Por Leonardo Ixim

El presente artículo es un resumen de algunos ensayos publicados en la Revista de Centroamérica sobre los vaivenes en el régimen político guatemalteco. En esta ocasión nos centraremos en los hechos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y la reciente elección donde el binomio del Movimiento Semilla acaba de ganar la presidencia.

El marco tras la firma de la paz

En las elecciones de 1995, mientras se negociaban los últimos ajustes para la desmovilización de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), se realizan elecciones donde el Partido de Avanzada Nacional (PAN) con Álvaro Arzú y Luis Flores Asturias ganan la presidencia en segunda vuelta con 671,534 votos sobre el candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) Alfonso Portillo, con 639,404 votos. En estas elecciones por primera vez participan sectores de izquierda, vinculados de alguna manera con las organizaciones insurgentes, quedando en cuarto lugar bajo la bandera del Frente Democrático Nueva Guatemala, con 119,305 votos.

Desde el autogolpe de Jorge Serrano Elías en 1993 y la posterior remoción de su gobierno, los actores del campo popular y la izquierda mostraron incapacidad de hegemonizar las movilizaciones contra el llamado Serranazo, la oligarquía desconfiaba de las acciones bonapartistas de Serrano, de ahí la hegemonía de esta además que los sectores populares estaban imbuidos en las negociaciones de la paz, acompañando las propuestas de los acuerdos sustantivos de la URNG.

Ya durante el gobierno de Arzú, éste se caracterizó por la privatización de empresas públicas, como la telefonía, la desmonopolización en la producción, transporte y comercialización de la energía eléctrica, la apertura al capital nacional e internacional en la actividad extractiva minera, a lo que suma el agronegocio, etc. En esa coyuntura, la izquierda aglutinada en URNG, ahora convertida en partido político, asume un carácter pasivo ante estas políticas neoliberales. Además, inicia el proceso de sectorización, onegización y pérdida de una perspectiva global de las organizaciones populares, a lo que se le suma el acomodamiento electoral de las izquierdas.

En ese marco se llega a la elección general de 1999, donde el FRG, formado por ex dictador Efraín Ríos Montt, llega a la presidencia bajo el binomio de Portillo y Luis Francisco Reyes, ganando en segunda vuelta sobre el PAN con 1,185,160 sobre éste, que sacó 549,936 votos. De hecho, Portillo y Reyes fueron los candidatos que más votos han sacado en una segunda vuelta, aun contando la reciente victoria de Semilla, en el periodo descrito.

La victoria del FRG sin duda fue un voto castigo que la izquierda no supo canalizar, que venía de la derrota de la Consulta Popular en 1998, la cual buscaba incorporar los Acuerdos de Paz al marco de la Constitución Política de 1985, que, con una participación bajísima, la derecha impuso usando un discurso patriotero y racista para que no se aprobaran esos cambios. Sin embargo, la izquierda aglutinada en una alianza con tintes electoralistas, Alianza Nueva Nación, conquistó el tercer lugar con 279,891 votos y nueve congresistas.

El gobierno del FRG se enfrentó con la oligarquía, aunque más discursivamente, realizó algunas acciones, como abaratar los precios de la canasta familiar al abrir las importaciones de productos distribuidos por los monopolios nacionales; inició la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, sin la participación de los monopolios oligarcas. Inició lo que éstos han llamado la captura del Estado, término repetido por las ONGs, que fue no mas que el desplazamiento de la oligarquía del control del Estado y con ello la emergencia de una nueva burguesía que se fue enriqueciendo más directamente a través de ser proveedores de la administración pública y la contratación de obras publicas

La consolidación del régimen político

En las elecciones de 2003 llega al gobierno la Gran Alianza Nacional, una coalición vinculada directamente a las fracciones oligarcas del capital, con Oscar Berger y Eduardo Stein, quien había sido candidato por el PAN en 1999, que en segunda vuelta saca 1,235,303 votos sobre Álvaro Colom, quien había sido candidato de las izquierdas en 1999 y ahora iba con su partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) obteniendo 1,146,868 votos.  Expresiones de izquierda como la URNG, con el ex comandante guerrillero Rodrigo Asturias, consigue unos magros 80 mil votos y dos expresiones de izquierda entran al congreso, URNG con dos congresistas y Alternativa Nueva Nación un desprendimiento de la primera, con 6 diputados.

En la siguiente elección el ganador fue el partido UNE en 2007, llegando a la presidencia Álvaro Colom y Rafael España como vicepresidente con 1,449,153 votos sobre el candidato del Partido Patriota (PP) Otto Pérez Molina, con 1,294,645 votos. El primero vinculado al capital emergente y el segundo al tradicional.

Recordemos que ese gobierno despertó ciertas ilusiones en algunos sectores de izquierda por cierto discurso democratizarte y algunas acciones puntuales en materia de reivindicación de justicia y memoria. Pero su verdadera naturaleza fue la de continuar y profundizar el modelo neoliberal; de hecho, en este gobierno se dio la represión a las comunidades campesinas kekchis del rio Polochic. Este gobierno también se caracterizó por impulsar una serie de programas asistenciales impulsados por la en ese entonces primera dama Sandra Torres. En esta ocasión, la URNG y ANN presentaron candidaturas presidenciales, obteniendo magros resultados y la primera obtuvo dos diputados. Mejor posicionada estuvo la premio Nóbel de la paz Rigoberta Menchú, con un poco más de 100 mil votos, con el socialdemócrata Encuentro por Guatemala (ExG) que obtuvo cuatro parlamentarios.

El siguiente gobierno fue el de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, como vicepresidente, que ganó con 2,300,979 votos sobre Manuel Baldizón del partido LIDER, con 1,981,003. En esa elección se conformó el Frente Amplio de Izquierda entre URNG, ANN y el recién creado Movimiento Político Winaq indigenista de izquierda, logrando 142,599 votos y solo dos escaños en el Congreso.

La crisis del régimen

El gobierno de PP será recordado por una combinación, la profundización del modelo extractivo, la masacre de cuatro campesinos en la cumbre de Alaska, la cooptación de algunos liderazgos sindicales, indígenas y populares, pero sobre todo por el destape de casos de corrupción por la CICIG, instalada en Guatemala desde el gobierno de Berger, que generó el movimiento de La Plaza y que obligó a factores de poder y al imperialismo a presionar para la renuncia de ese gobierno.

Tal movimiento y la renuncia de Pérez, coincidieron con la primera vuelta electoral en 2015, donde participo el 70 por ciento del padrón electoral en primera vuelta, una de las más altas registradas, aunque en segunda vuelta bajó considerablemente y ganó el outsider Jimmy Morales con 2,239,269 votos, sobre Sandra Torres con 1,328,342 votos. De las opciones de izquierda, el que mejor punteo logró fue Miguel Ángel Sandoval por la coalición URNG-Winaq, con 101,347 votos para la presidencia; en el Congreso éstos lograron dos diputados. Convergencia, ex ANN, que no lanzó candidatura presidencial, obtuvo 3 diputados y ExG 7 congresistas.

Este gobierno jugó un papel contrarrevolucionario y desmovilizador, a lo cual se sumaron sectores de izquierda y progresistas con cargos ministeriales, desviando la energía de las masas por medio de reformas de algunas leyes, carro que también impulsó la CICIG y el Ministerio Público de Thelma Aldana. Es hasta que las investigaciones anti corrupción tocaron a su entorno familiar provocando nuevas movilizaciones en 2017, renunciando sus ministros progresistas, que, amparándose en facciones de ex militares del partido que lo llevó al gobierno se fue escalando un conflicto con la CICIG y con el hoy ministro de defensa del gobierno de Colombia, Iván Velázquez, que dirigía la comisión internacional declarado non grato, que demostró la verdadera cara reaccionaria de este gobierno.

Así se llega al gobierno de Alejandro Giammattei, quien, en su tercer intento, ahora con un partido ad hoc, VAMOS, gana las elecciones de 2019 en segunda vuelta con 1,907,821 votos, sobre Torres que sacó 1,384,112 votos. En esta ocasión la opción de izquierda mejor posicionada fue la de Thelma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) vinculado a la organización campesina histórica CODECA, que en 2016 había roto vínculos con URNG; MLP logra sin embargo un diputado alegando fraude, otras opciones de izquierda fueron Winak con 5, Semilla con 7 y URNG con 3 congresistas cada uno.

En este gobierno afronto la pandemia del Covid 19, cerrando la economía con medidas de cuarentena, la atención irregular a los enfermos, la corrupta negociación con las vacunas rusas Sputnik, la llegada a cuenta gotas de otras vacunas, etc. El caso de posibles coimas de empresarios rusos vinculados actividades mineras y luego el giro oportunista pro ucraniano tras la guerra en esas latitudes.

Se generaron nuevas movilizaciones tras el intento de aprobar el Presupuesto público en noviembre de 2021, desatándose una fuerte represión policial con varios heridos y detenidos; así también resalta el hecho que este gobierno cerró las instituciones de la agenda de la paz, instancias que eran prácticamente inoperante. Caracterizado por el cierre de los espacios democráticos en el marco del régimen político aperturista después de la firma de la paz, proceso iniciado en el gobierno de Pérez Molina.

¿Hacia una reforma del regimen?

Por eso la esperanza que genera un nuevo gobierno de los neoreformistas de Semilla, que como bien mencionamos es una ruptura con este proceso de autoritarismo y que se demuestra en la apabullante victoria de Bernardo Arévalo y Karin Herrera nuevamente sobre Torres de la UNE con una diferencia de 874,189 votos en segunda vuelta, aunque con un abstencionismo del 40 por ciento, el más alto en los últimos años y con la victoria del voto nulos y blancos en primera vuelta de un poco más de un millón de votos. Esto por su puesto no le quita legitimidad a este nuevo gobierno, que como vimos tras la segunda vuelta la población salió a celebrar en varias plazas del país.

Por Armando Tezucún

Tal como se esperaba, el 20 agosto la mayoría de votantes guatemaltecos optó por respaldar el cambio contra el status quo de corrupción y autoritarismo que se ha venido gestando en los últimos gobiernos. El binomio presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, obtuvo el 58.01% del total de votos (2 millones 441 mil 661 votos), frente al 37.24 por ciento obtenido por la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) (1 millón 567 mil 472 votos). Al igual que en las segundas vueltas de otros procesos electorales, la cantidad de votantes bajó con respecto a la primera vuelta; un 45.1 % (4 millones 208 mil 985) de los 9.3 millones de ciudadanos habilitados para emitir su voto acudió a las urnas, en comparación del 60% que lo hizo en la primera vuelta. Además, fueron emitidos 147,165 votos nulos y 52,687 votos en blanco. El Movimiento Semilla ganó en 17 de los 22 departamentos del país, y en 5 de ellos lo hizo con un porcentaje de más del 67%; en 12 departamentos la diferencia de votos entre Semilla y la Une no fue tan grande, y Sandra Torres ganó en 5 departamentos, ubicados hacia el norte del país.

Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral no ha oficializado esos datos, pues según la ley electoral, a continuación, se debía hacer el proceso de audiencias de revisión de escrutinio de votos, que se llevaron a cabo los días 22 y 23 de agosto. En estas audiencias no hubo cambio significativo en los resultados, pues muchas de las impugnaciones de votos fueron declaradas sin lugar, y en algunos departamentos, como Quetzaltenango, la Une no se presentó a la audiencia para presentar impugnaciones.

El proceso electoral 2023 se ha caracterizado por su extrema judicialización y por los esfuerzos de las mafias por meter zancadilla a la participación electoral de Semilla y su candidato Bernardo Arévalo. Para ello el Ministerio Público y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad señalaron a Semilla de presentar firmas falsificadas en su proceso de creación, llegando a emitir, a través de un juzgado, una orden para anular su personería jurídica. El 17 de agosto el jefe de la FECI, el fiscal Rafael Curruchiche, anunció que después del 20 de agosto habría nuevos allanamientos, órdenes de captura y solicitudes de antejuicio, amenaza que ya está cumpliendo, como veremos más adelante.

El reconocimiento de Arévalo como presidente electo

Pese a esta situación anómala, el triunfo de Arévalo y Semilla fue reconocido y respaldado por instituciones y gobiernos. El presidente Alejandro Giammattei, de manera protocolaria, dio sus felicitaciones a Arévalo y le extendió la invitación a iniciar una transición ordenada de gobierno al día siguiente de la oficialización de los resultados electorales.

Las organizaciones de la burguesía se pronunciaron mostrando satisfacción por el desarrollo de la segunda vuelta electoral, esperando el respeto por los resultados y felicitando al binomio Arévalo-Herrera. Así lo expresó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF): “Reconocemos la decisión ciudadana manifestada en las urnas, exhortamos a respetarla y felicitamos a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, quienes hoy han recibido el mandato de la voluntad popular … Esperamos que, en todo momento, la prioridad sea la construcción de un mejor país” (Prensa Libre 21/08/2023).

En el mismo sentido se pronunciaron las diferentes cámaras empresariales. De forma significativa, el presidente de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), Juan Carlos Paiz, expresó en una entrevista “Ya no es momento de perseguir al presidente electo. Hay que respetar el voto … el voto dice que esta persona es el próximo presidente … si todos lo apoyamos, vamos a tener mejores resultados” (La Hora 21/08/2032); Paiz puso en duda los argumentos del MP para perseguir a Semilla.

Con estas declaraciones, la burguesía marca una distancia con respecto a la extrema derecha que busca por todos los medios impedir un gobierno de Semilla y Arévalo. Y además, se sube al carro del futuro gobierno, esperando llegar a acuerdos y lograr que el gobierno de Semilla continúe impulsando los planes empresariales para incrementar las exportaciones e inversión extranjera que ya venían funcionando durante el gobierno de Giammattei, como el plan Guatemala no se Detiene. El presidente del CACIF, Ignacio Lejárraga, declaró en una entrevista: “En una conversación con Arévalo le hicimos ver la importancia de todos los actores de Guatemala No se detiene y dijo estar completamente de acuerdo, pues ese es el camino que se debe tomar; sus asesores lo conocen y ahí está plasmada una serie de propuestas, que pueden hacer muy interesante el manejo de los temas de inversiones … mucho va a depender de cómo aproveche Arévalo estos cinco meses que tiene de septiembre hasta enero … para que converse su plan de gobierno con los distintos sectores y lograr un consenso de gobernabilidad para Guatemala.” (Prensa Libre 23/08/2023).

El MP y la FECI continúan sus ataques

Cumpliendo con lo anunciado por el fiscal Curruchiche, el MP ha continuado con las acciones para desestabilizar el proceso electoral. Los primeros ataques han sido contra el Tribunal Supremo Electoral, y no precisamente por el caso del Movimiento Semilla.

El 22 de agosto la Fiscalía Contra Delitos Electorales solicitó a la Corte Suprema de Justicia el retiro de la inmunidad del director del Registro de Ciudadanos Ramiro José Muñoz, por abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes. El 13 de julio, Muñoz se negó a acatar la orden del Juzgado Séptimo de suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla, alegando que la suspensión de un partido es competencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que no se puede suspender un partido estando en curso el proceso electoral. Pero la acción contra Muñoz no es por el caso Semilla, sino por haber inscrito de manera anómala al partido Prosperidad Ciudadana, pese a que incumplió los requisitos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, hecho acontecido en 2022.

El mismo día, en otra acción intimidatoria, la FECI de Curruchiche realizó una serie de requerimientos al TSE, a través de su presidenta Irma Palencia. La información solicitada se refiera a datos sobre las personas que tuvieron a su cargo la implementación del proceso electoral: el nombre, cargo y lugar donde pueden ser citados los miembros de las Juntas Electorales Departamentales; los nombres de los coordinadores de cada centro de votación; los nombres, cargo y lugar donde pueden ser citados los miembros del cuerpo de revisores; nombres cargo y lugar donde pueden ser citados los miembros de las Juntas Receptoras de Votos; los lugares donde estuvieron ubicados los centros de votación por municipio y departamento; los nombres de los coordinadores de digitadores. La información debía ser entregada en un plazo no mayor de cinco días, y se refiere a los días de votaciones, 25 de junio y 20 de agosto. Este requerimiento, que no especifica el motivo por el que se hace, pone en zozobra a cientos de personas que participaron voluntariamente en la organización de los comicios.

El 23 de agosto la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP presentó ante el Organismo Judicial una solicitud de retiro de inmunidad de tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la presidente Irma Palencia, el titular Mynor Franco y el suplente Álvaro Cordón. De nuevo, esta solicitud no tiene que ver con el caso de Semilla, sino con la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, y resoluciones violatorias a la Constitución de la República, por hacer declarado procedente, en marzo de este año, la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado, a pesar de que no cumplía con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez; esto a pesar de que unos días después de está resolución, el TSE se retractó y retiró la candidatura de Baldizón.

El 23 de agosto, el fiscal Curruchiche envió al Congreso de la República la resolución del Juzgado Séptimo Penal que ordenó provisionalmente la suspensión del partido Movimiento Semilla. La intención evidente es evitar la toma de posesión de los nuevos diputados de Semilla en enero y la declaración de los actuales diputados como independientes, es decir sin partido. La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, declaró que el legislativo puede proceder hasta que reciba una notificación directa del TSE.    

Finalmente, el partido UNE, que no ha reconocido los resultados de la votación del 20 de agosto, denunció ante el MP a los magistrados titulares del TSE, solicitando que se inicie una investigación en su contra, por fraude en las votaciones del 20 de agosto. Según la UNE, los magistrados habrían cometido los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y otros en contra del pueblo; la denuncia fue presentada luego de un supuesto análisis realizado por técnicos del partido a las actas electorales, encontrando divergencias y duplicidades en las mismas.

Defendamos los derechos y libertades democráticas contra las mafias corruptas

Otros hechos se han dado en la primera semana después del triunfo electoral de Semilla, como la adopción de medidas cautelares de protección para Arévalo y Herrera por la existencia de planes para asesinarlos.

Lo más importante han sido las protestas de la población contra el MP, exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Curruchiche, los días 25 y 26 de agosto. Las principales organizaciones indígenas se reunieron y demandaron la destitución de Porras, anunciando posibles acciones de hecho. El voto por Arévalo es el voto por el cambio, por desalojar a las mafias en el poder, por los derechos democráticos y la justicia social. Esto es lo que debemos continuar defendiendo en las calles, contra las artimañas y maniobras de los corruptos.   

Por Leonardo Ixim

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, visitó Guatemala del 1 al 4 de agosto, en el marco de la crisis política desatada por los intentos de los partidos derechistas encabezado por el gubernamental VAMOS, que han buscan suspender la segunda vuelta para afectar al Movimiento Semilla; el partido UNE, contrincante de Semilla, se ha sumado a tales maniobras.

El informe que Almagro presentó el pasado 10 de agosto, generó expectativas en algunos sectores, sobre todo Ongs progresistas, medios de prensa y centros de pro sistémicos que manejan un discurso democratista, pero al presentarlo fue catalogado de tibio. Sin embargo, qué más se puede esperar de la OEA y sus órganos ejecutivos vinculados a las correas de transmisión de la política exterior gringa, y más de este secretario general sujeto a los vaivenes de las dos últimas administraciones gringas.

Almagro se reunió con funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, gubernamentales, personeros de los partidos que disputarán la segunda vuelta, diputados de diversos partidos, etc. De ahí que las conclusiones del informe tengan un matiz de “diplomático” y “equilibrado”. Recordemos que, tras las movilizaciones de noviembre de 2021 contra el intento de aprobar un presupuesto desfinanciado por el partido de gobierno y sus aliados, arribó una delegación de la OEA tras una maniobra del gobierno para legitimarse.

En esta ocasión los voceros de este organismo, mas no el secretario general, ante los medios han mencionado que esa vez el gobierno de Giammattei no cumplió con los compromisos adquiridos ante la OEA y que ahora esperaba que lo hiciera.

Entre las conclusiones más sobresalientes, con una visión de cara a la segunda vuelta están: controlar el financiamiento a los partidos, específicamente en la compra de votos; resolver con celeridad las controversias judiciales de la primera vuelta; establecer mecanismos de cooperación entre el TSE y los órganos temporales como las Juntas Electorales Departamentales para que la copia amarilla del Acta 4, se libere inmediatamente después de los escrutinios en las Juntas Receptoras de Votos, entre otras cosas.

Diversas organizaciones de la sociedad civil parecen tener ilusiones en al papel de la OEA, un organismo dependiente del imperialismo, para la resolución de la complicada situación electoral. Pero son las organizaciones populares las llamadas a defender el voto democrático contra las maniobras de los que buscan perpetuar el statu quo reaccionario.

Por Armando Tezucún

La crisis política originada por las maniobras de la extrema derecha para impedir que el centroizquierdista Movimiento Semilla participe en la segunda vuelta electoral, ha derivado en un conflicto entre instituciones del Estado.

La derecha acciona contra el voto popular a favor de Semilla

En un primer momento, los partidos de derecha derrotados en la primera vuelta, realizada el 25 de junio, intentaron anular los comicios exigiendo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la revisión de cierto número de actas que tenían irregularidades. El Tribunal Supremo Electoral accedió, y el recuento no arrojó cambios significativos en los resultados, reafirmando que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Semilla pasarán a segunda vuelta el próximo 20 de agosto.

Ante el fracaso de esta primera maniobra, la derecha se sacó el as bajo la manga, y el 12 de julio la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) ordenó la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, por un caso de supuesta falsificación de firmas y adhesiones ilegales en el proceso de inscripción del partido, además de una posible comisión del delito de lavado de dinero. El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, solicitó al Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a cargo del juez Fredy Orellana, que ejecutara la suspensión. Desde hacía ya varias semanas el MP y la FECI habían solicitado al Tribunal Electoral la documentación completa en torno a Semilla, incluyendo detalles sobre su creación, asambleas y aspectos financieros, en preparación del ataque contra la organización política. Por su parte, unos minutos después de que la FECI emitiera la orden contra Semilla, el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta, confirmando que Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Semilla competirán por la presidencia de la nación el 20 de agosto.

Esta acción del MP es doblemente ilegal, pues de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ningún partido puede ser suspendido media vez inicie el proceso electoral; además, el juzgado dirigido por Orellana no tiene competencia para suspender un partido político, pues este es un asunto que corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral. En este sentido, la orden de Curruchiche y Orellana violó el ordenamiento prescrito en la Constitución de la República.

Bernardo Arévalo, candidato presidencial y secretario general del Movimiento Semilla, interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar la acción de la FECI. El día 13, la CC suspendió la orden del juez Orellana, en aras de que se realice sin impedimentos la segunda vuelta electoral de agosto. Sin embargo, la CC ignoró la falta de competencia del Juzgado Séptimo de Instancia Penal para inhabilitar un partido político, y dio vía libre para que el MP continúe con las pesquisas contra Semilla; esto ha dado pie a un grave conflicto interinstitucional.   

El MP y la FECI contra el TSE

Contando con el aval de la Corte de Constitucionalidad, Curruchiche y Orellana han realizado continuos allanamientos contra dependencias del Tribunal Electoral y contra la sede del Movimiento Semilla.

Los días 13 y 20 de julio, por medio de un aparatoso despliegue policial, el MP y la FECI, utilizando sendas órdenes del juez Orellana, intervinieron las sedes del Registro de Ciudadanos y del Departamento de Recursos Humanos del TSE, respectivamente.

El día 13 durante el intimidatorio despliegue, los agentes del MP secuestraron numerosa documentación sobre Semilla. El 17 de julio, el juez Orellana pidió al MP iniciar una investigación contra el director general del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, por haber desobedecido la orden de suspender provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. El cargo de Muñoz le otorga el derecho de antejuicio, por lo cual la CSJ deberá realizar el trámite de retiro de inmunidad. Sin embargo, Muñoz solicitó permiso por vacaciones, dejando en el cargo a la subdirectora Eleonora Castillo. El 20 de julio el MP realizó un nuevo allanamiento, esta vez en el Departamento de Recursos Humanos, en busca del expediente laboral de Castillo; luego se supo que Orellana emitió una orden de captura contra Castillo, bajo el cargo de obstrucción de la justicia, por negarse a cancelar a Semilla. Esta orden es ilegal pues la subdirectora, al reemplazar temporalmente al director, automáticamente goza de inmunidad, pues es un derecho que va adscrito al cargo.

Por su parte, la sede de Semilla ha sido allanada dos veces por el MP, ocurriendo la última el 21 de julio, cuando los fiscales se llevaron los listados de afiliaciones del partido.  

Ante las acciones intimidatorias del MP, la FECI y el juzgado dirigido por Orellana, el Tribunal Supremo Electoral presentó un amparo en la CC en contra de ocho funcionarios públicos por “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral … para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad…” (Prensa Libre 21/07/2023). Un día después, el máximo tribunal constitucional respondió denegando el amparo, aduciendo que el 13 de julio ya se había pronunciado con respecto a que el TSE debe proceder a realizar la segunda vuelta electoral. A pesar de que la CC remarcó que la decisión del TSE de realizar la segunda vuelta no puede ser afectada por “lo decidido por un órgano jurisdiccional de naturaleza ordinaria” (en alusión al juzgado séptimo dirigido por Orellana), no ordenó específicamente al MP, a la FECI, ni a este juzgado suspender las acciones contra el TSE y Semilla, dando nuevamente, al igual que en la resolución del 13 de julio, vía libre para que continúen los ataques, cuya finalidad es evitar que Semilla participe en la segunda vuelta electoral.

De hecho, el 23 de julio el MP emitió un comunicado en el que reafirma su autonomía, y que no está sujeto a ningún ente nacional o internacional, rechazando “todo intento de presión y coacción para detener cualquier investigación en curso autorizada por juez competente…” (Prensa Libre 23/07/2023).

¿Desacuerdos en la cúpula?

Todos los funcionarios de las instituciones involucradas en la actual crisis política fueron electos por el pacto de partidos políticos que representa a las estructuras de empresarios, militares y grupos del crimen organizado que controlan el Estado. Los magistrados del TSE fueron electos por el Congreso de la República en 2020, los de la CC en 2021 por el Congreso, y la jefa del MP fue reelecta en el cargo en 2022 por el presidente Giammattei. Hasta ahora, estos funcionarios habían actuado más o menos en acuerdo; los magistrados del TSE, por ejemplo, fueron los que negaron la inscripción de candidatos que no eran del agrado del oficialismo, como el binomio del MLP, Carlos Pineda, Roberto Arzú o Juan Francisco Solórzano Foppa.

Pero la situación varió cuando el Movimiento Semilla, un partido anticorrupción y progresista, ganó el segundo lugar el 25 de junio, pasando a competir por la presidencia en la segunda vuelta. Los magistrados del TSE podían tolerar solo hasta cierto punto las burdas maniobras para dejar a Semilla fuera del proceso electoral, no solo por el irrespeto que implica a su investidura como máxima autoridad electoral, sino por la enorme presión internacional por la transparencia del proceso electoral y el respeto de los resultados, y la falta de apoyo de las organizaciones de la burguesía hacia dichas maniobras.

Los magistrados de la CC y del TSE han asumido una posición ambigua, y el presidente Giammattei mantiene una prudente distancia. Ante los continuos pronunciamientos de la administración Biden, funcionarios de la Unión Europea, la Organización de Estados Americano, de la ONU y otras organizaciones internacionales, el oficialismo parece haber dejado el trabajo sucio al MP y la FECI, cuyos responsables están incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado, y quienes trabajan en estrecha colaboración con la Fundación Contra el Terrorismo y otros grupos de extrema derecha.

La presión del imperialismo

Desde el inicio del proceso electoral la administración Biden, la Unión Europea y los organismos internacionales han estado pendientes de la situación en Guatemala, y han condenado las últimas maniobras de la derecha. El 21 de julio el gobierno de Estados Unidos acusó al MP de intentar socavar la voluntad del pueblo guatemalteco, y calificó el allanamiento de la sede de Semilla como un gesto propio de dictaduras como la de Nicaragua (Prensa Libre 21/07/2023); el 20 de julio la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea condenó “…enérgicamente el acoso y hostigamiento que vienen sufriendo el TSE y el Movimiento Semilla por parte de la FECI…” (Prensa Libre 20/07/2023).

El 22 de julio la ONU informó que su secretario general António Guterres sigue con gran preocupación la situación en torno a las elecciones en Guatemala, recordando que “…los votantes deben estar protegidos de cualquier forma de coerción y de cualquier interferencia ilícita o arbitraria en el proceso de votación, y que las instituciones electorales deben poder llevar a cabo su trabajo de manera independiente” (La Hora 23/07/2023).

El 19 de julio el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el nuevo listado de actores corruptos de Centroamérica (Lista Engel), incluyendo al juez Fredy Orellana y a la fiscal de la FECI Cinthia Monterroso, que, entre otras cosas, ha acompañado los allanamientos contra el TSE y Semilla.

El 20 de julio cuatro congresistas estadounidenses enviaron una carta al secretario de estado Antony Blinken en la que mostraron preocupación por la situación en Guatemala y piden que se apoye un “proceso electoral transparente y justo que refleje la voluntad del pueblo guatemalteco”; además solicitaron acciones más fuertes de presión si las autoridades continúan interfiriendo con el proceso electoral (Prensa Libre 20/07/2023).

La posición de los empresarios

Mientras a nivel internacional se ejerce una enorme presión sobre las instituciones responsables del orden legal en Guatemala, la burguesía, a través de sus organizaciones gremiales ha expresado su preocupación por la crisis generada en el proceso electoral, rechazando implícitamente las descaradas maniobras de la derecha, sobre todo porque ponen en riesgo las inversiones y la estabilidad económica del país, es decir porque pueden afectar sus negocios.

El presidente de la coordinadora de organizaciones empresariales (CACIF), Ignacio Lejárraga, preocupado por la inestabilidad generada por la crisis electoral, declaró “Es importante que la máxima autoridad constitucional resuelva a favor de la protección legal, por medio de las prevenciones necesarias para que el evento eleccionario pueda llevarse a cabo y, de esta forma, permitir que sean los ciudadanos quienes libremente deciden en las urnas” (Prensa Libre 21/07/2023).

Cada una de las cámaras empresariales se ha pronunciado a favor del respeto al orden legal. La Cámara de Comercio de Guatemala señaló que “esta cámara recuerda que no compete a los Tribunales Ordinarios inmiscuirse en facultades que son materia privativa del Tribunal Supremo Electoral”; la Asociación Guatemalteca de Exportadores reconoció la labor y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral para la oficialización de los resultados electorales para la segunda vuelta, y llamó a la población a asistir a las urnas el 20 de agosto; la Cámara de Comercio Guatemalteco – Americana declaró “Solicitamos el máximo respeto a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y al TSE como máximo garante del proceso electoral” … “Los recientes sucesos provocan inestabilidad en el proceso electoral, lo cual puede tener efectos perjudiciales en la democracia del país y en su entorno económico”; en el mismo sentido se pronunciaron la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, la Cámara del Agro de Guatemala, el Consejo Nacional Empresarial, y  Cámara de Industria de Guatemala  (Prensa Libre, 13/07/2023).

Defendamos en las calles el voto popular contra las maniobras de los corruptos

La población no se ha quedado callada ante la crisis provocada por la derecha corrupta y autoritaria, y tras pequeñas demostraciones de protesta por el recuento de actas a que fueron obligadas las Juntas Electorales, y una importante marcha el 8 de julio, los días 13, 14 y 15 fueron de nutridas protestas frente a la sede del Ministerio Público.

El domingo 23 de julio otra numerosa manifestación partió de la sede de la Corte Suprema de Justicia para culminar frente al MP, convocada por organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas y sindicales. Algo significativo de esta jornada de protesta fue que, mientras las grandes centrales sindicales aún no hacen sentir su presencia, marchó junto a las otras organizaciones el Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central S.A. (sindicato de la Coca Cola), de larga tradición de lucha.  

Para el día 24 fue convocado un paro nacional, durante el cual se dieron varias manifestaciones y plantones en la ciudad capital, así como en las ciudades de Santa Cruz del Quiché, Totonicapán, Antigua Guatemala y Huehuetenango.

Las protestas populares aún están creciendo y no han alcanzado su punto máximo. Las organizaciones indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, de Sololá y de otros pueblos se han pronunciado, pero todavía no accionan en las carreteras. Hacemos un llamado al Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala a unirse a las movilizaciones y hacer sentir la presencia de los trabajadores. Sólo la movilización unitaria del pueblo trabajador obligará a los funcionarios judiciales corruptos a retroceder; y en las urnas el 20 de agosto, votando críticamente por Semilla, iniciaremos una nueva etapa en la lucha por los derechos sociales y democráticos del pueblo guatemalteco.