En el mes de septiembre, todas las burguesías de la región centroamericana celebran la independencia en relación a España, ocurrida el 15 de septiembre de 1821, como  si fuese propia de los pequeños Estados nacionales actuales, olvidando que en esa época Centroamérica estuvo organizada, primero, en las Provincias Unidas de Centroamérica (1 de julio de 1823) y posteriormente se constituyeron, el 22 de noviembre de 1824, en la República Federal de Centroamérica que existió hasta que, en el año 1838, Nicaragua se separó e inicio el proceso que terminaría en la disolución del Estado Federal.

En el siglo XIX, Centroamérica proclamó en dos ocasiones su independencia. La primera vez, ocurrió el 15 de septiembre de 1821, cuando las propias autoridades coloniales, ante el temor de la revolución popular, proclamaron su independencia de España, aunque inmediatamente se anexaron al imperio mexicano de Iturbide.

El rápido derrumbe de este y la proclamación de la Republica en México, influyó para que las autoridades de Centroamérica proclamasen la segunda independencia, el 1 de julio de 1823, cuando solemnemente emitieron un decreto reconociendo que "la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mexicano... fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales" y que por lo tanto, las provincias de Centroamérica "representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia".

Estos aspectos de nuestra historia no son muy conocidos. Pero este año 2018, las celebraciones oficiales de la independencia de 1821, han estado marcados por nuevos acontecimientos.

Crisis económica y ruptura del statu quo

La crisis económica y política de la burguesía centroamericana no conoce fronteras. El statu quo creado por el imperialismo norteamericano, a raíz de la aplicación de Esquipulas II (Nicaragua en 1990, El salvador en 1992 y Guatemala en 1996) está agotado y en crisis. Nuestras economías semi coloniales se ven directamente perjudicadas por la crisis económica mundial y por los dictados del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Los aumentos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, en los últimos dos años, se viene a agregar a otras dificultades estructurales del modelo capitalista de los países de Centroamérica.

Estos aumentos, según Oscar Ugarteche, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, “impulsará a la baja el precio de las materias primas, lo que reducirá el valor de las exportaciones e impactará en el crecimiento del PIB de muchos países de la región.“ (BBC MUNDO 15/12/2016)

En ese mismo sentido, un experto de la agencia calificadora Moodys presagiaba que los países “ que dependen de los mercados internacionales para financiar el déficit fiscal …enfrentarán mayores dificultades para bajar sus propias tasas de interés…y el aumento en las primas de riesgo que tienen que pagar por financiarse los mercados emergentes” (Idem)

Saqueo imperialista y desplome de los niveles de vida

Esto parece la crónica de una crisis anunciada, a lo que se suma una política conjunta emanada por los organismos financieros internacionales, en el sentido de bajar o suprimir los impuestos a los exportadores y hacer regalos fiscales a las empresas internacionales que se instalaran en los diferentes países del área.

Este modelo solo podría ser sostenido si el grueso de la carga tributaria y de la carga de la crisis financiera se cargara sobre la espalda de los trabajadores y del pueblo. Este ejemplo de la brutal contrarrevolución económica en El Salvador es elocuente: “Tomando como base el poder adquisitivo del salario mínimo en 1979, se observa que los salarios mínimos urbanos han perdido el 80% de su capacidad de compra, mientras que en el área rural la reducción es del 91%. »(uca.edu.sv 23/05/2016). En la cola de este escalafón se encuentra los salarios mínimos en Nicaragua que alcanzan 123 dólares en el sector agropecuario y 276 en la construcción y establecimientos financieros (El Nuevo Diario 19/11/2017)

Por otro lado, los regalos fiscales para los grandes no cesan de aumentar. Ya hace casi una década, los montos de las exoneraciones fiscales representaban un alto porcentaje del PIB “En Guatemala, las estimaciones del Gasto Tributario son publicadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Finanzas Publicas. De acuerdo a estas cifras, el gasto se estimó́ entre el 12% y el 14% del PIB en años pasados, lo cual es un monto alto en comparación con su carga tributaria, la cual oscila alrededor del 10% del PIB.” (Icefi.org 2007)

La pauperización de las masas trabajadoras y populares de Centroamérica, es el resultado de una brutal ofensiva económica y social después de la derrota de la revolución centroamericana encabezada por las organizaciones guerrilleras y combatida brutalmente por las dictaduras y gobiernos cipayos de toda el área.

El fracaso de las guerrillas: no condujeron a la liberación

Después de la implementación de los acuerdos de Esquipulas II, las organizaciones guerrilleras del área consolidaron un giro a la derecha. Poco a poco, tanto en Nicaragua, como en El Salvador y Guatemala, se fueron transformando en partidos integrados al marco democrático burgués, desde el gobierno o desde la oposición. La cúpula del FSLN se transformó en una nueva burguesía. En El Salvador, la cúpula del FMLN aspira a convertirse en el representante político de la burguesía emergente. En Guatemala, la URNG fracasó en el intento de convertirse en una poderosa organización política con influencia de masas.

Estas ex guerrillas, una vez en el gobierno, como ha sido el caso del FSLN y del FMLN, han aplicados las mismas recetas económicas neoliberales de los gobiernos de la derecha: austeridad, hambre, empleos mal pagados o desempleo a secas.

La migración de cientos de miles de compatriotas hacia los Estados Unidos y Europa se explica por este saqueo brutal de las fuerzas productivas y el consecuente deterioro de las condiciones de vida y de la seguridad en la región. Centroamérica se ha transformado en una región que se ha visto presa de la violencia de las maras y del narcotráfico, siendo estas pandillas un medio de sobrevivencia para los sectores desclasados alejados del empleo y la formación.

Una nueva generación toma la batuta y sale a pelear

En Honduras, la lucha contra el fraude electoral del gobierno de JOH fue uno de los puntos altos de la movilización popular en la región. La situación en Honduras es realmente explosiva.

En Panamá se han desarrollado movilizaciones estudiantiles y populares contra el alza de energía. Desde el mes de abril, las masas nicaragüenses han enfrentado el gobierno dictatorial de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Este movimiento, tal y como ocurrió hace casi cuarenta años, ha sido el epicentro de una onda revolucionaria.

Tal y como vemos en Nicaragua, una nueva generación combate a la dictadura de Ortega-Murillo. La represión ha sido cruenta y por el momento la resistencia ha tomado otros métodos para evitar el encarcelamiento y la aniquilación por parte de los escuadrones de la muerte del régimen.

En este mes de septiembre del 2018, a lo largo y ancho del territorio centroamericano, las masas trabajadoras y populares han hecho irrupción en diferentes grados.

En Guatemala se vive un ambiente de agitación política contra el gobierno de Jimmy Morales, por el hecho de anunciar que no renovará el acuerdo para el mantenimiento de la CICIG. La lucha contra las mafias enquistadas en el Estado de Guatemala ha adquirido ribetes dramáticos.

En Costa Rica cerca de medio millón de personas salieron este 12 de setiembre a marchar en el centro del país contra el combo fiscal. Miles de nuevos activistas hacen también sus primeras experiencias después de la lucha contra el combo del ICE hace casi dos décadas. En estos momentos se desarrolla una Huelga General Indefinida, con bloqueos de carreteras, y con amplia participación popular

Necesitamos construir una nueva dirección regional

Los luchadores en toda el área pueden ver que las causas y los motivos de la lucha son los mismos en cada país. Los nuevos planes de austeridad, llámense como se llamen, tienen la misma fuente: el imperialismo norteamericano, los organismos financieros internacionales y las burguesías locales. Ellos tienen sus organismos regionales e internacionales los cuales con coherencia aplican los acuerdos.

Por nuestro lado, tenemos algunos organismos que no cumplen su labor. Las centrales sindicales centroamericanas, en algunos gremios que no pasan de ser agencias de turismo para los dirigentes burocratizados. Debemos luchar por unificar las luchas que los trabajadores libran a nivel de cada país, democratizando los sindicatos existentes o construyendo nuevas organizaciones.

Pero la lucha no es solo a nivel de los sindicatos, sino también a nivel político. Sin renunciar a nuestra propia construcción como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) necesitamos desarrollar la más amplia unidad de acción entre los escasos grupos de izquierda, para que, en base a la experiencia común, avancemos a la constitución de frentes políticos que permitan avanzar en la construcción de una alternativa revolucionaria, democrática y antiimperialista en la región centroamericana.

Necesitamos avanzar hacia nuestra tercera independencia política, hacia la liberación de Centroamérica, destruyendo la opresión del imperialismo norteamericano, que permita la reunificación de Centroamérica, constituyendo una nueva república federal: Los Estados Unidos de Centroamérica, que incluya a Belice y Panamá.

Centroamérica, 15 de septiembre del año 2018.

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (PSOCA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

¡ABAJO EL “COMBO FISCAL”

¡QUE RENUNCIE CARLOS ALVARADO Y SU GOBIERNO!

La democracia costarricense está en crisis. El “Estado de Bienestar”, impuesto después de la revolución de 1948, ha sido desmantelado paulatinamente por décadas de ajuste neoliberal. El país lejos de avanzar y consolidar sus anteriores y confortables índices del nivel de vida, retrocede de manera alarmante.

El irresoluto problema de la deuda pública y el déficit fiscal

La deuda pública, sea interna y externa, es del 48% del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit fiscal fue del 6,2% en el año 2017. La deuda pública del gobierno central era del 25% del PIB en el año 2008 y se incrementó en 23% más en términos de 9 años. Del conjunto de esa deuda, la mayor parte corresponde a la deuda interna. De este tipo de deuda, el 44% corresponde a acreedores del sector privado y 5% a los bancos privados, es decir que el 49% es deuda del gobierno con el sector privado. El otro 51% de dicha deuda corresponde al sector público no financiero (CCSS, RECOPE y otros), a los bancos públicos, al sector financiero no bancario (INS, pensiones del poder judicial y otros), resto del sector público, financieras, mutuales, cooperativas y otras.

Es importante destacar que la carga tributaria en Costa Rica es baja (13,2% del PIB). Por su parte los impuestos directos constituyen apenas el 35,9 % del total de impuesto y el otro 64% corresponde a impuestos indirectos. Por otro lado, los impuestos sobre la renta y utilidades son bien bajos, apenas constituyen un 4,5% del PIB, mientras que en los países de la OCDE son de casi el 12%. Asimismo, es necesario mencionar que de aprobarse el paquetazo fiscal los porcentajes de los impuestos indirectos, ya sea al consumo y otros, se incrementarán haciendo pagar aún más a los trabajadores, sectores populares y sectores de clases medias, no así a los ricos y superricos.

El aumento de la deuda del 25% al 48% del PIB, en términos de nueve años, ha conllevado al incremento del déficit fiscal porque una gran parte el presupuesto de la República se ha venido financiando mediante dicha deuda. Este incremento de la deuda es el producto de los bajos ingresos fiscales por la gran evasión fiscal, las grandes exoneraciones fiscales, los bajos impuestos sobre la renta y las utilidades y las desgravaciones arancelarias, producto del TLC.

La histórica lucha contra el Combo del ICE

Durante tres semanas, del 16 marzo al 4 de abril del 2000 los trabajadores y las masas populares de Costa Rica desarrollaron las históricas movilizaciones contra el proyecto de ley conocido como el “Combo del ICE, que pretendió privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Estas jornadas fueron casi una insurrección popular. Al final, para contener la dinámica de la lucha, la Sala Constitucional, mediante el fallo No. 00-03220, del 18 de abril del año 2000, declaró inconstitucional el Combo del ICE.

Las luchas de resistencia

En los últimos años, los trabajadores costarricenses han librado numerosas batallas contra el ajuste neoliberal, y contra varios intentos de los gobiernos de turno, para solucionar la crisis fiscal a costa de las conquistas laborales.

En abril del 2016, se produjo una importante huelga de empleados públicos, que tienen como vanguardia al magisterio y al sector salud. En julio del 2017, los trabajadores del poder judicial se fueron a huelga general en defensa de sus pensiones.

El proyecto de Ley No 19.923: fallido intento para solucionar la crisis fiscal

En el año 2016, fue introducido en la Asamblea Legislativa el denominado proyecto de Ley No 19.923, o “ley para racionalizar el gasto público”, una fusión de varios otros proyectos de leyes, que perseguían el mismo objetivo de terminar con el déficit fiscal, a costa de las conquistas salariales y laborales: reducción y eliminación de los componentes salariales para los empleados del sector público (reducción del derecho de cesantía, limitaciones a la dedicación exclusiva, reducciones en el régimen de disponibilidad, aplicación de reglas de responsabilidad fiscal que permitirá despidos masivos contra los empleados públicos, etc.).

El impopular gobierno de Carlos Alvarado: un accidente de la historia

Una de las primeras decisiones en materia económica, fue impulsar el proyecto de Ley No 20.580, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, expediente, mejor conocido popularmente como “Combo Fiscal”.

El gobierno de Carlos Alvarado tomo posesión en mayo del año 2018 y en cuatro cortos meses, septiembre de 2018, se ha convertido en un gobierno impopular, el cual se ha desprestigiado y perdido el apoyo de los grandes sectores por los cuales ganó las elecciones, perdiendo su base social de sustento. No les ha cumplido cuestiones de derechos a los sectores que lo llevaron al poder, tales son los casos del sector LGBTI, al sector de las mujeres y otros. Por otra parte, hay que destacar que Alvarado logró ganar las elecciones por los votos prestados de los partidarios de otros partidos frente al peligro de que ganara la contienda electoral, el evangélico Fabricio Alvarado.

Entonces, el gobierno de Carlos Alvarado solamente se sustenta en acuerdo con el PUSC y sectores neoliberales, así como con el apoyo de las cámaras empresariales y de los organismos financieros internacionales, los cuales condicionan el financiamiento futuro a la aprobación del plan fiscal. Ningún gobierno, en los últimos 20 años, se había desprestigiado, desgastado y era tan odiado en poco tiempo, como el gobierno de Carlos Alvarado. A pesar de esa situación el gobierno de Carlos Alvarado prefiere su matrimonio con el PUSC, los sectores neoliberales, las cámaras empresariales y los organismos financieros internacionales, rechazando cualquier concesión, por mínima que sea, a los sectores de los trabajadores, populares y de clases medias. De aquí se concluye que la huelga indefinida en curso constituye un pulso decisivo y determinante para el gobierno de Alvarado y, por consecuencia, de las organizaciones sindicales. Este gobierno impopular apuesta a derrotar a los trabajadores organizados en los distintos sindicatos del sector público.

El estallido de la Huelga General Indefinida

Retomando las tradiciones y experiencias de la lucha contra el Combo del ICE, las diferentes centrales sindicales, sindicatos y bloques sindicales, superaron sus diferencias y decidieron establecer la unidad de acción, creando la Unidad Sindical que convocó a una Huelga General Indefinida a partir del día lunes 10 de septiembre.

La huelga general arrancó con fuerza arrolladora en la fecha programada, estremeciendo no solo a Costa Rica, sino al conjunto de Centroamérica. A diferencia de otras huelgas, la presente huelga indefinida cuenta con el apoyo popular del 80% al 95% del conjunto de la población. Esto último, se debe a que ésta, además de luchar contra la reducción, congelamiento y eliminación de los componentes salariales de los empleados públicos, se opone al impuesto a los productos de la canasta básica, a los servicios básicos del agua y la luz, a los medicamentos, a la medicina privada y a muchos otros servicios. Es importante mencionar que el gobierno pretende imponer ese plan fiscal para financiar una pequeña parte del alto déficit fiscal acumulado

Dia con día, la huelga indefinida se ha venido fortaleciendo, cada vez más, con mayor participación de trabajadores, tanto a nivel regionalizado como a nivel nacional. El pico más alto del movimiento huelguístico se alcanzó el miércoles 12 de septiembre, cuando en la marcha nacional se movilizaron unas 500 mil personas de todo el territorio nacional.

La represión policial contra los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), violentó la autonomía universitaria y provocó una ola de indignación general que hizo que el movimiento estudiantil cerrara filas junto a los trabajadores, contra el gobierno.

¿Hacia Dónde Va el Gobierno de Carlos Alvarado?

Aunque en apariencia el gobierno de Carlos Alvarado es “democrático”, sin embargo, dada su profunda debilidad en los sectores de masas, tiende a apoyarse, cada vez más, en los neoliberales y las fuerzas policiales. En corto tiempo, el gobierno de Alvarado ha violado en dos ocasiones la Constitución Política. La primera violación se produjo cuando la ministra de Hacienda, con el aval del presidente de la República, pagó 182.000 millones de colones de la deuda pública, sin la autorización de la Asamblea Legislativa, lo cual prohíbe la Constitución Política. La segunda violación se realizó el día 12 de septiembre en contra de la autonomía universitaria cuando fuerzas policiales invadieron el campus universitario de la UCR, en persecución de estudiantes que protestaban contra el combo fiscal.

El gobierno de Carlos Alvarado con tal de cumplir sus acuerdos económicos neoliberales con el PUSC, de cumplirle a las cámaras empresariales y obedecerles a los organismos financieros internacionales y las calificadoras de riesgos, está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluida la violación a la Constitución de la República. Alvarado se ha vuelto, igual que los neoliberales de la Asamblea Legislativa, inmune, sordo y ciego a las presiones sociales de distintos sectores. Igual está haciendo con las grandes movilizaciones que realiza el movimiento sindical en el proceso huelguístico.

Entonces, nos encontramos frente a una nueva situación y escenario social y político con este gobierno de Alvarado, totalmente distinto. Un gobierno presidencialista de carácter bonapartista, dispuesto a golpear y derrotar al movimiento de los trabajadores y sus organizaciones sindicales para debilitarlos y poder continuar con las aplicaciones de sus planes de desmantelamiento del Estado. De aquí que es necesario y urgente que las dirigencias de la alianza denominada “Unidad Sindical” saquen conclusiones y las consecuencias de que la actual huelga indefinida contra el gobierno requiere del impulso y desarrollo de acciones más combativas, una mejor organización y centralización, que puedan frenar y derrotar los planes de este gobierno impopular.

Es urgente fortalecer la Huelga General Indefinida

El gobierno de Carlos Alvarado y los grupos económicos que lo apoyan, esperan cansar a los trabajadores y llevarlos a un callejón cuya única salida seria la aprobación parcial o total del proyecto de Ley No 20.580.

Por ello debemos fortalecer la Huelga General creando comités en las fabricas y en cada centro de trabajo o comunidad, de manera que participe la mayor cantidad de personas, para tener control de la lucha y de las negociaciones.

No se debe levantar la Huelga General bajo el engaño y las promeses del gobierno. Ninguna decisión se debe tomar hasta que las bases decidan democráticamente el camino a seguir.

¡Que renuncie Carlos Alvarado y su gobierno!

Toda Huelga General plantea el problema de quien debe gobernar. En los hechos, los trabajadores y los sectores populares han paralizado el país, demostrando una enorme fuerza transformadora. Sin habérselo propuesto, los trabajadores están demostrando que ellos son quienes deben gobernar en Costa Rica.

El gobierno de Carlos Alvarado ha traicionado el mandato de sus electores, por ello debe renunciar de manera irrevocable junto con todos sus ministros. ¿Quiénes debe asumir el gobierno? Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) planteamos que ante una posible renuncia del gobierno de Carlos Alvarado, el gobierno debe ser asumido por Movimiento Unitario Sindical Costarricense, que son los organismos que dirigen la actual Huelga General.

Ha llegado la hora de que la sociedad costarricense resuelva los grandes problemas que los diferentes gobiernos no han podido hacer.  Llamamos a no confiar en los partidos como el PAC, PUSC, PLN, PRN y demás, porque todos pretenden resolver el problema de la crisis fiscal, en detrimento de la clase trabajadora y los sectores populares.

La solución al déficit fiscal, no pasa por arrancar las escuálidas conquistas salariales y laborales a los trabajadores, sino porque las empresas y grupos económicos paguen más impuestos, conforme a sus ganancias.

Es hora de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en donde la mayoría de la población, de manera democrática, decida como reorganizar las instituciones del Estado y como resolver el cáncer del déficit fiscal, que solo ha servido para engordar los bolsillos de las grandes empresas.

Centroamérica, 14 de septiembre del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Nuevamente la situación política en Guatemala se pone el rojo vivo. Contrario a las expectativas del reaccionario acuerdo secreto entre el imperialismo norteamericano y las cúpulas dominantes, con el objetivo de solucionar la crisis política de 2015, forzando la caída del gobierno de Otto Pérez Molina, el gobierno de Jimmy Morales y el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) no se plegaron a las acciones anticorrupción encabezadas por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Este distanciamiento ha conducido a varias crisis y enfrenamientos. Esto no es casual. El gobierno de Jimmy Morales es la expresión política de las oscuras fuerzas económicas que tienen su principal sustento social en los militares que salieron victoriosos de la lucha anti insurgente, que terminó formalmente en 1996. El FCN tiene en su dirección a altos mandos de exmilitares, implicados en masacres durante la guerra interna. El FCN abrió las puertas a la pandilla de exdiputados del Partido Patriota (PP) y LIDER, tránsfugas con arraigadas prácticas de corrupción, que representan a la burguesía emergente corrupta que se niega a desaparecer.

A finales de 2016, el FCN entró en alianzas con los partidos más conservadores del Congreso de Guatemala para obtener la presidencia de la Junta Directiva en los periodos 2017 y 2018, y desde esa posición empezó a resistirse a las reformas democráticas impulsadas por la CICIG. Desde 2017, el FCN y los partidos conservadores han sido parte fundamental de la oposición a las propuestas de reformas a la Constitución y a la Ley Electoral, que pretenden reformar el sistema político y cortar situaciones que permiten la corrupción.

La oligarquía guatemalteca y el gobierno de Estados Unidos pretenden reformar solamente lo justo y necesario para continuar engañando a los trabajadores y al pueblo, para hacerles creer que se están gestando grandes cambios y de esta manera se olviden de sus luchas y protestas. Este plan de “reformas democráticas” impulsado por el imperialismo norteamericano a través de la CICIG refleja, por un lado, la bancarrota política de la oligarquía que no es capaz de garantizar instituciones democráticas del Estado, y por el otro lado, estas pretendidas y frustradas reformas en realidad son insuficiente para satisfacer las necesidades urgentes y aspiraciones democráticas del pueblo guatemalteco.

A pesar de que las reformas planteadas son limitadas e insuficientes, el sector más corrupto de la burguesía emergente, representada actualmente por el FCN, se resisten encarnizadamente a cualquier mínimo cambio democrático. Por ello, el presidente Jimmy Morales se opone a las reformas que ha impulsado la CICIG, porque el mecanismo de acumulación de capital de estos sectores burgueses emergentes proviene de su corrupto control de las instituciones del Estado, las que saquean para enriquecerse.

El permanente boicot del presidente Morales y el FCN a las reformas políticas impulsadas por el imperialismo norteamericano, ha tenido como consecuencia que éste haya dado vía libre a la CICIG y el Ministerio Publico (MP) el inicio de causas judiciales para presionarlo y obligarlo a ceder. Primero, cuando en enero del año 2017 ordenaron la captura del hijo y hermano del presidente Morales, por un caso de corrupción en el registro de la propiedad, en 2013. Luego con la investigación de financiamiento ilícito del FCN-Nación durante la campaña electoral 2015, cuando Morales era el secretario general del partido. Por ello es que, ejerciendo más presiones contra el actual grupo de poder que representa el Morales y el FCN, el MP y la CICIG han solicitado nuevamente quitar el derecho de antejuicio al presidente Morales y que este sea procesado penalmente, lo que en fondo significaría que perdería el cargo de presidente de Guatemala.

En 2017 la primera respuesta de Morales fue declarar non grato a Iván Velásquez, jefe de la CICIG, para expulsarlo de Guatemala, abriendo una efímera crisis política. Organismos de la sociedad civil, así como el Procurador de los Derechos Humanos se ampararon ante la Corte de Constitucionalidad (CC), solicitando la suspensión de la expulsión de Velásquez, obteniendo una sentencia provisional favorable. De esta manera, lograron restablecer un equilibrio de poder, pero desde las instituciones del Estado.

Pero las tensiones continuaron acumulándose. El 31 de agosto de 2018, Morales anunció la no renovación del mandato de la CICIG, que vence el 3 de septiembre de 2019. A nivel internacional, Morales se ha sostenido sobre las acciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, pero a nivel interno se ha sostenido en los movimientos represivos del ministro de gobernación, Enrique Degenhart, los cuales abiertamente han buscado debilitar a la CICIG, así como golpear a las organizaciones populares y campesinas, persiguiendo, vigilando y asesinando a sus líderes, como ha sido el caso varios dirigentes campesinos y populares asesinados. El gobierno de Morales ha entrado así en su etapa más reaccionaria.

Guatemala se acerca a una situación prerrevolucionaria, por la crisis y enfrentamientos entre diferentes sectores de la burguesía. Existe un conflicto entre quienes apoyan al programa de reformas democráticas impulsadas por el imperialismo yanqui, y quienes intentan mantener los oscuros negocios saqueando las finanzas del Estado.

Pero siempre ocurre lo mismo: cuando hay conflictos entre sectores de la burguesía, irrumpen sin avisar las masas populares. El golpe asestado por Jimmy Morales el día 31 de agosto del 2018, es casi una repetición del autogolpe de Estado propinado por el presidente Jorge Antonio Serrano Elías, el 25 de mayo de 1993, conocido como el “Serranazo”. Afirmamos que estamos en una situación similar, porque el presidente Jimmy Morales pretende concentrar todo el poder y evitar los controles que los otros grupos de poder de la burguesía, han tratado de establecer utilizando el CICIG y el MP.

La población entiende lo que está en juego, por eso ya hay significativas manifestaciones en apoyo al comisionado Velázquez en varios puntos de Guatemala. Pero también la reacción se prepara para luchar. En el pasado, la Iglesia Católica ha manifestado su apoyo a la gestión de la CICIG, pero han convocado una marcha para el domingo 2 de septiembre, junto con las iglesias evangélica y judía, contra los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos civiles de las comunidades LGTBI. Existe la posibilidad real que dicha marcha sea utilizada para mostrar el apoyo de las clases y sectores más reaccionarios del país a Jimmy Morales.

Las embajadas de los imperialismos norteamericano y europeo han dado su respaldo incondicional a la CICIG. El futuro de Guatemala y la democratización real que se requiere, no debe ser decida por los imperialismos, sino por la movilización democrática de las masas populares

Si la crisis continua, el gobierno de Morales pende de un hilo, ya que su principal sostén son los militares. Morales es en realidad la cara civil del poder que han acumulado los militares en Guatemala, desde que terminó el conflicto armado en 1996. No podemos descartar una escalada en los métodos represivos, usando al Ejército y la Policía contra los movimientos populares y las organizaciones civiles del campo y de la ciudad, en esta nueva hora de lucha.

Esta vez, un año después de que buscara sacar al comisionado de la CICIG por medio de una treta diplomática, el gobierno de Jimmy Morales ha actuado de manera coordinada con la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, anunciando con pocas horas de diferencia, el primero su decisión de no renovar el acuerdo para la actuación de la CICIG, y el segundo ordenando la expulsión de la comisión de derechos humanos de la ONU que investigaba las masacres ocurridas en Nicaragua recientemente. Este comportamiento político de Morales en Guatemala, y de Ortega en Nicaragua, alegando ambos un falso nacionalismo, no es una casualidad. Ambos reflejan el poder de los militares, tanto de Guatemala como de Nicaragua, que se resisten a cualquier reforma democrática, y con ello entran en roce con los imperialismos. Pero este tipo de contradicciones no los vuelve antiimperialistas, sino que refleja una cerrada defensa de los procesos de acumulación capitalista basados en la corrupción y en el saqueo de las arcas del Estado, por eso niegan los más elementales derechos democráticos.

Si bien es cierto que Guatemala requiere una democratización profunda, también observamos en la mayoría de la izquierda y en la conducción de los sindicatos y organismos populares, claudican ante la gestión de la CICIG, manifestando un apoyo público o velado a su gestión. La “Sociedad Civil” y las ongs, la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) y al Frente Estudiantil (organizado por la agrupación “UsacEsPueblo”, ganador en las elecciones a la AEU en agosto del año 2017), anunciaron su apoyo a la CICIG. La izquierda y las organizaciones estudiantiles, populares e indígenas deben estar claros que el enemigo de mi enemigo no necesariamente es mi amigo.

Podemos y debemos luchar unidos todos aquellos sectores sociales que buscamos la democratización real de Guatemala, pero no podemos ni debemos firmar un cheque en blanco a la CICIG y a la labor del comisionado Velásquez. La lucha no es solo entre el gobierno y la CICIG, sino entre quienes estamos por una real democratización y quienes se oponen a ella, desde diferentes posiciones. Y en este proceso de lucha y unidad en la acción debemos identificar quienes son amigos y quienes son enemigos de la ansiada democratización.

Como es de conocimiento público, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) tiene una posición ambivalente, vacilante. Por un lado, temen oponerse a las directrices del imperialismo norteamericano, pero, por otro lado, temen al curso de la labor de la CICIG: varios de los directivos importantes del CACIF han sido acusados y encarcelados por corrupción, defraudación fiscal, así como el de financiar ilegalmente a partidos políticos, como el FCN. Pero a lo que más le temen los empresarios es a la movilización popular.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige la renuncia inmediata del presidente Jimmy Morales, por no cumplir con las expectativas de lucha contra la corrupción, y por haber encubierto al grupo de poder militar detrás del FCN. Apoyamos la demanda del pueblo en el campo y la ciudad que han exigido desde 2016 la renuncia de Jimmy Morales.  Rechazamos al sector burgués emergente que se ha enriquecido a costa de los recursos del Estado, pero también rechazamos la injerencia del imperialismo norteamericano a través de su embajada norteamericana y la CICIG.

Guatemala necesita una profunda revolución democrática, la que quedó inconclusa con el golpe de Estado de 1954, que extermine la corrupción de las diferentes fracciones de la burguesía, que garantice la tierra para los campesinos (Reforma Agraria), el respeto de los territorios de las comunidades indígenas, que provea a la población de servicios gratuitos y eficientes de educación, salud, vivienda, transporte, salarios dignos y acordes al costo de la vida, que amplíe al máximo los derechos democráticos de la población, que se plantee la reconstrucción de Centroamérica en un solo Estado Federal, etc.

Deben ser los sindicatos, los trabajadores, campesinos, indígenas y estudiantes organizados quienes se pongan al frente de la lucha contra el corrupto gobierno de Jimmy Morales y el FCN. Llamamos a la más amplia unidad de la izquierda, de las organizaciones obreras, estudiantiles, campesinas, populares e indígenas, para movilizarnos y convocar a un Paro Nacional de 24 horas, demandado la renuncia de Jimmy Morales y todo su gobierno. Llamamos a la unidad en la lucha y la movilización de todos los sectores realmente democráticos, que se oponen al corrupto gobierno de Jimmy Morales, heredero y continuador del statu quo establecido por las fuerzas reaccionarias que acribillaron la democracia guatemalteca en 1954, para en conjunto impulsar las reivindicaciones de los trabajadores, campesinos, sectores populares e indígenas.

El PSOCA llama a movilizarnos por la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, que agrupe a los trabajadores y los pueblos indígenas, plurinacional e inclusiva, que transforme y reorganice a Guatemala en favor de los oprimidos y explotados. De igual manera, llamamos a estar vigilantes contra las maniobras del Congreso de la Republica, controlado por el FCN y sus aliados.

¡EXIGIMOS LA RENUNCIA DE JIMMY MORALES Y SU GOBIERNO!

¡PROFUNDICEMOS LA LUCHA, HASTA DEMOCRATIZAR GUATEMALA AL SERVICIO DEL PUEBLO!

¡LA CORRUPCION ES INTRÍNSECA DEL ACTUAL REGIMEN POLITICO!

¡POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PLURINACIONAL E INCLUSIVA!

¡PARO NACIONAL DE 24 HORAS!

¡ABAJO EL “MORALAZO”!

Centroamérica, 31 de Agosto del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

¡Campaña internacional de solidaridad para exigir la libertad inmediata de Medardo Mairena!

El viernes 13 de julio del año en curso fue detenido el líder campesino Medardo Mairena, en el aeropuerto de Managua, cuando se aprestaba a abordar un avión con rumbo a Estados Unidos, como parte de una gira de solidaridad con el movimiento campesino nicaragüense.

La Policía Nacional y la Fiscalía, bajo el control absoluto de la dictadura Ortega-Murillo, han inventado falsos cargos contra Mairena, acusándolo de ser el “autor intelectual” de la masacre ocurrida el día anterior en el poblado de Morrito, departamento de Rio San Juan, un confuso incidente en donde empleados de la Alcaldía en manos del FSLN abrieron fuego y asesinaron a elementos de la Policía Nacional.

Usando el clásico método de las almáganas, se ha culpado al movimiento campesino anticanal, de ser los autores materiales de dicha masacre, obviando que las turbas sandinistas habían atacado la masiva marcha de protesta contra el gobierno Ortega-Murillo. A Mairena le imputan cargos de “terrorismo”, tipo penal que contempla penas de 15 a 20 años de prisión. Ya se realizó la primera audiencia, en secreto, y sin que se le respetara el derecho a elegir su abogado defensor.

La detención arbitraria de Medardo Mairena es parte de sangrienta ofensiva militar que el gobierno Ortega-Murillo desarrolla contra de los tranques, especialmente contra aquellos que ha levantado el movimiento campesino anti-canal en la costa Caribe. Bajo la promesa que Medardo Mairena sería liberado si abandonaban la protesta, los campesinos se retiraron del tranque de San Pedro de Lóvago, en el departamento de Chontales, pero fueron emboscados en la carretera rumbo a Nueva Guinea, brutalmente asesinados y sus cadáveres quedaron tirados en el borde de la carretera.

Medardo Mairena es actualmente el coordinador nacional del Consejo de Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, mejor conocido como movimiento campesino contra la construcción del canal interoceánico. Medardo Mairena, junto a la compañera Francisca Ramírez, son los principales dirigentes del movimiento campesino anti canal.

La beligerancia del movimiento campesino anti canal se ha hecho sentir en los últimos años, siendo el sector que más se ha movilizado contra la dictadura familiar Ortega-Murillo. Lo anterior, ha permitido que Medardo Mairena represente al movimiento campesino en las negociaciones del Dialogo Nacional. Por ello, su detención arbitraria y los falsos cargos, tiene una clara connotación política.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a todas las organizaciones y centrales campesinas de Guatemala, Honduras, El Salvador y resto de países de Centroamérica, a sumarse a la campaña internacional de solidaridad, exigiendo la libertad inmediata de Medardo Mairena, y que cesen el acoso y persecución contra Francisca Ramírez.

Llamamos a las centrales obreras, a los sindicatos y organizaciones democráticas y de izquierda, de América Latina y el mundo entero, a pronunciarse de manera inmediata, exigiendo la libertad de Medardo Mairena.

Llamamos a recolectar firmas de dirigentes y personalidad, exigiendo la libertad de Medardo Mairena, a realizar mítines de protesta frente a las embajadas de Nicaragua en Centroamérica, América Latina y resto del mundo.

Enviar correros electrónicos o mensajes simultáneos, exigiendo la libertad inmediata de Mairena, a las siguientes direcciones:

Daniel Ortega Saavedra

Presidente de la República

Fax: +505 2266 3102

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Dr. Paul Oquist

Secretario Privado de la Presidencia

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Dra. Alba Luz Ramos

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

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Dra. Ana Julia Guido

Fiscal General de la Republica

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La solidaridad internacional es un asunto muy importante para lograr la libertad de Medardo Mairena, apoyar la lucha contra la represión y para detener las masacres en Nicaragua.

Centroamérica, 15 de julio del 2018.

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)