Después del aplastamiento de la rebelión popular de abril del 2018, la situación revolucionaria se cerró abruptamente con las masacres y con ello comenzó un periodo en que, ante la ausencia de una dirección revolucionaria, la oposición burguesa tomó el control y sin una estrategia clara de lucha llevó lentamente al movimiento popular al desastre político.

La oposición burguesa creo la ilusión que a través del Dialogo Nacional de 2018 y 2019 se resolvería la crisis. En realidad, lo que hizo fue abandonar la lucha contra la dictadura y aceptar en los hechos que las elecciones fuesen hasta 2021. La oposición burguesa aprovechó la represión y la desmovilización para controlar las nuevas expresiones políticas que surgieron de la rebelión de abril, como fue la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), para utilizarlas como base social de una futura contienda electoral.

La conducción de la UNAB, influenciada por corrientes disidentes del sandinismo, terminó controlando los restos del movimiento autoconvocado, que debió replegarse por la represión. Poco a poco, todo comenzó a girar en torno a las elecciones, pero sin luchar de manera efectiva por una profunda reforma electoral, sino que confiaron en las sanciones y presiones de Estados Unidos y la Unión Europea. Ante la incapacidad de crear un movimiento de masas por la reforma electoral, el resultado fue la parálisis total.

En estas condiciones, de represión y de desmovilización, la dictadura aprovechando la derrota de la rebelión de abril, optó por endurecer posiciones y resistir a las presiones imperialistas encabezadas por Estados Unidos, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la búsqueda de mantenerse en el poder a cualquier costo. En vez de hacer concesiones, la dictadura redobló el control sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE), endureció las condiciones en la Ley Electoral, y al final terminó encarcelando a los candidatos presidenciales, cancelando la personalidad jurídica del Partido Conservador, del Partido Restauración Democrática (PRD) y del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), organizando un proceso electoral a su medida, que la garantiza un nuevo periodo presidencial a Ortega y Murillo.

Este abrupto giro represivo tomó desprevenida a la oposición burguesa, la cual se quedó sin opciones. Esta ruptura de su propia legalidad, y el afán de liquidar a la competencia electoral, está relacionado con el hecho que, según la última encuesta de CID-Gallup, el FSLN esta apenas con un 15% de intención de votos. La dictadura hace todo tipos de maniobras para promover la abstención, desmoralizando al voto opositor.

En estas condiciones, igual que en 2016, los grupos de la oposición burguesa han optado por el llamado a la abstención. La UNAB llamó a la “ciudadanía a no participar del fraude del 7 de noviembre, a quedarse en casa y no legitimarlo ni aceptar sus resultados. (04/10/2021)

Los grupos de la llamada Oposición Democrática Nicaragüense, en el exilio, llamaron al “unánime repudio y desconocimiento de la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre de 2021, (…) Pedimos: A los países miembros del SICA, de la OEA, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a todos los países democráticos del mundo, a declarar la ¡legitimidad del proceso electoral y desconocer los resultados de la farsa electoral montada por la dictadura, y llamamos a la urgente Aplicación del Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA”. (07/10/2021)

De igual manera, la extinta Coalición Nacional (CN) llamó a “(…) no acudir a los centros de votación, y quedarnos en nuestras casas como expresión viva de rechazo popular a las medidas de la tiranía Ortega- Murillo”. (19/10/2021)

Por su parte, el Consejo Político de la OEA reiteró su llamado “(…) Urgir con vehemencia al Gobierno de Nicaragua a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana (…)”. (20/10/2021) Al final amenazó con una posible exclusión de Nicaragua de la OEA, decisión que podría ser tomada en la próxima asamblea general de la OEA, después de las elecciones del 7 de noviembre.

La Iglesia Católica, igual que en agosto del 2016, llamó a los nicaragüenses a que “(…) decidan y actúen desde el ulterior e inviolable dignidad de su conciencia, libremente, para hacer lo que considere más justo y conveniente, en este momento, para Nicaragua” (21/10/2021)

En las actuales circunstancias, debido al férreo control represivo que la dictadura logró imponer, los resultados electorales ya están decididos de antemano. El problema es que la táctica abstencionista de la oposición burguesa, facilita en los hechos la reelección presidencial.

La abstención es un rechazo pasivo, necesitamos un rechazo activo de la población. Por esta razón, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a una resistencia activa a través del voto nulo en las elecciones del 7 de noviembre, aunque sabemos de antemano que no incidirá en los resultados de la votación, pero seria una muestra de rebeldía colectiva. La lucha por la democratización de Nicaragua continuará con mayor intensidad después de la mascarada electoral.

Centroamérica, 26 de octubre del 2021

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

La prolongada crisis económica y el descontento social en El Salvador generaron el aborrecimiento hacia los partidos ARENA-FMLN. La ausencia de una genuina opción electoral de izquierda, dejó el camino libre al demagogo Nayib Bukele, quien logró manipular el descontento general, ganando en primera vuelta con 1, 434, 856 votos de un total de 5 268 411 votantes.

El 9F fue la primera gran señal del bonapartismo  de Bukele

El 9 de febrero del 2019, las contradicciones entre el presidente Bukele y la Asamblea Legislativa se pusieron al rojo vivo, cuando Bukele convocó unilateralmente a una sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa para que los Diputados le aprobaran un préstamo de $109 millones de dólares, para financiar la fase tres del Plan Control Territorial, el cual era parte del programa central de combate contra las maras y pandillas. En señal de protesta, los partidos ARENA, FMLN, PDC no asistieron a la sesión.

Bukele ordenó el asalto militar al Palacio Legislativo, lo que hizo sonar las alarmas de la derecha tradicional, organismos internacionales. Esta acción se catalogó como un golpe de Estado fallido contra el órgano legislativo, pero aparte de los lamentos, nadie hizo absolutamente nada.

El manejo de la pandemia para ganar las elecciones legislativas y municipales

Bukele utilizo hábilmente la emergencia sanitaria para engañar a los pobres, como el subsidio de los $300 dólares y la ayuda alimentaria que mucha gente pobre realmente necesitaba, pero al mismo tiempo hizo grandes negocios desde el aparato del Estado.

Ante altos índices de desempleo y aumento de la pobreza, la “ayuda” que Bukele ofreció, fue bien vista por muchas personas. El conflicto entre Bukele y los diputados de la Asamblea Legislativa era visto como un obstáculo contra la generosa política asistencialista de Bukele. De esta manera, Bukele fue creando condiciones para una aplastante victoria en las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero del 2021. Fue el golpe final contra los decrépitos partidos del bipartidismo ARENA-FMLN. Nuevas Ideas (NI), el partido de Bukele,  ganó la mayoría de gobiernos municipales,  obteniendo 56 diputados de un total de 84 dentro de la Asamblea Legislativa. Pero la victoria de Bukele en realidad no fue aplastante, porque hubo una abstención de más del 50%, obteniendo solo 1,739,153 votos de un total de 5, 389, 017 del padrón electoral.

Golpe contra la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General

El 1 de mayo 2021 tomaron posesión los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2024, quienes después de haberse repartidos los cargos de la Junta Directiva, realizaron su primera misión como fue la destitución “express”, sin procedimiento o juicio previo, de los magistrados de la Sala Constitucional: José Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez, Marina Marenco de Torrento. Con 64 votos de los diputados de Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN), Bukele ha avanzado en la centralización del poder. Bajo amenaza de destitución, las presiones de Bukele y su mayoría legislativa obligó a renunciar a Raúl Melara, Fiscal General de la Republica, nombrando como sustituto al abogado Rodolfo Antonio Delgado

Suecy Callejas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, justificó la destitución de magistrados, con argumentos netamente políticos, no relacionados con la supuesta corrupción: "Es concluyente que los magistrados erraron en sus resoluciones, en perjuicio de los artículos 1 y 2 de la Constitución". Dichas resoluciones tienen que ver “…en su mayoría con las decisiones de la sala en el marco de la pandemia, por ejemplo, las declaraciones de inconstitucionalidad de varios decretos ejecutivos”. (LPG. 01/05/2021).

Inmediatamente de la destitución “express”, la mayoría parlamentaria bukelista nombró y juramentó a los nuevos magistrados, violando nuevamente los procedimientos constitucionales, procediendo, también con la ayuda de los cuerpos de seguridad, a la toma de las instalaciones del órgano judicial donde funciona la Sala de lo Constitucional

La centralización de poder por parte de Bukele, la ruptura del equilibrio entre los poderes del Estado, es un síntoma alarmante del desfallecimiento de la frágil democracia burguesa surgida con los Acuerdos de Paz de 1992, iniciando un periodo de inestabilidad y prolongada crisis política que terminará impactando negativamente a las masas trabajadoras.

Suenan las alarmas …

Inmediatamente después de que la Asamblea Legislativa acordó la destitución de los magistrados, diferentes organizaciones, ONGs, Universidades, algunos partidos políticos, cámaras empresariales, organismos internacionales y gobiernos del mundo, han reaccionado mostrando su rechazo.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, manifestó “Tenemos una profunda preocupación por la democracia de El Salvador, a la luz del voto de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces de la corte constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte” (EDH.02/05/2021). Por otra parte, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, reafirmo “el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, que incluye reforzar las instituciones democráticas y la división de poderes, defendiendo una prensa libre y una sociedad civil dinámica, y apoyando al sector privado, que depende del estado de derecho para fomentar un exitoso futuro para los salvadoreños”, (LPG. 02/05/2021).

Diego García-Sayán, Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, “Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional”. (LPG. 02/05/2021).

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una declaración en la que señalo que “en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos”. (LPG. 02/05/2021).

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), organismo empresarial, tildó la destitución de magistrados como un “atropello a la Constitución y al orden constitucional.(…) como  Golpe de Estado …contra la Sala haciendo un llamado a estar atentos ante esta actuación autoritaria, que conlleva a la destrucción del orden democrático, que elimina la separación de poderes en EL Salvador, y amenaza las libertades individuales de los salvadoreños”. Por su parte, la Universidad de El Salvador (UES) lo consideró un “golpe a la institucionalidad democrática”.

El desprestigio de los viejos partidos es tan grande, que mientras un sector de la población rechaza la acción de la Asamblea Legislativa, otra parte avala la medida por considerar que los magistrados destituidos fueron electos por los diputados corruptos de los anteriores partidos. Bukele ha logrado sembrar la idea que todo aquel que no lo apoya es corrupto, manipulando el rechazo popular hacia los viejos partidos. Federico Hernández, de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARSAL), manifestó “…que el ciudadano de a pie todavía no ha comprendido el riesgo en que se encuentran sus libertades y derechos después del 1 de mayo...”

Amplia unidad de acción en la lucha contra el bonapartismo  de Bukele

El régimen bonapartista que Bukele está instaurando puede convertirse a corto plazo en una nueva dictadura, asentada en la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC). La oligarquía y las cámaras empresariales, aunque se quejan de Bukele, no lucharán de manera consecuente por la defensa de las libertades democráticas. Esta lucha deberá librarla la izquierda revolucionaria y las masas trabajadoras, debemos prepararnos para ello.

Enarbolando la bandera de lucha contra la corrupción, en realidad Bukele está controlando el poder judicial para evitar investigaciones en su contra. Los nuevos magistrados defenderán los negocios del grupo cercano a Bukele. Para evitar que los magistrados sean utilizados por los actuales grupos en el poder, llamamos a luchar para que estos sean electos de manera directa por el pueblo, y no por medio de los diputados que representan los intereses de quienes les financiaron la campaña electoral.

Con mayoría parlamentaria que Bukele ha conquista continuara avanzado hasta controlar más instituciones del Estado. Alertamos al pueblo salvadoreño sobre lo que significa este proceso de concentración de poder.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la más amplia unidad de acción entre la izquierda revolucionaria, los sindicatos y los organismos populares, incluso con aquellas fuerzas sociales que se reclaman democráticas, para enfrentar en los hechos, por medio de la movilización popular, el proyecto bonapartista de Bukele, que terminara en una nueva dictadura mas temprano que tarde, y que estamos a tiempo para detener.

Centroamérica, 3 de Mayo del 2021

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

1 de Mayo: ¡Unidad sindical contra la pauperización de los trabajadores y contra la marginalización social de los sectores populares!

Todos los males del sistema capitalista semicolonial en Centroamérica, se han agudizado con la pandemia de coronavirus. Ha aumentado terriblemente la cantidad de contagios y muertes, afectando siempre a los sectores populares. Centenares de miles de trabajadores del sector formal e informal han perdido sus puestos de trabajo o fuentes de ingreso. Y quienes logran conservar el empleo, trabajan en condiciones más precarias, con excesivas jornadas de trabajo, para ganar menos salarios que antes.

En las últimas décadas, producto de la ofensiva neoliberal, el sistema capitalista semicolonial en Centroamérica está basado en el sector servicios, turismo, maquila y el sector agropecuario. La clase obrera industrial se ha reducido enormemente, debilitando a los sindicatos. La crisis capitalista y la pandemia están creando un enorme caos social sin precedentes.

La crisis capitalista ha afectado gravemente a las centrales obreras y sindicatos de toda la región, debilitándolos aún más. Con el pretexto de combatir la pandemia, en todos los países y en todas las empresas, los gobiernos y la patronal han aplicado planes de ajustes que recortan empleos, bajan salarios y aumentan las jornadas de trabajo.

Las centrales obreras y campesinas no han podido contener la ofensiva capitalista contra los derechos laborales. Esta situación ha creado un espantoso vacío de dirección entre los sindicatos. Las burocracias sindicales se han arrodillado ante los gobiernos de turno, dejando a los trabajadores a merced de la voracidad capitalista. Algunos sindicatos, para sobrevivir, terminan plegándose a los dictados de los gobiernos de turno o arrodillándose ante el Estado capitalista, otros sobreviven con donaciones de fundaciones y ongs. En realidad, para poder sobrevivir, los sindicatos solo tienen un camino: luchar por la defensa de las conquistas obtenidas en décadas anteriores, y seguir luchando por nuevas conquistas.

Las centrales obreras y campesinas, los sindicatos que aun se mantienen en pie, tiene el enorme desafío de luchar no solo para organizar a los trabajadores (sean del sector privado, maquilas o empleados públicos), sino también de atraer a los sectores populares que la crisis capitalista ha empujado a la marginalización social.

En la medida en que los gobiernos de Estados Unidos y México cierran filas para bloquear la migración de centroamericanos que huyen desesperados hacia Estados Unidos está dejando de ser una alternativa para solucionar los problemas de cada quien. Se avecinan grandes acontecimientos, rebeliones, estallidos sociales, y futuras revoluciones contra el hambre y la miseria.

Una de las principales tareas de los socialistas centroamericanos es ayudar a la formación de nuevas direcciones sindicales y revolucionarios, que den una repuesta a los enormes desafíos de la crisis capitalista

1.- GUATEMALA.- Crisis económica y pandemia afectan a los trabajadores.

A un año y un mes de la llegada de la pandemia Covid-19 al país, la clase trabajadora guatemalteca aún se está recuperando de los efectos desastrosos que tuvieron las medidas de emergencia sanitaria tomadas por el gobierno de Alejandro Giammattei.

No hay una cifra oficial de la cantidad de empleos que se han perdido durante la pandemia.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) calcula un 3% de empleos formales perdidos, correspondientes a una disminución de unos 41,803 afiliados en diciembre de 2020 con respecto al mismo mes de 2019. Según la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), se perdieron 60,930 puestos de trabajo, y la economía del país dejó de generar 17,400 nuevos empleos previstos. Esta asociación hizo el cálculo en base al promedio mensual de afiliados reportados por el IGSS. Según la organización Oxfam, entre empleos formales e informales se perdieron más de 300,000 puestos de trabajo. De acuerdo a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), cien mil puestos de trabajo se perdieron en todas las ramas del gremio.

Pero la clase trabajadora no fue afectada solamente por la pérdida de empleos; numerosas empresas recurrieron a los recortes de salarios, además de despidos, para no tener que cerrar. Y otras se acogieron al programa gubernamental Fondo de Protección del Empleo, que suspendía los contratos laborales temporalmente, liberando a los patronos del pago de sueldos, mientras el gobierno entregaba a los empleados un apoyo mensual inferior al salario mínimo; unos 191 mil trabajadores fueron afectados con este plan. Además, el paso de las tormentas Eta e Iota dejaron pérdidas por unos Q 6 mil millones, afectando a 2.4 millones de personas, entre ellos trabajadores de empresas ubicadas en los departamentos que sufrieron daños.

El resultado ha sido, por un lado, el aumento de un 5% de trabajadores que se dedican a actividades informales. Por otro, el dramático incremento de la pobreza. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), más de 1,236,000 personas se sumaron a las 8.5 millones en situación de pobreza. El gobierno criminal de Giammattei dio el golpe final a las y los trabajadores al no incrementar los salarios mínimos para el año 2021, favoreciendo a los empresarios.

Cada año se incorporan a la Población Económicamente Activa 200 mil jóvenes. Normalmente los empleos creados anualmente rondan los 60 mil, con un déficit de unos 140 mil puestos de trabajo. Esta situación ahora se ve agravada por la pérdida adicional de trabajos causada por la pandemia; de esta manera, lo que vemos es la proliferación de la economía informal y de trabajos precarios, sin prestaciones ni garantías, ni siquiera con el sueldo mínimos, como repartidores a domicilio, vendedores de todo tipo que ganan por comisiones sobre productos vendidos, etc.

La clase trabajadora no pudo dar una respuesta homogénea a la crisis, limitándose a luchas sectoriales o muy focalizadas. Entre las pocas luchas destaca la de las y los compañeros trabajadores de salud estatal, tanto médicos como personal de enfermería, mantenimiento, conserjería, etc. que mantuvieron un nivel de protestas contra las precarias condiciones en que les ha tocado enfrentar la pandemia, frente a un gobierno y un Ministerio de Salud que se mostraron incapaces de afrontar la crisis sanitaria.

La economía ha iniciado una lenta recuperación, esperándose un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre el 3% al 5% en 2021, con una cifra central del 4%; esto frente al crecimiento negativo del -2.5% en 2020. Este cálculo del crecimiento se basa en el aumento de las exportaciones, gracias sobre todo a la recuperación de la economía de Estados Unidos, y el crecimiento de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes a sus familias (6 de cada 10 familias guatemaltecas), vinculado también a mejor desempeño de la economía estadounidense.

No hay cifras oficiales de la recuperación del nivel de empleo. Pero el nuevo Estado de Prevención decretado por el gobierno ante una tercera ola de contagios por Covid-19 amenaza la lenta recuperación de uno de los sectores más golpeado, el turismo, restaurantes y centros de diversión.

Ante la nueva restricción de actividades públicas, las grandes coordinadoras sindicales planean para este 1 de mayo realizar actividades limitadas en número y extensión de recorrido. Estas coordinadoras son el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales, a cuyas actividades se suman normalmente otros sindicatos y agrupaciones independientes. 

2.- EL SALVADOR.- La crisis capitalista debilita la demagogia de Bukele

El 2020 la clase trabajadora salvadoreña no solo tuvo que sufrir a nivel de salud los estragos ocasionados por el virus del COVID-19 sino también tuvo que cargar con los efectos ocasionado a nivel económico como fueron despedidos, reducción de salarios, suspensiones de trabajo. Así mismo tiene que lidiar con los planes de recuperación económica los cuales tanto la empresa privada como el gobierno busca cargarle a la clase trabajadora.

Un Estado en ruinas

El Salvador se encuentra sumergido en una franca crisis financiera, para poder mantenerse el gobierno de Bukele ha tenido que recurrir a los préstamos, llevando a un endeudamiento histórico.

A nivel económico para este 2020 El Salvador se caracteriza por bajo crecimiento y un aumento de la deuda pública. Si comparamos   el Producto Interno Bruto (PIB) tenemos que  el 2020 fue $24,784 millones menor al de 2019 que fue de $28.989. De igual manera sucede con la deuda pública la cual   en el 2019 fue de $19,808.35; mientras en el 2020 ascendió a  $22,625.53 millones.

Al relacionarlos tenemos que  la deuda representa más del 90% del PIB,  unido a un bajo crecimiento en donde el  Banco Mundial  prevé que la economía en este 2021   se contraiga -7.2 %.

Continua la pérdida de empleos

A septiembre del 2020 el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) proyectaba una pérdida de 250,000 empleos de los cuales 83,000 plazas corresponderán al sector formal y 167,000, al informal. Por su parte el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a junio del 2020 reportaba una reducción de 71,825 cotizantes con respecto al 2019. Cabe señalar que los más afectados son los trabajadores del sector privado y que, a pesar que oficialmente se habla de recuperación de empleos, la supuesta creación de nuevos empleos no se percibe en la realidad ya que se ha dado un aumento de la migración ilegal hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales.

La reducción de la clase trabajadora formal

Oficialmente El Salvador cuenta con 6,765,753 habitantes, de estos 3,078,037 corresponden a la Población Económicamente Activa (PEA), de esta población solamente 830,915 son  trabajadores cotizantes al ISSS. En otras palabras, solo el 26.99% de la PEA cuentan con un trabajo formal.  De este total, 653,551 corresponden al sector privado, y 177,364 trabajadores al sector público en donde incluyen trabajadores estatales, autónomos y municipales. En el sector privado, la actividad económica que predomina es comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenes, comida (191,498) en segundo lugar Industria manufacturera, explotación de minas y canteras y otras actividades Industriales (178,169) y en tercer lugar actividades profesionales, científicas, Técnicas y de Servicios Admón de Apoyo (121,434)

A partir de cifras oficiales se tiene que del 2019 al 2020 se tuvo una reducción de 33,441 cotizantes en el sector privado mientras en el sector público se dio un incremento de 7,144 cotizantes.

Descenso organizativo

A de Mayo 2019, según el Ministerio de Trabajo existen 343 sindicatos activos,  104 del  sector Público, 97 de Trabajadores/es Independientes, 55 de Industria, 39 de Gremios, 38 de instituciones autónomas y 10 de Empresas.

Según datos del gobierno de El Salvador se tiene un registro 227 organizaciones sindicales, divididas así: 126 sindicatos pertenecientes al sector privado, 75 al sector público y 26 de instituciones autónomas.  Con un total de 3,821 directivos sindicales acreditados como representantes de la clase trabajadora.

En materia de Contratos Colectivos de Trabajo se reportan 134  registrados y vigentes  en su mayoría del sector privado, con un total de 81,487 trabajadores cubiertos,  incidiendo el rubro de la construcción el cual para el  2019, rondaba por 22,650 trabajadores.

Para marzo del 2018 el Ministerio de Trabajo reportó la existencia de 53 Federaciones sindicales del sector privado y 7  confederaciones, mientras a nivel de sindicatos públicos se reportaban 8 federaciones y 1 confederación.

Para el 2020, bajo el gobierno de Bukele, existen 13 federaciones sindicales activas la mayoría del sector privado (11) y 3 confederaciones del sector privado. Se observa una reducción de organismos sindicales.

Violación a la independencia y autonomía sindical

La causa fundamental en el descenso del registro oficial  de Sindicatos, Federaciones y Confederaciones se debe a que  Rolando Castro, actual Ministro de Trabajo, chantajea a los sindicatos, retrasando la acreditación de las Juntas Directivas sindicales electas de manera legal y por las bases sindicales. Como muestra está la negación de las credenciales al sindicato del propio Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MTPS). Según denuncias de representantes sindicales, la entrega de las credenciales esta supedita a compromisos y fiel obediencia al gobierno de Bukele, de esta manera busca integrar una corriente sindical afín al partido de gobierno.

En otras palabras. Bukele busca domesticar al combativo movimiento sindical por ello que está dividiendo y reclutando a una parte de los dirigentes sindicales.

Esfuerzos unificadores: contra el poder formal, solo el Poder Popular

Existen grandes esfuerzos de unificación de la clase trabajadora y el surgimiento de nuevas coordinadoras independientes como Poder Popular (PP), Unidad Sindical Salvadoreña (USS) y Coordinara Sindical Salvadoreña (CSS).

Es necesario que dentro de estos esfuerzos de unidad organizativa de la clase trabajadora se mantenga la independencia de clase respecto al gobierno de turno. Como sindicatos, debemos reconocer como progresivas cualquier medida que favorezcan a la clase trabajadora, pero al mismo tiempo debemos luchar contra aquellas que atenten contra la libertad sindical y los derechos de la clase trabajadora, así como también contra medidas antipopulares.

Se debe evitar caer en los juegos divisionistas de los funcionarios del gobierno de Bukele, y no dar cabida a métodos desacreditadores. Si luchamos para los mismos y por lo mismo, no existe motivos para mantenernos divididos.

Ultimas luchas sindicales

En lo que va del 2021 el sector que más ha luchado son los empleados públicos. Han estallado una serie de luchas libradas por los trabajadores y sindicatos municipales, quienes se oponen a los despidos, impago de cotizaciones al ISSS, AFP, retrasos en el pago de sus salarios, etc.

Así mismo, Poder Popular (PP) ha agrupado organizaciones sindicales para exigir:  entrega de credenciales al Ministerio de Trabajo, pago de salarios de trabajadores contratados por los CDEs, pago de salarios y utilidades a trabajadores del Ingenio Jiboa, reinstalo de trabajadores del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), etc.

Por otra parte, los sindicatos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), ante el anuncio de reclasificación y nivelación por parte de las autoridades, se pronunciaron a favor de un aumento salarial que beneficie a todos los trabajadores de esa institución.

La Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS) ha librado una lucha emblemática en defensa y garantía de los derechos laborales de las trabajadoras de la maquila Florenzi, la cual cerró operaciones durante la pandemia, dejando desguarecidos a sus trabajadores.

Llamamos a Poder Popular (PP), Unidad Sindical Salvadoreña (USS) y Coordinara Sindical Salvadoreña (CSS) a superar a través de la lucha conjunta y la discusión democrática cualquier posible diferencia, para crear una gran coordinadora nacional de sindicatos independientes, que luchen por un programa común para evitar que la crisis capitalista recaiga sobre la clase trabajadora.

3.- HONDURAS.- La desintegración del Estado y la descomposición social aplastan a los trabajadores y sectores populares

La clase trabajadora de Honduras está pasando por un mal momento. Por un lado, la terrible crisis económica que se ha agudizado desde el golpe de Estado del año 2009, producto de las políticas neoliberales que ha impuesto el régimen nacionalista en 11 años de represión y de amenazas hacia los grupos que decidan levantarse en protesta. Por otro lado, la crisis desatada por la pandemia del SARS-COV2 ha incrementado el desempleo y las muertes de trabajadores de la salud de primera línea, lo cual a diario viene a enlutar a las familias hondureñas. Pero a esto, hay que agregar la deficiente forma en que el régimen viene enfrentando la pandemia, donde queda en manifiesto que lo único que tienen en mente es seguir saqueando el erario, los casos de corrupción ya son incontables y de parte de los operadores de justicia no hay indicios de proceder contra los principales involucrados, exceptuando uno que otro acusado.

La desintegración del Estado de Honduras, carcomido por el narcotráfico, repercute en la descomposición social y en la desesperación de los sectores populares que, ante la ausencia de direcciones sindicales y populares que luchen, se ven forzados a buscar una salida individual en la migración hacia Estados Unidos, engrosando las caravanas migrantes.

Los dirigentes de la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), se han acomodado con el régimen, o en el peor de los casos, han sido cooptados por el gobierno usurpador. Los trabajadores de Honduras no tienen direcciones sindicales que los orienten en la defensa de los derechos laborales que están siendo cercenados. Con muy raras excepciones, las dirigencias sindicales se han burocratizado y se dedican más a actividades de proyección social que al verdadero sentido con el que fueron creadas: la lucha permanente por la conquista y la defensa de los derechos económicos y sociales de los trabajadores.

El año 2021 estará saturado por las elecciones generales que se realizarán a finales de noviembre. Es la oportunidad para todos los trabajadores para emplazar a las dirigencias sindicales para que convoquen a movilización permanente para derogar leyes lesivas como las del trabajo por horas, luchar por aumento general de salario acorde con el incremento de la inflación y la canasta básica, no al decreto con el que el Partido Nacional y sus perros fieles pretenden aprobar para utilizar los fondos de los institutos de previsión con el único propósito de seguir saqueando los fondos exclusivos de la clase trabajadora.

Este 1° de mayo es la oportunidad para hacer un llamado a todos los trabajadores del sector público y privado para movilizarse permanentemente y terminar con la dictadura de este régimen que nos ha orillado a los cordones de miseria. Es el momento para que los trabajadores y trabajadoras analicen profundamente el papel de las dirigencias y su rol en esta terrible coyuntura.

4.- NICARAGUA.- Dictadura, crisis económica, desempleo y bajos salarios asfixian a los trabajadores

La situación del movimiento obrero en Nicaragua es dramática. El estallido social de abril del 2018 agudizó la crisis económica. La represión y las masacres que ha desatado la dictadura Ortega-Murillo han vuelto mucho más difíciles las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares.

El desempleo ha aumentado de forma galopante. Los informes oficiales nos indican que a finales del 2018 había 914,916 trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para febrero del 2021 se habían reducido a 745,397, es decir, alrededor de 170,000 personas perdieron sus empleos formales.

Este aumento del desempleo en los sectores formales de la economía, envalentona a la dictadura y a la patronal, para mantener congelado el salario mínimo, a pesar del alza de precios.

El Gobierno, una representación de los empleadores y los sindicatos sandinistas de Nicaragua acordaron este jueves fijar en 6.518,24 córdobas ($186,6) el salario mínimo promedio a partir del 1 de marzo, un 3 % más que el actual, informaron fuentes oficiales.

En febrero del 2021 el salario mínimo aumento 1% para los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas industria artesanal y turística nacional". Hubo un leve aumento de del 8,25% del salario mínimo en las zonas francas.

El salario mínimo promedio mensual es de 6.518,24 córdobas ($186,6). Nicaragua tiene el salario mínimo más bajo de Centroamérica, en una región en que los precios están dolarizados.

No solo el desempleo y los bajos salarios golpean a los trabajadores, sino también la desorganización y dispersión. Los pocos sindicatos son controlados por una burocracia fiel al FSLN, que actúa como gendarme del Estado

5.- COSTA RICA.- Se desintegran aceleradamente las conquistas laborales y beneficios sociales

La situación del movimiento obrero y sindical ya sea a nivel de bloques sindicales, confederaciones, federaciones y sindicatos independientes como APSE y otros es de crisis. Es importante mencionar que la organización sindical solamente existe a nivel de los trabajadores del sector público, ya que, aunque formalmente, existe en las leyes la posibilidad de formar sindicatos en el sector privado, sin embargo, los patronos funcionan como una verdadera dictadura patronal que no permiten la formación y existencia de esas organizaciones en sus empresas. Aquellos trabajadores de la empresa privada que osen constituir un sindicato son despedidos de forma inmediata y con la complicidad del ministerio del trabajo.

¿Por qué existe crisis en el movimiento sindical? Esa crisis se ha producido porque las diferentes dirigencias sindicales han apoyado y colaborado con los gobiernos del PAC, tanto el de Guillermo Solís como el de Carlos Alvarado. Varias cupulas sindicales llamaron a votar por ambos gobiernos. Esos tipos asistieron como candidatos a las asambleas de varios sindicatos para pedir votos y apoyo. Esa política de apoyo electoral y político a los gobiernos del PAC desarmó a esas dirigencias frente a esos gobiernos porque resulta que sus políticas fueron totalmente contrarias a las prometidas.

El gobierno de Carlos Alvarado ha resultado ser el peor y más neoliberal de todos los últimos gobiernos del país. Ni siquiera ningún gobierno del PLN o el PUSC ha llegado tan lejos en sus ataques contra los trabajadores, ya sea del sector público y privado. La ofensiva patronal y anti obrera ha sido inédita a manos del PAC. El despojo de los trabajadores del sector público está siendo brutal, pérdida total de todos los componentes salariales, congelamiento salarial por décadas y, eventualmente, despidos masivos.

De otro lado, la falta de unidad de acción sindical de parte de las diferentes dirigencias sindicales ha ahondado el divisionismo del movimiento sindical, debilitándolo frente a la ofensiva patronal. El manejo feudal de cada sindicato ha contribuido para que el gobierno imponga sus planes patronales y fondomonetaristas. El mejor ejemplo de ello es que las distintas burocracias sindicales no han lanzado ninguna lucha seria contra el proyecto de ley de empleo público que es la liquidación de toda conquista en el empleo público. No han pasado de emitir comunicado en contra de ese proyecto y hacer concentraciones sin bases. Prácticamente, el poder que en algún momento tuvieron los sindicatos ha desaparecido y extinguido. Es necesario una reconstrucción del movimiento sindical con nuevos dirigentes sindicales, clasistas, luchadores y revolucionarios que le vuelva a los sindicatos su real y verdadero poder. Esa es la gran tarea que los revolucionarios debemos asumir y realizar. Echar a las parasitarias burocracias sindicales y elegir nuevos dirigentes sindicales luchadores.

6.- Por una agenda común de lucha sindical y popular en toda Centroamérica.

Este 1  de mayo debe marcar el inicio de una agenda unificadora y de lucha sindical común en todos los países de la nación Centroamericana. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a desarrollar la más amplia unidad de acción sobre los siguientes temas:

1.- Luchemos por aumentos de salarios que cubran la canasta básica o costo de la vida. El salario mínimo promedio centroamericana debe rondar los $ 550 dólares.

2.- Para combatir el desempleo se debe exigir en cada uno de nuestros países, la implementación de un Plan Nacional de Obras Públicas, para construir hospitales, viviendas populares, carreteras, caminos rurales, pavimentación de calles, escuelas, etc., que permitan garantizar el empleo digno para los desempleados.

3.- Defensa y mejoramiento de la seguridad social. Luchemos por pensiones o jubilaciones que cubran el salario que ganaban los trabajadores antes de retirarse, y en aquellos casos en que ganaban menos, deben recibir el salario mínimo promedio regional.

Los trabajadores agrícolas deben tener acceso a todos los beneficios de la seguridad social. En aquellos países, como El Salvador y Honduras, en donde ha sido privatizado parcial o totalmente el sistema de pensiones, debe volver a manos del Estado, para garantizar pensiones justas.

Los montos de las pensiones deben ajustarse al costo de la vida.

4.- En los casos en que los trabajadores trabajan en el sector informal, o no hayan logrado cubrir las cotizaciones necesarias para tener derecho a una pensión digna, el Estado debe otorgar una renta básica que cubra sus gastos en la vejez. De igual manera se debe garantizar el acceso a un sistema de salud pública de calidad.

5.- Para combatir la pandemia de coronavirus, debemos exigir en todos los Estados el acceso inmediato y gratuito a las vacunas para toda la población.  Todos los recursos del Estado deben estar en función de garantizar la salud pública.

6.- Defensa y ampliación de las Convenciones o Contratos Colectivos de Trabajo: bajo el pretexto de combatir el déficit fiscal y ahorrar gastos los gobiernos de turno han iniciado recortes o eliminación de ciertas cláusulas de los convenios o contratos colectivos de los empleados públicos, eliminando o recortando muchas conquistas históricas. Debemos luchar para que no se pierdan las conquistas laborales y más bien se incorporen otras.

La defensa de la convención o contratación colectiva cobra especial vigencia entre los trabajadores del sector privado, donde los niveles de sindicalización son muy bajos o inexistentes

7.- Por la más amplia unidad de acción sindical y popular para luchar contra los planes de ajuste neoliberales acordados con el FMI y ejecutados por los gobiernos de turno.

8.- Rechacemos las políticas de flexibilización laboral y tercerización (“outsourcing”) que produce empleos precarios, sin goce de prestaciones ni estabilidad laboral.

9.- Defendamos la libertad de sindicalización y derecho a huelga de todos los trabajadores (empleados públicos y municipales, sector privado), así como también garantizar el derecho al trabajo y la estabilidad laboral.

10.- Renacionalización de empresas y servicios públicos, privatizados o entregados en concesión. El Estado debe mantener el monopolio de los servicios públicos, bajo administración y control de los trabajadores para garantizar el acceso de la población.

11.- No al pago de la deuda externa, todos los recursos del Estado deben estar destinado a financiar los programas sociales y garantizar la salud publicas

12. Por la coordinación de las centrales obreras y campesinas, sindicatos y organizaciones populares de Centroamérica, para luchar unidos contra los efectos de la crisis capitalista y la pandemia.

Centroamérica, 27 de abril del 2021

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Honduras fue el primer país de Centroamérica en establecer “elecciones primarias”, el 5 de junio de 1985, mediante la Ley Especial Relativa a las Elecciones Internas Directas y Generales de Autoridades Supremas y Municipales. Desde entonces, las elecciones primarias son una precondición que los partidos políticos deben cumplir para presentar candidatos presidenciales. En el año 2001 se extendió a nivel de candidatos a diputados.

Recientemente, El Salvador adoptó un sistema de “elecciones internas, diferente al sistema de elecciones primarias. En Honduras, aunque los partidos políticos intervienen en la organización de las primarias, el conteo de votos lo realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que vino a sustituir al anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de una polémica reforma electoral auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

1.-Golpe de Estado, abstencionismo, y fraudulento sistema electoral

El establecimiento de elecciones internas en 1990 tuvo el objetivo de oxigenar al sistema bipartidista, instaurado con la Constitución de 1982, y que durante muchos años se tradujo en la hegemonía del Partido Liberal de Honduras (PLH). No obstante, el golpe de Estado del año 2009, mostró no solo la evidente crisis del bipartidismo sino también que los militares seguían siendo los grandes árbitros de los grupos de poder en pugna.

El pueblo hondureño no olvida los descarados fraudes perpetrados desde el 2009. Ese año, la crisis política y la convulsión social incidieron para que la población en resistencia, aglutinada en el “Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)” no se volcara a las urnas. En esa ocasión, las circunstancias obligaron al retiro de la candidatura independiente que encabezaba Carlos H. Reyes, con el objetivo de no ser partícipes de la legitimización del golpe de Estado. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) infló enormemente la votación por el alto grado de abstencionismo y le regalaron unas cuantas diputaciones al Partido Liberal para legitimar el proceso.

1.1.- Las reñidas elecciones del 2013

En las elecciones generales del 2013, el Partido Nacional, para mantenerse en el poder, diseño una nueva estrategia que consistió, primordialmente, en acentuar la división del viejo Partido Liberal, del cual se había desprendido la corriente encabezada por Mel Zelaya y que, después de los Acuerdos de Cartagena del año 2011, se permitió la legalización del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Para imponerse nuevamente el Partido Nacional combinó la división y dispersión del voto opositor (PL, LIBRE y el Partido Anticorrupción -PAC- que fundó Salvador Nasralla), con la tradicional abstención que llegó al 39% (2,079,766 de ciudadanos que no ejercieron el sufragio). Se impuso el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández (JOH) con un 36.89 % (1,149,302) de los votos válidos; en segundo lugar, Xiomara Zelaya del Partido LIBRE con el 28.78 % (896,498); en tercer lugar, el Partido Liberal con un 20.3 % (632,320) y en cuarto lugar Salvador Nasralla con el 13.43 % (418,443).

En 2013 el Partido Nacional obtuvo apenas 48 diputados (23 menos que en 2009) de 128 que conforman el Congreso Nacional, LIBRE obtuvo 37, el Partido Liberal obtuvo 27, el PAC obtuvo 13, y 3 diputados distribuidos en partidos minoritarios. Era el momento de unificar a los diputados de la oposición con una agenda común para democratizar al país y maniatar a JOH, pero los diputados del Partido Liberal prefirieron convertirse en el soporte del gobierno nacionalista y muy rápido los diputados del PAC fueron comprador por Juan Orlando Hernández, dándole un nuevo soplo de vida al bipartidismo en crisis.

Los resultados finales de las elecciones del 2013 mostraron que, de haberse constituido una alianza electoral entre el PL, LIBRE y el PAC de Salvador Nasralla, se hubiesen logrado más del 62% de los votos. Era evidente, que el Partido Nacional, siendo una gran minoría, mantenía su hegemonía con base a la dispersión de la oposición, el colaboracionismo del Partido Liberal y fomentando la abstención.

1.2.- Las fraudulentas elecciones del 2017

En 2017, cuando JOH ya había sentado las bases de su dictadura, con la colaboración del Partido Liberal y los diputados del PAC que ya se habían sumado al proyecto de la dictadura, la oposición pretendió superar el grave error del 2013, y se conformó la Alianza de Oposición contra la Dictadura compuesta por LIBRE, y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), quedando por fuera el Partido Liberal conducido por Luis Zelaya. Nasralla fue el candidato presidencial. No obstante, Nasralla ya había perdido la dirección no solo de los diputados del PAC sino que también los sellos del partido, que hábilmente se los ganó la nueva corriente dirigida por Marlene Alvarenga, aliada del Partido Nacional.

El abstencionismo fue del 40.48 % y significó la cantidad de 2,570,454 personas que no votaron. Al momento del conteo de votos, el sistema se cayó sospechosamente centenares de veces, el resultado del fraude electrónico fue que el Partido Nacional impuso la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández con un 42.95 % (1,410,888) de los votos válidos; en segundo lugar, la alianza entre el Partido LIBRE, Salvador Nasralla y el PINU con el 41.42 % (1,360,442); en tercer lugar, el Partido Liberal con Luis Zelaya como candidato y un 14.74 % (484,187).

La diferencia entre JOH y Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición, fue a penas de 50,446 votos. Hubo una rebelión de masas, Honduras entró en una grave crisis política y convulsión social durante varios días, prácticamente se bloquearon todas las calles, principalmente en los principales centros urbanos como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

En el año 2017 se produjo la unidad entre el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el PINU y Salvador Nasralla que ya se encontraba sin partido político, Luis Zelaya se negó a ser parte de la alianza, justificándose en que no aceptaba la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, favoreciendo la inconstitucional reelección de Juan Orlando Hernández. Hubo fraude electrónico, el pueblo salió a pelear contra el fraude electoral, pero en pocos días Nasralla terminó claudicando a la presión norteamericana, y aceptó en los hechos los resultados fraudulentos.

Esta amarga experiencia no debe pasar desapercibida, porque el problema central no es unificar a la oposición, sino que ésta luche de manera consecuente, y no deje a las masas abandonadas a su suerte en la lucha callejera.

Después que se impuso el fraude electrónico, nuevamente el Partido Liberal salió al rescate del Partido Nacional. La sumatoria de votos de la Alianza de Oposición y los votos del Partido Liberal, sumaban el 56% de la votación total, contra el 42,95% del Partido Nacional. Y volvió a ocurrir el mismo espectáculo del 2013 dentro del Congreso Nacional: el Partido Nacional subió a 61 diputados, LIBRE obtuvo 30 diputados, el Partido Liberal obtuvo 26, PINU-SD obtuvo 4, el Partido Alianza Patriótica obtuvo 4 diputados, y otros 4 diputados distribuidos entre partidos minoritarios.

2.- El abyecto colaboracionismo del Partido Liberal

El golpe de Estado del 2009 fue una conspiración entre diversos grupos de poder, avalados por Estados Unidos. Sin embargo, para darle una mascarada de “sucesión constitucional” el Partido Liberal tenía que aparecer al frente con Roberto Micheletti en el poder ejecutivo y Alfredo Saavedra en el Congreso Nacional. Desde entonces, utilizando el argumento burdo e idiota de la “gobernabilidad”, el Partido Liberal siempre ha salido al rescate del Partido Nacional, permitiendo que JOH instaurarse una sofisticada dictadura.

En las elecciones del 2013 y 2017, el Partido Liberal pudo haber contribuido a crear un polo opositor, junto a la otra corriente liberal de LIBRE y otros partidos, pero no lo hicieron porque prefirieron usufructuar miserables cuotas de poder y ser comparsas de la corrupción institucionalizada.

Los diputados del Partido Liberal han apoyado prácticamente el 100 % de las leyes aprobadas en el Congreso y muy rara vez decidieron detener alguna ley. Con el triunfo de Luis Zelaya en las internas del 2017 muchos creyeron que se fortalecería el rol opositor del PLH, pero el espejismo se disolvió rápidamente al negarse a formar parte de la Alianza de Oposición que encabezó Salvador Nasralla.

El voto duro del Partido Liberal culpa a Luis Zelaya de la baja votación del 2017, y mantiene la leve esperanza de que el partido puede reponerse y vencer finalmente al PN. El banquero Yani Rosenthal, quien acaba de purgar una leve condena en Estados Unidos, por lavado de dinero del narcotráfico, regresó a Honduras, y los primeros resultados de las elecciones internas de este año lo perfilan como ganador de la nominación presidencial, derrotando a Luis Zelaya.

3. El agotamiento de la narco-dictadura de Juan Orlando Hernández

Indudablemente, el golpe de Estado del 2009 no solo cambió la situación política de Honduras, invirtiendo los roles dentro del bipartidismo en crisis, abriendo un periodo de hegemonía del Partido Nacional (PN), sino que también agudizó la crisis económica y la descomposición social, con sus secuelas de hambre, miseria, violencia criminal y migración.

La hegemonía del Partido Nacional y el colaboracionismo abyecto del Partido Liberal han dado como resultado un régimen dictatorial en los últimos 12 años (2009-2021), directamente involucrado en escandalosos casos de corrupción (IHSS y otros) y muchos de sus altos funcionarios, incluidos Porfirio Lobo, Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández (quien acaba de ser condenado por un tribunal norteamericano), vinculados a actividades del narcotráfico.

En los últimos años se han descubierto las redes del narcotráfico y crimen organizado dentro de Honduras, vinculadas, no solo al Partido Nacional, sino también al Partido Liberal. Recientemente un fiscal de Nueva York volvió a mencionar directamente a Juan Orlando Hernández de estar vinculado al narcotráfico. ¿Por qué entonces los Estados Unidos se hacen de la vista gorda? Porque mientras Juan Orlando Hernández cumpla con el libreto diseñado, tiene garantizado algún nivel de protección temporal.

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, y el impulso de nuevas políticas de contención de la migración, basadas en el combate a la corrupción, el margen de maniobra de JOH se reduce. El Partido Nacional trata de mantener su hegemonía, impulsando nuevas figuras como Tito Asfurah, alcalde de Tegucigalpa, que reemplacen al desgastado y debilitado JOH, quien ya cumplió su papel de modernizar el aparato represivo del Estado.

4.- Crisis y desgaste de LIBRE

Desde su fundación en 2011, el partido LIBRE representa una corriente liberal radical que tiene su base social en sectores sindicales y populares, agrupando a los dirigentes más representativos. A pesar del control de Mel Zelaya como caudillo indiscutible, una buena parte de la izquierda de Honduras todavía participa dentro de LIBRE. La división del poderoso liberalismo hondureño posibilitó, en cierta medida, que el Partido Nacional impusiera su hegemonía. No obstante, LIBRE no ha podido atraerse al otro sector del liberalismo, y al conjunto de las masas populares, en una estrategia común para derrotar electoralmente el Partido Nacional.

Si revisamos las estadísticas electorales, LIBRE obtuvo el 28,78% de la votación en las elecciones del 2013, subió la votación hasta el 41,42% al presentar la candidatura presidencial de Salvador Nasralla en 2017, pero a nivel de las diputaciones obtuvo 37 diputados en 2013 y bajó a 30 en 2017.

El origen del desgaste de LIBRE reside en que no tuvo una política para conquistar a la mayoría de la población, y toda su estrategia se redujo a obtener cuotas en los procesos electorales, abandonando la movilización y la lucha popular, incluida la bandera de la Asamblea Nacional Constituyente.

5. Del bipartidismo en crisis al tripartidismo.

Desde el fin de la dictadura militar en 1981-1982 en Honduras se ha instaurado un débil régimen democrático burgués, asentado en el bipartidismo, primero con la hegemonía del Partido Liberal y después del golpe de Estado del 2009, asentado en la hegemonía del Partido Nacional.

Bajo esta débil democracia burguesa ha florecido la corrupción generalizada y las actividades del narcotráfico. Los partidos políticos forcejean sus cuotas de poder manipulando sus bases clientelares. En un país de extrema pobreza como Honduras, ha florecido el arribismo y el oportunismo. Las elecciones se han convertido en una inmensa lotería donde se rifan los cargos públicos, los puestos de trabajo y los privilegios materiales. Por esta razón, la decepción de las masas populares se convierte en apatía y en un creciente abstencionismo.

El régimen dictatorial de JOH se basa no solo en la hegemonía del Partido Nacional y el colaboracionismo del Partido Liberal, sino también en las graves omisiones de LIBRE que al final ha caído en la dinámica de pelear cuotas de poder, convirtiéndose en un partido más del sistema, que a veces protesta en las calles pero que no rompe radicalmente con el nuevo tripartidismo. Esta adaptación al sistema tripartidista se manifiesta en que LIBRE no logra agrupar a la mayoría de la población para romper los obstáculos institucionales creados precisamente para perpetuar la continuidad del Partido Nacional en el poder. La única manera de destruir esos mecanismos, es a través de la movilización popular, pero en las fases críticas siempre LIBRE termina retrocediendo, cediendo, adaptándose al nuevo sistema, peleando una cuota de poder.

La proliferación de nuevos partidos políticos, diminutos en relación a los tres partidos principales, aunque refleja el ejercicio de un derecho democrático, en el fondo está diseñada para que el descontento popular se canalice por otros cauces, fragmentando el voto opositor en relación al voto cautivo de la clientela electoral del Partido Nacional, Partido Liberal y LIBRE

En el 2018, los diputados de LIBRE realizaron una “insurrección legislativa”, de varios días, no para pelear en las calles la segunda vuelta electoral, sino para obligar al Partido Nacional a negociar el nombramiento de sus militantes en tres instituciones: Rixi Moncada como magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Óscar Porfirio Rivera como Director del Registro Nacional de las Personas (RNP) y Eduardo Enrique Reina como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Conquistar cuotas de poder no es criticable, lo cuestionable es que toda la estrategia de LIBRE se reduce a conquistar espacios electorales, mientras la dictadura del Partido Nacional juega con los diferentes partidos.

6.- Abstencionismo y elecciones internas

Una manifestación clara de la crisis del sistema político en Honduras, es que en las últimas cuatro elecciones generales la abstención se mantiene en alrededor del 50%. La abstención refleja el hartazgo de una población que ha dejado de creer en los viejos partidos políticos, o en los nuevos partidos que reproducen los mismos vicios de corrupción y antidemocracia. Otro aspecto que incide en la enorme abstención son los continuos fraudes electorales que han permitido legalizar la hegemonía del Partido Nacional y su continuidad en el poder. En términos generales, desde el 2008 hasta la fecha, la abstención en las elecciones internas ronda el 50%, es decir, la mitad de los hondureños no participan en los mecanismos para decidir quiénes pueden ser candidatos, a la abstención hay que agregar la votación en blanco y los votos nulos que rechazan aún más, el sistema electoral burgués.

El pasado 14 de marzo, bajo una pavorosa crisis económica, las secuelas mortales de la pandemia y la tragedia de los huracanes ETA e IOTA, se realizaron las elecciones internas, que definen las candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre del 2021.

En estas elecciones internas participaron los 3 partidos mayoritarios de Honduras: el Partido Nacional (PN), Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Liberal de Honduras (PLH).

Resultados de las cuatro últimas elecciones primarias

El Boletín No 3 emitido el 19/03/2021 por el CNE proporciona datos preliminares que marcan una tendencia que probablemente, con algunas pequeñas modificaciones, sea definitiva.

Dentro del Partido Liberal, la candidatura presidencial fue disputada por tres corrientes: 1.- El movimiento “Yanista” encabezado por el banquero Yani Rosenthal obtuvo 148,075 votos; 2.- el movimiento “Recuperar Honduras”, encabezado por Luis Zelaya, obtuvo 81,980 votos; y 3.- el movimiento “Esperanza de Honduras” encabezado por Ángel Darío Vanegas, obtuvo 42,0471 votos.

La fragmentación del Partido Liberal en tres fracciones es más que evidente: la sumatoria de los movimientos de Luis Zelaya y Ángel Darío Vanegas suman 124,027 votos, que le pisan los talones a Yani Rosenthal. Sin embargo, la afinidad de Darío Banegas es con Yani Rosenthal, lo cual deja en una posición muy debilitada a Luis Zelaya.

Dentro del Partido Nacional, el movimiento “Unidad y esperanza” que lidera Tito Asfurah, alcalde de Tegucigalpa, se perfila como el indiscutible ganador con 325,992 votos, por encima del movimiento “Juntos Podemos” que lidera Mauricio Oliva, quien obtuvo 123,976 votos. Con esta votación se rompe la tradición dentro de los nacionalistas, como ocurrió con Porfirio Lobo y el propio Juan Orlando Hernández, que el presidente del Congreso era seguro candidato a la presidencia.

Dentro del Partido LIBRE, la candidatura de Xiomara Castro, esposa de Mel Zelaya, apoyada por 6 movimientos internos (M28, FRP, POR, Somos, Pueblo Libre y AAAMEL) obtuvo 143,318 votos, por encima del movimiento “5 de Julio” que lidera Nelson Ávila, quien obtuvo 21,846 votos; por encima del movimiento “Nueva Corriente” que lidera Carlos Reina, quien obtuvo 8,968 votos, y por encima del movimiento “Honduras Libre” que lidera Wilfredo Méndez, quien obtuvo 8,708 votos.

La reducción en la cantidad de votos en estas elecciones internas eventualmente se debe a las condiciones creadas por la pandemia, pero también es muy probable que, producto de la crisis y la desesperación popular, haya crecido el abstencionismo y la apatía.

7.- Recuperar el espíritu de 1954

El pueblo no debe mal gastar energía en desangrarse en una inútil carnicería electoral que solo beneficia a la consolidación del Partido Nacional y al grupo de corruptos y narco traficantes ligados a Juan Orlando Hernández. No vale la pena gastar palabras en hacer señalamientos dentro de la oposición misma, a estas alturas, la gran mayoría tienen techos de vidrios.

El fenómeno más preocupante es que, a raíz del golpe de Estado del 2009, los sindicatos y organismos populares se han debilitado enormemente, y sus dirigencias, para sobrevivir, han tenido que refugiarse en el sistema tripartidista, siendo cooptadas por los partidos políticos actuales.

La baja participación electoral en las recientes elecciones internas, nos indican claramente que el descontento y la desconfianza popular puede ser el preludio de nuevos estallidos sociales. Si bien es cierto que debemos de aprovechar cualquier resquicio democrático para organizar e impulsar las luchas populares, esto no es lo que está ocurriendo en Honduras, sino todo lo contrario. Mientras Honduras vive una de las crisis económicas más brutales de su historia, las luchas de los trabajadores han cesado, y la mayoría de las dirigencias sindicales y populares que sobreviven han entrado al juego electoralista.

Llamamos a la vanguardia sindical y popular a reflexionar sobre la grave crisis de Honduras, a reagruparnos con criterios independientes, a construir en conjunto una alternativa revolucionaria independiente que organice y movilice al pueblo para terminar con la actual narcodictadura del Partido Nacional. Debemos recuperar el espíritu de lucha de la Huelga General de 1954, cuando los trabajadores y el pueblo lograron las principales conquistas laborales y democráticas, que hoy nos las están arrancando.

Centroamérica, 20 de marzo del 2021

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)