Por Leonardo Ixim

La visita de Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, hace unos días, muestra la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la situación interna en Guatemala; recordemos que estamos en un punto estratégico sobre varios puntos de interés para la política exterior de esta potencia imperialista. Nichols fue acompañado por Marcela Escobari, administradora adjunta de la agencia USAID.

El gobierno de Biden ha llevado a cabo en Guatemala una política vinculada a la promoción de los derechos humanos y el combate a la corrupción, lo que se llama el soft power en la jerga de las relaciones internacionales. En ese sentido, las relaciones con el gobierno de Giammattei han sido tirantes, esto pese a los distintos gestos realmente lisonjeros de parte de este gobierno en temas como la guerra de Ucrania o recientemente el apoyo al Estado terrorista de Israel.

Peso a todo esto, la administración Biden ha sido crítica  del gobierno guatemalteco, y especialmente con la dirección que Consuelo Porras le ha imprimido al Ministerio Público y con el fiscal especial Rafael Curruchiche, a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad – hoy punta de lanza de la persecución estatal de la mafia corrupta en el gobierno – al no reconocer la victoria electoral del partido  Movimiento Semilla y del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y  Karin Herrera, intentando  imponer una narrativa de fraude, por medio de la fabricación de pruebas sobre supuestas ilegalidades en la constitución de ese partido, entre otras cosas.

Pero en ese sentido, el objetivo de Washington es claro, exige que asuma el gobierno de Semilla, al que consideran un partido aliado debido a la configuración ideológica de este, política promocionada por el ala del Partido Demócrata, y garantizar así la alternancia ante los intentos de fraude del bloque del poder iniciando por el partido VAMOS y el gobierno de Giammattei; eso, aunque públicamente parezca que tal gobierno estuviera comprometido con la transición.

Lo cierto es que Nichols no se reunió con el presidente, aunque sí con el canciller Mario Búcaro, reuniéndose también con el binomio electo, así como con cámaras empresariales y con las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, que han protagonizado las recientes movilizaciones; esta reunión ha permanecido casi en secreto, aunque se han develado algunos elementos.

 Nosotros consideramos el triunfo de Semilla como una expresión de parte de importantes sectores sociales urbanos, rurales, indígenas, mestizos, etc., aglutinando a diversas capas de las clases populares y capas medias contra el continuismo. En ese sentido sí existe un quiebre contra la casta gobernante mafiosa; pero a la vez también alertamos que aun con sus diversas corrientes en ese partido, pesa una dirección conciliadora que en última instancia busca cierta contemporización con algunos sectores denominados modernizantes de las élites burguesas, y que se imprimió en el curso que han asumido las movilizaciones sociales.

La reunión con Nichols, Arévalo, Karin y el liderazgo de los 48 Cantones dirigido por su presidente de la Junta Directiva Luis Pacheco, junto a algunos representantes cámaras empresariales, como el Consejo Nacional de Empresarial, la de Comercio, la de Turismo y la Alimentos y Bebidas, sirvió para desmontar las tranques de calles y carreteras, sumándose a un desgaste propio de este tipo de táctica de protesta. En los siguientes días circularon comunicados con el sello de estas organizaciones civiles llamando a que se respete la voluntad popular, asumiendo el discurso ideológico que colonizó en recientes días la opinión pública, de no hacer más bloqueos.

Hay un claro resquebrajamiento en la burguesía; por un lado, fracciones como las anteriormente mencionadas cercanas a Semilla y otras, la tradicional oligarquía que mantiene un doble discurso de respeto a la democracia pero que algunas familias poderosas como Castillo, Megly o Novella han apoyado grupos ultra derechistas como la Fundación Contra el Terrorismos, expresión que durante esta coyuntura llamo al ejército a dar un golpe de Estado contra el gobierno para reprimir las movilizaciones. Por su parte, oficialmente el CACIF (que aglutina diversas cámaras empresariales) llama al respeto de la institucionalidad democrática, mostrando una crisis orgánica que se mantendrá aun con el gobierno de Arévalo y Herrera.

Nosotros consideramos que los sectores populares deben asumir una política independiente de clase con respecto a estas expresiones de la burguesía y con respecto a la presencia gringa, donde ese soft power implica no cambiar nuestra condición neocolonial y más en momentos como este en que Biden y compañía apoyan las acciones genocidas de Israel sobre el pueblo palestino.

Por Armando Tezucún

Después de dos semanas de reuniones y negociaciones, finalmente el presidente electo Bernardo Arévalo dio a conocer el resultado de su proyecto de pacto interclasista entre organizaciones empresariales y líderes de los grupos indígenas. Bajo el nombre de Acción para la Democracia, el acuerdo de colaboración de clases fue definido como un “espacio de encuentro constante y permanente que facilita el diálogo para así lograr la acción en defensa de la democracia del país”. Según declaró Arévalo, este acuerdo marcará “una ruta de trabajo en el nuevo gobierno” (https://twitter.com/BArevalodeLeon/status/1719538647068791116).

El futuro gobernante está ya anunciando que su gestión se basará en un acuerdo entre clases, por ahora entre un sector de la burguesía y el liderazgo de los pueblos indígenas, pero sin duda Arévalo extenderá la invitación a los sindicatos de trabajadores. Bajo la bandera de la “protección de la democracia”, este acuerdo, como todos los que históricamente se firman entre la burguesía y las clases explotadas y oprimidas, lo que pretende es amarrar de pies y manos a las organizaciones populares para que las luchas por sus reivindicaciones, en los próximos cuatro años, no sobrepasen los límites aceptables para la debida preservación del orden burgués y el capitalismo. No nos sorprende que el pacto ya cuente con la entusiasta aprobación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA, representante de los intereses el imperialismo gringo), Luis Almagro.

Los “objetivos comunes” definidos mediante el diálogo están: “Garantizar el respeto a los resultados electorales definitivos e inalterables oficializados por el TSE … y garantizar la toma de posesión de todas las autoridades electas en el mismo en las fechas 14 y 15 de enero de 2024. Rechazar la criminalización y persecución arbitraria de quienes participaron en la implementación del proceso electoral de forma voluntaria. Defender la democracia, así como trabajar para proteger y fortalecer el sistema democrático del país. Rechazar la violencia y abogar por la solución de conflictos de manera pacífica (Prensa Libre 01/11/2023). El documento fundacional finaliza señalando que los firmantes buscarán “…la creación de estrategias complementarias para abordar estos retos de manera diversa mediante la creación de una agenda que detallará las acciones concretas que se llevarán a cabo” (Idem).

Entre las organizaciones firmantes, además de las principales representaciones de las comunidades indígenas y Arévalo, están la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, la Cámara de Turismo Guatemalteca, la Cámara de Comercio de Guatemala, y el Consejo Nacional Empresarial (CNA), además de otros grupos empresariales de menor importancia. Estos grupos empresariales no forman parte de la coordinadora que agrupa a las cámaras más importantes (Cacif), como la de industria, de la construcción o del agro, y, en especial, el CNA agrupa a medianos empresarios que rechazan al Cacif.

Sin embargo, el 21 de octubre, las principales cámaras agrupadas en el Cacif, y otras asociaciones de la burguesía publicaron una declaración en la que reclamaban el respeto al resultado del proceso electoral, y expresaban que las autoridades electas deberán tomar posesión de sus cargos el próximo 14 y 15 de enero. La Cámara del Agro, una de las más reaccionarias y conservadoras, no firmó este comunicado. Esto significa que una parte importante de la burguesía prefiere la estabilidad de un relevo ordenado de gobierno, a la incertidumbre que causaría coartar el derecho de Arévalo y Herrera a asumir el nuevo gobierno, y prefiere evitar la reacción de los imperialismos europeo y estadounidense ante la imposición de un gobierno que dé continuidad al status quo de corrupción; las consecuencias para los negocios y la economía serían nefastas.

Pero hay un sector de las élites empresariales, familias que detentan monopolios u oligopolios, que hacen parte del G8, que están vinculadas a los grupos emergentes corruptos que parasitan del Estado, y financian a los grupos ultraderechistas de exmilitares, como la Fundación Contra el Terrorismo, la Liga Propatria y Guatemala Inmortal. Estas poderosas corporaciones familiares controlan la producción de cemento, harina, bebidas alcohólicas, productos químicos, farmacéuticos, acero y la banca; aunque sus empresas estén registradas en las cámaras del Cacif, constituyen un poder por encima de éste, y estarían respaldando las maniobras de las instituciones de justicia, el ejecutivo y el legislativo para burlar el resultado de las elecciones (Prensa Comunitaria 30/10/2023, Radiografía de un Golpe Judicial Anunciado).

Las negociaciones entre los líderes indígenas y los grupos empresariales ya produjeron un primer resultado, que fue la suspensión de los bloqueos como forma de lucha; así lo reconoció la vicepresidente electa Karin Herrera, cuando afirmó que las negociaciones: “Están avanzando … ustedes … ya observaron otro tipo de acciones que tomaron desde 48 Cantones, entonces ellos hicieron un anuncio de ciertas medidas que iban a dejar de tomar y entonces yo creo que esto ya demuestra avances y un ponerse de acuerdo” (Prensa Libre 26/10/2023). Entre vacilaciones y falta de coordinación, el retiro paulatino de los bloqueos ha dado paso a la convocatoria a manifestaciones como nueva forma de protesta, las más significativas de las cuales tuvieron lugar el 3 y 4 de noviembre.

Aconsejamos fraternalmente a los líderes indígenas y de las organizaciones populares a mantener su independencia política con respecto a Arévalo y su futuro gobierno, y frente a los grupos empresariales. Es claro que la nueva administración del ejecutivo tendrá muchas dificultades para gobernar, y será esencial el respaldo que pueda tener de parte del empresariado, del imperialismo europeo y estadounidense; y también de los acuerdos que amarren a los sectores populares a su programa de gobierno, evitando las protestas cuando se evidencie que es incapaz de satisfacer las más sentidas demandas del pueblo trabajador. Las organizaciones indígenas, sindicales y populares deberán estar preparadas para levantar sus propias banderas de lucha cuando llegue ese momento.

Por Armando Tezucún

En la actual coyuntura de intensas protestas populares contra las estructuras autoritarias que mantienen un status quo de corrupción, los acontecimientos se suceden con rapidez. Trataremos de dar una semblanza y comentar los sucesos más recientes.

La CC ordena liberar el bloqueo en la sede del MP

Sin duda uno de los hechos más importantes ha sido la orden emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el Ministerio de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil (PNC) restituyan el “orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público” y proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de “delitos flagrantes”. Esta orden fue emitida el 18 de octubre y daba un plazo de seis horas para su ejecución; los magistrados de la CC ordenaron también al Ministerio de la Defensa Nacional a prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades cuestionadas, brindando la cooperación por medio del ejército de Guatemala (Prensa Libre 18/10/2023). La orden incluyó la amenaza de que, en caso de incumplimiento, los funcionarios responsables serían ipso facto separados de sus cargos.

Previamente, el 12 de octubre, el MP, por medio de un comunicado, instó a la PNC a liberar el acceso al edificio de su sede central, ocupado desde el 2 de octubre por un nutrido plantón de autoridades indígenas y otras organizaciones que protestan contra las acciones ilegales de la fiscalía general para afectar los resultados del reciente proceso electoral. En la nota, el MP recordó que el 8 de octubre había presentado ante la CC un amparo de debida ejecución promovido por el Procurador de los Derechos Humanos, resuelto favorablemente el 11 de octubre, ordenando la liberación de las carreteras del país, y avalando el uso de la fuerza pública, si es necesario, y el acompañamiento del ejército, si fuera necesario.

Sintiéndose inexpugnable e intocable, debido a las limitaciones legales que impiden al presidente destituirla (aparte de la obvia falta de voluntad de mandatario de hacerlo), la jefa del MP Consuelo Porras solicitó el 16 de octubre ante la CC la destitución del ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos por hacer desobedecido e incumplido la orden de esta corte, de liberar el paso y el ingreso al MP. El poder que ha adquirido esta corrupta funcionaria quedó de manifiesto en que horas después Barrientos presentó su renuncia al presidente Giammattei, la cual fue aceptada. El día 17 fue asignado como nuevo ministro de gobernación el general retirado Byron Bor Illescas, asesor de Barrientos.

La orden de desalojo emitida por la CC contenía aspectos que evidencia la intención de inculpar a los compañeros instalados frente a la sede del MP, de toda clase de delitos desproporcionados. La actitud altamente represiva de los magistrados de la CC se denota en la orden de investigar si los manifestantes han incurrido en delitos de Lesa Humanidad, como “exterminio de civiles” o “destrucción de reservas de agua potable”, de “graves violaciones a los derechos humanos de toda la población”, de “obstrucción de la justicia”, ordena que los manifestantes que cometan delitos como bloqueos pueden ser capturados y la PNC debe proceder a su aprehensión (Prensa Libre 18/10/2023).

El diálogo entre las autoridades indígenas y la PNC   

El nuevo ministro de gobernación dio muestras de mantener la misma línea de moderación y diálogo que su predecesor, que han expresado también los oficiales de la PNC, al evitar el uso de la fuerza contra los compañeros en lucha, aplicando los protocolos que obligan encontrar consensos antes que recurrir a la violencia; esto contrasta con el odio de clase y el ánimo represivo que exudan los comunicados y resoluciones del MP de Porras y sus aliados de la CC.

Previo a que se venciera el plazo dictado por los magistrados de la alta corte, se instaló una mesa de diálogo entre representantes del Ministerio de Gobernación, la PNC, el procurador de los Derechos Humanos y los compañeros dirigentes indígenas. Se analizó a profundidad el contenido de la orden de la CC, y los compañeros explicaron que ellos no tienen tomado el edificio del MP, y que las personas que llegan a realizar trámites tienen el acceso libre, que han sido las autoridades del MP las que decidieron que sus empleados trabajen a distancia. En seguida, todas las partes realizaron una inspección del lugar, y se procedió a retirar algunas pancartas y toldos; la PNC procedió a liberar un carril donde colocó vallas que permiten el ingreso al edificio, retirando unos metros las instalaciones del plantón. De esta manera se dio cumplimiento a lo ordenado por la CC, aunque la fiscal general Porras decidió que los trabajadores y fiscales continuarán trabajando de forma remota debido a la presencia de los manifestantes. El plantón continuará de forma indefinida.

Los líderes indígenas deciden levantar los bloqueos     

El jueves 19 de octubre tuvo lugar una reunión convocada por el presidente electo Bernardo Arévalo, entre representantes de los empresarios y autoridades de las comunidades indígenas en lucha, para encontrar una salida a la crisis actual.

Aún no se conoce oficialmente el resultado concreto de este diálogo, y se habla de un documento que se está preparando. Se sabe que estuvieron presentes líderes indígenas, delegados de la burguesía organizada, Arévalo, y actuando como mediador el cardenal Álvaro Ramazzini. Un portavoz de los empresarios refirió que “Hubo varios miembros de diferentes organizaciones del sector empresarial y básicamente se tuvo la oportunidad de conversar de nuevo con todas las autoridades indígenas que estuvieron presentes y los empresarios como tal” … “resultado de esto -diálogo- hay cosas en las que seguimos teniendo diferencias entre unos y otros, hay otros que si estás de acuerdo (…) lo que se va a buscar es que haya un documento que lo revisemos entre todos” (Prensa Libre 19/10/2023).

En el plan de gobierno del Movimiento Semilla se habla del establecimiento de pactos nacionales en diferentes temas para encontrar consensos para la construcción de un Estado Democrático. Históricamente, estos “pactos nacionales” se establecen, no entre los sectores populares y de trabajadores y los gobiernos, sino fundamentalmente entre las clases poderosas y los gobiernos que desean realizar cambios significativos, para contar con la venia de la burguesía, embaucando a representantes de los sectores populares para que firmen acuerdos que al final lo que hacen es garantizar la preservación del orden capitalista frente a procesos reformistas.

Pues Arévalo parece haber iniciado el primero de esos pactos con la burguesía, que convenientemente no mencionó en el enardecido discurso que pronunció frente a las organizaciones sindicales en la grandiosa manifestación del 20 de octubre.

No es casualidad que el mismo 20 de octubre el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, anunciara el levantamiento los bloqueos, iniciando un proceso de reorganización de la lucha. “Todos somos pueblo y el pueblo debe demostrar de alguna y otra manera una resistencia pacífica en las manifestaciones que se tienen, esto no significa que nosotros nos hemos dado por vencidos. Vamos hacia adelante y mantenemos nuestra postura de mantener el objetivo” dijo el líder indígena (La Hora 20/10/2023). Aunque no está definido cómo continuarán las luchas, al parecer una de las nuevas tácticas es que las comunidades del interior viajen a la capital a reforzar la presión en la sede del MP y realizando manifestaciones.

En los últimos días los bloqueos habían disminuido significativamente a nivel nacional: 35 lugares bloqueados el 18 de octubre, 23 el día 19, 27 el día 20, y 3 el 21 de octubre. El día 20, coincidiendo con la multitudinaria marcha en conmemoración a la revolución democrática de 1944, fue levantado el bloqueo en el lugar estratégico denominado Cuatro Caminos. El 21 fue levantado el bloqueo que mantenían compañeros estudiantes de la USAC, el último que quedaba en la capital, aparte del plantón frente al MP, que continúa de forma indefinida.

El 21 de octubre 18 organizaciones empresariales dieron su respaldo tácito a Arévalo mediante un comunicado en el que llaman al “…respeto hacia la voluntad popular, la cual fue manifestada con claridad por medio de las urnas … Exigimos a los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a todas las instituciones que conforman el tejido institucional del estado de Guatemala, a respetar y hacer cumplir la ley y fortalecer y proteger el proceso electoral”. Los órganos de la burguesía también dijeron “Respetamos el derecho de manifestación pacífica, el cual es incompatible con bloqueos que generan caos e incertidumbre. En consecuencia, es imperativo que liberen los bloqueos que aún persisten en todo el territorio nacional” (La Hora 21/10/2023).

Es inevitable concluir que en la reunión del 19 se acordó el retiro de los bloqueos a cambio del respaldo de los empresarios organizados al presidente electo. Esta es una muestra del futuro gobierno burgués de Arévalo y los acuerdos que inevitablemente hará con la burguesía. Es cierto que los bloqueos, como táctica de lucha, estaban llegando a un límite, y en varios puntos los compañeros fueron objeto de agresiones por parte de grupos armados vinculados a alcaldes, o a narcos o personas particulares.

Si los compañeros de las autoridades ancestrales decidieron cambiar la táctica a manifestaciones, tienen todo nuestro respaldo. Pero tendrían que ser marchas masivas, con el respaldo de estudiantes, organizaciones barriales, populares y los sindicatos. La experiencia de los bloqueos nos enseña que debe haber una coordinación centralizada, y al menos un mínimo de organización de piquetes de seguridad que garanticen el resguardo de los manifestantes.

Por Armando Tezucún

El lunes 9 de octubre se instaló en Guatemala la Comisión Mediadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la misión de facilitar acuerdos entre las organizaciones que desde el 2 de octubre han mantenido acciones de protesta en todo el país, y el gobierno de Alejandro Giammattei. Esta comisión del organismo internacional del imperialismo llegó al país a solicitud del gobierno guatemalteco, petición hecha el 6 de octubre, ante una imparable ola de protestas y bloqueos convocada por organizaciones indígenas que casi han paralizado las actividades económicas en todo el territorio nacional; las organizaciones en lucha demandan la renuncia de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, de la fiscal Cinthya Monterroso y del juez séptimo de primera instancia penal, Fredy Orellana. Se exige la renuncia de estos funcionarios porque han realizado acciones ilegales que amenazan con anular los resultados del proceso electoral realizado en junio y agosto, irrespetando el voto popular emitido en la primera y segunda vuelta.

La Comisión mediadora ha tenido un bajo perfil. Se sabe que el martes 10 las autoridades indígenas se reunieron con los delegados de la OEA, reiterando las demandas de renuncia de los funcionarios cuestionados. Fue hasta el viernes 12 que se dio una reunión formal entre las partes en conflicto.

Giammattei amenaza e intimida

En días previos, Giammattei emitió una serie de declaraciones confrontativas, atacando las protestas sin mencionar siquiera las demandas de los compañeros en lucha. El día 9, mientras el gobierno introducía infiltrados en las protestas con el fin de provocar disturbios, el presidente declaró en cadena nacional que “lo único que puede poner en riesgo el orden democrático son las exhortativas a los bloqueos” … “no son muchos, son pequeños piquetes en todo el país muy consecutivos”; criticó los actos de violencia realizados por los agentes infiltrados “…contra comercios, empresarios y particulares en medio de incidentes que han empezado a salirse de control de los que han promovido el paro nacional, que han hecho llamados a los bloqueos que amenazan con llevarnos al caos”, y en el mejor estilo de la guerra fría y el conflicto armado interno, informó que hay evidencia que han reunido, comprobando que “fondos provenientes del extranjero han sido trasladados a oenegés nacionales de donde han salido los recursos para el pago de la alimentación, servicios sanitarios portátiles y la logística de los bloqueos”.

En su ofuscación, Giammattei afirmó que el gobierno ha tenido ataques cibernéticos “de estos mismos países”, y personas extranjeras han asesorado y participado en los bloqueos. Hasta el momento, Giammattei no ha presentado pruebas de la existencia de esos fondos provenientes del extranjero ni ha dicho de qué países provienen. Finalizó haciendo un llamado al presidente electo Arévalo a reunirse en presencia de la comisión de la OEA y discutir una ruta “para asegurar la entrega del poder el 14 de enero de un país en paz y no confrontado entre el pueblo” (Prensa Libre 9/10/2023).     

Luego de un intercambio de declaraciones y acusaciones entre Arévalo y Giammattei, este último pidió al presidente electo que declarara una tregua, asumiendo los pueblos originarios están acatando una orden de Arévalo: “De la orden de liberar, le repito, una tregua que nos lleve 5, 6, 7, 15 días, pero con el país caminando, juntémonos, hagamos esa hoja de ruta que le dije para que el país pueda volver al sendero de la tranquilidad…” (Soy502 10/10/023). En numerosas ocasiones los dirigentes originarios que mantienen las protestas han manifestado que no defienden ni a Arévalo ni al Movimiento Semilla, sino que reclaman el respeto al voto popular y a los derechos democráticos; el mandatario ha hecho el ridículo, revelando que ni lee las noticias, ni se interesa en estar al tanto de lo que plantean las organizaciones populares que lo adversan, o, en todo caso, pretende ignorar e invisibilizar la capacidad de liderazgo y de protagonismo político de los pueblos indígenas, como buen racista que es.

Arévalo reiteró que con quien tiene que reunirse el gobierno es con las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, que dirigen las protestas, y se ofreció a acompañar como testigo el diálogo auspiciado por la OEA.

Inicia el diálogo

Finalmente, el 12 de octubre se llevó a cabo la primera reunión formal entre las autoridades indígenas y el presidente Giammattei, con la mediación de la OEA, en la Casa Presidencial. El gobierno había invitado al MP de Consuelo Porras, pero no envió delegados, aduciendo que la invitación llegó muy tarde y no pudieron hacer los arreglos para acudir.

El encuentro, que duró cuatro horas, no tuvo ningún resultado, pues Giammattei dijo que no tiene la potestad de destituir a la fiscal general, pues no existe un “marco regulatorio” que lo permita (Prensa Libre 12/10/2023), y que al juez solo lo puede remover el organismo judicial. En efecto, en 2016, para proteger a la entonces fiscal general Thelma Aldana de una destitución por parte del presidente Jimmy Morales, fue modificada la Ley Orgánica del MP, estableciéndose que el responsable del MP podría en adelante ser destituido por el presidente de la república, solo en caso de que haya sido condenado en juicio por la comisión de un delito doloso. Esto implica un complicado proceso jurídico que podría durar años. Sin embargo, Giammattei omitió mencionar que esto no implica que no pueda solicitar la renuncia de la fiscal general.

Por su parte, el MP aceptó la invitación a reunirse con los dirigentes indígenas la semana siguiente, pero a condición de que la reunión tenga lugar en la sede del MP, y que previamente se levante el bloqueo a este edificio, y se permita el ingreso de sus funcionarios y trabajadores, lo que implicaría que el proceso e investigación en contra del Tribunal Supremo Electoral, el Movimiento Semilla y el evento electoral, seguiría libremente su curso, que es precisamente lo que adversan los compañeros en lucha.

Continuarán las acciones contra el gobierno

Al salir de la fracasada reunión, los líderes indígenas informaron que los bloqueos y manifestaciones continuarán por tiempo indefinido, asegurando que no hicieron ningún compromiso. Los compañeros anunciaron que tomarían en adelante 10 medidas, entre ellas buscar reuniones con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y con la fiscal general Porras; evitarán que infiltrados causen disturbios; en los bloqueos se permitirá el paso de unidades de emergencias como ambulancias, y vehículos que transporten alimentos, combustibles y productos de consumo diario.

Después de esta reunión, la cantidad de bloqueos ha disminuido paulatinamente. El sábado 14 se contabilizaron 40, el domingo unos 20, el lunes unos 13, y los puntos bloqueados fueron liberados por horas para permitir el paso del transporte de productos vitales para la población.

Sinn embargo, se anuncian nuevas formas de lucha. El lunes 16 una nutrida marcha de pobladores y comerciantes de San Juan Sacatepéquez marchó hacia la capital en protesta contra los funcionarios corruptos; y otros vendedores de los mercados de San Miguel Petapa, Villa Hermosa, Villa Canales y Villa Nueva (municipios cercanos a la capital), se unieron al plantón que desde el 2 de octubre permanece bloqueando la sede central del MP. Ese mismo día las autoridades ancestrales de Sololá dieron un plazo de 24 a 48 horas para recibir respuesta sobre la solicitud de destitución de la fiscal general Porras. Lo mismo hicieron líderes comunitarios de Quetzaltenango, específicamente de San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa y La Esperanza; los compañeros reiteraron su apoyo a los 48 Cantones de Totonicapán y expresaron: “Hay una actitud de desgaste y retardo por parte del presidente de la República … para darle solución a nuestros planteamientos, no asumiendo de manera seria e inmediata las peticiones que como pueblo estamos planteando” (Soy502 15/10/2023). Para el miércoles 18 se espera una marcha multitudinaria desde el interior hacia la capital, y, por supuesto, el día 20, conmemoración de la revolución de octubre de 1944, se espera una enorme manifestación en la capital.