Por José René Tamariz

En dos últimos años 2022 y 2023, Costa Rica se ha convertido en noticia por la ola de homicidios o crimines que se realizan a diario. El año 2022, el país cerró con una alta tasa de crimen de 12,6%, convirtiéndose en el año más violento de la historia de la nación. Incluso se ubicó por arriba de países como El Salvador. Pero la situación anterior está siendo superada en el año 2023. Al 10 de mayo de 2022 se habían producido 228 homicidios y en el 2023 a la misma fecha los crimines llegaron a 318, es decir, un promedio de 2,5 muertos diarios. En términos absolutos fue un aumento de 90 homicidios más y un incremento porcentual del 39,5%.

Si las muertes se mantuvieran a ese ritmo al final del año podrían llegar a unas 900 o más homicidios. Las provincias de San José, Limón y Puntarenas encabezan las mayores cantidades de crímenes. El primero pasó de 48 homicidios en el año 2022 a 84 en 2023, el segundo pasó de 55 crímenes a 82 y el último pasó de 32 muertes a 46. Es importante destacar los casos de Limón y Puntarenas porque son lugares costeros y sumidos en la pobreza y miseria desde hace mucho tiempo.

Aumento de Transbordo y Consumo Nacional de Drogas

Según el reporte estratégico de control internacional de narcóticos de los Estados Unidos del mes de marzo “Costa Rica sigue siendo el principal punto de transbordo de cocaína en ruta a Estados Unidos desde América del Sur, y es un punto de tránsito clave en el tráfico internacional de narcóticos”. (La Nación, 27 de marzo de 2023). Por otro lado, ese mismo informe señala que “Costa Rica tiene un creciente problema de consumo interno de drogas, ya que las drogas almacenadas en el país ingresan cada vez más en el mercado local y las organizaciones criminales nacionales ganan influencia con más ingresos de narcóticos”. (Ídem).

La Inseguridad Principal Preocupación de la Ciudadanía

El problema de la inseguridad y los homicidios se ha convertido en uno de los principales problemas del país y de preocupación de la población en general. De acuerdo con la última encuesta del Semanario Universidad “La inseguridad y la delincuencia saltaron en este año al primer lugar de los mayores problemas del país y duplican en menciones al costo de la vida y al desempleo, situaciones de índole económica que siguen causando preocupación en las personas y que han ocupado las principales posiciones después del shock de la pandemia del 2020”. (Semanario Universidad, semana del 26 de abril al 2 de mayo). El 34,7% de las personas plantearon que su principal preocupación en la inseguridad, ya que no hay lugar seguro en donde vivir y transitar. En cualquier lugar, las personas pueden ser asesinadas ya sea por su vinculación con las bandas delincuenciales del narcotráfico o bien como daño colateral en el terreno por los enfrentamientos entre pandillas.

Incremento de los Homicidios y Correlación con la Pobreza

En el año 2019, previo a la pandemia del Covid-19, la pobreza en Costa Rica era del 20% y para el año 2022 aumento al 25%. Asimismo, la pobreza extrema pasó del 6,3% en el año 2019 al 8% en el 2022. Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica determinó que, en relación a la pobreza extrema “Este incremento significó 32 mil hogares y 103 mil personas que se suman a la cantidad de población en condición de pobreza del país. Es realmente preocupante que aproximadamente 8 de cada 100 personas que cayeron en la pobreza durante el segundo semestre del año anterior se sitúan en la categoría de pobreza extrema”. (Semanario Universidad, semana del 10 al 16 mayo).

Aunque el gobierno sostiene que el desempleo bajó y llegó al 10,6%, sin embargo, los investigadores del IICE plantean que “De la disminución del desempleo, una parte pequeña se debe a dicha contribución de nuevos trabajos y otra gran parte provocada por personas que buscaban un empleo y al no encontrarlo, optaron por salirse del mercado laboral”. (Ídem). La tasa de inactividad paso del 39,7% al 41,7%. Entonces, la cantidad de nuevos trabajos es muy baja, apenas del 1% y es más alta la tasa del 2% de inactividad laboral, gente que se cansó de buscar empleo, pero no lo encontraron.

Ese incremento de la pobreza y pobreza extremas de miles de familias, con sus bajos niveles de ingresos, conduce a que muchas de ellas se enrolen en el narcotráfico como una forma de subsistencia.

Desempleo y Pobreza Juvenil

Aunque Rodrigo Chaves hace alarde de que con su gobierno está disminuyendo el desempleo, la verdad es que la situación del desempleo y pobreza entre la población juvenil es bien grave. Veamos. De acuerdo con informaciones periodísticas “La población joven del país afronta una alta tasa de desempleo del 30,6% y un nivel de pobreza del 26,8%, según se muestra en el estudio “Inclusión económica de las personas jóvenes, una deuda pendiente”, elaborado por el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica”. (Radio UCR, 16 de enero de 2023). O sea, que 3 jóvenes de cada 10 no tienen trabajo. Es más, Costa Rica se encuentra ubicado como el país con el índice de desempleo juvenil más alto de Latinoamérica.

Para julio del año 2022 se calculaba que en el país existían unos 160.000 “ninis”, es decir, jóvenes que “ni estudiaban” “ni trabajaban”. Son personas entre 15 y 24 años que fueron excluidos del sistema educativo y que tampoco tienen trabajo, porque también son excluidos ya que no tienen preparación para trabajar. Con el denominado “apagón educativo” del período de la pandemia del Covid-19, la falta de preparación de miles de jóvenes probablemente los lanzará a mayores niveles de desempleo. Por tanto, es muy posible que ese número de “ninis” se hay incrementado hasta el presente.

La Política de Rodrigo Chaves para Enfrentar la Criminalidad

La gran "novedad" de Rodrigo Chaves en su supuesta política de seguridad nacional es haber quitado a su anterior equipo del Ministerio de Seguridad Pública encabezado por Jorge Torres por el equipo de seguridad pública del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014). En esencia ese equipo de seguridad pública de Chaves es el viejo equipo de un gobierno liberacionista con Mario Zamora como ministro de seguridad, Eric Lacayo y Agustín Barquero como viceministro. Como se puede observar Rodrigo Chaves representa como "algo nuevo" al “viejo” equipo de seguridad pública de un ex gobierno liberacionista. Más de lo mismo.

El "nuevo" ministro de seguridad y su equipo del PLN y el gobierno de Chaves creen que con agregar el "plus" a su plan de seguridad que, básicamente, consiste en pasar de la lucha contra el "narcomenudeo" de Torres a la lucha contra los "homicidios" y "sicariato" de Zamora van a resolver el grave problema de la inseguridad ciudadana. Se equivocan totalmente.

Los homicidios y el sicariato son el producto de una situación más grave que tiene el país como la pobreza y alto desempleo de los jóvenes. Atacar solo al sicariato y al narcotráfico no resuelve el problema de fondo. La mayoría de los sicarios son jóvenes que, con los altos niveles de desempleo y pobreza, por arriba de la media nacional, señalados anteriormente, se ven obligados por el sistema a buscar una fuente de ingreso en el narcotráfico que les garantiza ese cruel tipo de "trabajo".

Veamos un ejemplo. Supongamos que Zamora y Chaves con su "Operación plus" logren atrapar a todos los jóvenes sicarios, lo cual es muy dudoso, entonces como existen miles de jóvenes desempleados y en la miseria, el narcotráfico tiene "mano de obra" en cantidad que puede reponer fácilmente. Eso es como el ejército de desempleados del capitalismo. He ahí la esencia del capitalismo, pero en el nuevo "nicho" del mercado del narcotráfico que, por cierto, paga mejor que el capitalismo tradicional.

Esta es una discusión con los técnicos y profesionales del capitalismo que les gusta hablar y escribir sobre los mercados. El "mercado" del narcotráfico es "más competitivo", por la negativa desgraciadamente, que los mercados de los regímenes definitivo y especiales de Costa Rica.

Otra de las medidas que el gobierno de Chaves y su “nuevo” equipo de seguridad pretenden implementar mediante un proyecto de ley es la de obligar a los motociclistas a portar en ambos lados de sus chalecos el número de placa. Esa medida es tomada de Colombia. Sin embargo, desde ya cuenta con la oposición de la mayoría de los motociclistas. Las bandas criminales del narcotráfico podrían gemelear las placas y los chalecos de los motociclistas para realizar sus actividades de sicariato. También podrían secuestrar por algunas horas o bien matar a los motociclistas, mientras realizan sus acciones delincuenciales. Ese marcaje en los chalecos es peligroso para la vida de las personas que conducen motocicletas que, en muchos casos, trasladan a sus hijos y esposas a las escuelas y colegios y al trabajo. Esa debe ser una medida rechazada por los diputados de la Asamblea Legislativa.

Otra medida que intentó aplicar el viejo equipo de seguridad de Chaves fue el cambio de las jornadas de trabajo de los policías lo cual condujo a diversos movimientos de protestas por los cuerpos policiales y el gobierno tuvo que retroceder y no aplicar ese cambio. Eso condujo a que Chaves despidiera al anterior ministro de seguridad y a sus viceministros.

De último hay que mencionar que el poder Ejecutivo ha enviado otros proyectos de ley sobre ese problema de la inseguridad. El principal es el proyecto la ley contra el crimen organizado que actualmente se discute en el plenario legislativo y que, entre otras acciones, impedirá que salgan de la cárcel personas imputadas en delitos del crimen organizado; la imposición de medidas más severas contra jóvenes involucrados en esas actividades criminales; agilización de la investigación y procedimientos en los juicios y otras medidas.

¿Cuál Debe ser la Salida?

La lucha contra el narcotráfico y sus bandas criminales no sólo deben combatirse con medidas represivas. Se requieren y necesitan implementar políticas integrales para atacar el fenómeno. El narcotráfico, narcomenudeo, estructuras criminales, homicidios, sicariato, lavado de dólares y otras pestes son parte de una totalidad. Combatir una parte no resuelve la totalidad. Se requiere un enfoque global, sociológico y político del problema. En primer lugar, garantizar trabajo a los miles de jóvenes en el desempleo, un salario digno que les garantice satisfacer sus diversas necesidades, así como incorporar a la educación a miles de jóvenes que han sido expulsado del sistema educativo, impulsar y organizar un Plan de Obras Públicas que les brinde trabajo a todas las personas desempleadas y a las que se encuentran en la pobreza y pobreza extrema. Además, se requiere de medidas contra el lavado de dólares que bien alto en Costa Rica, para ello se requiere levantar el secreto bancario para realizar un mejor combate de lavado de dinero del narcotráfico.

Por José René Tamariz

En los meses de abril y mayo, el gobierno de Rodrigo Chaves, rompió los acuerdos y relaciones que mantenían los gobiernos de turno con la Fundación Omar Dengo (FOD) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). La primera es una ONG creada en el año 1987, entre otros, por miembros del Partido Liberación Nacional (PLN), durante la administración de Oscar Sánchez. En ese momento, el ministro de Educación era Francisco Antonio Pacheco y su esposa Clotilde Fonseca asumió la dirección de esa organización desde el año 1988 y en diversos cargos hasta el año 2002. La segunda es una organización que se dedica a la atracción de la inversión extranjera en Costa Rica.

El Caso de la Ruptura del MEP-Gobierno con la FOD

La FOD se autodefine como “… una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo principal, es el desarrollo de las capacidades de las personas, por medio de propuestas educativas innovadoras, apoyadas en el aprovechamiento de nuevas tecnologías”. Esa fundación ha trabajado en las denominadas “alianzas público-privada” con el Ministerio de Educación Pública (MEP), desarrollando el “Programa Nacional de Información Educativa (PRONIE). Según esa institución ese programa “… busca que los estudiantes se apropien y obtengan el máximo provecho de las herramientas digitales para fortalecer sus habilidades favoreciendo el aprendizaje y producción de conocimiento. Mediante cuatro diferentes propuestas promueve en 4.146 centros educativos públicos diversas formas de aprovechar las tecnologías para crear, resolver problemas, comunicarse y colaborar”. Asimismo, la FOD impulsa diferentes programas en distintas áreas temáticas, tales como ciencias, robótica, programación, informática educativa y otras. La FOD ha trabajado con el MEP por más 30 años.

El gobierno de Chaves, así como voceros del MEP han informado que ese ministerio ha transferido a la FOD más de ₡226 mil millones durante el tiempo en que han trabajado en la “alianza pública-privada”. Por su parte, el viceministro de educación, Leonardo Sánchez, informó que “entre el 2006 y el 2014 las transferencias a la FOD crecieron un 500% y en los últimos 10 años los aportes a esta fundación se duplicaron”. (El Guardian .cr). Más adelante, ese funcionario del MEP sostuvo que “Mensualmente se le destinan a esta fundación ₡1.600 millones, adicional a esto, el MEP cancela alrededor de ₡24 mil millones, lo cuales se destinan para el pago de docentes y asesores. Según el Viceministro, el monto que anualmente se le pagan a la FOD, asciende a los ₡43 mil millones”. (Ídem).

El señalamiento y críticas del gobierno y los altos funcionarios del MEP a la labor de la FOD es que se le han realizado demasiadas transferencias de dinero y que no existen mediciones de esa labor ya que “no se evalúan los resultados”, además de que un 20% de los centros educativos no tienen recursos tecnológicos y que el MEP no sabe “si realmente los estudiantes salen preparados para incorporarse al mercado laboral, continuar con sus estudios o con conocimientos para emprender algún proyecto tecnológico”. (Ídem). Obviamente, todas esas falencias señaladas por altos funcionarios del MEP a los programas de la FOD son también corresponsabilidad de ese ministerio.

Red Educativa del Bicentenario (REB) y Posición de la Contraloría General de la República (CGR)

El gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) anunció con bombos y platillos la denominada Red Educativa del Bicentenario (REB) que según datos del MEP, durante la administración de Alvarado, cubriría a más de 2 mil centros educativos, más de 700 mil estudiantes, 50 mil docentes y 15 mil administrativos. Ese ambicioso proyecto educativo de conexión a banda ancha de Internet costaría $350 millones y lo iba a ejecutar la Fundación Omar Dengo (FOD). En ese momento, el MEP en su página oficial informaba de que “Para la ejecución de esa segunda fase, el MEP transferirá los recursos económicos a la FOD paulatinamente, de forma que éste se implemente a través de las contrataciones correspondientes. El trabajo será coordinado con personal destacado por el Ministerio para priorizar necesidades educativas y establecer las políticas que deberán ser implementadas por medio de canales de tráfico de datos e información de la red”. (Página del MEP, febrero de 2020).

Sin embargo, debido a que ese proyecto era tan grande tanto en financiamiento por parte del Estado como en la cesión de las competencias del MEP a una organización privada, la Contraloría General de la República (CGR) se vio obligada a frenar ese millonario proyecto, mediante una orden al MEP, prohibiendo cualquier ejecución del mismo. La CGR acusó en su momento al MEP de “transferir” sus “competencias esenciales y deberes públicos”. Asimismo, la CGR le dio al MEP un plazo de cinco días para asumir sus funciones como ente público y que encargará la ejecución de ese proyecto a la Dirección de Informática de Gestión (DIG) del MEP. Frente a esa orden de la CGR, la FOD y el MEP introdujeron un recurso de amparo que no prosperó. Al final, esa tan anunciada REB como proyecto educativo no se implemento y duerme en el baúl de los recuerdos.

Lo cierto sobre ese proyecto millonario fallido es que era un gran negocio para la FOD, a pesar de que se defina como una organización “sin fines de lucro” y para las demás empresas que iba a contratar esa fundación para poder ejecutar semejante proyecto.

En realidad, más allá de algunos aportes de servicios informáticos de la FOD al MEP, lo que existe detrás de esa “alianza pública-privada” es la transferencia o cesión de “competencias y deberes” exclusivos del MEP y del Estado a manos privadas, ya sea en la implementación de diferentes programas educativos tecnológicos y otros, así como de la intentona de la implementación del proyecto fallido de la Red Educativa del Bicentenario (REB). La dependencia de la FOD con los fondos del MEP-Estado eran tan grandes que esa organización no puede seguir manteniendo su funcionamiento, al grado tal que ha comenzado a despedir a casi todos sus empleados.

El Caso de la Ruptura de COMEX-Gobierno de Chaves con CINDE

Esa institución se autodefine como “una organización privada, apolítica y sin fines de lucro, ha asesorado y guiado a más de 400 empresas de alta tecnología para establecerse en el país. Convirtiéndose en el socio estratégico para alcanzar una productividad sostenible e impulsar la inversión con propósito”. (Página electrónica de cinde). Más adelante, señala que “Desde su creación en 1982, CINDE ha impulsado la IED en sectores estratégicos como manufactura inteligente, servicios intensivos en conocimiento y salud y bienestar, para generar empleo y mayores oportunidades para su recurso más valioso: su gente; con el objetivo de contribuir al desarrollo social y económico de Costa Rica”. (Ídem).

Es importante señalar que esa organización recibía financiamiento estatal, tanto por la vía del gobierno de ₡750 millones anuales, así como también de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). La ruptura del gobierno con esa organización ha significado la suspensión de transferencias estatales totales de $4,6 millones, lo cual significa un 73% del presupuesto de CINDE.

La versión del gobierno de Chaves para romper con CINDE es que se debe a una cuestión fiscal, ya que no tienen los dineros para seguir financiando a esa organización. Por otra parte, “… el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, negó el papel de Cinde en atracción de inversiones. Afirmó que las empresas no llegan a Costa Rica por Cinde, sino por los incentivos que ofrece nuestro país. Citó el talento humano, la democracia, el respeto a los derechos humanos, entre otros”. (La Nación, 4 de mayo de 2023).

Frente a esa ruptura del gobierno de Chaves con CINDE, tanto diversas cámaras empresariales, como algunos medios de comunicación, fracciones parlamentarias e intelectuales burgueses han protestado y llamado al gobierno a rectificar esa medida y regresar a la “alianza” con esa organización privada.

Según Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo del INCAE Business School, en un artículo del diario La Nación, la ruptura del gobierno de Chaves con CINDE “No es por falta de contenido fiscal”; “no es por el empleo rural”; “no es porque Cinde haya disminuido en sus capacidades”; “no es por falta de crear valor a los inversionistas extranjeros”; “no es por ineficacia o ineficiencia operativa”. (La Nación, 4 de mayo de 2020). Más adelante, Artavia se pregunta “Si no es por ninguna de las razones anteriores, entonces, ¿qué hay detrás de esta ruptura?”. (Ídem). Al final se pregunta que si esa ruptura del gobierno con CINDE: “¿No será más bien otro paso hacia la concentración de las decisiones y funciones clave y valiosas en el Poder Ejecutivo? Un poder ejecutivo demasiado centralizado en la figura de un presidente que desea que hagan las cosas a su modo o rompe relaciones y se aísla y disminuye a entidades valiosas como Cinde. ¿No es precisamente la diversidad de pensamiento y la colaboración entre sectores la esencia misma de la democracia?”. (Ídem).  

La ruptura del gobierno de Chaves tanto con la FOD como con CINDE no sólo obedece, como dice Artavia, a una política de “concentración” y “centralización” de poder, decisiones y funciones claves en el poder Ejecutivo, sino también al desmontaje de la arquitectura institucional del gobierno corporativo instaurado, instalado y sostenido, desde hace muchos años por los partidos tradicionales y, más recientemente, por los gobiernos del PAC.

De último es necesario destacar que Rodrigo Chaves, junto a su facción tecnocrática y burguesa, pretende crear su propio “modelo institucional” de gobierno, desprendiéndose y desechando las organizaciones e instituciones herencia de los pasados gobiernos de los partidos tradicionales y del PAC. ¿Cuáles serán las nuevas “alianzas” y “arquitectura institucional” de Rodrigo Chaves? Lo estamos viendo y veremos desarrollarse. Alianzas con sectores burgueses emergentes haciendo concesiones y dando privilegios económicos a ellos, así como la creación de sus propias organizaciones u otras alianzas con algunas ya existentes.

Por José René Tamariz

Desde el año 2020, fecha en que la relación deuda pública y producto interno bruto fue mayor al 60%, los trabajadores del sector público han tenido los salarios congelados. Es importante señalar que durante esos años el costo de la vida ha venido aumentando de forma constante. Solamente en el año 2022, el índice de precios al consumidor (IPC) fue del 7,88% y en el año 2021 la inflación fue del 3,30%. Sumados ambos años, la inflación fue del 11,18%. Lo anterior quiere decir que, sólo en dos años, los trabajadores han tenido una gran pérdida en sus salarios, lo cual ha reducido de forma sensible su capacidad para comprar los productos y servicios básicos. Es decir, por cada 100 mil colones los trabajadores perdieron ₡11.180 colones.

A lo anterior habría que sumarle que en el año 2019 la inflación fue del 1,5%, pero el gobierno solamente otorgó un reajuste salarial de ₡7.500 que, supuestamente, se debía pagar en enero del año 2020, sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, el gobierno de Carlos Alvarado emitió un decreto en el cual se suspendía el pago de ese incremento salarial por tiempo indefinido Eso significó que el congelamiento salarial para los trabajadores del sector público lleva cuatro años consecutivos. Pero, por si fuera poco, en años anteriores al 2019, venía una congelación de los salarios.

Las Políticas Recesivas del Gobierno y el Banco Central

Por otra parte, es importante mencionar que a la situación antes mencionada se le suman, los bajísimos reajustes salariales, por debajo del índice de inflación, en el sector privado; la altísima informalidad de casi la mitad de los trabajadores; el alto desempleo de más de un 11% y el no pago de los salarios mínimos entre un 20% y 25% de los trabajadores formales. Producto del congelamiento salarial en el sector público, los bajísimos reajustes salariales en el sector privado, la altísima informalidad, el alto desempleo y el no pago del salario mínimo, así como el aumento continuo y generalizado de los precios de los productos básicos, el consumo de los hogares lleva 15 meses de desaceleración. Este proceso está vinculado con el proceso de desaceleración del sector más grande de la economía y que emplea a la mayor parte de la población: el régimen definitivo.

Según informaciones periodísticas “La dinámica del régimen definitivo depende de las condiciones internas de la economía. En el último año, el Banco Central ha incrementado la tasa de política monetaria de forma sorprendente ante el surgimiento de la inflación. Ello genera problemas de demanda, pues priva a los consumidores de adquirir nuevas deudas y a las empresas de invertir en nuevos negocios. Por su parte, los consumidores y empresas ya endeudadas tienen que destinar más dinero a las cuotas de sus préstamos con la consecuente menor disponibilidad para adquirir bienes y servicios o invertir. Así, menos consumo e inversión implican menor crecimiento o una recesión de continuar con esta tendencia”. (El Financiero. 28 de enero-3 de febrero 2023).

En otras palabras, todas las políticas del gobierno y del Banco Central están conduciendo a un proceso de recesión económica en el sector más grande de la economía nacional. Asimismo, la apreciación constante del colón respecto al dólar, producto de la inundación de dólares del mercado por parte del narcotráfico, el lavado de dólares y los capitales golondrina tiende a producir un mayor desempleo en los trabajadores de diversos sectores de la economía nacional, tales como el turismo, la agricultura y otros.

Por el Pago Inmediato del Reajuste Salarial de ₡7.500 Que se Adeuda a Trabajadores

En el mes de mayo, Rodrigo Chaves derogó el decreto de emergencia nacional por el Covid-19 y, por ende, se activó el pago del reajuste salarial decretado a finales del año 2019 y que se debía pagar en enero del año 2020. Fue por ello que la destituida directiva de la CCSS aprobó pagar a sus trabajadores, de forma retroactiva, ese reajuste salarial adeudado desde el año 2020. Ese pago en la CCSS conllevó a la destitución arbitraria e ilegal, por parte de Rodrigo Chaves, de toda la directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Frente a esa situación, Rodrigo Chaves, reconoció que ese reajuste salarial se adeudaba a los trabajadores del sector público, sin embargo, puso el pretexto de que no se podía hacer efectivo porque la regla fiscal lo impedía. Pero, señaló que se podía pagar hasta el año 2025. Es necesario mencionar que ese reajuste salarial del año 2019 para hacerse efectivo en enero del 2020 fue aprobado, antes de entrar a regir la regla fiscal que se encuentra en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, por tanto, el pretexto de Chaves es solamente eso para no pagar ese incremento salarial.

No obstante, lo anteriormente planteado por Rodrigo Chaves, en un video del 16 de abril el mismo Chaves dijo que “Por otra parte, la deuda pública ya está por debajo del 60% de la producción nacional, entre otras cosas, eso elimina la restricción de compensarle la inflación a los funcionarios públicos en sus salarios”. Sin embargo, pese a lo dicho por el presidente de la República, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, lo contradijo, diciendo “Entiendan una cosa, va a haber aumentos salariales hasta que la relación deuda-PIB esté por debajo del 60%. Eso no significa que por un mes que estemos debajo del 60% entonces ya hay aumentos salariales, ¿ok? Yo creo que tiene que ser algo sostenible y no una situación coyuntural, eso solo lo podríamos saber al finalizar el 2023”. (La Nación, 20 de abril de 2023). Y más adelante, “… explico el ministro, el reglamento de la regla fiscal establece el cálculo de la regla fiscal se hace con dos años de posteridad. Es decir, para calcular el tope de crecimiento al gasto público de cada año por venir, se utilizan los indicadores del año anterior a la formulación del Presupuesto Nacional que se elabora en agosto de cada año (…) Si se cumple en el 2023, se aplica en el presupuesto de 2025”. (Ídem). Así que lo dicho por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue pura posición demagógica. El congelamiento salarial en el sector público seguirá, ya que no se sabe cuando realmente va a disminuir la relación deuda/PIB por debajo del 60%.

¡Por un 1° de Mayo de Unidad y Lucha!

Entonces, este primero de mayo es necesario y fundamental que las diversas organizaciones sindicales y bloques sindicales realicen la más amplia unidad de acción, deponiendo sus posiciones sectarias y feudales, en aras de la defensa de los intereses y los derechos salariales y laborales de los trabajadores tanto del sector público como privado. Este primero de mayo debe convertirse en el inicio de lograr la unidad sindical permanente para enfrentar las políticas neoliberales y anti obreras del gobierno de Rodrigo Chaves.

El congelamiento salarial que por muchos años atraviesan los trabajadores del sector público, los bajísimos reajustes salarial en el sector privado que no compensan el índice de inflación, así como el incremento continuo y generalizado de los productos y servicios básicos que afectan los niveles de vida de todos los trabajadores demandan que las dirigencias de las diversas organizaciones sindicales hagan ingentes esfuerzos por alcanzar una amplia unidad de acción permanente, así como la necesidad de coordinación en la realización de diversas acciones de lucha y la discusión y votación, en asambleas conjuntas, de un plan de lucha que contemple las principales reivindicaciones del movimiento obrero y popular. Entre otros puntos, proponemos los siguientes puntos de lucha:

1. Exigir, mediante la movilización en las calles, el pago inmediato del reajuste salarial de ₡7.500 adeudado por el gobierno de la República y demás instituciones estatales a los trabajadores del sector público desde el año 2020.

2. Luchar por un reajuste salarial semestral o anual que compense el índice de precios al consumidor (IPC) de los años anteriores, es decir, desde el año en que se inició el grave congelamiento salarial.

3. Exigir el incremento de los salarios mínimos que permitan a los trabajadores a comprar los productos de la canasta básica, el pago de los servicios básicos y de otras necesidades.

4. Demandar la inmediata derogatoria de la Ley de Empleo Público que impuso el salario único y la eliminación de los diferentes componentes salariales, así como una serie de afectaciones en la vida laboral de los trabajadores del sector público.

5. Luchar de forma conjunta en contra de las diversas propuestas, ya sea la de Rodrigo Chaves, Rodrigo Arias o Superintendencia de Pensiones, que pretenden imponer el régimen único de pensiones o eliminar total o parcialmente el financiamiento estatal a los regímenes básicos de pensiones.

6. Defender de forma conjunta a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), exigiendo la restitución inmediata de la anterior junta directiva que fue destituida de forma ilegal por Rodrigo Chaves; oponernos a la privatización de los servicios de salud y exigir el pago inmediato de la deuda billonaria del gobierno a la CCSS.

7. Exigir al gobierno de la República la implementación de un plan de obras públicas que le dé trabajo a miles de trabajadores desempleados e informales. Esa medida contribuiría a reanimar la economía nacional de su situación recesiva, así como para fortalecer los ingresos de la CCSSS y, por ende, su fortalecimiento.

8. Realización de Asambleas Conjuntas Sindicales en donde se discuta la situación nacional y se voten las propuestas y las acciones de lucha callejeras del movimiento obrero que desemboque en una huelga nacional que impida la aplicación de los planes de ajustes fiscal en contra de los trabajadores.

Por José René Tamariz.

En el mes de marzo, el gobierno de Rodrigo Chaves planteo su propuesta de eliminar el aporte estatal del 1,57% de todos los salarios a todos los regímenes de pensiones. Al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS); al régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del Magisterio Nacional y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones (FJP) del poder Judicial se le aporta el 1,24%. La justificación del gobierno para eliminar la contribución estatal a los regímenes de pensiones es que con el aporte estatal que se les quitaría a esos sistemas de pensión se crearía la denominada “pensión básica universal” (PBU).

La Propuesta del Gobierno de Chaves Conduce a la Crisis y Quiebra de los Regímenes Básicos de Pensiones

Al respecto, el ministro de hacienda, Nogui Acosta, declaró recientemente que “Tenemos que ir pensando cuál es la función subsidiaria del Estado en el tema de pensiones. Nosotros creemos que deberíamos avanzar a una pensión universal básica universal que no tenga relación con el salario (…) será parte de nuestra propuesta”. (La Nación, 21 de marzo de 2023). Posteriormente sostuvo que “Yo cogería el 1,57% que le doy a todos (los sistemas básicos) y lo doy a una pensión nada más y el aporte no es sobre el trabajador, sino sobre cada costarricense”. (Ídem).

La pensión básica universal (PBU) se le otorgaría a todos los costarricense que tengan la edad para pensionarse y la cuantía de esa pensión sería el equivalente al monto de dinero de la línea de pobreza que es actualmente de ₡120.136. Ese tipo de pensión universal básica es parecida a la que se otorga en algunos países en los cuales se les denomina “pensiones sociales”. En el caso de Costa Rica existe algo parecido llamada “pensión no contributiva” que consiste en “… una asistencia concedida por la seguridad social a aquellas personas que no han contribuido o cotizado a ningún régimen y cumplen con los requisitos para poder brindársela”. (Superintendencia de Pensiones. ¿Cómo está constituida?”. 17 de enero de 2022). Actualmente el monto de la pensión no contributiva es de ₡82.000. Es importante señalar que solamente alrededor de un 50% de la población adulta mayor recibe una pensión de diferente régimen de pensión. Entonces, la denominada pensión universal básica sería como una generalización a toda la población de la pensión no contributiva. En principio, el otorgamiento de una pensión por parte del Estado para todos los ciudadanos no se ve ni está mal. Es necesaria ese tipo de pensión.

Sin embargo, ese tipo de propuesta tiene varios problemas y trampas que analizamos a continuación.

Eliminar de forma total y de una sola vez el financiamiento estatal a los regímenes básicos de pensiones conllevaría a una profunda crisis y eventual quiebra a los regímenes del IVM, el RCC y el FJP, ya que no sería posible su sostenibilidad solamente con el aporte del patrón y el trabajador. Veamos un ejemplo. En relación a ese tema, el director de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), Carlos Arias, sostiene que “El régimen pasaría de una situación de equilibrio -en la última valuación actuarial cercano a los ₡74.000 millones-, a una situación deficitaria de -₡212.865 millones. Esto porque la cotización tripartita pasaría de un 16,32% a un 14,75%”. (Ídem). Según el director de JUPEMA el desfinanciamiento estatal al RCC tendría que llevar a una elevación de la cotización del trabajador o rebajar el monto de la pensión. Sin embargo, la situación sería peor. Pues no solo se tendría que cotizar más por parte del empleado, sino que también conllevaría al aumento de la edad para pensionarse y la disminución del monto de la pensión.

Para el régimen del IVM, en caso de implementarse el desfinanciamiento estatal, la situación sería peor que en JUPEMA, ya que la situación deficitaria se incrementaría aún más, ya que esta institución tiene graves problemas de financiamiento porque el Estado le debe millonarias sumas de dinero tanto por los servicios de enfermedad y maternidad, así como por las pensiones no contributivas e IVM, que se resiste, desde hace años, a pagar y que, cada vez, aumentan más.

¿Hacia un Régimen Único de Pensiones?

En el fondo la propuesta del gobierno de eliminar el aporte estatal a los sistemas básicos de pensiones tiene como objetivo la eventual implantación de un “régimen único de pensiones” basado en “cuentas individuales” al estilo Régimen Obligatorio de Pensiones (OPC). Ese tipo de modelo de régimen de pensiones sería como una generalización del ROP que tendría todos los problemas que actualmente atraviesa ese modelo. Sería la privatización de las pensiones, los dineros aportados por los trabajadores, patronos y Estado serán invertidos en el mercado nacional e internacional, lo cual, dependiendo de la situación económica mundial podría generar graves pérdidas en los rendimientos individuales tal como está sucediendo con los fondos de las pensiones del ROP lo que, eventualmente, conllevaría a disminuciones importantes y sustantivas de los montos de pensiones de los trabajadores y ciudadanos.

La propuesta de un “régimen único de pensiones” es un símil al denominado “salario único” de la Ley de Empleo Público que entró a regir el 10 de marzo de 2023. Todo ello lleva al desmantelamiento total del Estado Social de Derecho en Costa Rica.

¿De Dónde Viene la Propuesta del Gobierno de la Pensión Básica Universal?

Desde el año 2019, la Academia de Centroamérica que es un centro de estudio e investigación de la burguesía costarricense elaboró un estudio denominado “El Sistema de Pensiones en Costa Rica y sus Desafíos” en el cual se propone una profunda contrarreforma del sistema de pensiones y en el cual se plantea la creación de una “pensión básica universal”. Lo más probable es que el gobierno de Chaves haya tomado partes de ahí para hacer su propuesta. No es una idea ni propuesta original del gobierno.

En ese estudio la Academia Centroamericana plantea entre sus “recomendaciones y conclusiones” lo siguiente “Como alternativa, podría pensarse en una reforma que logre integrar el sistema contributivo y el no contributivo, mediante el cual el Estado brindaría una pensión básica a todos los costarricenses igual a la línea de pobreza con el fin de eliminar la pobreza en vejez, la cual se financiaría con impuestos generales. Por su parte, la CCSS pagaría una pensión adicional, bajo un sistema de reparto, pero basado en cuentas nocionales, mediante el cual se vincula el esfuerzo contributivo de los trabajadores, sean estos asalariados o cuentapropistas, con el monto de la pensión recibida. Encima de esta pensión estaría el sistema de capitalización individual obligatorio y el voluntario. Por su parte, las cargas sociales que hoy se cobran sobre el trabajo, como asignaciones familiares, entre otras, también pasarían a impuestos generales. Esta propuesta permitiría rebajar las cargas sociales sobre las planillas con el fin de incentivar la formalidad y aumentar la cobertura del sistema de pensiones. El BID ha estimado que el costo fiscal de esta propuesta duplica lo que hoy se gasta en el sistema no contributivo de la CCSS, cerca de 1,5 por ciento del PIB”. (Robles Cordero, Edgar: El Sistema de Pensiones en Costa Rica y sus Desafíos. Academia de Centroamérica. San José, Setiembre 2019).

En ese documento de la Academia de Centroamérica se plantea la pensión básica universal en relación con la fusión del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la CCSS y el régimen no contributivo (RNC), no en relación con todos los regímenes de pensiones. Esa propuesta conlleva a la eliminación del financiamiento estatal solamente del IVM de la CCSS. Sin embargo, el gobierno de Chaves avanza mucho más lejos que la propuesta de esa academia burguesa. Su propuesta es más draconiana, ya que plantea la eliminación total del financiamiento estatal a los todos los regímenes de pensiones, lo cual provocaría la crisis y quiebra del sistema de pensiones en Costa Rica y, por ende, la afectación de miles de trabajadores.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), encabezada por Rocío Aguilar, una neoliberal dura y anti obrera, plantea una propuesta intermedia entre la propuesta del gobierno de Chaves y la de la Academia de Centroamérica. Al respecto, las informaciones periodísticas señalan que “La Superintendencia de Pensiones (Supén) tiene entre sus objetivos claves… la creación de la pensión básica universal en Costa Rica. Con este objetivo trabajan en la propuesta de un proyecto de ley”. (La Nación, 16 de diciembre de 2022). Rocío Aguilar, no plantea el desfinanciamiento estatal total a los regímenes de pensiones, sino un recorte parcial del financiamiento al sistema de las pensiones para financiar la pensión básica universal. ¿Cuál propuesta se terminará aprobando en la Asamblea Legislativa? Es muy probable que la mayoría neoliberal del Congreso terminen apoyando y aprobando un proyecto intermedio: la eliminación parcial de una parte del aporte estatal a los diferentes regímenes básicos de pensiones.

La Eliminación del Aporte Estatal a las Pensiones es Inconstitucional

El financiamiento estatal a los seguros sociales es constitucional. De ahí que la propuesta del gobierno de Chaves viola de forma abierta y flagrante la Constitución Política. Para poderse aprobar e implementarse se tendría que hacer una profunda reforma constitucional, lo cual es inviable, ya que el partido de Chaves es minoritario en la Asamblea Legislativa. Por tanto, la propuesta de Chaves es inviable en la situación actual. Veamos lo que señala la Constitución Política al respecto.

El artículo 73 plantea que “Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.

La administración y gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y reservas de los seguros sociales”. (Constitución Política. Investigaciones Jurídicas. S.A. San José Costa Rica, febrero 2004).

Ese artículo constitucional es claro al señalar que los seguros sociales en Costa Rica son tripartitos: financiados por el Estado, patronos y trabajadores. Además, señala que los fondos y reservas de los seguros sociales no pueden ser transferidos a otros fines que no sean los señalados expresamente por ese artículo constitucional.

¿Cuál es Salida?

Toda esa situación anterior plantea el grave problema del futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El primer impacto de esa propuesta sobre la CCSS sería su debilitamiento significativo y, posteriormente, al cuestionamiento de su existencia como gran institución de la seguridad social. Asimismo, el desmontaje del sistema de pensiones básicos en el país. Entonces, ¿cuál debe ser la propuesta alternativa desde el sector de los trabajadores?

1. Estamos a favor de la creación de una pensión para todas las personas que no han contribuido por diferentes razones a los regímenes de pensiones. Es necesario que las personas que cumplan con la edad para pensionarse y que no cotizan para ningún régimen de pensión puedan recibir una pensión digna que sea equivalente al salario mínimo que les permita cubrir sus necesidades básicas. La propuesta es universal el actual régimen no contributivo (RNC) a todos los adultos mayores que no tienen acceso a esa pensión y que, además, se le incremente el monto a un salario mínimo vital.

2. Nos oponemos rotundamente a la eliminación total o parcial del financiamiento estatal a los diferentes regímenes básicos de pensiones, tal como lo propone el gobierno de Chaves, la Academia de Centroamérica y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Las razones están explicadas en párrafos anteriores.

3. Proponemos que el financiamiento de la pensión universal para las personas adultas mayores que no cotizan -ni han cotizado- a los regímenes de pensiones se obtenga de la eliminación de las gigantescas exoneraciones fiscales a las zonas francas, el combate a la evasión y elusión fiscal, el aumento de impuesto a las empresas de comidas chatarra, gaseosas y bebidas alcohólicas.