Desde mediados de abril del 2018, Nicaragua está siendo sacudida por una intensa actividad de masas, un genuino proceso de revolución democrática que, a pesar de las continuas masacres, involucra cada vez más a amplios sectores sociales que luchan conjuntamente para poner fin al régimen totalitario instaurado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
1.- Estallan pugnas interburguesas
Después de muchos años de férreo control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre el conjunto de la sociedad nicaragüense, la lucha contra las inconsultas reformas a la seguridad social, desató la rebelión estudiantil que rápidamente se convirtió en una semi insurrección popular, que a sangre y fuego fue detenido temporalmente por el gobierno Ortega-Murillo.
Fue así que la rebelión estudiantil encendió la llama del levantamiento popular. La crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pasó a un segundo plano. El clamor popular era y sigue siendo terminar con el asesino gobierno Ortega-Murillo.
La lucha estudiantil y popular destapó la crisis interburguesa que se venía gestando tiempo atrás, y que solo eran simples rumores en los pasillos de las cámaras empresariales. A pesar que desde el año 2007, para consolidar su régimen bonapartista, Daniel Ortega mantuvo una estrategia política de “alianzas, diálogos y consensos” con los grandes grupos económicos y la oligarquía financiera, que le permitió aprobar leyes y hacer jugosas concesiones económicas y fiscales, en el último periodo los grupos empresariales se quejaban de la corrupción y de la “competencia desleal”.
La masacre estudiantil de abril del 2018, y la semi insurrección obligaron a los grandes grupos económicos (Pellas, Coen, Chamorro, Baltodano y banqueros), al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), a distanciarse del gobierno Ortega-Murillo y a subir el tono de sus reclamos.
2.- La ACJD: ¿Alianza táctica o Estratégica con los Empresarios?
En los últimos 12 años, la percepción popular ha sido que los empresarios del COSEP han colaborado con Daniel Ortega a cambio de la buena marcha de sus negocios, y que esto ha permitido consolidar su dictadura. El fenómeno de la semi insurrección de abril, y la posterior masacre, forzó a los empresarios a cambiar el discurso y a exigir lo que han llamado “democratización”. En la medida que se terminó el alegre flujo de petrodólares de la cooperación venezolana, los empresarios comenzaron a hablar de reinstaurar la democracia, y a convocar a marchas pacíficas de protesta contra el gobierno.
La rebelión estudiantil de abril produjo el colapso de la anquilosada dirección burocrática de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), bajo el férreo control sandinista, y el surgimiento de nuevas e improvisadas direcciones del movimiento estudiantil, algunas de ellas ligadas a los ONGs que desarrollan algún tipo de lucha social. Estos ONGs autodenominados “sociedad civil” y las nuevas direcciones estudiantiles, establecieron una alianza con los empresarios del COSEP, para luchar contra el gobierno
El día 11 de mayo del 2018, antes de la instalación formal del Dialogo Nacional el día 16 de mayo, fue dada a conocer la constitución de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), compuesta por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), el COSEP, AMCHAM, una alianza de grupos estudiantiles, el movimiento campesino anti canal interoceánico, organizado en el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, y otros grupos sociales.
En la lucha por la democratización de Nicaragua es válido establecer alianzas tácticas con diferentes grupos sociales, incluidos los empresarios del COSEP y AMCHAM, siempre con el objetivo de procurar la movilización popular que permita el derrocamiento del gobierno Ortega-Murillo. Una vez que se logre el objetivo central, ahí se deben acabar las alianzas tácticas.
Por ello insistimos que las organizaciones estudiantiles y demás grupos sociales que participan en la ACJD, como el movimiento campesino anticanal y otros grupos, bajo ninguna circunstancia deben supeditarse a la política y los intereses de los empresarios del COSEP. A nuestro criterio deben mantener en todo momento una posición independiente que defienda los intereses de los sectores sociales que representan, para evitar que el proceso de revolución democrática en curso sea negociado o traicionado.
Al comienzo, la alianza se produjo en torno a la consigna de renuncia del gobierno Ortega-Murillo, una demanda popular, lo cual era correcto: ¡todos contra el gobierno!. Posteriormente, sin consultar a sus bases, la alianza táctica con los empresarios del COSEP se convirtió en una alianza estratégica, que se produjo alrededor del documento conocido como “Agenda para la Democratización de Nicaragua”, el cual fue presentado en la sesión del Dialogo Nacional del día 23 de mayo del 2018. Como era de esperarse, el gobierno Ortega-Murillo se resistió inicialmente a hacer concesiones, suspendiendo temporalmente las negociaciones, acusando a la ACJD de impulsar un “golpe de Estado”.
Si bien es cierto que, en momentos de auge de la lucha popular, debemos cerrar filas contra el gobierno Ortega-Murillo, es lamentable observar cómo, a partir de la instalación del Dialogo Nacional, algunos dirigentes de las cinco agrupaciones que forman la Coalición Universitaria que participan en la ACJD han perdido el impulso democrático, limitando su autonomía e independencia política, subordinándose a las políticas y estrategias del COSEP y AMCHAM.
Pero no todas las nuevas dirigencias estudiantiles han sido neutralizadas. Todavía existen dirigentes realmente independientes, y esperamos que sean la mayoría. En una reciente entrevista, el dirigente universitario Harley Morales, expresó el malestar de una parte de los nuevos dirigentes y se mostró muy crítico con el comportamiento de algunos delegados estudiantiles en el reciente viaje a la Asamblea de la OEA, realizada en Washington: “(…) Este viaje fue financiado desde Estados Unidos (Freedom Foundation) y se les impuso una agenda, y eso es terrible. Fueron ellos quienes decidieron qué estudiantes irían (…) No sabíamos de las reuniones con Ted Cruz, con Ileana Ross ni con Marco Rubio. Tenemos un gran descontento con eso. Cuando vengan los muchachos, vamos a hablar con ellos. No podemos ceder en lo fundamental (…)”. (El Faro, 10/06/2018)
En relación a la alianza con el COSEP, Harvey Morales aclaró que “(…) Sabemos que cuando el COSEP no nos necesite, nos van a descartar. Pero nosotros tenemos otros planes. (…) A los empresarios los tenemos como aliados de cara al diálogo, pero no tenemos confianza. Una vez fuimos muy claros a ellos: les dijimos que temíamos que el diálogo fuera un show mediático y que el verdadero diálogo se estuviera haciendo bajo de la mesa. Esa es una sospecha latente. (…) La historia nos dice que no debemos supeditarnos a la agenda política y económica del empresariado y sabemos que nos dejarán en la calle. Sabemos el riesgo en el que caemos por estar recibiendo su apoyo. Creen que nos pueden pedir algo a cambio. Nosotros insistimos en justicia y democracia, y hay algunas cosas que decimos que no les han gustado. (…)”. (Op Cit)
Esta visión lucida contiene una sana y natural desconfianza a los empresarios del COSEP, antiguos aliados del gobierno de Daniel Ortega. Esta debería ser la actitud predominante de la dirigencia estudiantil y de los movimientos sociales que participan en la ACJD, ya que existe la posibilidad real e inminente que los empresarios lleguen a un acuerdo con el gobierno Ortega-Murillo para impulsar elecciones adelantadas, como un mecanismo para evitar una insurrección general que derroque al gobierno Ortega-Murillo
3.- El abandono de la consigna de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo
En esta alianza de la Coalición Universitaria con el COSEP, observamos que la primera claudicación se produjo cuando se abandonó la consigna de la renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, siendo sustituida por el primer punto de la “Agenda de Democratización” presentada por los obispos en la sesión del Dialogo Nacional del día 23 de mayo del 2018.
El primer punto de la Agenda de Democratización de la ACJD se refiere a la realización de: “Elecciones libres y mecanismos constitucionales para la celebración de un procesal electoral justo y transparente (…) Reforma parcial de la Constitución Política a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas, a la mayor brevedad posible (…) 2.- Adelanto y convocatoria a elecciones generales de autoridades sujetas a elección popular. 3.- Reducción del período de las autoridades de los poderes del Estado (…)”
Se abandonó la exigencia de la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para dar paso a la realización de elecciones, previa reforma a la Constitución. La exigencia de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo no aparece por ningún lado, no fue colocada como el principal punto de agenda. Al contrario, la propuesta de elecciones adelantadas, permitiría al FSLN reorganizarse, y mantener importantes cuotas de poder en los poderes e instituciones del Estado.
Todos los demás puntos, como reforma constitucional para prohibir la reelección presidencial, reestructuración de los poderes del Estado, nueva ley de partidos políticos, son secundarios porque dependen del resultado de las elecciones anticipadas.
Ahora bien, la Agenda de Democratización de la ACJD también contempla que “(…) 3.- las nuevas autoridades del CSE, CSJ y de la CGR son nombrados producto del Consenso de la mesa del Diálogo”. Este punto no queda claro si es antes o después de la hipotética convocatoria de elecciones generales anticipadas. Si es antes, significaría que, utilizando el método del consenso, los nuevos magistrados serian repartidos, otorgando una cuota a cada sector dentro del Dialogo Nacional, lo que implicaría que el FSLN tendría la mitad de los magistrados. Si es después de las elecciones generales, es una medida antidemocrática porque contradeciría al resultado de la voluntad popular en las elecciones.
4.- ¿Orteguismo sin Ortega?
Mientras los estudiantes y sectores populares pelean en las calles, los empresarios del COSEP conspiran para evitar el triunfo de una nueva revolución, como la que ocurrió en 1979, con la diferencia que en el actual proceso revolucionario no hay una organización guerrillera que la dirija.
Es un proceso masivo y espontaneo de rebelión y luchar popular, que no tiene una conducción reconocida ni centralizada. Quizá en es este aspecto esta la mayor fortaleza, y debilidad al mismo tiempo, de la revolución democrática en curso.
La ACJD no es la conducción de la lucha cotidiana en las barricadas, pero si es el sector que está negociado, y dentro del mismo los empresarios del COSEP han tomado el control e imponen la agenda y la dinámica a seguir. Es una enorme contradicción, por eso es que el rumbo de las negociaciones no refleja la dinámica insurreccional del movimiento popular.
Igual que en 1979, tenemos sectores que intentan torcer el rumbo de la revolución, negociando una “salida constitucional”, es decir, una salida que preserve los pilares fundamentales del Estado, como son el Ejército Nacional y la Policía Nacional.
Después de la liberación de ciudades como Masaya, Jinotepe, Diriamba y León, no cabe la menor duda que el gobierno está moribundo, importantes sectores de masas se han rebelado, pero todavía no ha muerto. El sistema político sigue intacto.
La escalada represiva de Daniel Ortega en los últimos días pretende crear las condiciones para que el pueblo insurrecto acepte como “mal menor” un adelanto de las elecciones, pero hasta noviembre del 2019, es decir, dentro de año y medio, lo que da un tiempo prudencial al FSLN para reorganizar sus fuerzas.
Este es el plan que el gobierno Ortega-Murillo ha presentado a Estados Unidos y la OEA, y que estos han aceptado en términos generales, lo que le permitiría al orteguismo negociar los poderes e instituciones del Estado, hacer algunos cuantos cambios formales, calmar a los empresarios del COSEP, quedar bien parado con el imperialismo norteamericano para que no le congelen los activos a la familia Ortega-Murillo, mantener el control de la Policía y el Ejercito, en pocas palabras, un orteguismo sin Daniel Ortega, pero conservando éste una altísima cuota de poder.
El problema es que, si revisamos con lupa la Agenda de Democratización presentada por la ACJD en el Dialogo Nacional, coincide parcialmente con el plan acordado con la OEA y Estados Unidos, porque en la misma ya no se plantea como punto central la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, sino que está centrada en el tema del adelanto de las elecciones y la realización de importantes reformas democráticas.
5.- Propuesta de Programa Alternativo para democratizar Nicaragua en beneficio de los más pobres
La Agenda de Democratización de la ACJD no plantea ni una sola reivindicación estudiantil o popular. A pesar que el movimiento campesino anticanal es una de las organizaciones más importantes que participan dentro de la ACJD, no hay una sola reivindicación a favor de los campesinos y su lucha.
Por ello necesitamos con urgencia un programa que unifique a la mayoría del pueblo en torno a las reivindicaciones democráticas que satisfaga las aspiraciones de los sectores sociales en lucha.
Por ello, para contribuir al triunfo de la lucha que actualmente se libra en las calles, hemos considerado conveniente someter a consideración de la vanguardia estudiantil y de los sectores populares en lucha, el siguiente programa:
5.1.- ¡!Abajo el gobierno Ortega-Murillo!!
La consigna que ha unificado a la mayoría del pueblo es la exigencia de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, esta consigna, que ha sido abandonada en los hechos por la ACJD, debe mantenerse porque es el gran clamor popular.
5.2.- ¡!Adelante con la insurrección popular!!
Si no quieren renunciar debemos continuar profundizando la dinámica insurreccional, organizando milicias o brigadas de autodefensa, liberando municipios, avanzando con los tranques, constituyendo gobiernos locales, hasta liberara todo el territorio nacional.
Exhortamos a los miembros de la Policía y del Ejercito a no disparar contra el pueblo, y más bien rendirse como ha ocurrido en ciudades como León, Jinotepe y Masaya o, en el mejor de los casos, sumarse a la insurrección popular.
5.3. ¡!No a elecciones anticipadas bajo la existencia del gobierno Ortega-Murillo!!
El inminente anuncio de elecciones anticipadas para el año 2019, es parte del plan que Daniel Ortega negoció recientemente con el gobierno de Estados Unidos y con la OEA. Este plan pretende mantener con vida el represivo sistema orteguista, pero sin la presencia visible de la pareja Ortega-Murillo. Con ello intentan detener la dinámica insurreccional que actualmente se desarrolla en casi todo el país, y volcarla hacia las urnas electorales. En ese sentido, el anuncio llega muy tarde.
En condiciones normales, las elecciones anticipadas serian un mecanismo para que el pueblo decida democráticamente el futuro o la composición del gobierno, pero actualmente tenemos un proceso insurreccional que, a nuestro juicio, después de tanta represión y sangre derramada, ya no debe detenerse y debe culminar la grandiosa tarea de demoler el aparato represivo que los sucesivos gobiernos de Daniel Ortega construyeron en los últimos 12 años. Vistos los antecedentes de fraudes electorales, un requisito básico para la realización de elecciones democráticas es que desaparezca el gobierno Ortega-Murillo.
5.4.- ¡!Por un gobierno de los luchadores!!
La exigencia de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, si llegamos a imponerla, nos plantea inmediatamente el desafío y la interrogante de que fuerza es la que debe asumir provisionalmente el gobierno.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que quienes deben asumir el gobierno son las fuerzas sociales que participan activamente en la insurrección, es decir, los luchadores, los estudiantes y campesinos descalzos, los que han estado realmente al frente de la lucha.
Por ello hemos insistido que, desde los municipios y ciudades liberadas, se extienda esta experiencia de autogobierno a todo el país, y se elijan delegados de forma piramidal, de abajo hacia arriba, hasta constituir un Consejo Nacional de Luchadores, que son los que deben asumir el control y nombrar un gobierno provisional, encargado de convocar a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente.
5.5.- ¡!Por una Comisión Independiente que investigue las masacre, crímenes y actos de corrupción cometidos por el gobierno Ortega-Murillo!!
Una comisión compuesta por luchadores populares y familiares de las víctimas debe hacer las averiguaciones necesarias para determinar las responsabilidades y castigar a los funcionarios o civiles culpables. El gobierno Ortega-Murillo está negociando una amnistía general que le permita evitar el deslinde de responsabilidades. Debemos oponernos a cualquier intento de amnistía y exigir juicio y castigo a los culpables.
De igual manera, planteamos que todas las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito, como la ocurrida con los fondos de Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y otras instituciones del Estado, deben ser investigadas, y esos recursos sustraídos ilegalmente deben ser restituidos a dichas instituciones del Estado.
5.6.- ¡!Reorganización total de los poderes e instituciones del Estado!!
Una vez instaurado un gobierno provisional revolucionario, se debe proceder a la reorganización de todos los Poderes e instituciones del Estado, bajo la premisa básica de que cualquier alto funcionario debe ser electo directamente por el pueblo, debe ganar el salario de un obrero calificado, y su mandato puede ser revocado en cualquier momento.
Para evitar la corrupción, todos los magistrados y jueces deben ser electos directamente por el pueblo en cada distrito electoral, sea por medio de asambleas o urnas electorales, y revocados cada vez que sus electores lo consideren conveniente.
5.7.- ¡!Disolución de la Policía Nacional y sustitución por una Policía comunitaria!!
Bajo el gobierno Ortega-Murillo la Policía Nacional se convirtió en un pequeño ejército asesino, encargado de reprimir a quienes luchaban por la democratización del país. Esta Policía se alejó del pueblo y, por lo tanto, debe ser disuelta y sustituida por una nueva Policía Comunitaria, basada en el voluntariado de los pobladores en los diferentes barrios.
5.8.- ¡!Derecho al trabajo y plena libertad sindical!!
Debemos luchar por amplias libertades democráticas de los trabajadores, tanto del sector público y privado, garantizado el derecho de libre organización sindical. El empleo de los trabajadores del Estado no debe estar vinculado a la afiliación de un partido político, todos tenemos derecho al trabajo, independientemente de nuestra ideología o afiliación partidaria. Nadie debe ser obligado a participar en actividades políticas en contra de su voluntad, ni echado de su puesto de trabajo por sostener determinadas posiciones políticas o ideológicas.
5.9.- ¡!Defensa de la autonomía universitaria!!
Se requiere una nueva Ley de Autonomía de las Universidades, que garantice la libertad de catedra y los derechos democráticos y de autogobierno de los estudiantes, trabajadores y personal administrativo.
De igual manera, debemos luchar para que la nueva Constitución se establezca el 10% del presupuesto del Estado a favor únicamente de las universidades públicas, para garantizar el derecho a una educación superior de calidad a los jóvenes pobres o de escasos recursos.
Llamamos a todos los grupos a universitarios a unirse para construir una nueva federación de estudiantes universitarios, democrática, libre, cuyo gobierno sea electo por medio de asambleas en cada recinto. UNEN debe ser disuelta y sus bienes deben pasar a las nuevas organizaciones estudiantiles.
Se deben recuperar el auto gobierno, el manejo transparente del presupuesto universitario, debemos elegir nuevas autoridades en todas las universidades públicas, con la participación de estudiantes, profesores y trabajadores, sin injerencia del gobierno y con absoluta independencia del Estado, también debemos restaurar la absoluta libertad de catedra.
5.10.- ¡!Derogación de la Ley No 840!!
La Ley No 840 fue aprobada en contra de la voluntad de decenas de miles campesinos que se niegan a entregar sus tierras. La construcción del canal interoceánico fue un engaño bien elaborado, con el objetivo de mantener ilusiones de grandeza y desarrollo económico, mientras se instauraban un régimen dictatorial El objetivo real de la Ley No 840 es expropiar valiosas tierras, indemnizadas a precios ridículos, para crear “proyectos y subproyectos” desconocidos a favor de empresarios capitalistas igualmente desconocidos.
5.11.- ¡Aumento de salarios conforme suba el costo de la vida!
Los trabajadores nicaragüenses ganan los salarios más bajos de Centroamérica, cuando los precios de los productos de la canasta básica, servicios básicos (agua, luz y telecomunicaciones) y gastos médicos están dolarizados. En la nueva Nicaragua se debe indexar los salarios al costo de la vida, y se debe reconocer el deslizamiento mensual del córdoba en relación al dólar.
5.12.- ¡Por una nueva reforma agraria con financiamiento y asistencia técnica!
El proceso de reforma agraria de la revolución (1979-1990) ha sido revertido en el transcurso de los años. Las mejores tierras han quedado nuevamente en pocas manos, especialmente en manos de la nueva burguesía sandinista.
Se debe impulsar una nueva reforma agraria, sin condicionamientos políticos, entregar tierras a los campesinos para que las trabajen. Llamamos a los campesinos a organizarse en comités, sin distingos políticos, con el objetivo de garantizar una justa distribución de la tierra. De igual manera, se debe garantizar el financiamiento por parte del Estado, con bajos intereses, para promover el desarrollo de la economía campesina.
5.13.- ¡Por la nacionalización de la banca, pero bajo control de los trabajadores!
Después de 1990, se creó una banca privada conformada por un reducido grupo de oligarcas, quienes manejan el sistema financiero. Esta oligarquía financiera tiene las tasas de interés más altas de Centroamérica, y por ello explotan y convierten en esclavos a decenas de miles de productores pequeños y medianos, quienes en realidad trabajan para pagar altísimos intereses.
Es hora de acabar con esta descarada expoliación de las masas populares. Todos los bancos privados deben ser nacionalizados, sin indemnización, y puestos a funcionar bajo la dirección de sus propios trabajadores, con el objetivo de promover la producción y el comercio en condiciones justas.
5.14.- ¡Por la nacionalización de la industria eléctrica y la comercialización de hidrocarburos!
Es del conocimiento público que alrededor de 5,000 millones de dólares del convenio petrolero con Venezuela, ha sido utilizado de manera privada para enriquecer a la familia Ortega-Murillo, millones de dólares que han sido invertidos en áreas estratégicas de la economía, como la industria eléctrica y la comercialización de combustibles e hidrocarburos, creando monopolios que expolian a la nación entera.
Es así que Nicaragua tiene los precios más elevados de energía eléctrica y de venta de combustibles. La energía es una necesidad vital en cualquier sociedad. Por ello, proponemos que estas dos áreas de la economía sean nacionalizadas, y puestas a funcionar bajo control de los trabajadores, los únicos que pueden evitar la corrupción y los sabotajes, los únicos interesados en defender sus puestos de trabajo.
5.15.- ¡Por una verdadera autonomía para la Costa Caribe!
El actual Estatuto de la Autonomía de las regiones de la Costa Caribe no permite a los habitantes de esa zona, disponer de los recursos naturales y decidir sobre los mismos. Por eso la autonomía de la Costa Caribe es todavía una ilusión de los miskitos, sumos, ramas y creoles. Se deben hacer todos los cambios legales que permitan a los hermanos de la Costa Caribe, hacer realidad ese sueño, que preserve sus tradiciones, idiomas, costumbres y cultura.
5.16.- ¡Por una reestructuración y democratización del Ejercito Nacional!
Hasta el momento el Ejército Nacional, que tiene su origen en las columnas guerrilleras de 1979, no ha intervenido abiertamente contra del proceso insurreccional, pero el uso de francotiradores nos obliga a investigar a la alta oficialidad. El Ejercito ha sido "neutral", permitiendo que grupos armados de paramilitares ataquen los tranques y las manifestaciones. Ha colaborado con las masacres por omision. Todos aquellos altos oficiales que hayan participado en crímenes contra el pueblo deben ser detenidos y procesados.
Exhortamos a los soldados a que, mediante asambleas, elijan a sus oficiales. El Ejercito debe ser un aparato reducido, compuesto en su mayoría por milicias populares, gente del pueblo adiestrada en el uso de las armas. Solo de esta manera se evitará que el Ejercito dispare contra el pueblo.
5.17. ¡Por una Asamblea Nacional Constituyente, Libre y Soberana!
Rechazamos la propuesta de elecciones anticipadas porque pretende detener el triunfo de la insurrección popular contra el gobierno Ortega-Murillo. Primero debemos aplastar al gobierno asesino, y una vez cumplida esta tarea aplicar las reformas democráticas al sistema electoral para garantizar la participación de todas las fuerzas políticas y sociales en elecciones para elegir diputados a una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.
En esta elección, los luchadores populares y las organizaciones sociales deben tener el derecho a presentar sus propios candidatos, sin necesidad de estar afiliados a ningún partido político. Mientras se redacta la nueva Constitución, esta Asamblea Nacional Constituyente debe elegir al nuevo gobierno, quien debe responder por sus actos ante la propia Constituyente.
5.18.- ¡Por la reconstrucción del Estado Federal Centroamericano!
Un posible triunfo popular en Nicaragua puede desencadenar acciones contrarrevolucionarias en Centroamérica, por eso la lucha democrática en Nicaragua, debe ligarse a la lucha por terminar con el gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández en Honduras, para terminar con el gobierno corrupto y represivo de Jimmy Morales en Guatemala, para terminar con el desastroso gobierno neoliberal del FMLN en El salvador, y unirnos a nuestros hermanos de Costa Rica, para detener todos los planes neoliberales del gobierno de Carlos Alvarado.
Como en 1979, cualquier triunfo democrático en Nicaragua, nos plantea la necesidad de reconstruir el Estado Federal en Centroamérica y restablecer la nación centroamericana.
5.19.- ¡Repudiemos cualquier injerencia del imperialismo norteamericano!
Tradicionalmente, Estados Unidos ha amamantado las dictaduras en Nicaragua. Con el gobierno Ortega-Murillo ha tenido una relación de apoyo crítico y tolerancia. Ahora que se desarrolla la insurrección popular, igual que en el pasado, Estados Unidos conspira con los empresarios del COSEP y la OEA para mantener el orden y el statu quo, y solamente presiona a Ortega-Murillo para que realice cambios democráticos, solo para arrebatarnos un posible triunfo de la insurrección popular.
Llamamos a los trabajadores nicaragüenses, a los luchadores, a mantenerse alertas ante las innumerables maniobras políticas que realizará el imperialismo norteamericano, a través de la OEA y de sus agentes políticos. Llamamos a enarbolar las banderas del antimperialismo hasta lograr nuevamente nuestra independencia política, como primer paso para la liberación total de Centroamérica.
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Sometemos esta propuesta de Programa a consideración de los luchadores, estudiantes, trabajadores, campesinos e indígenas, de Nicaragua y resto de Centroamérica. Llamamos a la vanguardia revolucionaria a marchar unidos sobre los puntos comunes, y a debatir democráticamente cualquier posible diferencia, la que debemos resolver en la marcha de la lucha democrática.
Centroamérica, 14 de junio del 2018
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
