fuera convocada.

Es importante mencionar que esa votación en contra de la convocatoria a la Asamblea de Presidentes de Bases, viola el artículo 52 del Estatuto de la APSE que plantea:

“La Asamblea de Presidentes de Base será presidida por la Junta Directiva. Se reunirá ordinariamente dos veces al año y extraordinariamente cuando sea convocada por acuerdo del Consejo Nacional o, en su defecto, por la Junta Directiva”.

Es decir, que por Estatuto tanto la Directiva o el Consejo están obligados a convocar de oficio a dos Asambleas de Presidentes de Bases anual, o sea, una Asamblea cada semestre.

Entonces, ¿Por qué? Los burócratas sindicales de APSE, dirigidos por la burócrata mayor, Ana Doris González, se oponen furibundamente a convocar a esa estructura democrática del sindicato. Porque simple y sencillamente, le tienen terror al debate político de las bases y la eventual movilización en las calles que se podría votar en esa Asamblea de Presidentes de Bases.

Por otro lado, es necesario señalar que los burócratas sindicales tienen un PACTO TÁCITO con las altas autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el gobierno de Chaves, en este caso, para tener desmovilizados a los trabajadores de la educación, ya que el gobierno no quiere ningún tipo de movimiento huelguístico o callejero, ya que esos tipos de acciones podrían desencadenar una reacción en cadena de más movilizaciones sociales producto del descontento de la población por el alto costo de la vida y los miserables salarios que se convierten como una tenaza que hunden en la pobreza, miseria y ruina a miles de trabajadores y sus familias.

Llamamos a todas las bases del sindicato APSE a enviar notas de protesta y repudio a los burócratas sindicales de la Junta Directiva, así como de sus serviles del Consejo Nacional, que votaron en contra de la convocatoria de esa instancia democrática y de la lucha y movilización por un reajuste salarial digno para todos los trabajadores de la educación.

Se hace evidente con todo lo planteado en esta nota que los burócratas sindicales de APSE y sus serviles del Consejo Nacional están ubicado y entregados en cuerpo y alma al gobierno de turno. A todos esos burócratas sindicales los hace felices estar reuniéndose en la “comisión paritaria” (representantes de APSE, ANDE, SEC, SITRACOME y MEP) y tomando café con los jerarcas del MEP, desde donde les dan permanentemente atolillo con el dedo y algunos confites (por ejemplo, zonaje), todo a cambio de desmovilizar de forma descarada y permanente a las bases de la organización sindical.

Por Jose René Tamariz

En el mes de julio, el gobierno de Rodrigo Chaves cerró el negocio para la realización de eventos públicos llamado Parque Viva del periódico La Nación. La orden sanitaria del cierre fue emitida por el Ministerio de Salud, bajo el argumento de que ese parque producía grandes congestiones de flujo vehicular y eso tendía a ocasionar accidentes y ponía en riesgo la vida de muchas personas.

Recurso de Amparo de La Nación y Sentencia de la Sala Constitucional

El recurso contra ese cierre fue introducido a la Sala Constitucional por el director de ese medio, Armando González y varios periodistas, y, entre los argumentos esgrimidos, “… resaltó que Chaves es consciente de que Parque Viva tiene la función de apoyar económicamente la operación La Nación, cuyos ingresos han caído a causa de la migración de la publicidad hacia medios digitales, como les ha ocurrido a miles de medios de comunicación en todo el mundo”. (La Nación, 22 de octubre de 2022).

Según los recurridos de ese medio de comunicación, Rodrigo Chaves desde que fue candidato a la presidencia de la República los había atacado por que ese diario destapó públicamente el acoso sexual contra empleadas del Banco Mundial que había realizado Chaves siendo alto funcionario de ese organismo financiero internacional. En un acto de campaña, Chaves dijo que “Somos un sunami y, sí, vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de canal 7. Óigame, Ignacio Santos, óigame el otro… René Picado, óigame, Armando González”. (Ídem).

Por otra parte, esos periodistas argumentaron que dicho cierre “… violentó principios consagrados en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el principio de legalidad por el cual deben regirse los funcionarios públicos”. (Ídem).

El día 21 de octubre la Sala Constitucional o Cuarta, mediante una sentencia que no se ha dado conocer, anuló esa orden sanitaria de cierre contra el Parque Viva. Al respecto de esa anulación la sentencia señala que se realiza “en defensa de la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia”. Y, entre otros, uno de los argumentos planteados por dicha sentencia dice que ese cierre es “una violación indirecta de la libertad de prensa, libertad que es un elemento esencial de nuestro sistema democrático”. (Ídem).

De otro lado, en el, por tanto, esa sentencia señala que “se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”. (Ídem).

Aunque no conocemos la sentencia completa de la Sala Constitucional la cual anula el cierre sanitario del Parque Viva propiedad del diario La Nación, vamos a plantear algunas posiciones políticas de dicha sentencia.

Los Negocios del Grupo Económico La Nación

Es importante y necesario señalar que el grupo económico “La Nación” es un conglomerado de diversos empresas y negocios que tiene, como objetivo último, generar ganancias. En la dirección electrónica www.nación.com se mencionan esos negocios, tales como, medios de comunicación GN medios (La Nación, El Financiero, La Teja, revista Perfil y Sabores y otros); GN digital (Yuplón, sitio de ofertas diarias número uno de Costa Rica); Parque Viva “… negocio dedicado al administración de recintos y la creación de plataformas comerciales a largo plazo… es el primer recinto dedicado a la interacción, la generación de vínculo y entretenimiento y el primero  en Centroamérica que reúne un Anfiteatro, un Centro de Eventos y un circuito de competencias…”; Bienes Raíces; Unidades de  Soporte.

Por otro lado, de acuerdo con un análisis del medio digital “Delfino” el “Grupo Nación (GN) es un grupo de poder económico cuyos principales accionistas son la familia Jiménez, constituida por tres generaciones. Además, dicha familia tiene acciones mayoritarias en la Florida Ice & Farm, productora de cervezas y bebidas, e históricamente ha estado ligada a diversas actividades económicas, en el pasado a la producción de café y caña de azúcar, por mencionar dos casos; y de manera reciente al sector turístico e inmobiliario, entre otros. Por la cantidad de activos en su propiedad, la familia Jiménez es parte de la lista de los diez empresarios más “ricos” de Centroamérica, según la revista Forbes”. (Ramírez, Lorenzo: La pérdida de hegemonía de Grupo Nación. 22 de noviembre de 2019).

Entonces, la familia Jiménez es parte de la vieja oligarquía costarricense que concentra no sólo un gran poder económico sino también político. Actualmente, el presidente del diario La Nación es Carlos González Jiménez, quien sustituyó en 2020 a Manuel Francisco Jiménez Echeverría. Es importante destacar que La Nación ha estado involucrado en caso de defraudación fiscal.

La Historia de la Intervención Política de La Nación

Cuenta el escritor Alberto Cañas la siguiente anécdota del año 1948 cuando se produjo el conflicto político-militar que condujo al poder a la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José María Figueres Ferrer “Pero no puedo omitir un pasaje que yo he contado en otra parte, y fue la visita que a Figueres hicieron el gerente y el director de La Nación, acompañando a don Manuel Francisco Jiménez Ortiz, don Eladio Trejos y don Fernando Lara. Me tocó conducirlos al Club Social de Cartago, donde Figueres y Alberto Martén los recibirían y quedé, con máuser al hombro, de guardia en la puerta… por lo cual escuché, con el otro guardia, Roberto Güell, la conversación.

Simplemente, en San José, “sabían” que la Revolución se proponía “desconocer” la elección de Ulate. Y esa decisión contaría con el apoyo de importantes grupos, y del periódico La Nación, si Figueres accedía a derogar el Código de Trabajo… Figueres y Martén rechazaron casi con violencia. Ni desconocería la revolución la elección de Ulate, ni echaría atrás la legislación social, que más bien sería perfeccionada”. (Cañas, Alberto: 80 años no es nada. Editorial UCR. San José, Costa Rica, 2008. Páginas 207 y 208).

El diario La Nación, por su gran poder económico, a través de los años ha tenido mucha influencia, peso político y capacidad de incidir en diversos gobiernos en Costa Rica. Con sus redes de informantes husmea todos los ministerios, instituciones públicas, casa presidencial y otras organizaciones.

Sus denuncias constantes contra las convenciones colectivas de diferentes instituciones públicas han llevado a que políticos neoliberales y otros elementos de esa fauna interpongan recursos en la Sala Cuarte en contra de artículos que, supuestamente son “abusivos”, han conducido a que ese órgano jurisdiccional elimine, de un solo tajo, múltiples artículos de decenas de convenciones colectivas. Asimismo, ese periódico realiza constantes ataque a los componentes salariales, mejor conocidos como pluses, de los trabajadores públicos, llamando de forma descarada a su eliminación.

Como se puede observar de lo planteado por Alberto Cañas, desde hace muchos años, los dueños del diario La Nación, así como sus directores y demás plumíferos a sueldo, se han opuesto y demandado la eliminación de las conquistas del Estado Social de Derecho, tales como, en su momento, del Código de Trabajo, y, más recientemente, del derecho colectivo, como son el derecho a la huelga y a la negociación y conquistas de las convenciones colectivas. En realidad, más de la apariencia de medio periodístico La Nación se ha constituido como otro poder dentro del Estado Costarricense.

El Cierre del Parque Viva… ¿constituyó una Violación Indirecta de la Libertad de Prensa?

Implicó el cierre del jugoso negocio millonario del Parque Viva de ese grupo capitalista ¿una violación indirecta de la libertad de prensa? Ese es uno de los argumentos centrales de la sentencia de la Sala Constitucional. Analicemos. Dado que todavía no se conoce en todos sus extremos el fallo constitucional vamos a plantear algunas ideas preliminares, no definitiva, sobre esa cuestión.

En primer lugar, debemos plantear que no apoyamos al gobierno de Rodrigo Chaves ni compartimos sus posiciones políticas, propuestas y proyectos de leyes. El gobierno de Chaves es un gobierno neoliberal sometido a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cumple, a pie juntillas, sus mandatos. Además, es un gobierno que trabaja en función de beneficiar a diferentes grupos capitalistas y, en especial, a su grupo económico que financió su campaña política-electoral para llegar la presidencia de la República. 

Sin embargo, consideramos que la sentencia de la Sala Constitucional sobre el cierre del negocio de La Nación, llamado Parque Viva, es una sentencia eminentemente política, no es jurídica ni técnica. Sostener que el cierre de ese negocio es una “violación indirecta a libertad de prensa”, no sólo basta decirlo y escribirlo, sino que hay que demostrarlo con datos y hechos probados. Al respecto tomo lo planteado por el científico Carl Sagan que dice “Desconfía de los argumentos que proceden de la autoridad… Las autoridades deben demostrar sus opiniones como todos los demás…”. (Sagan, Carl: El mundo y sus demonios. Editorial Planeta. España, 2016. Página 47).

Entonces, de lo anterior, surgen una serie de cuestionamientos. Concretamente, cuáles son los elementos y factores que, eses cierre, afectó la continuidad del funcionamiento del periódico La Nación. ¿Se afectó o interrumpió la impresión y publicación física de La Nación? No, de ninguna manera, el periódico continuó de forma diaria su publicación, porque disponía de todos los recursos y medios necesarios para su funcionamiento y emisión. ¿Se afectó o limitó los editoriales y artículos críticos de ese medio de comunicación hacia el gobierno y su gestión? No, de ninguna manera. Todos los plumíferos a sueldo y sin sueldo continuaron con línea editorial y sus posiciones políticas. No se les limitó de “forma indirecta” sus opiniones.

¿Depende La Nación de los recursos financieros del Parque Viva para seguir funcionando? Al parecer, no existen datos de los estados financieros que demuestren con la falta de ingreso de ese negocio por parte de La Nación haya contribuido o llevado a un cierre técnico a ese medio de comunicación. La Nación, ha seguido funcionando de forma normal y, hasta donde se conoce, sin problemas de papel, tinta, insumos, repartición y otros necesarios para su continuidad como periódico. Por otro lado, es importante destacar que La Nación y sus principales dueños poseen múltiples negocios millonarios con los cuales pueden apalancar el funcionamiento de las alicaídas finanzas de ese medio periodístico, no por el cierre, sino por el surgimiento de las redes sociales, la Internet y otros desarrollos tecnológicos que han hecho entrar en crisis a muchos medios de comunicación.

El Cierre del Parque Viva es un Conflicto Inter burgués

El argumento falaz al estilo ad populum de la Sala Constitucional es que "El cierre del negocio del Parque Viva representa un ataque indirecto a la libertad de prensa y, por ende, al sistema democrático".

El periódico La Nación han continuado, sin interrupción, con sus políticas periodísticas de mentiras y falsedades que muchos conocemos, por ejemplo, contra los salarios y componentes salariales de los empleados públicos, contra las convenciones colectivas y muchas otras mentiras en contra de las empresas e instituciones públicas. Ha seguido avanzando en su política de destruir el Estado Social en Costa Rica. No se le ha limitado el derecho a mentir las veces que quiera

Entonces, ¿cuál es el problema de fondo del cierre del Parque Viva? Esa cuestión constituye un conflicto inter burgués entre facciones del capital costarricense. La Nación y sus dueños representante de la más rancia oligarquía nacional, trataron a toda costa de bloquear e impedir el ascenso de Rodrigo Chaves a la presidencia de la República, ya que no era un hombre confiable y controlable a lo cual están acostumbrado de gobiernos anteriores. Por esa razón sacaron la denuncia correcta de los abusos sexuales de Chaves contra funcionarias del Banco Mundial, cuando éste era alto funcionario de ese organismo financiero internacional.

Ahora, ¿es el cierre del negocio Parque Viva una revancha o vendetta de parte de Chaves al periódico La Nación por esa denuncia? Es una hipótesis probable, pero no es el problema de fondo. Rodrigo Chaves, representa un ala burguesa emergente que tiene aspiraciones de quedarse y repartirse una parte del pastel de los negocios en Costa Rica y, por ende, necesita el aparato del Estado para desde ahí abrirse paso y desarrollarse como tal. El poderoso grupo económico de La Nación es un obstáculo para sus pretensiones. De ahí que, Rodrigo Chaves, ha golpeado de costado a ese grupo económico, cerrándole el Parque Viva como una forma de advertencia. No obstante, el conflicto inter burgués no ha terminado, sino que veremos su continuación y habrá más golpes y contragolpes en ese pleito entre fracciones burguesas.

De último, debemos sostener de forma categórica que el fallo de la Sala Cuarta que anula la orden sanitaria de cierre del Parque Viva se ubica, políticamente, al lado del bando de la oligarquía costarricense, bajo el falso argumento de la “violación indirecta a la libertad de prensa”, debido a que, evidentemente, muchos de esos magistrado de ese organismo jurisdiccional pertenecen y han sido puesto en esa instancias por los partidos tradicionales, obedeciendo de alguna u otra forma a esas posiciones políticas. 

Por José René Tamariz

En el año 2000 se publicó la Ley de Protección al Trabajador (LPT) que creó el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) que según el artículo 1 inciso c) de esa ley tiene como objetivo “Establecer los mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como principal sistema de solidaridad en la protección de los trabajadores”. Para el año 2001 el sistema centralizado de recaudación (SICERE) de la CCSS comenzó a trasladar los primeros recursos de esos fondos a las denominadas Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) que administran los fondos individuales de los afiliados.

Ese régimen constituye un “sistema de capitalización individual” que se nutre de los aportes de los trabajadores y patronos, 1% y 3.45%, respectivamente, para un total del 4,25%. Según las estimaciones de diversos organismos ese régimen de pensiones incrementará hasta en un 20% la pensión otorgada por los regímenes básicos de pensiones.

Es necesario destacar que el régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la CCSS otorga una pensión a sus afiliados entre un 43% a 52.5% del salario de referencia por los primeras 240 (20 años) cotizaciones más un 0,083% por cotización adicional. Con mayor cantidad de cuotas sobre las de referencia, el pensionado del IVM podría llegar a obtener hasta un 60% del salario de referencia como pensión. Con la reforma al IVM que entra a regir en enero de 2024 se cambia el salario de referencia a 300 cotizaciones y la cuantía adicional se reconocerá a partir de esa cantidad de cuotas. Lo anterior, significará que el monto de la pensión se reducirá entre un 5% y 7%, pasando entre un 42% a 45,5%

Es importante destacar que para marzo del año 2022 los fondos del ROP administrados por las OPC tenían un saldo de ₵10.447.058 millones, o sea, ₵10.45 billones, pero producto de la crisis y caída actual de los rendimientos de las inversiones pasó a septiembre a ₵9.616.641 millones, o sea, ₵9.62 billones. En seis meses se perdieron la cantidad ₵830.417 millones. O sea, las pérdidas ascienden a 7,95% del total de los fondos del ROP. Actualmente, existen 2,9 millones de afiliados. Para el año 2010 el ROP tenía apenas 2 pensionados, mientras que para el año 2022 existen unos 67.000 pensionados, aproximadamente. De otro lado, existen cinco OPC, a saber, BAC, BCR, Popular Pensiones, CCCS OPC y Vida Plena.

También es necesario informar que, entre los planes de retiro de esas pensiones, se encuentran cinco modalidades, tales como, retiro programado, renta permanente, renta temporal condicionada a expectativa de vida, renta temporal por cuotas pagadas y renta vitalicia. Esta última modalidad, sin embargo, como plan de retiro no se ofrece en el mercado, ya que ninguna aseguradora la ha asumido.

El Desastre de las Inversiones de los Fondos del ROP en el Mercado Internacional

Por otro lado, es muy importante señalar que la ley autoriza a las operadoras de pensiones complementarias invertir hasta un 50% de sus fondos en el extranjero. Esas administradoras pueden invertir un 25% sin autorización y cuando se pase de ese límite, deberán ser autorizado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica de julio 2022 “En lo que respecta al mercado cambiario, las presiones se han mantenido desde inicios de la pandemia, pero se intensificaron durante el primer semestre del 2022. Esas presiones surgen de los mayores requerimientos de divisas del sector público no bancario (SPNB) y de las operadoras de pensiones. (…) Por su parte, en las operadoras de pensiones, esa mayor demanda surge de la decisión de diversificar su cartera de títulos valores, con activos financieros internacionales. Este proceso de diversificación inició hace varios años, pero se intensificó a partir de la segunda mitad del 2020, que coincide con los puntos álgidos de la pandemia”. (Informe de Política Monetaria. Julio 2022, Banco Central de Costa Rica, página 7).

En la actualidad, la inversión en el extranjero de los fondos de pensiones complementarias es de $4.874 millones, mientras que hace dos años era de $2.684 millones, es decir, que el aumento absoluto de colocación de esos fondos en el mercado internacional asciende a la cantidad de $2.190 millones para un incremento porcentual del 81,6%. Esa cantidad de dólares invertido por las operadoras de pensiones en el mercado internacional al cambio actual del dólar es de, aproximadamente, unos ₵3.12 billones, o sea, el 32,4% del total de los fondos de pensiones complementarias. En otras palabras, eso constituye demasiado dinero invertido en el extranjero. Sin embargo, existen algunos economistas y “técnicos” neoliberales que plantean de forma temeraria que se debería invertir hasta un 60% de dichos fondos en el mercado internacional.

Esa masiva compra de dólares con los fondos pensiones complementaria por parte de la OPC para invertir en el mercado extranjero condujo a graves consecuencias. Primero, produjeron una fuerte alza en el precio del dólar con repercusiones graves en el incremento de los precios de los productos y servicios, perjudicando a miles de trabajadores. Segundo, producto de varios factores que se analizan más adelante, condujeron a pérdidas millonarias en el capital acumulado por los 2,9 millones de afiliados. Tercero, provocaron una disminución significativa de los montos de las pensiones mensuales de miles pensionados.

Pérdidas de los Fondos del ROP ¿Juegan a los Dados las OPC y la SUPEN?

La inversión de semejante cantidad de dólares en el mercado internacional por parte de las OPC en forma de acciones de renta variable ha conducido a varias operadoras de pensiones a tener pérdidas millonarias de los fondos de los 2,9 millones de sus afiliados. Según las informaciones brindadas por las OPC a sus afiliados en el semestre comprendido entre el 1 de marzo al 31 de agosto se han tenido pérdidas total entre un 2,34% y 4,25% de su fondo de pensión. ¿A cuánto ascienden esas pérdidas? No existe un dato global sobre el monto de las pérdidas. Según la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) “Hasta agosto anterior, la rentabilidad de las inversiones del ROP tuvo una variación interanual real de entre -11,7% y -8,2%...”. (La Nación, 10 de octubre de 2022).

Es importante señalar que dependiendo del saldo que cada afiliado tenga en su fondo de pensiones complementarias, de forma proporcional y directa tendrá un monto determinado de pérdidas. A mayor cantidad de dinero en el fondo mayor será el monto o porcentaje de pérdidas. Esos montos de pérdidas en números absolutos pueden ser desde ₵100.000 hasta ₵6. 000.000 o más. Aunque esas grandes pérdidas son reales los afiliados no la han materializado porque no han recibido su dinero del ROP en forma de pensiones, ya que son trabajadores activos.

Más grave aún son las pérdidas de los miles de pensionados en el ROP. El 60% de los pensionados (40.000) por el régimen de pensiones complementarias se encuentran ubicados en la modalidad de renta permanente que la paga la pensión con base, solamente, en los rendimientos de 12 meses de las inversiones de sus fondos, pero que fue modificado por la SUPEN en el mes de agosto, producto de la crisis de las pensiones del ROP, a 36 meses.

Veamos varios casos graves de pensionados que han visto disminuir dramáticamente el monto de sus pensiones.

Un pensionado que tenía un capital de ₵9.000.000 en su ROP recibía en el año 2021 una pensión de ₵162.000 y con la crisis del 2022 ese monto disminuyó ₵60.000. La pérdida absoluta fue de ₵102.000 y en términos porcentuales fue de 63%. Una persona que tenía un saldo de ₵30.000.000 en su ROP recibía de pensión el año anterior ₵540.000 y con la crisis en el 2022, ese monto disminuyó a ₵201.00, teniendo una perdida absoluta de ₵339.000 para un porcentaje del 62,78%. El cambio de pagar los montos de pensión con base a 36 meses de los rendimientos aumenta ligeramente el monto de la pensión, pero siempre queda disminuida en una buena cantidad. Sin embargo, dado que los rendimientos siguen cayendo cada mes, por tanto, el monto de las pensiones continuará disminuyendo conforme las OPC vayan tomando en cuenta los meses actuales de rendimientos negativos.

Todo este desastre de los rendimientos de las inversiones de los fondos de las pensiones complementaria desvirtúa y desmiente los objetivos que pretendía conseguir la Ley de Protección al Trabajador (LPT). Según esa ley se pretendía que los trabajadores complementaran hasta con un 20% más su pensión básica del IVM con el ROP para compensar la disminución de la primera. Sin embargo, como se puede observar de los datos anteriores, las miserables pensiones del ROP que otorgan la OPC son una burla, ya que no compensan ni siquiera con el 10% la pensión básica del IVM.

¿Cuáles son las causas de la grave pérdidas de los fondos de pensión? Según Rocío Aguilar, superintendente de pensiones “… Ya al final del año pasado se empieza a gestar una crisis inflacionaria producto de las políticas expansivas de los bancos centrales, a raíz del confinamiento por la pandemia y las dificultades de la logística internacional. Además, como si fuera poco, se da el conflicto geopolítico en Ucrania, que genera volatilidad de las materias primas. Estas razones generan un aumento significativo de las tasas de interés y los rendimientos caen de manera importante. A los efectos internacionales, se debe sumar la situación local que tiene un componente importante de títulos valores de Gobierno que, con la subida en la tasa de política monetaria del Banco Central, el efecto se va transmitiendo, Hacienda debe reconocer una tasa mayor, en cuyo caso el rendimiento se cae”. (La Nación, 10 de octubre de 2022).

Las autoridades de la SUPEN y los funcionarios de las OPC para justificar las millonarias pérdidas de los fondos de pensiones, así como de los montos de la pensión de miles de pensionados, sostienen que las pérdidas se han producido tanto en el mercado internacional como el nacional, aunque no brindan los datos para demostrarlo. Por ejemplo, a cuánto ascienden las pérdidas por el mercado local y extranjero.

Muchas operadoras de pensiones y la SUPEN para justificar y maquillar semejantes pérdidas, le llaman eufemísticamente, "minusvalías", lo cual es falso. El hundimiento de los fondos de pensiones no son ninguna “minusvalía”, sino simple y sencillamente, pérdidas reales.

¿Quién Debe Pagar las Pérdidas de los Fondos de las Pensiones Complementarias?

La crisis y hundimiento de los fondos de pensión complementaria seguirá su curso en la medida que la inflación continúe, se profundice la guerra entre Rusia y Ucrania y llegue el invierno a Europa en el mes de noviembre, lo cual podría provocar una grave crisis energética en ese continente por desabastecimiento del gas ruso, pero aún peor será en caso de que se produzca una recesión económica en los Estados Unidos, Europa y otros lugares.

¿Quiénes son los responsables de semejante desastre y hundimiento de los fondos de pensiones? Sin duda alguna, los personajes que dirigen las operadoras de pensiones complementarias (OPC) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Los primeros, por invertir demasiado dinero de los fondos en el mercado internacional sin conocer bien y haber estudiado la situación y las condiciones del mercado internacional y la segunda por autorizar la inversión de más del 25% de los fondos de pensiones sin conocer la situación económica internacional.

Desde que se inició la pandemia y se prolongó en el tiempo, muchos economistas serios pronosticaron que podía conducir, no sólo a la desaceleración económica mundial tal como sucedió, sino también a una eventual recesión internacional, aún con grandes probabilidades de producirse, con graves efectos y consecuencias internacionales. Por tanto, el momento escogido (segunda mitad de 2020 a 2022) por las operadoras de pensiones para incrementar sus inversiones en el extranjero que, según expresión del Banco Central, “coincide con los puntos álgidos de la pandemia”, constituyó un mal momento y una decisión totalmente equivocada que ha conducido a grandísimas pérdidas y hundimiento de los fondos de las pensiones y de los montos de pensión de miles de afiliados. Así también la gran cantidad de dinero invertido en el extranjero fue un grave error, lo cual ha agravado las pérdidas.

Ahora, es de gran importancia y necesidad plantear que de producirse una eventual recesión económica internacional, la quiebra de los fondos de pensiones invertidos en el extranjero podría llegar a ser catastrófico, llegando a desaparecer no sólo los rendimientos sino también los aportes realizados por más de 20 años por parte de los trabajadores y los patronos al ROP. Esto se debe evitar antes que sea demasiado tarde.

Entonces, tanto los neófitos, aprendices de brujos, gerentes y comité de las OPC que deciden invertir en el mercado internacional, como Roció Aguilar, superintendente de pensiones y otros personajes de esta que autorizaron invertir semejante cantidad de dinero de los fondos de pensiones deben pagar por sus graves errores y malas decisiones. Jugaron -continúan jugando- a los dados con los fondos de las pensiones de 2,9 millones de trabajadores y, por tanto, ocasionaron grandes pérdidas y hundimiento de esos fondos y la ruina en el monto de la pensión de miles de pensionados del ROP.

Propuestas Para Defender los Fondos de Pensiones de los Trabajadores

1. Que las pérdidas de los fondos de pensiones sean asumidas por las OPC de sus ganancias.

2. Destitución de los gerentes y los miembros del comité de las OPC encargados de las inversiones en el extranjero.

3. Exigir la inmediata destitución de Rocío Aguilar como superintendente de pensiones (SUPEN) por ser corresponsable de la crisis y hundimiento de los fondos de pensiones.

4. Disminuir los porcentajes de inversión en el extranjero y aumentar las inversiones en el mercado local, bajo otras modalidades que no sean títulos valores de Gobierno. Por ejemplo, invertir en un plan de obras públicas (construcción de carreteras, escuelas y colegios, hospitales y clínicas, vivienda y otros) los fondos de pensiones.

5. Llamamos a las organizaciones sindicales a realizar una amplia unidad de acción para defender los fondos de pensiones complementarias de sus miles de afiliados. Por tanto, hacemos un llamado a todas las dirigencias sindicales a promover y realizar una gran movilización nacional para exigir la destitución de Roció Aguilar, gerentes y demás miembros de las operadoras de pensiones responsables del desastre y hundimiento

Por José René Tamariz

Actualmente existe una discusión nacional alrededor de la propuesta del presidente de la República, Rodrigo Chaves, de vender dos bancos públicos, BICSA y BCR, así como el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS). En la celebración de sus 100 días de gobierno, Chaves, anunció que “Otra acción clave es la venta de activos como Bicsa y el BCR, que nos darán recursos frescos de aproximadamente un 2,8% del PIB, alrededor de ₵1,2 billones que usaremos para reducir la deuda. Pronto presentaremos al Congreso un proyecto de ley en ese sentido”. (La Nación, 25 de agosto de 2022). Más adelante, en cuanto a la venta del INS planteó que “El INS es una de las empresas estatales más sólidas, y también contribuirá en esta lucha, con la apertura del 49% de sus acciones para que los fondos de pensiones del país puedan invertir en ella. Esta es una manera también de ampliar el mercado a estos fondos… Además, esa ampliación accionaria nos daría al menos, otros ₵593.000 millones”. (Ídem). Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, esos recursos de la venta del 49% del INS sería destinado para la construcción de obras públicas. Más adelante se analizan los problemas y posibles consecuencias sociales y económicas de esa política de privatización de empresas e instituciones públicas.

El Origen de los Bancos Públicos

La nacionalización bancaria en Costa Rica surge y se realiza tras el triunfo político-militar del año 1948 encabezado por José Figueres Ferrer. Al respecto, la escritora Lidiette Brenes, señala que “En una sesión celebrada el sábado 18 de junio de 1948, la Junta Fundadora de la Segunda República tomó la decisión de nacionalizar la banca privada. A la noche siguiente, en un discurso por radio, José Figueres dio a conocer la medida y se refirió, asimismo, al impuesto del 10 por ciento sobre el capital particular. En esa oportunidad ofreció las argumentaciones siguientes:

-los bancos privados trabajan con su propio capital y con el de la ciudadanía en general, lo cual les da un tremendo poder social que, en el siglo veinte, constituye un anacronismo.

-La administración del dinero y el crédito no debe estar en manos particulares, como no lo está la distribución del agua potable ni los servicios de correo. Es al Estado que corresponde esas funciones vitales de la economía.

-El criterio marcadamente comercial, con que los bancos privados han venido operando es conveniente para los accionistas, pero no es el más saludable para un país que necesita desarrollar su agricultura y sus industrias.

-Por motivos de utilidad pública se expropian las acciones de la banca particular y se acuerda que sólo el Estado podrá movilizar, a través de sus instituciones bancarias propias, los depósitos del público

Formalmente, la decisión se amparó al Decreto Ley No 71 del 21 de junio de 1948”. (Brenes, Lidiette: La Nacionalización Bancaria en Costa Rica. Un juicio histórico. San José: FLACSO, 1990).

La expropiación y nacionalización de los bancos privados y el impuesto del 10% al capital fueron unas de las medidas más progresivas que ejecutó la Junta Fundadora de la Segunda República que, posteriormente, permitieron e impulsaron el desarrollo del capitalismo en Costa Rica. Veremos que la intención y política de Rodrigo Chaves de privatizar y desnacionalizar la banca pública van en la dirección contraria a la argumentación planteadas por José Figueres. En el fondo, la venta de los bancos públicos e INS tienen como objetivo fundamental fortalecer, aún más, a los grupos financieros privados o usureros modernos para que aumenten más sus utilidades de uno de los sectores más rentables del país.

¿Reducirá la Deuda Pública la Venta del BCR?

Actualmente “La deuda del Gobierno Central creció en ₵1,64 billones (millones de millones) durante el primer semestre del 2022, con el agravante de que empeoraron los factores de riesgo que hacen al país más vulnerable al tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación, advirtió la Contraloría General de la República (CGR)”. (La Nación, 12 de setiembre de 2022). Más adelante ese medio señala que “La deuda salto de ₵27,27 billones registrados en diciembre de 2021 a ₵28,91 billones en julio del presente año. El incremento fue del 6% en solo seis meses…”. (Ídem).  Según Chaves la venta del BCR producirá alrededor de ₵1.2 billones, entonces con ese monto la deuda quedaría apenas en ₵27.71 billones. Lo anterior significa que dicha deuda apenas se reduciría en 4,15%. Los datos anteriores reflejan lo absurdo de vender el BCR para supuestamente bajar el monto de la deuda porque, por un lado, el incremento en ₵1,64 billones de la deuda en el primer semestre de 2022, prácticamente, se habría consumido los ₵1.2 billones que generaría la venta del BCR y todavía se quedaría debiendo y, por otra parte, con la venta del BCR la deuda no tendría una reducción significativa debido a su gran tamaño y crecimiento continuo.

Los Ataques de Chaves Contra el BCR

Recientemente, Rodrigo Chaves, hizo fuertes ataque contra el BCR lo cual demuestra el desprecio que tiene contra los bienes del Estado. Dijo que “Que hay gente que se opone a la venta; obviamente va a haber gente que se opone. Lo que yo creo es que la gran mayoría del pueblo sabe que el Banco de Costa Rica es un banco comercial más, que no le ha dado un solo dividendo en su vida, que no le está dando crédito a las pymes (pequeñas y medianas empresas) y que ha tenido problemas de gobernabilidad y corrupción enormes”. (La Nación, 13 de setiembre de 2022).

Esos ataques al  BCR en el sentido de que es un banco comercial que la gente no recibe ningún dividendo o beneficio de esa institución es falso. El BCR transfiere el 15% de sus utilidades al régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la CCSS y de esa manera contribuye con mucha gente pensionada. Respecto a los aportes del BCR al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)de la CCSS “Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administrador del IVM, reconoció que las transferencias efectuadas por el BCR significó en los últimos cinco años, en promedio, el 40% anual de las contribuciones sobre las utilidades de las instituciones públicas”. (La Nación, 10 de setiembre de 2022).

Por otro lado, el BCR también destina un 3 % de sus utilidades a la comisión nacional de emergencia (CNE), organismo encargado de atender las emergencias nacionales, ya sea por inundaciones, terremotos, huracanes, pandemia y otros desastres naturales. Asimismo, le transfiere un 5% sobre las ganancias a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape). De esa forma, el BCR le ayuda a miles de familias.

Por otra parte, es importante señalar y mencionar que BCR como institución financiera pública que le genera muchos beneficios a diversos sectores de la población no es el problema en si mismo, ya que los problemas de “gobernabilidad y corrupción enormes” dentro de la banco son generados y realizados por los altos mandos de la institución que son colocados y puestos por los partidos políticos de turno. A los que se deben atacar por esos problemas son al PLN y al PAC que, en los últimos años, han dirigido al BCR. Entonces, esos ataques de Chaves contra el BCR tienen la clara intención de provocar una devaluación del BCR, antes de su venta, precisamente para rematarlo a cualquier precio.

Hasta la calificadora Fitch Ratings desmiente, sin decirlo, a Rodrigo Chaves al señalar que el BCR “Históricamente, su modelo de negocios ha generado ganancias de baja volatilidad, totalizando un ingreso operativo promedio de cuatro años de $485 millones y relaciones duraderas con clientes tanto en banca mayorista como minorista”. (La Nación, 24 de agosto de 2022).

Los Problemas del Proyecto de Ley de Venta del BCR

El proyecto de venta del BCR es el único proyecto propio del gobierno de Rodrigo Chaves que ha enviado a la Asamblea Legislativa. Dicho proyecto contiene una serie de deficiencias y problemas serios en cuanto a su remate que será encabezado por un reducido grupo de 5 ministros. Veamos uno por uno. Dicho proyecto no plantea cuál o cuáles ministerios o instituciones asumirán las cargas parafiscales que el BCR le transfiere el IVM, a la CNE, a Conape e Infocoop. El proyecto presenta un estudio técnico en donde se determine el valor del BCR para ser vendido, pues, las cifras que ha dado Chaves y el ministro de Hacienda son estimaciones sin sustento técnico especializado. Ese proyecto tampoco señala que destino tendrán los fideicomisos que el BCR dirige y controla.

De último, el proceso de venta y remate del BCR estará en manos y a cargo de un “comité de venta” integrado por cinco ministros a los cuales se le dá demasiado poder de decisión lo cual podría conducir a chorizo en la subasta del banco. 

Por otra parte, la ignorancia, mentiras y cinismo, aunque también hacer las cosas a la brava, son características del gobierno de Rodrigo Chaves. Ahí está el caso mas reciente: él sostiene que la Asamblea Legislativa debe aprobar el truculento proyecto de privatización del BCR con 28 votos, mientras que los diputados dicen que son 38 votos o sea mayoría calificada. Eso refleja que el tipo tiene prisa por vender el BCR. Ya servicios técnicos de la Asamblea Legislativa se pronunció al respecto y señaló que se requieren de 38 votos para aprobar ese proyecto de venta del BCR.

De la Quiebra de los Bancos estatales a la Privatización

Los partidos tradicionales como PLN y el PAC se han encargado de destruir a los bancos públicos. Los bancos que fueron nacionalizados por José Figueres Ferrer, tales como el Banco Anglo Costarricense, el de Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica, los dos primeros fueron quebrados por las juntas directivas con empresarios mafiosos y el último, BCR, va a ser subastado por el gobierno de Rodrigo Chaves. Toda las obras de desarrollo económico y social realizada por la Junta Fundadora de la Segunda República ha sido desmontada, desmantelada y destruida por los partidos tradicionales y, más recientemente, por el PAC y, ahora, por Rodrigo Chaves. Es un proceso reacccionario e involutivo de la sociedad costarricense.

La política de quiebra y privatización de los bancos públicos a manos de los partidos políticos y los gobernantes de turno han tenido un claro objetivo: conducir a una mayor concentración de la riqueza en manos del capital privado y, por ende, a una mayor desigualdad de la mayoría de la población costarricense.

¿Cuál Debe Ser la Política Para Reducir la Deuda?

La deuda pública se ha convertido en insostenible en Costa Rica, ya que lejos de disminuir aumenta cada año. Actualmente, esa deuda llega casi al 70% del Producto Interno Bruto (PIB). Entonces, ¿cuál debe ser la política para reducir semejante deuda púbica. Según Thomas Piketty “Por mucho, la solución más sastifactoria para reducir la deuda pública consiste en cobrar un impuesto excepcional sobre el capital privado…”. (El Capital en el Siglo XXI). Nosotros creemos que esa debe ser la salida y posición para llevar a una reducción significativa de esa abultada deuda que tiene Costa Rica, tanto interna como externamente.

Por tanto, debemos oponernos de forma categórica y con la movilización en las calles a la venta del BCR. Asimismo, debemos impulsar esa política de un “impuesto excepcional” al capital privado para pagar la deuda y, con ello, eliminar el congelamiento salarial a perpetuidad que se les ha impuesto a los trabajadores debido a ese endeudamiento y a la regla fiscal.