Por Olmedo Beluche

Por primera vez desde 2008, el movimiento sindical panameño conmemoró de manera unitaria el 1 de Mayo, día de la clase trabajadora en todo el mundo. Más de 10 mil trabajadores y trabajadoras se dieron cita en la ciudad de Panamá para marchar desde el Parque Porras hasta la Plaza 5 de Mayo, donde realizaron un mitin, en el que se escucharon las denuncias del movimiento sindical contra las consecuencias de las políticas neoliberales del gobierno empresarial de Ricardo Martinelli y sus antecesores. Se reportaron también marchas multitudinarias en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, y en Changuinola, corazón de la producción bananera nacional.

La movilización en la capital panameña estuvo encabezada por la confederación de gremios de la salud, CONAGEPROTSA (auxiliares de enfermería, laboratoristas, archivadores clínicos y administrativos), quienes se encontraban en huelga exigiendo mejoras salariales incumplidas por la autoridades del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Sólo faltó el gremio de las enfermeras que, como siempre, se restó de este tipo de actividades por culpa de su elitista directiva.

Detrás de los gremios de la salud marcharon las centrales sindicales y federaciones afiliadas al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), como CGTP, CTRP, CNTP, UGT y otras. También tuvo una importante delegación la Federación Auténtica de Trabajadores (FAT) y seguidamente los gremios afiliados a la Confederación de Unidad Sindical (CONUSI) y FRENADESO, cuya columna central fue el Sindicato Único de la Construcción (SUNTRACS). En horas de la mañana, protestando contra el "día puente" del lunes 29 de abril decretado por el gobierno, realizó una nutrida manifestación y piqueteo al Ministerio de Trabajo, el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Fabricación y Comercialización de Refrescos, Bebidas, Gaseosas, Cervezas, Licores y Similares (Sitrafcorebgascelis) o sindicato de la Coca Cola, que sacó a la calle a más de 200 trabajadores de la planta de Tumba Muerto.

En la manifestación de la tarde, también hubo importantes delegaciones de los dos principales proyectos político electorales en proceso de inscripción para las elecciones de 2014, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y quienes a poyan a Juan Jované como candidato independiente. Además de algunos precandidatos de izquierda por libre postulación a diversos cargos.

Al respecto, es destacable que en el mitin central, el secretario general del SUNTRACS, Saúl Méndez, señalara que en 2014 la clase trabajadora no debe darle el voto a ninguno de los partidos de la patronal (CD, PRD, Panameñista, Molirena o Popular) y que podrá votar por un candidato salido del movimiento social. A lo que sólo habría que agregar lo señalado por el editorial de nuestro periódico del Movimiento Popular Unificado (MPU), Voz Popular, y que circuló masivamente en la manifestación: que se requiere para asegurarlo un Frente Electoral, Sindical, Popular y de Izquierdas.

La masividad de los actos en todo el país, confirma el fracaso del gobierno empresarial y la patronal que pretendía que, al decretar el "día puente" el lunes anterior, y laborable el 1 de Mayo, la fecha iba a decaer quitándole fuerza al movimiento obrero. Por el contrario, el movimiento sindical panameño lució saludable. Lo cual obliga a otra reflexión: ¿Por qué han decaído las luchas en los últimos meses? ¿Por qué los conflictos que se dan permanecen aislados y atomizados? ¿Por qué las comunidades que protestan por la falta de agua, de calles o de transporte público deben luchar solas sin que exista un organismo que las aglutine y unifique? Probablemente la respuesta a estas preguntas esté en la actitud de la propia dirigencia sindical.


Por Olmedo Beluche

El nombramiento de tres nuevos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá por parte del presidente Ricardo Martinelli ha desatado una pequeña guerra verbal entre el oficialismo y la oposición. La lucha política y periodística es una expresión del conflicto entre dos  fracciones de la oligarquía financiera, las cuales disputan el control de la administración del principal recurso económico del país. Ambos sectores son fácilmente identificables, por un lado está el sector tradicional, vinculado al Banco General, que tuvo en Alberto Alemán Zubieta, ex administrador de la ACP recién retirado del cargo, a su pieza clave en el corazón de la ACP, y un sector emergente con poderes económicos y políticos crecientes, que gira en torno al presidente y Globalbank.

Martinelli ha propuesto para su ratificación por la Asamblea Nacional a Alberto Vallarino, Henri Mizrachi y a Lourdes Castillo. Estos nombramientos darían al grupo de Martinelli una mayoría de miembros en dicha directiva, cuyas atribuciones constitucionales (Art. 319) incluyen: nombrar y remover al Administrador y Subadministrador del Canal; fijar tasas, peajes y derechos sobre el uso del canal y sus servicios conexos; contratar empréstitos; otorgar concesiones, etc.

Alberto Vallarino, el único de estos tres que no es criticado por la "oposición", es un conspicuo banquero perteneciente a otro de los grupos tradicionales de la oligarquía panameña, la familia Lewis que, hasta 2004, estuvo asociada a Banistmo cuando fue traspasado a HSBC. Vallarino tiene la ambivalencia de ser miembro del Partido Panameñista, dirigido por el vicepresidente J.C. Varela, ahora en oposición, pero cuyo suegro Samuel Lewis Galindo es uno de los pilares detrás de Martinelli. El poder de este grupo representado por Vallarino es tal que, aunque podría ser cuestionado por múltiples razones, entre ellas el haber sido beneficiario de una ley que le exoneró el pago de 400 millones de dólares por la venta del banco bajo el gobierno de Martín Torrijos (PRD), todos miran para otro lado.

Los más cuestionados son Henri Mizrachi, directivo de la Editora El Panamá América S.A. (EPASA), empresa editorial controlada por el grupo de Martinelli, y la Sra. Lourdes Castillo, representante legal de la empresa Naves Supply S.A., subcontratista de Panamá Ports (Evergreen) que controla el puerto de Balboa en la entrada del canal en el sector Pacífico. A Mizrachi se le acusa de ser peón de Martinelli, pero tampoco le atacan tanto, pues mal que bien es miembro de la importante comunidad empresarial judía de Panamá cuyas ramificaciones trascienden a ambos sectores en disputa. Por lo cual el ataque más furibundo se cierne sobre Castillo, a quien Martinelli ha presentado como hermana del mártir de la Gesta del 9 de Enero de 1964 por la soberanía en el canal, Ascanio Arosemena. Aunque el diario La Prensa la ha cuestionado esa afirmación, pues no es hermana sino hermanastra, el problema no es ese, sino que ella nunca ha sido parte de los sectores antiimperialistas que lucharon contra el enclave colonial y que han tenido en Ascanio un símbolo de esa lucha.

Se le cuestiona a Castillo que, como representante legal de Naves Supply S.A., tiene conflicto de intereses por ser beneficiaria de un contrato para dar servicios subsidiarios al canal, pero los ministros de Martinelli han respondido que, si así fuera, Alemán Zubieta tenía peores conflictos de intereses ya que su familia es dueña de Constructora Urbana S.A. (CUSA), empresa que tiene contratos directos con la ACP como parte del Grupo Unidos por el Canal, que construye el tercer juego de esclusas en la ampliación y que hizo la autopista de acceso al Puente Centenario.

Desde el punto de vista de los intereses de los sectores populares y asalariados, esas disputas por el control de la ACP no significan nada, pues como se dice en el refrán popular: "ellos son blancos, y entre ellos se entienden". El problema para la mayoría del pueblo panameño es que toda la estructura administrativa de la ACP está diseñada para que sea controlada por la oligarquía financiera y las empresas inmobiliarias, quienes son los principales beneficiarios del canal revertido a manos panameñas, por la vía de jugosos contratos, pero que en cien años de lucha anticolonialista nunca pusieron un mártir, ni movieron un dedo para rescatar la soberanía y acabar con el enclave de Zona del Canal, que sus abuelos le entregaron al imperialismo norteamericano.

 ¿Quién en la Junta Directiva de la ACP representa a los sectores obreros y populares? Nadie. Todos son representantes directos del capital financiero. ¿Quién representa la voz de nuestras comunidades originarias que claman para que los millones del canal se traduzcan en desarrollo humano para los más pobres entre todos los panameños? Nadie.

Así que, "la fiebre no está en la sábana". El problema no son los socios ungidos de a dedo por el presidente. El problema de fondo es el Título XIV de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de la ACP, impuestos por acuerdo entre Estados Unidos y la oligarquía criolla, para mantener al canal como una "zonita" sin gringos, pero sobre la que el verdadero pueblo, que peleó por la soberanía, no puede opinar ni decidir.

Panamá 6 de febrero de 2013.


Por Olmedo Beluche

En 1847, cuando redactaron El Manifiesto Comunista, Carlos Marx y Federico Engels, señalaron que el proceso de formación de la conciencia de la clase trabajadora pasa por una serie de etapas. Al principio, cuando el trabajador carece de conciencia de clase, no comprende bien la causa de sus penurias en la sociedad capitalista, no comprende la naturaleza de la explotación a la que es sometido y muchas veces atribuye a otros trabajadores (con quienes compite) o a las máquinas, sus bajos salarios y sus malas condiciones de empleo (o desempleo).

Pero los trabajadores adquieren en el proceso un primer nivel de conciencia ("Conciencia en sí", le llaman), cuando descubren que es la clase capitalista (los patrones) la que extrae riqueza de su trabajo y que, junto a sus compañeros, constituye una clase explotada por el capital. Este primer nivel de la conciencia de los trabajadores se materializa en la formación de los sindicatos para luchar juntos, como clase, por la defensa y mejora de sus condiciones de trabajo.

En la lucha sindical los trabajadores van descubriendo que cada conquista laboral que logran (por ejemplo aumentos salariales) es efímera porque el capital, que controla todos los resortes de la sociedad, anula o arranca estas conquistas por otras vías, como la subida incesante de los precios o la imposición de leyes antiobreras. Entonces es cuando la conciencia obrera está en condiciones de alcanzar el siguiente nivel, el más elevado ("Conciencia para sí", le llamaron Marx y Engels) porque cae en cuenta que su situación no resolverá mientras los capitalistas detenten el poder político. Es cuando la clase trabajadora descubre que, para cambiar sus miserias, debe organizarse en partido político de clase y proponerse tomar el poder, desplazando a los capitalistas de él, para organizar la sociedad en función de los intereses de la mayoría, que es la propia clase trabajadora.

En Europa y Estados Unidos, durante el siglo XIX, los trabajadores lucharon paralelamente por derechos laborales (como las 8 horas de trabajo) y por los derechos políticos, como el voto universal (masculino, primero, y femenino, después) y el derecho a organizar partidos obreros. La lucha del "Cartismo" en Inglaterra, por el derecho al voto para los trabajadores; en Alemania por la legalización del Partido Socialdemócrata; contra la esclavitud en EE UU, prueban que muchas de los derechos democráticos básicos aceptados hoy día fueron conquistados e impuestos por la clase obrera y no dádivas de los empresarios. Por eso es falso identificar democracia con capitalismo.

Al margen de que ha habido distintos tipos de partidos obreros, unos revolucionarios, por cuanto postulan la necesidad de una revolución social para cambiar la sociedad; y otros reformistas, porque postulan transformaciones paulatinas en el marco legal, la mayoría han sido concientes de aprovechar los procesos electorales, en los que está a la orden del día el quién y para qué debe gobernar, como una forma de ayudar a la formación de la conciencia de la clase trabajadora.

Un poco de historia

En Panamá ambos procesos de organización y conciencia tienen una larga tradición. Los primeros sindicatos llegaron de la mano de la modernización de la zona de tránsito en el siglo XIX, con la construcción del ferrocarril. La primera huelga en el Istmo data de 1857. Luis Navas (El movimiento obrero de Panamá, 1880-1914 (1979)),  señala que para fines del siglo XIX ya existían sindicatos en las plantaciones bananeras al igual que durante la construcción del canal por Estados Unidos, produciéndose varias huelgas. La Revolución Rusa de 1917 tuvo repercusiones en Panamá y bajo su influjo surgió el primer partido clasista (El Grupo Comunista) y la primera central sindical (Sindicato General de Trabajadores), dirigidos ambos por Blásquez de Pedro, obrero español emigrado al Istmo, quien también fue dirigente de la Huelga Inquilinaria de 1925.

En los años 30, dirigentes sindicales como Cristóbal Segundo y Domingo H. Turner fundaron el Partido Comunista. Por otro lado, Demetrio Porras junto a Diógenes De la Rosa fundaron el Partido Socialista, llegando el primero a ser electo diputado en 1932, 1940 y 1945. El Partido Comunista cambió su nombre a Partido del Pueblo en los años 40, participando menos de procesos electorales y si en la organización de sindicatos clasistas, con líderes como Marta Matamoros y Ángel Gómez. Incluso las luchas estudiantiles de los años 40, que permitieron el surgimiento de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP) maduraron hasta conformar un partido político: el Frente Patriótico de la Juventud.

En los años 60, los partidos que se reclamaban de la clase trabajadora eran varios, dirigiendo las importantes huelgas de este periodo de la naciente clase obrera industrial y las luchas por la soberanía (como el 9 de Enero de 1964). Aunque sólo lograron registro electoral el Partido Socialista, dirigido por Carlos I. Zúñiga (abogado del sindicato bananero) y Fabián Echevers; y el partido Vanguardia de Acción Nacional (VAN) de Jorge Turner. Bajo el régimen militar, en las elecciones presidenciales de 1984, participaron varios partidos clasistas: el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que postuló al dirigente campesino Ricardo Barría; el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que postuló al Dr. José Renán Esquivel; y el Partido del Pueblo, que postuló al abogado laboralista Carlos Del Cid. Incluso Carlos I. Zúñiga constituyó un partido socialdemócrata, el PAPO.

La oligarquía panameña y sus leyes antidemocráticas

La burguesía panameña siempre ha sido conciente del peligro que representa para sus intereses que los trabajadores se organicen en sus propios partidos y se postulen para ser gobierno, por ello ha procurado mantener Códigos Electorales que con diversas trampas procuran impedir el registro legal de los partidos de la clase trabajadora para mantener el monopolio exclusivo del poder político. Por ello, aunque en Panamá desde hace cien años existen partidos o movimientos políticos obreristas, no han podido participar de la mayoría de los procesos electorales. En muchas ocasiones la táctica de la burguesía ha sido impedir el registro legal de estos partidos, para luego proponerles a los líderes populares y sindicales postularles en sus partidos patronales, de modo que canaliza sus votos y les aplican el "abrazo del oso" cooptando o comprando a muchos dirigentes a la vez que los neutralizan.

Esa estrategia de absorción de dirigentes sindicales fue aplicada en la década del 30 por la fracción liberal de Francisco Arias Paredes; en la Constituyente de 1945; en las elecciones del 48 con los dirigentes estudiantiles; en los años 60 por liberales y arnulfistas; y más recientemente por el PRD y otros partidos controlados por los empresarios que se han nutrido del prestigio de dirigentes populares para luego usarlos a su favor, comprarlos y "quemarlos".

El Código Electoral panameño nunca fue tan antidemocrático como el actual, nacido de las cenizas de la invasión norteamericana de 1989, fue redactado para imponer un régimen bipartidista, PRD-Panameñismo, que ahora está en crisis. Por eso, para impedir que surjan partidos obreros o de capas medias que cuestionen el control oligárquico sobre los órganos del Estado, exige la cifra de adherentes más alta de América Latina: 4% de firmas (equivalentes hoy a 64,000). Firmas que van asociadas a un sistema corrupto y clientelista, en el que los partidos empresariales han asociado las firmas y el voto a "regalos" (en efectivo o especie). Por lo tanto, a los partidos ideológicos que carecen de dinero para entrar en ese juego y que rechazan la corrupción les resulta imposible inscribirse. Por ello, cada año hay menos partidos políticos legales y menos candidatos, para que "gobiernen los políticos de siempre".

Ni hablemos de otras reglas corruptas del Código Electoral panameño, como: las campañas millonarias, las donaciones secretas, las reglas injustas que favorecen a los partidos inscritos contra los nuevos (como la imposibilidad de inscribir con libros móviles o sólo 4 meses del año con libros estacionarios, etc.). El objetivo es claro: la burguesía teme que su control político pueda ser cuestionado por un sistema verdaderamente democrático.

La crisis del régimen oligárquico panameño y las posibilidades del movimiento popular en 2014

Pero el tiempo no pasa en vano. Veintitrés años de régimen oligárquico disfrazado de "democrático", han producido un desgaste y un descontento creciente en la población, que ve cómo su voto no sirve para nada, porque la sucesión de gobiernos y partidos, no cambia nada. Cuatro lustros de aplicación de planes neoliberales contra los trabajadores, que nos han llevado a niveles de pobreza y explotación extremos; veinte años de corrupción descarada y rampante; están produciendo una crisis política creciente, que incluye no sólo el desencanto de los sectores populares, sino crecientes contradicciones entre la clase dominante.

Parte de ese descontento y esos vientos de cambio ha sido que en los últimos 5 años han surgido dos intentos por constituir partidos electorales de la clase trabajadora y los sectores populares: el primero, que no pudo vencer los obstáculos del Código Electoral (Alternativa Popular, PAP, que alcanzó 5000 adherentes y fue ilegalizado en 2011); el segundo en un proceso de inscripción todavía abierto, pero en el que ha tropezado con los mismos obstáculos sin seguridad que los vaya a superar (el Frente Amplio por la Democracia, FAD, que lleva 19 mil adherentes).

En 2012, también hubo un cambio en la legislación que permite inscribir candidaturas por libre postulación a la Presidencia, que requieren menos firmas (1% ó 16 mil adherentes), dando otra opción posible para los sectores populares y obreros. Al margen de si el objetivo del gobierno de Martinelli al aceptar esta reglamentación es dividir el voto opositor, los segmentos más concientes de la clase trabajadora tienen el derecho y el deber de explorar también este camino para usar las elecciones de 2014 como una tribuna que ayude a la maduración de la conciencia de clase para sí. Ya no basta pregonar la abstención o el voto nulo o blanco en las elecciones. Hay una ventana para postular dirigentes de la clase trabajadora de carne y hueso.

Los retos del movimiento obrero y popular frente a las elecciones: unidad e independencia política

Sin embargo, que exista la posibilidad no quiere decir que haya la garantía absoluta de que será aprovechada para avanzar en un referente político de la clase trabajadora. Hay dos obstáculos que se ciernen contra esa posibilidad: 1. La falta unidad de los sectores populares; 2. La trampa que sigue tendiendo la burguesía para absorber a los dirigentes que intentan postularse, neutralizando las propuestas clasistas, ya sea trayéndolos a sus partidos o lanzando a sus agentes bajo el ropaje de "independientes".

1.  La falta de unidad se debe al vanguardismo y al personalismo por el cual algunos creen que "tienen la gente" y que hacer unidad con otros es "regalarle mi base" o "mi capital político". Esa es una forma de pensar errada, porque en Panamá cada sector político de la izquierda, cada sector sindical, cada dirigente político o social, tiene ya su propio espacio, su propio nicho de trabajo y no necesita de nadie para construirlo. Por el contrario, la unidad real a la que hay que aspirar ayudaría a sumar esfuerzos y complementaría las fortalezas de cada uno, contra un Código Electoral que se ha demostrado difícil de vencer para cada uno de los sujetos populares por separado. La unidad, además ampliaría el espectro social de apoyo dando seguridad de capacidad de gobierno a los indecisos.

La experiencia venezolana tiene mucho que decirnos al respecto: sólo cuando surgió un líder que supo cobijar unitariamente el amplio espectro de la izquierda de ese país, Hugo Chávez, dando a cada uno el espacio que le correspondía bajo un proyecto nacional unitario, pudo despegar el Proceso Revolucionario Bolivariano. ¿Qué organización o dirigente será capaz de asumir ese reto en Panamá?

2. El otro problema, el de la independencia política, es programático. Ser candidato por la libre postulación, tampoco es garantía de nada. No basta proclamarse "independiente", hay que serlo sosteniendo un programa de transformaciones sociales y políticas, como mínimo, antineoliberales y antioligárquicas. Pactar con mal llamados sectores de la "burguesía patriótica" o una "coalición opositora" encabezada por la burguesía, es caer nuevamente en la trampa del régimen político, porque es entregar el poder a otro sector de la clase dominante que no cambiará nada para la clase trabajadora.

¿Cómo superar la división actual para aprovechar las elecciones de 2014?

La salida ideal, y tal vez la única, es que salga de un Gran Acuerdo Político Sindical y Popular para lanzar una alternativa política en 2014. Un acuerdo que puede y debe surgir de las organizaciones sindicales y los movimientos sociales e indígenas. Así como el 12 de enero de 2013 pudo surgir un acuerdo nacional de organizaciones para la lucha social, es posible un acuerdo político para enfrentar juntos las elecciones de 2014, con una propuesta política clasista, que hace 30 años no tenemos.

Panamá, 13 de enero de 2013.

 

Por Emilio Young

Después de más de una semana de movilizaciones, estallido y cólera popular en Colón, muertos y heridos del bando popular, acorralado por las movilizaciones y la protesta de las cámaras empresariales y de comercio, el gobierno de Martinelli finalmente cedió y el lunes 29 de Octubre publicó la Ley que derogó la Ley No 72-2012.

La derogación de esta Ley fue una contundente victoria popular, por ello se hace necesario hacer un balance de tan importante lucha.

Diferentes intereses

En la lucha por preservar la Zona Libre de Colon (ZLC) como una empresa del Estado, confluyeron diferentes intereses y sectores sociales. Muchos de los partidos de oposición, como el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Panameñista, aprovecharon la oportunidad para arremeter contra el gobierno de Martinelli, procurando debilitarlo al máximo, de cara a las elecciones del año 2014.

También confluyeron los oscuros intereses de las cámaras de comercio, especialmente la de Colon. Panamá es un país que vive fundamentalmente del comercio y la prestación de servicios, por lo que el conjunto de la burguesía es comerciante.

Y en la llanura, como siempre, los sindicatos y sectores obreros y populares, los que salen a pelear a las calles, a defender los intereses nacionales, algo que la burguesía comerciante no pueden hacer.

Las movilizaciones en los barrios populares de Colon, adquirió características de explosión social, la que fue violentamente reprimida por la Policía. El gobierno de Martinelli vio que la alianza entre comerciantes, partidos políticos de oposición y sectores obreros y populares, podía conducir, de continuar los enfrentamientos, en su derrocamiento, por eso debió recular y derogar la Ley No 72 que había impuesto desde su cómoda mayoría parlamentaria.

Ilusiones en Dialogo

En su discurso de la noche del 28 de octubre, Martinelli llamó al dialogo, a lo que se había negado en las semanas anteriores. Las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica fungirían como garantes de los acuerdos que se tomen.

En el fondo, todas las organizaciones que se opusieron a la venta de terreno de la ZLC, como las 34 organizaciones que forman el Frente Amplio de Colón, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón y la Cámara de Comercio de Colón, tienen ilusiones de que podrán solucionar los problemas en la mesa de negociaciones.

El gobierno de Martinelli, de rodillas, se dio golpes en el pecho. Roberto Henríquez, ministro de la Presidencia, reconoció el error del gobierno y la mezcla de intereses en el conflicto: “el Gobierno había sido informado y estaba en el entendimiento que se habían realizado las consultas, lo que parece ser es que no se hicieron en todos los sectores (…) Muchas veces lo que prende el rancho son esos intereses políticos, pero después es el pueblo que se suma” (La Prensa, 06/11/2012)

El dialogo es utilizado por la administración de Martinelli como un mecanismo que impide la continuidad de las movilizaciones populares. Por su parte, los grandes comerciantes de la ZLC aspiran llegar a acuerdos satisfactorios con el gobierno. El Dialogo dio inicio el pasado 7 de Noviembre en la casa de Audilio Aguilar, en Margarita, en un ambiente de secretividad que no augura nada bueno.

Edgardo Voitier, coordinador del FAC, ha insistido en que “queremos que el Gobierno le de un trato justo a la provincia de Colón”, y que es necesario que sean incrementados el porcentaje de ingresos provenientes de los puertos, del ferrocarril y otras empresas, a favor de la provincia de Colon.

Y aquí es donde todos se preguntan: ¿quien le pondrá el cascabel al gato?

Liberar a los presos

El dialogo ha iniciado, pero todavía permanecen en prisión y bajo procesos judiciales las personas que fueron capturadas durante las movilizaciones. Producto del Dialogo, apenas se ha formado una Comisión para estudiar el caso de los detenidos, cuando lo correcto es exigir la liberación inmediata de todos los detenidos, como condición indispensable para cualquier dialogo con el gobierno.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige la liberación inmediata de todos los detenidos, la anulación de los procesos judiciales, y que cualquier dialogo con el gobierno de Martinelli sea publico, para que el pueblo de la provincia de Colon y de todo Panamá, sepa que se discute y que se negocia, y que cualquier acuerdo debe ser sometido al referendo popular.

 

Por Emilio Young

El 17 de octubre del año 2012 se iniciaron sendas movilizaciones contra la privatización parcial de la Zona Libre de Colon (ZLC), quizás el más grande polo de movimiento comercial de la provincia de Colón, en la costa caribe de Panamá, donde anualmente se realizan transacciones por más de 30,000 millones de dólares.

Oleada de privatizaciones

La ZLC fue creada por el Decreto de Ley No. 18 del 17 de junio de 1.948, en una época en que el Estado jugaba un papel importante en la regulación de la economía. Desde sus orígenes, la ZLC es una empresa estatal.  Actualmente la ZLC es, después de Hong Kong, la segunda zona de libre comercio más importante del mundo.

Leer más…PANAMÁ.- Por una política independiente ante la venta de terrenos en la ZLC

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