Desde el pasado mes de mayo, se inició una ronda de negociaciones secretas entre los gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos, para establecer “acuerdos” que ayudaran a mitigar el fenómeno de la migración ilegal proveniente del triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Desde finales del año pasado, desde Guatemala salen una gran parte de los migrantes que en caravanas huyen del hambre, la violencia y la miseria hacia los Estados Unidos, causando una verdadera crisis humanitaria en la frontera de México y el propio Estados Unidos. Este fenómeno migratorio tiene su origen en la bancarrota económica, social y política del proyecto burgués delineados en los débiles y pobres Estados en Centroamérica, nacidos a la sombra de la derrota de la revolución centroamericana (1979-1996).

Las negociaciones secretas entre ambos gobiernos llevaron al Departamento de Estado de los Estados Unidos y al propio presidente Trump, a afirmar en repetidas ocasiones que el gobierno de Guatemala estaba comprometido en la firma del acuerdo de “Tercer País Seguro”, por el cual Guatemala asumiría la tarea de recepción de los cientos de miles de migrantes de diferentes nacionalidades que solicitaran asilo o refugio ante el Servicio de Migración de Estados Unidos.

En un momento, ante las críticas, el gobierno guatemalteco reiteradamente negó haber negociado un acuerdo de ese tipo, primero por boca del vicepresidente Jafeth Cabrera y posteriormente por el presidente Jimmy Morales.

Trump le aprieta el pescuezo al gobierno de Jimmy Morales

Después de haber logrado arrodillar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amenazando con imponer nuevos aranceles a los productos de este país, Donald Trump presionó nuevamente al gobierno de Jimmy Morales, por medio de otro tweet: “Guatemala, que ha formado caravanas y ha mandado un gran número de personas, algunas con registros criminales a Estados Unidos, ha decidido romper el acuerdo que tenían con nosotros, que era firmar el necesario “Acuerdo de Tercer País Seguro”. Nosotros estábamos listos para avanzar. Ahora estamos en busca de un veto… Tarifas (para exportaciones e importaciones) tasas de impuestos para la remesa o todo lo relacionado. Guatemala no ha sido buena y por eso, gran cantidad de los impuestos estadounidenses que se destinaban a ese país, fueron recortados por mí hace nueve meses”

Las presiones imperialistas de Trump tienen como escenario de fondo, la agonía del gobierno de Jimmy Morales (quedan pocos días para que asuma un nuevo gobierno), y la creciente crisis de régimen democrático burgués establecido en Guatemala por la reaccionaria Constitución del año 1985, y que la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, no han logrado resolver.

La inocua sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC)

La Corte de Constitucionalidad (CC) ha funcionado como ente de arbitraje en las controversias de intereses de los diferentes fracciones y grupos burgueses, así como cuando ocurren conflictos entre la Presidencia y el Congreso. Esta semana se produjo una nueva crisis cuando una sentencia de la CC, sobre un amparo interpuesto en relación a un posible acuerdo entre Morales y Trump, obligaba en los hechos a Jimmy Morales a recurrir ante el Congreso ratificar el virtual acuerdo de Tercer País Seguro con los Estados Unidos. Esta sentencia se produce días antes de la crucial segunda vuelta electoral.

El gobierno de Jimmy Morales respondió con un comunicado que reza así: “(La CC) ha querido limitar cualquier acción que por derecho corresponde al Ejecutivo, demeritando la buena relación que Guatemala ha construido, buscando principalmente el bienestar de nuestra población y de garantizar los derechos de los migrantes guatemaltecos”.

El magistrado Bonerge Mejía, presidente de la CC, respondió en rueda de prensa: “Este tribunal rechaza enfáticamente expresiones infundadas y reitera que su único compromiso es la defensa del orden constitucional. La CC no le prohibió ninguna acción al presidente de la República. La resolución únicamente señaló el procedimiento establecido para la firma de un convenio de esta naturaleza: según el 171 de la Constitución, le corresponde al Congreso aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional que afecten el dominio la nación”.

Indignación popular por el acuerdo migratorio con Trump

La reciente firma del Acuerdo migratorio Morales-Trump, que convierte a Guatemala en un “tercer país seguro”, ha sido rechazado por la mayoría de la población, por considerar que es una entrega de la soberanía nacional y que con ello el país se convertirá en una amplia sala de espera del Servicio de Migración de los Estados Unidos (ICE).

Al final, el acuerdo probablemente sea enviado al Congreso para su aprobación, finalizando con ello la discusión con la CC. Pero incluso, la misma reaccionaria Constitución de 1985 contempla que “las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”. Esto es lo que el gobierno de Jimmy Morales, y el que viene, quieren evitar: que el pueblo de Guatemala decida.

El Acuerdo migratorio Morales-Trump convierte al Estado de Guatemala en un simple empleado del ICE, entregando una parte de la soberanía nacional.

Debemos exigir que el Acuerdo migratorio Morales-Trump sea suspendido o anulado hasta que el pueblo de Guatemala tome la decisión final mediante una consulta popular.

Llamamos a defender la soberanía nacional de Guatemala y Centroamérica

La firma del acuerdo migratorio Morales-Trump es una afrenta para los pueblos de Guatemala y Centroamérica. La fracción de la burguesía, ligada a los militares, que ha predominado en el gobierno de Jimmy Morales, ha querido congraciarse con Trump, para evitar las causas judiciales antes numerosas denuncias de corrupción que fueron investigadas por la CICIG. El espaldarazo de Trump a esta fracción, genera preocupaciones a las otras fracciones de la burguesía.

La entrega vergonzosa de la soberanía nacional de Guatemala no se había visto desde la época de los enclaves bananeros y mineros. El gobierno de Estados Unidos pretende ejercer control directo sobre el territorio de Guatemala y Centroamérica, bajo el pretexto de combatir la inmigración ilegal.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a las centrales obreras, sindicatos, organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas a conformar un Comité Nacional por la Defensa de la Soberanía de Guatemala, conformado con todos los sectores que estén dispuestos a movilizarse y luchar.

Llamamos a desarrollar la más amplia unidad de acción para evitar que el imperialismo norteamericano convierta a Guatemala en una colonia. Rechazamos que el territorio de Guatemala se convierta en una cárcel para los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades.

Exhortamos a todos a desarrollar la más amplia movilización exigiendo la anulación del acuerdo migratorio Morales-Trump, firmado a espaldas del pueblo. Una vez más los asuntos más importantes de Guatemala se resuelven secretamente, sin tomar en cuenta la opinión del pueblo.

¡Abajo el acuerdo migratorio Morales-Trump!

¡Defendamos en las calles y con la movilización, la soberanía nacional de Guatemala!

¡Anulación inmediata del Acuerdo Migratorio Morales-Trump hasta que el pueblo de Guatemala tome su decisión mediante una consulta popular!

¡El futuro de Centroamérica, se juega en Guatemala!

Centroamérica, 26 de julio del año 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

El 2 de julio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a la segunda vuelta del proceso electoral 2019, dando por válido el resultado de la votación para presidente y vicepresidente en la primera vuelta. Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Alejandro Giammattei, del partido Vamos se disputarán la silla presidencial en medio de la peor crisis institucional desde la inauguración del régimen constitucional en 1985.

Crisis en el régimen democrático burgués

Guatemala es el bastión del conservadurismo en Centroamérica y la ciudad capital el eje de ese conservadurismo desde el establecimiento colonial, pasando por la institucionalidad burguesa más fuerte del istmo, quizá solo superada por Costa Rica –hoy también en crisis–. La ejecución de una atípica elección el pasado 16 de junio ha demostrado a todas luces la crisis interna del régimen democrático burgués. La voluntad de poder de la burguesía nativa oligárquica no ha mermado, pero sí los mecanismos e instituciones por las cuales se ejerce ese mismo poder.

Los acuerdos y desacuerdos entre la oligarquía tradicional y las diferentes facciones de la nueva burguesía (maquilera, militar, traficante de mercancías y narcotraficante), en lugar de afianzar la libre concurrencia política habitual a las democracias liberales clásicas, profundizan la crisis y la lleva al borde del desequilibrio político, por no decir bancarrota. Esta situación históricamente atípica siempre le ha abierto el camino a la participación política directa de las masas populares o a su contraparte, la movilización reaccionaria de las castas militares, un factor de poder en la convulsiva Guatemala de los cuarteles y los cuartelazos.

Una pesadilla a todas luces para los yanquis, que aún no logran cerrar la caja de pandora abierta por ellos mismos en 2015, por medio del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que buscaba llevar a cabo reformas en el régimen caduco de 1985 por medio de la presión económica, política y judicial para persuadir a sus interlocutores naturales en Guatemala, la burguesía oligárquica,  separándolos del modus operandi de los nuevos ricos que por medio de la corrupción estatal como método de acumulación originaria de capital, amasaron sus fortunas durante el ejercicio directo del poder por la casta militar (1954-1985) y del burgués-burocrático (1985-2019).

La democracia restringida en Guatemala: ¿Un régimen burgués quebrado?

A la sombra de la bota militar, del tirotear al “enemigo interno” en calles, plazas y montañas y con la venia de los sostenedores materiales del Estado burgués terrorista guatemalteco (1960-1989), el imperialismo yanqui, en 1985 se llamó a la Asamblea Nacional Constituyente que cambiaría el régimen político en Guatemala. La intención era transformarlo, de una dictadura militar que hizo uso “racional de la fuerza” del Estado para destruir a toda la oposición política al status quo neo-colonial inaugurado por la contrarrevolución de 1954, en una débil democracia burguesa de carácter restringido y de la mano de los mismos militares que habían llevado a cabo la masacre continuada contra la propia población civil. 

Esa maniobra, a la que nosotros hemos enmarcado como reacción democrática burguesa, no es otra cosa que cambiar el carácter del régimen político caracterizado por una dictadura militar agotada frente al auge y la efervescencia de las masas, para evitar de esta manera la caída del Estado burgués, y de la clase burguesa como clase dirigente y dominadora de la estructura estatal. Cambiar al militar por los encorbatados políticos como representantes y cuidadores de los intereses de la burguesía, dejar las balas y pasar a la demagogia. Esta es una táctica utilizada efectivamente por el imperialismo para pacificar la zona y con la ayuda de las direcciones pequeñoburguesas de las guerrillas centroamericanas; pactar la derrota de la revolución centroamericana (1979-1996), que concluiría con los acuerdos de paz en Centroamérica como la más apropiada lápida.

Ese régimen democrático burgués y los métodos enmarcados en la constitución 1985 por los cuales la burguesía ejerce su poder, han quedado ya caducos; como la dictadura en su momento, se ha agotado ante la fuerza y el peso inaudito de las contradicciones de clase en la señorial Guatemala. Las elecciones pasadas solo manifiestan la amplificación de las diferencias internas entre las diferentes fracciones de la burguesía nativa y las nuevas burguesías en Guatemala, para terminar de una vez por todas con la controversia y la polémica causada por el Plan Alianza para la Prosperidad y el acelerado proyecto del gobierno demócrata de Obama para reformar y de esa manera oxigenar los regímenes democrático burgueses en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El auge del discurso extremista de derecha es solo una de las formas retóricas del punto muerto al que han llegado los desacuerdos inter burgueses por el control del aparato estatal; esto quiere decir, la formula por la cual la burguesía oligárquica y las nuevas burguesías emergentes buscan restaurar el estado de cosas que había antes del intento de reacción democrática proveniente de los Estados Unidos. Por ejemplo, la oligarquía nacional respaldó al gobierno de Jimmy Morales en su agrio conflicto con la CICIG, y antes financió ilícitamente su campaña electoral, pero sabe que no le conviene una nueva edición del gobierno del FCN, basado en el respaldo de los militares y la extrema derecha, pues solo profundizaría la crisis e inestabilidad política, que a su vez ampliaría la crisis económica causada por la poca certeza que deriva de la continuada crisis de régimen.

Toda la carne de la burguesía al asador:

En esta elección la mayoría de los casi veinte partidos que concurrieron a las elecciones presidenciales representan desde la extrema derecha, derecha, centro y centro izquierda a grupos burgueses y pequeño burgueses, síntoma de la división interna dentro de la clase dominante, que manifiesta su incapacidad hoy día para poder concurrir unidos frente a la ya arraigada crisis de régimen. Por su lado, la gran burguesía ha guardado silencio, al igual que la Embajada de Estados Unidos ante los afónicos gritos de fraude electoral en todo el país, pues estos llamados de sirena no corresponden a lo pactado en las altas cúpulas del poder neo colonial, en donde la ficha que se esgrime fue beneficiada del fraude. La ex primera dama Sandra Torres es la ungida favorita, a pesar de los recelos que provoca, de la burguesía nativa y del imperialismo para estabilizar la economía y limar los espacios comunes más espinosos de la crisis política.

Es por esto que la salida a la que le apuesta el imperialismo aquí es la misma que en Honduras frente al fraude electoral de 2017, que no es otra que llegar acuerdos con el capital nacional para que las reformas las aplique el virtual gobierno bonapartista de Sandra Torres y sus amigos, como el ex canciller de Otto Pérez y Jimmy Morales, Carlos Raúl Morales. Esta es una señal incuestionable de que la “abrasiva” ex primera dama y líder de la burguesía emergente maquilera llegará a acuerdos con los sectores tradicionales, evitando polémicas como la que protagonizó Thelma Aldana al sentar en el banquillo de los acusados a los hijos de la oligarquía nacional, o la inseguridad que conlleva la hija del clan Ríos Montt ante sus coqueteos extremistas de derecha. Tanto los gringos como los oligarcas prefieren antes que la retórica ideológica exaltada, la estabilidad necesaria para la buena marcha de sus negocios.

Esto se demuestra también en el reojo con el cual se mira al eterno perdedor Alejandro Giammattei, que ante la atípica situación electoral llegó a estar cerca, como nunca antes, de la guayaba. Efectivamente, Giammattei para el Departamento de Estado es un interlocutor volátil y poco confiable, casi al grado de Zury Ríos; sería repetir la carta del outsider que apabulló a Torres en la figura de Jimmy Morales, pero con el tiempo se ha vuelto un dolor de cabeza para los círculos de la diplomacia en Washington.

Es por eso que para salir del impase de la profunda crisis del régimen en la que se encuentra el país, y que más que disminuir se profundizó tras las elecciones generales del pasado 16 de junio, podemos ya describir algunas características que degradan las formas por las cuales la burguesía ha ejercido su poder durante los últimos treinta años. La democracia burguesa, en lugar de oxigenar el ejercicio del poder burgués, lo ha degradado, tanto que la extrema derecha ante el miedo reaccionario a las masas, canta fraude para promover un particular golpe de Estado que estabilice su control de clase frente a la población en general.

Sin dudarlo a la burguesía hoy se le agotan los métodos para ejercer plenamente el poder, no dudará ante su última carta Sandra Torres, que no es la que más le agrada, pero es la única que le asegura un poco de paz social que aminore las contradicciones de clase para la buena marcha de los negocios.

Por su lado, los imperialistas, ahora encabezados por el círculo de Trump, le apuestan a estabilizar la zona, no teniendo como enemiga a la burguesía guatemalteca, sino como una aliada para implementar las necesarias reformas que le den aire al desacreditado régimen democrático burgués neo-colonial dejado después de la derrota de la revolución centroamericana. Por ello tiene toda la confianza en que Sandra Torres será una interlocutora confiable ante la creciente degradación de los niveles de vida en Guatemala, un paliativo que ayudará a restablecer mediante la confianza, la economía y las inversiones del capital nacional y extranjero.

¡Llamamos a votar nulo!

Las opciones para la segunda vuelta son, o una reedición del gobierno militarista del FCN y Jimmy Morales en la figura de Giammattei, o una Sandra Torres respaldada por el imperialismo y la oligarquía con la misión de estabilizar el régimen político y la economía. Ninguno representa los intereses de las y los trabajadores, los pueblos indígenas, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, las clases populares y el pueblo en general. Por eso llamamos a anular nuestro voto en esta segunda vuelta de elecciones, como manifestación de nuestro rechazo a las candidaturas y al régimen político burgués. La crisis del orden burgués solo puede ser solucionada por las fuerzas populares mencionadas, mediante la organización consciente que derive en la lucha por el poder, para desplazar a la burguesía cada día más incapaz de dirigir coherentemente los destinos de la sociedad.

Centroamérica, 23 de julio del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

A menos de tres semanas de la primera vuelta electoral, la balanza tiende a inclinarse a favor de la extrema derecha.

1.- El actual proceso electoral se ha caracterizado por la presentación de numerosos recursos judiciales contra determinadas candidaturas. Como resultado de esta situación, dos de las candidatas presidenciales que encabezaban la encuesta divulgada por el diario Prensa Libre a inicios de abril, fueron descalificadas. Zury Ríos Sosa, postulada por el partido Valor, fue descalificada por resolución de la Corte de Constitucionalidad, por ser hija del gobernante de facto, el golpista general genocida Efraín Ríos Montt, razón por la que tiene prohibición constitucional para ser gobernante. Ríos figuraba con el 15.9 %, segundo lugar de la intención de voto en la mencionada encuesta, y encarnaba una de las principales opciones de la derecha, identificada con su lema de campaña “A poner orden se ha dicho”.

2.- La candidata con el tercer lugar en la intención de voto, la ex fiscal general Thelma Aldana, también fue sacada de la competencia electoral por la CC, por carecer del finiquito que extiende la Contraloría General de Cuentas, que es uno de los requisitos necesarios para ser inscrita como candidata a la presidencia. Aldana tenía el 9.5 % de la intención de voto, y en realidad fue víctima de una conspiración del “pacto de corruptos” para impedir su llegada al gobierno, conspiración que incluyó una orden de captura y la intención de asesinarla por parte de Mario Estrada, candidato presidencial de la Unión del Cambio Nacional y ahora detenido en Estados Unidos por narcotráfico.

La ex jefa del Ministerio Público, candidata del Movimiento Semilla, encarna la política impulsada por el imperialismo estadounidense, respaldada por el imperialismo europeo, a través del Plan Alianza Por la Prosperidad, diseñado por el gobierno de Barak Obama para empezar a dar una solución al grave problema de la migración centroamericana hacia el norte; este plan incluye el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado burgués para dar paso a un orden de cosas que permita el funcionamiento del Estado de Derecho, libre de corrupción, transparente, con rendición de cuentas, etc., como un paso para crear condiciones que eviten la migración, dando soluciones viables a los graves problemas de la población. Así como para dar certeza jurídica que respalde las inversiones extranjeras en la zona (minería, palma, electricidad etc.). Todo encaminado a recuperar la legitimidad del Estado burgués instaurado con la contrainsurgente constitución de 1985, evitando así el auge del descontento social, las salidas revolucionarias por izquierda o la solución autoritaria por derecha.

Si bien la administración Trump dio un giro más pragmático al plan, haciendo énfasis al aspecto de combate al narcotráfico y políticas de seguridad, por encima de los temas anti-corrupción, y los congresistas republicanos y demócratas se encuentran divididos en torno al tema, Aldana y el Movimiento Semilla representan esta línea de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado burgués, reflejando las aspiraciones de un sector de las capas medias urbanas.

3.- La salida de Ríos y Aldana de la contienda electoral dejó en posición ventajosa a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien ya encabezaba la encuesta con el 20.7 % de la intención de voto. El candidato más cercano es Alejandro Giammattei, del partido Vamos, con el 7.4 % de intención de voto.

Torres fue primera dama y el poder tras el trono durante el gobierno de Álvaro Colom, de 2008 a 2012. Al dirigir los programas asistenciales a través del Consejo de Cohesión Social, logró crear estructuras partidarias de la UNE en el área rural, y granjearse una popularidad que aún conserva, y se refleja en un 31.3 % de intención de voto en este segmento. Su gestión al frente del Consejo le ganó acusaciones de malversación de fondos y corrupción; aun así, logró llegar a la segunda vuelta en las elecciones de 2015, pero fue derrotada por la propaganda del novato Jimmy Morales, presentado como “ni corrupto ni ladrón”.

La candidata presidencial de la UNE es empresaria maquilera, y el gobierno de su ex esposo representó los intereses de cierto sector de medianos empresarios, bajo una línea socialdemócrata moderada. Todas sus propuestas de reformas económicas para fortalecer la recaudación fiscal fueron torpedeadas y derrotadas una tras otra por la oligarquía, ganándose la animadversión militante de grupos de extrema derecha. El gobierno de la UNE determinó un salario mínimo menor para las y los trabajadores de maquila y empresas de exportación, y está señalado de numerosos casos de corrupción, como el de los fondos para los buses del Transurbano. Sandra Torres y la UNE están acusados de un caso de financiamiento electoral ilícito de Q 19.53 millones durante la campaña de 2015; sin embargo, fue favorecida por la Fiscal General, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, por lo que su candidatura está en firme.

4.- Torres aún tiene en su contra el odio de la oligarquía, que se refleja en un 2.5 % de intención de voto del nivel socioeconómico alto, y una feroz campaña de desprestigio en las redes sociales. Sin embargo, su proyecto político no es el de la UNE de Álvaro Colom; su candidato a vicepresidente es Carlos Morales, ex canciller de los gobiernos corruptos de Pérez Molina y Jimmy Morales, vinculado con la empresa de comunicaciones Tigo. En la campaña electoral 2015, el candidato vicepresidencial de la UNE fue el empresario Mario Leal Castillo, vinculado a negocios de la oligarquía, quien fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Patriota, funcionario de la presidencia de gobierno de Pérez Molina y quien durante el gobierno de Colom dirigió campañas exigiendo la renuncia de Sandra Torres.

Los candidatos más cercanos a Torres son Alejandro Giammattei, con el 7.4% de intención de voto, como ya mencionamos, y Roberto Arzú, con el 3.8%. Estas tres opciones (Torres, Giammattei y Arzú) representan los intereses de la oligarquía, y no podemos esperar más que un endurecimiento del régimen, la coartación de derechos de los sectores populares y de los trabajadores, y medidas autoritarias. El gobierno imperialista de Estados Unidos, pragmático como es, avalará al gobierno que asuma en 2020 y negociará con él, dando prioridad a la estabilidad política que favorezca los negocios. 

5.- Este panorama se ve agravado por las amenazas de la Asociación de Soldados Veteranos y Militares de Tropa, que supuestamente agrupa a exmilitares que prestaron servicio durante los años del conflicto armado interno, y desde mediados de mayo han exigido un resarcimiento de Q 85 mil y una casa para cada uno, por los servicios prestados en el ejército. Este grupo, veladamente apoyado por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), ha realizado manifestaciones, bloqueos de carreteras y amenaza con boicotear las elecciones violentamente, si sus demandas no son satisfechas. Este es un grupo de presión de la extrema derecha, que trata de forzar las cosas y promueve el voto por el militar retirado Estuardo Galdámez, del oficialista FCN-Nación; Galdámez, diputado de la bancada oficial y ex diputado por el Partido Patriota, es acusado junto a otros siete exdiputados, de haber recibido dinero a cambio de la aprobación de una ley de comunicaciones y la elección de magistrados y otros funcionarios públicos en 2014. Es dudoso que en el poco tiempo que falta para la primera vuelta electoral se logre levantar la inmunidad de que goza Galdámez como candidato presidencial.

6.- Lamentablemente, en actual proceso electoral no fue posible llegar acuerdos entre los partidos de izquierda y todos se postulan por separado, en una coyuntura en que los acuerdos y la unidad eran vitales, para frenar el avance de las diferentes expresiones de la derecha y de la ultra derecha. A pesar de ello, en algunos municipios las bases de los partidos han logrado acuerdos e impulsan candidaturas conjuntas de alcaldes o diputados.

Más allá del proceso electoral, y ante el avance de la extrema derecha, se levanta como prioridad la unidad en acción de las fuerzas populares y de izquierda. Este acuerdo unitario entre partidos y organizaciones populares debe ser en torno a un programa de lucha democrático radical, que refleje las necesidades más urgentes de las masas oprimidas y explotadas. Deberá plantear una transformación de todo el sistema político en el plano electoral y de justicia. Por ejemplo, proponiendo la elección directa por la población de jueces y magistrados, ministros y funcionarios, y su revocabilidad en cualquier momento. Esto además de la solución de las demandas sociales más urgentes que las diferentes fracciones de la burguesía que han hecho gobierno, no han cumplido ni pueden cumplir, como reforma agraria, servicios básicos gratuitos y de calidad, etc.

El corazón de este programa será la demanda de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de los Pueblos, que refleje la voluntad de la mayoría de la población, con la participación democrática de todo el pueblo, organizado en partidos, movimientos políticos, sindicatos, comités, asociaciones y gremios. Para hacer de la democracia en Guatemala no el mero adorno retórico al que lo ha reducido la clase burguesa, sino transformarla en democracia plena, real y concreta, que sirva a la población para su amplio desarrollo y el del país, con verdadera libertad y completa soberanía nacional.

La lucha unitaria en torno a un programa de esta naturaleza nos permitirá aglutinar a la mayoría de la población en contra de la extrema derecha reaccionaria. La construcción de este programa unitario de lucha por una Asamblea Nacional Constituyente de los Pueblos, libre y soberana, forjará junto con la acción en la lucha, en defensa de las clases explotadas y los sectores oprimidos del pueblo, la necesaria fuerza para empezar a ganar combates políticos al enemigo de clase y sus representantes en los partidos políticos. Solo la unidad en la lucha y la construcción unitaria de un programa de democracia radical levantado por todas y cada una de las diferentes expresiones de izquierda, nos dará la capacidad de vencer y revertir el giro reaccionario del Estado burgués en Guatemala, hasta su destrucción –ojo, no refundación, sino destrucción- y trasformación en un Estado de las clases explotadas y los sectores oprimidos, al servicio de las mayorías.

7.- Ante la ausencia de candidaturas unitarias, llamamos pues, a votar por los candidatos propuestos por la izquierda (URNG, WINAQ, Convergencia y MLP) que han estado al frente en las luchas de las comunidades, de los campesinos y los trabajadores, líderes luchadores probados y honestos que sabrán enfrentar las fuerzas de la derecha.

Centroamérica, 27 de mayo del 2019

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)