En el último periodo ha existido en Guatemala un agrio debate y un tremendo forcejeo entre los grupos de poder por el control del organismo judicial y la Corte de Constitucionalidad (CC), el gran arbitro que dirime todos los conflictos.

Los mafiosos grupos de poder incrustados en las instituciones del Estado, que favorecen la corrupción y la impunidad, han arremetido de nuevo contra la CC, como si viviéramos un dejá-vu del gobierno de Jimmy Morales, poniendo de nuevo en cuestionamiento la frágil institucionalidad democráticas del Estado.

Una resolución que dejaba por fuera a un sector de los corruptos

Procurando mantener un equilibrio inestable entre los diferentes grupos de poder en pugna, en mayo la CC ordenó al Congreso de la República que en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones no fueran tomados en cuenta los candidatos que tienen procesos penales en su contra, ni los que estén involucrados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”, y que los diputados involucrados en este caso no votaran en la elección.

No contentos con haber evadido el espíritu de la resolución de la CC, un entramado de funcionarios con dudosos antecedentes pasó a la ofensiva contra el máximo tribunal del Estado. El abogado José Roberto Guzmán Hernández solicitó el viernes 26 a la CSJ el antejuicio contra cuatro de los cinco magistrados de la CC, por haber ordenado al Congreso de la República excluir de las votaciones a 20 candidatos a magistrados y a 10 diputados implicados en el caso arriba mencionado, con lo cual habrían supuestamente abusado de sus funciones y sobrepasado los límites legales y constitucionales.  

La CSJ presurosa aprobó el antejuicio

Ese mismo día la CSJ convocó a un pleno extraordinario que dio curso a la solicitud de antejuicio y la remitió al Congreso de la República, donde la Comisión Permanente ya tenía lista una comisión pesquisidora para hacerse cargo del caso. La CC se adelantó y dio trámite a tres amparos provisionales que protegen a sus propios magistrados, ordenando al Congreso de la República que entregue el expediente original emitido por la CSJ y suspendiendo el proceso de antejuicio. En adelante se ha desatado una guerra de amparos, que hasta el momento ha llegado al Ministerio Público, instancia a la que recurrieron ambas partes.

El CACIF conspira contra la CC

Las asociaciones empresariales se unieron al ataque contra la CC, por considerar que ya no garantiza la defensa de sus intereses en el contexto de la enorme crisis que vive Guatemala bajo la pandemia. La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, la Gremial de Palmicultores, la Cámara del Agro, la Cámara de Industria, la Asociación de Azucareros y el propio Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), en sendos comunicados acusaron de ilegalidades a los magistrados de la CC.

El verdadero origen del conflicto

Desde su instalación en 1986, la CC ha ejercido como un tribunal independiente de los demás organismos del Estado, incluido el organismo judicial (poder judicial), teniendo como función esencial la defensa del orden constitucional y actuando como Tribunal Extraordinario de Amparo. Está integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. La actual CC fue electa en 2016 y su período finaliza en 2021. Durante la actual magistratura, cuatro de sus funcionarios han actuado en contra de la corrupción y la impunidad, protegiendo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su momento, y favoreciendo antejuicios contra el ex presidente Jimmy Morales.

La punga entre la CSJ y el Congreso de la República por un lado, y la CC, por el otro, implica un resquebrajamiento del orden establecido por la Constitución de 1985, poniendo en peligro la institucionalidad del Estado.

Hasta el momento el poder ejecutivo en manos de Alejandro Giammattei ha mostrado una aparente neutralidad, declarándose respetuoso de las decisiones de ambos bandos, pero tolerando la embestida contra los magistrados de la CC. Lo que está en juego es la continuidad del control del organismo judicial y de la propia CC por parte de los grupos mafiosos, ligados a la cúpula militar, que viven de la corrupción y en la impunidad; ya tienen mayoría en el Congreso de la República, la CSJ y las Cortes de Apelaciones; y podrían llegar a tenerla en las próximas elecciones a magistrados de la CC, pero no es la primera vez que se enfrentan a los actuales magistrados, desacatando sus disposiciones.

La CC es parte esencial del andamiaje de dominación del Estado Burgués guatemalteco, dentro del régimen de relativa democracia iniciado en 1985; recordemos que la democracia burguesa es el mejor de los métodos de dominación de los capitalistas sobre las clases trabajadoras, porque las adormece con la ilusión de que pueden controlar los destinos del país por medio de elecciones y el ejercicio de libertades.

Ilusiones en la CC

Lamentablemente en la actual coyuntura una gran cantidad de organizaciones populares, desde sindicatos, ongs y partidos de izquierda han manifestado su respaldo acrítico e incondicional a los magistrados de la CC bajo acusación, confundiendo la necesaria lucha contra la corrupción con la defensa en última instancia las instituciones del Estado burgués que nos dominan y nos oprimen, creando ilusiones en la institucionalidad burguesa.

El conflicto en torno a la CC en un impasse

El ministerio Público continúa en absoluto silencio, sin tomar una decisión en torno al grave conflicto institucional que enfrenta a la alianza oficialista del Congreso de la República y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Corte de Constitucionalidad (CC). El Poder Ejecutivo sigue sin pronunciarse, avalando con su silencio la actuación de los diputados del partido de gobierno en el Congres.

La Comisión Permanente del Congreso, que se encarga de los asuntos del legislativo en el actual período de receso, se negó rotundamente a obedecer la orden de la CC de suspender el trámite de antejuicio contra sus magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Neftalí Aldana y Bonerge Mejía. Al contrario, la Comisión Pesquisidora no entregó a la CC el original del documento de solicitud de antejuicio que recibió de la CSJ y continúa trabajando.

Los diputados corruptos han estado cabildeando para conseguir 107 votos para retirar la inmunidad a los cuatro magistrados, entre los bloques de los partidos Vamos, Frente de Convergencia Nacional, Visión con Valores, Humanistas, Valor, Todos, Unionistas, Prosperidad Ciudadana, Unión del Cambio Nacional, Partido de Avanzada Nacional (PAN), Bienestar Nacional (BN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Victoria y Compromiso Renovación y Cambio.

Por otro lado, 50 legisladores de oposición tuvieron la pusilánime ocurrencia de recurrir al organismo del imperialismo Organización de Estados Americanos para que haga valer la Carta Democrática Interamericana, acompañe la crisis política y haga un análisis de la situación por la que atraviesa Guatemala. Este triste papel lo jugaron diputados de los partidos de izquierda Winaq, Urng, Semilla, con algunos parlamentarios de Bienestar Nacional, la Une y el Pan.

Estos mismos diputados, mas la representante del Movimiento para la Liberación de los Pueblos dirigieron el 6 de julio un petitorio a la Comisión Permanente del Congreso, exhortándole a iniciar la elección de magistrados a las cortes, la suspensión de las acciones de la Comisión Pesquisidora y el cumplimiento de la demanda de la CC de entregar el expediente original del antejuicio contra sus magistrados.

 La solución: que el pueblo elija directamente a los magistrados

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a continuar la lucha contra los mafiosos y corruptos grupos de poder enquistados en las instituciones del Estado, pero alerta que la solución de fondo es que la izquierda y las organizaciones populares e indígenas levantamos las banderas de la democracia directa, es decir, que sea el pueblo de Guatemala, mediante elecciones libres y democráticas, que elija directamente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y a todos los magistrados del órgano judicial.

Es la única manera de no caer en la trampa, de apoyar a una u otra fracción de la burguesía, que se disputan el control de estas instituciones. Los magistrados deben ser electos por voto directo de los ciudadanos, tal como lo establecía la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824, y la primera Constitución del Estado de Guatemala del año 1825.A pesar que en esa época solo votaban los propietarios, son experiencias históricas que deben ser rescatadas, máxime que en nuestra época existe el voto universal para todos los ciudadanos y ciudadanas. Estas tradiciones fueron borradas por el golpe de Estado del caudillo militar Rafael carrera y la disolución del Estado Federal Centroamericano.

Los magistrados de los tribunales de justicia no solo deben ser electos directamente por el pueblo, sino también destituidos o revocado su mandato cuando haya comprobación de actos de corrupción.

No podemos fomentar ilusiones de que la débil democracia burguesa en Guatemala va a llegar a funcionar de forma impoluta, resolviendo los problemas de las y los trabajadores; este régimen, incluyendo la CC como institución, está diseñado para excluir a los trabajadores y el pueblo de las grandes decisiones; y para permitir a los empresarios y políticos con ambiciones de poder controlarlo desde la oscuridad para favorecer sus intereses, quebrantado todas las reglas.

Reiteramos, una vez más, la demanda de una Asamblea Nacional Constituyente, popular y plurinacional que, entre otras cosas, establezca el principio de elección democrática directa de los altos funcionarios, así como el derecho sagrado del pueblo de revocarles el mandato.

Centroamérica, 30 de junio del 2020

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

La crisis crónica del sistema capitalista se ha destapado mortalmente con la pandemia del coronavirus. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) más de 170 países ya se encuentran en recesión. En todo el mundo se están cerrando empresas, despidiendo o recortando personal, reduciendo jornadas de trabajo y también los salarios.

En Centroamérica, los débiles y artificiales Estados nacionales, carcomidos por la crisis económica, el enorme déficit fiscal y la descomposición social, no logran dar una repuesta satisfactoria a la pandemia y sus secuelas económicas.

En todos los países de la región los trabajadores y los sectores populares estamos enfrentando los mismos problemas: los gobiernos de turno y los cámaras empresariales están aprovechando la pandemia para depurar sus empresas, descargando el brutal peso de la crisis económica sobre los trabajadores y sus familias.

Antes de instalarse la pandemia, las centrales obreras y los sindicatos en Centroamérica, estaban, con niveles diferentes en cada país, muy debilitados por la ofensiva neoliberal. Muchos sindicatos y centrales se han convertido, en los hechos, en ongs, porque no son organismos para la lucha y defensa de las conquistas laborales, sino una especie degradada de organismos humanitarios. Incluso, muchas centrales y sindicatos ya no sobreviven de los aportes económicos de sus afiliados, sino de las contribuciones de los donantes: fundaciones norteamericanas o europeas

Con las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, no habrá marchas ni reuniones masivas este 1 de mayo en Centroamérica. Es una enorme ironía, porque es el momento en que los trabajadores deben mostrar su poder en las calles, y resulta que es cuando mas dispersos y atomizados están los sindicatos.

1.- La situación de la clase trabajadora en Guatemala

En un entorno de recesión generalizada de la economía Mundial, las expectativas de crecimiento del PIB guatemalteco para 2020, según los organismos financieros internacionales, se sitúan entre el -1.8% y el -2%, debido a la disminución en el ingreso de remesas, en la actividad comercial y en las exportaciones, con un incremento en los niveles de pobreza. La solución que plantea el gobierno es suavizar el pago de impuestos para los capitalistas; y para los trabajadores, precarizar los sueldos y las condiciones de trabajo.

El gobierno se está haciendo de la vista gorda favoreciendo a los empresarios, permitiéndoles suspender a sus trabajadores sin pagarles un centavo, mientras que recibirán un subsidio mensual por debajo del salario mínimo; hacia el 27 de abril las autoridades habían aprobado la suspensión de 11,586 trabajadores con este procedimiento. Gran cantidad de empresas, sobre todo maquilas, ya empezaron a despedir trabajadores sin liquidarles sus prestaciones y sueldos, o a enviarlos a sus casas a cuenta de vacaciones. Otras pasaron a sus trabajadores de un régimen de planilla a pago por servicios presentando facturas, con el fin de evitar el pago de prestaciones. Otras más llegaron a “acuerdos” con sus trabajadores para bajar los sueldos hasta en un 30%. Convenientemente, ni el gobierno ni los grandes medios de comunicación divulgan las noticias de despidos, suspensiones o cierres de negocios, pero es un hecho que tendremos un gran aumento del desempleo.

Entre las medidas decididas por el gobierno está la entrega de subsidios de Q 1000 mensuales durante tres meses (unos US$ 130) a partir de mayo, a las familias que no dependen de sueldos formales y no pueden atender sus pequeños negocios informales debido a la emergencia sanitaria; esa cantidad, analizando el costo de la canasta básica, alcanza para cubrir si mucho 15 de días de alimentación de las familias. El procedimiento de la entrega de este subsidio tendrá varias modalidades, pero lo que ya es claro es el caos en las estadísticas y registros que llevan el gobierno y las autoridades municipales para decidir quiénes lo recibirán, y la manipulación de las autoridades para hacer clientelismo político. En resumen, lo que se avizora es una precarización y disminución del nivel de vida general de la población trabajadora.

Giammattei acaba de anunciar que suspenderán contratos laborales en las instituciones públicas, también firmo el veto al Decreto No 15-2020 aprobado por el Congreso, el cual fue finalmente rechazado por los diputados, por que anulaba el beneficio de la suspension temporal del cobro de servicios públicos. Todo lo anterior es una muestra de la incidencia de los empresarios y de la profundidad de la crisis.

Estamos ante una situación inédita, pues debido a las restricciones del Estado de Calamidad y a las demás medidas de emergencia tomadas por el gobierno las y los trabajadores no pueden protestar abiertamente contra todos estos atropellos. Las principales centrales sindicales desde el inicio de la crisis han denunciado los abusos de las empresas y el sesgo pro empresarial de las medidas tomadas por el gobierno. En una carta abierta del 26 de marzo dirigida el presidente Giammattei, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala, conformado por la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Confederación de  unidad Sindical de  Guatemala (CUSG),  la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), y el Movimiento de Trabajadores Campesinos y campesinas de   San   Marcos, propuso la formación de una Plataforma Común por el Bien Común del Ser Humano, conformada por representantes sindicales, empresariales y del gobierno, para encontrar soluciones a la crisis sanitaria y económica, afortunadamente no fue escuchada.

Los comunicados conjuntos, ya sea de los Autónomos, o de éstos con los Sindicatos Globales, de los sindicatos de domésticas, organizaciones indígenas y campesinas, han estado acusando desde entonces al gobierno de Giammattei y a los empresarios de aprovechar la crisis para suspender trabajadores, bajar los sueldos, hacer despidos masivos. Estos sindicatos y organismos populares han denunciado la situación del campesinado ante la crisis, han alertado que el gobierno tuvo la intención de utilizar los fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para dar subsidios a los trabajadores suspendidos, han pedido medidas para atender a los trabajadores informales, han reclamado medidas de protección eficaces para los médicos y enfermeras que están atendiendo a los infectados en los hospitales.

Pero lo cierto es que la crisis ha rebasado la capacidad de las organizaciones sindicales, dejando al desnudo su debilidad; más allá de los comunicados, una de las pocas protestas reales es el plantón nacional convocado por el Sindicato del Hospital San Juan de Dios (uno de los dos centros hospitalarios grandes de ciudad Guatemala) el día 30 de abril en todos los hospitales del país, reclamando el equipo necesario para atender la emergencia sanitaria.

Este 1 de mayo no habrá marcha en ciudad Guatemala, por las restricciones provocadas por la pandemia, pero podemos seguir el ejemplo de los compañeros salubristas y hacer mítines fuera de las empresas, pequeñas marchas en los barrios populares, en las comunidades, que la clase trabajadora no se quede callada ante la oleada de arbitrariedades y tropelías cometidas por los empresarios con la venia del gobierno.

2.- La lucha contra la atomización y por la independencia de los sindicatos en El Salvador

La pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto el precario sistema de salud, en donde el gobierno de Bukele para poder dar respuesta a la pandemia. Medidas como contener la entrada de personas con posible contagio de COVID-19 proveniente de otros países fueron parcialmente efectivas.

Ante la precariedad de las finanzas públicas, Bukele ha puesto en riesgo la seguridad social al tomar prestado 25 millones de dólares del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

A pesar de la ofensiva neoliberal, en El Salvador existen una enorme variedad de organizaciones sindicales. Existen 53 Confederaciones Sindicales que organizan a trabajadores del sector privado: Confederación General de Sindicatos (CGS), Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (CUTS), Confederación Nacional  de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), Confederación Sindical  de Trabajadoras y Trabajadores Salvadoreños (CSTS), Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CONSISAL), Confederación Obrera Centroamericana (COCA), Confederación Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (UNTS).

A nivel  trabajadores públicos existen 8 federaciones: Federación Sindical de Trabajadores Municipales de El Salvador (FESITRAMES), Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público (FESITRASEP),  Federación de Sindicatos de Instituciones Públicas y Autónomas de El Salvador (FESIPAES), Federación Sindical de Trabajadoras y Trabadores Municipales de El Salvador (FESITRAM),  Federación Unidad Nacional de Empleados Públicos (UNEP), Federación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores Salvadoreños (FESITRASAL), Federación Sindical Salvadoreña (FESISAL), Federación de Empleados Públicos y Municipales (F.E.P.Y.M.). Y solo una confederación: la  Confederación de Unidad de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CONFUERSA)

El ascenso del FMLN al gobierno en el 2009, posibilitó la creación de más sindicatos en el sector de trabajadores públicos, fragmentando a las organizaciones existentes, convirtiendo a los nuevos sindicatos como apéndices del gobierno del FMLN. En 2009 había 10 sindicatos en el sector público, para junio de 2018 habían 151.  Para contrarrestar la influencia de ARENA en algunos sindicatos, el FMLN actuó de la misma manera, dividiendo en vez de luchar por la democratización e independencia de los mismos.

Otra práctica del FMLN fue imponer de forma ilegal, a través del reconocimiento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MTPS), de juntas directivas sindicales afines al FMLN. Un ejemplo clásico fue el Sindicato del Instituto Salvadoreño Trabajadores del Seguro (STISSS): a partir del 2009 fueron reconocidos directivas afines al FMLN, pasando por encima de la voluntad de la mayoría de los trabajadores que, por cierto, también rechazaban el control de ARENA.  El FMLN reprodujo los mismos vicios de ARENA, dividiendo y politizando al movimiento sindical.

Con el arribo al poder de Nayib Bukele, la historia se repite. El Ministro de Trabajo impuso una nueva Junta Directiva en el STISSS irrespetando las libertades sindicales y a las mismas bases. Actualmente el gobierno de Bukele busca capitalizar el descontento de las organizaciones sindicales que fueron golpeadas por el FMLN  y ARENA, impulsando desde el MTPS una corriente sindical ligada a su gobierno, para utilizarlo como base social del partido Nuevas Ideas

Mientras la pandemia avanza, según la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), más de “15.357 trabajadores/as que han sido suspendidos, o despedidos o simplemente nadie les pago su salario…”

El sector más golpeado por la pandemia son las maquilas. El Sindicato Salvadoreño de Industrias textiles y Similares, (SSINT) ha impulsado luchas para exigir el pago de salarios por parte de las empresas ubicadad en la zona franca de San Marcos.

Recientemente, ante la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno de Bukele, la Federación Unión Nacional de Empleados Públicos (UNEP) mediante un comunicado manifestó “(…) Rechazamos las medidas propuestas por el Fondo Monetario Internacional como contraprestación al préstamo de $389 millones adquirido por el Estado salvadoreño, y exigimos la condonación de la deuda externa como única medida viable a la actual crisis económica. Todo plan económico de rescate debe plantear como eje central el respeto a la estabilidad laboral de la clase trabajadora y la mejora de las condiciones económicas del pueblo salvadoreño, donde se garantice la comida principalmente y la seguridad salarial y no las ganancias del gran capital. Exigimos que las empresas paguen a tiempo las cuotas al seguro social para garantizar la atención inmediata al paciente. Rechazamos las medidas presentadas por la ANEP y el gran capital salvadoreño, la cual tiene en el centro la economía del capital para generar más ganancia y no la vida de la gente (…)”

Declaraciones de este tipo representan un gran paso adelante en la recuperación de la independencia política del movimiento sindical, precisamente para defender los intereses de los trabajadores. UNEP señala un camino a seguir.

3.- Dispersión sindical bajo la dictadura de Juan Orlando Hernandez en Honduras

La situación sindical, gremial, campesina y popular de Honduras es deplorable. Las viejas burocracias de la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), siempre se han preocupado por negociar algunas prebendas con los gobiernos de turno, en vez de encabezar las luchas sindicales.

En la última década se ha operado un debilitamiento de los sindicatos, algunos fueron destruidos y otros cooptados por la dictadura nacionalista. Desde el golpe de Estado del 2009, solo dos grandes gremios han protagonizado luchas importantes: los trabajadores de la salud, encabezados por el Colegio Médico de Honduras (CMH) dirigidos por la Doctora Suyapa Figueroa, y el magisterio encabezado por la base del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH). En este último caso, se produjo una renovación de la dirección sindical que logró rescatar al COPEMH y librarse de una burocracia que tenía secuestrado al segundo colegio magisterial de mayor membresía. La situación interna del COPEMH aún no se ha resuelto, aunque la vieja burocracia perdió las elecciones el 18 de octubre del 2019, todavía se mantiene atrincherada en algunas de las instituciones del COPEMH.

En el año 2019, el CMH como el COPEMH fueron principales artífices de la conformación de La Plataforma de Lucha en Defensa de la Salud y la Educación, la que al derogar los decretos PCM, causó grandes expectativas para crear una nueva dirección sindical, gremial y popular.

Lamentablemente, este proceso fue frustrado. Hubo inmadurez en la dirección de La Plataforma y nuevas manifestaciones de oportunismo, pero lo que más pesó que la mayoría de los otros colegios magisteriales continuaron siendo controlados por la burocracia sindical, sin oportunidad de formar nuevos liderazgos.

Mientras la Doctora Suyapa Figueroa es símbolo de transparencia y honradez en el CMH, en el magisterio no hay confianza plena en quienes dirigen, todos se encuentran al filo de la sospecha.

En el Sindicato de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) existe un conflicto por el control del sindicato: una Junta Directiva presidida por el muy cuestionado Miguel Aguilar y otro grupo que se autoproclama como nueva dirección. Según la oposición, Miguel Aguilar debió haber dejado el cargo desde el 2016. Las pugnas entre las facciones han sido utilizadas por el gobierno juanorlandista para privatizar casi por completo la institución y ya se menciona que en junio habrá despidos y la empresa será desmembrada.

A nivel de empleados púbicos, el Sindicato de los Trabajadores de la UNAH (SITRAUNAH) y la Asociación de Docentes de la UNAH (ADUNAH) quedaron debilitados bajo la administración de la rectora Julieta Castellanos, aunque apoyaron débilmente la Plataforma en 2019.

Bajo el pretexto de no propagar el coronavirus, en las maquilas están suspendiendo o cancelando contratos laborales. En la costa norte de Honduras, cerca de 165.000 trabajadores fueron suspendidos de sus labores a partir del día 17 de marzo, con pocas posibilidades de regresar a sus puestos de trabajo, debido a que la recesión en Estados Unidos reduce los pedidos de productos de las maquilas.

4.- La dramática situación del movimiento sindical en Nicaragua

Los sindicatos han quedado debilitados desde la fracasada experiencia de la revolución sandinista (1979-1990). Los pocos sindicatos existentes han quedado en manos de la burocracia sandinista y de otras pequeñas burocracias sindicales ligadas a la derecha y que a partir del 2007 han sido reclutadas por la nueva dictadura.

La burocracia sandinista mantiene el control sobre la mayoría de sindicatos. Mientras la Central Sandinista de Trabajadores (CST) controla los sindicatos del sector industrial y maquilas, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) controla a los empleados públicos y trabajadores municipales. El resto de pequeñas centrales, giran en torno a la burocracia sindical sandinista.

Esta debilidad y control sobre los pocos sindicatos impidió que la clase trabajadora actuara como sujeto independiente durante la insurrección cívica del año 2018. Producto de la crisis política, en Nicaragua se han perdido 100, 000 empleos en los últimos dos años. La crisis económica mundial provocada por la pandemia, encuentra a los trabajadores en estado de postración.

En el sector de las maquilas, el 50% de cerca de 120,000 trabajadores fueron enviados a sus casos con suspensión de contratos o simplemente despedidos. La  Central Sandinista de Trabajadores (CST), la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), la Confederación de Unificación Sindical (CUS) y la Confederación de Unitaria de Trabajadores (CUT), firmaron  a finales de marzo del 2020, un acuerdo con la patronal de Zonas Francas, un acuerdo que no fue consultado con los trabajadores, que permite enviar gradualmente a los trabajadores a sus casas, pagando a duras penas algunas de las prestaciones laborales contempladas en el Código del Trabajo

Muchos de estos trabajadores quedaran en el desempleo, por los efectos de la recesión de la economía mundial. En pocas palabras, la burocracia sindical sandinista y sus aliados no han hecho nada para defender el empleo y los salarios. Por ello, los trabajadores deben organizarse de manera independiente.

5.- La pandemia agudiza la crisis económica en Costa Rica y golpea directamente a los sindicatos

La crisis sanitaria producida por la enfermedad covid-19 ha profundizado la crisis económica en el país: cierre de miles de negocios, así como disminución de la producción en otros negocios, lo cual han conducido a la suspensión masiva de contratos de trabajo y la reducción de jornadas de trabajo.

A los trabajadores bajo suspensión de contratos de trabajo, fueron enviados a sus casas sin goce de salarios, mientras que a otros se les redujo las jornadas y, por lo tanto, sus salarios se han reducido entre un 50% y 75%. Alrededor de 400 mil trabajadores han sido gravemente afectados por la pandemia.

El gobierno de Carlos Alvarado y los diputados de todas las bancadas dentro de la Asamblea Legislativa, aprovechándose de la crisis sanitaria de la pandemia, aprobaron de forma exprés una ley de reforma al Código de Trabajo que permitió la reducción de jornadas de trabajo y de los salarios de decenas de miles de trabajadores. Lo más nefasto y repudiable de esa reducción de salarios fue el voto a favor del diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA) que lo ubica al lado de los capitalistas. 

El desempleo que, antes de la crisis sanitaria, ya era del 12,4%, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR) podría llegar a un 28%, mientras que algunos economistas prevén hasta una tasa del 40% de desempleo. Por otro lado, el BCCR en su revisión del programa económico determinó que el PIB tendría una caída del -3,6% en el año 2020.

Por otro lado, mientras a miles de trabajadores se le suspenden sus contratos de trabajos y se les reduce sus salarios, el gobierno les reduce a los empresarios el porcentaje de pago de la cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), también se les redujo el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto de Renta (IR). Muchas empresas son rentables, no necesitaban mas privilegios, con la pandemia han aumentado sus ganancias.

La crisis sanitaria y crisis económica también han afectado gravemente a los trabajadores del sector informal de la economía. Antes de la covid-19 existían un millón de personas en la informalidad. Muchos de estos ya no pueden trabajar por la parálisis de la economía y la reducción drástica del consumo interno.

El gobierno de Carlos Alvarado prometió, inicialmente, un bono de 200 mil colones por tres meses para los trabajadores afectados por el cierre de empresas y la reducción de salarios, sin embargo, posteriormente, redujo el monto a 125.000 y 62,500 colones. Esa “ayuda” es muy baja y no resuelve los graves problemas de ingresos y de consumo de miles de trabajadores.

Las dirigencias sindicales de las diferentes centrales sindicales, sindicatos y otras agrupaciones sindicales han tenido una política nefasta, no han tenido una posición de oposición tajante contra esas políticas anti obreras del gobierno, haciéndole el juego

En Costa Rica tenemos tres grandes bloques sindicales:

1.- El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), conformado por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (UNDECA), el Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (SITECO), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (SIPROCIMECA). El Sindicato Asociación Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se retiró de BUSSCO.

2.- Patria Justa (PJ) encabezado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) y cinco organizaciones más.

4.- El boque de centrales sindicales tradicionales del sector manufacturero, conformado por la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN), Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), y la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR)

De manera conjunta o por separado, estos bloques sindicales emiten comunicados contra las medidas adoptadas por el gobierno, pero no mueven un solo dedo para evitar las suspensiones de contratos, la reducción salarial o los despidos.

6. Por un plan de lucha sindical a nivel regional

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los trabajadores, centrales obreras y campesinas, sindicatos y organismos populares, a luchar unidos en toda la región para solucionar los problemas comunes:

1.- Aunque la pandemia impide la concentración masiva de personas, llamamos a las organizaciones sindicales a realizar pequeños actos de protesta y de conmemoración del 1 de mayo, sea de manera virtual o presencial, en cada barrio o localidad, tomando las debidas precauciones para evitar el contagio del virus

2. En todos los países de Centroamérica, luchemos por defender los puestos de trabajo. Si es necesario reducir la jornada laboral, no debe haber reducción salarial. Demos exigir en cada centro de trabajo, los equipos de protección personal y seguro de vida para los trabajadores de salud.

3. Para garantizar el derecho al trabajo, debemos reducir las horas de trabajo en las empresas e instituciones del Estado, para que otros trabajadores desempleados puedan trabajar.

4.- Cada Estado debe garantizar un seguro de desempleo, o asignar una renta básica, equivalente al salario mínimo promedio regional (500 dólares), para los trabajadores despedidos y para aquellos que trabajen en la informalidad.

5.- Los fondos para garantizar el seguro de desempleo o renta básica, deben salir de un impuesto especial del 25% a las ganancias de los bancos y grandes empresas, incluidas las zonas francas y empresas transnacionales.

Reducir hasta en un 50% los salarios de los grandes jerarcas de los supremos poderes, miembros de directiva de empresas públicas, instituciones autónomas, gerentes y otros altos funcionarios en cada uno de los Estados.

Debemos exigir que cada Estado declare una moratoria de su deuda externa e interna, para reunir fondos para combatir la pandemia, y garantizar la salud, el empleo y los salarios dignos. Los presupuestos de los Estados deben estar destinados a atender las necesidades de la población más vulnerable

6. De igual manera, exijamos que cada Estado declare una moratoria del pago de los servicios básicos (energía, agua, internet, comunicaciones, etc), estén en manos del Estado o en manos privadas, mientras dure la pandemia.

7.- Debemos exigir subsidios del Estado para evitar la quiebra de las medianas y pequeñas empresas, por ser las principales fuentes de empleo, siempre y cuando no estas no despidan a sus trabajadores.

8.- Suspensión de ejecuciones judiciales por deudas, contra los trabajadores y los dueños de pequeños negocios, victimas de la avaricia de los bancos e instituciones financieras.

9.- Exijamos en cada Estado una reducción de intereses de los bancos y microfinancieras, para fomentar la reactivación económica y la producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria.

10.- Todos los Estados están utilizando los fondos de la seguridad social para combatir la pandemia, pero con ello están liquidando las futuras pensiones. También debemos luchar por devolver al Estado, bajo control de los trabajadores, el sistema de pensiones en aquellos países, como El Salvador, que han privatizado total o parcialmente el sistema de pensiones.

11.- Ante la inoperancia de las burocracias de las centrales sindicales, llamamos a los trabajadores a autoorganizarse de manera independiente, por medio de Comités de Lucha Sindical, para luchar contra las amenazas del desempleo y el recorte salarial, así como exigir condiciones laborales de protección contra la pandemia

12.- Llamamos a la coordinación regional de las organizaciones de trabajadores, que estemos dispuestos a librar la lucha contra la pandemia y la crisis capitalista

El próximo período es de gran crisis económica e inestabilidad política, los trabajadores debemos prepararnos, creando nuevas organizaciones, fortaleciendo y democratizando las existentes. El futuro está en juego.

Centroamérica, 30 de abril del 2020

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

EL 18 de abril del 2018 una pequeña pero combativa protesta estudiantil, convocada en las afueras de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, Nicaragua, fue violentamente reprimida por las “turbas” de la dictadura Ortega-Murillo, lo que encendió la llama de la solidaridad en todos los recintos universitarios, iniciándose una gigantesca rebelión juvenil que fue reprimida a balazos al día siguiente, con el resultado de decenas de estudiantes asesinados producto de la intensificación de la represión estatal.

Estos dos acontecimientos marcaron el inicio de la “insurrección cívica” en todo el país. Todo cambió de repente. Las inmediaciones de la Universidad Politécnica (UPOLI) se convirtieron en un campo de batalla de la insurrección popular. Las marchas se reproducían en todos los municipios del país. Todas reclamando la renuncia del Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, exigiendo justicia.

1.- El nacimiento de nuevas expresiones políticas

La ruptura del statu quo, permitió el surgimiento de nuevas agrupaciones, casi en las mismas fechas, a inicios de mayo del 2018. Por un lado, surgió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) controlada y dirigida por las cámaras empresariales (COSEP, AMCHAM y FUNIDES) que rápidamente se reacomodaron, rompieron sus alianzas con la dictadura, y bajo la bendición de la Iglesia Católica, atrajeron a una parte de los movimientos sociales que habían surgido al calor de la rebelión de abril, y de otros que tenían larga trayectoria de lucha como el movimiento feminista y el movimiento campesino.

El objetivo central de la ACJD no era el derrocamiento de la dictadura, sino buscar una salida electoral, es decir, el “aterrizaje suave”. Por ello las principales consignas de la ACJD fueron el Dialogo Nacional para negociar las elecciones anticipadas.

Por otro lado, siempre a inicios de mayo del 2018, surgió la Asamblea de Movimientos Sociales (AMS) conocida también como Articulación.

Tanto la ACJD como la Articulación tenían vasos comunicantes, porque muchos de los movimientos sociales que surgieron en abril se entrelazaban con ambas organizaciones, aunque hubo contradicciones en torno a cuál era la ruta para salir de la dictadura.

2.- El frustrado Dialogo Nacional

La dictadura estaba acorralada por la movilización de masas y el aislamiento internacional, por eso convocó al Dialogo Nacional, para ganar tiempo. La dictadura engaño a todos haciéndoles creer que podía ceder las elecciones anticipadas. Mientras se producían las más grandes movilizaciones de la historia, Ortega-Murillo convocaron al Dialogo Nacional el 16 de mayo y le pusieron fin el 16 de junio, día que se inició la ofensiva militar contra los tranques y barricadas

El mes de mayo fue el de mayor cantidad de movilizaciones en todo el país. Esta coyuntura favorable fue desaprovechada, por las ilusiones que generó la convocatoria del Dialogo Nacional. No hubo una dirección revolucionaria que llamase a la Huelga General o Paro Nacional indefinido. En sentido contrario, todos los medios de comunicación, incluida la propaganda de la ACJD y la propia Articulación, se concentraban en le necesidad de mantener la lucha pacífica. La consigna de elecciones adelantadas fue abandonada, primero por la ACJD y después por la Articulación a finales del 2018.

3.- El aplastamiento de los tranques

Ortega y Murillo engañaron a todos con el Dialogo Nacional, ganaron tiempo y después desencadenaron una brutal represión contra los tranques, cambiando la correlación de fuerzas. La insurrección cívica desarmada fue herida de muerte, los liderazgos locales fueron asesinados, encarcelados o forzados al exilio. Este hecho sangriento permitió que la dictadura todavía sobreviva en el poder, a pesar de su agonía.

4.- Es necesario sacar un balance

En abril se inició una auténtica revolución democrática que, a pesar del heroísmo desplegado por las masas, no logró el objetivo central de imponer la renuncia de la pareja Ortega-Murillo.

¿Qué pasó? ¿Por qué la dictadura todavía se mantiene en el poder? La revolución democrática de abril del 2018 terminó siendo salvajemente reprimida, abortada, por una combinación de factores que vale la pena analizar.

4.1.- Espontaneidad y ausencia de una conducción revolucionaria

Un factor determinante fue la espontaneidad de la explosión social, un proceso espontaneo, sin planificación alguna, sin influencia de ningún partido político. Si bien es cierto que el proceso espontaneo permitió el surgimiento de nuevos liderazgos, la falta de una conducción política centralizada permitió que la dictadura masacrara los focos revolucionarios, uno por uno, hasta disolverlos.

Cuando más se notó esta debilidad fue en la lucha de los tranques (mayo-junio), los cuales no tenían coordinación entre un municipio y otro, un aspecto que permitió su destrucción.

4.2.- El surgimiento y desaparición de la vanguardia estudiantil

Los estudiantes universitarios fueron el sector social que se colocó a la vanguardia de la lucha democrática en abril del 2018. Los grupos estudiantiles que surgieron no tenían experiencia política, y muchas veces rivalizaban entre sí.

En el año 2018 se produjeron dos intentos de crear una nueva organización estudiantil, que superara la dispersión y se postulara como alternativa ante la decadente Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN).

El primer intento fue la creación de la Coalición Universitaria (CU). Esta organización fue creada a instancias de la Iglesia Católica, para escoger una representación estudiantil que participase en el primer Dialogo Nacional.  La CU termino siendo controlada por ACJD, lo que obligó algunas expresiones estudiantiles a abandonarla.

El segundo intento fue la creación de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia (CUDJ), vinculada a la Articulación. La CUDJ mantuvo algunas tácticas erróneas como la “desobediencia estudiantil” que facilitó la dispersión del estudiantado.

Ambas corrientes estudiantiles se fueron debilitando en el tiempo, porque no lograron mantener los nexos sociales con las bases estudiantiles y porque lentamente, ante las necesidades de protegerse de la represión fueron captadas políticamente por la conducción de los ONGs que proporcionaban los fondos para el sostenimiento de las actividades, incluido el sostenimiento de las casas de seguridad, la sobrevivencia económica de los lideres perseguidos, etc.

Pero, lo fundamental, fue que estos grupos estudiantiles no lograron dar el salto para convertirse en una nueva opción política, tal como reclamaba la mayoría de la población. Al final los grupos estudiantiles están sumamente debilitados, casi extinguidos. Ese sentido de representatividad universitaria hoy en día no es más que un capital político en el que estos grupos se valen para justificar su participación en las diferentes plataformas de oposición.

A pesar de los pocos intentos de democratizar el sector estudiantil: con asambleas estudiantiles, como las de la UNI el 7 de mayo del 2018, la asamblea pública convocada por los movimientos afines a la CUDJ a inicios de agosto de ese mismo año; o la fallida asamblea estudiantil, convocada por una amplia variedad de movimientos y organizaciones estudiantiles en 2019, no se logró consolidar una representación legítima de toda la comunidad estudiantil, ni tampoco se logró la democratización de estos espacios o plataformas estudiantiles. Más bien, todo lo opuesto.

Es así como los movimientos estudiantiles que emergieron en abril, no pasaron a ser más que grupos particulares de estudiantes que no fueron electos por sus bases. Algunos de ellos, con poca o nula conexión con sus recintos universitarios y las bases estudiantiles.

El último esfuerzo por lograr la cohesión de los grupos estudiantiles se produjo en 2019 cuando ambas tendencias: los grupos pertenecientes a la ACJD, y los partícipes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) decidieron sumar esfuerzos para la construcción de una plataforma independiente. Es así como también otros grupos de universitarios respondieron a esta convocatoria.

Sin embargo, como era de esperarse, estos esfuerzos fracasaron desde su inicio. La lucha estudiantil que se argumentaba defender había quedado en un segundo plano, mientras a lo interno del recién nombrado “Sector Estudiantil” se libraba una disputa por el control del mismo. La hegemonía de una tendencia sobre la otra, ejerciendo el poder desde la centralización de las demandas y de su participación política.

El punto de inflexión entre ambas tendencias de los grupos estudiantiles se da a finales de 2019, cuando se llega al acuerdo de exigirle a la empresa privada un Paro Nacional Indefinido por la liberación de los presos políticos, así como por el cese de la violencia del Estado. Sin embargo, no todos estos grupos estudiantiles estuvieron a favor, por estar alineados a la agenda del gran capital.

Las cámaras empresariales del COSEP, precedidas por José Adán Aguerri, sostuvieron una renuencia absoluta al paro nacional, postura que también adoptaron la mayoría de los grupos estudiantiles que pertenecían a la ACJD, llegando incluso estos a declarar ante uno de los medios nacionales que “el paro nacional era una medida populista”. Fue esta última fricción la que desintegró totalmente la supremacía de representación estudiantil nacional que se apostaba a construir.

4.3.- La conducción de los ONGs

Debido a que el sistema de partidos políticos había sido pulverizado por la dictadura, sea por reclutamiento de los partidos zancudos, o por la desaparición de los grupos de izquierda, el vacío de conducción fue llenado por los ONGs que en épocas normales apoyaban a los movimientos sociales.

El problema de los ONGs es que no tienen independencia, porque sus agendas políticas son impuestas por los donantes que aportan los fondos para financiar sus actividades. En este proceso, los ONGs terminan controlando a los movimientos sociales, que se vuelven dependientes de ese financiamiento. El resultado es desastroso. Los activistas sociales terminan aceptando la agenda política de los donantes. En vez de construir organizaciones desde abajo, con los recursos económicos aportados por los diferentes sectores sociales, se trabaja con presupuestos, salarios, viáticos, y demás rubros.

Donde más se puede apreciar el daño causado por los ONGs fue en los grupos estudiantiles. Una parte de los dirigentes estudiantiles fue becada para estudiar en el extranjero, otra parte ha abandonado la lucha, y un reducido grupo se mantiene dependiente de los cada vez más escasos fondos de los donantes.

5.- Ascenso y declive de la UNAB

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) fue creada en octubre del 2018 como la primera gran coalición contra la dictadura. En su creación participación diferentes grupos, incluida la ACJD.

Lentamente, a pesar de los roces y contradicciones con la ACJD, la UNAB comenzó a declinar en el año 2019, y a depender cada vez más de su estrecha alianza con la ACJD. Cuando se convocó al segundo Dialogo Nacional, en marzo del 2019, la UNAB fue bajando el tono de sus críticas, en aras de la unidad.

¿Cómo pasó esto? Poco a poco se cambió el discurso. Esto se debió al peso creciente de los ONGs dentro de la conducción de la UNAB, quienes, en la medida que descendía la actividad de las masas, producto de la represión, fueron tomando el control, desplazando a los grupos de autoconvocados, imponiendo métodos de lucha que no lograban despertar la energía del movimiento popular.

6. La gran Coalición Nacional (CN)

El año 2019 fue de retroceso casi total del movimiento popular. La dictadura había logrado recuperar el control. Los niveles de represión dificultan todavía la labor a de reorganización. De esta manera, se abandonó definitivamente la lucha por el derrocamiento de la dictadura, y se establecieron metas electorales, incluso aceptando en los hechos la realización de elecciones hasta el 2021.

La unidad por sí sola no aporta fuerzas sociales. Depende del tipo de unidad, y con quien nos aliamos. La UNAB abandono sus denuncias contra los partidos zancudos, siempre en aras de la “unidad”. La ACJD y la UNAB anunciaron en dos ocasiones la creación de la gran Coalición Nacional (CN) pero esta todavía no ha terminado de materializarse, por el conflicto de intereses de muchos de los participantes, como es el caso del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán.

7. La pandemia del coronavirus y la lucha contra la dictadura

La pandemia del coronavirus amenaza convertirse en una catástrofe para el pueblo de Nicaragua, pero la oposición agrupada en la CN no tiene una política para denunciar la incapacidad de la dictadura y para presentar las propuestas de emergencia, sobre todo en el plano de la economía.

No basta la campaña de lavarse las manos y de mantener el distanciamiento social, o de quedarse en casa, si no existe desde el Estado el soporte económico para que las familias resistan la cuarentena. Este será un problema crucial en las próximas semanas, es el principal problema que preocupa a la población.

Recientemente, la CN emitió un comunicado sobre el segundo aniversario de la revolución de abril, donde, con la retórica que le caracteriza, no mencionó una sola palabra sobre cuáles son las propuestas para luchar contra la pandemia, evidenciando de esta manera su bancarrota política.

8. La CN pide elecciones adelantadas, pero se olvida de la crisis económica

Con motivo del segundo aniversario de la revolución de abril del 2018, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, publico una carta que en resumen plantea lo siguiente:

“(…) Exhortamos al presidente Ortega y a la vicepresidenta Murillo a iniciar sin demora una transición democrática —que incluya el restablecimiento de las garantías de derechos humanos y la realización de elecciones libres y justas— para asegurar una Nicaragua con salud, prosperidad y libertad”.

En la versión en inglés, decía “inmediatamente, pero la versión en español se limitó a exigir “sin demora”.

En el comunicado de la CN, no se tocó el tema de cómo mitigar los efectos del coronavirus, pero si toco nuevamente el tema electoral. “(…) alzamos nuestra voz para denunciar y demandar nacional e internacionalmente, que el Régimen Ortega Murillo no debería ni puede continuar en la conducción del Gobierno de la República de Nicaragua. Demandamos el inicio inmediato de una transición democrática que restablezca la justicia, democracia y libertad sin impunidad y con garantías de no repetición.

“Hoy, 19 de abril, la Coalición Nacional y las organizaciones sociales y políticas que la integramos, le reiteramos al pueblo de Nicaragua que seguiremos luchando a su lado por la salida pacífica de este régimen a través de elecciones adelantadas, libres, justas y observadas. No descansaremos hasta lograr una transición democrática”.

No se atrevieron a llamar a las cosas por su nombre, exigiendo la renuncia inmediata de la pareja presidencial Ortega-Murillo, por su incompetencia para manejar la lucha contra el coronavirus, sino que, repitiendo el discurso de Mike Pompeo, volvieron a plantear “elecciones adelantadas”, cuando la principal preocupación de la población es como sobrevivir a la crisis económica que ronda nuestros hogares, con las secuelas de desempleo y miseria.

Por eso la dictadura ha logrado sobrevivir, porque no hay una oposición verdadera, que oriente al pueblo en la lucha. Por eso llamamos a construir una nueva alternativa política, ya que la lucha contra la dictadura debe mantenerse y pasa, por el momento, en combatir las estupideces del gobierno en torno al coronavirus y la crisis económica que se agudizara en los próximos meses,

¡La sangre derramada, no será en vano: lucharemos y derrocaremos a la dictadura!

Centroamérica, 19 de abril del 2020

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

En casi todos los Estados que conforman la nación centroamericana, los gobiernos de turno han decretado cuarentenas, toques de queda y medidas de excepción, para contener la expansión del coronavirus, con la única excepción de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua que no toma ninguna medida significativa para proteger a su población.

No obstante, los trabajadores y los sectores populares son los mas afectados por la paralización de la economía. Todo el enfoque de los gobiernos se centra en el “distanciamiento social”, pero no adoptan medidas económicas para compensar o mitigar los efectos económicos de las cuarentenas o toques de queda. En Centroamérica, producto de las políticas neoliberales, un alto porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) está sumida en la informalidad y la marginalidad. Las cuarentenas y toques de queda perjudican directamente a los trabajadores, enviándolos al desempleo, y también a los trabajadores informales.

Las políticas de los gobiernos nos colocan en un callejón sin salida: o morir asfixiado por efecto del coronavirus, o morirnos de hambre junto con nuestras familias. Ninguno de los gobiernos ha adoptado medidas económicas para garantizar el salario y proteger los precarios niveles de empleo, evitar la suspensión generalizada de contratos laborales en todos nuestros países, mientras la pandemia avanza incontenible.

La respuesta de los sindicatos es nula. Las políticas de “distanciamiento social”, el temor al contagio, producen desmovilización y atomización, coloca a los trabajadores en una posición defensiva individual, mientras los empresarios y los gobiernos actúan como grupos organizados, aplicando políticas de ajuste para salvar sus empresas, lo que se traducen en hambre para los trabajadores y sus familias

En nuestra Declaración, con fecha 17 de marzo del 2020, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) planteó “13 propuestas para combatir el corona virus y garantizar atención médica a la población mas vulnerable”. En el punto 12 de esa Declaración llamamos a la “autoorganización popular”. Este punto merece una ampliación especial.

Ante la gravedad de la crisis y la catástrofe económica inminente, y la ausencia de una repuesta urgente a las necesidades económicas de la población, desde el PSOCA llamamos a las centrales obreras, sindicatos, organismos populares, centrales campesinas, organizaciones estudiantiles, grupos y partidos de izquierda, a luchar en unidad de acción para promover la autoorganización obrera, estudiantil y popular, creando Comités de Salud Pública (CSP), en cada barrio, Colonia o municipio, con base a 10 propuestas concretas o líneas de trabajo conjunto.

Proponemos que estos CSP se conformen de la siguiente manera:

1.- Un grupo de vecinos y vecinas voluntarios pueden actuar como directiva provisional, de preferencia jóvenes con menor vulnerabilidad ante el virus. Debido a la imposibilidad, por el momento de convocar a asambleas populares, este nuevo organismo autoconvocado debe actuar y rendir cuentas ante la comunidad. Estas actuaciones deben estar sujetas a ratificación o rechazo por parte de los vecinos. Sabemos que no hay condiciones para reuniones masivas, pero debemos actuar. Cuando existan condiciones para hacer reuniones públicas masivas, las haremos.  Mientras tanto, con el apoyo de la comunidad, se debe iniciar el trabajo de proteger la salud pública en nuestras comunidades.

Estos CSP deben organizarse de manera independiente de los gobiernos y las municipalidades. De igual manera, debemos evitar que los partidos políticos tradicionales, cualquiera que sea, intente manipular el surgimiento de estos organismos de autoorganización popular. Los CSP deben conformarse por encima de cualquier diferencia política, religiosa o ideológica. Nos une la necesidad de luchar desde la comunidad contra la pandemia, por la inoperancia de los gobiernos

2.- La cuarentena deben mantenerse hasta que las autoridades sanitarias demuestren que el peligro ha pasado, y esta visión sea aceptada por la mayoría de la comunidad. En cada localidad, este CSP debe organizar la vigilancia para el cumplimiento de esta importante disposición, sin cometer atropellos, apelando siempre a la voluntariedad y la solidaridad responsable. Entre todos podemos contener al virus.

3. Ante la ausencia de datos oficiales confiables, no solo debemos mantener la desconfianza a las cifras oficiales, sino que, con el apoyo de la comunidad, los CSP debemos levantar una lista de posibles vecinos enfermos, no para maltratarles o despreciarlos, ya que ellos son víctimas de las terribles condiciones de salud existentes, sino para apoyarles y brindarles solidaridad, para evitar que el contagio se extienda y se vuelva incontrolable y dañino para el conjunto de la comunidad.

El CSP debe verificar que los enfermos y sospechosos de contagios estén resguardados en sus hogares, instruyendo que deben estar separados del resto de la familia, pero siempre bien atendidos, con alimentación y el cuidado que todo enfermo requiere. El objetivo de esta medida es proteger a los niños y ancianos, las personas con mas riesgo de sufrir una complicación grave.

4.- El CSP debe garantizar que en la comunidad se cumplan con todas las indicaciones de los especialistas en salud que los gobiernos han desoído: distanciamiento social de 2 metros, el uso generalizado de mascarillas, la instalación de lavamanos provisionales en los puntos definidos, etc.

5.- El CSP debe exigir a las autoridades el abastecimiento de mascarillas y guantes. En su defecto, debemos instalar un taller de costura que permita la elaboración masiva de mascarilla de tela quirúrgica, pues estas no deben elaborase de cualquier material; que pueden ser reusables, previo lavado.

En los barrios y colonias donde escasee el agua, se debe instalar un centro de acopio de agua, que garantice mínimamente el agua para el lavado de manos, así como para abastecer las necesidades del barrios, colonia o municipio organizado.

6. Ante la casi segura saturación de hospitales y centros de salud, se debe contemplar la instalación de un centro comunal de refugio y atención a los enfermos graves, en ayuda con el personal medico o de trabajadores de la salud que viven en la localidad. Debe cumplirse todas las medidas de bioseguridad, priorizando en estos puestos a los especialistas en conocimientos médicos y jóvenes.

7.- El CSP debe exigir a las autoridades sanitarias, municipales y nacionales, el abastecimiento de medicinas para mitigar los síntomas de los casos leves de contagio. Así como la asistencia técnica para que la organización local pueda hacerle frente al virus. El Estado ha demostrado reiteradamente que no puede responder de manera centralizada a la crisis, es hora que asuma su papel, brindando ayuda a las organizaciones locales, pues cada una de estas conoce y controlara de mejor manera la situación local.

Existe un “boleo” entre los gobiernos y las municipalidades, ninguno da la repuesta adecuada.

8.- Si la situación de abastecimiento de productos alimenticios se complica, sea porque no hay salarios, por los despidos masivos, o porque los productos escaseen, es de vital importancia crear una bodega popular para que los mas golpeados por la crisis económica, tengan donde abastecerse.

El CSP debe iniciar las gestiones con las autoridades municipales y nacionales, exigiendo el abastecimiento de comida en aquellas comunidades donde aparezca el hambre y el desabastecimiento. La crisis sanitaria no debe volverse, bajo ninguna circunstancia, una crisis alimentaria que promueva la debilidad inmunológica de las personas ante el virus.

9. En caso de proliferación de muertes, el CSP debe apoyar a las familias dolientes, garantizando un sepelio que no implique contaminación para la propia familia, así como la realización de honras fúnebres para los difuntos, en la que solo participe un pequeño grupo de familiares, para evitar el contagio. No debe tratarse los cuerpos de las victimas del virus como simples desechos humanos, se debe respetar las creencias religiosas de cada una de las familias.

10. El CSP debe establecer nexos con las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares de la localidad, para trabajar en conjunto, no duplicar esfuerzos, y mantener la unidad popular en un momento tal difícil, en la que los Estados han demostrado nuevamente su incapacidad para poder brindar seguridad y garantías a las comunidades de todos los países de la patria centroamericana.

Unidos, luchando por el empleo y los salarios, podremos derrotar a la pandemia

Centroamérica, 13 de abril del 2020

Secretario Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)