Por Armando Tezucún
Del 6 al 10 de junio se celebró en Los Ángeles, California, la novena Cumbre de las Américas, convocada por el gobierno de Estados Unidos. Esta cumbre ha reunido a los presidentes de las naciones americanas más o menos cada tres años desde 1994. En esta edición del evento se hicieron evidentes las dificultades por las que atraviesan las relaciones entre la administración de Joseph Biden y los gobiernos de algunos países latinoamericanos claves para la política exterior estadounidense.
Es necesario señalar que el expresidente Donald Trump hizo todo lo posible para deteriorar las relaciones entre países del área y Estados Unidos, con medidas y actitudes prepotentes y despectivas, y sobre todo con la imposición de políticas extremas en el tema migratorio; como parte de esa tendencia, evitó asistir a la anterior cumbre por no considerarla importantes.
Biden fracasó en su convocatoria
La novena cumbre significaba, entonces, una oportunidad para la administración Biden de reparar el daño causado por su antecesor, recuperando el liderazgo de Estados Unidos sobre el continente. Pero empezó con mal pie a rehusarse a invitar a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a quienes señala de violar sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. El resultado fue, primero, una incertidumbre sobre los invitados que acudirían, y finalmente la ausencia de presidentes de países claves para la política exterior estadounidense, en especial la política migratoria, como México y los países del Triángulo Norte Centroamericano. Además de los mandatarios de estos países, se ausentaron los de Bolivia y Uruguay. En la última cumbre, celebrada en Lima, asistieron 34 países; esta vez se presentaron solamente 23.
No todas las ausencias se debieron a las críticas contra la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los presidentes de Guatemala y El Salvador, con abiertas tendencias autoritarias, se rehusaron a asistir en protesta por las presiones de la administración Biden contra la corrupción y en defensa de una administración transparente de la justicia; el presidente estadounidense hizo reiteradas referencias al tema durante la cumbre, como “La democracia está siendo atacada en todo el mundo, unámonos nuevamente y renovemos nuestra convicción de que la democracia no solo es la característica definitoria de la historia estadounidense, sino el ingrediente esencial para el futuro de las Américas” (La Hora 12/06/2022). A pesar de que los presidentes ausentes enviaron a sus cancilleres, fue notoria la falta de entusiasmo, la frialdad y las críticas de los participantes hacia Estados Unidos.
Y es que mientras los países de la región eran ignorados por la administración Trump, éstos formaron nuevas alianzas con otras potencias como China, Rusia y Turquía. En enero el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, viajó a Ankara y firmó importantes acuerdos de cooperación económica, intercambio académico y cooperación en el ámbito tecnológico. China ha firmado acuerdos y contratos con países como Panamá, El Salvador y Nicaragua; y Rusia ha incrementado sus relaciones económicas con Perú, Venezuela y Brasil. Estas nuevas potencias no condicionan su alianza a la implementación de medidas democráticas, como sí pretende hacer la administración Biden, y estas alianzas expresan los intereses de nuevos sectores burgueses emergentes que compiten con las transnacionales estadounidenses.
El esfuerzo del gobierno estadounidense por recuperar la hegemonía y los amigos en la región se vio mermado por la evidente imposición de un tema que es de su propio interés, sobre todo en un año de elecciones legislativas, en las que el Partido Demócrata podría perder el control del Congreso: el candente tema de la migración, que dominó la cumbre. El principal acuerdo es la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada solamente por 20 de los 35 países de la región. En una muestra de que la política de Estados Unidos hacia América Latina aún se guía por sus propios intereses, el acuerdo busca comprometer a los países del área a tomar medidas para reducir el flujo migratorio hacia el norte.
La declaración sobre migración
El documento incluye cuatro pilares. El primero es estabilidad y asistencia para las comunidades, que compromete a países que reciben refugiados y migrantes a implementar políticas de asistencia humanitaria, solidaridad, regularización y status de protección temporal para estas personas; estos países son Belice, Colombia, Costa Rica y Ecuador, que han recibido refugiados de Venezuela, Nicaragua, Centroamérica y Cuba. Estados Unidos proporcionará con este fin aportes por US$ 339 millones a través de diferentes agencias.
El segundo es ampliación de las vías legales, que compromete a Canadá, México, España (que participó como país observador) y Estados Unidos con medidas de reubicación de refugiados, integración socioeconómica y laboral para refugiados, programas de reclutamiento y migración legal de trabajadores temporales y fronterizos, etc.
El tercer pilar es sobre gestión humana de la migración en las fronteras, que pretende combatir a las redes de contrabando de personas, mejorar la eficiencia y objetividad de las condiciones de asilo en la frontera, facilitar las condiciones de retorno de migrantes que no tengan necesidad de protección a sus países de origen, mayor intercambio de información y cooperación legal bilateral y regional para enfrentar el contrabando de migrantes y la trata de personas.
El cuarto pilar versa sobre dar una respuesta coordinada ante las emergencias, para dar respuesta a movimientos masivos de migrantes y refugiados.
Estas medidas en realidad no atacan las causas reales de las oleadas migratorias, que son la falta de empleos, la violencia, la ausencia de servicios básicos como salud, educación, etc. El gobierno de Estados Unidos no ignora estos causales de la migración y pretende darles respuesta mediante la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, un acuerdo que pretende impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía de la región mediante cinco ejes. Pero para el área centroamericana lo esencial es el plan impulsado por la vicepresidente Kamala Harris, lanzado en 2021 bajo el nombre de Llamado a la Acción.
Llamado a la acción, un llamado a forjar jugosos negocios
Entre los funcionarios del gobierno gringo que se hicieron presentes en la cumbre estuvo la vicepresidente Harris, quien anunció que diez nuevas empresas se sumaron al proyecto “Llamado a la Acción”, con la intención de invertir US$ 1,900 en los próximos años. Con ello, ya llegan a 40 empresas las que se han comprometido a invertir en diversas áreas, con un total prometido asciende ya a US$3,200 millones en negocios.
El plan es coordinado entre el Departamento de Estado, la organización independiente Partnership for Central América, y la USAID. Se propone desarrollar la región mediante la promoción de la inclusión digital y financiera; la seguridad alimentaria y la agricultura climáticamente inteligente; adaptación al clima y energía limpia; educación y desarrollo de la fuerza de trabajo; y el acceso a la salud pública.
Por muy bonito y seductor que parezca este plan, sabemos que cualquier intento de mejorar la economía y el nivel de vida de las y los trabajadores que involucre a los empresarios estará destinado al fracaso, pues la prioridad siempre serán las ganancias. Es un sueño de ilusos pensar que porque están asociados con la vicepresidente Harris los capitalistas empezarán a pagar salarios acordes al costo de la vida, a ofrecer condiciones laborales aceptables, a cumplir con las leyes de la seguridad social, a cumplir con un trato justo hacia las mujeres trabajadoras, etc. Al contrario, el empresariado del Triángulo Norte basa sus ganancias en la sobrexplotación de la mano de obra, en el pago de sueldos precarios, en el robo de las cuotas patronales a la seguridad social, en despidos injustos, en la creación de trabajos a tiempo parcial, y en la destrucción del medio ambiente.
Y en efecto, en el listado de empresas que se han enrolado en el plan de Harris encontramos viejos tiburones voraces, como Corporación Agroamérica, que se basa en la explotación de la palma aceitera; Millicom, empresa de capital europeo que el año pasado adquirió al gigante de las telecomunicaciones Tigo; Pantaleón, un conglomerado de la industria azucarera, conocida por el daño renal que produce en sus trabajadores en época de corte y el daño ambiental producido por la quema de plantaciones. Las otras nuevas empresas son Coatl (servicios digitales), Fundación Terra (sectores de energía, petróleo, retail e inmobiliario), Gap Inc. (textiles y ropa), San Mar (ropa), Unifi (hilos reciclados y sintéticos), Visa (inclusión financiera e infraestructura digital), Yazaki North America (componentes automotrices). La realización de la Cumbre atrajo también a otras empresas ávidas de hacer negocios, como Aceros de Guatemala y Cementos Progreso, propiedades de rancias familias oligárquicas guatemaltecas y con inversiones en la región.
El encuentro realizado en Los Ángeles puso de relieve el deterioro del liderazgo de Estados Unidos, que es cuestionado tanto por gobiernos autoritarios como por gobiernos supuestamente progresistas. También ha puesto en evidencia que el intento de la administración Biden de solucionar las causas sociales y económicas de la migración dentro del marco del sistema capitalista, lo lleva inevitablemente a aliarse con la oligarquía y el empresariado de la región, que son precisamente los causantes de las situaciones que empujan a los trabajadores a migrar; un intento, pues, que está destinado al fracaso. Son los propios trabajadores y trabajadoras de centro y Latinoamérica los que tienen en sus manos la solución de sus problemas, luchando y movilizándose por un programa democrático radical que conduzca a la revolución socialista.
