El próximo 25 de junio tendrá lugar la primera vuelta electoral del proceso eleccionario 2023 en Guatemala. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), están inscritos 9 millones 361 mil 068 ciudadanos para emitir su voto, 1.3 millones más que en las elecciones de 2019. De ellos, el 41.57% son jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, y el 54% son mujeres; además 90 mil 708 guatemaltecos que viven en Estados Unidos realizaron el trámite para participar en el sufragio ese día, el 3.24% de los más de 2.8 millones que residen en ese país. 25 partidos políticos han presentado candidaturas para diputados al Congreso de la República, alcaldías, diputados al Parlamento Centroamericano, y 23 binomios compiten por la presidencia de la república (hay dos coaliciones que presentan candidaturas conjuntas).

Un régimen político cada vez más autoritario

Las elecciones de 2023 se dan en un momento crucial en Guatemala. El país atraviesa una coyuntura de grave retroceso de las libertades democráticas que deberían caracterizar el régimen democrático burgués plasmado en la Constitución de la República.

La alianza o conglomerado de clases y grupos sociales que controlan la riqueza y el Estado guatemaltecos está conformado por 8 o 10 grandes grupos corporativos empresariales, militares en situación de retiro que conformaron los altos mandos del ejército durante el conflicto armado interno, estructuras del narcotráfico y el crimen organizado, y una pléyade de operadores de partidos políticos que implementan los intereses de estos grupos en el Estado, y de paso se enriquecen y enriquecen a medianos empresarios que hacen negocios corruptos con el Estado.

Este bloque no es homogéneo, tiene su dinámica y contradicciones internas. Pero entre 2014 y 2019, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el apoyo de funcionarios independientes del Ministerio Público (MP), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), las cortes de justicia y la Corte de Constitucionalidad (CC), investigó y expuso una serie de casos que revelaban la forma de operar de estas estructuras al negociar la elección de funcionarios del sistema de justicia, fraguar contratos lesivos de empresas con el Estado, financiar ilícitamente partidos políticos y otros delitos y actos de corrupción. Numerosos funcionarios y políticos cayeron presos, e incluso prominentes miembros de familias de la oligarquía fueron obligados a declararse culpables de financiamiento electoral ilícito. Lo más relevante fue que las acusaciones de la CICIG contra el gobierno de Otto Pérez Molina en 2015 generaron las protestas más masivas de los últimos años, con decenas de miles de personas en las calles protestando contra la corrupción y contra el sistema político.

Al asumir el gobierno Jimmy Morales en 2016, los grupos de poder que controlan el Estado decidieron contraatacar, logrando primero el control del Ministerio Público al elegir una fiscal general plegada a sus intereses. Un paso crucial fue la expulsión del país del jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y la negación a renovar el mandato de esta instancia en septiembre 2019. A esto ha seguido una cacería de jueces independientes, funcionarios del MP y fiscales de la FECI que colaboraron con la CICIG; como resultado, más de 40 funcionarios de justicia se encuentran en el exilio, y otros han sido apresados como resultado de denuncias espurias.

Poco a poco, las instituciones del Estado que contaban con funcionarios independientes fueron cayendo en manos de estos grupos de poder corruptos: la no renovación de los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de Justicia (CSJ) en 2020, la elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral en 2020, la elección de nuevos magistrados de la CC en 2021 (todos afines a los poderes corruptos), la elección de un Procurador de los Derechos Humanos aliado en 2022, elección de un Contralor General de Cuentas aliado en 2022, la elección fraudulenta de rector de la Universidad de San Carlos en 2022.

Al caer todas estas instituciones del Estado bajo el control de los grupos de poder, numerosos casos de juicios por corrupción se han visto detenidos o han sido revertidos, y los acusados han salido en libertad; la prensa independiente ha sufrido ataques frontales, siendo el caso más relevante el de ElPeriódico y su director; en el Congreso se han presentado y aprobado leyes que amenazan el libre funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y ongs; se han implementado acuerdos lesivos a los intereses de las y los trabajadores, como el trabajo a tiempo parcial y salariados diferenciados, además de que se han incrementado las violaciones a los derechos laborales y de libertad sindical.

El fracaso del capitalismo guatemalteco

En el fondo, el giro autoritario y dictatorial en el régimen político a que estamos asistiendo, obedece al fracaso del modelo capitalista que funciona en Guatemala. Este modelo, basado en la agroindustria de exportación, el extractivismo y la producción maquilera, produce grandes ganancias para los grupos familiares corporativos de la oligarquía, propicia el florecimiento del narcotráfico y el crimen organizado, y funciona mediante componendas corruptas con el Estado; pero no genera suficientes empleos formales, y es indiferente a la promoción de servicios del Estado a la población, como educación, vivienda, salud, agua, saneamiento, energía, etc. De modo que, para 2018 se estimaba que el 61.6% de la población vivía en situación de pobreza multidimensional, con un 71.1% de la población económicamente activa con trabajos informales en 2022, y una tasa de migración en continuo crecimiento, de modo que en 2022 los trabajadores migrantes enviaron a sus familias US$ 18 mil millones, aproximadamente el 15% del PIB (una tabla de salvación para numerosas familias pobres).

Este es también el fracaso de los Acuerdos de Paz de 1996, que pretendían la transformación democrática del país, pero que los grupos oligárquicos y el ejército nunca tuvieron la intención de cumplir. A través del endurecimiento del régimen político, los grupos de poder se blindan para sofocar más fácilmente cualquier atisbo de protesta popular, cerrando los espacios democráticos e impidiendo en primer lugar que se den movilizaciones de la magnitud de las de 2015.

Las maniobras para dejar fuera candidaturas incómodas

Para los grupos de poder, estas elecciones son cruciales para afianzar el control sobre las instituciones del Estado, y garantizar una continuidad del bloque de partidos en el Congreso que ha permitido la aprobación de leyes favorables a ellos, y la elección de magistrados y funcionarios aliados.

El pueblo y los trabajadores guatemaltecos tienen confianza en que es posible mejorar su grave situación eligiendo un gobierno que represente y favorezca sus intereses, y tenga una gestión con reformas sociales favorables.

El TSE, la CC y la CSJ, controladas por los poderes corruptos, están haciendo su trabajo al bloquear y prohibir a mansalva a candidatos que pueden resultar una amenaza, o que han afectado sus intereses en el pasado. A la par, aplican criterios caprichosos para permitir candidaturas que tenían prohibiciones constitucionales o judiciales, pero que son vistos con buenos ojos.

Uno de los candidatos que fue rechazado es Juan Francisco Solórzano Foppa, postulado para la alcaldía de la ciudad de Guatemala por la coalición de izquierda Movimiento SEMILLA/WINAQ y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Foppa fue jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno de Jimmy Morales, denunciando y procesando a muchos empresarios por delitos fiscales, ganándose el odio de la oligarquía. En 2021 fue acusado de irregularidades en las actas de creación de una organización política; recibió arresto domiciliario, pero el caso fue reactivado en marzo de este año, causando que el Registro de Ciudadanos lo dejara fuera de la contienda electoral. En abril fue apresado, por una acusación que lo vincula al caso del periodista José Rubén Zamora.

Otro caso notable es el de la denegación de inscripción al binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Este es el brazo político del Comité de Desarrollo Campesino, organización que tiene un largo historial de lucha contra empresas que controlan la distribución de energía eléctrica y otras demandas de la población rural e indígena. El MLP participó por primera vez en las elecciones de 2019, obteniendo en cuarto lugar en la primera vuelta. Esta vez sus candidatos son Thelma Cabrera para presidente y Jordán Rodas para vice. Rodas fue procurador de los Derechos Humanos y fue un tenaz opositor de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. El Registro de Ciudadanos rechazó la inscripción de Rodas por no contar debidamente con su finiquito, y, además, el nuevo PDH, afín al gobierno, armó contra él un caso por irregularidades en el cobro de su indemnización. El MLP agotó todas las instancias legales para reclamar la inscripción de Rodas, pero el 2 de mayo la CC, último tribunal, le negó la participación.

Otros candidatos que no lograron ser inscritos son los candidatos a diputados Aldo Dávila (que llegó al Congreso en 2019 por el partido de izquierda WINAQ), el expresidente Alfonso Portillo (condenado en Estados Unidos por lavado de dinero), el excandidato presidencial Manuel Baldizón (condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración, y con otros casos abiertos en Guatemala), el candidato presidencial Roberto Arzú (personaje incómodo procedente de una familia oligárquica, rechazado por hacer campaña anticipada).

Otros candidatos con objeciones fueron aceptados, como Zuri Ríos de la coalición Valor/Unionista, que tiene prohibición constitucional por ser hija del general golpista y genocida Efraín Ríos Montt; también el candidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien tiene prohibición constitucional por ser pastor evangélico; otro caso es el de Otto Pérez Leal, hijo del expresidente encarcelado, que se postula a la alcaldía de Mixco, ciudad de la que fue alcalde, y fue acusado de malversación de fondos de la comuna, sin embargo su candidatura fue aceptada.

¿Quiénes lideran las encuestas?

Si bien los sondeos de intención de voto no son siempre confiables, nos dan un indicador de por dónde van las preferencias de los electores. Si tomamos como referencia la encuesta que elaboró la empresa ProDatos para el diario Prensa Libre, los cuatro candidatos que van a la cabeza para el puesto presidencial son: Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana, con el 23.1% de la intención de voto; Sandra Torres de la UNE con el 19.5% de preferencia; Edmond Mulet, del partido Cabal, con el 10.1%; y Zuri Ríos, de la coalición Valor/Unionista, con el 9.2%.

Pineda es un finquero originario del departamento de Zacapa, dueño de plantaciones de banano, palma africana y rambután, empresas de transporte, gasolineras y otros lucrativos negocios. Se presenta como un outsider en política, promoviendo profusamente en redes sociales un discurso populachero, demagógico, confrontativo y polémico; es hijo de un personaje vinculado al gobierno militar de Carlos Arana Osorio a inicios de la década de los 70s. Después de tratar de ser candidato con el partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón, se incorporó al partido Prosperidad Ciudadana, cuya secretaria general es la diputada Lilian Piedad García, de la UNE de Sandra Torres, que ha hecho parte de la aplanadora oficialista. Pineda está rodeado de políticos que fueron parte del gobierno de Jimmy Morales y de partidos de derecha, muchos con señalamientos de corrupción y de nexos con el narcotráfico, y él mismo estuvo vinculado al narco partido UCN en el pasado. Detrás de Pineda se sitúa un grupo emergente de empresarios y estructuras del crimen organizados que desde hace dos décadas ha venido controlando territorios y alcaldías en el departamento de Zacapa, y ahora aspira a controlar la presidencia.

Convertido en un personaje incómodo cada vez más popular entre la población con menor cultura política, los grupos de poder decidieron meterle zancadilla utilizando al partido Cambio; éste presentó un amparo para anular las asambleas en que fueron proclamados los candidatos de Prosperidad Ciudadana, por irregularidades de forma. El amparo fue aceptado por un tribunal y el Registro de Ciudadanos suspendió las candidaturas. Pineda presentó un amparo ante la CC, la igual que el PC, que está pendiente de resolución; el 23 de mayo la secretaria general del PC retiró el recurso presentado, abandonando prácticamente a Pineda a su suerte, con lo que probablemente quede fuera de la contienda electoral.

Zuri Ríos, Sandra Torres y Edmond Mulet presentan candidaturas de derecha, con muchas similitudes y algunas diferencias. Algunos grupos de opinión consideran que se están creando las condiciones para el triunfo de Ríos, quien representa la extrema derecha respaldada por los militares y la oligarquía, con un programa centrado más en temas de seguridad, contemplando la creación de cárceles de máxima seguridad, la reactivación de la pena de muerte, etc. Sandra Torres se unió a la alianza oficialista en el Congreso, y su plan de gobierno está salpimentado con los programas sociales que creó y dirigió cuando fue primera dama en el gobierno de Álvaro Colom, agregados a propuestas similares a las de Ríos en temas de seguridad. Mulet fue candidato en las elecciones de 2019, obteniendo el tercer lugar en la primera vuelta, y su partido Humanista se unió al oficialismo en el Congreso, provocando una ruptura; creó el partido Cabal para las elecciones 2023, con personajes reciclados de otros partidos, y con propuestas de derecha, algunas reformas en temas sociales, críticas a la corrupción y la propuesta de crear la figura de cadena perpetua. El general, los partidos de derecha hacen énfasis en temas de seguridad, emulando al gobierno de Bukele en El Salvador, y su ataque a las maras.

Las candidaturas de la izquierda

Una vez más, la izquierda electoral va dividida en el proceso 2023. El MLP, que obtuvo un relevante cuarto lugar en la primera vuelta de las elecciones de 2019, presenta candidaturas a alcaldías y diputaciones solamente, pues la inscripción de su dupla presidencial fue suspendida; los compañeros mantienen su programa de 2019, básicamente antioligárquico, no anticapitalista, con énfasis en temas indígenas, de pluriculturalidad, de lo que los grupos indígenas llaman el “buen vivir”, instalación de una Asamblea Constituyente Plurinacional, y creación de pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente, el MLP llamó a votar nulo para binomio presidencial, mostrando una gran miopía política, puesto que la población debe dar su voto de castigo a los partidos de derecha, apoyando las otras opciones de izquierda.

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se presenta en coalición con el movimiento indigenista WINAQ, con candidatura conjunta a la presidencia. Esta alianza presenta un programa que parte de la creación de un Estado Plurinacional que resuelva los problemas de pobreza, desigualdad, exclusión y discriminación, dando prioridad a las mujeres, juventud, pueblos indígenas y población en desventaja.

El Movimiento Semilla, con un planteamiento socialdemócrata moderado, plantea la reforma del Estado a favor de los pueblos originarios, por un Estado exento de corrupción, que universalice los servicios públicos, una economía que genere trabajo digno y oportunidades de negocios respetando el medio ambiente, priorizando la atención a los más pobres.

Finalmente, algunas organizaciones sociales, como el Comité Campesino del Altiplano, se unieron al partido VOS, liderado por disidentes de la UNE que hicieron gobierno con Álvaro Colom entre 2008 y 2012, participando como candidatos a diputados.

Las elecciones de 2023 se dan en un momento crucial. Las y los trabajadores, las mujeres, jóvenes, indígenas y campesinos debemos frenar el proyecto dictatorial de los grupos corruptos de poder que pretenden perpetuar su control sobre las riquezas y recurso de nuestro país. Estas elecciones son la oportunidad de manifestar nuestro rechazo a los partidos que los representan, dando nuestro respaldo a los partidos que presentan un programa progresista, que debe ser mejorado, pero que puede movilizar y agrupar a los sectores oprimidos, representando un avance hacia la gestación de una opción democrático-revolucionaria.

Ante la falta de una opción unitaria, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama al voto crítico por el binomio presidencial de URNG-WINAQ, y al voto por alcaldías y diputaciones de los líderes sociales y populares que participan en los partidos de izquierda. Este voto electoral no debe reemplazar jamás las protestas y manifestaciones en las calles y carreteras para enfrentar los planes autoritarios de los empresarios, militares y criminales, en contra del pueblo de Guatemala.

 Centroamérica, 24 de mayo del 2023

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

La negativa del Registro de Ciudadanos (RC), dependencia adscrita al Tribunal Supremo Electoral (TSE), de inscribir el binomio presidencial del partido Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), cuyos candidatos a presidente y vicepresidente son Thelma Cabrera y Jordán Rodas, respectivamente, evidencia la naturaleza cada vez más represiva y autoritaria del régimen político guatemalteco.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, entre la insurgencia aglutinada en el otrora frente politico-militar Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) y el gobierno de Álvaro Arzú, que instauraron una precaria y maltrecha democracia burguesa, se han inhibido en diferentes momentos algunos candidatos de los partidos de derecha, pero es la primera vez que el TSE niega la inscripción de una fórmula presidencial a un partido que tiene registro electoral. La negativa a inscribir las candidaturas del MLP se produce en momentos en que existe un reagrupamiento ultra reaccionario en Guatemala, encabezado por el gobierno actual de Alejandro Giammattei y su partido VAMOS

Los últimos acontecimientos políticos, como el acoso  y persecución a la prensa burguesa independiente, la cacería de jueces y fiscales independientes, la impunidad ante sonados casos de corrupción, confirman que asistimos al cierre del sistema de relativas libertades democráticas, inaugurado en 1996.

Recientemente, el pleno de magistrados del TSE confirmó la decisión del Departamento de Organizaciones Políticas del RC, pese a un recurso de nulidad interpuesto por los abogados del MLP ante tal decisión. Para inhibir la candidatura del MLP, el TSE argumentó que Rodas no tenia un finiquito otorgado por la Contraloría General de Cuentas (CGC), requisito para la inscripción de candidaturas para elección popular. Lo que el TSE no ha querido explicar es porque la CGC se resiste a otorgar el finiquito a Rodas

Rodas, ex procurador de los derechos humanos, ha sido crítico de los intereses del bloque conservador que dirige actualmente el Estado, y recientemente fue candidato a rector por la Universidad de San Carlos, víctima de fraude por actores ligados a esos sectores reaccionaros. Por su parte, la candidata a presidente por el MLP, es una líder campesina maya que ya fue candidata presidencial por ese partido en las elecciones pasadas logrando un cuarto lugar, con un poco mas de 400 mil votos. El caudal electoral que el MLP demostró en las elecciones de 2019 explica que los bloques conservadores de poder estén decididos a bloquear su participación electoral.

Con respecto al papel del TSE, fue creado con la llamada apertura democrática, y se caracterizó, según la opinión pública burguesa, por ser imparcial debido a su conformación supuestamente apartidista. Sin embargo, desde las elecciones de 2019 esa neutralidad ha sido puesta entredicho y la reciente selección de este grupo de magistrados ha sido cuestionada por sus vínculos con el partido de gobierno. Ante las actividades proselitistas del oficialismo usando recursos del Estado, el TSE ha hecho poco o nada para sancionar a VAMOS.

Por otra parte, el TSE ha inscrito a una serie de candidaturas de diversos partidos de derecha, muy cuestionadas, como la de Zuri Ríos, de la alianza VALOR y Partido Unionista, quien tiene prohibición expresa constitucional por ser hija de un caudillo que encabezó un golpe de Estado en 1982: el ex general Efraín Ríos Montt, sentenciado por crímenes de genocidio.

El partido MLP es el instrumento electoral del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), organización con mas de 30 años de existencia, y que hasta 2015 tuvo lazos con el partido URNG. CODECA originalmente levantó demandas campesinas, posteriormente pasó a enarbolar demandas más progresivas como exigir la nacionalización de la energía eléctrica y otros bienes públicos privatizados, es decir, ha tenido un claro planteamiento anti neoliberal, propugnando ahora por la fundación de un nuevo Estado por medio de la Asamblea Constituyente Plurinacional. CODECA aglutina a importantes sectores de trabajadores, y también a sectores urbanos de pequeña burguesía empobrecida en el interior de la república. Con un programa anti oligárquico, aunque no claramente anticapitalista, el MLP ha ganado también las simpatías de sectores de la intelectualidad urbana acomodada. Bloquear el potencial electoral del MLP es el principal motivo del bloque reaccionario en el poder, por ello han utilizado pretextos formales, que pueden ser subsanados, pero el objetivo central es evitar la conformación de un partido de izquierda de masas en Guatemala.

La decisión del TSE, en contubernio con el oficialismo y sus adláteres, está en función de garantizar la continuidad de los grupos de derecha en el poder. La exclusión contra el MLP es un mal precedente, que también podría ser aplicado a otros binomios de izquierda, el de SEMILLA conformado por el diputado Bernardo Arévalo y la académica Karin Herrera, y el de la alianza URNG-WINAK, encabezado por el diputado al Parlamento Centroamericano, Amílcar Pop, y la activista feminista, Mónica Enríquez.

Nos solidarizamos con las compañeras y compañeros del MLP. Al no inscribir la formula Cabrera-Rodas, una candidatura representativa de las masas indígenas y de los sectores populares, el TSE quiere minimizar el caudal electoral del MLP. Los socialistas centroamericanos llamamos a la movilización popular, para defender el derecho de inscribir candidatos indígenas y populares, cerrando filas para defender las escasas libertades democráticas que todavía prevalecen, y que se encuentran en peligro por la ofensiva de los partidos de derecha.

Centroamérica, 5 de febrero del 2023

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

El  3 de febrero del 2019 Nayib Bukele fue electo democráticamente como nuevo Presidente de la República El Salvador, tomando posesión el 1  de junio del 2019. Al asumir el cargo, le adelanto al pueblo salvadoreño lo que nos esperaba: “…Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora, a todos, cuidarlo. Nos toca ahora, a todos, tomar un poco de medicina amarga. Nos toca ahora, a todos, sufrir un poco. Nos toca ahora, a todos, tener un poco de dolor. Asumir nuestra responsabilidad, y todos, como hermanos, sacar adelante a ese niño, que es nuestra familia, es nuestro país, es El Salvador…”. A pocos meses, Bukele asaltó militarmente  la instalaciones de la Asamblea Legislativa.

 El  1 de mayo del 2021, al tomar posesión la nueva Asamblea Legislativa integrada por 64  Diputados afines a Bukele (56  de Nuevas Ideas, 5 de GANA, 2 de PCN y 1 del PDC) versus 20 de la oposición,  el Bukelismo minaría uno de los pilares fundamentales  de la democracia burguesa, como es la separación de poderes, al destituir sin juicio previo a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General,  irrespetando los procesos establecidos en la Constitución. Ese fue el inicio de un proceso de concentración de poder bajo la mano de hierro de Bukele.

A partir de esa fecha, Bukele  dejo claro sus verdaderas  intenciones,  por lo que se hace necesario evaluar la gestión de estos tres años de gobierno, de junio del 2021 al 2022. Este periodo ha estado marcado por un grave deterioro de las libertades democráticas, una crisis sin precedentes del régimen bipartidista impuesto con los Acuerdos de Paz de 1992, concentrando casi todo el poder en sus manos, pero fortaleciendo las bases del sistema capitalista y manteniendo  la continuidad del modelo neoliberal aplicado bajo los gobiernos de ARENA y del FMLN. Como parte de este nuevo neoliberalismo entreguista, Bukele está impulsando la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la inauguración de Bitcoin City, la proliferación de Asocios Públicos-Privados (APP), la privatización de servicios básicos de las instituciones públicas, etc.

En este tercer año de gobierno, Bukele ha logrado mantener solo una parte de los programas de asistencia social de los gobiernos anteriores, perfeccionando algunos de ellos como ejemplo la entrega de computadoras y la vacunación masiva contra el COVID-19. En  materia económica su mayor apuesta como fue legalizar el Bitcoin, pero esta audaz maniobra no le ha dado mayores resultados. Existe un agotamiento de las fuentes de financiamiento del Estado. Para evitar un estallido social, se vio obligado a retirar temporalmente los impuestos a los combustibles para paliar la crisis económica y detener un poco la galopante inflación.  

En materia de infraestructura, Bukele no ha inaugurado ninguna obra importante, más bien le ha tocado inaugurar o finalizar los proyectos iniciados por sus antecesores, mostrando retraso en la ejecución de algunos de ellos como en la infraestructura hospitalaria. En este  tercer año,  Bukele  logró  recuperar  sus altos niveles de popularidad, los cuales venían en descenso, por las maniobras en torno al tema sensible de la seguridad. A partir de la instauración del “régimen de excepción”, Bukele inició una guerra contra las pandillas, a pesar que anteriormente había dialogado con ellas. En las últimas semanas, Bukele ha utilizado el “régimen de excepción” para atacar no solo a las pandillas, sino a periodistas, sindicalistas, activistas sociales, y todo aquel que se le oponga, cometiendo graves violaciones a las libertades democráticas y Derechos Humanos, al capturar a personas que no tienen vínculos con estructuras delincuenciales, lo que es motivo de preocupación en la población.

Homicidios Vrs Desaparecidos

En enero de 2022, Bukele exaltaba sus éxitos en materia de seguridad manifestando “…Entre 2019, 2020 y 2021 suman 4,879 asesinatos. La cifra está muy por debajo de los 15,857 homicidios contabilizados entre 2014, 2015 y 2016… En los últimos dos años y medio se contabiliza una baja de 10,978 crímenes con relación al anterior periodo…” (https://www.presidencia.gob.sv).

Sin embargo, según medios de información “…los últimos tres años, la Policía Nacional Civil registró un total de 4,847 denuncias por personas desaparecidas… al cabo de esos tres años, al menos 1,740 personas no fueron encontradas por las autoridades. Es decir, que ese total de víctimas no pudo volver con sus familias y sus casos continúan activos…“ ( LPG 4/06/2022).  Las cifras de los últimos años demuestran que, mientras los homicidios (cuyos  cuerpos quedaban  expuestos al público)  se reducían,  las desapariciones aumentaron. En la mayoría de casos los cuerpos de los desaparecidos han sido encontrados  en fosas comunes.  Antes de la remoción del Fiscal General, en mayo del 2021, siempre existió una gran diferencia entre las cifras proporcionadas por   la Fiscalía, la Policía Nacional Civil (PNC) y medicina legal. Para este año, solamente se tienen “…65 denuncias recibidas por la Policía desde el 1 de enero hasta el 10 de febrero…” (4/06/2022).

 La guerra contra las pandillas elevó niveles de aprobación de Bukele

Siendo candidato presidencial, Bukele gozaba de altos niveles de popularidad  que rondaban en el mayor de los casos el 61.0% (CONARES.17/01/2019). Electo como presidente,  fue  el mejor evaluado en los últimos años, obteniendo en  sus primeros 100 días  una calificación del 83,7% según encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA). En  su  tercer año de gobierno, según encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC), de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), la  calificación para Bukele es de  83,4 y según   la Unidad de Investigación de La Prensa Gráfica el 87%  de la población aprueba la gestión de Bukele.

 Estos niveles de aprobación se deben a que el gobierno de Bukele ha sabido maniobrar ante la principal demanda del pueblo salvadoreño, como es la seguridad. La mayoría de la población percibe una mejoría en la seguridad, primero con el llamado Plan de Seguridad de Control Territorial (aunque este fue posible por un pacto con las pandillas) y posteriormente por la implementación del “régimen de excepción” o guerra contra las pandillas, a pesar que han sido suprimidas  muchas garantías constitucionales. Ante décadas de violencia en las calles, la población termina aceptando el recorte de las libertades democráticas con tal de conquistar un poco de seguridad

 ¿Cuánto tiempo durara la seguridad o paz derivada del régimen excepción? Bukele ha atacado furiosamente a las pandillas, encarcelando a más de 30.000 sospechosos, pero con ello solo esta atacando las consecuencias y no las causas sociales que originan la violencia y la criminalidad en las calles. Bukele no está dando una solución a las  causas estructurales que  generan la violencia y delincuencia,  como son  el desempleo, salarios, educación, falta de pensiones dignas, solamente esta cortando temporalmente los efectos de la barbarie que aflige a El Salvador. La amenaza de la violencia y delincuencia seguirán presente, porque las condiciones de pauperización generará nuevas pandillas, muchos más violentas que las que ahora están encarceladas. Una pequeña muestra es que, a pesar del régimen de excepción, los casos de robos en el transporte público han aumentando.

No cabe la menor duda que la actual guerra contra las pandillas, ordenada por Bukele, tendrá efectos temporales muy limitados. Ante el inminente fracaso, Bukele intentará iniciar acciones que probablemente conduzcan a una masacre de jóvenes que viven en condiciones de marginalidad social.

Inflación y Salarios insuficientes

Otro factor determinante a favor de Bukele, ha sido la aprobación de algunos aumentos y nivelaciones salariales a los empleados públicos, y la eliminación de impuestos a los combustibles. No obstante, el pueblo empieza a resentir los elevados precios de los productos de la canasta básica,  mientras los  salarios son insuficientes para cubrirlo. La crisis económica y la inflación se agudizan cada día más, y al gobierno se le dificulta obtener fondos para su funcionamiento, lo cual pone en riesgo salarios y prestaciones de los trabajadores del sector público, donde ha obtenido por el momento cierto apoyo.

No es una casualidad que, utilizando el régimen de excepción, Bukele ha perseguido y encarcelado a algunos dirigentes sindicales, sobre todo en aquellos sindicatos que son muy críticos. Es necesario el fortalecimiento y unidad de las organizaciones sindicales de los trabajadores públicos y privados, para exigir también una nivelación salarial para los trabajadores de la empresa privada, y estar listos para defender a los dirigentes sindicales.

Bukele tiene el camino preparado para  la reelección

A partir de obtener mayoría calificada dentro de la Asamblea Legislativa, Buekele inició un acelerado proceso de centralización del poder en torno a su persona. Al destituir magistrados, sin proceso previo y violentado la Constitución, asumió el control del órgano judicial y de la Fiscalía General de Republica, todos los poderes e instituciones del Estado están bajo el control directo de Bukele, lo que abre las puertas a un nuevo tipo de dictadura, que se apoya en la manipulación del descontento popular, pero sobre todo en la FAES y la PNC.

El control de la Asamblea Legislativa le ha servido a Bukele para aprobar leyes o cambiarlas a su favor, como la aprobación del estado de excepción y su prorroga. En el contexto del régimen de excepción están suprimidas garantías y derechos constitucionales como:  libertad de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, derecho a la defensa y a un debido proceso, unido a ello también están siendo encarcelados líderes sindicales críticos al gobierno e inclusive líderes sindicales que dan su apoyo al gobierno

No en vano en su informe de los tres años de gobierno, Bukele manifestó: “… la anterior Sala ya hubiera declarado inconstitucional el régimen de excepción y las reformas a las leyes contra pandillas (...) y muchos de los viejos jueces hubieran dejado libres a muchos (de los capturados)".

En el fondo, al manipular el tema de la seguridad, Bukele está creando las condiciones para la instauración de una nueva dictadura, que pasa por imponer la reelección presidencial. Conforme el artículo 152 de la Constitución de 1982 y sus reformas,  Bukele  no podría reelegirse: … No podrán ser candidatos a Presidente de la República: 1ºEl que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses,…consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial;…El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de  consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la Presidencia.

No obstante, copiando a Daniel Ortega y a Juan Orlando Hernández, esta prohibición  ha quedado aparentemente superada  por una sentencia espuria de la nueva Sala Constitucional impuesta, con fecha 3 de septiembre del 2021, la que autorizó la reelección presidencial inmediata, lo que podría facilitarse por el control de Bukele sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A dos años para que finalice la   gestión de  Bukele, ya existen grupos que están promoviendo la reelección presidencial. Lo único que puede detener la instauración de una nueva dictadura, y la posible reelección de Bukele, es la unidad de acción del conjunto de la oposición y la movilización independiente de las fuerzas sindicales y populares

Trabajadores  y sindicatos continúan esperando reforma de pensiones

Durante su campaña, y ya electo Presidente, Bukele ha prometido mejorar las pensiones. Esta es una demanda muy sentida entre los trabajadores. La clase trabajadora y los sindicatos continúan exigiendo la eliminación de las Administradoras de Fondos Pensiones (AFP) y la renacionalizacion bajo control de los trabajadores y una pensión digna.

Dentro de las organizaciones sindicales existe el bloque Unidad Sindical Salvadoreña (USS) liderada por Ricardo Monge y Jaime Avaló, que tácticamente han dado su apoyo crítico a Bukele, reconociendo algunos aspectos positivos  de la gestión en ester tercer año de gobierno, manifestando: “… respaldamos totalmente la gestión del Presidente Nayib Bukele y todo el trabajo que ha hecho en estos tres años” (DES. 2/06/22)

Aunque Bukele enarbole y manipule reivindicaciones muy sentidas, como las pensiones, los sindicatos deben tener una visión critica y actuar siempre de manera independiente, exigiendo a Bukele que cumpla sus promesas, pero no se le debe dar un cheque en blanco.

Se estancó la lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción fue unos de los principales ejes de campaña presidencial de Bukele. En su momento propuso   la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), la que  fue creada el 6 de septiembre de 2019, dicha comisión dio avisos ante la Fiscalia General  de unos 12 posibles casos de corrupción de funcionarios del actual gobierno, lo cual no  fue del agrado de Bukele. Apenas impuso al nuevo Fiscal, se anunció la finalización del  Convenio el 4 de junio de 2021, disolviéndose  la CICIES. Actualmente el gobierno mantiene en reserva  mucha información respecto al manejo de los fondos. La corrupción y la Impunidad bajo el gobierno de Bukele es una realidad que debe ser investigadas y castigadas.

Con organización, unidad de acción  y movilización, derrotaremos al Bukelismo

En su tercer año de gobierno, Bukele  ha acentuado las características de un régimen  Bonapartista, usando el poder judicial para  persiguir, encarcelar a miembros de partidos de la  oposición parlamentaria provenientes de ARENA y del FMLN-FPL, y  a dirigentes de partidos políticos en formación  y a miembros disidentes de mismo  partido Nuevas Ideas.  En las entrañas del gobierno de Bukele se gesta un movimiento de organizaciones opositoras al gobierno las que  rechazan su forma de gobernar y el deterioro de la democracia burguesa.

A  nivel sindical ha existido un irrespeto a  la libre autodeterminación de los trabajadores  y de   la independencia sindical, Bukele ha tratado de controlarlas mediante la entrega condicionada de las credenciales  de las Juntas Directivas electas democraticamente. Es por ello que 250 sindicatos (DES. 2/06/22) aprueban los tres años de gestión de Bukele y admiten su posible reelección. En su mayoría son sindicatos de empleados públicos que han recibido algunas migajas económicas  y mejores prestaciones.

Para detener a la dictadura de Bukele, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todas las fuerzas políticas y sociales a la más amplia unidad de acción en defensa de las libertades democráticas. A las centrales obreras, sindicatos y organizaciones populares, los convocamos a constituir una coordinadora de lucha para defender, no solo las libertades democráticas sino, fundamentalmente, para luchar por las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores: aumento de salarios, un sistema de pensiones justo, el control de la inflación y la carestía de la vida, la independencia de los sindicatos, etc.

Centroamérica, 4 de junio del 2022

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido socialista Centroamericano (PSOCA)

Después de un largo periodo de intercambio de notas diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia, --que rompiendo las normas de la diplomacia burguesa fueron dadas a conocer al público--, en torno a la oposición de Rusia ante el inminente ingreso de Ucrania al bloque militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), finalmente Vladimir Putín, presidente de Rusia, ordenó la invasión militar contra Ucrania.

El derrumbe de la URSS y el surgimiento del imperialismo ruso

El derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991 abrió paso a un periodo de privatizaciones, saqueos y restauración capitalista en Rusia y en muchos países de Europa del Este.

Bajo el gobierno de Boris Yeltsin (1991-1998) se produjo una implosión y muchas nacionalidades que eran oprimidas por la burocracia stalinista lograron recuperar su libertad y se declararon como Estados independientes: Kazajistán,  Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Estonia, Letonia, Lituania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania.

Algunos de estos países, como Estonia, Letonia, Lituania, ingresaron a la Unión Europea y al bloque militar de la OTAN, otros aunque independientes quedaron bajo la influencia de Rusia.

Este proceso de disolución de las bases económicas y sociales de la URSS comenzó a detenerse con el arribo de Vladimir Putin al gobierno en 1999, quien instauró un régimen bonapartista recuperando algunos recursos naturales como petróleo y gas a favor del Estado, para iniciar un proceso de modernización de las fuerzas armadas y el surgimiento de Rusia como un nuevo imperialismo.

Tres décadas después del derrumbe la URSS y de los países de Europa del Este, la situación es totalmente diferente. En este periodo, de las ruinas de los antiguos Estados obreros burocráticos, como la URSS y China, han surgido dos nuevos imperialismos, que no solo han llegado tarde a la repartición del mundo, sino que para sobrevivir necesitan librar una crucial batalla contra los Estados Unidos que, aunque en decadencia, continúa siendo la potencia hegemónica a nivel mundial

Mientras China se erige como la segunda economía del mundo, pisándole los talones a Estados Unidos, Rusia se levanta como una potencia militar con un gran arsenal nuclear. El surgimiento de nuevos imperialismos da origen a una dura lucha por la hegemonía a nivel mundial.

Con el derrumbe de la URSS en 1991 se disolvieron los pactos de Yalta y Potsdam, al final de la segunda guerra mundial, cuando las potencias vencedoras (Estados Unidos y la URSS) se repartieron el mundo en áreas de influencia. Estados Unidos se garantizo su influencia sobre Europa occidental a través del aparato militar de la OTAN.

Tres décadas después, sacudiéndose el polvo de la destrucción de la URSS, Rusia puja por recuperar sus áreas de influencia en Europa del Este, Medio Oriente y Asia. Y en este proceso necesita recuperar territorios y áreas de influencia. En este proceso se han acentuado las contradicciones con Estados Unidos, quien pelea desesperadamente por mantener la hegemonía militar en el mundo. Y por ello Rusia choca contra cualquier plan de expansión de la OTAN hacia sus fronteras

La histórica lucha de Ucrania por su autodeterminación nacional

Durante siglos la nación ucraniana ha luchado por convertirse en un Estado independiente. En un largo devenir, el territorio de ucrania fue oprimida por la autocracia zarista en Rusia. El zarismo era una cárcel para muchas nacionalidades. La revolución bolchevique de 1917 abrió la oportunidad para que estas nacionalidades oprimidas fuesen libres, soberanas e independientes.

Los bolcheviques aplicaron al pie de la letra el principio de la autodeterminación de las nacionalidades, incluso reconociendo el derecho de estas a la separación de Rusia. Fue así que en 1918 reconocieron la separación de Finlandia como país independiente. Pero al mismo tiempo que reconocían el derecho a la autodeterminación y separación, también impulsaron la federación, en condiciones de igualdad, de las diversas nacionalidades, dando origen, al finalizar la guerra civil (1918-1921) al surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1922.

Después de la prematura muerte de Lenin en 1924, el stalinismo representó la contrarrevolución interna al interior de la URSS y el surgimiento de una casta burocrática que abandonó la política bolchevique de respeto al derecho de autodeterminación de las nacionalidades, y restauró el centralismo y el nacionalismo gran ruso. Muchas nacionalidades, especialmente Georgia y Ucrania, sufrieron un retroceso en la conquista de sus derechos nacionales.

La dictadura burocrática del stalinismo, que resucitó la opresión zarista, provocó que una parte de las masas ucranianas, especialmente del occidente de Ucrania,  apoyaran la invasión  nazi a la URSS en 1941. La situación de opresión sobre ucrania y otras nacionalidades dentro de la URSS bajo el stalinismo se mantuvo constante hasta el derrumbe de la URSS en 1991, cuando muchas nacionalidades aprovecharon el caos para separarse e independizarse. Algunas llegaron a formar parte de la Federación Rusa, otras conquistaron su independencia, como Georgia y Ucrania en 1991.

Putin critica a Lenin

Para justificar la invasión militar a Ucrania, Putin ha tenido que criticar la política de Lenin sobre la autodeterminación de las nacionalidades. Incluso, Putin confundió mal intencionadamente la política de Lenin con la de Stalin, siendo diametralmente opuestas.

Putin le niega a Ucrania el derecho a ser una nación independiente. Sin el menor rubor, Putin dijo: “(…) Controlar el flujo de pensamiento es bueno, pero este pensamiento debe traer un resultado correcto, y no como hizo Vladímir Ilich. Porque como resultado su pensamiento llevó a la caída de la Unión Soviética. Hubo muchas ideas incorrectas: la creación de autonomías nacionales, etcétera. Pusieron una bomba atómica bajo el edificio llamado Rusia y esta, finalmente, explotó" (RT 21/02/2022)

En otro discurso, Putin criticando la arquitectura de la URSS dijo que: “(…) Las fronteras se definieron de manera absolutamente arbitraria y no siempre justificada (…) Donbass, por ejemplo, fue transferida a Ucrania con el pretexto de aumentar el porcentaje del proletariado en Ucrania para obtener un apoyo social más fuerte allá. Un sinsentido" (BBC 27/01/2022)

Mas adelante, en otro discurso para justificar la invasión a Ucrania, reiteró que  “(…) La Ucrania contemporánea ha sido enteramente creada por la Rusia comunista bolchevique (… ) Lenin les dio a esas repúblicas el derecho a salir del Estado unificado sin la mínima condición (…) Los nacionalistas, sobre todo los de Ucrania, se atribuyen el mérito de la independencia (…) son los errores estratégicos históricos... de la dirección bolchevique y de la dirección del PCUS, los que han conducido al hundimiento de nuestro país”. (La vanguardia, 24/02/2022)

Putin añora la gran Rusia imperial. En lo único que tiene razón Putin es que, efectivamente, la política de los bolcheviques de respetar el derecho de autodeterminación de las naciones, permitió crear nuevos Estados, entre ellos Ucrania, y que llegaron a formar parte de la antigua URSS. Fue el abandono de la política de Lenin, bajo la dictadura de Stalin, lo que creo el centralismo y como contra fenómeno incentivó los nacionalismos que explotaron con la desintegración de la URSS en 1991.

Las contradicciones de la Ucrania independiente

Desde su creación como Estado independiente en 1991, Ucrania se mantuvo, con muchas contradicciones, bajo la influencia de la nueva Rusia hasta el año 2013 que se inició una revolución democrática contra el gobierno de Víctor Yanukovich, aliado de Rusia, quien se oponía al ingreso de Ucrania a la OTAN. Yanukovich fue destituido en febrero del 2014.

La revolución democrática del 2013 contra el autoritarismo de Yanukovich, terminó siendo controlada por los grupos nacionalistas de ultraderecha, proclives a aliarse con Estados Unidos y Europa contra sus tradicionales opresores rusos.

El análisis de Henry Kissinger

Recientemente, Henry Kissinger, uno de los más brillantes estrategas del imperialismo norteamericano, escribió sobre las contradicciones propias de la Ucrania independiente.

Kissinger reconoce que hay dos zonas en Ucrania: el “(…) Occidente es mayoritariamente católico; el este es en gran parte ortodoxo ruso. En el oeste se habla ucraniano; en el este habla principalmente ruso. Cualquier intento de un ala de Ucrania de dominar a la otra, como ha sido el patrón, conduciría eventualmente a una guerra civil o una ruptura. Tratar a Ucrania como parte de una confrontación Este-Oeste hundiría durante décadas cualquier posibilidad de llevar a Rusia y Occidente, especialmente Rusia y Europa, a un sistema internacional cooperativo”.

“(…) Estados Unidos necesitan evitar el tratamiento de Rusia como un aberrante al que debe enseñársele pacientemente las reglas de conducta establecidas por Washington. Putin es un estratega serio, montado sobre premisas de la historia rusa. (…)”

Y concluye que: (…) Ucrania no debiera unirse a la OTAN, una posición que asumí hace siete años, cuando se trató el punto por última vez. (…) Es incompatible con las reglas del orden mundial existente que Rusia se anexe Crimea. Pero debiera ser posible poner la relación de Crimea con Ucrania sobre una base menos tensa. Con ese fin, Rusia reconocería la soberanía de Ucrania sobre Crimea. Ucrania debiera reforzar la autonomía de Crimea en elecciones celebradas en presencia de observadores internacionales. El proceso incluiría eliminar cualquier ambigüedad sobre el estado de la Flota del Mar Negro en Sebastopol. (…)

El consejo de Kissinger es claro: la parte oriental de Ucrania es tradicionalmente prorrusa y debe permitirse o legalizarse la influencia de Rusia sobre esta parte de Ucrania.

La invasión: una “operación militar especial”

Kissinger coincide con las aspiraciones de Putin, quien reconoció las repúblicas de los separatistas prorruso en Donetsk y Lugansk, región del Donbás, y ordenó la invasión bajo la forma de una “operación militar especial” para protegerlos.

En realidad, por el comportamiento del ejército ruso, la invasión no pretende anexar Ucrania a Rusia, sino debilitar la capacidad ofensiva y defensiva del pequeño ejercito ucraniano, destruyendo su infraestructura militar, poner de rodillas al gobierno de Volodímir Zelenski, obligarlo  a negociar en condiciones humillantes la no incorporación a la OTAN y la  autonomía del este de Ucrania (como lo propone Kissinger) para que esa zona quede bajo influencia de Rusia, garantizando el libre tránsito de la flota rusa en el mar negro y su salida al mar mediterráneo.

Evidentemente, Putin llegara tan lejos como la situación se lo permita. Todo dependerá de la evolución de la guerra, de la resistencia de las masas de ucrania y de la correlación de fuerzas a nivel mundial.

Para justificar la invasión, Putin ha declarado que "Ucrania dispone de tecnología nuclear soviética y de los medios de lanzamiento de dichas armas, incluida la aviación y los misiles Tochka-U, también de diseño soviético, con un alcance de más de 100 kilómetros. Pero harán más, es solo cuestión de tiempo. Hay conocimientos de la época soviética. Por lo tanto, será mucho más fácil para Ucrania conseguir armas nucleares tácticas que para otros Estados, que no nombraré ahora, que realmente llevan a cabo tales desarrollos, especialmente en caso de apoyo tecnológico desde el extranjero. Y tampoco debemos descartar esto” (RT 21/02/2022)

Por eso el ejercito ruso, con el pretexto de apoyar a los rebeldes del Donbás, está destruyendo toda la infraestructura militar, para abortar la posibilidad de que un ejercito hostil se desarrolle en las fronteras y área de influencia de Rusia. Putin ha llamado a los militares ucranianos que tomen el poder, y aboga por una negociación en caliente, es decir, mientras se producen los combates, la cual ya ha comenzado en Bielorrusia sin que ambas partes den a conocer los objetivos de la negociación, y cuyos resultados son difíciles de prever.

La constante expansión de la OTAN

Putin se ha quejado que Estados Unidos no cumplió su palabra de no extender la OTAN a los países de Europa del Este, que estuvieron bajo la influencia de la URSS.

Sin lugar a dudas, Estados Unidos, un imperio aquejado por una enorme crisis, trata de tomar ventajas de cualquier debilidad de Rusia. Para Estados Unidos es imperativo detener el rearme y modernización del Ejército ruso y por eso ha incluido nuevos países en la OTAN. En 1999, la República Checa, Hungría y Polonia  se unieron a la OTAN. En 2002 se unieron Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, estrechando el cerco militar sobre Rusia

La repuesta del imperialismo norteamericano y sus aliados

Ante la invasión de Rusia contra Ucrania, el imperialismo norteamericano y europeo iniciaron una ofensiva mediática contra el “autoritarismo” de Putin, y decretaron una seria de sanciones contra bancos y empresas rusas, la desconexión del sistema SWFIT (Society for World Interbank Financial Telecommunication), congelación de activos de la elite rusa, y sanciones contra el propio Putin y varios miembros de su gobierno.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha declarado que “(…) Putin quiere restablecer la antigua Unión Soviética. Y esa ambición es completamente contraria al lugar en el que está hoy el mundo”, (El País, 24/02/2022) en una clara alusión a que Rusia pretende recuperar el área de influencia que tuvo la URSS. Es importante recalcular que la guerra de Rusia en Chechenia (1994-1996) y (1999-2009), así como la intervención militar directa de Rusia en la guerra civil en Siria, son dos claras muestras que el imperialismo ruso puja por recuperar sus áreas de influencia.

“(…) Vamos a frenar la capacidad de Rusia de financiarse"(Efe, 24/02/2022) insistió Biden. Las sanciones son bloqueos financieros parciales contra la elite rusa, o contra Rusia.

No obstante, desde hace varios años Rusia, al igual que China, esta impulsando una política de sustitución de importaciones para reducir la dependencia del comercio con Estados Unidos. El bloqueo impulsado por Estados Unidos y Europa puede tener un efecto de boomerang contra la economía de estos dos imperialismos, y un efecto recesivo sobre la economía mundial.

Una política revolucionaria para Ucrania

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores y jóvenes del mundo a movilizarse en contra de la invasión rusa contra Ucrania.

1. Fuera las tropas rusas de Ucrania, apoyo material y militar para la defensa de la soberanía de Ucrania. Llamamos a los soldados rusos a desertar y a los trabajadores de Rusia a oponerse a esta guerra expansionista.

2.- Defendemos el derecho de Ucrania a ser una nación libre e independiente, pero esta independencia está en peligro o será una ficción si Ucrania se convierte en una semicolonia de cualquiera de los imperialismos en disputa, sea Rusia, Estados Unidos o la Unión Europea.

3. De igual manera, así como nos oponemos a la invasión de Rusia, defendemos el derecho de las regiones orientales de Ucrania que deseen anexionarse a Rusia, siempre y cuando las decisiones la tome la mayoría del pueblo por medio de métodos democráticos, así como permanecer dentro de Ucrania con la autonomía y derechos democráticos necesarios.

4. Nos oponemos a que Ucrania forme parte de la OTAN o de una alianza militar con Rusia. Llamamos a luchar por una Ucrania neutral e independiente.

5.- Llamamos a las trabajadores y jóvenes de Ucrania a continuar la revolución democrática que quedó interrumpida en 2014, cuando los grupos ultraderechistas tomaron el control y conquistaron el poder. La única manera de garantizar la real independencia e integridad territorial de Ucrania es que los trabajadores y las masas populares constituyan su propio gobierno.

6. Cualquier negociación del gobierno de Volodímir Zelenski con Rusia debe ser publica, de cara a las masas de ambos países, y ningún acuerdo puede tener vigencia si no es refrendo por la voluntad popular democráticamente expresada.

7. Llamamos a expulsar a las tropas rusas y convocar inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente que discuta y resuelva la reorganización del Estado, y permita la coexistencia pacifica de los diferentes grupos y comunidades, tanto el occidente y oriente de Ucrania.

8. La independencia y existencia de Ucrania como Estado moderno, solo podrá ser garantizada por un gobierno de los trabajadores y las masas populares.

Centroamérica, 28 de febrero del 2022

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)