Prof. Raúl González R.

Era un día normal de vacaciones y esa mañana de julio de 1981, asistí al comedor de la Facultad a desayunar. Había culminado exitosamente el año académico, por lo que posiblemente para esta misma fecha del próximo año, estaría de vuelta en casa, Panamá, luego de culminar exitosamente los 6 años de estudios de la carrera de derecho en la Universidad Amistad de Los Pueblos Patricio Lumumba, Moscú, Unión Soviética, a cual ingresé en agosto de 1976.

De regreso a la residencia estudiantil, el 5 bloque, se me acercó Carlos, un amigo de Angola y muy serio me dio el pésame, por lo ocurrido en mi país. No me explicó de qué se trataba, por lo que pensé que era una broma. Más adelante otro amigo del Congo me transmitió su pesar, pero tampoco me dio explicaciones. Finalmente Flavio, el compañero de Angola, muy amigo de los panameños, me explicó que había escuchado en la radio que el general Torrijos había muerto en un accidente aéreo en Panamá, por lo que de inmediato pensé que algo trágico pasaba en mi distante y recordada Patria.

Al llegar a la habitación, inmediatamente sintonicé la radio, la cual efectivamente informaba de la trágica noticia y las extrañas circunstancias que rodearon el accidente, no descartando la participación de la CIA, en dicha inesperada muerte. Pronto llegaron otros compañeros panameños preocupados por los acontecimientos y se desarrolla un intercambio de opiniones al respecto. No había duda alguna que los más interesados en la muerte del general Omar Torrijos, eran los sectores más conservadores de E.U. y sus aliados internos de Panamá. Y es que en esos cinco años de estadía en la Unión Soviética, habíamos palpado la admiración que sentían muchos extranjeros, especialmente los latinos, por la actitud del general Torrijos de encabezar la lucha nacionalista del pueblo panameño por el ejercicio pleno de Panamá en todo su territorio, incluyendo la antigua zona del canal.

Fuimos fieles testigos de las diversas expresiones de solidaridad de los pueblos hermanos con quienes tuvimos oportunidad de compartir, con la lucha del pueblo panameño por su liberación nacional y la expulsión del enclave colonial de nuestro territorio.

Recuerdo aun, pese al tiempo que ha transcurrido, algunas de las imágenes del documental sobre Panamá, La Quinta Frontera, de producción cubana, proyectada en la Casa de la Amistad de Moscú y en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, que reflejaba la historia de la nación panameña, víctima de las políticas expansionistas del coloso del norte y los anhelos de libertad y soberanía, por los que se había derramado sangre valiosa, sobre todo de la juventud panameña.

Ese documental, cuya presentación se hizo posible gracias al apoyo solidario de la Embajada de Cuba en Moscú, encabezada por su embajador, compañero Severo del Cristo Aguirre miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien personalmente expresó su solidaridad con las luchas de los pueblos latinoamericanos por su liberación nacional, especialmente por la causa panameña, fue de gran utilidad para divulgar las aspiraciones de los panameños, de contar con una patria libre y soberana. En lo personal, considero que la fuerzas patrióticas deben rescatar dicho documental, pieza de incalculable valor histórico, para presentarlo a las nuevas generaciones, que desconocen la historia de este país y para refrescarle la memoria a quienes han sufrido amnesia clasista, sobre todo a aquellos que sostienen que "los tiempos han cambiado".

En torno a la muerte misteriosa, se presentaron algunas denuncias de panameños allegados al general Torrijos, entre ellos Hugo y Moisés Torrijos, hermanos de Omar, para quienes no hubo tal accidente, es decir, que hubo mano criminal, por lo tanto exigían una investigación profunda para determinar las verdaderas causas y responsables de la muerte de quien encabezó a ese grupo de panameños que obligaron a Estados Unidos a firmar los tratados que devuelven la soberanía a y el canal de Panamá, a su único y verdadero dueño, el pueblo panameño.

Como sabemos ningún gobierno panameño, posterior a la muerte de Torrijos, se interesó en entrar en contradicciones con Estados Unidos, mucho menos a investigar ningún caso que llegase a crear algún tipo de malestar a los “amos del mundo, Estados Unidos”.

Cuando la dirigencia del PRD, que ya había logrado acabar con parte del proyecto Torrijista, decidió postular a Martin Torrijos, miles de panameños creyeron que se trataba del retorno del torrijismo y la oportunidad de que un gobierno de Panamá, investigase hasta las últimas consecuencias la muerte del general Torrijos y quien mejor para ello, que uno de sus hijos.

Más pronto de lo imaginado el propio Martin Torrijos, electos con los votos de su padre, quien no había hecho mérito alguno para ocupar la presidencia de la república, se encargó, por sus acciones, de demostrar que la cúpula del Partido que fundó su padre, no sólo se había apartado del ideario Torrijista, sino que tampoco estaba interesado en investigar muerte de su padre. Sus planes eran otros, aprovechar su estadía en la presidencia de la república para beneficio personal y de sus amigos, acrecentar sus bienes, aun a costa del pueblo panameño.

El gobierno neoliberal de Martin fue tan dañino al pueblo, como el del Toro Balladares, por eso llama la atención que para mañana domingo, cuando se conmemora un aniversario más del fallecimiento del general Torrijos, designen a Martin Torrjos como el principal orador, como si el pueblo fuese ignorante y olvidase tan pronto el pésimo gobierno realizado por quien era llamado a rescatar la imagen, investigar y perseguir a los responsables de la muerte de su padre y corregir las medidas antipopulares aplicadas por los gobiernos anteriores. Pero tan mal anda el PRD, que ya nada nos debe extrañar.

Que esta experiencia le sirva de ejemplo al pueblo, es una prueba más de que los partidos tradicionales, incluyendo al PRD, no representan ni defienden los intereses del pueblo panameño, por lo que debemos organizarnos para crear nuestro propio proyecto político y en el 2014 contar con candidatos y programas que permitan, a los sectores populares y fuerzas patrióticas y progresistas, llegar al poder para establecer un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con justicia social y una distribución equitativa de las riquezas. Para que se investigue no sólo la muerte de Omar Torrijos, sino también la de todos los panameños o panameñas cuyas muertes no han sido aclaradas, así como las muertes y desaparecidos de la cobarde invasión de 1989 y exigir al gobierno de Estados Unidos que responda por las muertes y daños materiales causados a Panamá.

Por Olmedo Beluche

En julio el ministro banquero “panameñista” de Economía, Alberto Vallarino, dio a conocer sus ajustes al ya conocido y repudiado Plan Quinquenal, publicado el año pasado. Los planes de Vallarino, el presidente Martinelli y su combo es en grande: obras faraónicas que elevarían el presupuesto gubernamental hasta los 14,000 millones de dólares en 2012 (en 2009 no llegaba a 11,000 millones).

La base de este fastuoso presupuesto es: un alto endeudamiento público que el próximo año llegaría a 12,525 millones de dólares, en 2014 superaría los 14,000 millones y en 2015 le quedaría al próximo gobierno una deuda de, al menos, 15,307 millones de dólares. Desde que asumió, hace dos años, Martinelli aumento la deuda pública en 2,000 millones.

Esta deuda no contabiliza los 5,000 millones, por lo menos, que cuesta la ampliación del Canal de Panamá y que éste y el gobierno anterior han sacado de la contabilidad pública. Deuda que tampoco contabiliza a algunas empresas estatales que por ser autónomas, Vallarino ha inventado que sus presupuestos no entran en las finanzas estatales, como: el Aeropuerto de Tocumen, y la empresa que administrará los corredores Norte y Sur, una vez que se concrete la estafa de su “nacionalización” por la bicoca superior a los 1,000 millones de dólares, entre otras.

Alto endeudamiento que no se detiene pese al fuerte incremento de los impuestos realizados por varias reformas fiscales de Vallarino (Que han producido ingresos por más de 2,500 millones de dólares este año) y que golpean los ingresos de las familias de capas medias, la pequeña y la mediana empresas. Aumento del endeudamiento público, que todos los panameños deberemos pagar, pese a los crecientes aportes del Canal de Panamá al gobierno central que deben promediar de aquí a 2014 los 950 millones de dólares anuales.

Este presupuesto fastuoso se invierte en obras megalómanas cuyos beneficiarios directos son empresas directamente relacionadas con el Presidente Martinelli, sus ministros y sus socios. Un ejemplo; El diario La Estrella (29/7/11) denuncia que Juan Carlos Fábrega Roux, socio del ministro Vallarino en el banco Prival y en el hotel Bristol Buenaventura, financia una de las islas artificiales concedidas a la empresa ICA (Corredor Sur) y a la vez es directivo de la estatal Empresa nacional de Autopistas, que compra dicho corredor. Es decir, juez y parte beneficiada. Porque el criterio es a decir de un reciente decreto de Martinelli, una sociedad “público-privada”, que bien traducido significa “deuda pública beneficios privados”. O, como diría él: “entran millonarios y salen multimillonarios”.

Estas obras e inversiones públicas no están mejorando el nivel de vida del pueblo panameño, pero los costos recaerán sobre sus bolsillos. Además, el alto ritmo de crecimiento tiene un efecto secundario nefasto para los asalariados, que los economistas llaman “recalentamiento”, es decir, alta inflación de los precios. Inflación que en lo que va del año ha superado el 6 por ciento. Que se expresa en un encarecimiento inusitado del canasta básica alimenticia (sobre los 15 balboas este año) y del costo de la vivienda en todo el territorio nacional, en especial en el área metropolitana de Panamá.

Ante los cuestionamientos de algunos sectores, Vallarino y Martinelli han sostenido que ese alto endeudamiento no es problema porque la relación deuda/PIB está bajando. Es decir, que mientras haya crecimiento económico, no hay problema con endeudarse, según ellos. Y aquí entra la lógica agiotista de Vallarino que proyecta que la economía panameña seguirá creciendo a pasos agigantados hasta 2014 para alcanzar los 40,992 millones de dólares, desde los 26,700 millones en que se encuentra en 2011, es decir, 14,292 millones más o un incremento relativo del 53%!!!

El problema del “optimismo” a costa ajena de Vallarino es que, salvo Dios (si existe), nadie puede predecir el ritmo real de crecimiento de la economía capitalista en los próximos años. Y, más bien, las estimaciones internacionales, de la cual depende la economía panameña, son negativas. En este momento la Unión Europea y el propio gobierno de Estados Unidos están sumidos en la incertidumbre financiera justamente por el alto endeudamiento de sus estados, el cual amenaza con un “default” (o incapacidad de pagar) que puede llevar a la debacle al euro a partir de la crisis económica que se abate en países como Grecia, Irlanda, Portugal, España y la propia Italia. Esto se está traduciendo en un alza de los intereses bancarios que, sin duda, incrementarán todavía la abultada deuda panameña.

Si se produjera el peor escenario, una nueva recaída económica en Europa y EE UU, peor que la de 2008, todos los planes de Alberto Vallarino se caerían como castillo de naipes. Y lo peor es que las consecuencias las pagaría el pueblo panameño con mayores recortes sociales, privatizaciones y cargas impositivas. El que no lo crea que mire lo que está pasando en Europa: los banqueros causantes de la crisis ahora quieren que los estados como Grecia o España paguen la deuda a costa del despido de miles de empleados públicos, la rebaja de los salarios de éstos, el alto desempleo, el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años de edad, más privatizaciones, etc.

Ese es el futuro que nos espera si no detenemos el alocado endeudamiento público a que nos someten el banquero Vallarino y el comerciante Martinelli en beneficio de ellos y sus empresas. En realidad, bajo el capitalismo los asalariados no tienen futuro, ya que cuando hay crecimiento económico el flujo de la riqueza no gotea para abajo, y cuando hay crisis la pagan los trabajadores.

Por Olmedo Beluche

Desde el gran movimiento magisterial de 1978-79, todos los gobiernos y sus ministros de Educación, de la dictadura y de la “democracia”, han tenido una política sistemática frente a los gremios docentes: tratar de desacreditarlos y destruirlos. Unos mediante la cooptación de los dirigentes, como los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Balladares. Otros con amenazas y represión. Todos han fracasado en ese intento. La actitud de la actual ministra, la periodista Lucy Molinar, es más de lo mismo. Cuando los gremios le piden diálogo sobre la reforma curricular y las otras políticas educativas, la respuesta del ministerio es que los dirigentes están “politiqueando”.

La señora ministra no acepta nada que venga de los gremios docentes. Primero porque supuestamente nunca han presentado una propuesta de reforma curricular. Pero cuando le presentan un documento construido con datos emanados del propio ministerio, entonces supuestamente “los datos están mal” o hay una “agenda oculta”. Cuando los gremios a inicios de su administración, quisieron discutir la reforma curricular, se salió con un aumento salarial escalonado y, cuando éstos quisieron discutir el aumento, es que “ellos sólo piensan en plata”. La cosa es como en galeras: “palo por que boga, y palo porque no boga”. Y, como este gobierno es hábil manejando los medios de comunicación y manipulando la conciencia de los incautos, se procura manchar a todo el colectivo con el escándalo de los diplomas falsos y los abusadores sexuales, que involucra a una minoría de manzanas podridas, pero hay que dar la impresión de que la cosa es generalizada.

Señora ministra, en esencia lo que los gremios le piden es: DIÁLOGO. ¿Cuál es el problema? ¿O usted cree que la Educación se puede manejar como el ejército, impartiendo órdenes y obedeciendo? ¿No era usted civilista y demócrata? Claro que un diálogo tiene sus riesgos, porque seguramente los gremios dirán algunas cosas que no serán del agrado de la ministra y el gobierno de comerciantes y banqueros.

¿Qué es lo que no quiere oír el Ministerio de Educación? Primero, que la crisis de la Educación no es culpa de los educadores. La crisis educativa es un elemento más de la crisis social y económica que se abate sobre el mundo y sobre Panamá, gracias a 30 años de políticas neoliberales impuestas por agencias internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, entidades de donde proviene en realidad la propuesta oficial de reforma curricular. No es culpa del docente si la mayoría de los alumnos de la escuela pública proceden de hogares en pobreza, muchos de los cuales con las “pailas están volteadas”, con alumnos desnutridos, de barrios pobres y sumidos en la violencia y la criminalidad. No es culpa de los educadores si el sistema educativo pierde un alto porcentajes de estudiantes de la “media” que emigran a trabajar a la construcción o, lo que es peor, a las pandillas.

Segundo, tampoco es cierto que, en general, la educación privada sea superior a la pública. Si los alumnos de algunos colegios privados tienen en promedio mejores niveles académicos es porque sus familias tienen mejores niveles de vida que el promedio de los alumnos que acuden a la escuela pública. Múltiples estudios prueban esa relación: nivel de vida educativo como directamente proporcional a nivel de vida. Así que lo principal que hay que hacer para mejorar el nivel educativo, es mejor el nivel de vida del pueblo. Pero eso molesta a los políticos, pues tendrían menos para embolsillarse del erario público.

Tercero, que los propios educadores son víctimas de la desigualdad social que impone el modelo económico vigente. Los educadores, pese a la alta formación académica que poseen en promedio, forzada por el sistema del “puntismo” que prevalece, también sufren el alto costo de la vida, también sufren la crisis del transporte y el aumento del pasaje, también viven en los barrios marginales con los mismos problemas sociales que tienen las familias de sus alumnos. ¿Qué más sacrificios les van a pedir, si ya, pese a todos esos problemas, se sacrifican atendiendo esmeradamente a más de 30 alumnos por salón? Ni hablemos de los sacrificios de los maestros de las “áreas de difícil acceso” y los que atienden las desastrosas escuelas “multigrado”, o las que siguen sin mobiliario adecuado, con fibra de vidrio, sin celadores, sin trabajadores manuales.

Cuarto, que no es cierto que el desempleo se deba a los obsoletos planes de estudio. El desempleo es un mal congénito al sistema capitalista y lo padecen incluso las potencias con los mejores sistemas educativos, como Estados Unidos y la Unión Europea. El desempleo es una treta de los capitalistas para deprimir los salarios. Así que en Panamá nadie se queda sin trabajar porque haya estudiado “Relaciones de Panamá con los Estados Unidos” o Filosofía. Por eso, tampoco es cierto que el desempleo desaparecerá con una reforma curricular que elimine las “Humanidades” y las reemplace por cursos de inglés y manejo de computadoras. Lo que no quiere decir que no se deban impartir esos cursos, pero no quiere decir que deba hacerse a costa de la Historia.

Por esas cuatro razones, señores padres de familia, no se dejen engañar ni usar como un instrumento contra los docentes. Los educadores no son sus enemigos, por el contrario, ellos al igual que los padres de familia desean una mejor educación para sus hijos, pues no hay mejor recompensa para los sacrificios de un docente que ver a sus alumnos convertidos en profesionales y ciudadanos cabales. Señores padres de familia, junto a los docentes, exijan a la ministra una sola cosa: DIÁLOGO.

Por Olmedo Beluche

El sistema político electoral panameño hace aguas por todos lados y empieza a hundirse. Cada día queda más claro ante la ciudadanía que, aunque cada cinco años acudimos a las urnas, estamos ante un modelo político completamente antidemocrático. La crisis se expresa bajo diversas formas.

Estamos ante un Código Electoral elaborado bajo el régimen militar cuyo objetivo era establecer una “democracia” controlada. El cual tuvo diversas reformas a partir de la invasión norteamericana de 1989, pero que siempre mantuvo como norte que el aparato estatal no saliera de las manos de un reducido número de políticos y sus dos partidos fundamentales.

Este Código Electoral, mediante diversos mecanismos tramposos, ha impedido sistemáticamente el surgimiento y consolidación de partidos políticos alternos. Y no nos referimos, sólo a nuestro caso, la última experiencia del Partido Alternativa Popular, sino a la decena de partidos construidos por sectores profesionales y de capas medias que han tenido una vida efímera en estos 20 años, o que ni siquiera pudieron constituirse como tales. En el juego político sólo cupieron partidos alternos impulsados por algunos multimillonarios para hacer de comparsas del PRD y el Panameñismo a la hora del reparto de la “papa”.

A lo cual podemos agregar el fracaso objetivo de la libre postulación a diputados dadas las trabas impuestas; a la corrupción generalizada de la compra de firmas, mediante dinero, especie o promesas de empleos públicos (que ningún funcionario del Tribunal Electoral ignora); o a la repartición antidemocrática de los residuos, que debiera garantizar la representación de las minorías, pero que le ha dado una sobre representación histórica al PRD; el absurdo de que la mitad del electorado esté inscrito en partidos con los que no guarda ningún compromiso ideológico. Para no mencionar otras “bellezas”.

Es probable que el sistema finalmente se hunda con un presidente que no es garantía de estabilidad ni para la propia plutocracia panameña, sin control parlamentario.

Las elecciones de 2009 y el paroxismo de los escándalos y la corrupción

Las elecciones generales de 2009 fueron el reflejo de la crisis del sistema político electoral panameños. El escándalo más sonado que sacudió las elecciones fue el del candidato a alcalde de la ciudad de Panamá, Bosco Vallarino, quien se nacionalizó en Estados Unidos y ejerció aquella ciudadanía en 1996, votando en Miami Dade. La Constitución Política panameña es clara al señalar que adquirir otra nacionalidad implica una renuncia tácita a la panameña, lo cual suspende los derechos de ciudadanía.

La violación flagrante de la ley electoral y de la Constitución nacional fue premiada no sólo con el voto mayoritario, sino con una ley le devolvía a Vallarino su ciudadanía panameña “con carácter retroactivo”.

En 2009 tuvimos un panorama electoral completamente desacreditado, si sumamos este escándalo el que se produjo cuando el otro aspirante a la alcaldía capitalina, el oficialista Roberto Velásquez, admitió haberse reunido con David Murcia Guzmán (Grupo DMG), acusado en Colombia de lavado de dinero, aunque negando haber recibido 3 millones de dólares para su campaña. Con lo cual los dos principales aspirantes a regentar la ciudad de Panamá quedarían marcados bajo el signo de la duda.

Todavía es peor la situación ya que los dos principales aspirantes a la Presidencia de la República, Balbina Herrera y Ricardo Martinelli, fueron investigados por la Procuraduría en relación al “caso Murcia”. Una, bajo sospecha de haber recibido donaciones ilegales y el otro bajo sospecha de haber comerciado con el grupo DMG, acusado de lavado de capitales. Denuncias posteriores aseguran que la campaña del presidente Martinelli sí habría recibido un donativo de Murcia, aunque supuestamente fue devuelto.

¿Cuáles deberían ser los objetivos de una reforma electoral democrática?

El objetivo fundamental a lograrse con las reformas es ampliar la participación ciudadana en la política nacional. Porque el sistema actual fue construido bajo el régimen militar y emparchado en “democracia”, pero bajo un pacto político entre dos bloques que lo han controlado por 20 años: el PRD y el Partido Panameñista. Aunque de manera distorsionada, la propia victoria de Martinelli implica el fin de esa etapa y el deseo de la ciudadanía por cambios en este ámbito.

¿Cómo lograr que más ciudadanos, que no sean los “políticos de siempre”, se sumen a la participación política? Hay que acabar con las reglas del juego que dificultan la participación ciudadana, y la limitan a quienes poseen o son apoyados por el poder económico. Hoy en día, si no eres millonario, o te apoya uno, no puedes ni inscribir un partido, ni postularte a ningún cargo de elección popular. Esto ha convertido la democracia en una plutocracia moderna.

Hacer esto parte por rebajar la cuota exagerada de adherentes para inscribir partidos y candidaturas, la más antidemocrática de América Latina. En ningún país se exige más allá del 0.5% de firmas del electorado. Para no hablar de que sólo se permite a los partidos inscritos recoger firmas todo el año, pero a los nuevos proyectos no, que la semana de inscripción es de 4 días, que hay que mover gente hasta los libros, etc.

Luego está el problema del financiamiento de los partidos, hay que poner topes muy bajos a los apoyos particulares, prevaleciendo el financiamiento público, para evitar compromisos que generan corrupción. Y que la información sea pública y no secreta.

Pero, ¿cómo evitar los altos costes de campaña? Hay que ponerle la cascabel al gato de los medios de comunicación, que imponen costos abusivos de publicidad que, en la práctica coartan la democracia, ya que si no tienes plata, no tienes publicidad y no existes. Tal vez el modelo mexicano sea el adecuado, por el cual los espacios son propiedad del Tribunal Electoral y éste lo reparte equitativamente entre los partidos.

Esto para no mencionar, por ahora, temas como la cuota femenina (que debe ser vinculante), o el exceso de circuitos uninominales (que favorece el caciquismo), o el a mi juicio falso debate sobre la segunda vuelta.

Los resultados de la Comisión de Reformas Electorales (CNRE) de 2010 fueron decepcionantes respecto a estos objetivos, y el producto final, luego del filtro legislativo, lo será todavía peor, por lo que se ha dejado entrever.

Sobre los requisitos antidemocráticos para la inscripción de partidos

Una revisión somera sobre legislación electoral de otros países ilustra claramente que el Código Electoral panameño, al exigir 4% de adherentes de los electores que votaron en los últimos comicios, para inscribir un partido político, es uno de los más restrictivos y antidemocráticos del continente, y seguramente del mundo.

Por motivos de espacio realizamos un estudio comparado con las legislaciones vigentes en dos países vecinos, Colombia y Costa Rica, y otro de la región, México. Los tres países constituyen en estos momentos ejemplos de “sistemas democráticos” según organismos internacionales especializados en la materia.

1. El Caso de Costa Rica:

Costa Rica es país más parecido a Panamá, no sólo por continuidad geográfica, sino por población y cantidad de electores. Además es el país centroamericano de mayor tradición democrática. Por ello, Costa Rica constituye el ejemplo a seguir en este caso.

El Código Electoral costarricense establece una serie de criterios para el registro de partidos políticos los cuales son comunes a todos los países, incluido Panamá, por lo cual no nos detendremos en ellos, sino que iremos directo a la cuota de adherentes requerida. Sin embargo, conviene también tener presente que este país reconoce la existencia de partidos nacionales, provinciales y cantonales.

El Artículo 64, inciso e, del Código Electoral de Costa Rica establece:

“e) Tres mil adherentes de electores inscritos en el Registro Civil a la fecha de la constitución del partido, si se tratare de partidos a nivel nacional. Para inscribir partidos de carácter provincial, se necesitará un número de adhesiones equivalente al uno por ciento (1%) del número de electores inscritos en la respectiva provincia; para los partidos cantonales, el mismo porcentaje de los electores inscritos en el cantón”.

En números relativos, en estos momentos, Costa Rica exige para inscribir un partido político de carácter nacional aproximadamente el 0.12% de adherentes de los electores que aparecen en el Registro Civil. Cifra que es el resultado de la división de 3,000 adherentes entre los 2,550,613 votantes en las elecciones de 2006. La proporción podría ser un poco mayor pues los votantes siempre son un poco menos que los electores registrados.

En todo caso, la letra de la legislación costarricense señala con claridad que el tope máximo (caso de partidos provinciales y cantonales) de adherentes exigidos es 1% (uno por ciento).

2. El caso de Colombia:

En el caso colombiano, el Código Electoral sólo legisla en materia de procedimientos para la inscripción del registro civil y electoral, siendo la Constitución Política la que establece las reglas para la inscripción de partidos políticos. En ese sentido el artículo 108 de la Constitución Política del estado colombiano establece:

“Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el Congreso de la República”.

Es decir, que para inscribir un partido político nuevo en Colombia se requieren 50,000 adherentes (cincuenta mil). Tomemos en cuenta que en las últimas elecciones presidenciales colombianas, en 2006, emitieron su voto 12,058,788 electores que constituyen el 45% del padrón electoral.

Lo que significa que la legislación colombiana sólo exige un aproximado del 0.4 % (50,000 entre 12 millones), o el 0.2% respecto al total de los habilitados para votar (25 millones aproximadamente), de los electores como adherentes para inscribir un partido político nuevo. Cifra que es mucho menor si se relaciona con el conjunto del padrón del Registro Civil. En todo caso es dos décimas del 1% del conjunto de los electores.

3. El caso de México:

En México las reglas para inscribir partidos políticos se encuentran en su Código Electoral federal. Y el tema específico que nos ocupa se establece en el Título Segundo, Capítulo Primero, Del procedimiento de registro legal, artículo 24, inciso b, donde se lee:

“Artículo 24….

“b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, en por lo menos, doscientos distritos electorales uninominales, …, en ninguna circunstancia el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del total del padrón electoral federal….”.

Para mayor claridad en el caso mexicano, tenemos que 3,000 afiliados por 20 estados de la Federación, equivalen a 60,000, al igual que 300 afiliados por 200 distritos electorales también equivalen a 60,000.

Si tomamos en cuenta que en las elecciones generales mexicanas del año 2003 estaban habilitados para votar 64.7 millones de ciudadanos y ciudadanas, y redondeamos a 65 millones, 60,000 afiliados que se exigen apenas constituyen el 0.09% del total de votantes, el 0.2% de los 27 millones que ejercieron el sufragio. Por supuesto, el límite mínimo señalado en la norma mexicana es 0.26%, es decir, menos de tres décimas del 1%.

Propuesta del Partido Alternativa Popular fue:

Como hemos señalado, razones de espacio y tiempo nos obligan a concentrarnos en sólo tres ejemplos, a los que un estudio más detenido podría añadir muchísimos más (Estados Unidos, Venezuela, Francia o España) donde las legislación electoral es mucho más democrática que en Panamá respecto a los requisitos exigidos para la inscripción de partidos políticos.

Se puede apreciar que en los tres casos mencionados las legislación exige menos de cuatro décimas (0.4%) de adhesiones para registrar un nuevo partido político y que el tope máximo es del 1% en los partidos cantonales y provinciales de Costa Rica.

Proponemos que, en la próxima reforma electoral de 2010, por motivos de semejanza regional y demográfica y por ser un modelo democrático, Panamá establezca los mismos parámetros exigidos por Costa Rica para el requisito de adherentes o afiliados para inscribir partidos políticos nuevos: 3,000 adherentes.

Además, propusimos un método menos oneroso para la recolección de estas firmas, que las mismas se presenten en papel simple, para ser cotejadas contra la base de datos del Tribunal Electoral.

No debemos olvidar que las mismas reglas que hoy se aplican a los partidos políticos, también son aplicables a las candidaturas de libre postulación, sin embargo, consideramos que dicho tema debe recibir una consideración especial, incluso con la participación de candidatos que participaron en las últimas elecciones en esas condiciones.

Resultado de las reformas electorales 2010

La Comisión de Reformas Electorales (CNRE) convocada por los magistrados del Tribunal Electoral y compuesta por los 6 partidos constituidos, los 4 votos del Foro Ciudadano, y un grupo de organizaciones con derecho a voz, como es el caso de nuestro partido en formación, Alternativa Popular, FRENADESO, mujeres de partidos políticos, etc.

Para evitarnos confusiones y falsas expectativas, queremos iniciar diciendo taxativamente que, a nuestro juicio, NO HUBO AVANCES SIGNIFICATIVOS HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL.

En ninguno de los aspectos medulares se ha logrado una mejora que permita asegurar o facilitar la participación de nuevos actores políticos, en particular de quienes provenimos de los movimientos sociales, en las próximas elecciones de 2014. Antes por el contrario, siguen LOS PRIVILEGIOS PARA LOS ACTUALES PARTIDOS CONSTITUIDOS Y EL PODER DEL DINERO SOBRE LA POLÍTICA PANAMEÑA.

Todo lo que el Tribunal Electoral, los partidos actuales y sectores empresariales del Foro Ciudadano consideran “avances” en realidad son cambios cosméticos o menores, que no van en la profundidad que la ciudadanía aspira y mucho menos de quienes, desde los sectores populares, queremos presentar verdaderas alternativas de cambio en 2014.

Empecemos por lo medular, el principal obstáculo para inscribir partidos políticos nuevos es la exagerada y antidemocrática cuota del 4% de adherentes (63,500) para reconocer un partido político nuevo. Porcentaje que ya hemos demostrado es el más alto del continente.

El Partido Alternativa Popular, en asocio con CONATO y FRENADESO, sustentamos en la CNRE que ese porcentaje de adherentes debía ser, cuando mucho, equivalente al 1% del padrón electoral. El Foro Ciudadano y el Partido Popular aprobaron por mayoría que la reducción sea al 2%, es decir, una cifra cercana a los 33,000 adherentes, la cual se puede considerara un avance relativo, aunque aún se mantiene alto. Sin embargo, en dicha votación no participó el PRD y votaron en contra los cuatro partidos oficialistas, quienes tienen el control de la Asamblea de Diputados, en la cual pueden imponer su criterio de que todo quede igual.

Respecto a los altos costos de la inscripción, como transporte, alimentación y viáticos, el Partido Alternativa Popular propuso un subsidio otorgado y controlado por el TE, lo cual fue rechazado por los partidos actuales, los cuales sí cobran su respectivo subsidio, antes y después de las elecciones.

Del conjunto de propuestas hechas por el PAP al Título III del Código Electoral, la única notable que fue aceptada es la que permite a los partidos en formación sacar libro de inscripción estacionarios once meses al año, privilegio exclusivo de los partidos constituidos al día de hoy.

Pero se mantiene la actual depredación de adherentes entre partidos, permitiendo que las personas se inscriban en más de un partido el mismo año y, por supuesto, apelando al actual sistema clientelista, no escrito pero practicado comúnmente de ofrecer puestos públicos y otros favores a cambio de la firma.

Otro aspecto significativo son los gastos electorales provenientes de donaciones privadas a las campañas de candidatos y partidos, en la que se presenta como supuesto logro que se haya establecido, por consenso, un tope del 30%, respecto del financiamiento público que paga el Tribunal Electoral. En la actualidad no existen topes a los gastos, ni a las donaciones privadas.

La estimación del Tribunal Electoral es que en 2014 el monto del financiamiento público será de 54 millones de balboas. Por ende, cada candidato presidencial podrá gastar de fuentes privadas hasta 15 millones de balboas, es decir, 15% por tantos candidatos como se presenten a las elecciones, más lo que les toque del financiamiento público.

Si fueran tres candidatos presidenciales, como en 2009, tenemos que 15 por 3 son 45 millones, más 54 millones del financiamiento público, da un total de 99 millones de balboas, sin contar los gastos de los candidatos a los otros puestos de elección popular, para los cuales se fijaron topes menores, pero igualmente cuantiosos.

En este asunto la única voz discordante fue la del Partido Alternativa Popular que, reconociendo que es un avance el establecimiento de un tope, éste sigue siendo tan alto como en las elecciones de 2009, lo cual implica el predominio del dinero sobre las campañas electorales, dando pie a las disparidades con candidatos que puedan provenir de sectores populares, quienes no tendrán esas cifras multimillonarias, además de ser fuente de corrupción, que sustituye la verdadera democracia por la plutocracia.

El PAP se pronunció a favor de un sistema que esté sólo regido por el financiamiento público y, por ende, claro y fiscalizable ante la ciudadanía.

Relacionado con esto están los montos de donaciones que puede hacer una persona natural o jurídica a la campaña de un partido o candidato. En este caso el PAP ha propuesto que el monto de estas donaciones no debería exceder de 10,000 balboas, por cuanto es la cifra a partir de la cual las entidades financieras exigen un control de la proveniencia de los fondos y por ser el límite reconocido por el propio Código Electoral para ser deducible de impuestos. Además de ser fuente de corrupción y de compromisos espúreos de los candidatos con intereses particulares.

En este tema el Tribunal Electoral propuso un tope de donaciones a las candidaturas presidenciales de 15,000 balboas por persona (una cifra menor para diputados, alcaldes y representantes), en base al promedio de donaciones recibidas en 2009, según informaron los partidos. Sin embargo, en el debate se reconoció que el promedio es engañoso, ya que algunas personas naturales y jurídicas concentraban el grueso de los 25.5 millones donados a candidaturas presidenciales en 2009, de los 2.4 millones donados a candidatos a diputados y los 287,000 balboas donados a alcaldes. Y no está claro que se haya reportado todo lo recibido.

Al respecto el Foro Ciudadano se mostró acorde con un criterio cercano al propuesto por el TE, pero los partidos Panameñista y CD se mostraron en contra de cualquier tope, y el resto de los partidos pidieron tiempo para discutir aduciendo no tener criterio. Por lo cual no se aprobó.

Otro aspecto clave para garantizar o no la equidad en las campañas electorales es el relativo a los medios de comunicación.

A este respecto el Partido Alternativa Popular ha sostenido que los costos de la publicidad electoral están asociados al alto costo de las campañas electorales y son una fuente de disparidad, ya que el no tiene para pagarla no puede mostrar su candidatura y sus propuestas y el que tiene dinero vende su oferta electoral como cualquier producto comercial. Por ello, hemos propuesto que se use un sistema como el ejecutado recientemente en México, en el que el TE contrate con los medios directamente los espacios de publicidad político electoral y luego los reparta equitativamente entre todos los candidatos y partidos.

Al respecto los medios televisivos presentaron una propuesta de seis puntos, buena para los magistrados, en el que se comprometen a no aumentar las tarifas respecto al año anterior, hacer rebajas del 30% en las mismas, no permitir el traspaso de espacios publicitarios entre empresas y candidatos, etc. Pero se expresaron a favor de un sistema de “libre contratación” y no de un acuerdo exclusivo con el TE por el conjunto del espacio publicitario.

Para peor, los medios escritos y radiales han expresado su completa oposición a cualquier control en nombre de la “libre empresa”. Los partidos y el FORO vieron con buenos ojos la propuesta de las televisoras, pero el tema no se ha votado.

Resumiendo, ni habrá una rebaja sustancial en la cantidad de adherentes, ni tampoco en la forma que se recogen, ni habrá controles que garanticen una equidad respecto a la plutocracia imperante. Los únicos cambios aprobados son menores y no cambian la sustancia del actual Código Electoral antidemocrático.

Respecto a la libre postulación presidencial, el Partido Alternativa Popular propusieron dos opciones:

1. un sistema de prorrateo: dividir el total de los adherentes que se exigen para un partido entre los 5 años o 60 meses que tienen para conseguir la cifra, total, lo cual aproximadamente da 1,058 firmas/mes. Se propuso para la libre postulación presidencial multiplicar esa cifra por 4, que es el tiempo que tiene un candidato por la libre para conseguir sus firmas, lo cual totaliza 4,234 firmas. Este es el sistema más justo.

2. El 0.5% del padrón de la última votación presidencial, 7,900 firmas.

La CNRE, sin embargo, aprobó el 1% de firmas para inscribir un candidato presidencial por la libre, o sea, poco más de 15,000 firmas.

¿Qué puede esperarse del trámite legislativo a la reforma electoral?

Bien poco. A junio de 2011, el fracaso de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, dejó entrever que en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional no hay una actitud de promover reformas sustanciales al Código Electoral, ni siquiera las modestas reformas sugeridas por la CNRE, por parte de ninguna de las tres bancadas: Cambio Democrático, Panameñistas y el PRD.

En una sesión se acordó aprobar la bajada de la cuota de adherentes para inscribir partidos al 2% como propuso la CNRE, y al día siguiente se revertió esa decisión. La propuesta de libros móviles de inscripción rechazada tajantemente. Incluso la paridad en las postulaciones electorales entre hombres y mujeres, aprobada en la CNRE de manera unánime y con el supuesto apoyo de todos los partidos, fue sistemáticamente repudiada en la Asamblea por los diputados aduciendo que es antidemocrática e inconstitucional.

Sobre todos esos problemas se superpone la reforma constitucional, que se discute por aparte en una Comisión de Notables, cuyo objetivo fundamental pareciera ser la reelección inmediata del actual Presidente del República.

Finalmente el gran déficit hasta ahora ha sido la ausencia de pronunciamiento de los sectores organizados del pueblo y la sociedad civil para exigir una reforma electoral profunda. Exhortamos al conjunto del movimiento popular y obrero panameño, en particular a quienes han expresado su interés de que en 2014 existan alternativas concretas a las propuestas oligárquicas a tomar el tema de la reforma electoral como uno de los temas importantes del debate político nacional. Apreciamos en las sesiones de la CNRE y del Foro Ciudadano una disminución del entusiasmo inicial que expresaron sectores sindicales que participaron. Es necesario que se escuchen otras voces sociales, y no sólo la del P.A.P., en este asunto crucial para el futuro de la democracia panameña.