La situación política ha comenzado a cambiar en Nicaragua. Aunque la dictadura de la familia Ortega-Murillo logró aplastar militarmente a la insurrección cívica desarmada a finales de julio del año 2018, llegando a prohibir cualquier marcha o movilización popular, el descontento social y la resistencia popular han continuado.

Acuerdos que no se cumplen

El deterioro de la economía, el aislamiento internacional y la acumulación de la indignación popular obligó a la dictadura a reiniciar una nueva versión del Dialogo Nacional a inicios de marzo de este año, en las instalaciones del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), aprobando dos acuerdos, uno sobre la liberación de los presos políticos a más tardar el 18 de junio del 2019, y otro sobre la plena vigencia de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Ninguno de esos acuerdos se ha cumplido, lo que ha provocado una crisis y estancamiento en las negociaciones.

Protesta de presos políticos y vil asesinato de Eddy Montes Praslin

La bandera de la liberación de los presos políticos, verdaderos rehenes injustamente encarcelados que la dictadura mantiene como “moneda de cambio”, ha sido el punto de unificación del descontento popular.

Hace algunos días, fueron los propios presos políticos quienes iniciaron una protesta en las ergástulas de la cárcel Modelo, en la ciudad de Tipitapa, departamento de Managua, (las mimas cárceles donde estuvieron presos Daniel Ortega y otros dirigentes sandinistas antes de 1979) exigiendo que se cumpliera el acuerdo de la liberación de los presos políticos.

La protesta de presos políticos desarmados fue salvajemente reprimida a balazos, el mismo día que una delegación de la Cruz Roja Internacional realizaba una visita de inspección. El preso político Eddy Montes Praslin, ciudadano norteamericano de origen nicaragüense, fue asesinado cobardemente. Posteriormente, los custodios reventaron a palos y patadas a los presos políticos, provocando mas de 15 heridos graves.

Masivo entierro en Matagalpa

El domingo 19 de mayo, ocurrió el entierro de Eddy Montes Praslin en la ciudad de Matagalpa, convirtiéndose en la más importante manifestación popular en contra de la dictadura en los últimos meses. Miles de personas bajo la lluvia marcharon por las calles hasta el cementerio.

Los empresarios y la dictadura entendieron el mensaje, y cada quien tomó las medidas respectivas para no ser desbordados por la indignación popular.

Excarcelan otros 100 presos políticos

El día lunes 20 de mayo, un día después del masivo entierro de Montes Praslin, la dictadura ordenó la excarcelación de otros 100 presos políticos, sumando un total de 300 prisioneros excarcelados. Estos no gozan de libertad total, ya los procesos penales se mantienen activos, en realidad lo que reciben son medidas sustitutivas como casa por cárcel o convivencia familiar.

La dictadura Ortega-Murillo no otorga la libertad total porque utiliza a los presos políticos como rehenes para negociar una ley de amnistía general, en la nueva versión del Dialogo Nacional en el INCAE.

La Alianza Cívica golpea la mesa

Mientras crece la indignación popular contra los crímenes de la dictadura, la delegación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) sufre una erosión de la confianza y la credulidad política. ¿Qué sentido tiene negociar con una dictadura que incumple los acuerdos? ¿A donde conducen las negociaciones del INCAE? Estas son las preguntas que constantemente la gente formula en las entrevistas radiales y televisivas.

La dictadura Ortega-Murillo tiene una estrategia de prolongar el conflicto y las negociaciones, desgastando con ello a su contraparte: la ACJD.

El día 19 de mayo, al enterarse del asesinato de Montes Praslin, Juan Sebastian Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y miembro del equipo negociados de la ACJD, declaró lo siguiente: “Lo hemos platicado con los testigos y acompañantes. Cuando se nos informó sobre el fallecimiento estuvimos todos consternados, todos en la mesa sin saber qué hacer ante una noticia que debió haberse evitado. Por medio de testigos y acompañantes les haremos saber a la delegación del Gobierno que no estaremos en la mesa este viernes, pero no es una ruptura definitiva, queremos tomarnos el día de mañana (viernes) para evaluarlo”. (El Nuevo Diario, 19/05/2019)

La primera repuesta de la ACJD fue tibia, timorata, contemplaba solamente una suspensión de las negociaciones, siempre con un lenguaje claudicante. Pero la masiva manifestación popular en el entierro de Montes Praslin, el domingo 19 de mayo, obligó a la ACJD a realizar un abrupto viraje. Al día siguiente, mediante una nota de prensa, la ACJD oficialmente declaró que “se retira de la Mesa de Negociación hasta que el Gobierno excarcele, previo a su liberación definitiva, de los presos políticos de la lista conciliada en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja. (…) Ante esto y en vista de la proximidad del 18 de junio, fecha de liberación definitiva de todos los presos políticos, y ante los pocos avances hasta la fecha en la Mesa de Negociación por la nula voluntad política de cumplimiento por parte del Gobierno, la Alianza Cívica exige muestras de voluntad política de parte del Gobierno para el cumplimiento de los acuerdos suscritos, que permitan construir una salida pacífica y democrática a la actual crisis.”.

La dictadura se arrodilla y hace nuevas promesas

La rebelión de los presos políticos en la cárcel Modelo y el asesinato de Eddy Montes obligó también al Consejo Político de la Organización de Estados Americanos (OEA) a emitir una resolución, el pasado 21 de mayo, demandando la liberación de todos los presos políticos, permitir el reingreso del MESENI y la CIDH, garantizar el derecho de reunión y manifestación, permitir el regreso de los exiliados por motivos políticos y garantizar elecciones democráticas, justas y transparente.

La presión internacional crece contra la dictadura. Para calmar el descontento popular, al día siguiente 22 de mayo, la dictadura dio a conocer un comunicado en donde anunciaba la liberación de todos los presos políticos antes del 18 de junio, se compromete a garantizar el derecho de reunión y manifestación y suplica no impongan sanciones internacionales.

ACJD llama a un Paro Nacional

En ese mismo comunicado del día 20 de mayo, la ACJD llamó a un nuevo Paro Nacional: “(…) Igualmente, para hacer saber al Gobierno la exigencia de amplios sectores de la sociedad nicaragüense por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento a los Acuerdos ya suscritos, la Alianza Cívica convoca a los empresarios, pequeños, medianos y grandes, comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, a construir un proceso de consenso para efectuar un Paro Nacional y otras acciones cívicas, en los próximos días”.

Indudablemente, la tozudez de la dictadura Ortega-Murillo, que por las presiones internacionales se ve obligada a negociar, pero que en el fondo trata de imponer su permanencia en el poder en las negociaciones, alargando la fecha de la convocatoria anticipada de elecciones vigiladas por organismos internacionales, mete en crisis el proyecto de salida pacífica y negociada, obligándola a endurecer posiciones para contrarrestar la resistencia y las mañas de la dictadura.

De esta manera, es que la ACJD se ha visto obligada a convocar otra vez a un Paro Nacional simbólico, como lo hizo en tres ocasiones solo para no quedas descolocada ante los ojos de la población. En el periodo anterior, la ACJD convocaron a paros de un solo día el 14 de junio, el 13 de julio y el 7 de septiembre del 2018. Los paros nacionales “a cuentas gotas”, verdaderos lock out de un día de duración, no le hacen cosquillas a la dictadura.

La mayoría de las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) llamaron a sus afiliados a sumarse al nuevo Paro Nacional para el día jueves 23 de mayo del 2019.

Convertir el Paro Nacional en indefinido

Los empresarios convocaron a Paro Nacional, para ablandar la resistencia de la dictadura en la mesa de negociaciones, y porque tienen el profundo temor de un desbordamiento popular si los presos políticos no son liberados el día 18 de junio

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores públicos y de las empresas del sector privado, los grandes ausentes en esta lucha democrática, a sumarse al Paro Nacional convirtiéndolo en indefinido. Llamamos a organizar comités de trabajadores en todos los centros de trabajo, para que sean los propios trabajadores quienes tomen el control de la lucha.

No necesitamos permiso de los patrones para convocar a un Paro Nacional indefinido. Aunque los empresarios tienen contradicciones con la dictadura, los trabajadores y los sectores populares podemos luchar unidos, incluso con los empresarios, en determinados momentos, pero siempre debemos aspirar a sostener las banderas de la movilización uy de la independencia política.

Exijamos a los empresarios que dejen de pagar impuestos

Diferentes organismos de la sociedad civil, incluida la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), están llamando a la desobediencia civil y a que los empresarios se sumen a la desobediencia fiscal.

Los datos oficiales nos muestran que el 90% del presupuesto general de la republica se financia con impuestos y que solo un 10% proviene de las donaciones y prestamos internacional. Esta es la razón fundamental que permite a la dictadura soportar las presiones internacionales y mantener incólume el funcionamiento del aparato represivo del Estado, pagando los salarios de policías y paramilitares. Y dentro de la estructura de impuestos, la llamada “industria fiscal” compuesta por las grandes empresas. Es terrible, pero los empresarios siguen pagando puntualmente los impuestos y con ello mantienen con vida a la agonizante dictadura.

Lo menos que podemos exigirles a los grandes empresarios, que derraman lagrimas por la democracia y que se rasgan las vestiduras por la libertad de los presos políticos, es que sean consecuentes e inicien un paro fiscal o desobediencia tributaria, para contribuir al derrocamiento de esta sangrienta dictadura.

Llamamos a construir una alternativa revolucionaria

La lucha contra la dictadura Ortega-Murillo ha costado mucha sangre y dolor, y se ha prolongado en el tiempo, porque no existe una dirección política revolucionaria que orienta correctamente la lucha de masas.

Existen muchos sectores (estudiantes, trabajadores y campesinos) que con mucha razón desconfían de la ACJD y se preocupan por la parálisis dentro de la UNAB, a todos ellos los llamamos a unificar criterios y puntos de lucha que permitan construir una nueva dirección revolucionaria, que defienda los intereses de los trabajadores y del pueblo. Mientras los empresarios negocian elecciones anticipadas, para reformar la actual dictadura, solamente una nueva dirección revolucionaria es la que puede movilizar y conducir a las masas al derrocamiento y aplastamiento de la dictadura Ortega-Murillo y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reorganice el país en beneficio de los mas pobres.

Centroamérica, 22 de mayo del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Abajo la privatización en salud y educación, defensa de la seguridad social, aumentos salariales  y defensa de las conquistas laborales!

Este 1 de Mayo se celebrará en todos los países que conforman la nación Centroamericana bajo una situación particular.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz (Nicaragua en 1990, El Salvador en 1992 y Guatemala en 1996), bajo la ofensiva neoliberal la región en su conjunto ha experimentado un retroceso sistemático en todos los indicadores económicos y sociales, producto de la oleada de privatizaciones parciales o totales de servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad social.

Todos los Estados nacionales de Centroamérica están endeudados, con enormes déficits fiscales, ya no pueden atender las necesidades mínimas de la población. lo que ha provocado una ola de violencia, desintegración social y oleadas migratorias hacia Estados Unidos, provenientes en su mayoría de los países del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Bajo los tratados de libre de comercio, se han cerrado fábricas y empresas, golpeando de manera especial a la clase obrera industrial y debilitando con ello a los sindicatos y centrales obreras, organismos que han quedado en manos de corruptas burocracias.

Las nuevas “fábricas” que se han instalado son las maquilas, que no partan ninguna riqueza a nuestros países, y que son en realidad verdaderos centros de esclavismo industrial. Este nuevo proletariado agrupa a más de medio millón de personas en toda la región. Está compuesto en su mayoría por mujeres, pero tiene bajo niveles de organización, lo que permita la sobreexplotación.

Ante el debilitamiento y atomización de la clase obrera industrial, las principales luchas de resistencia contra la ofensiva neoliberal han sido libradas en los últimos años por los trabajadores públicos de los diferentes Estados, especialmente los sectores de salud y educación. En el año 2018 tuvimos las heroicas huelgas y luchas de los trabajadores públicos de Costa Rica, contra la aplicación del Combo Fiscal. Ahora le ha tocado el turno a los trabajadores públicos de Honduras, quienes están luchando contra la reciente Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, que pretende imponer masivos despidos e iniciar la privatización de esos vitales servicios públicos.

Mientras el imperialismo norteamericano y europeo, en conjunto con las transnacionales, imponen a todos nuestros países, planes globales de ajuste neoliberal, los trabajadores de la región centroamericana seguimos peleando solos, divididos, limitados a los límites que nos imponen las fronteras artificiales, lo que constituye una gran debilidad.

En toda la región los trabajadores enfrentamos los mismos problemas: alto desempleo, bajos salarios, congelación salarial, destrucción de las conquistas de los pactos o convenios colectivos, negación sistemática de nuestros derechos laborales, desorganización y para colmo las pocas centrales obreras han quedado en manos de corruptas burocracias que no quieren luchar.

1.- Guatemala: el gigante continúa dormido

Guatemala tiene la economía y la clase obrera más grande de Centroamérica. En 2019 la clase obrera guatemalteca se ha visto afectada por el estancamiento de los salarios. En diciembre de 2018, para sellar el respaldo de la oligarquía al gobierno de Jimmy Morales en el conflicto con la CICIG, el presidente ordenó que el salario mínimo no fuera incrementado en el nuevo año, favoreciendo al empresariado organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

De esta cuenta, los salarios mínimos se mantuvieron en Q 2,992.37 para actividades agrícolas y no agrícolas y Q 2,758.16 para actividades de maquila y exportación. Mientras el costo de la vida ha continuado incrementándose implacablemente; para marzo la canasta básica de alimentos se situó en Q 3,564.44 y la canasta básica ampliada, que incluye los gastos en servicios básicos, se elevó a Q 8,230.06. A simple vista se evidencia que los salarios mínimos no alcanzan ni para la alimentación básica de una familia promedio. Pero en muchos centros de trabajo los empresarios voraces no pagan ni siquiera los sueldos mínimos, sobre todo en plantaciones de café, hule, caña de azúcar, palma africana y otros productos de agroexportación, y en pequeñas municipalidades del interior.

Además de ello es común que no se pague las horas extras, que los patronos no paguen sus cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS), y se roben las cuotas que descuentan a los trabajadores, que a las trabajadoras se les pague menos por hacer las mismas tareas y se les despida al quedar embarazadas. La represión sindical está a la orden del día, con un nivel de sindicalización del 1.7% en todo el país.

Luego de la ejemplar lucha de los médicos del sistema público de salud a finales del año 2018, que tuvo logros importantes, no ha habido luchas significativas en el país. La enorme falta de empleos, que obliga al 70% de la población a ocuparse en la economía informal, pesa fuertemente sobre el 30% que logra un empleo formal, pues ese ejército de desocupados influye negativamente en los esfuerzos por formar sindicatos y llevar luchas reivindicativas. Los sindicatos estatales, que han sido quienes han dado luchas importantes en los últimos años, especialmente en los sectores de salud y educación, están fuertemente controladas por burocracias con frecuencia corruptas, que facilitan material a la burguesía y los gobiernos para impulsar campañas de desprestigio en los medios contra los sindicatos en general.

2.- El Salvador: Dispersión, división y subordinación de las organizaciones de trabajadores

A nivel general existe una dispersión y división en el movimiento sindical. La principal causa es el control burocrático ejercido durante los 10 años gobierno continuo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y de otros corrientes que subordinan los sindicatos a los partidos políticos.

Con  el ascenso del FMLN al  gobierno  se produjo un incremento de nuevas  organizaciones sindicales, principalmente en el sector público,  ahora con la pérdida del gobierno han agilizado la legalización de muchos otros sindicatos. Pero esto no se debe al crecimiento del numero de trabajadores, sino que mas bien reflejan una profunda dispersión de los sindicatos.

Bajo los gobiernos del FMLN, muchas direcciones sindicales se dedicaron a reprimir, atacar y desprestigiar a las oposiciones sindicales. El FMLN subordinó a muchas organizaciones sindicales, convirtiéndolas en instrumentos del ajuste y la austeridad capitalistas, pero ahora en tránsito a la oposición el FMLN ha realizado un giro táctico presentándose como abanderados de las luchas de los trabajadores. Pese a ello, los trabajadores públicos del sector salud, y los empleados municipales, han mantenido una resistencia contra los planes de ajuste del saliente gobierno del FMLN.

La polarización política entre el FMLN y los partidos de derecha (ARENA y ahora GANA) crea una artificial división en el movimiento sindical, debemos evitar que las diferencias políticas e ideológicas terminen dividiendo a los sindicatos

En la Asamblea Legislativa se discute el proyecto de Ley de la Función Pública, que pretende regular a los trabajadores públicos, pero para arrancar muchas de sus conquistas históricas.

Los trabajadores del sector privado están desorganizados y por eso mantienen un bajo perfil en las luchas reivindicativas. Una gran parte vive atemorizada, siendo el sector de la clase trabajadora que tiene menos prestaciones y conquistas laborales. Ante lo anterior, es necesario conformar una Plataforma de Lucha Sindical y Popular, con los 12 puntos que proponemos, para poder enfrentar los planes del nuevo presidente Nayib Bukele. Muchas organizaciones tienen ilusiones que el nuevo gobierno de Bukele va a restituir muchas las conquistas perdidas durante los gobiernos de RENA y después del FMLN. Nada más falso, debemos prepararnos para desarrollar la mas amplia unidad de lucha entre los trabajadores, para detener los nuevos planes de ajuste fiscal.

3.- Honduras: ¡Abajo la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación!

Luego de la lucha contra el fraude electoral de 2017, las protestas y movilizaciones populares fueron decayendo paulatinamente, pero en el año 2018 se produjeron importantes luchas de resistencia: paros de transportistas; la heroica huelga de trabajadores bananeros, otra la vanguardia proletaria de Honduras, la que fue reprimida salvajemente por la Policía; asambleas informativas y huelgas parciales de enfermeras; la lucha del Colegio Médico contra la privatización de los hospitales, etc.

La reciente aprobación de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, que pretende imponer despidos e iniciar la privatización de estos servicios públicos, ha provocado la repuesta de dos importantes contingentes de empleados públicos: médicos y enfermeras, y el gremio magisterial, que fue la columna vertebral de la lucha contra el golpe de Estado del 2009.

La lucha conjunta del sector salud y educación en Honduras, es la mas importante de Centroamérica en la actual coyuntura y, por lo tanto, los gremios de los otros países debemos brindar solidaridad activa.

Las centrales obreras tradicionales, como la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), están dirigidas por anquilosadas y corruptas burocracias que solo levantan la mano al momento de decidir los irrisorios aumentos del salario mínimo cada año y desfilar cada 1 de Mayo.

4.- Nicaragua: prevalece la atomización de la clase trabajadora

La insurrección juvenil y popular de abril del 2018 produjo profundos cambios políticos en el país, enormes sectores sociales se movilizaron contra la nueva dictadura, pero la clase trabajadora estuvo ausente.

Esta atomización se debe a la casi desaparición física de la clase obrera industrial. Su lugar ha sido ocupado por el nuevo proletariado de las maquilas, inexperto y los pocos sindicatos están controlados por la Central Sandinista de los Trabajadores (CST). A nivel de empleados públicos, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), dirigidos por Gustavo Porras, mantiene un control totalitario sobre los empleados públicos. Estas dos centrales controladas por el FSLN son una camisa de fuerza contra los trabajadores nicaragüenses, al grado tal que en la última reunión de la Comisión Nacional del Salarios Minino (CNSM) a inicios de este año, fueron los mas firmes defensores que en el año 2019 no hubiese aumento del salario mínimo.

Las otras centrales, como la Central de Trabajadores Nicaragüenses (CTN), la Central de Acción y Unidad Sindical (CAUS), y la Confederación de Unidad Sindical (CUS), han quedado reducidas a membretes y son aparatos colaboracionistas de la dictadura Ortega-Murillo.

La principal reivindicación de los trabajadores nicaragüenses es terminar con la dictadura Ortega-Murillo para recuperar las libertades políticas y los derechos sindicales.

5.- Costa Rica: continúa la lucha contra las consecuencias del Combo Fiscal

En el año 2019, el movimiento sindical y obrero en Costa Rica enfrenta una violenta ofensiva gubernamental y patronal. El Gobierno Alvarado-Piza y la pandilla neoliberal (PAC, PLN y PUSC) impulsan, desarrollan y aplican un profundo proceso de reacción política y económica.

La reacción económica se basa en la aplicación del Combo Fiscal: un paquetazo económico que redujo los salarios de los trabajadores del sector público, imponiendo los pagos porcentuales a nominales de los componentes salariales, mejor conocidos como pluses salariales (anualidades, carrera profesional y otros). También aumentó de forma generalizada los impuestos a 1% de la canasta básica y servicio como el agua, luz y otros.

Asimismo, el Gobierno Alvarado-Piza ejecutó la canallada de sacar de la canasta básica productos necesarios y saludables, tales como el atún en agua, los garbanzos, las mandarinas, fresas y otros, para imponerle un 13% de impuestos. Eso significará que miles de familias no podrán volver a comer ese tipo de alimentos e incluso muchos otros. Esas medidas económicas están conduciendo a una mayor pauperización de los trabajadores, sectores populares y clases medias.

Por otro lado, la discusión y eventual aprobación de los proyectos que prohíben la huelga y convierten a diferentes servicios públicos (79 en total), tales como la educación, en servicio esencial en donde el derecho de huelga será totalmente prohibido representará un golpe reaccionario y antidemocrático terrible contra el movimiento sindical y obrero.

La eliminación de derechos fundamentales básicos, como el derecho a la huelga se extiende de forma generalizada en todos los servicios públicos. En realidad, la prohibición al derecho a la huelga se generaliza, ya que este, en los hechos, no existe en la empresa privada en donde existe una verdadera dictadura patronal. Esa situación de legalización de la prohibición de la huelga en el sector público es el traslado e imposición de la situación de la empresa privada al sector público.

A su vez el proyecto de “Ley de Reforma al Empleo Público” es un profundo retroceso en materia salarial y laboral en el movimiento sindical costarricense. Ese proyecto constituye una contra reforma laboral profunda en el sistema de salarios y de empleo público en todo el sector laboral público de Costa Rica. Entre otros aspectos reaccionarios, impondrá el llamado “salario global” que, en realidad, es una forma de camuflar el denominado “salario único”. Dicho salario eliminaría, de un solo golpe, en el caso del sector educativo, los incentivos existentes, tales como, anualidad, carrera profesional, incentivo didáctico, zonaje y otros. Lo mismo le sucederá al resto de los trabajadores del sector público.

Para dividir a los empleados públicos, esa contra reforma laboral se aplicará en todos sus extremos a los nuevos trabajadores, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe esas reaccionarias “reformas”. Es importante destacar que a los  empleados públicos de vieja data ya se les redujo los salarios, imponiendo la aplicación de los pagos nominales, no porcentuales, de los incentivos o pluses salariales.

Ese salario único sería el equivalente al salario base, aunque éste aumentará ligeramente, más un supuesto “incentivo por competitividad” que solamente se le pagará a un máximo del 30% de los nuevos empleados públicos. Es decir, que el 70% de los trabajadores, de nuevo ingreso, del sector público se quedará ganando sólo el salario base.

Por otra parte, como el 100% de los nuevos empleados públicos tendrán que pelearse ese 30% de incentivo, se entablará una fuerte lucha y competencia feroz entre los trabajadores por “ganarse” ese porcentaje de “estimulo”. Eso va a estimular el surgimiento o ensanchamiento de los serviles y sapos hacia los jefes para obtener su respectiva calificación de su “incentivo de competitividad”. Para engañar a los ingenuos y tontos la contra reforma laboral de empleo público otorgará los llamados nuevos “incentivos no monetarios” que constituyen un gran engaño.

En el caso específico del sector educativo, la imposición de ese “salario global”, conllevará a la imposición del trabajo a destajo, es decir, por lecciones en el sector de primaria que hasta la fecha trabaja por jornada. Esto va a conllevar a mayores niveles de sobre explotación entre los docentes de primaria. Por otro lado, dicha contra reforma impondrá también un nuevo sistema de selección y reclutamiento del personal, ya que se van a evaluar las “competencias” de los nuevos empleados públicos, además de la prueba psicométrica y la entrevista. En el caso concreto de educación se impondrán pruebas específicas en las diferentes áreas de español, ciencias (Biología, Física, Química), estudio sociales y demás disciplinas.

Al final, el verdadero propósito de esta contra reforma laboral es eliminar todos los incentivos actualmente existentes por un “salario global” que reducirá globalmente los salarios de los trabajadores del sector público. Según el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) el Estado se va a ahorrar en 18 años de aplicación de esta contra reforma 55 mil millones de colones.

Además, ese proyecto anti-trabajador público flexibiliza las normas para despedir a los empleados públicos, bajo el eufemismo de "desvinculación". Con dos evaluaciones consecutivas menores a 70 el trabajador será despedido. Otras causales de despidos, inapelables, serían la falta absoluta de fondos y la reorganización institucional.

La gran pregunta necesaria es ¿Qué están haciendo las dirigencias nacionales de los sindicatos en salud y educación para enfrentar y combatir esos nefastos proyectos de contra reforma laboral y antidemocráticos? La respuesta es nada. Se requiere elegir a una nueva dirigencia sindical a nivel de todos los sindicatos, ya sea del magisterio nacional, salud, municipalidad y otros sectores. Los trabajadores se deben rebelara contra sus dirigencias actuales y elegir a nuevos dirigentes sindicales que sean luchadores y combativos. Ese es el camino.

Nuestra propuesta de 12 puntos: Plan de Lucha Anticapitalista, Antiimperialista y Centroamericanista.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) reiteramos, una vez más, nuestro llamado a la clase trabajadora, centrales y organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares, a levantar un Plan de Lucha que impulse la más amplia unidad de acción de los trabajadores y sectores populares, haciendo suyas las siguientes propuestas de lucha:

1.- Luchemos unidos por la defensa de los servicios públicos y contra las privatizaciones. En todos nuestros países, los gobiernos de turno pretenden reducir el enorme déficit fiscal, aprobando más impuestos contra los trabajadores y la clase media, y profundizando las privatizaciones y venta de activos estatales, para llenar un saco roto.

Dentro de las medidas impuestas por el FMI en toda Centroamérica están: reformas al sistema de seguridad, reformas al sistema de pensiones, aumento al IVA, recortes a prestaciones a trabajadores públicos, etc. Debemos exigir el no pago de la deuda pública externa e interna, no más endeudamiento y que esos recursos sean invertidos en servicios públicos con calidad.

2.- Aumento y nivelación general de salarios. El salario mínimo en toda la región debe nivelarse por lo menos a 600 dólares. En toda Centroamérica debemos luchar por el aumento de salarios conforme suba el costo de la vida.

3.- Por un plan de obras públicas para combatir el desempleo y contrarrestar la violencia, la delincuencia y la migración, que se produce en los países del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras)

4.- Rechacemos las leyes que atentan contra los intereses de los trabajadores públicos y privados. En todos los países se están tramitando leyes que restringen las libertades democráticas y las conquistas laborales, como la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación en Honduras, la propuesta de Ley de la Función Pública en El salvador, que representaría un retroceso de las conquistas obtenidas, o la Ley de Reforma al Empleo Público en Costa Rica, solo para citar los ejemplos mas relevantes.

5.- Defensa y ampliación de los pactos, contratos o convenios colectivos de los trabajadores del sector público y del sector privado. Debemos luchar para que se terminen las contrataciones temporales de trabajadores en el sector público, todo trabajador debe tener derecho a ser considerado permanente, con todos los derechos laborales, y no un trabajador de segunda clase, sin derechos

6.- Por mejores condiciones de trabajo, prestaciones laborales y el derecho de libre sindicalización de los trabajadores de las maquilas. En estas empresas se vive una moderna esclavitud laboral. Los empresarios cierran las empresas maquileras y no pagan salarios ni la indemnización respectiva a los trabajadores. Al momento de ser autorizadas, las maquilas deben proporcionar garantías mínimas para el pago de las prestaciones laborales.

7.- Defensa y mejoras a la seguridad social.  En todos los países de Centroamérica están en marcha reformas que revierten las conquistas de la maltrecha seguridad social. No debemos permitir que se continúen implementando las recomendaciones del FMI en materia de pensiones. No al aumento de la edad de jubilación, si al aumento del monto de las pensiones.

En El Salvador debemos luchar por que el privatizado sistema de pensiones pase nuevamente al Estado, pero bajo el control de los trabajadores. Debemos volver al esquema de seguridad social clásica, donde el Estado y la patronal aporten las mayores contribuciones para las pensiones de los trabajadores.

8.- Que la crisis fiscal la paguen los grandes empresarios, reducción del salario de los altos funcionarios del gobierno: quienes más ganan deben pagar más impuestos. El neoliberalismo descarga la crisis fiscal sobre la clase media y la clase trabajadora. Quien más gana debe pagar más impuestos. Esta es la única manera de garantizar los servicios básicos de salud y educación y la seguridad social. Los grandes empresarios son quienes deben pagar el déficit fiscal. Se deben reducir los salarios de los altos funcionarios del gobierno, estos deben ganar el salario de un obrero profesional.

9.- Por la creación de Coordinadoras intersindicales, por la alianza obrera, campesina y popular en cada país y en toda la región centroamericana. Para lograrlo debemos luchar también por la independencia política y la democracia obrera dentro de los sindicatos y centrales obreras y campesinas. Debemos recuperar los sindicatos que se encuentran en manos de burocracias, que se han transformado en aliados de los gobiernos que aplican planes neoliberales. Ninguna confianza en partidos burgueses tradicionales ni en los partidos de la burguesía emergente.

10.- Por la implementación del control de los trabajadores en las empresas privadas e instituciones estatales. Está de moda la lucha contra la corrupción, pero los únicos que pueden luchar realmente contra la corrupción son los trabajadores y los sindicatos, porque solo ellos conocen cómo funcionan las empresas, dónde se esconde el dinero y quienes se enriquecen con los recursos del Estado.

11.- Por la democracia, independencia y renovación en los sindicatos y centrales obreras y campesinas. Las viejas centrales obreras están anquilosadas y burocratizadas, han abandonado la razón de ser de los sindicatos que es luchar por el bienestar de todos los trabajadores. Por eso llamamos a renovar las direcciones de las viejas centrales, a iniciar un proceso de sindicalización en las industrias del sector privado, creando nuevos sindicatos en las maquilas, para fortalecer y revitalizar las organizaciones de los trabajadores. Debemos instaurar el principio de la democracia obrera, donde las decisiones se toman en asambleas generales, y se respeta la decisión de las mayorías. De igual forma, debemos luchar por la independencia política de las centrales obreras y sindicatos, los que jamás deben estar sujeto o atados a los gobiernos de turno o los partidos políticos de la patronal.

12.- Retomemos las banderas antiimperialistas y la lucha por una nueva independencia Centroamérica. Solo los trabajadores podemos liberar a Centroamérica del yugo del imperialismo norteamericano. Esta lucha por la nueva independencia nacional nos plantea la inmediata tarea de reconstruir el Estado Federal, en el camino del socialismo, y esto lo lograremos solo bajo un gobierno de los trabajadores en toda Centroamérica.

Centroamérica, 29 de abril del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)


Este 19 de abril del 2019 se cumplió un año del estallido de la insurrección estudiantil y popular en Nicaragua. Como un modesto homenaje a las compañeras y compañeros asesinados por la dictadura, sometemos a consideración de la vanguardia revolucionaria en Nicaragua y resto de Centroamérica, el siguiente análisis que contiene los elementos esenciales de un balance sobre todo lo ocurrido.

1.- El inicio de la insurrección estudiantil y popular

El 19 de abril del 2018, tropas especiales de la Policía Nacional (PN), por órdenes directas de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, desataron una masacre contra los estudiantes universitarios que protestaban contra las reformas a la seguridad social. El repudio a esta masacre dio origen a una poderosa insurrección espontanea en Managua y en las principales ciudades del país.

La situación política cambio drásticamente. El gobierno Ortega-Murillo, que anteriormente ejercía el control absoluto, había sido mortalmente herido. Durante varios días se produjeron batallas campales alrededor de la Universidad Politécnica (UPOLI), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad de Ingeniería (UNI) y en casi todos los recintos universitarios en todos los departamentos del país.

La insurrección, iniciada por los estudiantes, fue fortalecida con la participación de los jóvenes de los barrios marginales. Después de varios días de combates callejeros, defendiéndose con piedras y morteros de las balas asesinas, la insurrección juvenil y popular obligó a las tropas de la PN a replegarse. Hasta ese momento se tuvo conocimiento de la magnitud de la brutal masacre: mas de 60 jóvenes asesinados, centenares de heridos, destrucción por todos lados.

La característica esencial de esta insurrección juvenil y popular fue la espontaneidad y la carencia de armamento, es decir, fue un levantamiento o insurrección desarmada.

2.- Surgen nuevas organizaciones estudiantiles

El 19 de abril del 2018, Nicaragua despertó del letargo político. En las universidades, anteriormente controladas férreamente por la Juventud Sandinista-19 de Julio (JS-19), surgieron nuevos grupos estudiantiles que inmediatamente se dieron a la tarea de luchar contra la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN).

Esta nueva vanguardia estudiantil no tenía ningún nexo con partido político alguno, tampoco tenia nexos con las anteriores generaciones de dirigentes estudiantiles que habían sido aplastados por la JS-19. Fue un fenómeno altamente progresivo, porque representaba una ruptura tajante contra la JS-19 y UNEN, pero estuvo marcado por la dispersión y la confusión en torno a las tareas que debía enfrentar.

No había dirigencia estudiantil experimentada, ni visión política clara, tuvieron que comenzar desde cero. En ese proceso, se guiaron por la emotividad y la espontaneidad, sin una visión clara del monstruo que debían enfrentar, el cual se había replegado temporalmente para reagruparse y reiniciar una ofensiva contra la nueva vanguardia estudiantil que había nacido al calor de la insurrección de abril del 2018.

Salvo las experiencias de la UNA y UNI, quienes convocaron a la realización de asambleas estudiantiles, la mayoría de los nuevos grupos estudiantiles actuaron con el apoyo de las masas estudiantiles, pero sin promover una nueva organización o estructura estudiantil.

Aun con las debilidades anteriormente señaladas, surgieron grupos como Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Movimiento Estudiantil 19 de Abril, Movimiento Universitario 18 de Abril, agrupaciones de la UNA, y otros que conformaron la Coalición Universitaria y la Coordinadora Democrática por la Justicia y la Democracia (CUDJ), entre otras.

3.- Surgen nuevas formas de autoorganización popular

El mismo fenómeno que ocurrió en las universidades, también ocurrió entre los sectores populares. Surgieron grupos de autoconvocados por todos lados, quienes organizaban masivas marchas casi todos los días. Estos grupos de autoconvocados, igual que el sector estudiantil, actuaba de manera dispersa y sin una centralización política u organizativa.

Alrededor de las marchas de protesta, se fueron consolidando algunas de estas organizaciones nuevas, de autoconvocados, pero no lograron tener una centralización a nivel nacional

4.- El reacomodo de los empresarios

La insurrección de abril del 2018 asustó a los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM), quienes se distanciaron del gobierno Ortega-Murillo y renegaron hipócritamente de la política de “alianzas y consensos” que aplicaron por mas de 10 años, lo que permitió la consolidación de una nueva dictadura en Nicaragua.

5.- Los llamados al Dialogo Nacional

Mientras ocurrían marchas casi todos los días, y aunque la PN se replegó temporalmente, continuaron los asesinatos selectivos de los francotiradores contra los manifestantes.

Pero mientras la marea revolucionaria subía, el mismo Daniel Ortega hizo llamados a un Dialogo Nacional, que rápidamente fue aceptado por los empresarios, quienes en todo momento se inclinaron por un “aterrizaje suave”, es decir, por una transición ordenada que evitara el estallido de la revolución social. La burguesía nicaragüense no olvida la experiencia de 1979, cuando perdió el control de la situación.

6.- El surgimiento de la Alianza Cívica y la Articulación.

Bajo la influencia de la Iglesia Católica y de los empresarios del COSEP y de AMCHAM, también con la participación de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (FUNIDES), se conformó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). Para tener mayor credibilidad en el momento de las negociaciones, los empresarios tuvieron que incorporar a las nuevas organizaciones estudiantiles que habían nacido, y otras como el movimiento campesino anti canal, creando la sensación de una solidad unidad nacional. Pero la agenda de negociación de la ACJD estaba determinada por los intereses de los empresarios, quienes en todo momento deseaban terminar con la agitación social.

A inicios de mayo del 2018, también se creó la Articulación de Movimientos Sociales y Organismos de la Sociedad Civil, conocida como Articulación, que agrupó a la mayoría de ONGs y movimientos sociales de autoconvocados.

7.- El fracaso del primer Dialogo Nacional

El primer Dialogo Nacional fue instalado el 16 de Mayo, con grandes expectativas de cambio por parte de la población. No obstante, el Dialogo Nacional fue una maniobra dilatoria de la dictadura para ganar tiempo.

El 16 de junio el Dialogo Nacional fue suspendido, y esta fecha marcó el inicio de la ofensiva militar contra los tranques y barricadas que habían florecido en toda Nicaragua.

8.- La ofensiva militar contra los tranques y barricadas y el aplastamiento de los organismos embrionarios de poder popular

Cuando se inició el Dialogo Nacional los tranques y barricadas habían semiparalizado el país. La dictadura sabia perfectamente que ello podía significar su caída, y por eso suspendió el Dialogo Nacional e inició una brutal ofensiva militar contra los tranques y barricadas.

En este proceso de insurrección popular en las ciudades de Masaya, Jinotepe, Nagarote, Matagalpa y Jinotega, solo para citar los casos mas emblemáticos, se constituyeron organismos locales de poder popular que controlaban una parte de sus respectivos territorios municipales. Este fue el pico organizativo mas alto de la insurrección popular. Pero estos organismos embrionarios de poder popular nunca se coordinaron entre sí. Esta fue una enorme debilidad política, que facilitó la ofensiva paramilitar, ya que la columna volante que el gobierno Ortega-Murillo logró montar, comenzó a destruir los organismos embrionarios de poder popular en cada municipio, uno por uno, hasta destruirlos a todos.

Alrededor de los tranques se organizó la población de los poblados aledaños, organizando comedores, roles de vigilancia, etc. El surgimiento de barricadas en los barrios orientales de Managua, eran un grave peligro para la dictadura. Por ello, a pesar de las condenas simbólicas de los organismos internacionales, los ataques militares y el terror no se detuvieron ante nada

9.- ¿Puede triunfar una insurrección desarmada?

Toda insurrección implica una lucha de masas por tumbar al gobierno de turno y tomar en sus manos el poder. Como hemos analizado, la dinámica de la insurrección del 2018 fue esencialmente sin armas, es decir, desarmada.

La campaña de propaganda del COSEP y del diario La Prensa fue que la “insurrección cívica” no debía caer en la tentación de la lucha armada. Esta fue otra enorme debilidad. Mucha gente creyó que bastaba la lucha cívica para derrotar a la dictadura.

No obstante, la brutal represión antes y durante la ofensiva militar contra los tranques, obligó muchos jóvenes y luchadores populares a crear mecanismo de autodefensa. Ante la falta de armas de guerra, los morteros y las piedras fueron las armas utilizadas en la autodefensa. Era necesario la creación de milicias populares de autodefensa, para resistir los embates militares de la dictadura. La espontaneidad y la dispersión de la lucha popular, sucumbieron ante el ataque militar sistemático, programado y centralizado de la dictadura

10.- Los paros nacionales a cuentagotas

Cuando la correlación de fuerzas comenzaba a cambiar por la embestida militar criminal de la dictadura, los empresarios del COSEP convocaron el primer paro nacional de 24 horas para el día 14 de junio. Dos días después se inició la ofensiva militar que terminaría el 19 de julio del 2018. Mientras se desarrolló la ofensiva militar, el COSEP y la ACJD guardaron profundo silencio, emitieron comunicados de condena, pero no hicieron absolutamente nada por detener la mano criminal.

El segundo paro nacional fue convocado el día 13 de julio, cuando la dictadura había consolidado su triunfo militar. El tercer y ultimo paro nacional fue convocado el 7 de septiembre ante la ola de críticas e indignación popular por la indolencia de los empresarios.

Los paros nacionales a cuenta gotas no surtieron ningún efecto. A partir de septiembre el COSEP y la ACJD intensificaron una absurda campaña en contra de los paros nacionales, abogando por los paros de consumo, distrayendo y engañando al pueblo, ocultando con esta modalidad de “nueva lucha cívica” la impotencia y el temor a enfrentar a la dictadura, que había logrado destruir los organismos que había creado la insurrección popular.

11.- La venganza de la dictadura: la destrucción de los movimientos sociales

Después del acto del 19 de julio del 2018, se inició la venganza de la dictadura contra el movimiento estudiantil y contra el movimiento campesino. Este ultimo había logrado organizar marchas importantes contra el canal interoceánico en el periodo anterior a abril del 2018.

La venganza consistió en la captura, encarcelamiento y procesamiento penal de los dirigentes estudiantiles, del movimiento campesino y los luchadores populares autoconvocados, a partir de la aprobación de la nueva ley contra el terrorismo.

Una parte de la dirigencia fue muerta durante la ofensiva militar contra los tranques y el asalto a los recintos universitarios tomados, otra parte fue forzada a marchar al exilio y otra parte fue encarcelada. El resultado es trágico: lo que fue construido después de abril del 2018, ya estaba casi liquidado después de agosto del 2018. En tres meses la dictadura había logrado evitar no solo su caída, sino que había destruido y desarticulado a los liderazgos locales que se formaron con la insurrección desarmada.

12.- ¿Cómo fue posible ese triunfo militar de la dictadura?

Las masas salieron a pelear, pero fueron obligadas a retroceder por las balas asesinas. Esta parte requiere una explicación de fondo, realizar un balance de todo lo ocurrido.

En primer lugar, la explicación central es que no había una conducción política centralizada, en todo el proceso predominó el espontaneísmo, la autoorganización y la dispersión. En cambio, la insurrección desarmada se enfrentó en todo momento a una conducción centralizada y con experiencia militar proveniente de la guerrilla antes de 1979. Y como era de esperarse, una minoría de paramilitares, mejor armados y organizados, terminó imponiéndose por la fuerza contra la mayoría del país, que lucha de manera desorganizada y espontanea.

En segundo lugar, muchos de los movimientos sociales, estudiantiles y campesinos, tuvieron confianza política en la ACJD y en los empresarios del COSEP, creyeron que bastaba solo presionar pacíficamente en las calles para obtener la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, cuando en realidad estos siempre conspiraron para superar el momento difícil y cambiar la correlación de fuerzas.

A pesar que la Articulación tenía un planteamiento mucho más claro y consecuente que la ACJD, no logró convertirse en una dirección política ampliamente reconocida por las masas en lucha. A nivel público, quien aparecía como conducción era la ACJD. En pocas palabras, no había una conducción política revolucionaria, que enfrentara y combatiera la política suicida de la ACJD y de los empresarios del COSEP. Y quienes lo hicimos éramos minoría.

En tercer lugar, excepto la consigna de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, que por cierto era bien recibida por la población, los luchadores populares de cada municipio, así como los estudiantes de cada recinto, o los grupos en los tranques, no encontraron el nexo que los unía a todos.

La conducción política en el periodo de ascenso revolucionario (abril-junio) fue la ACJD y esta, por el control del COSEP, nunca se planteo el derrocamiento revolucionario de la dictadura, sino la negociación a través del llamado “aterrizaje suave”. Hizo fata un programa y consignas que unificaran la dispersa lucha popular a nivel local, hasta crear una coordinadora nacional de lucha popular que se planteara el objetivo de constituirse en gobierno provisional. Se habló mucho de un gobierno provisional, pero los empresarios tenia miedo, y ni la ACJD ni la Articulación hicieron una propuesta concreta de gobierno provisional.

Todos los planteamientos quedaron en meras intenciones, mientras la dictadura disolvía a balazos los organismos que la insurrección desarmada había creado en el periodo abril-junio del 2018.

13.- Una fase de retroceso y resistencia popular

A partir de agosto del 2018 se inició una fase de retroceso y descenso de la lucha popular. De manera paulatina y sistemática, la dictadura comenzó a recuperar gradualmente el control de la situación, hasta lograr imponer la desmovilización total, prohibiendo en los hechos cualquier manifestación o marcha en su contra.

Ha habido muchos intentos de retomar nuevamente las calles, pero los marchistas son dispersados por la represión policial.

14.- La aquiescencia hipócrita de Estados Unidos y la UE

Durante el periodo de ascenso revolucionario (abril-junio del 2018) se produjeron la masiva violación de derechos humanos en Nicaragua. Desde el inicio de la crisis, las potencias imperialistas de Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea (UE) se inclinaron por el dialogo y la negociación, es decir, porque fuera el propio Ortega quien impulsara las reformas democráticas.

Después de las masacres de junio y julio, y del asalto militar a los tranques, Estados Unidos y la UE endurecieron el discurso (incluso Estado Unidos aplicó algunas sanciones individuales a funcionarios orteguistas), hubo resoluciones simbólicas en la OEA, pero ni una sola medida concreta que ayudara a detener las masacres.

Una vez que Ortega se impuso a balazos, vino el silencio sepulcral. Todo indica que existió un acuerdo secreto en los hechos, al tolerar (con algunas lágrimas de cocodrilo) que Ortega-Murillo impusiesen el orden y evitase el colapso del Estado, como condición previa a cualquier negociación.

Una vez que Ortega-Murillo impusieron el orden, la administración Trump ha redoblado las presiones para forzar una negociación interna. Para ello, Trump ha utilizado sus poderes ejecutivos, sancionando a mas funcionarios orteguistas, entre ellas Rosario Murillo y su hijo Laureano Ortega Murillo.

15.- El surgimiento de la UNAB

A inicios de octubre del 2018, se constituyó la Unidad Nacional “Azul y Blanco” (UNAB) como una alianza entre la ACDJ y la Articulación, más otros grupos independientes. La ACJD se había desgatado políticamente, y la UNAB apareció como una nueva alternativa unitaria, en momentos difíciles, que posibilitaría retomar las calles otra vez. Pero los empresarios no estaban interesados, y se negaron a participar directamente en la misma, por considerar que había mucha influencia de los grupos de izquierda, en una clara alusión a los movimientos sociales agrupados alrededor de la Articulación.

En el acta de constitución de la UNAB, la Articulación le cedió a la ACJD la representación en un futuro Dialogo Nacional, y de esta manera la ACJD, controlada por los empresarios, quedó como la interlocutora valida para negociar con el gobierno Ortega-Murillo.

16.- La estrategia de la dictadura Ortega-Murillo: prolongar el conflicto para crear una nueva negociación favorable

A partir del aplastamiento de la insurrección desarmada, sin oposición en las calles, la dictadura Ortega-Murillo trabaja afanosamente para resistir al máximo, para crear mejores condiciones para una negociación. La posibilidad de sobrevivir hasta el 2021 son remotas, si tomamos en cuenta el aislamiento internacional y el enorme descontento social existe en Nicaragua. Aunque logró imponerse militarmente, no ha podido reconstruir su alianza con los empresarios y las condiciones económicas y sociales transforman al país en un polvorín que puede estallar en cualquier momento.

Estas dificultades reales obligaron a la dictadura a reiniciar una segunda versión del Dialogo Nacional, con una ACJD mas reducida, sin la presencia de los movimientos sociales que han sido desarticulados, pero que después de la aprobación de dos acuerdos, volvió a entrar en crisis. La dictadura ha aceptado liberar a los presos políticos en 90 días y a respetar los derechos fundamentales de la Constitución, pero no cumple en aras de sellar un acuerdo global sobre temas de reformas electorales y adelanto de elecciones, y el espinoso tema de la justicia.

Estos altos y bajos en las negociaciones marcan, no obstante, una tendencia general hacia una salida electoral a finales del 2019 o mas tardar a mediados del 2020. Todos comienzan a ponerse de acuerdo poco a poco en torno a la necesidad de impulsar las reformas democráticas para “restaurar la democracia”.

17.- Discutir un balance que permita construir una alternativa política

No hay dudas que la administración Trump y los empresarios del COSEP aspiran a reformar a la dictadura, para regresar al régimen existente en 2006. De nosotros dependerá si la sangre derramada, y el sufrimiento vivido, servirá solo para hacer reformas cosméticas al régimen político, o al contrario seguimos la lucha para impulsar cambios democráticos profundos que Nicaragua necesita, movilizando al pueblo en la perspectiva inmediata de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, libre, democrática y soberana, que reorganice Nicaragua en beneficio de las masas populares.

Por ello, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todos los luchadores juveniles y populares de Nicaragua a construir una nueva alternativa política revolucionaria, que permita enfrentar los planes de la administración Trump y de los empresarios que pretenden instaurar un orteguismo sin Ortega (o con Ortega)

Centroamérica, 27 de abril del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)


El 3 de febrero del 2019 se realizaron elecciones presidenciales en El Salvador, saliendo electo Nayib Bukele en primera vuelta, como Presidente para el periodo 2019-2024.

Nayib Bukele, empresario disidente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fundó el Movimiento Nuevas Ideas, pero al no lograr la inscripción de su propio partido, se vio forzado a participar bajo la bandera del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), fundado por el ex presidente Antonio Elias Saca, actualmente preso por corrupción. GANA se autodefine como un “partido conservador y de derecha popular”, proveniente de una escisión del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Con el discurso anticorrupción, GANA-Bukele capitalizaron el descontento popular.

Según el escrutinio final emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las recientes elecciones presidenciales GANA obtuvo: 1, 434,856 votos; la alianza ARENA-PCN-PDC-DS: 857,084 votos; FMLN: 389,289 votos; VAMOS: 20,763 votos. EL nivel de abstención o ausentismo fue superior al 50% del padrón electoral. Con dichos resultados se oficializó al candidato Nayib Bukele como el nuevo Presidente de la república de El Salvador.

¿Cómo fue posible que Bukele derrotara a los partidos del bipartidismo, de manera tan rápida en primera vuelta? La explicación es sencilla.  Tanto los gobiernos de ARENA como del FMLN, aplicaron la misma agenda neoliberal. Pero la decepción popular fue mayor en relación a los dos últimos gobiernos del FMLN, precisamente porque este había sostenido un discurso anti neoliberal en sus años de partido opositor. Ya en el gobierno, el FMLN aprobó la eliminación de incentivos económicos a los trabajadores públicos, autorizó el saqueo de los fondos de pensiones. Por falta de políticas sociales, el FMLN no pudo solucionar problemas graves como la violencia. El resultado final ha sido la desmejora del nivel de vida de los trabajadores y de la clase media, el aumento de la delincuencia, el desempleo y la migración ilegal hacia Estados Unidos.

Mientras las amplias masas sufrían un desmejoramiento del nivel y calidad de vida, los funcionarios de los gobiernos de ARENA y del FMLN se dedicaron a saquear los fondos públicos. El comportamiento de ambos partidos fue similar. La corrupción generalizada y el paulatino empobrecimiento de la población se volvieron un tema muy sensible.

En su discurso electoral, Nayib Bukele culpó a las cúpulas del bipartidismo de ser las causantes de la mayor parte de los males  anteriormente descritos. La discusión central sobre el sistema económico y político imperante desde mucho antes de la aplicación de los Acuerdos de Paz en 1992, fue hábilmente relegada por el discurso anticorrupción, que obviamente goza de aceptación popular.

Levantar la bandera de lucha contra la corrupción no es una novedad política. Durante la campaña electoral del año 2014, el FMLN también utilizó el discurso anticorrupción. En el programa Conversando con el Presidente Funes, este lució una camiseta que decía:  “te guste o no guste Funes le puso cascabel al gato”…“Funes destapó la corrupción en ARENA” y “Funes enterró la derecha oligárquica”. 

El FMLN se mostraba orgulloso ante las masas:“…el destape institucional lo hicimos nosotros”, pues fue en su mandato (de Mauricio Funes) que se denunció la corrupción en la construcción del proyecto Diego de Holguín, las anomalías en la construcción de hospitales dañados por los terremotos de 2001, y “se destapo la enorme corrupción del gobierno del expresidente Francisco Flores”. (https://www.transparenciaactiva.gob.sv/presidente-funes-les-guste-o-no-les-guste-mi-gobierno-destapo-la-corrupcion-de-arena).

Pero las posteriores acusaciones de corrupción contra el expresidente Mauricio Funes y su equipo, unos están presos y otros prófugos, fue una estocada mortal contra el prestigio del FMLN. Por ello, Nayib Bukele hizo del combate contra la corrupción el eje central de su campaña electoral. La frase “devuelvan lo robado” se popularizó, la cual estaba dirigida a denunciar a los anteriores gobiernos de ARENA y del FMLN como hermanos gemelos de la corrupción.

Evidentemente, Bukele manipuló la lucha contra la corrupción, instrumentalizándola en su beneficio, para atraer al electorado y atacar a sus oponentes. Para engañar a las masas, Bukele denunció la corrupción de sus adversarios, pero en su discurso no detalló ni propuso cuales serían las medidas concretas para evitar ese mal que, por cierto, es intrínseco a la economía capitalista. Son los empresarios quienes promueven la corrupción para lograr los contratos del estado acordes a sus intereses, son ellos quienes otorgan las coimas a los altos funcionarios, y obviamente los principales responsables son los altos funcionarios de las cúpulas partidarias que administran los fondos del Estado en ese momento, sin ningún control de parte de los trabajadores y los ciudadanos.

El continuo declive electoral del FMLN

En las elecciones legislativas y municipales del 2018 el FMLN fue castigado por su base social, lo que se tradujo en una reducción del número de diputados en la Asamblea Legislativa pasando de 31 a 23, perdiendo 8 diputados. En el plano municipal, en el 2018 el FMLN tuvo una pérdida de 15 Alcaldías pasando de 82 a 67. Las bases del FMLN exigían cambios en su partido, pero la cúpula de la exguerrilla continuó aferrada a los cargos. Ante la presión de sus bases, la cúpula del FMLN planteó algunos cambios, pero solo fue en los discursos, porque en la práctica pretendieron imponer al candidato presidencial, pero las bases le dieron un revés eligiendo a Hugo Martinez. Esta ruptura política pasó desapercibida

Ante la debacle electoral del 2018, la cúpula del FMLN culpó a los trabajadores públicos de la derrota, y promovieron ataques violentos contra los criticos. Al respecto, José Luis Merino manifestó: “…Esos hijos de puta no entienden por qué están en los cargos de Gobierno, hay que echarlos a la mierda inmediatamente, ni en los cargos de las alcaldías, ni en los cargos de los ministerios y cuando los descubran vengan corriendo a decirles a Simón (Paz, alcalde de Mejicanos del FMLN) y a Nery (Bonilla, directora departamental de San Salvador del FMLN). Y si Simón o Nery no les hacen caso, échenlos ustedes a pedradas de veras. Organicen a los padres, a los pacientes de las clínicas y échenlos, esa gente no tiene por qué estar en esos cargos…” (DEM. 8/03/2018).

En esta última elección presidencial, igual que en las legislativas y municipales del 2018, el FMLN ha sufrido la peor derrota electoral, si la comparamos con los dos últimos procesos de elección presidencial. En el 2009, el FMLN obtuvo   1, 354,000 votos (ganando en primera vuelta), aumentando 541,481 votos con respecto al 2004 cuando obtuvo 812,519 votos. En ese momento, el pueblo estaba hastiado de los gobiernos de ARENA y el mismo hecho de llevar una figura que no tenia mayores vínculos directos con la cúpula del FMLN fue un factor favorable y las masas dieron un voto de confianza al FMLN, llevando por primera vez al poder. Fue en el primer gobierno del FMLN, donde Funes destapó la corrupción en ARENA, lo cual unido al mejoramiento de los programas de asistencialismo social, le permitió consolidar su base social y mantener el poder con la elección de Salvador Sanchez Cerén como presidente en el 2014, obteniendo 1, 495,815 votos, ganando por escaso margen en segunda vuelta, lo que evidenció que la erosión política del FMLN ya había comenzado. En esta elección, ARENA le pisó los talones al FMLN, iniciando un proceso de recomposición de la derecha salvadoreña.

Bajo la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, se acabó el periodo de las vacas gordas, el FMLN recibió un Estado en quiebra, pero se esperaban verdaderos cambios ya el nuevo presidente venia de las FPL, y se consideraba un hombre de izquierda dentro de la vieja guardia de la guerrilla. Durante mucho tiempo se engañó a las bases del FMLN, con el discurso de que bajo el gobierno de Funes no se hicieron los cambios necesarios, porque Funes no provenía directamente de las filas del FMLN. La cúpula del FMLN tenía un discurso para el pueblo y otro para sus bases.

Pero Sánchez Cerén fue igual o peor que Funes. Bajo el segundo gobierno del FMLN se hicieron públicos los saqueos de los fondos del Estado organizados por la mafia ligada al gobierno de Funes, se produjo una agudización de la crisis financiera del Estado llegando a caer en impago. El gobierno del FMLN optó por descargar la crisis sobre los trabajadores, sobre todo al sector público. Ante la crisis económica y fiscal, el gobierno echó mano del dinero de las pensiones de la clase trabajadora, esto acentuó el descontento de los electores, quienes en las elecciones del 3 de febrero del 2019 dieron su voto-castigo, obteniendo el FMLN un total de 389,289 votos, perdiendo aproximadamente un millón de votos. Una parte de estos votos, de no haberse presentado GANA-Bukele, se hubiesen transformado en abstención, en votos nulos o hubiesen permitido la resurrección electoral de la derechista ARENA.

Todo apunta que el FMLN se quedó con el voto duro que, desde su primera participación en procesos electorales tras los acuerdos de paz de 1992, ronda entre los 300 a 400 mil votos promedio.

 El FMLN ya no es una opción para los explotados y oprimidos

Al momento de su integración en 1980, el FMLN fue contagiado con el virus del reformismo y del stalinismo del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), caracterizado por sus políticas, acciones reformistas y alianzas con la “burguesía progresista”. Este último término siempre lo utilizó para justificar sus desviaciones. No en vano, en 1970, Salvador Cayetano Carpio (Comandante Marcial) abandonó las filas del PCS y fundó las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (FPL). Para 1984 (ya sin Marcial) el FMLN era hegemonizado y controlado por el PCS. En ese periodo fue que el FMLN cambió de Plataforma Programática pasando del Gobierno Democrático Revolucionario (GDR)  a la “Propuesta de integración y plataforma del Gobierno Provisional de Amplia Participación” (GAP).  Con esos cambios, en el apartado referente al gobierno, el FMLN planteaba: “…Integrarán el Gobierno provisional de amplia participación representantes del movimiento obrero, campesino, maestros, empleados, colegios profesionales, universidades, partidos políticos, sectores empresariales, representantes del FMLN-FDR y del Ejército Nacional ya depurado…”

El gobierno de Funez fue una versión del GAP. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Sanchez Cerén, con la particularidad que gobernó con la sombra de la burguesía. Estos 10 años de Gobierno del FMLN permitieron desenmascarar los intereses que representa la cúpula del FMLN, la cual continúa copada por el PCS.

ARENA también bajó su votación

Antes del surgimiento del fenómeno de Bukele, ARENA se perfilaba como el partido que canalizaría el descontento popular. Bukele no solo arrancó votos al FMLN, sino también a ARENA, la que también obtuvo menor número de votos con respecto al 2014. En esa ocasión, en segunda vuelta, obtuvo un total de  1,489,451  mientras en las pasadas elecciones de 2019 obtuvo  apenas 770,950 votos, experimentando una pérdida de 718,501 votos, es decir, casi mitad del total de los votos

A pesar de haber participado en alianza con otros partidos, los aliados aportaron muy pocos votos, lo que evidencia una crisis generalizada no solo de ARENA sino también de los pequeños partidos de derecha. Los votantes que marcaron la bandera de la coalición con ARENA fueron 53,108; por el PCN: 22,065; por el PDC: 8,219; por DS: 2,742. Cabe señalar que esta coalición fue realizada a nivel de la cúpulas partidarias, en muchas casos fue de manera inconsulta a las bases de dichos partidos.

En los procesos internos para elegir candidato, ARENA ya mostraba un desgaste. Sus elecciones internas estuvieron marcadas por elevado ausentismo; de sus 122,364 personas inscritas como miembros, solo asistieron 58,874, lo que representa solo un 48.11 %. El rechazo a las imposiciones pudo influir para que las bases de ARENA no se movilizaran a votar, o inclinar su voto hacia sus hermanos separados de GANA.

Marcado ausentismo

El desgaste del FMLN y ARENA es mucho más grande si tomamos en cuenta que el padrón electoral aumentó, incorporándose nuevos sectores a los procesos electorales.

El padrón electoral para el 2019 estaba compuesto por 5, 613,101 de ciudadanos aptos para votar Según el escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los votos válidos fueron 2, 701,992; impugnados: 1,973; nulos: 26,345; abstenciones: 2,868. Solamente 2, 733,178 personas fueron a votar, el ausentismo o abstención rondó arriba del 50%, lo que ya es un fuerte síntoma de crisis y desplome del sistema político y electoral. Bukele es presidente con apenas el 25% de los votos del padrón electoral.

Lo anterior indica que la democracia representativa en El Salvador está en crisis, las instituciones del Estado van perdiendo credibilidad. La participación de la población apta para emitir el voto en los procesos electorales va en descenso. Bajo el antidemocrático sistema electoral burgués no importa cuántos voten, si no quien consiga más votos, aunque sean minoría en relación a la población.

El pueblo ha perdido su interés en participar en dichos procesos, pues ha visto que llegue quien llegue, llegan a robar y a buscar su beneficio personal. La población ya no cree en el sistema electoral y no confían en las elecciones. Existe la necesidad de buscar otros mecanismos de participación popular para ya no depender de los partidos políticos del régimen.

Voto nulo y abstenciones  conscientes en señal de protesta

En las elecciones del 2019 los votos nulos fueron: 26,345; las abstenciones de 2,868 siendo mucho menor que en las pasadas elecciones legislativas del 2018 en donde los votos nulos rondaron la cantidad de 178,538.

Como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), igual que en el 2018, llamamos a votar nulo, manifestando al respecto: “La Constitución de 1983 estableció un antidemocrático sistema político que nunca consulta al pueblo, pero para guardar las formalidades cada cinco años todas las personas aptas tienen la opción de votar y decidir que fuerza política estará al frente del gobierno y del Estado… Estas elecciones presidenciales se efectúan en una situación marcada por un prolongado estancamiento económico… El FMLN de la época de la guerra civil ya no existe, fue sustituido por un partido reformista que se adaptó completamente al sistema capitalista… Los errores del FMLN catapultaron a Bukele, quien hoy aparece como favorito en las encuestas… El panorama no es alentador. Los errores e incapacidades del FMLN están conduciendo a que la derecha retome el poder, ya sea a través del viejo partido ARENA o de su disidencia conocida como GANA, porque debemos decirlo claramente: Nayib Bukele representa a un nuevo sector de la derecha, que maneja un discurso democrático y de justicia social, pero que es la negación absoluta de las transformaciones democráticas que demanda El Salvador, un país que ha caído en la decadencia y la barbarie… Por esta razón, al no existir una opción electoral de izquierda dentro del actual proceso electoral, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama nuevamente a votar nulo, como un voto de protesta y de rechazo al antidemocrático sistema político. El Salvador demanda cambios, pero estos partidos patronales, incluido el reformista y aburguesado FMLN, no son la solución. Debemos trabajar duro para construir una nueva alternativa revolucionaria, democrática y antiimperialista...”

Si bien se produjo un descenso de votos nulos, debemos reconocer que estos 26,345 votos nulos, representan un voto de rechazo al sistema político, ya que corresponde a personas que valientemente se movilizaron, dado que no se sentían representadas por ninguno de los candidatos y partidos en contienda, desafiaron y rechazaron lo cantos de sirena de la nueva derecha encarnada en GANA.

Vale decir que personas de ’’izquierda’’  que en las elecciones del 2018 llamaron a votar nulo, en las elecciones del 2019 dieron su apoyo a Bukele, no importando la bandera ni el programa que este representaba.

¿Rompimiento o Renovación del bipartidismo?

Para muchos el triunfo de GANA-Bukele representa el rompimiento del bipartidismo ARENA-FMLN, quienes desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 se habían transformado en los pilares del nuevo sistema bipartidista.

Aunque el bipartidismo se ha roto formalmente por el ascenso al poder de una nueva fuerza política de derecha, más bien estamos ante un remozamiento del antidemocrático sistema político y electoral instaurado con la Constitución de 1983. Necesitamos acabar con este sistema que excluye a la mayoría de la población de la toma de decisiones. Es primordial democratizar el sistema electoral, flexibilizar los requisitos para la legalización de nuevos partidos políticos,  flexibilizar los requisitos para la inscripción de las candidaturas independientes de diputados, debemos terminar con el monopolio de los partidos políticos que son los únicos que pueden inscribir candidatos, se debe democratizar las elecciones internas, etc.

Para que el bipartidismo y la partidocracia se rompan es necesario que sea el pueblo quien elija  a los  magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General, Procurador General, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras. El rompimiento del bipartidismo pasa por cambiar la antidemocrática Constitución política de 1983 aun vigente, siendo necesario exigir la convocatoria inmediata a una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.

A conformar una verdadera alianza entre revolucionarios

La debacle de ARENA y del FMLN muestra no solo la crisis del bipartidismo, sino del antidemocrático sistema político y electoral, que necesitamos cambiar de manera urgente.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores, sectores de izquierda, incluidas las bases descontentas del FMLN, y demás sectores populares, a discutir un balance de las elecciones del 2019, para sacar conclusiones y reforzar el planteamiento sobre la necesidad de construir una nueva alternativa política, que refleje la unidad o alianza entre los revolucionarios y los sectores consecuentes de la izquierda, para enfrentar al gobierno de Bukele, que reflejara los intereses de la nueva derecha y los sectores burgueses que lo apoyaran.

La decadencia económica y social de El Salvador continuará hasta los límites de la barbarie, solo los trabajadores y la izquierda podemos frenar este derrumbe.

 

Centroamérica, 10 de febrero del 2019

 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

 

 

Venezuela vive una larga agonía, marcada por la hiperinflación más grande del mundo (un millón por ciento en 2018), el éxodo de más de tres millones de personas que huyen del hambre y la represión, y un enorme descontento social acumulado que amenaza convertirse en una explosión social gigantesca.

Del bonapartismo a la dictadura

El régimen político en Venezuela ya no es un bonapartismo con rasgos democráticos, como lo fue en tiempo de Hugo Chávez, el gran Bonaparte. A partir de la elección de Nicolás Maduro en el año 2013, y como consecuencia de la crisis económica provocada por la drástica reducción de los precios internacionales del petróleo, el régimen político evolucionó del bonapartismo a la dictadura cívico-militar, restringiendo las libertades democráticas, reprimiendo las manifestaciones opositores y sosteniendo férreamente el poder, ya no apoyándose en la movilización de masas, como lo hacía Hugo Chávez, sino en la represión desatada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La derecha toma el control de la Asamblea Nacional

El chavismo fue, durante mucho tiempo, una poderosa fuerza política que propinó sendas derrotas electorales a las fuerzas de la derecha, pero esa situación cambió en las elecciones legislativas del año 2015, cuando los partidos derecha obtuvieron mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional.

Nicolás Maduro logró evadir el control de la Asamblea Nacional, convocando en el año 2017, en un periodo de división de la oposición burguesa y de alta abstención electoral, aplicando un complicado sistema de voto ponderado, a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se convirtió en los hechos en poder legislativo paralelo, anulando con ello la victoria electoral que obtuvo la oposición burguesa a finales del 2015.

Crisis del chavismo y ascenso de la derecha

Pero las maniobras del chavismo no pudieron detener la crisis económica. Debido a que el chavismo absorbió a la mayor parte de las fuerzas de izquierda, y al hecho que todos los errores, el desastre económico y la corrupción generalizada fueron justificados bajo el argumento ideológico a favor de la construcción del “socialismo del siglo XXI”, el resultado fue que el mayoritario descontento social fue capitalizado por las fuerzas de la derecha.

Pero las masas hambrientas y desempleadas no son derechistas, simplemente expresan su descontento contra un sistema que afirma ser “socialista” cuando en realidad la economía en Venezuela sigue siendo capitalista, y el gobierno aplica brutales planes de austeridad al mejor estilo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estados Unidos y la aplicación de la Carta Democrática de la OEA

Mientras al interior de Venezuela, el gobierno de Maduro lograba reprimir las manifestaciones opositoras, controlar y dividir a la derecha, sosteniéndose contra viento y marea en el poder, a nivel internacional el imperialismo norteamericano impulsó un conjunto de sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela, las que profundizaron la crisis económica, intensificando las presiones diplomáticas  en abril del 2017 dando inicio al procedimiento de aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de aislar política y diplomáticamente al gobierno de Venezuela.

Ese procedimiento sigue su curso, de manera paralela a la agudización de la crisis económica. No obstante, Estados Unidos y sus aliados dentro de la OEA no han logrado reunir los votos necesarios para aislar a Venezuela, la que se apoya en los países del ALBA y los pequeños Estados del Caribe.

La cuestionada reelección de Nicolás Maduro

El 10 de enero del 2019, Nicolás Maduro, juramentó nuevamente como presidente reelecto, provocando una nueva crisis política. En las elecciones de mayo del 2018, después una serie de maniobras que lograron la división de la oposición burguesa y que impidieron la inscripción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en unos cuestionados comicios marcados por la alta abstención, Nicolás Maduro fue reelecto con 6.245,862 votos, que representan el 67.84 % de los votos válidos, pero que en relación al padrón electoral se reduce al 30,4%.

El gobierno paralelo de Juan Guaidó

A inicios de enero del 2019, el Grupo de Lima, que reúne a 13 países aliados de Estados Unidos contra Venezuela (México acaba de deslindarse, proclamando la necesidad del dialogo y la negociación), inició la ofensiva diplomática desconociendo la reelección de Nicolás Maduro.

Al día siguiente, Juan Guaidó, recién electo presidente de la Asamblea Nacional, proclamó: “Reafirmamos la ilegitimidad de Nicolás Maduro (...). A partir del 10 de enero estará usurpando la Presidencia y en consecuencia esta Asamblea Nacional es la única legítima representación del pueblo (…) La presidencia no se encuentra vacante, se encuentra siendo usurpada (...), estamos en dictadura (…)” (El país, 05/01/2019)

Guaidó inició una campaña a favor de una aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de Venezuela, argumentando que las elecciones de mayo del 2018 no fueron validas, que existe una ausencia absoluta del presidente de la república y que conforme la Constitución le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional asumir dichas funciones. Así mismo, es deber de cualquier ciudadano restablecer la vigencia de la Constitución, sobre todo cuando existe violaciones al sistema republicano, a la democracia y los derechos humanos.

Consecuentemente, el 22 de enero del 2019 Juan Guaidó se proclamó presidente de un gobierno provisional, el cual fue reconocido inmediatamente por Estados Unidos, los países del Grupo de Lima, y una parte de la Unión Europea (UE). Para reforzar su posición, Guaidó llamó a realizar marchas en toda Venezuela, con motivo del 44 aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

De esta manera, la alicaída Asamblea Nacional se ha convertido en un gobierno paralelo al gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de las amenazas de Maduro, Juan Guaidó no ha sido detenido, las marchas de oposición han sido relativamente toleradas, aunque se reportan más de 30 muertos en enfrentamientos callejeros.

La crisis política de Venezuela de expresa en una dualidad de poderes, representada por la pugna existente entre la derecha atrincherada en la Asamblea Nacional, y el gobierno de Nicolás Maduro como expresión de un poder ejecutivo cada vez más debilitado. A los actos de masas del chavismo en apoyo a maduro asiste mucho menos gente, lo que indica un desgaste en su base social de apoyo.

La FANB se pronuncia a favor de Maduro

El ministro de defensa, general Vladimir Padrino, leyó un comunicado expresando que: “(…) La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fiel a las tradiciones heredadas del Libertador Simón Bolívar, no aceptará jamás a un presidente impuesto a la sombra de oscuro intereses ni autoproclamado al margen de la ley (…) ratifica [...] su irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, para el periodo 2019 – 2025”(Telesur)

Aunque la cúpula militar ha cerrado filas con el gobierno de Maduro, la crisis de Venezuela toca el corazón de las fuerzas armadas: hay síntomas de división en algunas unidades militares, y en algunos casos la Policía se ha negado a reprimir las manifestaciones opositoras.

¿Un golpe de Estado en marcha?

El gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que existe un golpe de Estado en marcha, encabezado por la oposición de derecha. Este mismo argumento es repetido por una buena parte de la izquierda idiota en Centroamérica y América Latina.

No hay que duda que existe un feroz conflicto interburgués entre el chavismo, representante de la Boliburguesía, y la burguesía tradicional representada por los partidos de derecha dentro de la Asamblea Nacional, que ahora se han proclamado como un gobierno paralelo. Esta pugna política ha adquirido la forma de una lucha entre dos instituciones: Asamblea Nacional versus Poder Ejecutivo.

Pero el gobierno de Guaidó no tiene ni controla a las fuerzas represivas del Estado. El chavismo trata de mantener a toda costa el control sobre las fuerzas armadas, mientras que el gobierno paralelo de Guaidó trata de ganarse a la FANB para su bando, prometiéndoles una amnistía al propio Nicolás Maduro y la cúpula militar.

La estrategia del imperialismo norteamericano

Desde hace años, la estrategia del imperialismo norteamericano, bajo la administración Obama y ahora bajo la administración Trump, ha sido que las fuerzas armadas retiren su apoyo a Maduro, sea por medio de un golpe de Estado, o que tomen el control de la situación de manera directa, forzando una negociación política que permita convocar a nuevas elecciones y restablecer la democracia. Esta última variante aparece cada vez más clara.

¿Cómo llegamos a esta situación?

El repunte de los partidos de la derecha y el surgimiento del gobierno de Juan Guaidó no son casualidades, están directamente relacionados con la profunda crisis económica y social de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro está agotado, desprestigiado y al borde del colapso.

Precisamente, para evitar una inminente insurrección popular que ponga en peligro a las instituciones del Estado, el imperialismo norteamericano y la derecha pasaron a la ofensiva, proyectándose como una alternativa de poder ante la desesperación de las masas por la hiperinflación y la caótica situación del país.

Es tan grave la situación que Nicolás Maduro está llamando a Juan Guaidó a un Dialogo Nacional. Los militares de la FANB se han convertido en los grandes árbitros, salvo que el movimiento de masas irrumpa con fuerza arrolladora e imponga una salida diferente a la crisis del chavismo.

Las próximas semanas serán de una intensa lucha política que definirán el futuro de Venezuela, lo que tendrá hondas repercusiones en América Latina.

Nuestras recomendaciones

Desde América Central, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace las siguientes recomendaciones a los trabajadores y al pueblo de Venezuela.

1.- Rechazar la maniobra Trump-Guaidó.

Debido a que no ha tenido los votos necesarios para aplicar la Carta Democrática de la OEA contra el gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha fomentado la creación y reconocimiento diplomático del gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó.

Este gobierno paralelo no representa la voluntad de las masas, no ha sido electo por el pueblo, ha sido impulsado por el imperialismo norteamericano cuando la actual composición de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional ya no refleja la cambiante voluntad popular. Se trata de una maniobra espectacular para manipular el enorme descontento popular contra el gobierno de Nicolás Maduro, y convertir a Juan Guaidó en el salvador supremo de la nación.

Llamamos a los trabajadores de Venezuela y de América Latina a desconocer y repudiar al espurio gobierno de Guaidó.

2.- ¡Abajo el gobierno de Nicolás Maduro!

El conflicto entre dos gobiernos puede distraer a los trabajadores y a las masas populares de la gran tarea del momento: poner fin al desastroso gobierno de Nicolás Maduro. Las movilizaciones deben continuar y los trabajadores deben levantar sus propias reivindicaciones sindicales y salariales.

3.- Convocar a la Huelga General

Los partidos derecha han tomado por el momento la delantera, necesitamos que los trabajadores, la izquierda y los sectores revolucionarios del chavismo, retomen el control convocando a una Huelga General para terminar con la dictadura de Nicolás Maduro.

4.- Por un gobierno provisional encabezado por los sindicatos y las organizaciones populares

No podemos permitir que la crisis terminal del gobierno de Nicolás Maduro sea aprovechada por los partidos de la derecha, y que estos se proclamen como gobierno provisional. Al contrario, los sindicatos y organizaciones populares, a través de la Huelga General, deben constituir un gobierno provisional encargado de convocar a elecciones para que el pueblo exprese democráticamente como debe terminar el caos económico de Venezuela y como reorganizar el Estado, a través de una verdadera Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.

  1. Llamamos a los soldados de la FANB a rebelarse contra cualquier orden de represión contra el pueblo

La administración Trump y el gobierno paralelo de Juan Guaidó pretende ganarse a la FANB, y negociar una recomposición del poder que sea favorable a los intereses del imperialismo norteamericano. En este proceso, la cúpula militar puede ordenar nuevas masacres contra el pueblo, por ello debemos llamar a los soldados a no disparar contra el pueblo, y más bien hacerse del lado de las manifestaciones populares, llevando las movilizaciones al interior de las FANB

6.- Defender la soberanía, independencia y riqueza de Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro, en su decadencia, ya es incapaz de garantizar la independencia política y la soberanía nacional de Venezuela. En el último periodo, con el pretexto de esquivar el bloqueo financiero del imperialismo norteamericano, se otorgaron jugosas concesiones al imperialismo chino y al imperialismo ruso a cambio de migajas.

Evidentemente, que el imperialismo norteamericano quiere meter sus garras para volver a controlar las riquezas petrolera y minera de Venezuela. Llamamos a los trabajadores y al pueblo a defenderlas de la voracidad de cualquier imperialismo, para que sean utilizadas en beneficio de las masas populares.

  1. Oponerse a cualquier acuerdo o transacción entre Maduro y Guaidó

Tanto del lado del chavismo como del lado de Guaidó, existe una fuerte tendencia a llegar a acuerdos contrarrevolucionarios, con el objetivo de crear un gobierno transitorio, que nunca reflejará la voluntad del pueblo venezolano. Debemos oponernos a cualquier solución que pretenda imponer arreglos de cúpulas entre los sectores burgueses en conflicto.

El futuro de Venezuela dependerá de su clase trabajadora, en ella confiamos!

Centroamérica, 25 de enero del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

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