Por Armando Tezucún

Las relaciones entre el gobierno de Guatemala presidido por Alejandro Giammattei, y la administración del presidente estadounidense Joe Biden son de naturaleza compleja y llenas de aristas. El mandatario guatemalteco representa a sectores burgueses emergentes, que sobreviven nutriéndose de los recursos del Estado mediante negocios ilícitos corruptos, chocando en ocasiones con la oligarquía tradicional, y coincidiendo con ella en intereses en otras ocasiones; las agendas de estos grupos están conduciendo a un endurecimiento del régimen político, coartando todo tipo de libertades, en un giro dictatorial. Por otro lado, el gobierno demócrata de Biden ha impulsado una campaña contra la corrupción, por el funcionamiento del “Estado de derecho” y la “democracia”, como panaceas que espera frenen la siempre creciente migración ilegal de trabajadores hacia Estados Unidos, uno de los temas candentes de la política del país norteamericano.

El gobierno de Giammattei se ha visto sometido a una serie de críticas y medidas por parte de funcionarios y congresistas estadounidenses, en especial la inclusión en la Lista Engel de la fiscal general Consuelo Porras, diputados, funcionarios de gobierno, empresarios y administradores de justicia guatemaltecos. Sin embargo, la administración Biden no puede prescindir de la alianza y colaboración con el mandatario guatemalteco, precisamente en temas como el freno a la migración, el combate al narcotráfico y relaciones económicas.

El 20 de julio el Departamento de Estado presentó un nuevo listado de personajes centroamericanos incluidos en la Lista Engel, entre ellos dos empresarios guatemaltecos miembros de la oligarquía y el nuevo jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche. En una maniobra para congraciarse con la administración Biden y enfriar las tensas relaciones, Giammattei realizó unos días después un sorpresivo viaje a Ucrania.

El 25 de julio se dio a conocer que el presidente de Guatemala se encontraba de visita en Kiev, en respuesta a una invitación que le hiciera su par ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una conversación telefónica. A Giammattei le acompañaron el ministro de la defensa Henry Reyes, el canciller Mario Búcaro y el secretario de comunicación de la presidencia Kevin López Oliva.

La Administración Militar Regional de Kiev publicó en las redes que “estamos agradecidos al señor Giammattei por su atención a la región de Kiev. Las visitas oficiales de socios internacionales son un componente importante en la guerra, que también continúa en el campo de la información” (Prensa Libre 25/07/2022). Zelenski afirmó “Es crucial que esta visita tenga lugar ahora mismo, durante la guerra brutal y colonialista de la Federación Rusa contra nuestro pueblo” (Prensa Libre 25/07/2022).

En una declaración conjunta, ambos mandatarios anunciaron la supresión de la visa para viajar entre ambos países, un diálogo comercial y económico para desarrollar proyectos sin intermediarios, la cooperación en temas de educación, ciencia y tecnología, intercambio de estudiantes y pasantes, y la implementación de proyectos científicos conjuntos. Además, condenaron enérgicamente la “guerra de agresión ilegal, injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania…” (La Hora 03/08/2022).

Naturalmente, el respaldo de Giammattei a Ucrania tuvo el beneplácito de la embajada de los USA en Guatemala, pero también provocó las críticas de la embajada rusa, que calificó la declaración conjunta como retórica antirusa y en discordancia con las relaciones amistosas y respetuosas entre Rusia y Guatemala. En un segundo comunicado, la embajada rusa citó al canciller Serguéi Lavrov, quien afirmó que Giammattei cumplió en Kiev la agenda de sus lazos con Estados Unidos, no con Ucrania; de acuerdo a Lavrov, expertos estadounidenses le indicaron a Giammattei que una visita a Ucrania no sería suficiente para reparar el daño que ha hecho a la democracia guatemalteca.

La relación del presidente guatemalteco con Rusia tiene también su lado oscuro, baste recordar la poco clara negociación de la compra de vacunas Sputnik y el soborno de parte de empresarios rusos a Giammattei, mediante fajos de dinero escondidos en una alfombra, a cambio de dar vía libre a sus negocios portuarios.

Mientras el gobierno trata de enfrentar de la mejor manera sus relaciones con Estados Unidos y Rusia, los trabajadores, campesinos, indígenas y pueblo en general debemos prepararnos para enfrentar los ataques contra las libertades democráticas y la creciente inflación y desempleo que afectan gravemente nuestra economía familiar. Debemos debatir democráticamente al interior de nuestras organizaciones las respuestas que daremos a estas amenazas.

Por Leonardo Ixim

La detención del José Rubén Zamora, presidente del matutino elPeríodico, por parte de elementos policiales y del Ministerio Publico (MP), específicamente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), marca el rumbo claramente autoritario del actual gobierno de Alejandro Giammattei Falla y el partido VAMOS.

Paradójicamente, la FECI fue creada para perseguir las llamadas redes políticos económicas ilegales herederos de los cuerpos clandestinos de seguridad, estructuras de poder con base en la contrainsurgencia, no para perseguir a los periodistas que denuncian la corrupción. Antes del arribo de Consuelo Porras al MP, la FECI trabajó junto a la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) bajo la conducción del comisionado Iván Velázquez (hoy ministro de defensa del gobierno de Petro en Colombia), llegando a perseguir a integrantes de la oligarquía tradicional y no solo a los grupos de poder emergentes. Bajo el control de Porras, la FECI ha llegado al extremo de detener a la fiscal Samari Carolina Gómez Díaz,  quien impulsaba investigaciones previas contra grupos de poder corruptos, y ha sido acusada de filtrar información confidencial, en lo que a todas luces de perfila como un montaje.

Con la llegada de Consuelo Porras al frente del MP, la persecución penal contra estos grupos de poder se detuvo, cambiando el rumbo de las investigaciones para acosar y detener a quienes persiguieron a esos corruptos, En ese sentido, elPeríodico asumió una línea de denuncia de los actos de corrupción, desnudando la penetración del crimen organizado en las esferas del Estado, y en menor medida la vinculación de los corruptos con los grupos tradicionales de la burguesía.

El papel asumido por elPeríodico desde su fundación en 1995, en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, fue la de profundizar la mencionada apertura democrática. Sin lugar a dudas, Zamora tiene vínculos con algunos núcleos “modernizantes” de la oligarquía y sobre todo con la línea “democratista” del Departamento de Estado, siendo parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Por ello, elPeríodico ha denunciado vigorosamente la corrupción y las formas ilícitas de enriquecimiento de las elites, al mismo tiempo que ha denunciado la violación de los derechos humanos, aunque en el plano de la defensa del sindicalismo y los derechos laborales ha tenido una línea ambigua, poco clara. elPeríodico ha sido parte del aparato de propaganda de la política gringa contra los gobiernos nacionalistas, mal llamados de “izquierda”, en América Latina.

Sin embargo, a pesar de esas contradicciones, Zamora y elPeriódico han sido un elemento incomodo para estos grupos emergentes de la burguesía, y en algunos casos también ha incomodado a la oligarquía tradicional. En el conflicto entre Giammattei y el gobierno de Estados Unidos, precisamente por los oscuros negocios de la burguesía emergente, Zamora ha cerrado filas con un sector de la oligarquía tradicional que se siente desplazada del botín del Estado

El MP aduce hipócritamente que la detención no se debe  a la actividad periodística de Zamora, sino por un posible caso de lavado de dinero y tráfico de influencias, pero no se proporciona ningún dato concreto. Mientras tanto, Porras usa todo el poder del MP para embargar las cuentas bancarias del medio de comunicación, con el objetivo de crear problemas financieros para provocar su cierre.

Esta situación, pone en evidencia una característica común a casi todos los gobiernos de Centroamérica: los ataques contra la libertad de expresión y las libertades democráticas, sobre todo cuando existen denuncias contra los grupos de poder. Pareciera que las mafias de todos estos países se unen en los hechos. La crisis económica y social del capitalismo a nivel mundial  y sus efectos en la región centroamericana, esta provocando un cambio en los regímenes políticos, con una clara tendencia hacia el autoritarismo y las dictaduras. Los débiles regímenes políticos que nacieron como parte de la reacción (mal llamada apertura) democrática, están agotados, dando paso a regímenes bonapartistas y con ello hacia nuevas dictaduras.

Aquí es donde el tema de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, adquiere mucha importancia. No debemos confundir la libertad de prensa, como expresión democrática, con la libertad de los dueños de los medios de comunicación. Defendemos el derecho del pueblo a estar bien informado, no defendemos a los dueños de los medios de comunicación.

En el caso de la captura de Zamora, repudiamos el ataque del MP contra un medio de comunicación que ha denunciado la corrupción. La judicialización de las denuncias contra la corrupción, nos indica que estamos retrocediendo a los oscuros tiempos de las dictaduras militares, donde no habían garantías de un juicio justo.Alertamos que la acción de Giammattei y Consuelo Porras, al detener periodistas y ahora un dueño de un medio de comunicación, conlleva una tendencia a suprimir las libertades democráticas en Guatemala.

El caso contra Zamora coincide con los movimientos pre-electorales de los diferentes grupos, en un escenario de fragmentación de la izquierda.

Las mafias enquistadas en la Universidad de San Carlos (USAC), en Guatemala, en contubernio con la burocracia que nace de las prebendas administrativas, han logrado imponerse físicamente con el fraude electoral a favor del exdecano de la Facultad de Humanidades, Walter Mazariegos.

La oposición y la digna resistencia universitaria continúa por medio de las tomas en la Ciudad de Guatemala y varias ciudades del país, además se han hecho algunas movilizaciones y acciones como el plantón del pasado sábado 23 de julio convocado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, o las asambleas virtuales realizadas en distintas unidades académicas, donde participan estudiantes, docentes y trabajadores de servicio y administrativos, que han mostrado su rechazo a la imposición de Mazariegos.

Sin embargo, por el momento las mafias han logrado posicionarse materialmente en el gobierno universitario, en parte por los nexos con otras mafias y facciones de la burguesía que controlan el Estado neocolonial guatemalteco. Pero en parte porque el movimiento universitario contra el fraude no ha logrado articularse con otras expresiones del movimiento popular, lo cual es una tarea pendiente.

En ese sentido, en varias unidades académicas la tendencia es hacia una vuelta a la normalidad, y si bien algunas han intentado implementar procesos de clases que incluyan la discusión de la problemática y manifiesten su oposición al fraude, el desinterés de los docentes y la apatía de los estudiantes es la tónica.

Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores de la USAC ha denunciado 25 casos de despidos más una serie de acciones de acoso laboral, eso pese a que la universidad está emplazada en los tribunales laborales, lo cual le prohíbe realizar despidos. Pero además de la denuncia, el sindicato no tiene ningún plan de movilización para frenar esa embestida laboral.

Por la experiencia de tomas de edificios y espacios de la USAC en años pasados, sabemos que las autoridades siempre apuestan a vencer al estudiantado, profesorado y trabajadores en lucha, por agotamiento y cansancio. El Consejo Superior Universitario siempre se las ha ingeniado para continuar sus actividades en otros espacios, mientras los compañeros que sostienen las tomas se desgastan, disminuye su número e incluso surgen conflictos internos; por otro lado, las negociaciones para la entrega de los edificios se centran en procurar que no haya represalias contra los compañeros y se crean mesas de diálogo interminables que no llegan a ningún resultado.

Ahora el CSU ha anunciado que las clases del segundo semestre serán en línea. Consideramos que las clases virtuales en este momento son una estrategia para desmovilizar al estudiantado, atomizándolo en sus casas, e impedir que participe activamente en la lucha para anular la elección fraudulenta de Mazariegos. Esto se hace más evidente si tomamos en cuenta que el sistema educativo nacional ya inició clases presenciales.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), hace un llamado a los compañeros y compañeras estudiantes, docentes y trabajadores a discutir en asambleas democráticas la conveniencia o no de continuar con las tomas de espacios, de proseguir la resistencia con nuevas formas de lucha y movilización. Para ello es crucial exigir al CSU que las clases retornen a la presencialidad, para lograr así la agitación y la organización de los sectores estudiantes, trabajadores administrativos y de servicios y docentes desde dentro de los recintos universitarios, y fortalecer el movimiento universitario contra el fraude de Mazariegos.

La comunidad universitaria de la USAC tiene la palabra.

Centroamérica, 28 de julio del 2022.

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Por Leonardo Ixim

La espiral inflacionaria mundial afecta gravemente a la clase trabajadora centroamericana y guatemalteca, repercutiendo en el acceso a productos básicos para satisfacer las necesidades materiales inmediatas, peligrando con ello la seguridad alimentaria y generando, como lo reconocen los propios organismos internacionales, más pobreza y carestía.

Los precios por las nubes

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el ritmo inflacionario registrado en junio pasado es el mayor en los últimos once años, al ubicarse en 7.55%, contrastando con el crecimiento económico de 4.5% durante el primer trimestre del 2022 y si bien aún no se presenta el peor escenario, inflación con nulo crecimiento a nivel mundial, las alarmas están encendidas.

En el mes de junio, la variación de precios en comparación con el mismo mes del año anterior se ubicó en 7.55%, impulsada por las divisiones de transporte (11.5%) y alimentos (10.65%), según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El indicador sobrepasa la meta establecida por la Junta Monetaria (JM) de 3% a 5% (+/-1%) para 2022, una cifra considerada como “alarmante”, pues significa que el poder adquisitivo de las personas también ha bajado en ese porcentaje. La última vez que se presentó un ritmo inflacionario tan alto como este, ocurrió en agosto del 2011 con 7.63% según el historial del IPC; así, la inflación acumulada en el semestre se situó 5.67%, mientras que la del mes aumentó 1.83% respecto a mayo (Prensa Libre 08/07/2022).

Con respecto a la inflación interanual, la división de gasto que más se encareció fue el transporte con 11.5%, seguida de los alimentos (10.65%), muebles (7.75%), restaurantes (7.15%) y bebidas alcohólicas (5.25%). Prensa Libre destaca el argumento del economista Fredy Arismendy Gómez, que menciona que: “lo que está detrás de esto, es la variación de precios de los alimentos, que solo en un mes aumentó 3.50%, lo que es muy preocupante para las condiciones de ingresos que tienen las familias en el país” (Idem).

En otras palabras, mientas la escalada inflacionaria afecta el ingreso de las familias trabajadoras, eso no se corresponde con el aumento de salarios para las familias que tienen un trabajo formal, ni con alguna forma de ayuda monetaria para quienes se encuentran en el desempleo o en la economía informal. Lo otro que no se menciona es que en momentos de crisis y que los costos para la burguesía aumentan, ésta descarga sobre el proletariado la reducción de la rentabilidad, vía disminución de los salarios por medio de la inflación; al final los precios de mercado no obedecen a una libre concurrencia de la oferta y la demanda, sino al control monopólico sobre las mercancías.

José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (BANGUAT), explicó que la inflación en Guatemala se ha venido acelerando desde hace tres meses, y al incorporar la inflación importada se estima que es de alrededor del 80%, mientras que el 20% restante se debe a condiciones locales. Esto repercute a su vez en el el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que incluye los 34 bienes básicos, que el mes pasado se situó en Q3 mil 311.95, para un aumento de Q201.77 respecto a enero, cuando se necesitaban Q3 mil 110.18 para comprar los alimentos indispensables para una familia de dos adultos y tres niños. En tanto la Canasta Ampliada (CA) que además de los productos alimenticios incluye los gastos de transporte, calzado, vestuario, recreación y otros, se ubicó en Q7 mil 647.07 y para un alza de Q465.86 respecto a enero, cuando costaba Q7 mil 181.21 (Idem).

A nivel regional, el reporte a mayo del Consejo Monetario Centroamericano sobre la inflación, situaba el ritmo inflacionario en un promedio de 8.19% para los países de Centroamérica y República Dominicana (CARD), versus el 5.81% del mismo mes en 2021, lo cual significa que los bienes y servicios se han encarecido en ese porcentaje. Nicaragua presenta la inflación más alta de la región con 10.37%, seguida de Honduras (10.22%) y Costa Rica (10.06%), que son los tres países en los cuales el indicador se sitúa a dos dígitos; en mayo, solo Nicaragua estaba en 10.61%. Muy cerca están República Dominicana (9.48%); El Salvador (7.76%); y Guatemala (7.55%), en tanto que Panamá registró a mayo solo 4.22% (Prensa Libre 14/07/2022).

El peligro de la inseguridad alimentaria

Con el aumento en la división de alimentos del IPC en un 10.65 por ciento, además de los bajos salarios y la reducción de los ingresos, el acceso al consumo de alimentos para la población está cuesta arriba, acercándose a la inseguridad alimentaria. Por otro lado, la situación inflacionaria afecta también la producción alimentos, ya que los insumos necesarios para ésta, son cada vez más caros.

El costo de productos tales como combustibles, granos básicos, verduras, aceites y huevos ha aumentado en los últimos meses entre un 10,61% y el 100,5%. A su vez, el aumento del IPC en la división de transporte ubicado en 11.6%, repercute en el suministro de la cadena de alimentos, pues el galón de gasolina superior se encareció en promedio Q10.78, el galón de gasolina regular subió Q10.48, mientras que el de diésel Q13.13, en el mismo lapso, de junio de 2021 al mismo mes de 2022 (Prensa Libre 18/07/2022).

Por su parte, entre los productos alimenticios que registraron alzas en junio, en relación con el mismo mes del año pasado, destacan el maíz blanco (Q69.43 más por quintal); frijol negro (Q91.36); la caja de tomate mediano (Q55.94); y el quintal de papa, cuyo precio se duplicó en un año (Q194.58). Otros comestibles que encarecieron son el pollo importado en piezas, que subió Q25.15 la caja entre junio de 2021 y junio de 2022; la caja de huevos subió Q32.14 y la de aceite para cocina, Q48.66 (Ídem)

El gobierno, como forma de paliar los precios aprobó ampliar cuotas de importación para varios productos con cero aranceles, siendo 40 contingentes en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Autorizó contingentes de importación en maíz amarrillo, maíz blanco y arroz con cáscara, argumentando posibilidad de desabastecimiento. Esta situación ha generado protestas de empresarios productores, que adujeron tener la capacidad para abastecer el mercado nacional. El problema es que los precios no han bajado ni a partir de la importación, ni con la capacidad de los productores nacional.

Según la FAO, el índice de precios de alimentos se situó en junio 2022 en un promedio de 154.2 puntos, 29 puntos (23.1%) por encima de su valor de hace un año. Por ejemplo, en aceites vegetales se registró cierta baja en los precios de los aceites de palma, girasol y soya; no así en otros tales como la leche, que tuvo en junio un promedio de 149.8 puntos, 5.9 puntos (4.1%) más que en mayo y 29.9 puntos (24.9%) por encima de su valor de junio de 2021; y la carne, que se situó en junio en un promedio de 124.7 puntos, 2.1 puntos (1.7%) más que en mayo, constituyendo un récord, al superar en 14 puntos (12.7%) su valor de junio de 2021 (Ídem).

Mayor desigualdad y crecimiento económico

La economía guatemalteca es considerada como una de las mas desiguales de América Latina, pero con un crecimiento mediocre, reflejándose en la reciente publicación del informe de desarrollo humano emitido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) después de meses de posponerlo, por las desavenencias con el Gobierno de Giammattei, pese que tal agencia de la ONU ha sido cuestionada por su alineación con este gobierno.

La pérdida por desigualdad en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), según el PNUD en América Latina, alcanza el 22.2%, mientras que Guatemala posee la pérdida más alta de Centroamérica, con un 27.5%, principalmente en los rubros de ingresos y de educación, cuyas pérdidas son mayores al 30%. Además, un 42.4% de los hogares con privaciones deben prescindir de una vivienda de calidad; el 46.8% renunció a un empleo; el 50.3% carece de servicios básicos; el 71.2% tiene privaciones en educación; y el 75.9% no cuenta con computadora, algún dispositivo o conexión a internet. A su vez, el 80% de la población maya y xinka estaría por encima del umbral mínimo de privaciones, evidenciando que estos sectores siguen siendo los más marginados.

Según cifras del BANGUAT, la economía creció, generando Q141 mil 663 millones en los primeros tres meses del año, y la expectativa es que crezca entre un 3 al 4 % al finalizar el año. Además de que las remesas provenientes de Estados Unidos, las cuales son el verdadero flotador de la economía crecieron un 25 % en los primeros seis meses del año, sumando US$8 mil 711 millones (Q67 mil millones), esto pese a la espiral inflacionaria en el país del norte.

Los economistas mainstream hacen referencia a que las altas tasas inflacionarias se deben al dinero inyectado tras la pandemia del COVID 19, aduciendo que es producto de una supuesta alta capacidad de la demanda, pero el hecho es que estas inyecciones muchas veces fueron a parar a los grandes monopolios capitalistas. Por otro lado, existe la obsesión en países como este, de mantener la férrea disciplina fiscal y monetaria -las Reservas Monetarias Internacionales son US$20 mil millones-, pero sacrificando la capacidad de consumo, ahorro e inversión de los sectores populares.

Es necesario que las organizaciones populares, estudiantiles, campesinas, indígenas y sindicales, se movilicen para exigir un aumento de salario mínimo, una renta básica mínima para quienes no tienen empleo formal, reducción de la jornada laboral a seis horas para distribuirlo entre los desempleados, tope a los precios de los artículos de primera necesidad y a las tarifas de los servicios públicos, así como impuestos directos para las ganancias de los grandes monopolios.