Por Olmedo Beluche
De todas las medidas antipopulares que está imponiendo, o intentando imponer, el gobierno empresarial de Ricardo Martinelli, una de las más perversas es la pretensión de aplicar una lobotomía masiva a las próximas generaciones de panameños y panameñas con la Ley 407, por la cual se quiere borrar de una vez y para siempre los cursos de "Relaciones de Panamá con los Estados Unidos" de los programas de educación media. Esa ley, prohijada por la diputada Dalia Bernal, del oficialista Cambio Democrático, y con el silencio cómplice de los diputados de "oposición" (PRD incluido), a instancias del Ministerio de Educación, pasó los tres debates de la Asamblea Nacional en el más absoluto secreto, sin consultar opiniones de ningún sector académico, ni de la sociedad civil.
Los más burdos defensores de la Ley 407 alegan que, "ya que el Canal revirtió a manos panameñas y desaparecieron las bases militares y la Zona del Canal, ¿Para qué seguir con el curso de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos?". Claro, desde el punto de vista de quiénes están sacando provecho privado de una soberanía conseguida con la lucha colectiva y generacional del pueblo panameño: ¿Qué sentido tiene enseñarles a los jóvenes del siglo XXI que, si hoy pueden pasear por Amador o Balboa sin que se los impide un soldado yanqui, es gracias al sacrificio de la juventud que no dudó en ofrecer el pecho descubierto a la metralla imperialista el 9 de Enero de 1964?
¿Qué sentido tiene, para los pelechadores cuyos padres y abuelos soñaban con convertir a Panamá en un "estado asociado" del imperialismo norteamericano, seguir enseñando que el pueblo y la juventud en 1958 y 59 marchó a la Zonal del Canal enarbolando la bandera panameña pese a los arrestos y la represión? ¿Para quienes privatizan y regalan, exoneradas de impuestos, a empresas multinacionales las instalaciones de Clayton, Howard y Albrook, qué lógica va a tener hablarles a las futuras generaciones de la Federación de Estudiantes de Panamá y el Movimiento Antibases de 1947? ¿Por qué razón la oligarquía financiera panameña, que ha convertido las áreas revertidas y el Canal en una "zona" (sin gringos) pero controlada por ellos, sin que sus presupuestos sean discutidos con la sociedad y de cuyas ganancias sólo se benefician los bancos y empresas constructoras de la "ampliación", por qué (repito) van a querer que se siga hablando del "Incidente de la Tajada de Sandía" y de las más de cien intervenciones militares norteamericanas en el Istmo, con su saldo de muertos y heridos?
Otros todavía más perversos, intentan enmascarar sus intenciones con alegatos pretendidamente académicos señalando que ese curso es reduccionista y no permite una visión "holística" de la historia de Panamá, por lo cual es mejor encapsular (en un bimestre) sus contenidos dentro de un curso general de historia que abarque desde la época prehispánica, la colonia, el periodo "departamental" (unión a Colombia) y la fase republicana. Todo ello con las tradicionales metodologías memorísticas de nombres y fechas, tan odiosas para los estudiantes que gritan que mejor los torturen con el Teorema de Pitágoras. Así sobrará más tiempo para cursos más importantes desde la epistemología neoliberal, como inglés y computación, salpicados de rudimentos de gramática española y matemáticas elementales. Sin esos molestos profesores con pretensiones subversivas y dirigentes magisteriales, a quienes la ministra del "Opus Dei" se está encargando de botar, con una sonrisa en los labios. Hay que reconocer que la mujer no sabrá un ápice de pedagogía, pero sí de relaciones públicas aprendida en una universidad chilena, bajo el reinado de Pinochet y puesta en práctica por muchos años de trabajo para los dueños de Telemetro y TVN.
Es que, como diría nuestro maestro de epistemología del Doctorado en Humanidades, Jorge Núñez, la epistemología y por extensión la pedagogía, no nacen de la cabeza de ningún genio metodólogo o pedagogo, sino que hunden sus raíces en motivaciones sociales y, por ende, políticas. Por eso es que tanto la Ley 407, como el conjunto de reformas educativas de la ministra Lucinda Molinar, responden a los intereses de los grupos empresariales que controlan el Estado panameño y que gobiernan, no para un proyecto de desarrollo nacional, sino para un proyecto antinacional (diría Ricaurte Soler), de entrega y sometimiento a los intereses del capital transnacional. Proyecto antinacional que se impuso, no por casualidad, con la Invasión de 20 de Diciembre de 1989.
El curso de "Relaciones de Panamá con los Estados Unidos" responde a otra lógica epistemológica. El profesor Luis Navas (cuyo hermano Juan fue uno de los mártires del 9 de Enero, herido por la soldadesca yanqui en Colón, y luego asesinado en 1967 por el DENI y el gobierno oligárquico de Marcos Robles) explicó la historia del curso ante una asamblea de docentes universitarios: propuesto por primera vez en 1951, por el historiador Castillero Pimentel, miembro de Frente Patriótico, organización que dirigió la lucha contra las bases militares en 1947. La idea fue retomada por otro de los dirigentes de aquel movimiento, Carlos Iván Zúñiga, en 1963. Para finalmente, ser aprobada en 1973, cuando el régimen del general Omar Torrijos adoptó su carácter nacionalista y el objetivo de forzar a Estados Unidos a negociar un tratado del canal que suplantara al impuesto en 1903. Durante 20 años el curso fue obligatorio para todos los estudiantes graduandos de educación media y a nivel universitario.
Treinta años de gobiernos neoliberales, que empezaron con el régimen de Manuel A. Noriega, y más de 20 años de "democracia" post invasión norteamericana, no pasan por gusto. Una de las tantas víctimas del neoliberalismo ha sido el curso de "Relaciones de Panamá con Estados Unidos", el cual ya se había ido eliminando sigilosamente (de 16 bachilleratos vigentes, sólo se da en 4; y en la Universidad de Panamá sólo se da en las carreras que no han modificado sus planes de estudio últimamente; no hablemos de las privadas, donde hace mucho no existe). De manera que, la Ley 407 quiere ser el tiro de gracia que remate el recuerdo de cómo se forjó esta pequeña nación resistiendo las intervenciones extranjeras que han pretendido apoderarse de su principal recurso, la posición geográfica.
Como bien señaló el sociólogo Marco Gandásegui en la referida asamblea de docentes universitarios: la lucha por la defensa del curso de Relaciones de Panamá con Estados Unidos, es una lucha ideológica. Y como tal lucha ideológica, agregamos nosotros, es una lucha social y política; una lucha entre quienes quieren inducirnos a una amnesia colectiva para imponernos un país sometido a intereses imperialistas, y quienes defendemos un proyecto nacional soberano e independiente, que heredamos de las generaciones que nos precedieron.
Por ello, los gremios docentes que salen a defender a sus dirigentes injustamente despedidos y que enfrentan un modelo de educación neoliberal; junto a los sindicatos, a los indígenas, a los estudiantes, a los campesinos y profesionales que confrontamos la autocracia neoliberal de Martinelli y su gobierno, debemos levantar, al lado de todas las demás demandas económicas, sociales y democráticas, la defensa de nuestra memoria histórica recogida en el curso de "Relaciones de Panamá con Estados Unidos"

Por Olmedo Beluche

De todos los políticos tradicionales panameños, siempre tuve al Sr. Mario Galindo entre los más serios. Pero un reciente artículo suyo ("El fantasma del voto en plancha", La Prensa 27/7/12) me ha hecho dudar. El Sr. Galindo ha dicho, como si vivera en otro planeta: "No es ocioso recalcar que el sistema de votación que en Panamá se aplica en los circuitos plurinominales no está diseñado para favorecer a los llamados partidos políticos grandes,.., sino por el contrario, para procurar que los pequeños, o los candidatos independiente, accedan al Órgano Legislativo, en desmedro de los partidos grandes".

El problema del Sr. Galindo es que lee las leyes pero no las contrasta con la realidad concreta. Señor Galindo: ¿Cuáles son esos candidatos de partidos "pequeños" y candidatos independientes que han accedido a la Asamblea mediante el voto en los últimos años? ¿Quiénes representan las propuestas independientes o partidos nuevos o "pequeños" en la Asamblea? Ninguno. Porque cada vez hay menos partidos y los que hay, al igual que los que salen electos son "los políticos de siempre". De los dos "independientes" electos en 2009, que ya perdieron esa calidad, uno es un gamonal de pueblo que ha salido electo en su circuito bajo varios ropajes, y la otra era una disidencia del PRD.

Contrario a lo afirmado por el Sr. Galindo, el sistema electoral panameño es de los más antidemocráticos de América Latina y del mundo. Está construido para que el menú electoral se mantenga cerrado y no puedan participar quienes puedan poner en peligro el control de los grupos económicos dominantes que ponen plata en todos los partidos y juegan a ganador. ¿Por qué no hacen públicas las listas de donantes y los montos? En contra de esa propuesta se unieron todos los partidos, oficialistas y de oposición. ¿Por qué Martinelli gastó 19 millones y Balbina 9 millones de dólares en las elecciones del 2009? ¿De donde salió esa plata? Seguro que no sólo Murcia puso maletines. Ni hablemos de que un candidato a diputado o alcalde, que no gaste al menos un cuarto de millón, ni siquiera lleva chance.

La trampa empieza desde los requisitos para inscribir una candidatura, que en Panamá es del 4% de adherentes del respectivo circuito (para candidatos independientes a la Asamblea) y a nivel nacional para registrar un partido político. El promedio exigido en América Latina para inscribir partidos no supera el 0,5% de los electores. Hablando en términos absolutos, hoy, de un padrón electoral de 2 millones 200 mil votantes, se exigen más de 64,000 adherentes para inscribir un partido político, cifra que supera a  Colombia con 25 millones de electores y a México con más de 80 millones.

Ni hablemos de que los partidos "grandes", como los llama don Mario, han creado una cultura corrupta en torno a la búsqueda de adherentes que se basa en dinero, regalos o favores políticos. Claro, si hacemos como don Mario, y sólo leemos la ley, creeremos que esto no pasa porque está prohibido y penado, pero a cada rato salen noticias en los medios, sin que las Fiscalía Electoral haga nada. Camine por cualquier barrio y sabrá la filosofía política popular que se maneja: "si no hay plata, ni sueñes en postularte".

No gastemos espacio en reiterar lo que ya se ha denunciado hasta la saciedad: que los partidos nuevos no pueden inscribir con libros móviles, ni siquiera con estacionarios todo el año, como sí pueden los partidos oligárquicos; que el Tribunal Electoral procede de manera arbitraria a borrar adherentes en la llamada "depuración" sin que justifique a quién ni por qué le anuló su firma, etc.

Agreguemos que las candidaturas independientes han sido conquistas recientes, dado el descrédito creciente del sistema y que los partidos y los Magistrados del Tribunal Electoral se han resistido porque les descuadra la cosa. La candidatura presidencial independiente, se logró tres días antes de las elecciones de 2009, cuando la Corte Suprema señaló que el Tribunal Electoral violaba la Constitución al impedirla. Y eso gracias a una demanda que interpusimos desde la campaña "Jované Presidente". Porque el ideal del sistema antidemocrático panameño es que la votación se dirima entre dos candidatos de la oligarquía, y un tercero (a lo sumo) sin opciones reales, como pasó en 2009.

Si alguna propuesta tiene la dicha de pasar todo ese filtro (que no ha sido superado por ninguna propuesta de extracción social popular o de capas medias en 20 años) se topa con el propio proceso electoral. Para empezar, el país está dividido en un exceso de circuitos uninominales (como reconoció el PNUD en 2010) que le permite a los gamonales salir electos en el interior y tener un peso exagerado sobre la Asamblea.

En los circuitos plurinominales, la realidad es la contraria a la señalada por el Sr. Galindo, ya que sistemáticamente se viola el derecho a la representación de las minorías. Galindo aporta un ejemplo falso, porque es muy difícil que un candidato independiente pueda quedar segundo en un circuito plurinominal ante las maquinarias millonarias de los partido empresariales. Así que los cocientes y medio cocientes van a parar a manos de los partidos de siempre. Los residuos, que debieran tocar a los independientes o "pequeños" para garantizar la voz de las minorías, como reconoce al final el Sr. Galindo, se le regala al partido más votado para que acumule más diputados. Muchas veces ha sido denunciada la sobre representación, en especial del PRD, que logra más diputados que los votos proporcionales obtenidos.

En lo que sí concuerdo con el Sr. Galindo es que en Panamá no hay voto plancha, si no voto selectivo. Es decir, el elector puede votar por la nómina completa en el orden en que fue presentada por el partido, o elegir a un candidato en particular, favoreciéndolo contra los demás de su partido, al margen de qué posición ocupe en la lista. Este método selectivo significa el canibalismo político y favorece a los gamonales por encima de la estructura partidaria, o sea, el candidato que tiene más plata puede ganarle la elección a los compañeros de nómina, incluso aunque en las primarias haya quedado por debajo.

Aunque al Sr. Galindo, ni a Cambio Democrático (y sospecho que tampoco al PRD y al Panameñismo) les guste el voto plancha, como el español, ese sistema es más racional porque fuerza a los electores a votar por programas partidarios y no por personas. Eso no le conviene a los gamonales de la política panameña y menos al CD, que ahora se ha llenado de tránsfugas que tendrán que competir entre sí a ver cuál sale.

Respecto a las reformas al Código Electoral que discutió la Comisión de Reformas (CNRE) en 2010, y que parió un ratón, porque sus propuestas son bastante tímidas, se quiere llevar a la opinión pública a dos posiciones igualmente falsas: que no haya ninguna reforma ahora y que las elecciones de 2014 se den con las mismas reglas antidemocráticas del 2009 (como proponen los Magistrados y los partidos de oposición) o que haya una reforma manipulada a la medida de Martinelli y el CD.

Desde el Movimiento Popular Unificado (MPU) hemos dicho que ni una, ni otra. Las organizaciones populares, sindicales, indígenas deben incorporar a su lucha la plena democratización del sistema electoral ya. No se trata de rogarle nada a los diputados, hay que salir a las calles a exigir la derogación total de las reglas antidemocráticas del Código Electoral para que desde el pueblo puedan presentarse candidaturas y propuestas distintas a los partidos repudiados de ambos bandos.

Quedarnos con las normas de 2009, es favorecer al PRD y el Panameñismo, y mantener cerrada la puerta a nuevas alternativas. Pedirle a la Asamblea que legisle a su antojo, es regalarle a Martinelli la oportunidad para su reelección inmediata, que es lo que anda buscando, sin que tampoco se abra ninguna puerta a una alternativa popular independiente. Es necesario romper en las calles el régimen político antidemocrático para imponer una convocatoria inmediata a ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

En función de ese objetivo, y cualquiera que sea la situación en las próximas elecciones, es necesario la creación urgente de un FRENTE O MOVIMIENTO unitario, popular e independiente que exprese la voluntad de cambios que el pueblo panameño anhela. La única garantía de que esa alternativa no sea un fracaso ES QUE ESTÉ ENCABEZADA POR LOS DIRIGENTES DE LAS LUCHAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, dentro de los cuales el movimiento indígena panameño debe tener una parte importante, incluyendo a la cacica Silvia Carrera, en nombre de los más oprimidos entre los pauperizados panameños.

Por Emilio Young

Panamá acaba de vivir una semana de intensa lucha política en las alturas y en las calles. En un contexto de crecientes luchas de los trabajadores (luchas indígenas, sector salud, magisterio, construcción, etc) el autoritarismo de Ricardo Martinelli, choca abiertamente con esa dinámica democrática de las luchas sociales, y con las aspiraciones de la oposición burguesa que quiere retomar el control del Estado.

Los planes releccionistas de Martinelli, suavemente tejidos, acaban de sufrir una dura derrota.

Por Olmedo Beluche

La década de 1940 se caracterizó por una gran inestabilidad política y una lucha a muerte entre las diversas fracciones de la burguesía por el control del aparato del Estado panameño. Esa crisis política es una continuación de un proceso conflictivo iniciado desde la segunda mitad de los años 20, con el fraccionamiento del Partido Liberal (chiaristas y porristas), el Golpe de Acción Comunal y las disputas electorales de 1932, 1936 y 1940.

El telón de fondo de la inestabilidad política, era la transformación profunda de las estructuras económicas de la sociedad panameña. La burguesía comercial – importadora, que había controlado al país desde 1903, y su forma de acumulación rentista, concentrada en extraer plusvalía del alquiler habitacional para los obreros del canal se agotó (Huelga Inquilinaria de 1925). La decadencia de este sector se reforzó con la crisis mundial de 1929, que se extendió hasta los años 30. Esa crisis va a dar origen a un nuevo sector, basado en la producción industrial para el mercado interno impulsado por los Tratados Arias – Roosevelt (1936), que abrieron el mercado de la Zona del Canal a la producción nacional de carne de res y cerveza.

Las disputas sangrientas entre liberales y “arnulfistas” (panameñistas), durante la década del 40, son una disputa entre dos fracciones de la clase dominante y dos modelos de país, pero no se expresaban como proyectos diáfanos, sino que a menudo se entrecruzaban intereses personales y económicos que hacen confuso el panorama.

En el liberalismo, y sus diversas fracciones, se encontraban tanto los viejos sectores comerciales-importadores  (oligarquía), como la naciente burguesía industrial, que fue adquiriendo cada vez más peso. Este último sector, estaba representado por el Partido Liberal Nacional de Chiari, que se impondría finalmente; mientras que los sectores decadentes se expresaban a través del Liberal Renovador (Pancho Arias), el Liberal Doctrinario (Domingo Díaz), el liberal Demócrata (Enrique A. Jiménez).

Entorno a Arnulfo Arias, se agrupaban sectores conservadores del interior, con el apoyo de capas medias y populares, que expresaban un imaginario político antinorteamericano (nacionalista) pero defendiendo un país más bien agrario que moderno. En esas disputas, la izquierda panameña, constituida por socialistas (Demetrio Porras), comunistas (Hugo Víctor) y el Frente Patriótico de la Juventud (Jorge Illueca y otros) actuarían en las coyunturas claves como aliados de los liberales contra Arnulfo Arias, en quien veían a un fascista en ciernes.

La lucha entre liberales y arnulfistas se desenvolvió a lo largo de la década en dos momentos: el primer lustro, caracterizado por un auge económico gracias a la guerra y a la proliferación de bases norteamericanas; y un segundo lustro de crisis económica y fiscal.

La primera fase empieza con el Golpe de estado de 1941 contra Arnulfo Arias, en el que coaligaron la oligarquía tradicional (liberal), los norteamericanos y la cúpula de la Policía Nacional (José A. Remón Cantera), la cual empezaba a actuar como árbitro en los conflictos. Pero el golpe no saldó la situación, pues el gobierno de Ricardo Adolfo De la Guardia, se movía entre dos aguas, sufriendo conspiraciones tanto arnulfista como liberales, unos deseando el retorno del Líder y otros exigiendo barrer a los ministros que quedaban de su gobierno.

En una jugada para evitar que la Asamblea Legislativa lo sacara del poder, De la Guardia pactó una Junta de Gobierno compartida con Francisco Arias Paredes y Domingo Díaz, y convocó la Asamblea Constituyente en 1945. Pero la fracción arnulfista de la Asamblea designó a Jeptha B. Duncan como Presidente encargado. La Policía Nacional saldó la situación apoyando a De la Guardia, teniendo que exilarse en la Zona del Canal el Sr.  Duncan .

La elección de la Constituyente tampoco canceló la crisis pues la alianza liberal se escindió a la hora de nombrar al Presidente Provisional, entre los que apoyaban a Eduardo Chiari (Liberal Nacional, Conservador y Nacional Revolucionario) y la fracción que se impuso en torno a Enrique Jiménez (Liberal Demócrata y Doctrinario de Domingo Díaz).

Promulgada la Constitución en 1946, la siguiente crisis se produce porque Jiménez se niega a dejar la Presidencia Provisional y convocar elecciones. Hubo un intento de la Asamblea Legislativa de sacarlo, pero nuevamente la Policía Nacional decide a favor de éste, que gobernó hasta las elecciones de 1948.

Las elecciones de 1948 son una continuación de la crisis, quedando marcadas por la violencia y el fraude. Arnulfo Arias vuelve a ser candidato confrontado por una alianza liberal encabezada por Domingo Díaz, Daniel Chanis y Roberto Chiari. Como pasaban semanas y no se proclamaban los resultados electorales se abrió una crisis teñida de movilizaciones callejeras y enfrentamientos sangrientos. En esas circunstancias, la Asamblea Nacional intenta destituir a Enrique Jiménez y suplantarlo por Herique de Obarrio, el 12 de julio. Pero nuevamente, Remón inclina la balanza hacia la fracción gobernante que proclama a Domingo Díaz ganador.

Díaz gobierna un año, hasta que muere en agosto del 49, cuando es reemplazado por el primer vicepresidente Daniel Chanis, quien gobierna en medio de una gran crisis económica. En este momento se rompe la alianza gobernante en medio de la disputa por el control del matadero, que vendía carne a la Zona del Canal,. Se acusa a Remón Cantera y al Partido Liberal Doctrinario de controlar diversos negocios, como el matadero, en desmedro de otros productores.

El 19 de noviembre de 1949, en medio de una gran conmoción nacional, Chanis le exige la renuncia a Remón, pero éste se encierra en el Cuartel Central y, a su vez, exige la renuncia de Chanis bajo a menaza de sacarlo a la fuerza. Pero la Asamblea no aceptó la renuncia de Chanis. Por lo cual, de manera inusitada, Remón pacta con Arnulfo Arias y el 25 de noviembre, la Junta Electoral hace un “recuento de actas” reconociéndolo como Presidente.

Arnulfo Arias gobernó desde noviembre del 49 hasta mayo del 51, aduciendo que cargaba en su bolsillo la renuncia de los comandantes de la Policía, pero nunca la hizo efectiva. El final de su gobierno llegaría acicateado por una gran crisis fiscal, en la que se rumoraba respecto a la crisis de los bancos estatales. Como intento de saldar la situación emitió el 7 de mayo de 1951 un decreto por el cual suspendía la Constitución de 1946 y restituía la del 41, declaraba la suspensión de las garantías individuales, y arrestaba a numerosos opositores.

Las protestas estallaron, hubo violencia en las calles, y una marcha popular terminó en el Cuartel Central pidiéndole a Remón que depusiera a Arias. Pese a que el 9 de mayo el presidente derogó el decreto, no se evitó el sangriento Golpe de Estado del 10 de mayo. Alcibíades Arosemena asumió la presidencia, creándose así las condiciones para que José A. Remón Cantera pasara de árbitro de conflictos por una década a actor central del gobierno panameño, presentando la Coalición Patriótica en las elecciones de 1952.

Aunque el gobierno, autoritario y macartista, de Remón impuso por la fuerza cierta paz social durante tres años, su asesinato y las conmociones políticas posteriores, indican que las diputas no desaparecieron sino que quedaron adormecidas por breve lapso. En este proceso, adquirió un peso cada vez mayor del sector que impulsaba la industrialización sustitutiva, el más modernizante de la burguesía, pues se apoyaba en el modelo de capitalismo impulsado desde Estados Unidos  a mediados del siglo. Este sector se expresaba principalmente a través del Partido Liberal Nacional.

Sin embargo, las disputas interburguesas por el control del Estado panameño persistieron a lo largo de los años sesenta, saliendo a flote en las coyunturas críticas: fraude electoral de 1964 y en la crisis de 1967-68.

Esta última marcó una nueva ruptura de la fracción gobernante, expresada en el rechazo del conjunto de la oligarquía a la reforma tributaria del candidato presidencial David Samudio (del PLN). Razón por la cual, fracasado el intento de deponer a Marcos Robles, padrino electoral de Samudio, la oligarquía optó por pactar con su enemigo histórico, Arnulfo Arias, siguiendo un esquema parecido al de Remón Cantera en 1949. Las disputas interburguesas no se resolverían hasta el Golpe de Estado de octubre de 1968.

Referencia

1. Pizzurno, P. y Araúz, C. Estudios sobre el Panamá republicano (1903-1989). Manfer, S.A. 1996.

2. Beluche, O., y Quintero, A. I. Los partidos políticos en Panamá, décadas de 1930 y 1940. En: www.kaosenlared.net/noticia/partidos-politicos-panama-decadas-1930-1940-parte-i.