El 28 de febrero de 2021 serán electos en El Salvador los 84 Diputados que integran la Asamblea Legislativa, 20 Diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y los 262 alcaldes con sus respectivos Concejos Municipales pluralistas.

Estas elecciones se realizarán en un contexto económico marcado por un aumento de la crisis económica, bajo crecimiento económico, aumento del déficit fiscal y de la deuda externa, lo cual se agudizó por la pandemia del COVID-19, lo que llevó a pérdidas de empleos y reducciones de salarios. Problemas que afectan a la clase trabajadora como son los bajos salarios, bajas pensiones continúan sin resolverse. En materia de seguridad, en el problema de violencia y delincuencia no se han aplicado soluciones estructurales que acaben directamente con las causas que lo provocan, como son el desempleo y falta de oportunidades. En materia política continúa un antidemocrático sistema electoral que limita la participación política y privilegia la partidocracia.

Continúa la Partidocracia

En este 2021 los partidos políticos que participarán son:      Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Cambio Democrático (CD), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Democracia Salvadoreña (DS), Nuevas Ideas (NI), Nuestro Tiempo (NT), y VAMOS. Vale señalar que la Constitución salvadoreña señala que El Salvador es un país con un sistema político pluralista que se expresa por medio de sus partidos políticos, los cuales son los únicos instrumentos para la representación del pueblo. Lo anterior da la potestad de participación política y representación del pueblo solamente a los partidos políticos.

A finales de 2010 la Asamblea Legislativa aprobó las disposiciones que ahora permiten la inscripción de candidaturas no partidarias para Diputados a la Asamblea Legislativa, lo cual realmente no significó una apertura democrática plena, ya que los requisitos para poder participar son difíciles de cumplir, pero no imposibles. Para este evento electoral 61 personas presentaron solicitudes de autorización para recolección de firmas que respaldaran sus candidaturas no partidarias, de las cuales solo un reducido número logro su inscripción.

Los mismos y lo mismo de siempre

Es necesario analizar cada uno de los partidos políticos que participarán, así tenemos:

Partido de Concertación Nacional (PCN): es la resurrección del Partido Conciliación Nacional (PCN). Se define como un partido populista de derecha basado en principios como nacionalismo, democracia, justicia social y conciliación nacional. Históricamente es conocido como el partido de los militares, debido a que sirvió para legalizar los fraudes y las atroces dictaduras militares, su organización de masas fue Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), la cual se convirtió posteriormente en un cuerpo paramilitar, encargado de vigilar y reprimir a la población siendo señalada como responsables de cometer muchos crímenes de lesa humanidad contra el pueblo salvadoreño.

Partido Demócrata Cristiano (PDC): es un partido de centro derecha, su ideología es humanista cristiana, fue oposición durante las dictaduras militares, lo cual no quita su ideología derechista. Durante su gobierno también realizó acciones represivas contra el pueblo salvadoreño.

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): es un partido conservador de extrema derecha tradicionalmente ha representado los intereses del gran empresariado salvadoreño. Fue fundado en 1981 por el militar Roberto d'Aubuisson Arrieta, como una estrategia ante el desgaste del PCN y en contraposición al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

ARENA es conocido como el partido de los escuadrones de la muerte, los cuales son una continuidad de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), siguiendo el ejemplo de estos igualmente reprimieron y masacraron a las organizaciones sindicales clasistas y demás organizaciones del pueblo salvadoreño. Dentro de sus objetivos plantean Defender nuestras tradiciones occidentales ante el ataque ideológico y agresión permanente del comunismo internacional, y frente a otras ideologías y organizaciones políticas que pongan en peligro la vida Institucional de El Salvador, adoptando para esto tres principios: Nacionalismo, Democracia y Libertad. Luchar por la formación de una sólida conciencia Republicana y Nacionalista…Apoyar a la Fuerza Armada.

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN):

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se constituyó el 10 de octubre de 1980 como una coordinadora político-militar en donde convergieron las FPL, RN, ERP, PRTC y PCS, las cuales tenían profundas diferencias políticas, ideológicas, estratégicas y tácticas, pero que bajo la represión militar fueron coyunturalmente superadas.

El actual FMLN, firmante del Acuerdo de Paz ARENA-FMLN-Gobierno, es un partido que proviene de la antigua guerrilla del FMLN. Es el único partido político que obtuvo su personalidad jurídica mediante un Decreto de la Asamblea Legislativa. Ya como partido legal, aprovechó el capital político acumulado por las anteriores organizaciones guerrilleras que le dieron origen y una vez en la Asamblea Legislativa, Concejos Municipales y Ejecutivo, la cúpula demostró su verdadera naturaleza reformista y oportunista, la cual había sido denunciada aun en pleno conflicto, tildando a quienes se atrevieron a hacerlo de infiltrados, contrarrevolucionarios, etc. El tiempo fue suficiente para desenmascararlos ante el pueblo salvadoreño y sus  bases, dentro de las cuales existen elementos que pugnan por un proyecto revolucionario. Las desviaciones de su cúpula no quitan el valor histórico del FMLN, en donde muchas personas ofrendaron sus vidas.

Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA): es un partido conservador populista de derecha, conformado en el año 2010 por una disidencia de ARENA. En el año 2014 lanzó la candidatura presidencial de Tony Saca, el mismo que ahora está siendo enjuiciado por el robo de 300 millones de dólares del erario público durante su mandato presidencial (2004-2009). Tiene planteamiento de extrema derecha y de corte fascista, como es la imposición de la pena de muerte como alternativa a la violencia y delincuencia.

Cambio Democrático (CD): es un partido de centro izquierda conformado en el 2005 por miembros socialdemócratas, demócratas cristianos y del FMLN. Su hito histórico inicia con el Frente Democrático Revolucionario (FDR-1980), Convergencia Democrática (1988), Centro Democrático Unido (CDU-1999), Cambio Democrático (CD-2005). En sus inicios mantuvo alianzas con el FMLN, las cuales continuaron cuando el FMLN se convirtió en partido electoral; sus últimas alianzas han sido con el gobierno de Nayib Bukele y el partido Nuevas Ideas (N) con el cual llevan coaliciones municipales en este 2021.

Partido Democracia Salvadoreña (DS): es un partido centro derecha, constituido en el 2012 y legalizado hasta el 2013. Su primer secretario general nacional fue el empresario Adolfo Salume Artiñano, quien ha sido señalado en los offshore en Panamá.

Según acta de constitución se fundamenta en el respeto y defensa de la Constitución Política y en principios del humanismo cristiano.  

VAMOS: fue constituido en febrero del 2017 y legalizado el mismo año. Se definen como un partido de centro derecha. Su primer Secretario General fue el empresario Josué Alvarado, propietario de la empresa Río Grande Foods. Y en 2015 fue candidato a diputado por el PDC.

Nuestro Tiempo (NT): ideológicamente se definen como un partido de Centro Humanista, en su interior predomina una ideología de derecha. Popularmente se conoce como el nuevo partido de niños fresa.

Fueron reconocidos por el TSE en el 2019. Venden la idea que están mayoritariamente conformados por jóvenes que no han tenido experiencia en política, pero en su interior se encuentran personas que militaron en Nuevas Ideas (NI), diputados exareneros Johnny Wright y Juan Valiente, así como también hijos de personas ligadas a la política como Héctor Silva (hijo). Sus principales financistas son familias oligárquicas como Vidrí, Kriete, Sola, Etc. Así mismo hablan de ir “ir más allá de las ideologías”, lo que recuerda a los políticos en tiempos de campaña diciéndole al pueblo que no están haciendo política.

Bukelismo y Nuevas Ideas (N):

Bukele surge como caudillo ante el rechazo a la partidocracia, la corrupción, y el desgaste del bipartidismo ARENA-FMLN. El brazo político del ahora presidente fue el Movimiento Nuevas Ideas que luego se convirtió en el partido Nuevas Ideas (NI), el cual es un partido de derecha, legalizado en el 2018. Entre sus fundadores estuvo el actual presidente Nayib Bukele. Se definen como un “…partido político democrático, descentralizado, plural, inclusivo, sin ideologías obsoletas…”  

Candidatos no partidarios: fueron un total de 61 personas que se abocaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inscribir candidaturas; de estas un total de 22 fueron declaradas improcedentes, ya que según el TSE está prohibida la postulación como candidatos no partidarios, a personas que estén o hayan estado afiliadas a partidos políticos durante los tres años previos a la elección. El resto pasó a la fase de recolección de firmas, sufriendo un bloqueo constante del TSE, unido a los efectos de la pandemia por el COVID-19.

De las 61 solicitudes solamente 2 lograron superar los requisitos impuestos por el TSE. 1 para San Salvador (Roberto Leonardo Bonilla Aguilar, actual Diputado), y 1 por La Paz (Jesús Alberto Segovia Tejada). Estos tampoco son opción electoral ya que no son candidaturas clasistas ni de organizaciones del pueblo. En el caso del Diputado Bonilla su nueva habilitación a como candidato independiente ha sido cuestionada.

Las personas que no lograron inscribir sus candidaturas independientes, deben llamar al voto nulo en señal de protesta. 

Dulces envenenados: Voto por Bandera, voto por rostro y candidatos no partidarios

El pueblo salvadoreño está descontento con los partidos políticos tradicionales principalmente ARENA-FMLN y su forma de hacer política, lo cual ha llevado a que los ciudadanos tengan apatía y no se vean motivos a ir a votar y de los deciden ir a votar, un porcentaje termina votando nulo o se abstiene de marcar las papeletas en señal de protesta.

Por ejemplo, en las elecciones legislativas del 2018, la participación fue del 45.73%, lo que equivale a 2,371,324 electores de un total de 5,186,042. Para el caso de las presidenciales del 2019, de un total de 5,613,101 electores solamente votaron 2,733,178, lo que representa el 51.88%. De este 51.88% (2,733,178) el partido GANA, bajo el cual participó el actual presidente Bukele, obtuvo 53.10% (1,434,856), todo ello a pesar de los altos índices de popularidad del presidente Bukele.

Existe un desgaste de los partidos tradicionales mayoritarios ARENA-FMLN y aun del mismo GANA. Aparejado a lo anterior se tiene la aceptación de la figura del presidente Bukele. Ante esto, los partidos tradicionales centran su campaña en votar por rostro y Nuevas Ideas (NI), el partido del presidente, llama a votar por bandera debido a que dentro de sus candidatos existen rostros de los mismos de siempre.

Si bien dentro de ciertos partidos en contienda existen personas con credibilidad o con banderas de luchas de ciertos sectores sociales, estos son el dulce envenenado de la fiesta electoral para atraer el voto, ya que una vez en los cargos en temas importantes terminarán votando contra el pueblo y los sectores mismos que dicen representar.

Los rostros pulcros que participan por los partidos políticos o de forma independiente en esta contienda en realidad no representan a nadie, debido a que su postulación no es producto de un ejercicio democrático preliminar, en donde sus postulaciones hayan surgido de consultas y asambleas  de las organizaciones o sectores que dicen representar.

Luchemos por una real democratización del sistema político y electoral

El presidente Bukele no solo busca renovar el bipartidismo; por sus acciones se puede ver que busca concentrar todo el poder en su persona, poniendo así en riesgo la incipiente democracia burguesa surgida después de los Acuerdos de Paz, dando visos de un giro hacia un régimen bonapartista el cual terminaría llevándonos a una Dictadura.

Esta es una realidad, lo cual está siendo utilizado por los mismos de siempre que temen una dictadura, pero que a la vez por años han obstaculizado que la clase trabajadora, los campesinos, los pueblos originarios, etc., presenten opciones electorales, imponiendo requisitos que imposibilitan la legalización de partidos políticos y la participación no partidaria en los procesos electorales.

Si bien este 28 de febrero tenemos que movilizarnos para anular nuestro voto, debemos ir más allá y empezar un proceso organizativo y de discusión de métodos de lucha popular que permitan enfrentarnos a los mismos de siempre y revolucionar el sistema político salvadoreño. Debemos luchar por la apertura de espacios de participación política.

Ni el peor, ni el menos peor

Los partidos políticos tradicionales, bajo el discurso del menos peor y la defensa de la democracia buscan atraer votos, venden la idea de que se debe evitar que el presidente Bukele tenga mayoría en la Asamblea Legislativa.

En realidad, no buscan la defensa de democracia, sino más bien buscan preservar y proteger sus privilegios e intereses de cúpulas partidarias. Después del Acuerdo de Paz GOES-ARENA-FMLN, en lugar de democratizar el sistema político electoral se consagró el bipartidismo FMLN-ARENA, el cual busca renovar el presidente Bukele y su partido Nueva Ideas. La clase trabajadora salvadoreña no ha podido presentar opciones electorales al pueblo. El pueblo no tiene partido, ni rostro por quién votar, el menos peor termina siendo igual o peor que el anterior, sino veamos en las elecciones pasadas, el menos peor como era Bukele, ha irrespetado el mismo estado democrático de Derecho.

Corrupción, robo, aumento de la deuda y bajo crecimiento económico

El discurso contra la corrupción fue uno de los ejes primordiales de la campaña del ahora presidente Nayib Bukele, con lo cual logró mover parte del electorado a su favor. Y no es para menos, en los gobiernos de ARENA de 1994 al 2009 sustrajeron como gastos secretos un total de $504.22 millones, mientras en dos gobiernos del FMLN dicho gasto fue $534.48 millones.Lo anterior ha sido  fuente de enriquecimiento de dichas administraciones.

Según el fallecido intelectual Salvador Arias, el robo realizado durante los gobiernos de ARENA rondó por los 37 mil ciento doce millones, 12 mil 515 dólares. No en vano el gobierno de Funes inició denunciando dichos robos, comprometiéndose en su campaña electoral a combatir la corrupción de los 20 años de gobierno de ARENA; pero al final terminaría haciendo lo mismo. Por ejemplo, se puede mencionar caso El Chaparral, donde el gobierno de Funes desvió US$ 45 millones.

El actual gobierno de Bukele, quien en su campaña pedía que devolvieran lo robado, ha corrido con menos suerte que los anteriores; ya a menos de dos años, funcionarios de su gobierno han sido señalados de corrupción y de supuestas compras irregulares. A manera de ejemplo está el caso de salud (…compró botas de hule para personal médico por $225 mil), FONAES (empresa Insema, S.A. de C.V., propiedad de la familia de Aguilar Zarco, había vendido 100,000 protectores faciales por un monto de 250,000 dólares al ministerio de Salud.), etc.

El saqueo de los fondos del estado parece no parar, mientras los gobernantes se llenan las bolsas; el endeudamiento del país continúa. El 2020 fue un año marcado por la pandemia por el COVID-19; datos oficiales sostienen que el 2020 cerró “…con un incremento de $2,817.18 millones, compromisos que representan casi el 90 % del tamaño de la economía” más allá de los esperanzadores decursos también se señala que “…la deuda pública continuará aumentando en 2021 y representará cerca del 94.1 % del PIB.  Se estima que la economía crezca 4.6 %”.

Al final los corruptos no son juzgados y los que son juzgados terminan libres o les reducen las penas, sin obligarles a devolver lo robado. La corrupción es un problema estructural con el cual debemos terminar.

No a los reajustes fiscales

Al final será el pueblo salvadoreño quien terminará enriqueciendo a los gobernantes y sus grupos,  a la vez que tendrá que pagar la deuda. Ello implica que después de estas elecciones las migajas dadas por el gobierno deberán ser devueltas, ya que estos para poder pagar la deuda tendrán que aplicar recetas de los organismos financieros internacionales lo que implicaría un programa de ajuste estructural como son aumentos de impuestos, venta de activos del estado, focalización de subsidios, eliminación de incentivos a los trabajadores públicos, etc.

Votar es nuestro Derecho: Anular el voto ante la ausencia de alternativa, es un deber

Por todo lo anterior, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), llama al pueblo salvadoreño a Votar Nulo en estas elecciones del 28 de febrero del 2021. Debemos mostrar nuestra inconformidad para todos los partidos políticos. Nadie debe negarnos nuestro Derecho al Voto Nulo, mandemos un mensaje de rechazo a todos los partidos políticos.

La imposibilidad de presentar opciones electorales del pueblo, debido a los requisitos impuestos por el sistema electoral, nos obliga a que este 28 de febrero votemos nulo como opción de protesta ante la corrupción, los robos realizados por los gobiernos y los partidos políticos tradicionales.

Por la creación y consolidación del partido de los trabajadores y el pueblo

Del voto nulo debemos pasar a la búsqueda de un espacio político en donde converjamos todas las organizaciones del pueblo salvadoreño y discutir los formas y métodos de lucha que nos permitan la participación política, y a la vez crear un referente político que represente y luche por el bienestar de las mayorías. 

Este 28 F en las urnas anulemos, pero luego en las calles luchemos…

No nos confiemos, mejor Anulemos

Anular y organizar para el sistema político democratizar…

Centroamérica, 6 de febrero del 2021 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

El pasado 16 de enero, una caravana de migrantes procedentes de Honduras, compuesta por más de seis mil personas, cruzó la frontera de El Florido, en los departamentos de Chiquimula y Copan, Guatemala, siendo frenada y violentamente reprimida por tropas combinadas del Ejército y la Policía Militar de Guatemala.

Huyendo la miseria imperante en Honduras, esta caravana estaba conformada por familias enteras. Desde el inicio de su recorrido, en San Pedro Sula, Honduras, la caravana fue constantemente acosada por los órganos policiales de la narco dictadura de Juan Orlando Hernández, al grado que mas de 600 personas fueron detenidas en territorio hondureño.

El calvario en territorio guatemalteco.

El gobierno de Alejandro Giammattei, celoso guardián de las políticas antinmigración de la administración de Donal Trump, movilizaron tropas para evitar que la caravana llegase hasta la frontera con México, en donde también el gobierno de Manuel López Obrador había movilizado tropas de la Guardia Nacional (GN) para evitar que ingresaran a territorio mexicano. Nunca antes se había visto semejante despliegue de tropas contra personas cansadas y hambrientas.

Una vez que lograron ingresar a territorio de Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) comenzó a obstaculizar el avance de la caravana, multando a los transportistas que se ofrecían para trasladar a los desesperados migrantes. Las muestras de solidaridad no se hicieron esperar, como ocurrió durante la trayectoria de anteriores caravanas, ofreciendo comida y bebida para las personas de la caravana, pese a la campaña xenófoba alentada por la oligarquía guatemalteca en las redes sociales

Fue en la localidad de Vado Hondo, en el departamento de Zacapa, donde un fuerte contingente de elementos del Ejército y de la Policía Militar, con lujo de fuerza y sin importar la presencia de niños, detuvieron al grueso de la caravana, atacando a los migrantes a garrotazos y con bombas lacrimógenas. A pesar de la represión y la dispersión forzada, grupos más pequeños lograron evadir el cerco y continuaron moviéndose hacia la frontera entre México y Guatemala.

Los grupos de migrantes que lograron burlar el cerco represivo, están siendo detenidos por la Guardia Nacional mexicana, en las riveras del Rio Suchiate, para evitar su ingreso a ese país, cumpliendo cabalmente el rol de muro de contención que le ha asignado el gobierno de Estados Unidos.

Las imágenes y videos de la represión, transmitidos en los medios de comunicación corporativos, dieron vuelta al mundo. Mostraron nuevamente el carácter represivo y abyecto del gobierno de Alejandro Giammattei. Este gobierno decreto el “estado de prevención” en siete departamentos colindantes con Honduras, restringiendo los derechos individuales no solo de la población guatemalteca sino fundamentalmente de los migrantes hondureños en ese territorio

Acuerdos contra la inmigración

Presionadas por la nueva caravana migrante, autoridades migratorias de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, acordaron, bajo el pretexto de detener la migración ilegal y tomar medidas para evitar la propagación del COVID-19, limitar en los hechos el derecho a la migración. Este es un nuevo ataque contra los derechos democráticos de los trabajadores de la región, limitando el derecho a la libre movilización y circulación contemplados incluso en los tratados de la integración centroamericana.

Estos acuerdos son contrarios a los esfuerzos de crear una unión aduanera y fortalecer la libre movilidad de personas y mercancías en la región, blindando las fronteras de los frustrados Estados nacionales, asestando un duro golpe a la integración centroamericana, en el año en que se celebrará pomposamente los 200 años de la primera independencia de Centroamérica.

Defendamos el derecho a emigrar

Los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica actúan como empleados sin salario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, reprimiendo y restringiendo los derechos democráticos de nuestros hermanos hondureños, entre ellos al derecho a emigrar y a encontrar un trabajo digno, que no pueden obtener en su país, por el saqueo de las oligarquías y del imperialismo norteamericano.

Estos gobiernos cipayos, al firmar cada quien “acuerdos de países seguros”, se convirtieron en parte del muro racista de Trump dentro de nuestros propios países.

Aunque el nuevo gobierno de Biden anuncia que enviará al Congreso una reforma migratoria, que busca una vía para legalizar a más de 11 millones de migrantes, todo indica que, aunque haya acuerdo bipartidista en Estados Unidos, se mantendrán las mismas políticas de la administración Obama, que consistió en negar el derecho de asilo, cerrar las puertas y deportar a millones de inmigrantes

¿Emigrar o luchar en nuestros países?

Hasta el momento, las diferentes oleadas migratorias ha sido una repuesta desesperada ante la falta de empleo y salarios signos. Al cerrarse cada vez mas la posibilidad de escapar del infierno que vivimos en Centroamérica, solo nos quedará un único camino: luchar contra los gobiernos respectivos, exigiendo empleo y salarios dignos en nuestros propios países.

Las próximas caravanas no deben salir con destino a Estados Unidos, sino contra los gobiernos de turno en Tegucigalpa, San Salvador o Guatemala. Mientras ese proceso se consolida, defenderemos el derecho a emigrar ante la falta de oportunidades en nuestros países.

¡LIBERTAD DE MOVILIDAD PARA LOS MIGRANTES!

¡FRONTERAS ABIERTAS EN TODO EL CONTINENTE!

¡NO A LAS FRONTERAS EN CENTROAMÉRICA¡

¡REPUDIAMOS LOS GOBIERNOS REPRESIVOS DE JOH, GIAMMATTEI Y LÓPEZ OBRADOR!

Centroamérica, 18 de enero del 2021

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (SECA)

La veloz aprobación del presupuesto de gastos de Guatemala para el año 2021, por parte de las bancadas aliadas al oficialismo, destapó las pugnas en el seno de los grupos de poder de la burguesía y la oligarquía, abriendo una crisis política, muy parecida a la del año 2015, que terminó con la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina.

En 2015 nos arrebataron el triunfo

En el año 2015, ante las acusaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el sentido que el gobierno de Otto Pérez Molina estaba saqueando las arcas del Estado, los grandes bloques de la oligarquía y la burguesía le retiraron el apoyo, abandonándolo a su suerte. Los grupos oligárquicos lograron salvar al régimen político “democrático”, inaugurado con los Acuerdos de Paz de 1996, encauzando el descontento popular hacia el proceso electoral de ese mismo año, en que resultó electo Jimmy Morales.

Tanto el gobierno de Morales, como las familias de la oligarquía, y su expresión política el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), utilizaron la bandera de la lucha contra la corrupción para imponer un gobierno que no atacara sus intereses. En realidad, nunca han luchado contra la corrupción, porque ellos y sus negocios forman parte de las redes de corrupción y saqueo del Estado desde la época colonial. No fue una sorpresa que, cuando la CICIG y el Ministerio Público (MP) al realizar sus investigaciones, terminaron acusando a muchos empresarios de actos de corrupción, financiamiento electoral ilícito y otros delitos. Varios de estos empresarios notables fueron procesados, también hubo numerosos antejuicios contra el presidente Jimmy Morales, quien fue acuerpado por la mayoría de diputados del Congreso de la República. La turbulencia creada en la lucha contra la corrupción, los obligó a pactar entre ellos.

La tregua entre los grupos de poder

Hacia 2018 se selló una alianza entre Morales, la oligarquía, las burguesías emergentes, militares y crimen organizado. Todos se pusieron de acuerdo en liquidar a la CICIG, y en controlar el MP y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que avalaban las investigaciones contra las redes de corrupción. En 2018 finalizó su periodo la fiscal general Thelma Aldana, siendo reemplazada por la aliada del gobierno María Consuelo Porras; y luego de múltiples ataques y escaramuzas, la CICIG tuvo que abandonar el país al finalizar su mandato.

En enero de 2020, se inauguró el gobierno de Alejandro Giammattei como una continuidad del gobierno anterior, con el respaldo del bloque oligárquico-burgués que apoyó al gobierno de Jimmy Morales. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 destapó una grave crisis económica, con cierre masivo de empresas, pérdida de empleos, recortes de salarios, incremento de la pobreza, que se reflejará en un retroceso del Producto Interno Bruto de al menos un -1.5%, según cálculos oficiales. La debacle económica provocada por la pandemia se verá agravada por la catástrofe provocada por el paso de los huracanes Eta e Iota, que dejaron destrucción y devastación en amplias zonas, habitadas por los sectores más empobrecidos.

Nueva pugna interbuguesa

La tregua pactada entre los diferentes grupos de la oligarquía y la burguesía, bajo el gobierno de Jimmy Morales, ha llegado a su fin. El motivo de la ruptura es el agravamiento de la crisis económica. El creciente descontento social, ha acelerado la división y ha reavivado las viejas pugnas por el control del botín del Estado. La recuperación y reconstrucción de la economía, con base a deuda externa, implica una serie de inversiones y jugosos negocios. Y en este punto, es donde los grupos oligárquicos y el CACIF empiezan a enfrentarse a los empresarios emergentes, que han crecido haciendo negocios con las contrataciones del Estado, a través de la obra pública, amparados por el favor de diputados, alcaldes y gobernadores departamentales, quienes participan de las jugosas ganancias. Todas estas nuevas posibilidades de inversión quedan normadas y estipuladas en el presupuesto de gastos del Estado 2021, que se ha convertido en la manzana de la discordia.

El forcejeo por el botín del presupuesto del 2021

La forma apresurada como fue aprobado el proyecto de presupuesto, a altas horas de la noche, con graves recortes a programas como el combate a la desnutrición, la Procuraduría de Derechos Humanos, al Ministerio de Salud; e incrementos injustificados al gasto del Congreso de la República, al Centro de Gobierno, etc. Todo ello se sumó al creciente descontento de la población con el manejo del gobierno frente a la pandemia de coronavirus y las dos tormentas que asolaron buena parte del territorio de Guatemala. La cólera e indignación popular se condensó en el llamado de algunos organismos de la sociedad civil, a manifestar el 21 de noviembre en la Plaza Central de la Capital y en las plazas de numerosas ciudades.

Como ocurrió en el año 2015, sectores de la oligarquía y la burguesía pretenden manipular el descontento popular, especialmente de la empobrecida clase media, utilizando la movilización callejera como mecanismo de presión para obligar a renegociar el presupuesto del año 2021, y muchos otros temas más. El CACIF, otras cámaras empresariales y personajes vinculados a la empresa privada, se sumaron a las criticas obre la forma en que fue aprobado el presupuesto, uniéndose incluso al llamado a protestar. Los puntos de divergencia con el presupuesto aprobado son: el enorme endeudamiento que proyecta el gobierno en dos años, que alcanzará incremento del 41.2%, Q 64,944 millones. Esto podría poner en riesgo la credibilidad y la calificación de riesgo de Guatemala, y podría cerrar puertas al financiamiento internacional por incapacidad de pago. Pero son sobre todo los mega proyectos de infraestructura los que provocan el descontento de la oligarquía y la burguesía, pues carecen de estudios técnicos, especificaciones, no hay garantías de la calidad de su construcción, y abren las puertas a los negocios entre funcionarios y empresas emergentes.

Las maniobras en las alturas

El llamado que el vicepresidente Guillermo Castillo hizo a Giammattei para que ambos renuncien y se forme una “junta de notables” avalada por las iglesias evangélica y católica, esboza la salida que está planteando el empresariado, similar a la que se le dio al Serranazo en 1993. Una salida controlada desde las alturas, que garantice la estabilidad del régimen político y no ponga en peligro el sistema capitalista semicolonial.

La protesta del 21 de noviembre fue multitudinaria. Un grupo de manifestantes enardecidos prendió fuego a un salón del edificio del Congreso, evidenciando la ira social acumulada. Hubo múltiples enfrentamientos, la policía lanzó gases lacrimógenos, hubo heridos y detenidos.

Paro Nacional Indefinido  

El gobierno de Giammattei-Castillo ha demostrado ser tan corrupto e incapaz como los anteriores.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a las agrupaciones de izquierda, sindicatos y centrales obreras y campesinas, organizaciones indígenas, colectivos estudiantiles y populares, en especial a la Asamblea Social y Popular (ASP) y el Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala, a cerrar filas y sostener una postura independiente en torno a esta nueva pugna Inter burguesa. Es hora de impulsar profundos cambios democráticos y revolucionarios en Guatemala.

Lo primero que debemos exigir en las calles es la renuncia del corrupto gobierno Giammattei-Castillo. Solo la presión popular puede lograrlo. Por ello, convocamos a un Paro Nacional indefinido o Huelga General hasta que se materialice la renuncia de todo el gobierno, incluido sus ministros y altos funcionarios. Debemos salirle al paso al CACIF, que quiere encontrar una salida a la crisis que cambie algo para no cambiar nada.

En segundo lugar, llamamos a la conformación de una Coordinadora Nacional de Lucha Popular, que agrupe a todas las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas y populares que deseen impulsar la democratización de Guatemala, para que estas se conviertan en una alternativa de gobierno popular en el caso que logremos imponer la renuncia del corrupto gobierno Giammattei-Castillo.

En tercer lugar, el gobierno surgido de las organizaciones populares debe ser el encargado de convocar a elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional que reorganice el Estado y democratice Guatemala en beneficio de las masas populares.

Centroamérica, 21 de noviembre del 2020.

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA).

El Salvador se encuentra hundido en una crisis económica, política y social, caracterizada por un bajo crecimiento económico en donde el PIB no ha pasado de 2%  anual en la última década, creciente endeudamiento con una deuda pública que superará el 93 % del PIB para finales de este año 2020, violencia  incontrolable, delincuencia y descomposición social, migración masiva hacia Estados Unidos, etc.

A nivel político existe una crisis del bipartidismo ARENA-FMLN, constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo  y un deterioro de la frágil democracia burguesa impuesta después de los Acuerdos de paz de 1992. Todo lo anterior se agudiza debido a la crisis del sistema capitalista y a la pandemia por el COVID-19.

El  pueblo salvadoreño ha sido  obligado a cargar con la crisis,  mientras el gran empresariado protege sus ganancias y  las cúpulas de los partidos políticos  se enriquecen con los fondos del Estado. Los trabajadores públicos y municipales  ven un estancamiento en sus prestaciones y a nivel de trabajadores privados la situación es más aterradora debido a los miles de despidos, suspensiones de contratos,  pírricos salarios sin mayores prestaciones.

Lo anterior unido  a la amenazas a su salud y la vida debido al COVID-19 ha llevado a que tanto trabajadores públicos, municipales, y privados realicen acciones de cara a garantizar los derechos que como trabajadores se tienen exigiendo  así Equipos de Protección Personal para el caso de trabajadores de la salud, cancelaciones de salarios y correspondientes prestaciones ante cierre de empresas, en el caso de trabadores privados,  y condiciones  para evitar riesgos de contagio por COVID-19 tras el reinicio de labores.

Criminalización de  las luchas de trabajadores de  Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

La  Unidad de Delitos Relativos a la Vida de la oficina Fiscal de San Salvador de la Fiscalía General de Republica (FGR)  ha promovido causa penal ante  el Juzgado Quinto de Paz,  por los ilícitos de desórdenes públicos y ejercicio violento del derecho, en contra de Roswal Solórzano, Roxana Estela Gómez de Joma, Domingo de Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar; quienes son miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUS) y del Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales 30 de junio SEJES.

Según la FGR en el periodo del  19 de marzo  al 30 de junio de 2020, se dieron tres cierres y tomas de instalaciones judiciales, así como un llamado a la insurrección popular.

Según la FGR  con dichos cierres impidieron la entrada de empleados y usuario, bloquearon el ingreso a las instalaciones del Centro Integrado de Derecho Privado Social, Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ de San Salvador, el Palacio Judicial de la Corte, Centro Judicial Isidro Menéndez y otras sede del interior del país.

Acciones fueron para exigir medidas reales para prevenir contagios por COVID-19

Las acciones realizadas por los trabajadores juntos a sus sindicatos fueron con el objetivo de  asegurar medidas reales de protección para evitar contagios por COVID-19, y salvaguardar la vida de los trabajadores y usuarios  del Órgano Judicial.

Vale señalar que muchos trabajadores han sufrido contagios por el COVID-19 llegándose a lamentar perdidas de la vida.

En las acciones realizadas existió un elemento fundamental entre las diferentes organizaciones del Órgano Judicial como fue la Unidad de Acción, en donde mas allá de posibles  diferencias se identificó a la patronal como el enemigo común y se luchó en función de los intereses de la clase trabajadora a la cual representan, lo cual nada le ha gustado a los administradores de la justicia burguesa.

Roswal Solórzano: perseguido político

A Roswal Solórzano la FGR además de lo anterior le acusan de apología del delito debido a  la “divulgación de un mensaje en redes sociales, el pasado 10 de junio, en un video, el sindicalista supuestamente aparece haciendo un llamado a la insurrección popular, y salir a  ajustar cuentas  con la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional.”  (DEM. 03/09/2020).

Estamos ante un caso de clara persecución política. En su conflicto con la Asamblea Legislativa, el propio Bukele apeló al derecho de insurrección, pero cuando lo invoca un sindicalista, la FGR procede penalmente contra él, pero no contra Bukele.

El derecho a la insurrección popular, está establecido en el artículo 87 de la Constitución: “Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

Roswal Solórzano es miembro del Movimiento No Mas AFP,  y lucha junto a otras organizaciones para terminar con el actual sistema de pensiones privatizadas, en favor de un sistema público en función de los intereses de la clase trabajadora.

Llamamos a la solidaridad activa

Ante lo anterior, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), condenamos las acciones realizadas por Fiscalía General de la Republica de El Salvador en contra de Roswal Solórzano, Roxana Estela Gómez de Joma, Domingo de Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar y sus respectivas organizaciones sindicales.

Llamamos a  formar un frente común de solidaridad  de todas organizaciones sindicales y populares para frenar  la represión y terror ejercido por el Estado salvadoreño, a través de la justicia burguesa con lo cual buscan atemorizar a los líderes y representantes de   organizaciones sindicales y así frenar las luchas que se avecinan ante la agudización de la crisis económica y política.

Todas las organizaciones sindicales y populares nacionales e internacionales debemos exigir a los organismos correspondientes de la FGR suspendan y anulen todo proceso judicial realizado contra los sindicalistas.

Consideramos que quienes verdaderamente han cometido delito han sido los altos funcionarios del órgano judicial al exponer a contagios por COVID-19  al personal exigiendo retornar a las labores sin garantizar verdaderas condiciones de bioseguridad.

La amenaza del  COVID-19 continua,   independientemente lo que digan los funcionarios públicos, por lo cual con cuarentena o sin cuarentena como trabajadores y organizaciones sindicales se debe  continuar exigiendo condiciones de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio por el COVID-19.

Centroamérica, 4 de septiembre 2020.

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)