Por Leonardo Ixim

Con la promulgación del decreto gubernamental donde se reforma el reglamento a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano Rural el pasado 29 de enero por el presidente Bernardo Arévalo para elegir a los gobernadores departamentales, se abrió la caja de pandora y la discusión sobre la vigencia de esta figura.

Estos funcionarios tienen la función de representar al mandatario por delegación de éste en el departamento, presidir los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDES), velar por la ejecución presupuestaria asignada a cada departamento, y sobre todo, es una pieza más del centralismo presidencial que ha caracterizado a los sistemas políticos centroamericanos.

Con la emisión de la ley del sistema de Consejos de Desarrollo en el gobierno de Alfonso Portillo, como marco de las reformas relacionadas con los Acuerdos de Paz, sistema que se estructura desde lo local, pasando por lo municipal, lo departamental, lo regional (varios departamentos) y lo nacional, con la participación de organizaciones civiles de trabajadores, campesinas, empresariales, cooperativas, etc., se buscaba la democratización del Estado, pero en la práctica no se ha dado.

Con esta ley, esta antigua figura centralista pretendió cambiar este panorama para que los CODEDES eligieran una terna de tres personas, y en última instancia el presidente en funciones designaría al gobernador departamental. Sin embargo, la fragmentación del mecanismo de partidos políticos, el caudillismo local, y sobre todo el clientelismo donde influyen los alcaldes y diputados distritales, han hecho de este sistema un caldo de corrupción para partidos y políticos, que lo usan para ganar elecciones, como se vio en la última elección donde los partidos VAMOS y UNE fueron mayoritarios en el Congreso y en los Consejos Municipales.

Tras esta reforma, que fomenta más participación, fue aprovechada por una serie de dirigentes y líderes vinculados a los Pueblos Indígenas que fueron fundamentales en la lucha contra el golpe de Estado que pretendía que el Movimiento Semilla no asumiera el ejecutivo. Sin duda una forma de cooptación de estos liderazgos, pues Semilla está necesitado de crear bases orgánicas, sobre todo en los departamentos de mayoría maya, que, como se vio, fueron fundamentales para que Arévalo y Herrera asumieran el gobierno.

Lo paradójico del caso ha sido que líderes como Luis Pacheco, de 48 Cantones de Totonicapán, Edgar Tuy, de la Alcaldía Indígena de Sololá, Angelina Aspuac, del Movimiento Nacional de Tejedoras del departamento de Chimaltenango, Rigoberto Juárez Mateo, importante líder contra proyectos mineros en el departamento de Huehuetenango, Wilberth Marroquín, líder vinculado contra la actividad minera en lago de Izabal en el departamento homónimo, ninguno fue calificado por sus respectivos CODEDES en la terna finalista.

Por el contrario, a quienes calificaron los CODEDES fueron a políticos vinculados a los partidos tradicionales del bloque conservador, que fueron los artífices del intento de golpe de Estado, aunque algunos de estos se hayan desligado en el proceso. Esto evidencia que los mecanismos clientelares usados por estas facciones llamadas partidos políticos están vivos, siendo producto de lo más podrido de la política burguesa. El control de los CODEDES es una mina de oro que maneja en fondos 4 mil millones de Quetzales, unos 500 millones dólares (Sofía Menchu, en El País, 15/02/2024), por ende, es un botín que los partidos clientelares quieren conservar.

Por esta razón, el presidente Arévalo ha querido dar la apariencia de democratizar el nombramiento de los gobernadores, una institución verticalista al servicio de la presidencia, pero en el fondo que quiere manejar los recursos de las alcaldías, decidiendo por encima de las necesidades de las municipalidades

Con la calificación de personajes ligados a partidos políticos han aumentado las objeciones, y el gobierno salió al paso anunciando que no designará a personas con tachas y cuestionamientos. Los CODEDES, por su parte, tienen como fecha límite el 1 de marzo para remitir a la presidencia las ternas respectivas; además pesa la amenaza de judicialización por las reformas al reglamento de la Ley de Consejos De Desarrollo. Arévalo anunció que en caso donde las ternas no estén integradas se repetirá el proceso

Recientemente salió a relucir la propuesta de que los gobernadores fueran electos por la población, tal como en Colombia. Podría ser una salida democrática, hasta cierto punto, pero el problema es que los gobernadores no tienen capacidad de decisión, simplemente ejecutan las políticas de la presidencia.

La figura de los gobernadores es superflua. Una opción democrática sería transformar radicalmente a los CODEDES, que sus miembros sean nombrados directamente por la población y que se conviertan en una gran asamblea popular o parlamento departamental para elevar las exigencias de los municipios al presidente y vigilar si el Poder Ejecutivo cumple con las demandas de los municipios. Su misión esencial debe ser controlar al presidente y que el presupuesto se distribuya de manera equitativa entre las municipalidades. No es necesario reformar la Constitución cuando el pueblo recupera la soberanía y decide por sí mismo. Debemos luchar para que el nombramiento de los CODEDES no se convierta en otra fiesta clientelar de los actuales grupos de poder.

Por Armando Tezucún

Para el nuevo binomio presidencial, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, fue crucial el respaldo de los imperialismos estadounidense y de la Unión Europea, para resistir los continuos ataques de las mafias contra los resultados electorales y finalmente tomar posesión de sus cargos el 14 de enero. La administración Biden fue clave en la negociación entre Arévalo, sectores del empresariado y la dirigencia de las comunidades indígenas, que dio como resultado la suspensión de los bloqueos de calles y carreteras en octubre pasado, que fue la forma de lucha que encontraron los sectores populares para manifestar su rechazo a las mafias y defender el voto popular; estos bloqueos tuvieron en vilo y casi paralizaron el país durante un mes.

Una vez en el ejercicio del poder, el gobierno de Arévalo está dando los pasos para alinearse obedientemente y fortalecer los lazos con los poderes imperialistas, que le están dando pleno respaldo.

El 5 de febrero se realizó en Antigua Guatemala la 37 reunión anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de Centroamérica y República Dominicana. Durante el encuentro, el presidente de la entidad financiera, Ilan Godfajn, reiteró el compromiso del BID de trabajar estrechamente con el gobierno de Arévalo para aprovechar las ventajas que ofrece Guatemala para la inversión. El presidente guatemalteco anunció que busca el apoyo financiero del BID para impulsar proyectos de infraestructura. Unos días más tarde, el representante del BID en Guatemala anunció el compromiso de la entidad para apoyar los proyectos a cargo de la primera dama, Lucrecia Peinado, en las secretarías que dirige.

En otro ámbito, en el primer mes del nuevo gobierno se reactivó la cooperación entre Estados Unidos y el Ministerio de Gobernación, en cuanto a la capacitación de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en temas de investigación criminal, de parte de varias agencias de seguridad estadounidenses, y en cuanto al flujo de información entre ambos países. Para esto fue crucial la realización de reuniones entre el secretario de Seguridad Nacional de la administración Biden, Alejandro Mayorkas, y el ministro de gobernación guatemalteco Francisco Jiménez; Mayorkas manifestó su apoyo al gobierno de Guatemala en temas de seguridad y combate a la delincuencia.

Por otro lado, el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, y el subsecretario Adjunto para Centroamérica del Departamento de Estado, Eric Jacobstein, sostuvieron reuniones con el ministro de relaciones exteriores de Arévalo, Carlos Martínez, sobre el candente tema de la migración irregular, un tópico sobre cuyos lineamientos la administración Biden requiere el total acuerdo de las autoridades guatemaltecas.

El 14 de febrero se llevó a cabo el foro Diálogo Económico de Alto Nivel, organizado por Atlantic Council y la organización de la burguesía guatemalteca FUNDESA. Estuvieron presentes el embajador Bradley y el presidente Arévalo, además de otros funcionarios gringos, miembros del nuevo gobierno y representantes empresariales. La tónica del evento fue aprovechar la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala para que los sectores privado y público trabajen juntos para incentivar la inversión local y extranjera, atraer más inversión y generar nuevos mercados. En otras palabras, Arévalo y su gobierno están abriendo las puertas y entregando el país en bandeja al capital extranjero, junto con la burguesía local, que espera ansiosamente ganar su tajada de los futuros negocios. Y este festín empresarial Arévalo y sus aliados lo justifican con la cháchara de siempre de creación de empleo, prosperidad económica, crecimiento económico sostenido, etc.

Para estrechar los lazos y reforzar su alineamiento con el imperialismo europeo, el presidente Arévalo realizó una gira por varios países de la región, iniciando el 16 de febrero en la Conferencia de Seguridad en Munich, y finalizando el día 23 en España. En las diferentes reuniones y eventos a que asistió se trató de diversos temas, reuniéndose también con empresarios, en especial en España, donde ofreció las mismas oportunidades de inversión y negocios. Cabe destacar que Arévalo se reunió durante su viaje, con el presidente ucraniano Zelensky, y con el presidente de Israel Isaac Herzog, a quienes manifestó su solidaridad, alineándose con la postura de los imperialismos gringo y europeo en torno a los conflictos bélicos en Ucrania y Palestina.

Los planes de inversión de la burguesía, adoptados por el nuevo gobierno, tienen como pilares el ataque a los salarios, con temas como los salarios a tiempo parcial, los salarios diferenciados y por circunscripciones económicas. Llamamos al pueblo trabajador y sus organizaciones a estar alertas ante las alianzas entre el gobierno y los empresarios, y a estar listos a defender los derechos laborales frente a esta coalición.

Por Leonardo Ixim

Las expectativas con el nuevo gobierno de parte de las organizaciones sociales, muchas de las cuales pusieron su energía y capacidades para evitar el golpe de Estado contra el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera son muchas. Para muestra de un botón la situación agraria de Guatemala

Sin embargo, la naturaleza de este gobierno imbuido de la marea democratista y con un horizonte social neoreformista, marca su impronta de clase. Fiel al espíritu dialoguista de Arévalo este se ha reunido con los polos opuestos de las clases sociales en el agro guatemalteco, es decir la Cámara del Agro y algunas organizaciones campesinas. Es decir este gobierno está afrontando dilemas y situaciones,  que lo obligarían asumir una posición concreta intentando quedar bien con dios y con el diablo.

Primero se reunió con la Cámara del Agro,  conformada por grandes latifundistas específicamente ganaderos, productores de palma africana, caña de azúcar, hule y otros monocultivos; entre ellos está la ultra reaccionario ACDEPRO una ong de extrema derecha que se dedica a generar campañas de odio contra las comunidades campesinas e indígenas cuando estas realizan acciones de tomas de tierras, entre otras cosas. Que temas se dialogaron con estos, es desconocido para la opinión pública.

Así también el pasado 31 de enero hubo un desalojo en la finca Cubuilguitz, ubicado en la carretera que une Cobán (cabecera del norteño departamento de Alta Verapaz) con Chisec, estas tierras habían estado habitadas por población Maya-Quechi que según algunas fuentes históricas en el momento de la conquista era un importante centro de paso y comercial. Durante la colonia y los primeros años de la república estos mantuvieron el control de la tierra.

 Pero tras la reforma liberal de 1871, los gobiernos dictatoriales liberales entregaron parte del norte de Guatemala a colonos de origen alemán entre ellos esta tierra,  que fue expropiada a las comunidades indígenas para la familia Dieseldorff con el fin de producir café Durante muchos años estos explotador la tierra y a la población para vender al mercado externo, pero tras la crisis del café de 2001 giraron para vender al mercado interno y se deshicieron de mucha de la tierra que habían acumulado.

Esto género que la población campesina que trabajaba en calidad de mozo-colono, empezaran a exigir sus pasivos laborales nunca retribuidos cuando producían café para esta familia. Actualmente la tierra está a nombre de Dorthee Dieseldolff Grimier una heredera de esta familia,  mucha de esta tierra fue apropiada de forma mal habida inscribiendo linderos anómalamente en Registro de la Propiedad.

Por otro lado organizaciones campesinas como el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) han tenido presencia organizando a las comunidades de Cubulguitz.

Así por orden de juez elementos del Ministerio Publico y de la Policía Nacional Civil del nuevo gobierno realizaron un desalojo forzado –aunque según portavoces policiales respetando los derechos humanos, pero que algunos medios ccalificaron de violento- hacia las familias que habitan esa finca.

Son estas mismas organizaciones junto a la Central Campesina Chort´i Nuevo Día las que se sentaron con el gobierno (como igual lo hizo con los finqueros) que entre los acuerdos alcanzados está: atender la conflictividad agraria, acceso a la tierra y restructuración del Fondo de Tierras (procedente de los Acuerdos de Paz), fortalecer la economía campesina en su poliactividad, entre otras cosas. Esta es la agenda de desarrollo rural integral (DRI) que se contempló pos firma de la paz y que rebajaba las exigencias históricas de reforma agraria de las organizaciones campesinas.

Exigir ciertas reformas para aliviar la situación del campesinado, exigiendo mejores precios para sus productos, apoyo técnico y otras,  que lo contempla la DRI es correcto. Además, lo acordado tiene que ser conocido por las bases de las organizaciones campesinas no solo las dirigencias. Sin embargo consideramos que por más buenas intenciones que tengan los personeros gubernamentales estas medidas no pueden prosperar mientras exista la alta concentración de la tierra producto  del monocultivo.

Por Armando Tezucún

Al cumplirse ya un mes de gobierno, ha sido notoria la falta de acciones contundentes del nuevo gobierno contra los poderes mafiosos que trataron por todos los medios de impedir que el binomio presidencial asumiera sus cargos.

La población empieza a notar, con decepción, que funcionarios del gobierno anterior permanecen en sus puestos o que son nombrados exfuncionarios con tachas; y también es evidente el gradual acomodamiento del nuevo gobierno al status quo, acomodamiento que inició en octubre del año pasado cuando el binomio electo llegó a acuerdos con las organizaciones empresariales, y que se expresa en alianzas con partidos de derecha y acuerdos con instituciones del Estado dirigidas por los poderes que adversaron la elección presidencial. En última instancia, la paulatina conciliación del gobierno de Semilla con los poderes fácticos, surge del hecho de que es un partido burgués, progresista en algunos aspectos, pero cuya intención es preservar el orden capitalista y modernizarlo, con el apoyo de los imperialismos de Estados Unidos y la Unión Europea, y de un importante sector de la burguesía guatemalteca, y por tanto, no tiene la menor intención de apoyarse en las movilizaciones de masas como las que salieron a defender el voto democrático el año pasado; eso está totalmente fuera de la agenda de Semilla.

Veamos algunos de los acontecimientos en que el gobierno de Arévalo ha forjado estas alianzas o ha empezado a adaptarse.

El 27 de enero se llevó a cabo la elección de nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), que reúne a los 340 alcaldes del país. El día anterior el presidente Arévalo se reunió con 304 de estos jefes ediles, y manifestó su respaldo al alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero. Esto bastó para que Siero fuera electo presidente de la ANAM, con una planilla única, siguiendo una tradición en que los alcaldes tratan de congraciarse con el gobierno central, pues del ejecutivo provienen los fondos que financian las municipalidades.

Ahora bien, Siero pertenece al derechista Partido Unionista, uno de los principales opositores al gobierno de Arévalo en el Congreso, en especial a través del diputado Álvaro Arzú Escobar, y que en las elecciones de 2023 hizo alianza con el partido Valor, impulsando la candidatura presidencial de la ultraderechista Zuri Ríos, hija del dictador genocida Efraín Ríos Montt. Aunque en los medios se dice que la elección de Siero significó la derrota del expresidente Giammattei, quien aspiraba a controlar la ANAM, un importante grupo de alcaldes de su partido, Vamos, quedaron como miembros de la Junta Directiva, que busca aliarse con el gobierno de Arévalo.

Otro caso que está generando decepción en la población que salió a las calles a defender los resultados electorales, es la incapacidad de Arévalo de destituir a la nefasta fiscal general Consuelo Porras, cuya renuncia exigieron las masas en las protestas. El presidente no ha pedido su renuncia de forma contundente desde la toma de posesión, y ha explicado repetidamente que ya lo hizo varias veces de forma pública. No hay un mecanismo legal por el que Porras pueda ser destituida, a menos que haya sido condenada por un tribunal por un delito, y ella está empecinada en que no va a renunciar.

Arévalo convocó a Porras a reunirse con él en dos ocasiones, y ella acudió solo a la segunda, pero retirándose 10 minutos después de iniciada la reunión. Porras devolvió la invitación a Arévalo, convocándolo a reunirse con ella en la sede del MP; el presidente envió al ministro de gobernación Francisco Jiménez, junto a funcionarios de ese ministerio. La reunión se desarrolló con cordialidad, dialogando sobre metodologías y estrategias institucionales para abordar varios delitos, llegando a acuerdos para trabajar de manera coordinada y técnica.  

Ante la sorpresa causada por esta súbita armonía entre el ejecutivo y el MP, Arévalo se justificó diciendo: “Independientemente de la conducta inapropiada e inaceptable de la fiscal, como Estado, estamos obligados a responder a las necesidades de la población. No se trata aquí de victorias o derrotas, lo que se trata es de responderle a la población” (La Hora 08/02/2024). En otras palabras, Arévalo se aguantará los berrinches y desplantes de Porras, pues está con las manos atadas y no tiene la menor idea de cómo deshacerse de esta enemiga de las libertades democráticas.

Llamamos a la población trabajadora a exigir al gobierno que sea consecuente y saque a los corruptos del MP, que deje de forjar alianzas con partidos derechistas, empresarios y agencias del imperialismo, y empiece a tomar medidas a favor del pueblo, pues no recibió un cheque en blanco y la paciencia de las masas no será eterna.