Han trascurrido más de 8 meses, desde aquel 19 de abril del año 2018, cuando el gobierno Ortega-Murillo decidió masacrar la protesta estudiantil, provocando un masivo levantamiento popular que estuvo en condiciones de imponer un cambio de gobierno. Muchos acontecimientos importantes han ocurrido en estos meses. El cambio de la situación, el aplastamiento de la insurrección desarmada, puede hacernos olvidar las principales lecciones de estas gloriosas jornadas de lucha.
1.- Estallido social y ofensiva revolucionaria de las masas
En ese momento, después de soportar durante 11 años un régimen bonapartista que se transformaba rápidamente en una dictadura, finalmente las masas rompieron las cadenas de la opresión y estaban a la ofensiva, mientras la dictadura se colocaba a la defensiva. De repente se abrió una situación revolucionaria en donde estuvo a la orden del día el problema de quien detentaría el poder.
En las calles, la mayoría de la población exigía la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, reflejando una creciente radicalización de la clase media y los sectores populares. Las marchas contra el gobierno agrupaban a decenas de miles de manifestantes enardecidos.
1.1.- La ACDJ y el Dialogo Nacional: el fracaso del “aterrizaje suave”
Los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) antiguos aliados estratégicos del gobierno Ortega-Murillo, dieron un bandazo, se pasaron a la oposición, y temerosos de ser desbordados por el movimiento de masas, impulsaron la creación de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) con algunos sectores de la sociedad civil y diversas organizaciones estudiantiles que fueron creadas al calor del estallido social.
El principal propósito de la ACDJ era imponer una negociación política al gobierno Ortega-Murillo, a través de un Dialogo Nacional, con el objetivo de lograr el llamado “aterrizaje suave”, es decir, la salida voluntaria del matrimonio presidencial, para convocar a elecciones anticipadas y que todo volviese a la normalidad. En pocas palabras, lograr la transición hacia un sistema político basado en las instituciones represivas del orteguismo, pero sin la odiada figura de la pareja presidencial.
Presionado por la movilización en las calles, el gobierno Ortega-Murillo accedió a convocar al Dialogo Nacional, aceptó que la Iglesia Católica fuese la mediadora, realizó todo tipo de maniobras para ganar tiempo, esperando señales de cansancio de las masas.
Pero el “aterrizaje suave” fue abortado, no tanto por la obcecación de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se resistían a hacer concesiones, sino por la movilización de masas que impidió la concretización de los acuerdos secretos entre la dictadura y los principales grupos económicos y la oligarquía financiera y bancaria.
1.2.- El rol de dirección de los movimientos sociales
Tras 11 años de control absoluto sobre la sociedad, el régimen bonapartista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no solo habían establecido las bases de una dictadura dinástica, ilegalizando a los partidos políticos opositores, destituyendo a sus diputados, sino que había mantenido arrinconados a los movimientos sociales, con las únicas excepciones del movimiento campesino anti canal y de algunos movimientos feministas, los que había logrado desarrollar importantes movilizaciones.
El estallido social o insurrección de abril generó un amplio proceso de auto organización de las masas, especialmente del sector estudiantil, que durante décadas había estado bajo el control absoluto de la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria (UNEN).
Antes de abril se había conformado discretamente la Articulación de Movimientos Sociales (Articulación), que agrupaba a la mayoría de ONGs y movimientos sociales. Ante la ausencia de sindicatos de trabajadores beligerantes, y de la inexistencia de fuerzas y grupos de izquierda, el vacío de dirección fue llenado por los movimientos sociales. Una parte de este vigoroso proceso de autoorganizacion fue captado por los movimientos sociales que participaban en la ACDJ, pero la mayoría de estos movimientos sociales, engrosados con la movilización popular, se organizaron alrededor de la Articulación, que se convirtió en los hechos en la dirección de las movilizaciones que tumbaron el “aterrizaje suave”.
En este proceso de fortalecimiento de la Articulación, debemos anotar que los aparatos de los ONGs fueron rebasados por el refrescante proceso de auto organización de las masas en los territorios y en los diversos sectores sociales. Este espontaneo proceso de autoorganizacion de las masas encerraba, no obstante, una enorme debilidad: carecía de una dirección centralizada. Por su propia naturaleza, los movimientos sociales no son conspirativos ni centralizados, características que se convertían en debilidad al momento de enfrentar al aparato represivo de la dictadura orteguista.
Con todas las cualidades y debilidades anotadas, la Articulación no solo se convirtió en el aglutinante del proceso de auto organización de las masas, sino también el objetivo principal de la represión de la dictadura.
1.3. El aplastamiento de la insurrección desarmada
La instalación del Dialogo Nacional fue una maniobra distractora de la dictadura. Duro solo un mes, del 16 de mayo al 16 de junio. El inicio del Dialogo Nacional coincidió con un proceso de establecimientos de tranques (barricadas en las carreteras y caminos) y con barricadas en las principales ciudades.
Los meses de mayo y junio reflejaron el proceso culminante de una insurrección popular desarmada, que se enfrentaba sin armas al aparato represivo de la dictadura, y que tenía como únicas armas los morteros caseros, los tranques y barricadas, que llegaron a semiparalizar la economía.
En la medida en que se acrecentaba la represión, los tranques y barricadas se convirtieron en el baluarte de la insurrección. La autoorganización popular giraba en torno a la defensa de los tranques y barricadas. Las ciudades o barrios liberados se defendían con tranques y barricadas. Este proceso reflejó un incipiente poder dual que no llegó a desarrollarse ni centralizarse, ni a convertirse en una Junta de Gobierno Provisional, por la ausencia de una dirección revolucionaria que orientara a las masas. Incluso, en muchos casos la realidad obligó, a pesar del discurso pacifista de la ACDJ, a la creación de milicias de autodefensa, pero no llegaron a generalizarse. La destrucción de estos embriones de poder dual, junto con tranques y barricadas, se convirtió en una prioridad para la dictadura.
La terminación del Dialogo Nacional el 16 de junio, marcó el inicio de la contraofensiva militar de la dictadura orteguista contra la revolución desarmada y los tranques y barricadas. Durante un mes, hasta proclamar su victoria militar en la celebración del 19 de julio, Daniel Ortega dirigió a las tropas especiales de la Policía Nacional, apoyados por grupos paramilitares encapuchados, en el proceso de aplastamiento militar y recuperación gradual de los pueblos y ciudades insurrectos, masacrando a quienes ofrecían resistencia. El objetivo era claro: destruir a balazos las expresiones de poder dual en los pueblos y ciudades.
El resultado de dos insurrecciones, la primera que fue reprimida en abril, y la segunda que se desarrolló posteriormente entre mayo y junio, y que fue aplastada militarmente entre junio y julio, fue de más de 500 muertos, más de 2,000 heridos y centenares de desaparecidos.
1.4.-Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea cerraron los ojos
Mientras duró la fase de ascenso revolucionario de las masas, la actitud del gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como de la Unión Europea (UN) fue de condenar la represión y llamar al Dialogo Nacional. Las declaraciones de condena fueron subiendo de tono conforme se conocieron los resultados oficiales de la misión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), pero en este periodo, cuando más se necesitaron acciones reales que debilitasen a la dictadura orteguista y evitasen la masacre, ningún gobierno se atrevió a romper relaciones diplomáticas con Nicaragua, todos se negaron a que las sedes diplomáticas diesen asilo a los activistas perseguidos.
Todos los gobiernos del mundo apostaron a que la dictadura terminaría aceptando la auto reforma del régimen político y que tarde o temprano se materializaría la negociación política, pero al darle un margen de tiempo a la dictadura, permitieron en los hechos que esta aplastase militarmente a la insurrección desarmada, creando un cambio en la correlación de fuerzas.
Un dato alarmante de este periodo es que mientras la dictadura asaltaba militarmente a los tranques y barricas, los grandes contribuyentes (grandes grupos económicos) siguieron pagando puntualmente los impuestos, y con ello contribuyeron a que la dictadura tuviese los fondos necesarios para pagar los salarios de las tropas policiales y los grupos paramilitares.
En los hechos, no en los discursos, los gobiernos del mundo coincidieron con los grupos económicos de Nicaragua, en la necesidad de evitar el derrocamiento revolucionario de la dictadura orteguista. Todos, sin excepción, desee diferentes puntos de vista, temían profundamente a que se repitiese un triunfo revolucionario como el ocurrido el 19 de julio de 1979.
1.5.- Una oportunidad perdida.
Las posibilidades reales de que se produjese el derrocamiento revolucionario de la dictadura orteguista, estuvieron presentes durante los meses de mayo y junio, el momento más álgido de la movilización popular, cuando la dictadura estaba acorralada. Las ilusiones que la ACJD mantuvo en el Dialogo Nacional, le dio el tiempo necesario a la dictadura para recuperar el aliento.
En la fase de ascenso revolucionario, los empresarios del COSEP, AMCHAN y FUNIDES fueron muy prudentes. Presionados por las masas, fueron obligados a convocar a paros nacionales de un solo día, verdaderos lockouts. En total hubo 3 paros nacionales: miércoles 13 de junio, viernes 13 de julio y viernes 7 de septiembre. Los dos primeros paros fueron convocados en momentos de ascenso, pero el ultimo ya fue convocado en el periodo de resistencia, cuando la dinámica de las masas tendía a disminuir
Debido a la ausencia de una dirección revolucionaria, reconocida por las masas (como lo fue el FSLN en 1979), los paros nacionales se diluían en la nada. En la etapa de ascenso revolucionario, la convocatoria a un paro nacional indefinido, una verdadera huelga general, hubiera cambiado radicalmente la situación, en los momentos en que la dictadura estaba a la defensiva.
Y vino lo inevitable: el aplastamiento de la insurrección desarmada, que no contó con el apoyo material o militar de un solo gobierno. La desaparición de tranques y barricadas marcó el inicio de una fase de reflujo gradual del movimiento de masas. Después de haber realizado la labor sucia, la dictadura disolvió a los grupos paramilitares, pero la represión continuó, esta vez desde las instituciones del Estado.
2.- Se inicia el reflujo del movimiento de masas
Las masacres y la represión generalizada, ante la pasividad de la comunidad internacional, obligó a las masas a replegarse. Se abrió una nueva fase de retroceso de la movilización.
2.1.- Represión generalizada y repliegue de las masas
Una vez que la dictadura recuperó el control de los pueblos y ciudades insurrectos, la represión se centró contra los movimientos sociales agrupados en la Articulación, que eran el ala más beligerante de la movilización popular.
Como los estudiantes universitarios fueron el detonante de la insurrección desarmada, la dictadura orteguista centró la represión contra la dirigencia estudiantil universitaria, que ha sido la vanguardia de la lucha democrática. Una parte de la vanguardia estudiantil y popular ha sido asesinada, otra parte está en el exilio, otra parte ha sido capturada y procesada penalmente en juicios amañados impulsados por la dictadura.
En los últimos meses, dos movimientos sociales han sido duramente golpeados o desarticulados: las nuevas organizaciones estudiantiles universitarias que surgieron después de la masacre del 19 de abril, y el Movimiento Campesino anticanal que durante años fue el baluarte de la movilización popular.
El descenso de la actividad de las masas fue gradual, pero con una tendencia muy marcada hacia la desmovilización total. Aun así, hubo pequeñas marchas que fueron nuevamente atacadas a balazos, hasta que finalmente cesó la movilización popular. Ortega impuso a sangre y fuego un cambio en la correlación de fuerzas, iniciándose la fase de retroceso en la movilización popular.
Para consolidar los avances obtenidos, en el mes de octubre la dictadura prohibió cualquier tipo de manifestación pública, violentando abiertamente las libertades democráticas consagradas en la Constitución. Las personas que en solitario marcharon con banderas de Nicaragua para desafiar a la dictadura, fueron encarceladas y enjuiciadas bajo la acusación de terrorismo.
2.2.- Crisis de la ACDJ, golpes a la Articulación y surgimiento de la UNAB
El reflujo de la movilización popular metió en crisis a los movimientos sociales que participaban en la ACDJ, golpeando con especial énfasis a la Articulación, ya que está organización registrada la mayor cantidad de dirigentes muertos, presos o en el exilio.
Incluso, el retroceso de las masas hizo también retroceder a los empresarios del bloque COSEP-AMCHAM-FUNIDES a las posiciones originales del “aterrizaje suave”. En estas condiciones, a inicios de octubre se conformó la Unidad Nacional “Azul y Blanco” (UNAB) como una alianza entre la ACDJ y la Articulación, más otros grupos independientes. Los empresarios se negaron a participar, por considerar que estaba dominada por “grupos de izquierda” y en los hechos boicotearon cualquier posibilidad de realizar acciones conjuntas para desarrollar la movilización popular. La UNAB nació moribunda, en medio de la desmovilización popular.
3.- La estrategia de la dictadura Ortega-Murillo: prolongar el conflicto para crear una nueva negociación favorable
En estos meses de lucha la estrategia de la dictadura Ortega-Murillo ha sido muy clara. Durante el periodo de ascenso revolucionario de las masas, se colocó a la defensiva y convocó a Dialogo Nacional, para entretener a la ACDJ. Después, cuando lo consideró oportuno, rompió el Dialogo Nacional e inició una brutal contra ofensiva militar contra los tranques y barricadas, masacrando a los luchadores populares.
A partir del aplastamiento de la insurrección desarmada, la dictadura Ortega-Murillo considera que puede resistir hasta el año 2021, cuando termina el periodo presidencial. A pesar que hace concesiones parciales, aquí o allá, en el fondo procura resistir el mayor tiempo posible para reanudar la negociación política en condiciones más favorables.
La dictadura trabaja afanosamente para crear condiciones para una nueva versión de Dialogo Nacional, pero esta vez con los viejos partidos políticos aliados del régimen y directamente con las cámaras empresariales, apartando a organismos como la ACDJ, la Articulación y la UNAB. Sin la presencia de las masas en las calles, estas fuerzas reaccionarias pretenden negociar reformas mínimas al régimen político para crear un orteguismo sin Ortega-Murillo.
Pero la instalación de una nueva mesa de negociaciones no es asunto fácil. Recientemente el informe de la CIDH catalogó las masacres en Nicaragua como “crímenes de lesa humanidad”. Las sucesivas condenas de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos, crean un panorama adverso a la dictadura Ortega-Murillo, a pesar del triunfo parcial obtenido al haber aplastado la insurrección desarmada. La dictadura está aislada, apoyada únicamente por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
3.1.- La base económica de la resistencia dictatorial: las interrelaciones con el ALBA-TCP
¿Cuál es el origen de la enconada resistencia de la dictadura Ortega-Murillo para reformar el régimen político? En estos 11 años de gobierno sandinista, se produjo un acelerado proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capital, a partir del convenio petrolero con Venezuela, que redituó en un monto de alrededor de 5,000 millones de dólares.
Para manejar discrecionalmente semejante cantidad de dinero, Ortega-Murillo asaltaron todas las instituciones del Estado, y establecieron primero un régimen bonapartista y después una dictadura cuyos principales sostenes son el Ejército y la Policía Nacional. Esta última dejó de ser un organismo civil para convertirse en un pequeño ejército paralelo, encargado de ejecutar la represión contra el pueblo.
Con ese cuantioso capital proveniente del acuerdo petrolero con Venezuela han podido montar los monopolios en energía e hidrocarburos, así como otras redes de empresas, Ortega-Murillo.
La dictadura Ortega-Murillo tiene participación en un enorme conglomerado de negocios transnacionales que se han creado bajo la sombra del ALBA-TCP, cuyo principal sostén es la riqueza petrolera y minera de Venezuela.
El ALBA-TCP fue creado por Hugo Chávez en el año 2004 como una alternativa ante el ALCA promovido por Estados Unidos. El ALBA-TCP fue justificado con el discurso y la ideología latinoamericanista del libertador Simón Bolívar.
Sin embargo, lo que ocurrió en la realidad fue algo diferente. De la misma que a nivel interno de Venezuela, el chavismo utilizó la riqueza petrolera para consolidar su base social y su clientela electoral, a nivel latinoamericano los convenios petroleros fueron utilizados para atraerse aliados, especialmente a los Estados más pobres o pequeños.
Venezuela es altamente dependiente de los precios del petróleo y de las compras de productos en el extranjero. El chavismo en vez de modificar ese esquema de dependencia del petróleo y de subsidiar su agricultura y su propia industrialización, prefirió montar una red de negocios con la burguesía de otros países, ayudando a crear su propia “Boliburguesía”.
El subsidio petrolero a los países que conforman parte del ALBA-TCP forma parte de esa red de negocios transnacionales, por medio de la cual la Boliburguesía ha sacado enorme cantidad de recursos de Venezuela, invirtiendo en otros países, como Cuba y Nicaragua, países seguros donde sus inversiones teóricamente no corren ningún riesgo. En la última década se ha producido una interrelación económica entre los países que forman parte del ALBA-TCP. Los intereses económicos de Venezuela en Nicaragua, son cruciales tanto para la Boliburguesia como para la burguesía sandinista. La interrelación económica se transforma en interrelación o dependencia política.
Un abrupto cambio de gobierno alteraría este esquema de negocios, por ello la dictadura Ortega-Murillo cierra filas con Venezuela, y no se atreve a realizar una negociación por separado que ponga en peligro la red de negocios transnacionales creados bajo la sombra del ALBA-TCP.
3.2. Las sanciones de Trump pretenden retomar la iniciativa política e incidir en la conformación de un nuevo gobierno
Desde el estallido revolucionario de abril del 2018 en Nicaragua, la administración Trump manejó una política prudente, dándole tiempo a la dictadura para que iniciase la reforma del régimen político.
Pero la dinámica de los acontecimientos en Nicaragua, aceleró los planes del imperialismo norteamericano. El pasado 1 de noviembre del 2018, John Bolton, asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) del gobierno de Estados Unidos, anunció nuevas sanciones económicas contra dos países del ALBA-TCP, específicamente contra Cuba y Venezuela, pero hizo una excepción con Nicaragua, abriendo un compás de espera. Tres semanas después, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva, catalogando al gobierno de Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, sancionando a la vicepresidenta Rosario Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad de Daniel Ortega. Las sanciones simbólicas contra el anillo de acero de Daniel Ortega, marcaron un giro en la política hacia Nicaragua.
Después de dos años y medio de discusión en el Congreso de Estados Unidos, el consenso bipartidista permitió finalmente la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, conocida como NICA ACT, la que acaba de ser sancionada por Donald Trump. Esta ley tiene efecto extraterritorial, obliga a los delegados de Estados Unidos en organismos multilaterales, como el BID y el Banco Mundial, a bloquear préstamos a Nicaragua. Además, permite enjuiciar y castigar en los tribunales norteamericanos a los funcionarios nicaragüenses señalados de corrupción y violación a los derechos humanos.
La administración Trump tiene ahora dos poderosas armas para presionar al gobierno Ortega-Murillo, con el objetivo de forzarlo a que acepte una negociación política que permita adelantar las elecciones.
Es importante señalar que la Orden Ejecutiva de Trump y la NICA ACT no se produjeron cuando estaba la fase de ascenso revolucionario, o cuando Ortega estaba asaltando los tranques, sino que fueron creadas cuando existe un retroceso del movimiento de masas en Nicaragua, es decir, cuando ha pasado el peligro que las masas pudieran derrocar a la dictadura y establecer su propio gobierno. El imperialismo norteamericano comienza a intervenir abiertamente cuando ha pasado el peligro de un triunfo revolucionario.
El principal objetivo de estas sanciones, o de las que puedan venir en el futuro, es que Estados Unidos retome la iniciativa política, incida sobre las fuerzas opositoras, incluidos los movimientos sociales, para influir en la conformación de un nuevo gobierno, sea por medio de elecciones anticipadas o por un golpe de Estado o autogolpe. Las presiones de Estados Unidos se centran sobre el Ejército y la Policía Nacional, para que estos abandonen a la pareja presidencial y con ello permitan establecer una negociación política.
3.3. La dictadura responde intensificando la represión
Como la relación del FSLN con las masas se ha debilitado, la dictadura Ortega-Murillo ya no pueden usar con éxito el discurso antiimperialista y por eso responde a las sanciones de Estados Unidos intensificando la represión contra los movimientos sociales, revocando arbitrariamente la personalidad jurídica de organismos como CISAS, CENIDH, CINCO, POPOL-NA y otros, asaltando y silenciando los medios de comunicación independientes, (Confidencial, Canal 10, Canal 100% noticias) a quienes acusa de ser aliados del imperialismo norteamericano. Incluso, la dictadura expulsó a la CIDH, al GIEI y al MESENI, por los demoledores informes sobre violación de derechos humanos.
Desde el mes de julio en adelante en Nicaragua se vive un Estado de Excepción en los hechos, por medio del cual se han anulado progresivamente los derechos constitucionales y las libertades democráticas, con el objetivo de evitar un reinicio de las movilizaciones.
3.4. El ajuste sigue pendiente
Bajo esta tensa situación de represión generalizada, continúa exacerbándose la crisis económica, situación que ya venía produciéndose antes de la insurrección de abril, pero que se ha agudizado desde entonces. Todos los indicadores económicos están a la baja.
Sigue pendiente la solución al desfinanciamiento del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Los recortes al presupuesto nacional anuncian nuevos despidos en sector público, y la quiebra generalizada de pequeños negocios, lo que elevará los niveles de desempleo Las inevitables medidas de ajuste de la economía puede desencadenar un nuevo estallido social.
3.5.- Democracia, dictadura y antiimperialismo
No es una casualidad que Nicaragua y Venezuela están siendo gobernados por regímenes políticos similares, que evolucionaron del bonapartismo a dictaduras. Al disminuir los ingresos de la renta petrolera, el PSUV y su aliado el FSLN, ya no se apoyan en la movilización de masas, tienen pocas migajas que repartir, sino en las fuerzas armadas que han reprimido rebeliones populares en sus respectivos países.
Los gobiernos dictatoriales de Nicaragua y Venezuela, ya no representan los intereses del conjunto de la nación, sino los intereses específicos de sectores burgueses emergentes, que para mantener y defender los procesos de acumulación de capital han tenido que limitar las libertades democráticas y recurrir a la dictadura.
Entonces, se nos presenta una terrible ironía de la historia: gobiernos supuestamente “socialistas” y de “izquierda” reprimen salvajemente el descontento popular, echándole la culpa al imperialismo norteamericano de promover las “guarimbas” en Venezuela y un “golpe de Estado” en Nicaragua.
Bajo ese esquema, el descontento y las rebeliones sociales no son producto de la crisis económica y de la ausencia de libertades democráticas, sino que son fraguadas por un complot perverso del imperialismo norteamericano. Esta teoría de la conspiración, que repite una buena parte de los partidos reformistas de izquierda (que en su mayoría reciben fondos “solidarios” del chavismo) no solo justifica y glorifica a los gobiernos dictatoriales de Nicaragua y Venezuela, sino que embellece la postura hipócrita del imperialismo al cederle plenamente las banderas de la democracia.
Esta visión simplista y maniquea del chavismo y del sandinismo, pretende encubrir una contradicción fundamental: la lucha antimperialista es esencialmente una lucha democrática. Es absolutamente falso que el antimperialismo niega la lucha por la democracia. Al contrario, están íntimamente ligadas. Entre más amplia es la democracia, las masas tienen mayores posibilidades de desarrollar luchas y una movilización independiente, no solo para defender sus intereses particulares y auto determinarse ante la burguesía, sino para constituirse como la vanguardia de la nación oprimida, en la lucha por conquistar y sostener la verdadera independencia política en relación al imperialismo.
La crisis del sistema capitalista en Nicaragua y Venezuela niega los derechos democráticos, por eso la defensa de los mismos se transforma en una lucha contra el sistema, adquiere un carácter transicional.
Sin lugar a dudas, cada vez que se produzcan revueltas populares, el imperialismo intervendrá de múltiples formas para pescar en rio revuelto. La administración Trump pretende convertirse en campeona de la defensa de las libertades y derechos democráticos, con el claro objetivo de debilitar a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, con el propósito de sustituirlos por gobierno cipayos.
Otro error que comete la izquierda reformista es amarrar la defensa de la independencia política con el destino de los actuales gobiernos dictatoriales en Nicaragua y Venezuela. La lucha antiimperialista no depende de la suerte de alguna dictadura, sino de la movilización independiente de las masas. Darle la espalda a las masas que luchan por sus derechos democráticos, debilita la lucha antiimperialista.
3.6. Las ineficaces sanciones de Trump
Las sanciones imperialistas de Estados Unidos, producidas en diferentes momentos, contra altos funcionarios del gobierno de Venezuela y de Nicaragua, abren un debate en torno a cuál debe ser la actitud de los revolucionarios.
En el caso particular de Nicaragua, la Orden Ejecutiva de Trump y la NICA ACT se limitan a restringir préstamos internacionales y a sancionar a altos funcionarios de gobierno. Estas últimas son medidas simbólicas y de poco efecto práctico. La reducción de préstamos puede tener efectos en la economía, pero no pone en peligro de caída inmediata a la dictadura. El 95% del presupuesto nacional de Nicaragua, se recauda de los grandes contribuyentes, es decir, de los grandes grupos económicos, quienes siguen pagando puntualmente los impuestos.
Los socialistas centroamericanos repudiamos las ineficaces sanciones de la administración Trump y la vigencia de la NICA ACT porque crean la ilusión nefasta que no es la lucha de las masas en las calles sino Estados Unidos quien va a resolver el problema, y porque en la realidad no ayudan a la lucha democrática, sino que solo pretenden tener mayor injerencia política para inmiscuirse y arrebatar a las masas la capacidad de decidir democráticamente la composición de un futuro gobierno.
La solidaridad internacional es necesaria, pero no debe confiarse en la diplomacia burguesa, sino en la desinteresada solidaridad de los sindicatos y demás movimientos sociales. Necesitamos medidas reales que ayuden a las masas en resistencia a derrocar a la dictadura, como la ruptura de relaciones diplomáticas, el cese de cualquier abastecimiento militar, ejercer presión internacional para la liberación de los más de 700 presos políticos, y brindar apoyo material a las víctimas de la represión y a las organizaciones que luchan contra la dictadura.
4.- Organizar la resistencia popular hasta derrocar a la dictadura y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
A veces el camino de la victoria está empedrado de derrotas. La vanguardia estudiantil y popular que ha estado al frente de la movilización, y que se ha visto obligada a replegarse por la represión, debe sacar las lecciones de estos 8 meses de lucha.
1.- Debemos organizar y crear condiciones para la convocatoria de un Paro Nacional Indefinido, que no dependa de la voluntad de los empresarios del COSEP-ANCHAM y FUNIDES. Para frenar la represión y lograr la liberación de los presos políticos, este paro debe ser convocado desde abajo.
2.- Para ello debemos superar la etapa de dispersión, y organizar la resistencia popular ante la brutal represión de la dictadura, rescatando la experiencia de los Comités Cívicos, en todos los barrios y centros de trabajo, de manera tal que se conviertan en un aglutinante de la comunidad.
3.- Antes las maniobras de los empresarios y del gobierno de Estados Unidos que pretenden negociar un orteguismo sin Ortega, y ante la ausencia de una dirección revolucionaria centralizada, los movimientos sociales aglutinados en la Articulación tienen el desafío de crear una alternativa política que haga frente a las nuevas versiones del aterrizaje suave que ya se están cocinando.
4.- La principal tarea del momento sigue siendo el derrocamiento de la dictadura, por la vía de la movilización popular, a través de un gran paro nacional indefinido, y la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.
Centroamérica, 22 de diciembre del 2018
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
