Por Martín Escobedo

Desde el PSOCA (Partido Socialista Centroamericano) hemos denunciado la naturaleza depredadora y acaparadora del capitalismo. Como muestra de ello, hemos descrito el avance del neoliberalismo en Centroamérica, que ha privatizado servicios esenciales como salud y educación. Sin embargo, desde hace décadas atrás -paralelamente con el desarrollo del neoliberalismo en la región- a finales de los noventas, se aprueba la comercialización de semillas genéticamente modificadas desde el norte global.

Actualmente en el congreso de la República de Guatemala se discute la Iniciativa de Ley 6283: “Ley de protección de obtenciones vegetales” que es antecedida por la Ley Monsanto. Ambas pretenden privatizar las semillas nativas en el país, alterarlas genéticamente y acaparar el mercado de alimentos. No olvidemos que Guatemala es un país agrícola y que las clases campesinas han sido empobrecidas, explotadas y despojadas. La privatización de las semillas les pondría en aún mayor desventaja frente a las corporaciones que pretenden apropiarse en su totalidad del origen y suministro de alimentos.

¿Cómo funciona este sistema de privatización? Esta iniciativa propone crear un Registro de Obtentores, otorgando la protección y reconocimiento de los “obtentores” y las semillas registradas bajo su propiedad. Legalmente, los obtentores podrán comercializar exclusivamente del derecho de propiedad de la variedad vegetal que adquieran, pero lo peligroso es que pueden registrar como su propiedad cualquier vegetal en el que no hay ningún tipo de invención o modificación; entonces, quien quiera sembrar dicha variedad vegetal, deberá pagar para su uso, de lo contrario podría ser perseguido penalmente. 

Pero esto no es nuevo, en el año 2014, durante la gestión del expresidente Otto Pérez Molina se promovió desde su gobierno el decreto 19-2014 o la Ley Monsanto, que pretendía hacer lo mismo, pero retrocedieron frente a la organización popular -liderada por agricultores- que se opuso a dicha ley. En esa ocasión engavetaron dicho decreto en el congreso, pero han intentado sacarlo a flote en reiteradas ocasiones desde ese entonces.

Las consecuencias de sembrar sin autorización una variedad que “tiene dueño” van desde multas hasta prisión. El peligro radica en que se pueden registrar incluso las semillas nativas y criollas como propiedad del obtentor. Esto abre paso a otra fase aún más agresiva del capitalismo en el país, modificando los organismos y formas de vida y transformándolos en productos patentables, comerciables y altamente rentables. 

El negocio es redondo, las variedades modificadas genéticamente necesitan de fertilizantes y plaguicidas que genéticamente solamente responderán a los productos producidos por la empresa que ostenta su producción, y es necesario mencionar que estas variedades no se pueden reproducir naturalmente, por lo que será obligatorio comprar las semillas constantemente. Eso implica que los agricultores se verán forzados a comprar el paquete de semillas, fertilizantes y plaguicidas que muchas veces son dañinos para la salud humana como en el caso de aquellos que contienen glifosato, que se ha asociado al cáncer -prohibido en el norte global pero promocionado en Latinoamérica-.

La humanidad ha llegado a un punto de no retorno en donde el socialismo es la única opción para hacer frente al capitalismo, que nos ha conducido a la actual crisis climática y a la explotación y despojo, especialmente de los pueblos originarios y el campesinado. Paradójicamente, podríamos necesitar las semillas genéticamente modificadas en las próximas décadas. La crisis climática ya está aquí y podríamos necesitar semillas que resistan a los climas extremos, las sequías y las plagas que tienden a empeorar. 

El riesgo de la aprobación de esta ley no es solamente para los agricultores, es para toda la población del país, golpeando directamente al bolsillo de las personas -especialmente las masas empobrecidas- porque los dueños de las semillas pueden poner precios exorbitantes en complicidad con el gobierno de turno, con la aprobación de este último o bien, al no denunciar dicho atropello. El riesgo también está para la biodiversidad y también la salud humana.

Por Armando Tezucún

El 29 y 30 de septiembre la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), allanó una vez más la sede del Tribunal Supremo Electoral, secuestrando con lujo de fuerza las actas 4 y 8 del proceso electoral, que reflejan el recuento de votos a nivel de las mesas receptoras de votos y de las Juntas Electorales. Esta acción ilegal emprendida por el MP para socavar los resultados del voto popular, ha conducido a las movilizaciones de protesta más importantes desde 2015.

Miles de personas protestan en todo el país

El 29 de septiembre, la organización de los 48 Cantones de Totonicapán y otras autoridades indígenas convocaron a la realización de plantones, manifestaciones y bloqueos de carreteras a partir del lunes 2 de octubre, con el fin de exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe (FECI), Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez séptimo Penal Fredy Orellana. La Junta Directiva de los 48 Cantones publicó un comunicado anunciando que “Nos declaramos en paro nacional indefinido desde el día lunes 2 de octubre de 2023 haciendo una convocatoria a todos los ciudadanos y organizaciones del país a sumarse a la protesta” los funcionarios mencionados “…con sus acciones arbitrarias están atentando en contra de la democracia y autonomía de nuestro pueblo y su orden constitucional” (Prensa Libre 30/09/2023). Los compañeros también indicaron que no han recibido respuesta sobre los memoriales entregados el 18 de septiembre a varias instituciones estatales, y por tanto han tomado la decisión de iniciar el paro nacional indefinido.

Otras organizaciones empezaron a unirse a la convocatoria, como el Consejo de las Autoridades Ancestrales del Departamento de Guatemala, que hizo un llamado a las organizaciones colectivas, estudiantes, taxistas, transportistas, motoristas, iglesias, sindicatos, mujeres y población en general de la capital a sumarse al paro.  

Las acciones iniciaron a partir de las cinco de la mañana del 2 de octubre. Los compañeros del Parlamento Xinca y los 48 Cantones se ubicaron en los puntos de carreteras de la Cumbre de Alaska, la Morería, Cuatro Caminos, Xecachavox y la salida hacia el departamento de Quiché. En Quetzaltenango, la alcaldía indígena de Olintepeque y el Consejo Maya K´iche´ cerraron el paso que conduce a la cabecera departamental y que es un punto de traslado hacia los departamentos de Quiché y Totonicapán. En la ciudad capital una marcha salió de la zona 18, dirigiéndose hacia la sede del MP, en la zona 1, donde permanece un plantón de cientos de personas.

Las acciones de las organizaciones han ido incrementando con el transcurso de los días. El día dos hubo 23 bloqueos en 12 departamentos del país. El martes 3 fueron reportados otros 23 bloqueos, algunos en los mismos lugares, otros en distintas ubicaciones, destacando el bloqueo a Puerto Quetzal, uno de los más importantes del país. Normalmente estas tomas de carreteras son liberadas en horas de la tarde, para ser retomadas al día siguiente; la excepción ha sido el plantón frente a la sede del MP en la capital, que ha sido permanente.

El miércoles 4 la cantidad total de bloqueos subió a 35. En horas de la noche una nutrida marcha de estudiantes de la Universidad de San Carlos arribó a la sede del MP, para reforzar el plantón. Ese mismo día un contingente de antimotines, acompañado de choferes de camiones, disolvió por la fuerza el bloqueo en Puerto Quetzal; de igual manera, antimotines intentaron entrar a Totonicapán para disolver el bloqueo en Cuatro Caminos, pero la población organizada tapó los accesos a la localidad.

El jueves 5, los lugares bloqueados ascendieron a 49, incluyendo nuevas ubicaciones en municipios cercanos a la capital, como Villa Nueva; en Quetzaltenango miles de personas participaron en una manifestación, incluyendo universitarios, taxistas, vecinos y comerciantes de mercados. En la capital, estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Rafael Landívar realizaron un plantón a la altura del Centro Cívico, zona 4, y la Universidad del Itsmo se solidarizó con las acciones. Al plantón frente al MP se unieron médicos del Hospital San Juan de Dios.

El viernes 6 los lugares bloqueados llegaron a entre 58 y 62, dependiendo de la fuente de información. El cuerpo de médicos del Hospital Roosevelt, uno de los más importantes de la capital, se declaró en sesión permanente por tiempo indefinido, hasta que se logre la renuncia de los funcionarios nefastos. La Universidad del Valle, la Universidad Mesoamericana, el Liceo Javier y el Colegio La Asunción se solidarizaron también con las demandas populares. Ese mismo día, cientos de personas participaron en manifestaciones en las ciudades de Quetzaltenango y San Marcos.

En una medida de suma importancia, representantes de vendedores de 23 mercados cantonales y 14 satélites de la capital, declararon que dan 48 horas a Porras, Curruchiche y Orellana para que presenten su renuncia; de lo contrario, el lunes 9 estarían cerrando todos los mercados, y obligando a los restaurantes, supermercados y centros comerciales a cerrar. La gremial de taxistas acuerpó los bloqueos de los estudiantes sancarlistas, y una caravana de motociclistas repartidores se unió a las protestas.

El sábado 7, los puntos bloqueados sumaron 94, en los 22 departamentos del país, incluyendo algunas vías de importancia en la ciudad capital. El domingo 8, hacia el mediodía, el reporte era de 71 puntos bloqueados.

Los intentos de diálogo

El miércoles 4 de octubre, la Procuraduría de los Derechos Humanos auspició un primer acercamiento entre los dirigentes de los 48 Cantones y representantes del MP. Estos últimos afirmaron que solamente están dando seguimiento a denuncias recibidas y que los resultados de las elecciones no cambiarán, pues ya fueron oficializadas por el TSE. Ante el reclamo de los líderes indígenas sobre el uso de violencia en la ilegal sustracción de las actas, el representante del MP insistió en que ellos están actuando en apego a la ley. El diálogo finalizó sin acuerdos y los compañeros indígenas declararon que continuarían con las protestas.

El día 5, el presidente de los 48 cantones, Luis Pacheco, expresó que enviarían una carta a las embajadas de varios países y a la comunidad internacional, para denunciar los ataques contra la democracia en Guatemala. La carta fue enviada al Parlamento Europeo, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la ONU, a la OEA y a embajadas de 20 países de América y Europa. Pacheco dijo que “Nosotros vamos a presentarles -la carta- y pedirles el respaldo para que tal vez de esta forma logremos que presente la renuncia -Consuelo Porras- “(Prensa Libre 5/10/2023). Consideramos que es un grave error de parte de los compañeros esperar que la problemática que enfrenta el pueblo guatemalteco la resuelvan los países imperialistas, sus organismos internacionales y los gobiernos burgueses subordinados a su influencia.

Esto sería coincidir en la misma línea que está tomando el presidente electo Arévalo y su partido Semilla, al buscar la venia del gobierno imperialista de Biden y su aliado mexicano Amlo en su reciente gira por esos países. Al imperialismo no siempre le conviene ser aliado de los gobiernos autoritarios, dictatoriales y corruptos; a veces gira al lado contrario y apoya a gobiernos más abiertos y “democráticos”, que permiten apaciguar las luchas de las masas y construir un ambiente de “paz social”. Esto no hace al imperialismo “menos malo”, es el juego de sus intereses, sobre todo cuando se trata de contrarrestar la creciente influencia de China y Rusia en la región, los imperialismos rivales. Son las propias fuerzas populares y sus organizaciones las que tendrán que ganar a pulso sus demandas, poniendo de rodillas a los corruptos.

El 6 de octubre los compañeros de los 48 Cantones presentaron un memorial solicitando al presidente Giammattei una cita de emergencia ese mismo día para “…dialogar con usted sobre la difícil situación del país y acerca de la necesidad urgente de que usted destituya a la fiscal general Consuelo Porras, por existir múltiples razones que justifican la causa de su remoción…” (Prensa Libre 6/10/2023). La solicitud quedó sin respuesta. Para este menester solicitaron al cardenal Ramazzini que sirviera de mediador.

En otro nivel, ese mismo día Luis Almagro, secretario general de la OEA, dio a conocer que fue aceptada una solicitud del gobierno de Giammattei para efectuar tareas de mediación entre representantes de las protestas y el gobierno. La solicitud fue firmada por el canciller guatemalteco Mario Búcaro, y pide que se inicie un proceso de mediación, estableciendo mesas de diálogo “…para coadyuvar a la cohesión social del país” (Prensa Libre 6/10/2023). Sin duda Arévalo aceptará diligentemente la mediación del organismo imperialista.

Hay otros aspectos de la coyuntura actual que por rezones de espacio no podremos exponer. Solo cabe destacar que el 5 de octubre, el presidente electo Arévalo participó en el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE), organizado por Fundesa, estrechamente vinculada a la coordinadora de cámaras empresariales, Cacif. El presidente de Fundesa, Juan Carlos Paiz, hizo un llamado a la CC a detener los abusos del MP, y el atropello a la institucionalidad democrática; Arévalo, por su parte, elogió los planes de desarrollo de las instancias empresariales, comparándolos con los de su plan de gobierno.

Sin embargo, las mismas cámaras que tenían un idilio con Arévalo, exigieron a las autoridades liberar por la fuerza los bloqueos de carreteras, destacando el odio clasista de los terratenientes de la Cámara del Agro, que llamó a las personas afectadas a poner denuncias ante el MP, la policía, o la PDH. ¡Vaya alianzas las que está tejiendo Arévalo!

Por Martín Escobedo

La reciente visita de Almagro -secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- a Guatemala suscita suspicacias, en medio de la amenaza de que la transición presidencial no tenga lugar este 14 de enero próximo. Almagro comienza su más reciente informe ante la OEA citando a un amigo suyo: “Si nada está roto, no hay que romper nada, y menos podemos ser nosotros los que rompamos algo”. Aquí vale la pena cuestionar si la OEA tiene la potestad de intervenir -pero quizás prefiere no intervenir directamente-.

Es muy notable que Almagro enfatiza en proteger la institucionalidad y el orden constitucional que se encuentran amenazados por el régimen del actual presidente derechista Alejandro Giammattei, que a través de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y el juez penal Fredy Orellana -todos ellos sancionados por Estados Unidos a través de la Lista Engel- busca ejecutar un golpe de Estado técnico.

El binomio presidencial electo del partido Movimiento Semilla - Bernardo Arévalo y Karin Herrera- ha denunciado a los actores mencionados anteriormente como golpistas y ha exigido su renuncia. Estas acciones orquestadas por el aparato de justicia representan un golpe de Estado con el objetivo de evitar que el binomio electo tome posesión, o al menos suspender la personería jurídica del partido. Esto último provocaría que el binomio llegue al poder sin un partido ni bancada legislativa, lo que limitaría su margen de maniobra política y debilitaría la lucha contra la corrupción.

En su informe Almagro no menciona directamente a la FECI, sino que se refiere a “una fiscalía”, pero al menos reconoce que a esta fiscalía no le competen los temas electorales y expone su potencial de alterar el orden democrático. También enfatiza en su desaprobación hacia la suspensión del partido Semilla y que esto puede alterar la gobernabilidad del país. Esto último podría tener consecuencias constitucionales, electorales e institucionales para el país. Si el régimen actual se atreve a tomar el paso de evitar la transición presidencial podría enfrentar sanciones más severas.

Pareciera que para la OEA es importante no romper con el ritual democrático de la transición presidencial cada 4 años, porque de no ocurrir, se podría percibir como la “fractura” de la débil institucionalidad de la democracia guatemalteca -que se mantiene con respirador artificial- y que a su vez es garante de la permanencia y el desarrollo del neoliberalismo y el capital transnacional en el país. Asegurar la gobernabilidad evitaría -en palabras del propio Almagro- “que los actores del sistema político se canibalicen”.  

Pero el informe de Almagro contiene la siguiente contradicción: ejemplifica positivamente las afirmaciones de la Junta Directiva del Congreso que señaló que “es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene la potestad de cancelar o suspender la nominación de diputados o de un partido” y no la orden de un juez. No debemos olvidar que el juez penal Fredy Orellana emitió una resolución, a petición de Rafael Curruchiche, que suspendía al partido debido a investigaciones en su contra (por presuntas anomalías en la recolección de firmas para su creación). Ni lenta ni perezosa, la Junta Directiva del Congreso, en medio de un proceso anómalo, declaró a los diputados de Semilla como independientes y como consecuencia de ello no podían presidir comisiones, ni participar en jefaturas de bloque.

Tampoco menciona directamente las acciones del juez Freddy Orellana ni la participación de la Fundación Contra el Terrorismo, que ha filtrado información privilegiada de los procesos de investigación del Ministerio Público. Ni la actitud pasiva del presidente Giammattei, que no se ha pronunciado respecto de las acciones de Consuelo Porras, pues él prorrogó su estadía en la jefatura del MP. 

En palabras del presidente electo Bernardo Arévalo, dirigidas al actual presidente Giammattei: “trabajar lo más rápido posible para llevar este barco (transición de gobierno) a buen puerto”. Pues la situación del partido Semilla es la de un barco que navega en un mar de incertidumbres en un país con élites depredadoras que temen perder el control del aparato estatal y con ello -posiblemente- enfrentar a la justicia.

Por lo menos Almagro reconoce las presiones políticas y las erráticas valoraciones jurídicas del sistema de justicia que agrede y acosa al partido Semilla. La misión de la OEA permanecerá en Guatemala hasta el 14 de enero próximo para “garantizar” la transición presidencial y con ello presumiblemente no empeorar los problemas estructurales del país que en palabras del propio Almagro son: la desnutrición infantil, el narcotráfico y el crimen organizado.

Recordemos que la OEA fue creada durante la guerra fría para evitar el avance del comunismo y por eso tiene una deuda histórica con los países de Latinoamérica y El Caribe.

Por Armando Tezucún

Las estructuras corruptas, que se enriquecen mediante jugosos negocios con el Estado, no ceden en sus esfuerzos por bloquear el proceso normal de acceso al gobierno del Movimiento Semilla, ganador de la segunda vuelta electoral efectuada el 20 de agosto pasado.

Nuevas acciones ilegales contra los resultados del proceso electoral

Las medidas tomadas por los enemigos de la voluntad popular son cada vez más osadas. Los días 12, 13 y 14 de agosto, en una acción sin precedentes, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, realizó una serie de allanamientos en la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y el Centro de Elaboración de Padrones. En estas últimas locaciones, los fiscales del MP abrieron de forma ilegal un total de 70 cajas electorales, seleccionadas como un muestreo al azar.

El material electoral, según Curruchiche, fue tomado como indicios en una investigación producto de una denuncia de un “ciudadano”, derivado de los resultados de la primera vuelta electoral, cuyos detalles fueron mantenidos en secreto, y en la acción se documentó el contenido de las cajas: papeletas con los votos de los ciudadanos, los diversos documentos de recuento de votos elaborados por las mesas receptoras, el padrón correspondiente a cada mesa, etc. A pesar de la circulación en redes sociales de un video en que se ve a una agente de la fiscalía tomando notas al observar las papeletas de los votos, Curruchiche negó que en los allanamientos se haya procedido a hacer un conteo de los mismos. El nefasto fiscal negó que la acción tenga relación con el caso que lleva contra el Movimiento Semilla.

La orden de cateo que amparó a la FECI estaba firmada por el juez Fredy Orellana, el mismo que ordenó ilegalmente la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Semilla; a pesar de la afirmación de Curruchiche, esta orden tiene el mismo número de referencia que la causa que se lleva por el caso Corrupción Semilla.

El personal del TSE que tenía bajo su resguardo las cajas con material electoral se negó a abrirlas, señalando que, de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional, solo el TSE y sus órganos, como las Juntas Receptoras de Votos y Juntas Electorales Departamentales, tienen la facultad hacer el recuento de votos, y la ley no contiene ninguna norma que faculte a nadie poder abrir las cajas electorales.

La magistrada presidente del TSE, Irma Palencia, afirmó que el oficio que autorizó el cateo se refería a allanamiento, registro, inspección, secuestro de evidencia, extracción de información digital y análisis de datos digitales, y en ningún momento mencionó apertura de las cajas, conteo de votos o registro de los contenidos de las cajas. “Se ha vulnerado la cadena de custodia del voto, nosotros no somos responsables a partir de que irrumpieron, les quitaron el marchamo a las cajas y sacaron el contenido, nosotros ya no somos responsables si el contenido va a variar … eso para nosotros es grave … y pone en riego todo el proceso electoral”, afirmó Palencia (Prensa Libre 12/09/2023).

La batalla legal

El mismo día 12, el TSE interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con la esperanza de detener el allanamiento del MP, argumentando que, como mencionamos arriba, solo las instancias del organismo electoral tienen la potestad de abrir las cajas electorales, en los tiempos establecidos por la ley. Los magistrados de la CC dieron trámite al amparo el día 13, pero evadieron su responsabilidad, prolongando el proceso, remitiéndolo a una Sala de Apelaciones.

En esa misma fecha, el TSE presentó otra acción legal ante la CC, con el fin de delimitar si un juez penal tiene facultades para cancelar o suspender un partido político constituido al amparo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional; esto obviamente en vista de la decisión del juez Orellana de suspender al Movimiento Semilla el pasado 12 de julio.

Por su parte, el candidato ganador, Bernardo Arévalo, exigió públicamente la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, de Curruchiche y de Orellana, responsabilizándolos de violentar el proceso electoral y el orden democrático, reiterando su denuncia de que hay un golpe de Estado en curso. El día 12, Arévalo presentó ante un juzgado la solicitud de retiro de antejuicio contra Porras y Orellana por ocho delitos. También fueron presentadas sendas querellas contra los fiscales Curruchiche y Cinthia Monterroso.

En vista de la situación política, Arévalo decidió suspender temporalmente su participación en el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante, que había iniciado el 4 de septiembre, hasta que “se restablezcan las condiciones políticas institucionales necesarias” (Prensa Libre 12/09/2023). Posteriormente, a instancias de la OEA y el Parlamento Europeo, Arévalo propuso a Giammattei una nueva metodología para retomar el proceso de transición, que continuó el día 25; este detalle nos hace ver la influencia que tendrán los organismos del imperialismo en el futuro gobierno de Semilla.

El día 13 el Movimiento Semilla presentó ante la CC un amparo para dejar sin efecto la orden del juez Fredy Orellana que permitió a la FECI abrir las cajas electorales; además interpuso una acción para incorporarse como tercer interesado en el amparo que interpuso el TSE el día anterior. El día 15 la CC resolvió remitir este amparo a la CSJ, constituida en Tribunal de Amparo. Tanto los magistrados de la CC como los de la CSJ han actuado con negligencia respecto a los amparos y acciones presentados contra los funcionarios del MP y el juez Orellana por Semilla y el TSE; desde el mes de julio la CSJ acumula al menos ocho recursos legales que tiene pendientes de resolver. Esto no es de extrañar, pues los magistrados de ambas instancias fueron nombrados en sus cargos por las estructuras corruptas que involucran a diputados, funcionarios de instituciones del Estado y al presidente Giammattei.

Las movilizaciones populares

La lucha más importante está en las calles, en las protestas populares contra las acciones antidemocráticas que quienes quieren burlar el voto de los ciudadanos.

El lunes 18, Bernardo Arévalo presentó un amparo ante la CSJ exigiendo, en su calidad de presidente electo, la destitución de Porras, Curruchiche y Orellana, actividad a la cual pidió a la población en general que le acompañara. A la convocatoria de Arévalo se unieron organizaciones estudiantiles de varias universidades, organizaciones religiosas, grupos de la sociedad civil, y organizaciones indígenas. El lunes 18 por la mañana varios cientos de representantes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán realizaron una marcha que partió de la zona 4 al Centro Histórico de la capital; los compañeros presentaron una acción de amparo ante la CC contra la fiscal general Porras, el jefe de la FECI Curruchiche, y el juez Orellana.

El finalizar la tarde, cientos de personas respondieron al llamado del binomio electo Arévalo – Herrera, haciéndose presente ante la sede de la CSJ donde fue presentado el amparo.

El 19 de septiembre, el Comité de Desarrollo Campesino -CODECA-, llevó a cabo el bloqueo de 19 puntos en diferentes carreteras del país. La organización se unió a la exigencia de renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana, y la del presidente Giammattei. Los dirigentes de la protesta aseguraron que no defienden a un partido político, sino el voto de la ciudadanía; además, reivindicaron otras demandas como el aumento de la canasta básica, del pasaje y el costo de la energía eléctrica. En la ciudad capital representantes de Codeca realizaron una marcha ese mismo día.  

Las protestas en las calles son el factor más importante en la lucha por sacar a las mafias corruptas del poder. Arévalo y Semilla tienen, indudablemente, gran capacidad de convocatoria; muchos genuinamente tienen esperanzas en su discurso democrático, otros, como Codeca, protestan por la defensa del voto popular. Es vital tener claro aún desde el momento presente, las limitaciones del programa democratizante de Semilla. Y es indicativo de estas limitaciones la presencia en la tarima de discursos del 18 de septiembre, del representante de la Fundación Para el Desarrollo (Fundesa) Juan Carlos Paiz; Fundesa es parte de la coordinación de cámaras empresariales, el Cacif. También estuvo presente el presidente del Consejo Nacional Empresarial, Rodrigo Salguero. Hay que señalar que, ante los bloqueos realizados por Codeca, las cámaras empresariales publicaron sus usuales comunicados de protesta contra la acción de los compañeros.  

El 22 de septiembre Arévalo estuvo presente en la clausura del XVIII Congreso Industrial de la Cámara de Industria de Guatemala. El presidente electo instó a los empresarios a promover la unidad nacional en beneficio del desarrollo del país y a alcanzar acuerdos. Los industriales le hicieron entrega del Plan Guatemala No Se Detiene, que contiene una hoja de ruta para atraer más inversión extranjera al país, plan que se empezó a implementar en el gobierno saliente de Giammattei. Vale decir que este plan se basa, entre otras cosas, en la implementación de contratos de trabajo a tiempo parcial, la creación de circunscripciones económicas con salarios mínimos diferenciados y otras medidas que van en detrimento de la clase trabajadora.

Es obvio el apoyo a Arévalo de los organismos internacionales del imperialismo, que sin duda lo consideran un gobierno que servirá de barrera de contención para las luchas populares, al fomentar las ilusiones en el sistema democrático formal burgués.

Mientras nos movilizamos unidos en las calles para echar a las estructuras corruptas, no debemos preparar para enfrentar la resistencia que pondrá a las demandas populares más sentidas un gobierno que desde ya coquetea con el empresariado reaccionario.