Por Marcos Galicia

La huelga de dolores de la USAC, en su 126 aniversario, reaparece en las calles de la capital. En medio de acciones violentas dentro y fuera del campus y en medio de persecución política, intentos de golpes de Estado, censura y controversia. Pero para narrar la situación actual de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), es necesario comenzar contando la historia de quiénes han sido criminalizados y criminalizadas injustamente por exigir un gobierno universitario más democrático y libre de mafias.

En otras ocasiones hemos narrado cómo el Consejo Superior Universitario (CSU) comenzó una persecución política en contra de quienes se manifestaron en contra del fraude electoral en el que Walter Mazariegos Biolis fue impuesto -violando la autonomía universitaria- como rector de dicha casa de estudios, en complicidad con el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Recientemente, ese mismo CSU emitió una serie de sanciones en contra de 73 personas estudiantes, trabajadores y docentes de la USAC.

Estas sanciones podrían eventualmente desembocar en la expulsión de las y los estudiantes criminalizados, el despido de las y los trabajadores y docentes y la persecución penal hacia la oposición con el fin de instaurar un régimen totalitario dentro de la USAC. Paralelo a esto, se reactivan nuevamente las alarmas de un golpe de Estado que se había desacelerado. Nuevamente Consuelo Porras al mando del Ministerio Público (MP) y su fiscal Rafael Curruchiche, emprenden una serie de medidas legales para anular las elecciones generales del año pasado y con eso invalidar la presidencia de Bernardo Arévalo y Karin Herrera y terminar de destruir a su bancada en el Congreso.

La situación es grave, pues vemos que la Organización de los Estados Americanos (OEA) podría intervenir nuevamente y también hubo una visita de alto nivel por parte de Guatemala hacia el gobierno de los Estados Unidos, en donde el presidente Joe Biden respaldó al actual gobierno en la lucha contra la corrupción, en medio de otros intentos de golpe de Estado. Los nuevos intentos de boicotear al gobierno actual provienen del sistema de justicia y el MP en donde buscaban reactivar los antejuicios contra el binomio presidencial.

Nuevamente entra la USAC en la trama del golpe de Estado, porque es a través del caso “Toma USAC: Botín Político” que se busca encarcelar al binomio y a algunos de sus diputados con el fin de reinstaurar al régimen anterior y detener la lucha contra la corrupción. La situación para las y los estudiantes que fueron sancionados tampoco es alentadora, puesto que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha fallado en brindar protección y garantizar sus derechos como estudiantes y personal de la USAC.

Y, por si fuera poco, nuevamente atestiguamos cómo los grupos de “encapuchados” que participan de la Huelga de Dolores protagonizaron una batalla campal entre los grupos de la Facultad de Derecho, Ingeniería y de otros bloques. Mientras un grupo de valientes estudiantes, catedráticos y sindicalistas enfrentan una persecución ilegal e injusta, un pequeño grupo de encapuchados salen a desfilar -muchos en estado de ebriedad- mostrando sin tapujos las latas de cerveza en mano.

Los intentos de golpe de Estado continuarán y no se detendrán hasta que expulsemos a Consuelo Porras y su camarilla del MP; si el régimen de Walter Mazariegos logra expulsar a la digna resistencia continuará la persecución y la censura dentro de la USAC. ¿En qué parte de la Historia nos abandonaron aquellos huelgueros que tenían consciencia y denunciaban las injusticias con coherencia?

El tiempo corre en nuestra contra. Se avecinan las elecciones en Estados Unidos con un Donald Trump que regresa fortalecido y con posibilidades de ganar nuevamente la presidencia frente a un desgastado Joe Biden, a quien sus incursiones bélicas en Ucrania e Israel le están pasando factura. Eventualmente el gobierno de Semilla se acoplará al status quo, si no es que son retirados antes, y la persecución política en Guatemala podría llegar a compararse con lo que sucede actualmente en Nicaragua. Recuperar la USAC es clave para prevenir un mal mayor para el país y la región.

Por Armando Tezucún

Durante la segunda quincena del mes de marzo, el presidente Bernardo Arévalo continuó con el proceso de entendimientos y acuerdos con sus principales aliados internacionales, los imperialismos estadounidense y europeo, iniciado en febrero. Estos acuerdos no constituyen otra cosa que la entrega de Guatemala a las grandes empresas multinacionales, abriéndoles las puertas para explotar los recursos y la mano de obra nacionales, en contubernio con la oligarquía local.

Si bien en febrero Arévalo realizó una gira por varios países de la Unión Europea, en marzo el punto focal fueron los negocios con los Estados Unidos y la administración Biden, a través de varios encuentros.

El Diálogo Económico de Alto Nivel

El 16 de marzo fue publicada por un diario local una entrevista con el nuevo embajador gringo Tobin Bradley, quien situó en perspectiva los eventos que se avecinaban.

Tuvo especial relevancia el Diálogo Económico de Alto Nivel, que se llevó a cabo el 18 de marzo. Sobre este diálogo, Bradley resaltó que el objetivo es que Guatemala “…se convierta en un motor económico en la región centroamericana” (La Hora 16/03/2024). El embajador dijo que es la primera vez que Estados Unidos tendría un diálogo de este tipo en Centroamérica, con más de 20 representantes de su país, para discutir sobre economía y el trabajo conjunto para convertir a Guatemala en un motor de la prosperidad de la economía en la región (Ídem).

Y, como era de esperarse, Bradley enfatizó que la forma de lograr esto es “…atraer mucha inversión al país y hay que tener un ambiente para la inversión que sea atractivo para diferentes empresas con sus recursos, tecnologías, sus ideas para innovar aquí.” (Ídem). El representante de la administración Biden dejó claro que, para ésta, el nuevo gobierno de Arévalo representa un momento histórico de democracia, “Estados Unidos ve a Guatemala como un socio clave, para su futuro…" y “…una nueva etapa para la economía en Guatemala … hay inversionistas que quieren invertir en un país democrático con transparencia y creo que están listos para trabajar” (Ídem). Y, por supuesto, se nos olvidaba, toda esta oleada tsunámica de negocios e inversiones significa más empleos para los guatemaltecos, ¿Qué clase de empleos? No está claro aún.

Encuentro interempresarial USA-Guatemala

Previo al mencionado Diálogo Económico, tuvo lugar el 15 de marzo la conferencia “Hacia un Crecimiento con un Desarrollo Social Inclusivo”, organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COAS) y la organización empresarial guatemalteca Fundación el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), también estuvieron, cómo no, el democrático presidente Arévalo y miembros de su gabinete. Estos últimos expusieron sus políticas de atracción de inversiones, clima de negocios, la agenda legislativa en el plano económico y los planes de inversión en infraestructura.

Susan Segal, presidente de AS/COAS, resaltó el papel que juega Guatemala en la atracción de inversión extranjera y su papel como socio comercial de Estados Unidos, coincidiendo con el punto de vista del embajador Bradley. Participaron representantes de gigantes empresariales como Corporación Multi Inversiones, Citi Guatemala, la bananera Chiquita, Walmart, AWS (Amazon), Grupo La Mariposa, entre otros.

Segal, en la tónica de la administración Biden, afirmó que “hoy estamos aquí para discutir el momento en que se encuentra Guatemala y la oportunidad que tienen el país para lograr el crecimiento económico, sostenible, inclusivo, constante y a largo plazo” (Prensa Libre 15/03/2024); después de mencionar las ventajas que tiene el país para la inversión, reconoció que, luego de las elecciones del año pasado, la democracia está muy fuerte en Guatemala, lo que atrae la inversión extranjera directa. Segal coincidió con los empresarios guatemaltecos en la importancia de la inversión público/privada, incluyendo la inversión pública y privada de Estados Unidos.

El nuevo ministro de finanzas, Jonathan Menkos, mencionó seis proyectos que tiene el gobierno de Arévalo, para los cuales contempla atraer inversión privada extranjera y nacional; entre ellos está el tramo 1 del metro en la ciudad de Guatemala.

¿Quiénes participaron el Diálogo Económico de Alto Nivel?

Como mencionamos, el 18 de marzo se llevó a cabo este diálogo. Por parte del gobierno de Estados Unidos estuvieron presentes el embajador Bradley, el subsecretario para crecimiento económico, energía y medio ambiente José Fernández (quien encabezó la delegación), el coordinador global anticorrupción Richard Nephew, la subadministradora adjunta para la oficina de América Latina y del Caribe de la USAID Mileydi Guilarte, entre cerca de 20 representantes de 12 agencias del gobierno de Biden.

El gobierno guatemalteco estuvo representado por el presidente Arévalo, la vicepresidente Karin Herrera, el presidente del Congreso de la República Nery Ramos, y ministros y directores de comisiones del Ejecutivo.

El evento tuvo como objetivo general cooperar para promover el crecimiento económico en Guatemala. En palabras de José Fernández: “No solamente hemos traído a una docena de agencias de nuestro gobierno, sino que existen muy pocos diálogos de este tipo en nuestro hemisferio y marcan la promesa de un punto muy especial en la relación bilateral” (Prensa Libre 18/03/2024).

De acuerdo al ministro Menkos, el encuentro tuvo cinco ejes de trabajo: cerrar los caminos a la corrupción desde las instituciones; promulgar la Ley de Competencia, que aún no camina en el Congreso y el establecimiento de alianzas público/privadas para la inversión pública en infraestructura; aumento de la cobertura eléctrica; seguridad alimentaria y nutricional; un esfuerzo bilateral para un acercamiento con las familias vinculadas a las remesas desde Estados Unidos, para una utilización más eficiente de las mismas.

De nuevo Alejandro Mayorkas

Continuando con los acercamientos con el imperialismo gringo, el jueves 21 el presidente Arévalo se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Los temas tratados hacen parte del paquete de políticas implementadas por el país del norte en la región, incluyendo el combate al narcotráfico y la migración.

El secretario reiteró la confianza que tiene su país en el gobierno de Arévalo, razón por la cual se ha dado una seguidilla de reuniones de alto nivel: el Diálogo Económico, el encuentro sobre temas de seguridad con Mayorkas, y un encuentro con la vicepresidente Kamala Harris el 25 de marzo. “…Sabemos que las fuerzas de la corrupción siguen amenazando la democracia y al pueblo guatemalteco y otros pueblos, los Estados Unidos están al lado del presidente Arévalo en su lucha a favor de la democracia y contra las fuerzas de la corrupción”, enfatizó el funcionario (La Hora 21/03/2024).

Arévalo en Estados Unidos

Para finalizar el mes de marzo, el presidente guatemalteco partió hacia el país del norte, por invitación de la vicepresidente Kamala Harris. En una apretada agenda, Arévalo se reuniría el domingo 24 con organizaciones de migrantes guatemaltecos, el lunes 25 con Harris, el 26 con el secretario de la OEA Luis Almagro, participando en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, y el 27 un encuentro con WOLA, organización que promueve los derechos humanos en las Américas.

El lunes 25 se llevó a cabo en encuentro con la vicepresidente. Harris ha sido delegada por el presidente Biden para diseñar e implementar políticas económicas para remediar las causas que provocan la migración ilegal hacia los USA, políticas que han tenido como base la inversión de empresas estadounidenses en la región, además de proyectos implementados por USAID.

En conferencia de prensa, Harris elogió las promesas de campaña de Arévalo, y dijo “Su elección ha traído una sensación de optimismo al pueblo de Estados Unidos y de todo el mundo” (Prensa Libre 25/03/2024). Hizo un recuento de los logros de el plan Central America Forward y de las empresas que han invertido, anunciando nuevas inversiones por US$ 1 mil millones. La vicepresidente finalizó diciendo: “Esta reunión de hoy refleja lo que creemos será un fuerte apoyo continuo de los Estados Unidos a nuestros esfuerzos por consolidar la democracia, fortalecer las instituciones públicas y luchar contra la corrupción, y promover la prosperidad económica y el desarrollo sostenible que beneficie a todos los guatemaltecos” (Ídem). Por aparte, la Casa Blanca anunció un aumento de US$ 170 millones en los fondos destinados a frenar la migración en Guatemala.

En un evento no programado, el presidente Biden se reunió con su homólogo Arévalo el mismo lunes 25. La tónica del encuentro fue la misma, elogios y compromisos, la alianza entre ambos gobiernos y el trabajo en temas de migración y seguridad.

La administración Biden está haciendo un denodado esfuerzo por tener de su lado al país que tiene la economía más grande de la región. El apoyo dado a Arévalo y su partido durante el accidentado proceso electoral, no fue gratuito; el imperialismo quiere evitar a toda costa la influencia de sus competidores ruso y chino en Guatemala, y que el régimen político derive eventualmente en gobiernos autoritarios que escapen de su control, como los de Ortega y Bukele. Para Biden y compañía, la implementación de un régimen democrático en Guatemala va de la mano con una avalancha de inversiones de parte de empresas gringas, en alianza con las oligarquías locales. Los trabajadores guatemaltecos y sus organizaciones debemos estar alertas y asegurarnos del respeto a los derechos laborales y salarios dignos y justos, y el derecho de sindicalización, cuando estas inversiones se hagan efectivas.

Por Marcos Galicia.

En artículos recientes hablamos sobre la criminalización hacia 81 personas que se opusieron al fraude electoral de julio 2022 -incluyendo estudiantes, trabajadores, docentes y figuras públicas- por parte del gobierno universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) dirigido por el Consejo Superior Universitario (CSU) y encabezado por Walter Mazariegos Biolis, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por socavar los procesos e instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública tras un proceso de elección fraudulento.

Mazariegos también fue incluido en la “Lista Engel” que incluye a actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica. Paralelo a esto, el corrompido sistema de justicia de Guatemala continúa la persecución judicial contra otro grupo de opositores al fraude, el denominado “Caso toma de la USAC: Botín Político” en el que pretendían boicotear las elecciones generales del año pasado, desarticular a los movimientos universitarios y evitar que el partido Movimiento Semilla ganara las elecciones.

Mazariegos aceptó encabezar el fraude electoral porque contaba con el apoyo del expresidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras -también incluida en la lista Engel- pero al haber perdido el apoyo del expresidente ahora se encuentra en una posición de desventaja. Eventualmente será removido de la rectoría y enfrentará la justicia por sus actos de corrupción, porque ya ha caducado el periodo por el cual fue electo más del 80% del CSU, mismo que actualmente apoya el abuso de autoridad a través del rompimiento de las normativas universitarias para la represión y criminalización.

¿Por qué insistimos en rescatar a la USAC? Porque la recuperación de la institucionalidad pública de Guatemala dependerá en buena medida de quienes tomen decisiones en la universidad, porque la misma tiene participación en la elección de autoridades estatales como los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia; miembros de la Junta Monetaria y la Comisión de Postulación del Ministerio Público, por mencionar solo a algunos. Todos esos espacios están actualmente cooptados por mafias que han favorecido la corrupción en el país.

Seguimos esperando que el nuevo gobierno logre remover a Porras del Ministerio Público, así como también a toda la estructura que le apoya dentro de las instituciones de justicia y en la Corte de Constitucionalidad. Actualmente en el Congreso de la República se propuso un proyecto de punto resolutivo que insta a continuar las elecciones del CSU que tienen periodo vencido, esto debe ser visto con mucha atención porque si bien la intención es buena, podría sentar precedentes que vulneren la autonomía de la USAC en el futuro.

Algunos de las y los criminalizados han presentado amparos en el sistema judicial en contra del CSU por sus abusos de autoridad, ¿Serán atendidas sus demandas por un sistema de justicia corrompido en donde aún pernoctan Consuelo Porras y su mafia? Entendemos el riesgo que corren las y los estudiantes de ser expulsados de la USAC y de las y los trabajadores de ser despedidos y de no ser reinstalados en sus puestos. Además de la tortura que representa lidiar con las instituciones de justicia.

No olvidemos que Mazariegos sigue siendo un adversario fuerte y peligroso que ha demostrado ser astuto y estratégico. En 2008, cuando competía por la decanatura de la Facultad de Humanidades fue asesinado su contendiente Mario Alfredo Calderón y eso aseguró su victoria electoral ¿Coincidencia? El nuevo “Estado de Excepción” en la USAC sigue siendo un problema para la organización estudiantil pero no para la realización de la tradicional “huelga de dolores”, pero abordaremos ese tema en un próximo artículo.

El hecho que el partido Semilla haya ganado las elecciones generales y se haya convertido en la tercera fuerza en el Congreso abre un tiempo de contención en el que debemos intensificar las luchas sociales y políticas para la recuperación de la institucionalidad pública, porque como hemos mencionado en otros artículos, el partido se adapta eventualmente al status quo, marchitando la tan anhelada “nueva primavera”.

Mientras, debemos trabajar intensamente en la reorganización del movimiento estudiantil sancarlista, realizando asambleas democráticas en nuestras unidades académicas, organizando al estudiantado en torno a los problemas específicos que enfrenta en sus facultades y escuelas, resistiendo en los hechos al represivo reglamento del CSU.

Por Armando Tezucún

Desde que asumió el poder, el gobierno de Bernardo Arévalo ha procedido con cautela ante el Ministerio Público (MP) y su fiscal general, María Consuelo Porras; esta entidad jugó un papel crucial en las maniobras impulsadas por las estructuras de poder mafiosas para anular los resultados electorales que dieron como ganador a Arévalo y su Movimiento Semilla.

Aunque el mandatario anunció que pediría la renuncia de Porras, y esa fue una de las principales demandas durante las protestas populares de finales del año pasado, la nueva administración ha dado muestras de indecisión al respecto, de no saber qué estrategia tomar para destituir a la jefa del MP. Incluso, por momentos, el gobierno ha dado la impresión de haberse resignado a convivir con este enemigo, que en cualquier momento puede volver al ataque buscando desestabilízale. Porras, por su parte, aparenta estar muy confiada y segura, e incluso ha invitado al presidente Arévalo a reunirse con ella cordialmente, como si los acontecimientos del año pasado no hubieran tenido lugar.

El ejecutivo reconoció que el cargo de fiscal general está legalmente blindado, pues la Ley Orgánica del MP establece que el presidente de la República solo puede remover al funcionario de su cargo si fuera condenado por un delito doloso durante el ejercicio de sus funciones. El secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, lo expresó de la siguiente manera: “Quisiéramos someter a un proceso para destituir a la fiscal general, pero no lo podemos hacer porque, legalmente, a partir de la reforma de 2016, el presidente de la República no está facultado para poder destituirla [...]. En su momento el presidente le pidió la renuncia, es lo más que podemos hacer hasta ahora” (Plaza Pública 26/02/2024).

El ejecutivo presenta antejuicio contra la fiscal general

Buscando cómo atrapar a la fiscal Porras en una falta legal, y actuando en acuerdo con el punto de vista expuesto por el secretario general Guerrero, el 29 de febrero el ejecutivo presentó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra la fiscal general. Ese día, el jefe de la Procuraduría General de la Nación, Julio Roberto Saavedra, y el secretario Guerrero presentaron ante el Organismo Judicial una querella penal contra Porras. El asunto es más bien un tecnicismo, acusando a la fiscal general por no atender a una convocatoria hecha por el presidente a que participara en una reunión de gabinete el pasado 29 de enero. Porras acudió a dicha reunión, pero permaneció solo por 25 minutos, pues Arévalo inició una reunión de Consejo de Ministros, y según ella, la ley establece que éste no puede ser integrado por personas distintas a las que establece la ley.

El MP, en defensa de Porras, luego señaló que se dio una irregularidad legal ese día, pues  “el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como el artículo 18 de la Ley del Organismo Ejecutivo, únicamente regulan la obligación del Fiscal General de acudir a un gabinete específico, integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en un Acuerdo Gubernativo que le dé vida", y que en dicha reunión no se había emitido ningún acuerdo gubernativo al respecto (Prensa Libre 20/02/2024).

El procurador Saavedra resumió la postura del gobierno de la siguiente manera: “ el rehusarse a participar en esa junta de gabinete podría enmarcarse en una conducta delictiva que el artículo 419 del Código Penal define como incumplimiento de deberes, ya que es obligación de la fiscal general atender las convocatorias del presidente de la República para coordinar políticas de Estado en los temas para los cuales se le invitó”, añadiendo que Porras debía participar con voz, aunque sin voto, en la deliberaciones del consejo de ministros obligación que incumplió al salirse de la reunión el 29 de enero (Prensa Libre 29/02/2024). El delito de incumplimiento de deberes es penado con entre 3 y 6 años de prisión.

El trámite de la solicitud de retiro de inmunidad de la fiscal general ya está en curso, siguiendo los pasos estipulados por la ley. Un juez competente recibió la denuncia y se inhibió de conocerla, trasladando el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ésta, si acepta la denuncia, deberá trasladarla al Congreso de la República, que integrará una Comisión Pesquisidora integrada por cinco diputados elegidos por sorteo; esta comisión presentará un informe circunstanciado al pleno del Congreso, el cual, por mayoría de votos (las dos terceras partes), declarará con o sin lugar dicho informe. Si se declara con lugar, el expediente retornará a la CSJ, que designará un juzgado que conocerá el caso.

Actualmente el trámite se encuentra en la CSJ, en espera de ser conocido por el pleno de sus magistrados. Debido a que el pleno tiene pendiente de conocer otros casos, el expediente referido a la fiscal Porras aún no ha sido agendado. Tomando en cuenta que la mayoría de los magistrados de la CSJ, electos en noviembre de 2023, tiene vínculos con casos de corrupción de diversa naturaleza, es de prever que no darán trámite a la solicitud de antejuicio contra Porras, pero ya veremos.

La fiscal Porras se cura en salud

Por su parte, la fiscal general, previendo que tarde o temprano sería objeto de ataques legales por parte del gobierno de Arévalo, decidió curarse en salud, figurando activamente en la vida pública, como no lo hacía antes. Porras ha brindado conferencias de prensa al finalizar reuniones con otras instancias del Estado, como el Ministerio de Gobernación, el Consejo de Bienes en Extinción de Dominio y la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades; pero en especial las reuniones que ha tenido con varias instancias del Congreso de la República, como jefes de bloques y la Comisión de la Mujer del Legislativo.

La jefa del MP busca, en primer lugar, reposicionar al desprestigiado Ministerio Público ante la opinión de la población; y, en segundo lugar, agenciarse de aliados en otros órganos del Estado en caso de que se agrave el enfrentamiento con el ejecutivo, en especial en el Congreso, que, como señalamos, es crucial en el proceso de antejuicio en su contra.  

El gobierno denuncia al MP y al expresidente Giammattei

El 7 de marzo, el secretario de la presidencia Juan Guerrero presentó en la Contraloría General de Cuentas (CGC) una solicitud para que se realice una auditoría contra el Ministerio Público y su secretario general Ángel Pineda, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Finanzas, por la supuesta contratación de un bufete internacional de abogados para investigar a dos guatemaltecos exiliados en Estados Unidos.

De acuerdo con Guerrero, “Por instrucciones del presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, vengo a denunciar ante la población y ante la Contraloría General de Cuentas el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero” (Prensa Libre 07/03/2024). Según la denuncia, el secretario del MP, con el aval de la fiscal general Porras, en noviembre de 2021, solicitó por medio de un oficio al entonces presidente Giammattei, la contratación de un bufete de abogados en Estados Unidos, para actuar contra guatemaltecos exiliados, utilizando como pretexto la defensa de los intereses del Estado. La presidencia accedió a la petición, involucrando a la PGN y al Ministerio de Finanzas, asignándose la cantidad de Q 461,600 mensuales para ese fin. El bufete cobraría entre US$ 2 millones y US$ 2.5 millones por sus servicios (La Hora 08/03/2024).

Los personajes exiliados afectados son la exfiscal general Thelma Aldana y el exfiscal Juan Francisco Sandoval, y la firma de abogados es Greenberg Trauring, LLP. El secretario del MP Pineda reconoció la existencia de ese oficio, pero que el objetivo del mismo no era perseguir a los mencionados personajes, sino defender al Estado de Guatemala por las sanciones internacionales contra funcionarios como la fiscal Porras, diputados y ministros, bajo la interpretación de que dichas sanciones afectan al Estado, no solo a los corruptos.

La nueva administración de la PGN dio a conocer el contenido del oficio, en el cual se solicita que "se efectúe la defensa internacional del Estado de Guatemala en contra de las acciones de propaganda sistemática que ha devenido en la afectación del sistema de justicia de Guatemala, así como del bien común de la población derivado de las acciones de desprestigio internacional que han sido instigadas, en su mayoría, por estos dos ciudadanos guatemaltecos residentes en los Estados de América" (Prensa Libre 07/03/2024).

Este segundo caso es más serio y tiene más sustento para alcanzar consecuencias penales contra los líderes del MP y el expresidente Giammattei. Se avecina un enfrentamiento agrio a nivel legal entre la administración de Arévalo y las estructuras corruptas que lo adversan. El gobierno debe cumplir con las exigencias que hizo la población en las protestas de los últimos meses del año pasado.  Pero no se trata solo de la lucha contra la corrupción; la población trabajadora enfrenta también el ataque de empresarios voraces contra los salarios, el derecho de sindicalización, altos niveles de inflación, y un decreciente nivel de vida. Arévalo y su equipo han llegado a acuerdos con el Cacif y otras organizaciones empresariales, con la mediación de los imperialismos gringo y europeo. Hay que ponerlo contra las cuerdas, para presionarlo a que realmente se sitúe del lado del pueblo trabajador.