El 1° de mayo es una fecha de importancia histórica en la larga lucha de la clase trabajadora por mejorar las condiciones de vida y trabajo. Fue un 1° de mayo de 1886 cuando, en Chicago, Estados Unidos de Norteamérica, estalló la huelga y la movilización para obtener la jornada de ocho horas. En esa lucha muchas personas fueron asesinadas, producto directo de la represión o de procesos judiciales amañados, que le condenaron a muerte, como fueron los casos de dirigentes como August Spies, Alber Parsons, Adolf Fischer y George Engel y otros.  Desde entonces, 1° de mayo se ha venido conmemorando como el Día Internacional de los Trabajadores. Por esta razón, la celebración del 1 de mayo del 2018, no debe ser un simple día festivo, sino que debe convertirse en una jornada de lucha, marchando masivamente en las principales ciudades de Centroamérica, enarbolando nuestro plan de lucha y rescatando las tradiciones de la lucha de la clase trabajadora.

Este año la conmemoración del 1 de Mayo se producirá bajo el contexto de una redoblada ofensiva del imperialismo norteamericano contra las masas trabajadoras en todo el mundo. Trump ataca militarmente a Siria, amenaza a otros imperialismos emergentes como China y Rusia, desata una permanente ofensiva contra nuestros hermanos que emigran para trabajar en Estados Unidos. Esta ofensiva pretende, en todos los países, reducir salarios, cerrar puestos de trabajo, aumentar las jornadas laborales por el mismo salario, reducir los beneficios de la seguridad social, etc, en fin, el sistema capitalista pretende salir de la crisis tirando al abismo a los trabajadores y sus familias

A nivel de Centroamérica tenemos una situación que no escapa del contexto internacional. Se ha redoblado la intervención del imperialismo yanqui, y de sus organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, los cuales ordenan a todos los gobiernos de Centroamérica a tomar medidas drásticas para amortiguar la crisis fiscal, eliminando gradualmente los incentivos, bajando los salarios reales a los empleados públicos, reduciendo la seguridad social y los sistemas de pensiones, aumentando los impuestos indirectos sobre la clase media y sectores populares, etc. 

Contrario a otros años, Centroamérica pareciera despertar del letargo al que fue sometido por los gobiernos mal llamados “progresistas”, como el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, y el gobierno del Partido de Acción Ciudadana (PAC) en Costa Rica.

En Guatemala, se producen constantemente movilizaciones campesinas e indígenas, las que luchan contra el hambre y la miseria. En el sector urbano, el malestar de los empleados públicos es evidente en las asambleas y movilizaciones del magisterio. En El Salvador, el FMLN acaba de sufrir su mas grande derrota electoral, consecuencia directa de su política neoliberal. Este enorme descontento también se manifestó en la alta abstención y en el crecimiento de los votos nulos.

En Honduras, la rebelión contra el fraude electoral desató movilizaciones en todo su territorio, aunque estas lograron ser frenadas por las incoherencias de la dirección Nasralla-Mel Zelaya. En Nicaragua, después de largos años de control totalitario del FSLN sobre las masas, a mediados de abril se produjo una semi insurrección de los estudiantes, la que fue apoyada por enormes sectores de la población. La brutal represión policial causó más de 30 muertos y centenares de heridos. Con esas jornadas de lucha, las masas nicaragüenses han retomado las tradiciones revolucionarias, rechazando las inconsultas reformas a la seguridad social impulsadas por Daniel Ortega, derrotando las condiciones antidemocráticas del régimen sandinista.

En Costa Rica, se acaba de producir una gran huelga y movilización nacional de los empleados públicos, cuya vanguardia indiscutible es el magisterio, en protesta por la probable aprobación de una reforma fiscal que golpea los trabajadores. En Panamá, la huelga de los obreros de la construcción, agrupados en el SUNTRACS, junto a la lucha popular en la zona de Colon, constituyen probablemente la jornada de lucha, por aumento de salarios, más importante de la clase trabajadora en la región centroamericana,

En la mayoría de los pequeños países que conforman Centroamérica los trabajadores públicos encabezan luchas por aumentos de salarios, mejores condiciones de trabajo en los contratos, convenios o pactos colectivos, etc. Los trabajadores de las maquilas y del sector industrial o privado continúan pasivos, las viejas centrales obreras están debilitadas y burocratizadas.

La gran tarea: superar la división hacia la emancipación

La división que existe entre los trabajadores del sector público, y del sector privado, ha sido impuesta por los patrones y los gobiernos de turno. Incluso, el grado de organización sindical en las maquilas y el sector privado es sumamente bajo o inexistente. En donde existan sindicatos, las bases deben exigir a sus direcciones que desarrollen jornadas de unidad de acción, con base a un plan de lucha mínimo, en conjunto con las demás centrales u organizaciones sindicales, para aglutinar a las demás organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y demás organizaciones populares.

Por un plan de lucha anticapitalista, antiimperialista y centroamericanista

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la clase trabajadora, centrales y organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares, a levantar un plan de lucha en unidad de acción haciendo suyas las siguientes propuestas de lucha:

1.- Luchemos unidos contra los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pretende aplicar planes de reforma fiscal que buscan reducir el déficit fiscal, a costa de los salarios de los trabajadores y el nivel de vida de la clase media. Debemos exigir el no pago de la deuda pública externa e interna, no más endeudamiento. Dentro de las medidas impuestas por el FMI en toda Centroamérica están: reformas al sistema de seguridad, reformas al sistema de pensiones, aumento al IVA, recortes a prestaciones a trabajadores públicos, etc.

2.- Aumento y nivelación general de salarios. El salario mínimo en toda la región debe nivelarse por lo menos a 600 dólares. En toda Centroamérica debemos luchar por el aumento de salarios conforme suba el costo de la vida.

3.- Por un plan de obras públicas para combatir el desempleo y contrarrestar la violencia, la delincuencia y la migración, que se produce en los países del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras)

4.- Rechacemos las leyes que atentan contra los intereses de los trabajadores públicos y privados. En todos los países se están tramitando leyes que restringen las libertades democráticas, incluso algunas conquistas laborales como, por ejemplo, la propuesta de Ley de la Función Pública en El salvador, que representaría un retroceso de las conquistas obtenidas.

5.- Defensa y ampliación de los pactos, contratos o convenios colectivos de los trabajadores del sector público y del sector privado.

6.- Por mejores condiciones de trabajo, prestaciones laborales y el derecho de libre sindicalización de los trabajadores de las maquilas. En estas empresas se vive una moderna esclavitud laboral. Los empresarios cierran las empresas maquileras y no pagan salarios ni la indemnización respectiva a los trabajadores. Al momento de ser autorizadas, las maquilas deben proporcionar garantías mínimas para el pago de las prestaciones laborales.

7.- Defensa y mejoras a la seguridad social.  En todos los países de Centroamérica están en marcha reformas que revierten las conquistas de la maltrecha seguridad social. No debemos permitir que se continúen implementando las recomendaciones del FMI en materia de pensiones. No al aumento de la edad de jubilación, si al aumento del monto de las pensiones. En El Salvador debemos luchar por que el privatizado sistema de pensiones pase nuevamente al Estado, pero bajo el control de los trabajadores. Debemos volver al esquema de seguridad social clásica, donde el Estado y la patronal aporten las mayores contribuciones para las pensiones de los trabajadores. Sigamos el ejemplo de los jóvenes en Nicaragua, quienes acaban de derrotar un plan de reformas dañino a la seguridad social.

8.- Que la crisis fiscal la paguen los grandes empresarios, reducción del salario de los altos funcionarios del gobierno: quienes más ganan deben pagar más impuestos. El neoliberalismo descarga la crisis fiscal sobre la clase media y la clase trabajadora. Quien más gana debe pagar más impuestos. Esta es la única manera de garantizar los servicios básicos de salud y educación y la seguridad social. Los grandes empresarios son quienes deben pagar el déficit fiscal. Se deben reducir los salarios de los altos funcionarios del gobierno, estos deben ganar el salario de un obrero profesional.

9.- Por la creación de Coordinadoras intersindicales, por la alianza obrera, campesina y popular en cada país y en toda la región centroamericana. Para lograrlo debemos luchar también por la independencia política y la democracia obrera dentro de los sindicatos y centrales obreras y campesinas. Debemos recuperar los sindicatos que se encuentran en manos de burocracias, que se han transformado en aliados de los gobiernos que aplican planes neoliberales. Ninguna confianza en partidos burgueses tradicionales ni en los partidos de la burguesía emergente.

10.- Por la implementación del control de los trabajadores en las empresas privadas e instituciones estatales. Está de moda la lucha contra la corrupción, pero los únicos que pueden luchar realmente contra la corrupción son los trabajadores y los sindicatos, porque solo ellos conocen cómo funcionan las empresas, dónde se esconde el dinero y quienes se enriquecen con los recursos del Estado.

11.- Retomemos la movilización antiimperialista y lucha por la independencia nacional de Centroamérica, para terminar con la dominación y explotación del imperialismo norteamericano. Esta lucha por la nueva independencia nacional nos plantea la inmediata tarea de reconstruir el Estado Federal, en el camino del socialismo, y esto lo lograremos solo bajo un gobierno de los trabajadores en toda Centroamérica.

¡Viva el 1 de Mayo!

¡Viva el Renacimiento de las tradiciones revolucionarias en Nicaragua y Centroamérica!

¡Reunificación Socialista de Centroamérica o muerte!!

Centroamérica, 26 de Abril del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

 Desde el 17 hasta el domingo 22 de abril, Nicaragua vivió una intensa jornada de lucha, cuya vanguardia fueron los estudiantes universitarios que se oponían a las reformas inconsultas a la seguridad social, aprobada unilateralmente por el gobierno sandinista. Las jornadas de lucha acapararon la atención de la prensa internacional. La olvidada Nicaragua volvió a ser noticia.

Renacen las tradiciones revolucionarias

Después de varios años de reacción, impuestos por la derrota de la revolución en 1990, y específicamente por el régimen bonapartista de Daniel Ortega a partir del año 2007, que prohíbe cualquier tipo de movilización o manifestación independientes, las tradiciones revolucionarias de la época de lucha contra la dictadura somocista volvieron a resurgir en una generación de jóvenes que nació y se desarrolló en el periodo posterior a 1990.

La lucha contra las reformas a la seguridad social comenzó con un intento de manifestación de protesta por parte de los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), la que fue brutalmente reprimida por las fuerzas de choque paramilitares de la llamada Juventud Sandinista (JS-19). Inmediatamente, se generó una ola de solidaridad y de movilizaciones en contra de los agresores.

Debido a que el gobierno sandinista siempre ha impedido las marchas de protesta y las luchas sociales, el derecho a manifestarse se convirtió rápidamente en un enfrentamiento violento en las calles. En esta pelea, la nueva vanguardia estudiantil retomó los métodos de lucha que el sandinismo utilizó en la época de lucha contra el somocismo. Con pañuelos y capuchas en el rostro, piedras en mano, montando barricadas y utilizando morteros, no solo enfrentaron la embestida de los grupos para militares del gobierno (jefeados por la JS-19 y los alcaldes de cada municipio) sino a las tropas antimotines de la Policía Nacional.

Una de las consignas que renació, y que viene de la época heroica del FSLN, es aquella famosa pronunciado por Leonel Rugama en 1970 (“que se rinda tu madre”) al morir solo, en combate contra 300 guardias somocistas. Esa misma consigna resonaba en todas las barricadas y recintos universitarios. Se volvieron a escuchar canciones e himnos revolucionarios de la época de la lucha contra el somocismo. Los estudiantes y un sector importante de las masas populares recuperaron la memoria y las tradiciones que habían sido sistemáticamente borradas después de 1990. Los estudiantes comienzan a discutir la necesidad de una nueva revolución.

Un semi insurrección popular

Al no existir en Nicaragua los mecanismos por medio de los cuales las masas pueden expresar o disipar su descontento, el resultado fue que se produjo un estallido social --por un aspecto tan elemental como el derecho a marchar y protestar--, que tuvo como conducción a los jóvenes universitarios.

Esta vanguardia estudiantil no peleaba sola, era apoyada por la población cercana a los diferentes recintos universitarios. La lucha comenzó en la UCA, una universidad privada, con estudiantes provenientes de la clase media, pero rápidamente se generalizó a las universidades públicas, con estudiantes de origen plebeyo y popular, que abarcó incluso y también aquellas universidades privadas que reciben recursos del 6%, como es el caso de la UPOLI.

La generalización de la lucha a casi todos los departamentos, dispersó y debilitó a las fuerzas de la Policía Nacional, la que concentró sus ataques en puntos neurálgicos como la Catedral de Managua, la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI), la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la UPOLI. En los hechos se produjo paralización casi total de la administración pública. Muchos pequeños y medianos negocios cerraron sus puertas por temor a la inseguridad en las calles.

Las movilizaciones de solidaridad estallaron en casi todas las cabeceras departamentales y hasta en los municipios mas alejados, reflejando un vuelco de las masas en contra de la represión del gobierno sandinista.

En una semana, la represión selectiva de la Policía Nacional y de francotiradores del Ejercito Nacional (EN), produjo mas de 30 muertos. Los estudiantes eran asesinados a balazos, cuando la vanguardia estudiantil solo estaba armada del coraje y la voluntad de lucha.

El gobierno bloqueó la señal de cable de cuatro canales de televisión, pero los estudiantes y la población se informaban por las redes sociales, donde se podía ver las movilizaciones, escuchar los disparos y ver con dolor e impotencia el momento en que muchos compañeros morían por las balas asesinas.

Si algo caracterizó las recientes jornadas de lucha fue la dispersión en los planteamientos y demandas, así como la descentralización organizativa. Como era de esperarse, los centros de lucha estaban descoordinados unos de otros. La lucha en un departamento no tenía conexión con los otros. Lo único que mantenía cierto grado de unidad y centralización era la información y contrainformación que circulaba por las redes sociales, las que se convirtieron en un escenario de lucha mediática entre el gobierno sandinista y las masas en lucha.

Incendios, violencia de masas y saqueos

Al no haber espacio para las protestas pacíficas, el descontento acumulado generó, de igual manera, una repuesta violenta contra quienes agredían y disparaban contra los estudiantes en lucha. La repuesta airada de las masas en las calles se centró contra los “arboles de la vida”, una espantosa estructura metálica, adornada con luces led, que están sembrados en Managua, y que se convirtieron en símbolos de la nueva ideología imperante (paz, amor, buen gobierno cristiano, socialista y solidario, etc), cuya máxima exponente teórica es Rosario Murillo.

Muchos “arboles de la vida” fueron quemados y derribados. El descontento de las masas también se centró contra ciertas alcaldías, porque los alcaldes eran quienes jefeaban las fuerzas de choque, que agredían y disparaban contra los manifestantes. Hubo conato de incendio en la alcaldía de Granada, fue quemada la sede del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) en León, en otros casos los incendios fueron abortados.

En su discurso del domingo 22 de abril, Daniel Ortega, culpó de las muertes y la violencia a las pandillas, pero esta afirmación se contradice con discursos anteriores donde afirmaba que en Nicaragua no existen maras o pandillas, porque es el país más seguro de Centroamérica”. Sin lugar a dudas, dentro de la movilización de estudiantes y pobladores se mezclaron elementos lúmpenes, que quieren sacar provecho de la crisis.

En términos generales, en la lucha prevaleció el orden y el respeto entre los miembros de las comunidades. Los saqueos comenzaron el día domingo 22 de abril por la mañana, cuando la Policía Nacional se retiró de ciertos lugares. Todo indica que eran sectores orientados por el sandinismo, con el objetivo de desacreditar las protestas y de atemorizar a la clase media que se rebelaba contra el gobierno sandinista. La amenaza de saqueos generalizados obligó a comerciantes del Mercado Oriental y Mercado de Mayoreo a montar grupos de vigilancia armada, para evitar la destrucción de sus negocios. Incluso, se llegó al extremo que los mismos pobladores detenían a los saqueadores, requisaban las mercaderías, y las devolvían a los supermercados y negocios.

¿Un “golpe blando” del imperialismo?

Algunos medios de comunicación en manos del FSLN, han calificado, entre dientes, en conjunto con partidos chavistas como el PSUV de Venezuela y otros corifeos, que las heroicas jornadas de lucha estudiantil y popular en Nicaragua fueron una intentona de “golpe blando”, organizado por el imperialismo norteamericano y la derecha local.

Estos tipos de afirmaciones subliminales, confirman que la dirigencia sandinista se ha alejado del pueblo y no comprende el origen de la rebelión popular. En publico se dan golpes en el pecho y fingen reconocer errores, pero en realidad mantienen la misma posición de aplastar cualquier intento de movilización independiente. Es una reafirmación del reiterado desprecio al descontento de las masas populares.

En Nicaragua la cúpula militar y policial está conformada por cuadros sandinistas que son, por el momento, fieles al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, el pasado 22 de abril, a través de un comunicado, reflejó una posición cautelosa por parte de la administración de Trump, al afirmar: “(…) Condenamos la violencia y el uso excesivo de la fuerza por la Policía y otros contra civiles que ejercitan su derecho constitucional a la libertad de expresión y de asamblea (…) Estados Unidos llama a un diálogo amplio que involucre a todos los sectores de la sociedad para resolver el conflicto actual, restaurar el respeto a los derechos humanos y lograr un mejor futuro más democrático para todos los nicaragüenses".

Posteriormente, por si quedaban dudas sobre cuál es la política de Estados Unidos hacia Nicaragua, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, declaró que Trump "condena la violencia y la represión propagada por el gobierno de Nicaragua", dijo la Casa Blanca (…) y se suma a los llamados de la comunidad internacional a favor de un diálogo amplio y apoya al pueblo de Nicaragua, que anhela la libertad de expresión política y verdaderas reformas democráticas que tanto se merece"

Entonces, ¿a que “golpe blando” se refieren los chavistas y reformistas de toda calaña? Coincidencia o no, Daniel Ortega reafirmó su posición de convocar a un dialogo amplio con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Iglesia Católica, para discutir la crisis del seguro social. ¿Acaso el “golpe blando” lo esta dando el propio Daniel Ortega, aplicando la política del Departamento de Estado y de la Casa Blanca?

Una importante victoria de las masas

El anuncio de Daniel Ortega, el pasado domingo 22 de abril, de que el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) había revertido la Resolución 1317, que dio origen al Decreto Ejecutivo No 03-2018, constituyó, sin lugar a dudas, un gran triunfo de la lucha estudiantil y popular. Pero este triunfo tuvo un alto costo: más de 30 compañeros asesinados, 121 heridos, centenares de detenidos que ya fueron liberados, pequeños negocios saqueados, etc.

Los grandes ausentes de estas jornadas de lucha han sido los trabajadores organizados, han peleado como individuos, no como clase organizada, lo que representa una enorme debilidad, y da un amplio margen de maniobra al gobierno sandinista. Si los trabajadores no avanzan en su organización sindical, y si los jóvenes universitarios no crean nuevas y poderosas organizaciones estudiantiles democráticas, esta victoria obtenida puede ser revertida en cualquier momento, porque el régimen bonapartista de Daniel Ortega, aunque debilitado, todavía permanece intacto.

El dialogo que ya se esta convocando, no es para discutir los problemas de la seguridad social con los estudiantes en lucha, sino para negociar con los empresarios, con la bendición de la Iglesia Católica. Con justa razón, un sector de la vanguardia estudiantil ha criticado la convocatoria de esa mesa de negociaciones, auspiciada por Estados Unidos, la ONU, la OEA y la Unión Europea

Programa y consignas de lucha

Inicialmente, la lucha comenzó contra las reformas inconsultas a la seguridad social y la solidaridad con los estudiantes de la UCA, pero al calor del enfrentamiento surgieron nuevas consignas, como el cese a la represión, el castigo a los culpables, y consignas más políticas como la depuración del Consejo Supremo Electoral (CSE), planteando incluso la renuncia inmediata de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Después del triunfo obtenido, un beligerante sector ha convertido la consigna de la renuncia del matrimonio presidencial en la más importante, incluso por encima de las reivindicaciones propiamente estudiantiles.

El COSEP y la Iglesia Católica pescan en rio revuelto

La marcha del día 23 de abril, realizada en Managua, convocada por el COSEP para llamar a la paz y el dialogo, salió de la rotonda de Metrocentro y terminó frente a la UPOLI, donde se encontraba un combativo sector de estudiantes en pie de lucha. Fue una marcha de decena de miles de personas, muchos de ellos trabajadores de las empresas privadas que dieron la tarde libre. El peso dirigente de la clase media era notorio, pero también muchos sectores populares se sumaron a la convocatoria. Los ausentes fueron los estudiantes en lucha, quienes estaban repeliendo las agresiones de la Policía Nacional.

Las jornadas de lucha se dieron por fuera la conducción e incidencia del COSEP. Estos oportunistas carroñeros lo que hicieron fue montarse en el descontento popular, y utilizar el mismo en la mesa de negociaciones con el gobierno. No debemos olvidar que, en torno al tema de la reforma a la seguridad social, la posición del COSEP es mucho mas dura que el plan que el gobierno sandinista pretendió imponer de manera gradual y unilateral. El COSEP ha convocado a movilizaciones para detener los efectos de la reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige que se aplique y que implica el fin de las exoneraciones fiscales para un importante sector de la burguesía parasitaria.

La crisis ha obligado al gobierno sandinista a reconciliarse con los obispos de la Iglesia Católica, la que ha sido nombrada por Daniel Ortega como mediadora en el futuro dialogo. El COSEP ha aceptado a la Iglesia Católica como “garante”.

Comisión de Investigación independiente

La brutal represión de las fuerzas de choque de la JS-19 y de las tropas antimotines de la Policía Nacional y las tropas especiales del Ejército Nacional, así como el asesinato de más de 30 compañeros caídos por balas asesinas, debe ser investigado por una Comisión de Investigación Independiente formada por delegados de las organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicatos independientes, delegaciones de los estudiantes en lucha, así como familiares de los afectados, con la finalidad de levantar un informe sobre la violación a derechos humanos.

Los responsables de estas violaciones deben ser enjuiciados y castigados, y los familiares de las victimas deben ser indemnizados por el gobierno sandinista. Lo anterior debe llevar a una depuración de los oficiales involucrados en asesinatos y violación a los derechos humanos.

Que el pueblo decida sobre si Daniel Ortega termina su periodo o no

La demanda de un sector beligerante de estudiantes que exigen la renuncia inmediata de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, es justa y comprensible. Sin embargo, el diario La Prensa aprovecha la oportunidad para exigir lo mismo: “Por primera vez desde el triunfo de la revolución sandinista de 1979, Daniel Ortega y el FSLN han perdido el control de las calles. Esto es un hecho trascendental que modifica el rumbo de la historia nacional. A partir de aquí, Nicaragua ya no podrá ser la misma (..) Los empresarios también deben convocar a un paro nacional. Daniel Ortega ya no tiene capacidad política ni autoridad moral para seguir gobernando. Ortega tiene que salir pacíficamente del poder o tendrá que irse como se fue Somoza (…) En el diálogo nacional, que debería ser mediado y garantizado por la comunidad internacional, al menos por la OEA, se tiene que acordar la salida de Ortega, las garantías de una transición ordenada y pacífica a la democracia y, primordialmente, la convocatoria a elecciones libres y transparentes” (Editorial de La Prensa, 23/04/2018).

La salida que propone La Prensa es profundamente antidemocrática, y refleja intereses diferentes a la exigencia sincera de un sector estudiantil. Como en el pasado, un sector de la burguesía clama por una intervención imperialista que los libere del régimen bonapartista de Daniel Ortega, y nuevamente solicitan la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar que enero del 2017 esta firmó con Daniel Ortega un acuerdo para democratizar gradualmente el régimen político.

Incluso, algunos sectores ya están planteando adelantar las elecciones como en 1990. Mientras no se produzca un paro nacional o una rebelión masiva y generalizada capaz de tumbar al actual gobierno, cualquier salida a la crisis actual, debe ser democrática y sin injerencia del imperialismo norteamericano. La rebelión estudiantil y popular muestra, efectivamente, un deterioro político del gobierno sandinista, pero éste conserva todavía una parte de su base social. Una salida democrática implicaría que el pueblo decida a través de elecciones democráticas, por medio de un plebiscito o referéndum, si Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo permanecen el poder o si tienen que irse.

Pero, para que el pueblo opine, sin riesgo a nuevos fraudes electorales, deben reestructurarse el CSE, y se debe aprobar a lo inmediato una nueva Ley Electoral, que garantice la participación de todas las fuerzas política en igualdad de condiciones.

Por una Coordinadora Nacional Estudiantil

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), que ha participado hombro a hombro con los miles de estudiantes en rebeldía contra el gobierno de Ortega, llama a la vanguardia estudiantil y de los sectores populares, a aprovechar el receso de la lucha, para iniciar un proceso de discusión democrática, haciendo en balance de las jornadas de lucha, discutiendo en el programa de lucha que debemos enarbolar para democratizar a Nicaragua.

De manera muy especial llamamos a los estudiantes a construir una coordinadora de los comités y brigadas que participaron, para crear una dirigencia nacional que permita coordinar las futuras luchas, que inevitablemente vendrán.

Es hora de luchar por una Asamblea Nacional Constituyente

La rebelión estudiantil y popular se debió, no a una “conspiración imperialista”, sino a los constantes atropellos del régimen bonapartista, al hecho que son la clase media y los sectores populares los mas duramente golpeados por la política económica neoliberal que aplica que el gobierno sandinista, en beneficio de una reducida cúpula de empresarios.

Es hora de democratizar Nicaragua en beneficio de los mas pobres, y esto solo se puede lograr a través de la decisión democrática y mayoritaria del pueblo, reflejada en la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, que elija un gobierno provisional y que redacte una nueva Constitución.

Centroamérica, 24 de abril del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

La situación en Nicaragua ha sufrido un giro dramático, con las ultimas movilizaciones juveniles contra el gobierno sandinista. En los últimos 12 años, bajo el prolongado segundo gobierno de Daniel Ortega (2007-2018), de manera gradual y sistemática se ha instaurado un régimen bonapartista que ha mantenido un absoluto control sobre el movimiento de masas, prohibiendo manifestaciones independientes, reprimiendo las marchas campesinas contra el canal interoceánico, acosando a los ONG, prohibiendo y reprimiendo las huelgas de los trabajadores.

Para consolidar su régimen, Daniel Ortega ha privilegiado la relación con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), elevando a rango constitucional la política de “diálogos y consensos”. Los reiterados fraudes electorales han provocado el rechazo de la mayoría de la población, pero el descontento social se había convertido en apatía y sumisión. Pero esta situación de desmovilización social parece haber llegado a su fin.

El primer gran síntoma: la repuesta juvenil al incendio de la Reserva Indio-Maíz

El incendio ocurrido en la reserva forestal Indio-Maíz, en la costa caribe sur de Nicaragua, reflejó la enorme desconfianza de los jóvenes en relación a las declaraciones del gobierno. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, en sus acostumbradas y aburridísimas letanías diarias, minimizó el incendio y el daño ambiental. El principal motivo de desconfianza de los jóvenes residía en el hecho que el incendio se produjo en las cercanías del territorio donde supuestamente se construirá el canal interoceánico, y era interpretado como la fase preparatoria de las obras del canal.

Un grupo de 300 estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), --la misma universidad jesuita que mantuvo una estrecha alianza con la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante la revolución (1979-1990)— de manera espontánea, con pancartas improvisadas, intentó marchar el pasado jueves 12 de abril hacia la Asamblea Nacional, a demandar acciones reales de protección al medio ambiente. La marcha fue bloqueada por una marcha paralela montada por la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS-19), que se ha convertido en la principal fuerza de choque del gobierno conta cualquier intento de movilización independiente.

Para evitar la confrontación, la marcha de estudiantes de la UCA tomó otro rumbo, y terminó dispersándose. Al final, el incendio de la reserva Indio-Maíz fue controlado por la propia naturaleza, pero la situación ya no era la misma. Se había producido un nuevo intento de movilización independiente de los jóvenes, la conciencia estaba cambiando rápidamente.

Segundo gran síntoma: rechazo juvenil a las reformas al INSS

La última movilización juvenil independiente se produjo en el año 2013 con el movimiento “#OcupaINSS”, que se constituyó como mecanismo de solidaridad con los ancianos que se habían tomado las instalaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) demandando el otorgamiento de la pensión reducida.

El movimiento “#OcupaINSS” fue salvajemente reprimido, muchos de sus dirigentes encarcelados, sus vehículos fueron confiscados y desaparecidos, provocando una nueva fase desmoralización y desmovilización.

Por esas ironías de la historia, cinco años después, el tema del INSS y las pensiones volverían ser el gran motivo de descontento contra el gobierno de Daniel Ortega. El pasado martes 17 de abril, Roberto López, presidente del INSS, -- sin consultar a las centrales obreras, sindicatos y trabajadores--, dio a conocer las reformas que de manera unilateral implementaría el gobierno sandinista: aumento en 0,50 puntos en la cotización de los trabajadores; aumento en la cotización de los empleadores de 12% a 13,5%; disminución de 37,5% a 30% de la base de calculo para el otorgamiento de nuevas pensiones (en 2013 había sido reducida del 40% al 37,5%); disminución de 15% a 13,5% en las asignaciones familiares; las cotizaciones al seguro facultativo integral aumentarían hasta 22.25% y 14% para el IVM; la creación de una deducción del 5% de los montos de las pensiones de vejez, invalidez e incapacidad, que tendría un efecto retroactivo. La resolución del Consejo Directivo del INSS se convirtió en el decreto ejecutivo No 03-2018, firmado por el presidente Daniel Ortega

Aunque el Estado como principal empleador aumentaría su aportación, estas nuevas reformas al INSS golpean únicamente a los trabajadores y pensionados, debido a que el aumento de la cotización patronal es deducible de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (IR), conforme lo establecido en el articulo 39, numeral 5, de la Ley de Concertación Tributaria, vigente desde diciembre del 2012. Los empresarios del COSEP no han salido perjudicados en las reformas del 2013 y 2018, su descontento se debe a que ellos aspiran a manejar los fondos del INSS, sea por la vía de privatización de las pensiones o por la vía de una mayor incendia en la privatización de los servicios del INSS a través de las empresas medicas previsionales.

La chispa que ha encendido el descontento social

La reactivación del movimiento de estudiantes de la UCA se produjo el viernes 13 de abril, cuando increparon y rodearon al diputado Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, y también profesor de derecho constitucional, por el tema del incendio a la reserva Indio-Maíz. El descontento continuaba.

Los estudiantes de la UCA organizaron un acto de solidaridad con los pensionados, para el día miércoles 18 de abril, haciendo un mitin en la entrada de la UCA, en el centro de Managua. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Fuerzas de choque de la JS-19, transportadas en vehículos de los ministerios, atacaron con palos y piedras a los estudiantes de la UCA, obligándolos a replegarse al interior del campus universitario. La JS procedió a incendiar la nueva fachada de la UCA, manteniendo por varios el acoso y la violencia contra los estudiantes.

La mayoría de los estudiantes no cotizan al seguro social. Oponerse a las reformas del INSS refleja el enorme descontento juvenil y las ganas de pelear contra las decisiones inconsultas del gobierno de Daniel Ortega. El ataque violento y el incendio de la fachada de la UCA causó una tremenda conmoción entre todos los sectores sociales. El tema de la seguridad social involucra a más de un millón de afiliados al INSS y a sus familiares. La solidaridad popular rodeo a los estudiantes de la UCA, que han sido el destacamento de vanguardia juvenil en la lucha democrática.

Al día siguiente, jueves 19 de abril, el gobierno hizo una maniobra para calmar el descontento: organizó una marcha de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), organismo controlado por el sandinismo desde los años 70 del siglo XX, en conmemoración de Roberto González, estudiante asesinado en la lucha a favor del 6% en el año 1999, bajo el gobierno de Arnoldo Alemán.

El objetivo era movilizar a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), una universidad estatal, contra los estudiantes de la UCA, una universidad privada. Al final, al no poder movilizar a UNEN, el gobierno tuvo que montar una marcha, bastante reducida, con empleados públicos, en la llamada “plaza de las victorias”, reflejando la enorme erosión social que ha sufrido el gobierno de Daniel Ortega.

Intensa jornada de lucha el jueves 19 de abril

Durante muchos años, los becarios de la UNAN han sido la principal fuerza de choque de la UNEN. La maniobra de organizar una marcha el 19 de abril, no funcionó porque los estudiantes de las universidades públicas, Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la propia UNAN, iniciaron movilizaciones y tomas en solidaridad con la lucha contra las reformas al INSS.

Los estudiantes de la UNA libraron una batalla campal contra los antimotines en la carretera norte, frente a las instalaciones. Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), cuyos dueños son la Convención Bautista, también iniciaron protestas frente a sus instalaciones.

Las movilizaciones se generalizaron en todo el país. La lucha comenzó en la UCA, una universidad que agrupa a sectores de clase media, pero que también tiene a miles de estudiantes de origen popular que son beneficiados con los fondos del 6%. Y después se generalizó a las universidades publicas y a los sectores populares.

Se produjeron enormes manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas de choque sandinistas (los “motorizados”) en la ciudad de León, baluarte histórico del sandinismo. Las escenas de violencia de los motorizados contra los estudiantes y los pocos pensionados, enardecieron los ánimos. En Masaya, en el barrio indígena de Monimbó, otro antiguo bastión del FSLN, quienes se oponen a las reformas del INSS se enfrentaron a palos, piedras y morterazos contra las fuerzas de choque del sandinismo. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Matagalpa, donde se produjo una masiva movilización frente a la Catedral. En Estelí y Jinotega también se produjeron movilizaciones. En Granada, una ciudad tradicionalmente conservadora, se produjo una enorme movilización frente a la Catedral.

Los enfrentamientos ya produjeron tres muertos: el estudiante Darwin Manuel Urbina y el policía Hilton Rafael Manzanares, muertos en las inmediaciones de la UPOLI, y un activista sandinista muerto en Tipitapa, así como varios heridos graves por las cargas de las fuerzas de seguridad del Estado con apoyo de los grupos de choque del sandinismo.

¿Quien dirige las movilizaciones?

El gobierno, a través de su portavoz Rosario Murillo, ha dicho que se trata de acciones vandálicas de pequeños grupos de derecha, que son los que provocan violencia, y que los sandinistas han tenido que defenderse. ¡Mentiras!

El gobierno ha limitado el derecho de manifestación, utilizando las tropas antimotines de la Policía Nacional para disolver las movilizaciones, ha bloqueado la señal de cable de cuatro televisoras independientes (canales 12, 23, 51 y 100% Noticias), restringiendo las libertades democráticas. Solo el canal 12 opera como televisión abierta. Ha utilizado las “turbas” o fuerzas de choque, para atacar las movilizaciones independientes de los jóvenes.

En muchos casos las movilizaciones han sido espontaneas, en otros casos fueron organizadas por los organismos de la sociedad civil, y en el trascurso de las movilizaciones se ha sumado gente de sectores populares. Estamos ante un fenómeno masivo de rebelión juvenil o estudiantil, que refleja el enorme descontento popular acumulado en estos 12 años de gobierno de Daniel Ortega. El detonante ha sido, primero, la negligencia gubernamental por el incendio de la reserva Indio-Maíz, y enseguida ha sido la lucha contra las reformas al INSS. Estos dos temas no tienen relación directa con la situación particular de los estudiantes, pero no se debe perder de vista que los jóvenes son quienes mas resienten los efectos del estancamiento económico, falta de empleos y de oportunidades. Así como ocurrió con la lucha contra el somocismo, los jóvenes vuelven a ser el destacamento de vanguardia en la lucha contra el régimen bonapartista instaurado por Daniel Ortega.

Los partidos de derecha no dirigen nada, aunque tratan de pescar en rio revuelto. Es importante recalcar que los partidos de derecha están sumamente debilitados, desprestigiados, y que no son ellos quienes conducen estas movilizaciones que se han convertido en semi estallido social en todo el país. Estas movilizaciones tienen como destacamento de vanguardia a los jóvenes.

Todo parece indicar que la masividad de la lucha juvenil se debe a que un sector importante de la base sandinista se ha sumado a las movilizaciones, y ha impuesto métodos revolucionarios de lucha. En las marchas contra las reformas al INSS hemos visto quemar banderas del FSLN, pero también hemos visto a personas que marchan protestando, pero enarbolando también las banderas del FSLN. La participación de trabajadores o jubilados ha sido mínima.

La preocupación de los empresarios

Las movilizaciones de protestas no se iniciaron porque el gobierno rompió la política de “diálogos y consensos”, como pretenden hacer creer los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), sino, por el simple hecho, que los jóvenes y la población perciben que con las últimas reformas se pretende ocultar los manejos turbios de las finanzas del INSS, que han enriquecido a la burguesía sandinista, además de perjudicar a trabajadores y pensionados.

El COSEP y la totalidad de las cámaras empresariales han hecho llamados a reanudar el dialogo y los consensos. Temen profundamente que con estas movilizaciones se esté gestando una revolución democrática que ponga fin al gobierno de Daniel Ortega, el gobierno que ha garantizado altas tasas de ganancias en los últimos 12 años.

Centralizar la lucha: paro nacional de 24 horas

Una característica de la lucha actual es la dispersión y la espontaneidad, lo que favorece las maniobras del gobierno contra los jóvenes.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la solidaridad activa de los estudiantes de Centroamérica hacia los jóvenes en Nicaragua. Al mismo tiempo aconsejamos luchar por lo siguiente:

1.-¡Derogación inmediata del Decreto No 03-2018 que contiene las reformas inconsultas al Reglamento de la Ley de Seguridad Social!

2.- Desde las diferentes universidades en lucha, llamamos a los jóvenes a organizarse en comités con el objetivo de establecer un Coordinadora Nacional de Estudiantes en Lucha. Llamamos a las estructuras de UNEN a no ser utilizados como fuerzas de choque contra nuestros hermanos y hermanas en lucha.

3.- ¡Defendamos el derecho democrático a marchar y movilizarnos libremente!

4.- ¡Abajo la represión de las tropas antimotines de la Policía Nacional! Llamamos a los policías a no reprimir ni disparar contra el pueblo en las calles.

5.- Organicemos Brigadas de Autodefensa ante los ataques de “motorizados” y fuerzas de choque de la JS-19 y del partido FSLN.

6.- Llamamos a las centrales obreras y sindicatos a romper con esta directriz del gobierno sandinista, porque solo perjudica a trabajadores y pensionados.

7.- El INSS necesita una urgente reforma, esto es innegable, pero cualquier reforma a la seguridad social debe ser consultada y aprobada por los trabajadores (y no por los burócrata sindicales como Gustavo Porras), y debe contemplar, entre otros aspectos, la absorción y nacionalización de las empresas medicas previsionales privadas para fortalecer las coberturas del INSS, el control de los fondos del INSS por parte de los afiliados, que el gobierno pague la deuda histórica con el INSS, que los patrones aporten mas ya que ellos gozan de exoneraciones fiscales, etc.

8.- Para garantizar la victoria de esta lucha democrática, llamamos a organizar un Paro Nacional de 24 horas, desde los sindicatos, centrales obreras y los comités de lucha estudiantiles.

Centroamérica, 20 de abril del 2018.

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

El centenario diferendo entre Guatemala y el actual Belice, en torno a que Estado pertenecen ciertos territorios continentales e insulares y áreas marítimas fronterizas en disputa, ha entrado en una nueva fase. El domingo 15 de abril la población guatemalteca, convocada por el gobierno de Guatemala a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE), deberá decidir en una Consulta Popular si el tema en disputa entre ambos países, deberá ser solucionado de forma definitiva por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Para definir qué es lo que más conviene a los intereses de los trabajadores, campesinos, indígenas y clases populares de Centroamérica, es apropiado hacer un recuento histórico de los hechos. 

Un historial de intervenciones coloniales e imperialistas

En 1638 se establecieron en la Bahía de Honduras, en el actual territorio de Belice, cortadores de palos de tinte, de origen inglés, que habían pertenecido a la oleada de piratas y bucaneros alentados por la Corona Británica para extender sus dominios a costa de los territorios del Reino Español en América.

En 1642, los ingleses se apoderaron de la isla de Roatán, Guanaja e islas adyacentes de Honduras. En 1661, buques ingleses, franceses y holandeses se habían apoderado de Bocas del Toro, en el istmo de Panamá; los ingleses se apoderaron de gran parte de la costa caribe de Nicaragua, conocida como la Mosquitia.

En 1763, el tratado de Paris que puso fin a la guerra de 1762 entre España e Inglaterra, permitió la permanencia pacífica de estos cortadores en el territorio donde se habían establecido, el cual permanecía formalmente bajo la soberanía de España.

En 1783 el gobierno español fijó límites a la explotación maderera de los ingleses, delimitando el territorio entre el Río Hondo y el Río Belice para ese fin, siempre bajo la soberanía de la Corona española; esto fue aceptado por Inglaterra.  En 1786 se negoció un nuevo tratado extendiendo los límites del enclave hasta el Río Sibún. Gran Bretaña continuó considerando esos territorios como en usufructo y con fines especiales, a pesar de que en el terreno los ingleses no respetaban los límites y explotaban la madera donde querían.

Desmembración gradual de una parte de Centroamérica

Después de las dos declaraciones de independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821 en relación a España, y el 1 de julio de 1823 en relación al imperio de Iturbide, aprovechando la fragilidad de la Republica Federal de Centroamérica, los ingleses incursionaron aún más allá de los límites dispuestos por los tratados anteriores. En 1832 el ministro de guerra de la Federación Centroamericana denunció la usurpación de territorio por parte de los ingleses, y su intención de avanzar hacia el sur hasta el Río Sarstún.

Entre 1835 y 1850 se extendieron de hecho hasta el río anteriormente mencionado y usurparon otros territorios centroamericanos. En 1841, las tropas inglesas se apoderaron del puerto de San Juan del Norte, en Nicaragua, y consolidaron posiciones en la Mosquitia.

Aprovechando la debilidad creada por la desaparición del Estado Federal Centroamericano en 1838, Estados Unidos e Inglaterra se pusieron de acuerdo, con la firma del Tratado Clayton-Bulwer en 1850, en una aparente neutralidad en torno a la posible construcción de un canal interoceánico en Centroamérica. No obstante, una década después, en 1856, Estados Unidos e Inglaterra firmaron el tratado Dallas-Clarendon que, aunque no fue ratificado, agregó un artículo al Tratado Clayton-Bulwer de 1850, que establecía el Río Sarstún como limite sur de los asentamientos ingleses, reconociendo el statu quo impuesto por Inglaterra, en detrimento de los reclamos de Guatemala y del resto de países de Centroamérica.

En el ínterin, el superintendente de Belice, una especie de gobernador colonial, mantuvo una constante injerencia contra la República Federal de Centroamérica, y posteriormente contra los Estados que surgieron de la disolución del Estado federal en 1838.

En 1859 Guatemala y Gran Bretaña firmaron la Convención de Límites de la República de Guatemala y el Establecimiento Británico en la Bahía de Honduras. Con este tratado el imperialismo inglés obtuvo un título legítimo sobre el territorio ocupado ilegítimamente y se definió un status quo en cuanto a los límites entre el establecimiento británico de Belice y la república de Guatemala. Como compensación, Gran Bretaña debía construir una carretera que uniera la capital de Guatemala con la costa atlántica.

En 1862, los comerciantes ingleses en Belice solicitaron a Londres ser reconocidos como colonia, lo que fue formalizado en 1862 bajo el nombre de Honduras Británica.

En 1863 se firmó una Convención por la que se fijaron los mecanismos para que Gran Bretaña cumpliera con la construcción de la carretera; los ingleses debían pagar 50,000 libras esterlinas. Sin embargo, ninguno de los Estados ratificó la convención en los seis meses posteriores a la firma, como se había acordado; Guatemala lo hizo con posterioridad y Gran Bretaña alegó que la convención había caducado.

El gobierno de Justo Rufino Barrios sostuvo que el tratado de 1859 continuaba vigente a pasar del fracaso de la Convención de 1863, y propuso que el asunto se sometiera a un arbitraje. Inglaterra lo rechazó en 1880 y el 1884 Guatemala denunció la caducidad del tratado de 1859, quedando todo congelado. En los hechos, los gobiernos de Guatemala reconocieron y legalizaron la presencia del colonialismo inglés. Debido a la dificultad del gobierno guatemalteco para controlar el territorio aledaño al territorio usufructuado por Inglaterra y a la escasa población guatemalteca, la preocupación pasó a ser fijar un límite al avance de los ingleses, más que recuperar el territorio usurpado. Inglaterra sostenía que sus derechos sobre los territorios ocupados provenían de acciones de conquista, no de los tratados con España, y no reconocía los derechos sucesorios de Centroamérica sobre los dominios que fueron del Imperio Español.

En este conflicto contra Inglaterra, los Estados de Centroamérica buscaron protección en Estados Unidos, el naciente imperialismo que reclamaba el continente como su área de influencia. El forcejeo entre Estados Unidos e Inglaterra por el dominio de la costa caribe de Centroamérica continuó todo el siglo XIX. En este periodo, la oligarquía de Guatemala mostró una cobardía sin precedentes, buscando en todo momento en sacar ventajas económicas a la presencia inglesa en esos territorios.

Mientras en Belice se sentaban las bases para la creación de otro Estado, bajo control de Inglaterra, en Nicaragua ocurría lo contrario. En 1894, tropas nicaragüenses, apoyadas por buques de guerra de Estados Unidos, derrocaron al rey de la Mosquitia, disolvieron el gobierno títere del protectorado, e incorporaron esa porción del territorio bajo la tutela del Estado de Nicaragua. Esta acción fue posible porque Estado Unidos tenía un interés especial de desalojar a los ingleses de la costa caribe de Nicaragua y Honduras: la posible construcción de un canal interoceánico a través de Nicaragua. En 1901 Estados Unidos e Inglaterra firmaron el Tratado Hay-Pauncefote, que abrogaba el Tratado Clayton-Bulwer de 1850, reconociendo Inglaterra el derecho de Estados Unidos a construir un canal interoceánico bajo su absoluto dominio.

Pero, en relación a Belice, se produjo un acuerdo entre Estados Unidos e Inglaterra, dejando en manos de esta potencia colonial el destino de los territorios de Belice

Las timoratas propuestas de la oligarquia de Guatemala

A partir de 1936 Guatemala hizo varias propuestas para resolver las diferencias, incluyendo el pago de una compensación económica a Inglaterra por la devolución de Belice y un arbitraje del presidente Roosevelt de Estados Unidos, pero los británicos las rechazaron todas. En 1946 el Congreso guatemalteco decretó la caducidad del tratado de 1859. ¡Casi un siglo después!

En 1981 Gran Bretaña otorgó la independencia a Belice, que se adhirió al Commonwealth Británico e ingresó como miembro a las Naciones Unidas. Guatemala no reconoció al nuevo Estado y rompió relaciones con el Reino Unido, para reanudarlas en 1986. Belice fijó como límites los establecidos en el Tratado de 1859, agregando una serie de islas y cayos adyacentes. En 1991 el gobierno de Serrano Elías reconoció a Belice como Estado independiente, pero no su territorio; esto se hizo para poder negociar con el gobierno beliceño como interlocutor. El Congreso ratificó en 1992 la decisión de Serrano.

En 2007, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó someter el diferendo territorial entre Belice y Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya; esto fue aceptado por ambos Estados y se firmó un acuerdo al respecto en diciembre de 2008. En 2012 ambos países acordaron que se realizarían consultas populares que ratificaran la intervención de la Corte de La Haya, definiéndose que en octubre de 2013 se harían de forma simultánea. El gobierno guatemalteco suspendió unilateralmente la realización de la consulta debido a que Belice modificó su Ley de Referéndum, disponiendo que las consultas no serían válidas si no contaban con la participación de al menos el 60% de los electores registrados, violando al acuerdo. En mayo de 2015 se acordó que ambos países hicieran sus consultas de forma separada. A solicitud del gobierno de Guatemala, en 2017 el TSE decidió la fecha para la realización de la consulta.

Una población fronteriza en la más abyecta miseria

Actualmente la oligarquía y la burguesía de Guatemala pretenden la recuperación de 12,272 km2 del territorio de Belice, casi la mitad de su extensión, incluyendo varias islas y cayos. Esta es una superficie con un gran potencial turístico y maderero, además de que tiene extensos terrenos susceptibles de ser utilizados para la producción de palma africana y otras explotaciones de agro exportación, el principal negocio de la oligarquía guatemalteca; sin olvidar los yacimientos de petróleo. Además, este territorio es un paraíso del narcotráfico.

Sin embargo, la población campesina que habita en la llamada Zona de Adyacencia, tierra de nadie, vive en el más total abandono, sin energía eléctrica, servicios de salud o agua potable, sin títulos de tierra. Son unas 25 mil personas distribuidas en 42 comunidades, que sobreviven cultivando maíz y frijol, sin posibilidad de vender sus excedentes. Del lado guatemalteco son víctimas de ataques del ejército y grupos armados beliceños; en los últimos 17 años unos diez campesinos han muerto en estas agresiones, la última fue en abril de 2016, en la que falleció un niño de 13 años.   

Un proceso de consulta poco popular en Guatemala y Belice

La papeleta del referendo tiene una sola pregunta a la que se deberá contestar si o no: “¿Está usted de acuerdo con que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?”

El TSE ha contado con un presupuesto de casi Q 300,000 para realizar la consulta, más una donación de la Unión Europea de un poco más de Q 900,000 para divulgación. Sin embargo, el padrón que se utilizará bajó en 33,953 ciudadanos con respecto al padrón de las elecciones de 2015. Esto indica una falta de interés en la misma o desconocimiento sobre el tema y sus implicaciones. El gobierno guatemalteco se ha enfrascado en una campaña de última hora, incluyendo una gira del presidente Morales, para animar a la participación en la consulta.

Mientras tanto, el gobierno beliceño aún no define cuándo realizará su consulta. Belice tiene una población de 375 mil personas y un padrón electoral de 180 mil; según sus funcionarios, para hacer la consulta necesitan renovar el padrón, por lo que posiblemente la podrían llevar a cabo en noviembre o diciembre de este año. Si el resultado de la consulta fuera el sí en ambos países, la Corte de la Haya podría tomarse entre cuatro a diez años para tomar una decisión definitiva, implicando además un gasto millonario para cada país en abogados y trámites.

¡No a la falsa consulta popular!

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechaza tajantemente la actual Consulta Popular, y desconoce su validez, pues es el resultado de un proceso histórico de intervenciones y abusos de gobiernos e instituciones imperialistas, además de ser profundamente antidemocrática. Son las ambiciones de los imperialismos británico y estadounidense, y de las burguesías beliceña y guatemalteca, las que nos han llevado al punto en que estamos.

Belice dejó de ser, hace mucho tiempo, antes de que le fuera otorgada la independencia formal por parte de la corona inglesa en 1981, parte del territorio de Guatemala, por la cobardía e incapacidad de la oligarquía de ese país, pero el territorio de Belice sigue siendo parte indisoluble de la nación centroamericana. Belice debe conquistar la verdadera independencia respecto a Inglaterra, decidiendo democráticamente su propio destino, que es el mismo del resto de pueblos de Centroamérica

Llamamos al pueblo beliceño, compuesto por indígenas mayas y la población afrodescendiente, a luchar junto a los indígenas y pueblo de Guatemala y el resto de pueblos de la nación centroamericana, contra las oligarquías locales y contra los imperialismos británico, estadounidense y europeo, para lograr la verdadera independencia y garantizar su derecho a la autodeterminación, así como el control de los recursos y riquezas naturales.

Existe una campaña chauvinista, que fomenta el nacionalismo estrecho y reaccionario, tanto de la burguesía de Guatemala, como la de Belice, que pretenden enfrentar a ambos pueblos en la lucha fratricida, para defender artificiales fronteras nacionales

La salida no debe ser delimitar fronteras, sino abolirlas, para reconstruir el Estado Federal Centroamericano, única forma de garantizar los derechos del pueblo de Guatemala, Belice y demás pueblos de la región. La unión libre y voluntaria de Estados de la nación centroamericana garantizaría los derechos democráticos de cada pueblo.

Por lo tanto, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a no asistir a la “consulta popular” del día 15 de abril del año 2018, a repudiar la convocatoria amañada, porque no representa los verdaderos intereses de los pueblos de Guatemala y Belice

Proponemos una vez más como medidas inmediatas: 1) el retiro de los ejércitos beliceño y guatemalteco de la Zona de Adyacencia, 2) la libre circulación por esta zona, de ciudadanos de ambos países, 3) la fraternización de las organizaciones campesinas e indígenas fronterizas de ambos países, y que entre  ellas decidan democráticamente sobre el uso de los bosques, tierras y demás recursos de las Zona de Adyacencia, 4) que el diferendo sea resuelto, no por los organismos internacionales del imperialismo, sino por Asambleas Constituyentes de trabajadores y campesinos, populares y soberanas de ambos países, que tomen decisiones en favor de los oprimidos, excluidos y explotados, en la perspectiva de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de los pueblos de Centroamérica, que reconstruya el Estado  Federal  bajo  el sistema socialista.

¡No a la consulta popular sobre el conflicto Guatemala-Belice!

¡No a la intervención de organismos imperialistas en asuntos de la nación centroamericana!

Centroamérica, 8 de abril del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)